In the current situation of delinquent violence in Venezuela, the rise in violence rates is not the most relevant aspect; it is rather the increase in the lethality of aggressions. That is expressed in the growth in homicide and armed robberies. Such rise in the violent character of delinquency is generated within a context in which the State shows its highest deficiency, both regarding police apparatus (inability to respond to complaints, process them and arrest the delinquent) and the justice system (delay and negligence in imposing punishment). Impunity makes society fearful and establishes a perception of danger in everyday life. This state of mind leads to privatization and informalization of safety by distinct strategies, among which the closure of residential areas - hiring private security personnel and, at the extreme, joining illegal organizations that offer protection to people and property. Those types of protection cannot be examined within the classical conception of social control, since they do not concern policies that ground prevention upon the exercise of a socializing control, in which the deviant individual is seen as the main objective of the intervention. They rather regard the expectation of the decrease in the risk of private life being affected by delinquent violence-related situations. The article presents three approaches on the subject, which could facilitate the explanation of that phenomenon, and offers the results of an investigation related to those new forms of social control.
En la actual situación de violencia delincuencial, en Venezuela, lo relevante no es el incremento de las tasas sino el aumento de la letalidad de las agresiones. Lo cual se expresa en el aumento de los homicidios y de los robos a mano armada. Tal reforzamiento del contenido violento de la delincuencia se produce en un contexto en el cual el Estado muestra su mayor ineficiencia; tanto en lo atinente al aparato policial (incapacidad para atender las denuncias, procesarlas y capturar a los delincuentes), como al sistema judicial (lentitud y negligencia en la imposición de las penas). La impunidad propicia que la sociedad se llene de miedo y que la percepción del peligro condicione la vida cotidiana. El estado anímico provocado conduce a la privatización e informalización de la protección, a través de la utilización de diferentes estrategias, entre las cuales destacan el cierre de los espacios residenciales - amurallamiento -, la contratación de vigilantes y, en el caso extremo, la afiliación a organizaciones ilegales que ofrecen seguridad de personas y bienes. Estas modalidades de protección no pueden ser estudiadas dentro de la concepción clásica del control social; porque no están referidas a una política que toma la prevención en función del ejercicio de un control socializador, en el cual el individuo desviado es considerado como el objetivo principal de la intervención. Más bien, se refieren a la expectativa de la disminución del riesgo de que situaciones relacionadas con la violencia delincuencial afecten la vida privada. Al respecto, en el artículo se exponen tres enfoques que podrían facilitar la explicación del fenómeno y se ofrecen los resultados de una investigación relacionada con estas nuevas formas de control social.