CONFLICTO AGRARIO Y EXTRACTIVISMO EN LA ARGENTINA RECIENTE (2015-2019)

CONFLITO AGRÁRIO E EXTRACTIVISMO NA ARGENTINA RECENTE (2015-2019)

AGRARIAN CONFLICT AND EXTRACTIVISM IN RECENT ARGENTINA (2015-2019)

CONFLIT AGRAIRE ET EXTRACTIVISME DANS L’ARGENTINE RÉCENTE (2015-2019)

Resúmenes

En el presente trabajo analizamos las características que asumió la expansión del modelo extractivo – y la conflictividad concomitante – entre 2015 y 2019, años que coinciden con el gobierno de Mauricio Macri, de tendencia conservadora neoliberal. Para cumplir con dicho objetivo combinamos el análisis de fuentes estadísticas secundarias y legislación nacional y provincial con un relevamiento de conflictos y resistencias a partir de fuentes secundarias (prensa y documentos de organizaciones) y primarias (testimonios y notas de campo). La información analizada muestra un renovado impulso a las actividades extractivas a través de diversas políticas públicas. En el plano de la conflictividad esto se tradujo en: una mayor visibilidad de las disputas con comunidades indígenas, en paralelo a su estigmatización; una nacionalización de las demandas campesinas a partir de protestas en las grandes ciudades; y una problematización socioambiental que se expandió desde la megaminería hacia los hidrocarburos y las fumigaciones.

Agronegocio; Minería de Gran Escala; Hidrocarburos; Gobierno Conservador; Políticas Públicas

Neste artigo analisamos as características assumidas pela expansão do modelo extrativo – e o conflito concomitante – entre 2015 e 2019, anos que coincidem com o governo de Mauricio Macri, de tendência conservadora neoliberal. Para alcançar esse objetivo, combinamos a análise de fontes estatísticas secundárias e a legislação nacional e provincial com um levantamento de conflitos e resistência baseado em fontes secundárias (imprensa e documentos de organizações) e fontes primárias (testemunhos e notas de campo). As informações analisadas mostram um impulso renovado às atividades extrativistas por meio de várias políticas públicas. Em termos de conflito, isso se traduziu em: maior visibilidade das disputas com as comunidades indígenas, em paralelo a sua estigmatização; nacionalização das demandas camponesas através de protestos nas grandes cidades; e problematização socioambiental que se expandiu de megamineração para hidrocarbonetos e fumigações.

Agronegócio; Exploração Mineira em Grande Escala; Hidrocarbonetos; Governo Conservador; Políticas Públicas

This article aims to analyse the characteristics of the expansion of the extractive model – and the concomitant conflicts – between 2015 and 2019, years in which the conservative neoliberal Mauricio Macri administration headed the national government. To achieve this objective, we combine the analysis of secondary statistical data and national and provincial legislation with a survey of conflicts and resistances based on secondary sources (press and documents from organisations) and primary sources (testimonies and field notes). The information analysed shows a renewed expansion of extractive activities through various public policies. In terms of conflict, this process went hand in hand with: a greater visibility of disputes with indigenous communities, in parallel to their stigmatisation; a nationalisation of peasant demands through protests in large cities; and a socio-environmental problematization that expanded from mega-mining to hydrocarbons and fumigations.

Agribusiness; Large-scale mining; Hydrocarbons; Conservative government; Public Policies

Dans cet article, nous analysons les caractéristiques supposées par l’expansion du modèle extractif -et le conflit concomitant- entre 2015 et 2019, années qui coïncident avec le gouvernement de Mauricio Macri de tendance conservatrice néolibérale. Pour atteindre cet objectif, nous combinons l’analyse des sources statistiques secondaires et de la législation nationale et provinciale avec une enquête sur les conflits et la résistance basée sur des sources secondaires (presse et documents d’organisations) et primaires (témoignages et observations sur le terrain). Les informations analysées montrent un regain d’intérêt pour les activités extractives à travers diverses politiques publiques. En termes de conflit, cela s’est traduit par : une plus grande visibilité des conflits avec les communautés indigènes, parallèlement à leur stigmatisation ; une nationalisation des revendications paysannes par des manifestations dans les grandes métropoles; et une problématisation socio-environnementale qui s’est étendue des méga-mines aux hydrocarbures et aux fumigations.

Agrobusiness; Exploitation Minière à Grande Echelle; Hydrocarbures; Gouvernement Conservateur; Politiques Publiques

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo analizamos las especificidades de la expansión del modelo extractivo en Argentina a partir de la asunción a la presidencia de la alianza Cambiemos encabezada por Mauricio Macri en diciembre de 2015 hasta el fin de ese ciclo en el año 2019. La misma puede considerarse parte del “giro conservador” latinoamericano, un período en el cual diversos partidos de carácter neoliberal conservador ganaron las elecciones nacionales luego de una etapa signada por la presencia de gobiernos “progresistas” en distintos países de la región.

En Argentina, a finales de 2015, el Frente para la Victoria, la fuerza política que gobernaba el país desde 2003, fue derrotado en los comicios presidenciales. El modelo económico impulsado por el gobierno de Cambiemos agravó algunos problemas que venían gestándose a lo largo de la década de 2010 y creó otros nuevos (Palmisano y Teubal, 2020). La liberación del mercado cambiario supuso una devaluación continua del peso argentino y un severo proceso inflacionario que sumó casi 290 puntos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019.¹ En paralelo, se produjo un aumento considerable del endeudamiento público pasando de representar el 52,6% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2015 al 90,2% en 2019 (Ministerio de Economía, 2020). Estos procesos coincidieron con una retracción del PIB del 4,07% entre 2015 y 2019,² y un incremento considerable de la población debajo de la línea de la pobreza que pasó del 30% en 2015 al 40,8% en 2019 (Observatorio de la Deuda Social Argentina, 2020).

En ese marco, el foco de este artículo estará puesto en los principales procesos de conflictividad socio-territorial-ambiental y resistencia popular y comunitaria al avance de las principales expresiones del modelo extractivo: agronegocio, minería de gran escala y extracción de hidrocarburos. Como contexto de este proceso describiremos algunas políticas públicas que llevó a cabo el gobierno de Mauricio Macri, las cuales afectaron directa o indirectamente a los sujetos y problemáticas políticas agrarias. Cabe resaltar que este trabajo no pretende ser exhaustivo en torno a los conflictos acaecidos en el período sino que aborda algunos de los casos más paradigmáticos de los diferentes actores que protagonizaron estas luchas y resistencias: los movimientos campesinos, los pueblos indígenas, las asambleas socioambientales contra la megaminería, el fracking y las fumigaciones. De este modo podemos observar cómo en todas las geografías de la Argentina se mantiene y profundiza la conflictividad en torno a las actividades extractivas y los bienes comunes (recursos naturales y territorios).

El abordaje metodológico combina varias estrategias. Por un lado, se realizó un análisis y sistematización de fuentes estadísticas y documentales secundarias difundidas por organismos públicos a fin de dar cuenta de la forma y el alcance de la expansión de las actividades primario-exportadoras en el período 2015-2019. Por el otro, se relevó, ordenó y trianguló información secundaria sobre conflictos territoriales y socioambientales disponibles en medios de comunicación hegemónicos, alternativos y de organizaciones sociales – algunas son referenciadas directamente en el texto a modo de ejemplo. Este corpus fue primeramente sistematizado a partir de un formato preestablecido aportado por el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica que nos consignó la confección del capítulo sobre Argentina de su informe “Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica” para los años 2016, 2017, 2018 y 2019 (Hadad; Palmisano; Wahren, 2020; Palmisano; Hadad; Wahren, 2019; Wahren; Palmisano, 2017, 2018). A ello se sumó la información primaria que recopilamos en trabajos de campo en diversas localidades de las provincias de Buenos Aires (junio de 2016; septiembre de 2017; febrero, mayo y noviembre de 2018), La Rioja (febrero de 2020), Mendoza (julio de 2017) y Neuquén (Agosto de 2017).³ A partir de dicho relevamiento se procedió a su (re)lectura y análisis transversal con el objeto de encontrar continuidades, rupturas y emergentes de la conflictividad ambiental y territorial en ámbitos rurales vinculada directamente a actividades extractivas.

Ordenamos el presente artículo en un primer apartado teórico donde damos cuenta de las definiciones de extractivismo, movimientos sociales y territorio desde las cuales hacemos nuestro análisis. Luego presentamos las principales variables del modelo extractivo durante el gobierno de Mauricio Macri, estableciendo continuidades y rupturas con los gobiernos kirchneristas que lo antecedieron, y dando cuenta de la estructura económica, las políticas públicas y las transformaciones institucionales. Subsiguientemente, presentamos un apartado sobre conflictos en los mundos rurales, retomando, por un lado, las luchas campesinas, por otro, las luchas de los pueblos indígenas, para luego focalizar en las resistencias a la megaminería, las fumigaciones y al fracking. Culminamos el trabajo con unas reflexiones e interrogantes en torno a la relación entre los escenarios políticos nacionales, el modelo extractivo y las disputas territoriales en los mundos rurales de la Argentina contemporánea.

MARCO TEÓRICO

La crisis global de la década de 1970 supuso una profunda reconfiguración del modo de producción capitalista. Articulada a la expansión del neoliberalismo, el balance sistémico entre la acumulación ampliada del capital (a través de la típica captación de plusvalía en el proceso de trabajo) y la acumulación por medio de mecanismos “no económicos” se inclinó hacia esta última. Harvey (2004) incluye dentro de esta “acumulación por desposesión” una amplia serie de mecanismos de despojo y mercantilización de la riqueza colectiva, los bienes públicos y los espacios comunes.

En lo referido a las actividades primarias, estos mecanismos de acumulación han sido caracterizados como un “modelo extractivo” basado en una creciente sobreexplotación de recursos naturales/bienes comunes que se expande hacia diversos territorios, muchas veces considerados improductivos por el capital en etapas anteriores. Sintéticamente, esta lógica se define por: a) la gran escala que adquieren los proyectos; b) el destino de exportación de los productos; c) la incorporación de nuevas tecnologías avanzadas; d) el alto consumo de recursos no reproducibles (agua, tierra fértil, biodiversidad, etc.); e) el involucramiento de grandes empresas trasnacionales; f) la generación de deseconomías externas y grandes rentabilidades para las corporaciones; g) la ocupación intensiva del territorio en lógicas de enclave; y h) la transformación de las empresas extractivas en un actor social total (Giarracca; Teubal, 2013; Svampa, 2015). Siguiendo esta definición, entendemos que el extractivismo incluye un conjunto de actividades entre las que se destacan la explotación de hidrocarburos, la megaminería y el agronegocio.

Las características enumeradas tienen impacto directo en la proliferación de conflictos donde emergen colectivos sociales que encarnan acciones colectivas de carácter disruptivo -que combinadas con la utilización de canales institucionales- se oponen a los impactos materiales y simbólicos del modelo extractivo. Como señala el clásico texto de Sydney Tarrow los movimientos sociales son “desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades” (1997, p. 21). Siguiendo a Melucci (1991), la acción colectiva de los movimientos sociales se organiza en torno a una identidad común, producto de una construcción social que requiere la evaluación conjunta de los medios, fines y del ambiente en el que se inserta. Una de las posibilidades de ordenar la diversidad de movimientos es a partir de los objetivos de lucha y los sentidos de pertenencia que ellos generan, es por ello que con fines analíticos los hemos diferenciado en territoriales y socioambientales, y dentro de ellos hacemos especial énfasis en quiénesson los sujetos subalternos que intervienen.

Para definir los primeros, partimos de los aportes de diversos autores (Mançano Fernandes, 2005; Porto Gonçalves, 2001; Soja, 1989) que entienden al territorio no solo como un espacio geográfico portador de recursos, sino también como un escenario en disputa (re)construido socialmente, donde se realizan diversas relaciones sociales contrapuestas y apropiaciones asimétricas de los recursos naturales (o bienes comunes) que allí se encuentran. Por tanto es un espacio relacional de poder, de gestión, de dominio, de tensiones y conflictos, donde intervienen distintos actores sociales, que llevan a cabo actividades de producción y reproducción de la vida. Las conflictualidades surgen por una apropiación asimétrica de los recursos naturales y un modo diferenciado de habitar y significar el territorio (Machado Aráoz, 2009, Wahren, 2016), y se anclan en las capacidades desiguales, reales y potenciales de los actores en pugna de crear, recrear y apropiarse – material y simbólicamente – del espacio.

Por su parte, el avance del modelo extractivo también ha producido la emergencia de una multiplicidad de disputas socioambientales “espacialmente localizadas” (Merlinsky, 2013). Svampa define a los conflictos socioambientales como aquellos “ligados al acceso y control de los recursos naturales y el territorio, que suponen, por parte de los actores enfrentados, intereses y valores divergentes en torno de los mismos, en un contexto de gran asimetría de poder” (2012, p. 20). Proponemos mantener la especificidad de esta conceptualización para aquellos conflictos que surgen por formas contradictorias de comprender, vivir y producir los espacios comunes, cuando “el centro de la querella [son] las transformaciones negativas – efectivas o potenciales – de un espacio que se considera común y compartido, muchas veces identificado con el sustantivo naturaleza” (Palmisano, 2020).

En términos político-institucionales, estos procesos se desarrollan en un escenario de nuevo orden, caracterizado por Svampa (2012) como “Consenso de los Commodities”, un momento posterior al Consenso de Washington que primó en la década de 1990, cuando los modelos de desarrollo priorizaron la exportación de bienes primarios sin mayor valor agregado como base de las políticas públicas de los diversos gobiernos latinoamericanos, más allá de sus diferencias político-ideológicas. Específicamente uno de los elementos destacados en los desarrollos teóricos latinoamericanos es la imbricación entre la dimensión política nacional y estas actividades. Gudynas (2009) propone el concepto de neoextractivismo progresista para caracterizar la situación de aquellos países con gobiernos latinoamericanos que fueron muy críticos de la primacía del mercado como asignador privilegiado de recursos e intentaron avanzar hacia políticas de ampliación de derechos económicos, culturales y sociales, dándole al Estado un rol primordial. Ello fue a la par de un fortalecimiento de actividades extractivas (minería de gran escala, la explotación de hidrocarburos y el agronegocio) con impactos socioambientales iguales o peores que en el pasado (Gudynas, 2009) pero con una participación estatal – directa o indirecta – más activa. Esta lectura no supone la circunscripción del modelo extractivo a los gobiernos “progresistas” sino que da cuenta del recentramiento del capital sobre los recursos naturales y los territorios comunes. En general, los gobiernos se afirman en un imperativo extractivo cuyos matices entre contextos y tiempos políticos nacionales se expresan principalmente en las políticas de captación y redistribución de renta pero no en una crítica sobre estas actividades.

A partir de esta línea de análisis nos interesa abordar justamente qué especificidades supone la expansión – y las resistencias – del modelo extractivo en Argentina tras el fin del ciclo progresista kirchnerista (2003-2015) y el ascenso de un gobierno de nuevo signo político neoliberal-conservador encabezado por Mauricio Macri.

VARIABLES ESTRUCTURALES DEL MODELO EXTRACTIVO EN EL GOBIERNO DE CAMBIEMOS

La alianza partidaria triunfante, Cambiemos, tuvo tempranamente la voluntad de favorecer aún más a los sectores primario-exportadores que se habían fortalecido a la par de la expansión del modelo extractivo en Argentina. A pocos días de asumir, el nuevo gobierno eliminó los impuestos a las exportaciones de casi todos los productos agropecuarios, y redujo un 5% de la alícuota correspondiente a la soja y sus derivados que representan más de un cuarto de las exportaciones argentinas. En febrero de 2016 dejaron de tributar este gravamen la gran mayoría de los productos minerales y un año después, en enero 2017, se desgravó al petróleo y sus derivados. Estos beneficios se mantuvieron hasta septiembre de 2018 pues en el marco de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional en torno al endeudamiento externo, el gobierno restableció una alícuota del 12% a la exportación de todas las mercaderías.

Otra medida importante que favoreció a los sectores exportadores fue la liberalización del mercado cambiario. Para concretarla el gobierno primero extendió el plazo que tenían las empresas exportadoras para liquidar moneda extranjera y, a finales de 2017, por medio del Decreto N° 893, derogó la obligación del ingreso y negociación de las divisas de la exportación de productos nacionales en el mercado único de cambio que regía desde 1964. De esta manera, cualquier empresa podía esperar el tiempo que quisiera para volcarlas al mercado cambiario nacional (Palmisano; Teubal, 2020). A ello se sumó la autorización del libre giro de dividendos y utilidades al exterior. Estas medidas fueron sostenidas hasta septiembre de 2019 cuando agobiado por la escasez de divisas el gobierno de Cambiemos restableció las limitaciones.

Específicamente para el caso del sector agropecuario, la gestión de Cambiemos intensificó el ritmo de autorización de Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Durante los 4 años se aprobó la comercialización de 26 eventos transgénicos de algodón, maíz, soja, papa, alfalfa y cártamo, a razón de 6 por año. Ello implicó un notable crecimiento en relación al período kirchnerista (2003-2015) cuando la “tasa de aprobación” fue de 2,3 eventos por año. La difusión de los OGM – casi completa en el caso de la soja, el maíz y el algodón (ISAAA, 2019) –, el uso masivo de agrotóxicos para estos cultivos y el corrimiento de la frontera del agronegocio en la búsqueda de nuevas tierras redundó en nuevas presiones territoriales sobre regiones habitadas por poblaciones campesinas e indígenas y los montes nativos cuya deforestación entre 2007 y 2018 ascendió a 3,5 millones de hectáreas (ha) (Greenpeace, 2020).

Asimismo, las dependencias estatales vinculadas al trabajo con campesinos, pueblos indígenas y pequeños productores fueron afectadas por la reestructuración del Estado impulsada por la nueva gestión al frente del Poder Ejecutivo Nacional. Durante el período, la Secretaría de Agricultura Familiar fue degradada al rango de Subsecretaría, hubo numerosos despidos y recortes presupuestarios (Palmisano; Hadad; Wahren, 2019; Wahren; Palmisano, 2018). Además los máximos responsables de la cartera agropecuaria fueron reclutados de las tradicionales organizaciones corporativas como fue el caso de Ricardo Buryaile (ex vicepresidente segundo de Confederaciones Rurales Argentinas) y Luis Miguel Etchevere, ex presidente de la Sociedad Rural Argentina.

En relación a la producción hidrocarburífera, el nuevo gobierno continuó el impulso a la explotación de hidrocarburos no convencionales por medio de anuncios de mayores inversiones en el principal yacimiento: Vaca Muerta. La búsqueda de grandes capitales internacionales incluyó en el caso del fracking nuevas inversiones de la petrolera anglo-holandesa Shell y la estadounidense Chevron (que ya tenía una fuerte presencia en la zona). Esta asociación supuso una nueva presión sobre la frontera hidrocarburífera tanto en la provincia de Neuquén, principal región de explotación bajo la técnica del fracking, como en la de Río Negro y el sur de Mendoza, donde se avanza sobre campos ganaderos, frutícolas, hortícolas y vitivinícolas. Además se propugnó una mayor flexibilización laboral y regulatoria por parte del Estado en materia de explotación, distribución y comercialización de la energía.

Si bien los plazos de la inversión en esta actividad impiden afirmar causalmente la relación entre las medidas gubernamentales y la expansión de la productividad, entre 2015 y 2019 la producción de gas creció un 15,02% (42.906 millones de m³ a 49.350) impulsada por los no convencionales cuya extracción pasó de 5.336 millones de m³en 2015 a 18.798 en 2019. Por su parte la producción total de petróleo se retrajo un 5,7% pero la extracción no convencional pasó de proveer el 4,68% del hidrocarburo extraído en 2015 al 19,44% en 2019. En términos de expansión de la infraestructura el año 2015 registró la mayor cantidad de pozos terminados (1.448) y metros perforados (3.379.680) desde el primer registro disponible (2008). Esto coincide con el fuerte apoyo que tuvo la actividad en los gobiernos de Cristina Fernández, especialmente a partir de 2012. Desde 2016, el contexto global produjo una importante caída en la inversión que impactó en el período analizado (2015-2019) (SSPM, 2018) pues se retrajo la perforación de pozos a unos 1.000 por año, y se redujo un 27,06% en 2016 los metros perforados que paulatinamente se fueron recuperando los años siguientes para quedar en 2019 en un 18,05% por debajo de 2015.⁴

En el caso de la minería no hubo nuevas normativas que la favorecieran, más allá del sostenimiento del marco regulatorio favorable a los proyectos de gran escala creado en la década de 1990. Murgia y Godfrid (2019) destacan que durante el gobierno de Cambiemos se recuperó la inversión en exploración fundamentalmente de litio y oro, a lo cual se sumó el inicio de la construcción de dos proyectos de oro (Lindero en Salta y Chinchillas en Jujuy) que podrían compensar las pérdidas del sector por el agotamiento en los yacimientos de Bajo de la Alumbrera, Pirquitas y Cerro Vanguardia. En este sentido, los principales gestos del nuevo gobierno se centraron en una intensa campaña de promoción y el impulso, fallido, de restringir la Ley de protección de Glaciares Nº 26.418, que actualmente prohíbe la actividad minera en particular y extractiva en general en las áreas glaciares y periglaciares (Palmisano; Hadad; Wahren, 2019; Wahren; Palmisano, 2018). También la gestión Cambiemos impulsó en junio de 2017 un “Nuevo Acuerdo Federal Minero” que revisaría los consensos de los 90. El mismo fue refrendado por representantes de 14 de las 23 provincias argentinas y supuso unificar posturas en torno al impulso de la actividad. Para adquirir un status formal el documento debía ser aprobado en el Congreso Nacional, algo que finalmente no ocurrió.

CONFLICTOS SOCIO-TERRITORIALES Y AGRONEGOCIO: casos paradigmáticos de resistencia campesina

El avance del modelo extractivo en sus diversas variantes (agronegocio, hidrocarburos, megaminería) ha sido la principal causa de los conflictos de tierra en Argentina. En las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, que conforman el noroeste argentino (NOA), suelen tener lugar los procesos más tensionantes de expansión del extractivismo agrario. Esta región ha sido históricamente habitada por poblaciones campesinas dedicadas a la cría de ganado menor y la agricultura de pequeña escala que se articulaban a complejos agroindustriales, pero desde hace algunas décadas han sufrido una intensa transformación a partir del avance de la agricultura y la ganadería intensiva. Este proceso de larga data siguió extendiéndose en el período 2015-2019 por la mejora en la rentabilidad de los cultivos de exportación gracias a políticas impositivas favorables. Según datos de elaboración propia a partir de información de la Dirección de Estimaciones Agrícolas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,⁵ entre la campaña 2014/15 y la 2015/16 la superficie sembrada con maíz y soja en el NOA creció de 2.350.618 ha a 2.751.581 ha (17,06%), mientras que para 2019/20 alcanzó las 2.894.288 ha, un aumento del 23,13% en relación a 2014/15.

En este contexto, la expansión del agronegocio generó múltiples conflictos, siendo los más visibles aquellos en los cuales organizaciones sociales lograron articular estrategias de defensa territorial. En el período analizado uno de los conflictos más resonantes tuvo lugar en Bajo Hondo (Santiago del Estero) donde 60 familias pertenecientes al Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina (MOCASE-VC), se movilizaron para defender las 4.000 ha donde habitan como comunidad indígena “YakuKachi”. Orlando Canido, dueño de la compañía de gaseosas Manaos, había comenzado el desmonte y la producción de carbón en la zona a pesar de que su permiso se encontraba suspendido a raíz de las denuncias realizadas por el MOCASE-VC.

El conflicto territorial iniciado en diciembre de 2015 tuvo una escalada cuando en mayo de 2016 se realizó el desalojo violento de 7 familias a partir de una orden judicial que desconocía los espacios institucionales de negociación de los conflictos territoriales. Tras dicho acontecimiento, la organización campesina provincial concurrió con más de 100 integrantes a apoyar a las familias despojadas. En los meses subsiguientes se produjeron al menos tres incursiones violentas donde se amenazaron a las familias, se destruyeron viviendas, corrales, bebederos y instalaciones, y en una de ellas resultó herido de bala el campesino Pedro Campos. Si bien en 2016 la justicia emitió una orden de restricción que impedía a Canido y dos de sus empleados acercarse a la comunidad, a finales de 2019 se dictó el desalojo de las familias reactivándose el proceso de resistencia. Esta dinámica de asedio, violencia y destrucción de la materialidad de la vida campesina (ranchos, corrales, animales, pozos de agua) se registró en otros lugares de Santiago del Estero, como en 2017 cuando en un intento de desalojo falleció de un paro cardíaco la campesina poseedora de las tierras, Carmen Lobo de Quiroga, o en 2018 cuando en el marco de otro desalojo el campesino Héctor Reyes Corvalán sufrió gravísimas quemaduras y, tras 10 días de agonía, murió (El Tribuno, 2018).

El norte de la provincia de Córdoba presenta una estructura agraria típica del NOA con una gran presencia campesina y una constante presión de la frontera agropecuaria por su cercanía a los cultivos extensivos de exportación. Allí uno de los conflictos adquirió gran visibilidad desde 2015 pues se suscitaron diversos hechos de violencia por parte de empleados de una empresa (Petrocord S.A.) contra las casas e instalaciones de familias agrupadas en el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC). La empresa adquirió en 2014 el Campo La Libertad, un predio de 13 mil hectáreas de montes donde vivían 35 familias campesinas que reclamaban la posesión ancestral. Tras varios episodios de tensión, a comienzos de 2019, la justicia ordenó el remate judicial de 2.814 ha del predio, en respuesta a lo cual el MCC activó una campaña de concientización y boicoteo del remate que finalmente quedó desierto por falta de oferentes (La Tinta, 2019).

Otro importante epicentro de conflictividad territorial es la región de Cuyo conformada por las provincias de La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis. Al ubicarse en ecosistemas montañosos andinos, las condiciones agroecológicas de esta área dificultan en extremo la expansión del agronegocio en su faceta pampeana (granos, oleaginosas y ganadería intensiva). Sin embargo, esta lógica se expande a través de los cultivos frutales intensivos dedicados a la exportación o al consumo de sectores de altos ingresos (vides, olivos, nogales, etc.), y también se observa una presión territorial del turismo de lujo, la minería de gran escala y la actividad hidrocarburífera, tal y como veremos más adelante (Hadad; Palmisano, 2017; Larsimont, 2019).Un ejemplo de estos procesos en la provincia de Mendoza tuvo lugar cuando la empresa española de olivos Argenceres – Elaia S.A. y la policía provincial participaron en un enfrentamiento con una familia campesina de la zona de Jocolí Norte en el que resultó herido de bala uno de sus integrantes. Los hechos ocurrieron mientras intentaban frenar el alambrado ilegal sobre la finca campesina por parte de la empresa, pues existía una sentencia judicial que reconocía a la familia Sarmiento la posesión de la tierra y una medida precautoria de no innovar que la empresa intentó violar (La Vía Campesina, 2017). Otro hecho similar ocurrió en 2018, en Tunuyán, donde el gobierno provincial puso en venta 26 ha donde, desde hacía más de 20 años, 9 familias campesinas producían alimentos para el autoconsumo y el abastecimiento de un comedor comunitario. En la publicidad del remate se advertía la presencia de “ocupantes”, a pesar de que algunas personas contaban con documentos de tenencia y comodatos. Uno de los puntos claves para la visibilización del conflicto fue la participación de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras Rurales sin Tierra – MNCI – Vía Campesina (ANRED, 2018).

Un emergente interesante del período analizado ocurrió en las grandes ciudades. Motivada por los altos precios de los alimentos y la situación crítica del sector campesino que produce la mayoría de las frutas y verduras consumidas en las urbes, se generaron una serie de acciones políticas que incrementaron su visibilización. La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), una organización gremial y campesina surgida en 2010 en los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires y La Plata donde se concentra la actividad hortícola, impulsó desde 2016 una innovadora forma de protesta llamada “verdurazo”. En ella pequeños productores de alimentos se instalan en el centro de las ciudades y regalan o venden muy barato frutas y verduras. Esta estrategia les permitió acercarse a los sectores populares urbanos, amplificó la difusión de sus reclamos y ha sido replicada por otras organizaciones, como la Rama Rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE Rural) y el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Estas iniciativas fueron complementadas con debates y campañas de difusión para dar a conocer la situación del sector campesino en Argentina y la presentación de un proyecto de Ley de “Acceso a la Tierra para Pequeños Productores”. A pesar de la legitimidad de esta forma de protesta, en algunas ocasiones (la más difundida ocurrió en febrero de 2019) fueron fuertemente reprimidos por las fuerzas de seguridad (Gálvez Sánchez, 2019).

En términos generales, los conflictos territoriales con marcada presencia campesina que relevamos muestran una continuidad de la tensión entre el avance de las actividades extractivas y sus formas de vida y producción. Dentro de estos procesos de larga data se destacan situaciones en las que empresas o particulares compran tierras donde habitan familias campesinas desde tiempo atrás activando la conflictividad. La mejora de la rentabilidad de las actividades primario-exportadoras que propugnó el gobierno de Cambiemos intensificó la presión por el desmonte y el reemplazo de producciones tradicionales por commodities. En diversas provincias se registró una acción coordinada de las instituciones estatales (principalmente Poder Ejecutivo y Judicial provincial o local y policías) y los empresarios para avanzar sobre las familias campesinas. La presencia de organizaciones sociales rurales ha sido, en muchos casos, el único factor para contrarrestar estas tendencias.

La lucha por la tierra indígena durante el ascenso neoconservador

El imaginario social europeizante construido desde el siglo XIX por las elites urbanas desplegó múltiples mecanismos de invisibilización de las poblaciones indígenas en Argentina, que comenzaron a resquebrajarse hacia finales del siglo XX. El “fin del no-reconocimiento” (Gordillo; Hirsch, 2010) estuvo vinculado a la combinación de una creciente movilización social de carácter étnico y un andamiaje institucional que reconocía su existencia (y preexistencia al Estado-Nación) y planteaba mecanismos para reparar mínimamente el despojo que habían sufrido por siglos. En este contexto, las comunidades indígenas abordaron un camino de lucha por el reconocimiento frente al Estado, y a veces en los márgenes de él, que incluyó la demarcación de las tierras indígenas por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). La fortaleza de este proceso que articuló movilización con institucionalidad fue tal que durante el período estudiado (2015-2019) se aprobaron numerosos relevamientos territoriales hechos por el INAI en donde se reconoció la ocupación actual, tradicional y pública de las tierras declaradas por las comunidades indígenas, en el marco de la Ley Nacional 26.160⁶ (Hadad; Palmisano; Wahren, 2020; Palmisano; Hadad; Wahren, 2019). Sin embargo, este hecho positivo no significó una reducción de los conflictos que involucran a comunidades que aún luchan por sus tierras y el respeto a sus derechos a la consulta previa e informada en relación a actividades extractivas en sus territorios.

Las características de las zonas geográficas mencionadas en el punto anterior tienen una influencia muy similar en el tipo de actividades extractivas que disparan la conflictividad territorial. En el caso del NOA, en las provincias de Catamarca, Salta y Tucumán, se han registrado numerosos conflictos que involucran al pueblo Diaguita y empresarios agropecuarios o mineros, cuyos miembros sufrieron numerosos desalojos –algunos resistidos exitosamente– en el período a pesar de la vigencia de la Ley 26.160.

Por su parte, en la provincia de Jujuy, varias comunidades indígenas de Tilcara realizaron durante el período cortes informativos en diferentes rutas como estrategia de visibilización de sus reclamos. Entre los principales puntos se destacaba: la oposición a la explotación minera a cielo abierto de Mina Chinchillas y a la extracción de litio; la falta de infraestructura que comunique a las comunidades; la denuncia de la violencia y hostigamiento institucional (El submarino, 2018).

En la región del Noreste argentino (NEA) que comprende las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones también se registraron numerosos conflictos territoriales donde el avance de la frontera agrícola y la actividad forestal supone una amenaza al monte nativo donde habitan comunidades indígenas Wichi, Qom y Mbya Guaraní. Es el caso de la comunidad originaria de Miraflores (Chaco), que luego de un largo despojo comenzó a mediados de 2018 un proceso de recuperación de su territorio ancestral que abarca unas 10.000 hectáreas. A lo largo del siglo XX, el estado provincial – que tenía la propiedad formal de la reserva aborigen – otorgó escrituras a personas ajenas a la comunidad. Muchas de las tierras fueron desmontadas para la actividad agropecuaria y las comunidades fueron perdiendo territorio donde recolectar alimentos del bosque nativo y los ríos. Frente a esta situación crítica familias Qom y Wichi conformaron el Consejo de Recuperación Territorial para reclamar al Estado provincial por la restitución de las tierras. A pesar de algunos avances, el proceso estuvo marcado por numerosas situaciones de violencia que involucraron a familias criollas e indígenas que, según denunciaron los comuneros, incluyeron la muerte en circunstancias dudosas de uno de sus miembros y un femicidio (Huerquen, 2019).

Además de estas situaciones, podemos afirmar que el conflicto más resonante del período se dio en la provincia patagónica de Chubut. Allí, a comienzos de 2015, familias Mapuche comenzaron una recuperación territorial en lotes que disputan con una compañía perteneciente al grupo empresarial italiano Benetton. La comunidad Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen tuvo numerosos ataques desde esos momentos, como en mayo de 2016 cuando, por orden del Poder Judicial de Chubut, se detuvieron a 7 comuneros, entre ellos Facundo Jones Huala quien tenía una orden de captura internacional acusado de cometer “atentados” en Chile.

Sin embargo el pico de violencia se registró en 2017. Tras una primera represión en enero, en agosto la Gendarmería Nacional ingresó ilegalmente al territorio en conflicto y detuvo a 9 personas. En ese contexto desapareció Santiago Maldonado, un joven activista libertario que participaba de la recuperación. La situación motivó una extensa red de solidaridad que contrastó con la campaña de deslegitimación y criminalización del pueblo mapuche impulsada por el gobierno y los medios de comunicación hegemónicos que calificaban a las comunidades como una “guerrilla” “terrorista” y “secesionista”, a la vez que pergeñaban las más inverosímiles hipótesis para negar la presencia de Santiago Maldonado en el lugar. Dos meses y medio después, se encontró su cuerpo sin vida 300 metros aguas arriba del lugar por donde había cruzado el río Chubut el día de la represión. Los peritos determinaron que murió por asfixia por sumersión agravada por hipotermia pero de las 3 pruebas realizadas solo una aseguraba que el cuerpo había estado todo el tiempo sumergido. Un año después, el juez cerró la causa por desaparición forzada, previa comunicación con la familia de la víctima en la que reconoció haber recibido presiones (Comunicado de la familia de Santiago Maldonado, 2018). Por su parte, Facundo Jones Huala fue extraditado a Chile y declarado culpable por los cargos de incendio y tenencia de arma de fuego en una causa en la que los otros imputados ya habían sido absueltos. En paralelo, en el territorio continuó el hostigamiento judicial a los comuneros y la destrucción de sus casas e instalaciones.

En línea con los anteriores acontecimientos, a finales de noviembre de 2017, diversas fuerzas estatales intentaron desalojar la recuperación del Lof Lafken Winkul Mapu en las cercanías del Lago Mascardi, en la provincia patagónica de Río Negro. En ese contexto, hombres, mujeres y niños de la comunidad fueron detenidos y tres resultaron heridos con bala de plomo. Uno de ellos, Rafael Nahuel de 22 años, murió a raíz de los disparos recibidos en la espalda de parte de miembros de la Prefectura Naval mientras escapaba de la represión. La Cámara Federal de General Roca identificó al autor material del hecho y lo procesó por homicidio agravado por el uso de armas, pero a finales de octubre de 2019 la Cámara de Casación revocó la medida, dejando la decisión final a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por su parte, en el territorio de la comunidad continuaron los intentos de desalojo y hechos de violencia protagonizados por diversas autoridades (Palmisano; Hadad; Wahren, 2019).

Los casos desarrollados anteriormente muestran que durante la etapa estudiada hubo un recrudecimiento de las disputas territoriales indígenas que supusieron un mayor nivel de violencia física articulada a una narrativa oficial cargada de racismo y colonialidad. Tras décadas de despojo, los procesos de recuperación de territorios indígenas como herramienta para obtener la restitución de tierras comunitarias se enfrentaron a obstáculos mayores por parte del Estado y particulares, donde primó la represión y la estigmatización antes que la negociación ajustada al derecho internacional vigente. Como plantearon las participantes del 1° Parlamento de Mujeres Originarias de 2018:

Dos realidades que diezman nuestra vida y la de los territorios, los femicidios y los feminicidios; el primero, generado por la colonialidad machista que atraviesa nuestros pueblos teniendo como protagonistas muchos de nuestros hombres que se alzan como líderes indígenas; el segundo, se trata de los asesinatos cometidos por las empresas transnacionales saqueadoras y contaminantes que están arremetiendo contra la vida de la tierra y nuestros cuerpos: violándonos, mutilándonos y asesinándonos. Es por ello que nos comprometemos a unir nuestra fuerza y voz para echar de nuestros territorios a estas empresas asesinas. Conscientes que no tardará el gobierno criminal en juzgarnos, defendiendo los intereses de los empresarios intentará encarcelarnos o, quizá, tildarnos de terroristas (1º Parlamento de Mujeres Originarias, 2018).

LA EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS COMO EJEMPLO DE CONFLICTOS SUPERPUESTOS

La extensión de la frontera hidrocarburífera a partir de la difusión del fracking fue un foco de conflicto muy importante, que, si bien había comenzado en la presidencia de Cristina Fernández (2007-2015), se sostuvo durante la administración de Cambiemos. En este último período, el ritmo de apertura de nuevos pozos, más lento por el contexto internacional adverso, se contrabalanceó por un crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales que supuso un mayor movimiento de personas y equipamiento en las zonas de extracción. Por la ubicación de la formación Vaca Muerta la mayoría de las disputas se producen con comunidades Mapuche, aunque algunos crianceros criollos también mantienen litigios económicos y territoriales con las empresas extractivas (Hadad; Palmisano; Wahren, 2021). Además es importante destacar que en Argentina los recursos naturales (entre ellos minerales e hidrocarburos) son dominio originario de las provincias donde se encuentran (Constitución de la Nación Argentina, art. 124). Ello supone una complejización de las disputas en las que no solo intervienen las políticas públicas llevadas adelante por el Poder Ejecutivo Nacional sino también las decisiones tomadas por los estados provinciales.

Puntualmente, la actividad hidrocarburífera produce una interfaz muy pronunciada entre las disputas ambientales y las territoriales. Dentro del primer grupo los derrames son los casos más numerosos: “según datos de la Secretaría de Ambiente provincial, en la cuenca neuquina (donde está Vaca Muerta) se producen un promedio de dos derrames por día. Entre 2015 y 2018 las petroleras admitieron 3368 “incidentes ambientales”. En 2018 hubo 934 “hechos” (Aranda, 2019). Algunos de los ejemplos más resonantes de ello fueron, en la segunda mitad de 2018, tres grandes derrames o fugas de hidrocarburos en Bandurría Sur, Loma La Lata y Fernández Oro. Estos episodios generaron denuncias judiciales y pedidos de declaración de emergencia ambiental impulsados por la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN), la Asociación Abogados Ambientalistas, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, entre otros.

Como emergente socio-territorial, el conflicto más resonante vinculado a la explotación de Vaca Muerta ha sido con la comunidad de Campo Maripe. La zona en disputa son 10.000 ha, pero el gobierno solo les ha reconocido unas 900 ha en las que es imposible realizar las tareas de pastoreo y agricultura que las familias requieren para su sustento. Al no obtener respuestas, el Lof inició a mediados del 2016 un bloqueo a los pozos como forma de recuperar el control del territorio. En junio de 2017, un centenar de gendarmes ingresaron al territorio comunitario para garantizar el trabajo de la empresa YPF. A este conflicto se sumó una denuncia por “usurpación” a los miembros del Lof Campo Maripe por parte de la familia Vela. En el mismo registro y cerca de allí, se produjo en septiembre de 2017 el desalojo de un sector de las tierras recientemente recuperado por la comunidad mapuche Futa Xayen. Tras mediaciones judiciales en 2018, un acuerdo entre las partes permitió mantener la integridad del territorio que continúa afectado por la actividad hidrocarburífera (Ministerio Público Fiscal, 2018).

Los momentos de mayor visibilización de estos conflictos fueron estratégicamente aprovechados por los poderes políticos locales y nacionales para construir un perfil violento y delincuencial de las comunidades. A partir de ello se justificó la política profundamente racista del Estado Nacional que derivó en septiembre de 2019 en una orden por parte de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que Gendarmería Nacional proteja las instalaciones hidrocarburíferas de la formación Vaca Muerta en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza.

Si bien la mayor parte de las instalaciones de hidrocarburos no convencionales se concentran en Neuquén, en 2017 comenzaron los ensayos de la técnica en la parte de la formación Vaca Muerta que coincide con el departamento de Malargüe en la provincia de Mendoza. A pesar de cierto hermetismo durante los primeros meses de 2018 la situación salió a la luz y las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) realizaron movilizaciones y concentraciones donde denunciaron los peligros del fracking y la megaminería. A pesar de estos reclamos el gobierno provincial autorizó nuevas perforaciones no convencionales mostrando su clara apuesta hacia la actividad.

CONFLICTIVIDAD SOCIOAMBIENTAL: megaminería y agronegocio en el centro de la escena

En Argentina, la minería ha tenido un peso bastante marginal en la economía y en el imaginario nacional a pesar del crecimiento que ha mostrado el sector metalífero desde mediados de la década de 1990 (Giarracca; Teubal, 2013). De hecho, entre 2017 y 2020 el complejo oro, plata y litio fue responsable, en promedio, del 4,8% de las exportaciones de Argentina, en contraste con el 29,5% provisto por el oleaginoso⁷. La gran mayoría de los proyectos mineros de gran escala se ubican en las provincias cordilleranas y activan conflictos sociales desde etapas tempranas (exploración o cateos) hasta la producción o el cierre. La planificación, construcción y producción de grandes proyectos mineros tienen plazos que claramente trascienden a un gobierno y la normativa argentina ha tenido una importante continuidad desde la década de 1990 que no se puso en entredicho durante la gestión de Cambiemos (Murgia; Godfrid, 2019).

Uno de los casos más resonantes al respecto ha sido el del proyecto Veladero en la provincia de San Juan, que desde 2005 extrae oro y plata bajo la modalidad a cielo abierto. Durante el período abordado se produjo un pico ascendente de conflicto tras una serie de derrames químicos (en septiembre de 2015, de 2016 y marzo de 2017) que desencadenaron numerosas movilizaciones. Frente a estos acontecimientos el gobierno nacional insistió en la total responsabilidad de la provincia, y recién tras el derrame de 2017 presentó un amparo para frenar momentáneamente la operación de Veladero. En contraste, en 2018, miembros del gobierno nacional hicieron referencias a la posibilidad de flexibilizar la Ley 26.639 “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial” y así permitir mayor cantidad de emprendimientos minero (Foro Ambiental, 2018).

También en 2018 y frente a la posibilidad de avanzar con el proyecto minero Navidad ubicado en la provincia de Chubut se formó una Asamblea de Vecinos de la Meseta conformada por criollos, Mapuche y Tehuelche. En la provincia existe desde 2003 la ley 5001 que prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto con utilización de cianuro. Esta legislación, resultado del primer gran proceso de movilización antiminera de Argentina que comenzó en la localidad de Esquel, ha sido celosamente defendida por las organizaciones socioambientales. Como parte de ello, la Unión de Asambleas de Ciudadanas del Chubut presentó en la Legislatura Provincial más de 17 mil firmas en rechazo a una zonificación territorial favorable a las empresas mineras impulsada por políticos comunales, provinciales y nacionales (No a la Mina, 2018).

La Rioja es también una provincia paradigmática en lo que refiere a la lucha socioambiental. Luego de una larga trayectoria de resistencia en contra de proyectos megamineros, en mayo de 2018, vecinos de Guanchín, Chilecito y Nonogasta se reunieron en asamblea y decidieron cortar la ruta provincial nº 15 y el camino que une Las Talas con Santa Florentina para evitar que la minera Seargen ingrese al Cerro General Belgrano (Famatina). El corte solo afectó a empresas mineras y funcionarios mientras que el resto de los vecinos transitaban con normalidad y tras algunas semanas de movilización la empresa anunció su retirada de la zona (No a la mina, 2018). Asimismo, colectivos socioambientales de la localidad de Vinchina y de La Rioja Capital llevaron adelante algunas acciones frente a anuncios en torno a la posible explotación minera.

Por su parte, también se registraron movilizaciones contra proyectos de extracción de litio en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy. La situación más conflictiva se registró en las Salinas Grandes (Salta y Jujuy) donde la minera canadiense Dajin Resource ha demarcado un área de operaciones de 90.000 ha que fue avalada por funcionarios provinciales y nacionales sin la participación de las 33 comunidades indígenas que viven en el lugar. En respuesta, las mismas iniciaron una serie de acciones directas en defensa del territorio indígena a las que sumaron presentaciones legales que llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, transformándose en un caso paradigmático de resistencia territorial (Gullo; Fernández Bravo, 2020).

Junto a la minería el otro disparador nodal de la conflictividad socioambiental en Argentina es el agronegocio. El mismo produce varios emergentes que se agravan por la extensión territorial de los cultivos extensivos. Además de las disputas por el control efectivo de las tierras, el corrimiento de la frontera agropecuaria está estrechamente vinculado a la deforestación. Si bien muchos casos suelen producirse “tranqueras adentro” y sin posibilidad de resistencia, en 2018 activistas de Greenpeace detuvieron topadoras que desmontaban una zona protegida cerca de Tartagal (Salta). El dueño de la finca resultó ser un primo del Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, e integrante del directorio de varias empresas de la familia Macri, quien solicitó el cambio de zonificación para deforestar casi 9.000 hectáreas, proceso que afectaría a 4 comunidades Wichi. Tras este hecho el empresario amenazó con iniciar acciones legales contra la organización ecologista (Greenpeace, 2018). En paralelo, en la provincia de Córdoba un proyecto de ordenamiento territorial provincial que permitiría amplios desmontes para el avance de la frontera agropecuaria y proyectos de infraestructura encontró la oposición de organizaciones que se nuclearon en la Coordinadora en Defensa del Monte Nativo. El colectivo manifestó su reclamo de protección del ecosistema a través de recolección de firmas, denuncias penales y movilizaciones.

Asimismo, en los últimos años se ha registrado un incremento de las denuncias y movilizaciones en torno a los impactos socioambientales de las fumigaciones vinculadas al agronegocio. En este sentido, muchas localidades de las regiones donde se produce la mayor cantidad de granos del país (provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe) han sido escenario de movilizaciones masivas. Junto a ellas se registró un emergente fortalecimiento de las redes de productores que buscan en la agroecología una alternativa al modelo dominante en contraste a las propuestas del gobierno nacional y provincial centradas en la Buenas Prácticas Agrícolas. En el caso de la región pampeana, el hito más importante fue la conformación, en mayo de 2016, de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (RENAMA), un espacio que reúne experiencias agroecológicas, organizaciones sociales y académicos que plantean una alternativa viable y concreta al modelo del agronegocio.

La institucionalización de las luchas ambientales encuentra su antecedente en los encuentros de la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC) -anteriormente llamada Unión de Asambleas Ciudadanas- que se realizan desde hace 15 años. Este espacio reúne organizaciones socioambientales en varias ciudades donde se reflexiona acerca del avance del extractivismo (deforestaciones, desmontes, luchas por la tierra, residuos urbanos y nucleares, represas, megaminería, pueblos fumigados, parques industriales) y las formas de resistirlo.

Los conflictos socioambientales del período analizado muestran la tensa interacción que se produce entre los gobiernos nacionales, provinciales y comunidades en lo referente a los grandes proyectos extractivos. El largo plazo que supone la instalación de estas actividades requiere acuerdos transversales entre las fuerzas políticas, donde los gobiernos provinciales – gestores de los recursos – juegan un rol central. Sin embargo, el ascenso de un gobierno más atento a las demandas empresariales prefiguró un contexto más favorable para abrir nuevos proyectos. En el caso de la minería de gran escala eso se tradujo en continuos intentos de modificar las legislaciones provinciales que prohíben o regulan fuertemente la actividad. En el caso de la agricultura ello supone un mayor impulso al agronegocio sin considerar sus impactos ambientales vinculados a las fumigaciones, o acotarlos a soluciones técnicas como la adopción de Buenas Prácticas Agrícolas. En respuesta, los conflictos se sostienen, intensifican o emergen a pesar de la gran asimetría de recursos materiales y simbólicos en la que se encuentran.

ANÁLISIS DISCUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

La discusión en torno al extractivismo ha tenido una amplia difusión académica y política en las últimas décadas. La ola de gobiernos progresistas planteó el desafío de analizar la forma en que podía procesarse nacionalmente la creciente demanda global de recursos naturales tanto desde el punto de socioambiental como económico-redistributivo. Por su parte, el ascenso de gobiernos neoconservadores dio la posibilidad de abordar esas dinámicas estructurales de manera comparativa.

El impulso a las actividades extractivas en Argentina fue una característica de los gobiernos progresistas y es por ello que numerosos conflictos asociados al corrimiento de las fronteras agrícola, minera e hidrocarburífera tienen su origen en esos años. Sin embargo, el análisis transversal de la información primaria y secundaria nos muestra un renovado énfasis en el período 2015-2019. El gobierno de Cambiemos mejoró la rentabilidad de las actividades primario-exportadoras a través de (des)regulaciones económicas e impositivas, el fomento estatal a las actividades de forma directa e indirecta (por ejemplo, con el impulso a tecnologías de punta). Junto con ello se evidenció un cambio en la gestión del conflicto por parte del gobierno nacional. A partir de gestos favorables al accionar desmesurado de las fuerzas de seguridad, construcciones discursivas que insistían en la existencia de enemigos internos de la Nación o fomentando el descrédito hacia las víctimas de la violencia institucional, se redujo el costo político de la represión estatal en relación al contexto progresista. Esta “flexibilización represiva” tuvo como saldo trágico el asesinato de Rafael Nahuel y la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en los que las fuerzas estatales estuvieron directamente involucradas, pero también se expresó en la continuidad de la inacción estatal frente a esas otras muertes silenciosas en el campo que no se investigaron o se enmascararon en conflictos locales. La dimensión represiva y de violencia estatal tuvo una profundización cuantitativa y cualitativa en la construcción de un “enemigo interno”, personificado principalmente en la figura del pueblo Mapuche y de los activistas ambientales que se oponían, según las argumentaciones oficiales, de forma “irracional” a los modelos de desarrollo del país.

En los contextos rurales, el avance del modelo extractivo (agronegocios, hidrocarburos, megaminería) ha sido la principal causa de los conflictos. Sin embargo, es importante resaltar que también se registraron casos en donde la conflictividad parte de los intentos de las comunidades por construir alternativas en los territorios. Las recuperaciones llevadas adelante por los pueblos indígenas son un claro ejemplo de ellas, pero también podemos incluir en esta dinámica las acciones de los colectivos socioambientales en contra de proyectos de gran escala que aún no se materializaron. En esta dinámica la presencia de organizaciones sociales que han acumulado un denso aprendizaje a lo largo de las últimas décadas ha fortalecido el carácter proactivo de estas acciones colectivas (Percíncula et al., 2011).

Asimismo, la particular configuración institucional argentina que distribuye el poder político y el control de los recursos naturales entre diversas instancias del Estado podría explicar la concentración de los esfuerzos organizativos y propositivos de las organizaciones en el plano local en detrimento de alcanzar grandes articulaciones o movilizaciones a nivel nacional. Como excepción que confirma la regla, algunas organizaciones campesinas vinculadas a la provisión de alimentos frescos fortalecieron su presencia nacional y su visibilidad en los medios hegemónicos. Uno de los elementos explicativos que encontramos al respecto fue la capacidad que ellas tuvieron para acercar a productores y consumidores en un contexto marcado por la retracción económica y los altos índices de inflación, proveyendo de alimento fresco, barato, y en algunos casos agroecológico, a sectores más amplios de la sociedad.

Por parte de las asambleas contra la megaminería parecieron registrarse menores niveles de visibilización de la conflictividad a nivel nacional, con excepción de los acontecimientos vinculados a los derrames en el proyecto Veladero. Asimismo, en aquellos territorios que se consolidaron como paradigmas de la resistencia frente a la megaminería (por ejemplo Chubut, La Rioja o Jáchal), los colectivos mantuvieron diversas acciones de resistencia y ensayaron nuevas estrategias de nacionalización de los conflictos. Asimismo, su principal espacio de articulación desde abajo sigue vigente, las asambleas de la UAC, y desde allí es posible que puedan seguir construyendo redes y espacios de intercambio de experiencias y solidaridad a nivel nacional y regional.

Por último, el proceso más novedoso ha sido la creciente visibilización de las organizaciones socioambientales de los denominados “pueblos fumigados” de las zonas núcleo del agronegocio. La actividad, cuyos índices muestran mayor extensión y una respuesta más rápida a las medidas favorables tomadas por el gobierno de Cambiemos, tuvo que enfrentar una creciente crítica en torno a las fumigaciones y sus impactos negativos sobre la salud y el medio ambiente. Las mismas interpelaron la hegemonía que el agronegocio parecía haber construido en sus territorios de actuación original, es decir, en la pampa húmeda.

Queda como interrogante saber qué sucederá con esta construcción de discurso, pero también de políticas de seguridad criminalizadoras de la protesta social, en torno a las disputas territoriales y los bienes comunes por parte del gobierno de Alberto Fernández, electo a finales de 2019. De todas formas no se esperan cambios sustanciales en el modelo extractivo que los gobiernos anteriores asumieron, más aún cuando en su campaña electoral los líderes de la alianza del Frente de Todos anunciaron que el agronegocio, la megaminería “sustentable” y los hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta eran elementos claves para solucionar la profunda crisis económica y social en la que se encuentra el país tras cuatro años del gobierno de Mauricio Macri.

En el marco de la pandemia del Covid-19, el agronegocio y otras actividades extractivas continuaron desarrollándose, aunque, por las condiciones de aislamiento social, los conflictos y protestas fueron menores que en años anteriores. Con el paulatino retorno a la nueva “normalidad” post pandémica se podrá analizar el rol del gobierno de Fernández en estos escenarios de disputa territorial. De este modo, el devenir de estos conflictos dependerá de la capacidad de agencia y resistencia, así como de la conformación de alianzas que puedan lograr los diferentes movimientos sociales rurales que habitan y practican cotidianamente estos territorios en disputa.

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• WAHREN, J. Argentina. In: BAUTISTA DURÁN, R. et al. (coord.). Informe 2017: acceso a la tierra y el territorio en Sudamérica. La Paz: Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, 2018. p. 46-66.

• 1
  Datos de elaboración propia a partir de información de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• 2
  Datos de elaboración propia a partir de información de las Series trimestrales desestacionalizadas de oferta y demanda globales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
• 3
  Los mismos fueron financiados con los proyectos UBACyT 20020150200006BA (Universidad de Buenos Aires, Argentina), PICT 2014-3343 y PICT 2016-3718 (Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Argentina) y FONDECYT Posdoctorado nº 3190153 (Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, Chile).
• 4
  Todos los datos de este párrafo son de elaboración propia a partir de información del Ministerio de Economía de la República Argentina (http://bit.ly/3bPx75R) y de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén (http://bit.ly/2OHioRw).
• 5
  Los mismos pueden consultarse en http://datosestimaciones.magyp.gob.ar/
• 6
  Esta ley (sancionada en 2006 por 4 años, pero prorrogada ya 3 veces) declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras indígenas, suspende provisionalmente los desalojos e instrumenta los relevamientos técnico-jurídico-catastrales para el reconocimiento y posterior titulación de las tierras.
• 7
  Datos de elaboración propia a partir de “Exportaciones por complejos exportadores. Revisión 2018. Años 2017-2020” provistas por el INDEC (https://bit.ly/3vM2jL1).

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  25 Jun 2021
• Fecha del número
  2021

Histórico

• Recibido
  13 Feb 2021
• Acepto
  12 Abr 2021