Una Aproximación Teórica sobre la Educación Inclusiva en Honduras: Avances, Obstáculos y Desafíos²

RESUMEN

El siguiente artículo teórico-reflexivo tiene como objetivo analizar el panorama actual de la educación inclusiva en el sistema educativo de Honduras. La base del análisis es de tipo documental. Las fuentes revisadas son diferentes leyes nacionales, artículos e informes que permitieron evidenciar sus avances, obstáculos y desafíos. Los resultados muestran que existen múltiples elementos reguladores para favorecer el derecho a la enseñanza. Sin embargo, las diversas normativas no plantean los mecanismos específicos para atender a colectivos en condición de vulnerabilidad, ya que se considera únicamente a los estudiantes en situación de discapacidad. Por esta razón, se demanda la aprobación de políticas públicas con enfoque inclusivo para solventar vacíos legales y eliminar la brecha de exclusión en la sociedad.

PALABRAS CLAVE:
Acceso a la educación; Honduras; Igualdad de oportunidades; Justicia; Práctica pedagógica

1 Introducción

América Latina es un contexto que se caracteriza por contar con sociedades que presentan altos índices de pobreza y desigualdad, lo que produce exclusión (Blanco, 2006). De igual forma, las políticas neoliberales implementadas en la enseñanza latinoamericana han perjudicado los sistemas educativos en todos sus niveles (Olmos, Romo, & Arias, 2016). En este panorama se encuentra Honduras, una nación multicultural ubicada en Centroamérica, con una extensión territorial de 112,492 km2 y con aproximadamente 9 millones de habitantes. Se divide políticamente en 18 departamentos, donde el 54% de la población reside en el área rural. La pobreza alcanza el 65.7% de la cual el 42.5% corresponde a pobreza extrema (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2018; Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, 2017). El país es uno de los más desiguales de la región centroamericana y el mundo (Alas & Moncada, 2010; Díaz, 2018), superado únicamente por algunas naciones del continente africano (Justo, 2016).

Actualmente Honduras se enfrenta a diferentes conflictos políticos, económicos y sociales, pues en el año 2017 se estableció un régimen cuestionado por la mayoría de la población, ya que a través de una reelección inconstitucional mediante un fallo judicial logró instaurarse en otro período presidencial (Sandoval, 2016). Sumado a ello, la inseguridad, impunidad y las constantes violaciones a los derechos humanos (Asociación Para Una Vida Mejor de Personas Infectadas/Afectadas por el VIH-SIDA, 2015). Producto de esto, miles de hondureños han abandonado el país en un éxodo masivo con destino a Estados Unidos y a otras naciones vecinas, con la esperanza de encontrar un futuro distinto (Moreno, 2018).

Referente al sistema educativo nacional, este se estructura en los niveles Pre Básico, Básico, Medio y Superior. Los tres primeros están a cargo de la Secretaría de Educación. En cambio, la enseñanza universitaria es responsabilidad directa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En busca de implementar la educación inclusiva, en los últimos años se han aprobado diversas leyes (Asociación Canadiense para la vida comunitaria, 2014). Como parte de dicha reforma se aprobó la Ley Fundamental de Educación, donde se establece garantizar el derecho humano a la educación de la niñez hondureña sin ningún tipo de discriminación (Decreto nº 262-2011, 2012).

El presente artículo teórico- reflexivo tiene como propósito analizar el panorama actual de la educación inclusiva en Honduras. Se organiza en cinco secciones. Primero, se revisan algunas concepciones sobre la educación inclusiva. Segundo, se detallan las declaraciones internacionales. Tercero, se especifica el marco legal de la educación inclusiva hondureña. En cuarto lugar, se analiza la formación del profesorado para potenciar dicho enfoque y posteriormente, se identifican los avances, obstáculos y desafíos en la implementación de la misma. El análisis permitirá identificar algunos vacíos teóricos, con el fin de desarrollar las conclusiones de este trabajo.

2 La educación inclusiva: una breve perspectiva

A nivel mundial la educación inclusiva se ha transformado en una temática de interés, específicamente en el marco de las políticas públicas en la enseñanza, dado que existe la necesidad de crear mecanismos para generar el acceso a los sistemas educativos de los colectivos que han sido marginados históricamente, por ejemplo: los seres humanos en condición de pobreza, pueblos indígenas, desplazados y personas en situación de discapacidad (Fajardo, 2017). Al respecto, está protagoniza un nuevo papel en la educación hondureña actual, puesto que dicha concepción actualmente se encuentra presente en todas las normativas internacionales (Camilloni, 2008).

La educación inclusiva es un proceso de respuesta a la diversidad de necesidades de todo el estudiantado mediante la participación en la enseñanza-aprendizaje, las culturas y los colectivos a través de la disminución de la exclusión en la educación (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2003). Es tolerancia, respeto y solidaridad para aceptar a las personas sin importar sus condiciones, sin generar diferencias, ser paternalista, ni rechazar a otros por sus demandas, características, intereses, capacidades y limitaciones (Soto, 2003).

El enfoque de educación inclusiva tiene fundamento en los principios de mejora de la enseñanza y la sociedad. Se vincula directamente con la participación democrática en los espacios educativos. Se relaciona con todo el estudiantado, mediante la ejecución de actividades innovadoras que contribuyen al aprendizaje y la cooperación de estos, el profesorado, los equipos directivos, las familias, y todos los integrantes de la comunidad educativa que forman parte de las instituciones en sus distintos niveles (Booth & Ainscow, 2015).

Aunque en la actualidad la educación inclusiva abarca a todo el estudiantado. Sin embargo, este enfoque tiene sus inicios en la educación especial, en donde diferentes iniciativas de legislación internacional apostaron por el mismo para evitar la estigmatización hacia los educandos en situación de discapacidad (Tomé & Manzano, 2017). Además, está orientada en torno a la valoración de la diversidad como un mecanismo que posibilita el proceso de enseñanza-aprendizaje y favorece el desarrollo humano. Dicho planteamiento, resulta mucho más amplio que el de integración educativa e inicia con una suposición diferente, debido a que se relaciona con la formación regular y los centros educativos (Parra, 2010).

Desde esta perspectiva la educación inclusiva consiste en la participación y el aprendizaje de todo el estudiantado en sus comunidades, sin distinción de capacidades o discapacidades. En ese sentido, es fundamental mejorar la calidad educativa y garantizar los derechos humanos de los niños y niñas que forman parte de la sociedad hondureña (Secretaría de Educación de Honduras, 2014a).

Para García (2006), la educación inclusiva tiene su origen en la enseñanza regular. Por tanto, debe promover una relación recíproca en todo el personal docente. En el caso de la educación especial el autor afirma que el profesional que se desempeña en la educación regular como el de diferencial, tendrán que mantener una cohesión en su accionar pedagógico con el fin de lograr los objetivos planteados por los centros de educativos. Según Figueroa-Céspedes, Soto Cárcamo y Yáñez-Urbina (2019, p. 1), la educación inclusiva “implica un proceso transformacional profundo, el cual busca conectar principios y valores con la práctica pedagógica a través de una acción consciente, capaz de proponer innovaciones y transformaciones locales”.

En realidad, la educación inclusiva surge como un medio de lucha para combatir la exclusión social y la discriminación de origen étnico, religioso, de género y económico que sufren actualmente diferentes personas en todo el planeta (Arnaiz, 2012; Arnaiz, 2003a). También, intenta modificar las instituciones educativas y sus entornos, con el fin de garantizar una enseñanza de calidad, con énfasis en las oportunidades y sin segregaciones (Castillo-Briceño, 2015). Por tanto, es vital formar al profesorado bajo un enfoque de justicia social para abordar a dichos colectivos que participan en el sistema educacional (Silva-Peña, Diniz-Pereira, & Zeichner, 2017; Silva-Peña & Paz-Maldonado, 2019).

Entender esta concepción desde múltiples perspectivas posibilita avances en la comprensión del fenómeno educativo al tomar en consideración las diversas formas de aprendizaje de los/as estudiantes en los diferentes niveles del sistema educacional (Infante, 2010). Según González González (2008), la educación inclusiva alcanza a todo el estudiantado y trata de no excluir a nadie de la formación a la que tienen derecho por razones de justicia y participación.

La educación inclusiva surge con el propósito de erradicar las diversas formas de opresión existentes y de luchar por conseguir un sistema educativo para todos, que se fundamente mediante los principios de igualdad, participación y evite la discriminación, en el marco de una sociedad verdaderamente democrática (Arnaiz, 2003b).

3 Las declaraciones internacionales referente a la educación inclusiva

En el año 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el propósito de que todas las naciones se esfuercen, para que las personas y las instituciones promuevan, a través de la educación el respeto a estos derechos humanos y libertades, para asegurar las medidas de desarrollo a nivel nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación efectiva, entre los pueblos de los países miembros como entre los territorios bajo su jurisdicción (Organización de las Naciones Unidas, 1948).

En 1978 se generó el informe Warnock con el objetivo de brindar conceptos claves como educación especial y necesidades educativas especiales. Además, se inspiró en el modelo de educación especial de España. Por otra parte, constituyó un gran aporte en la programación dirigida a educandos con necesidades especiales, dado que estos eran clasificados de acuerdo con sus deficiencias y no a sus demandas. Por tanto, se recomendó la abolición de las clasificaciones legales de los estudiantes denominados deficientes (Aguilar Montero, 1991).

Por otro lado, la conferencia de Jomtien desarrollada en 1990 ha representado un elemento fundamental en el debate internacional sobre la importancia de la educación en la política de desarrollo humano, con relación a brindar una enseñanza primaria universal y disminuir el analfabetismo en los adultos. Constituye una responsabilidad mundial, garantizar que las necesidades de todos los niños, niñas, jóvenes y personas adultas, logren satisfacerse en todas las naciones (UNESCO, 1990).

De igual forma, en 1994 surge la Declaración de Salamanca con la finalidad de promover el objetivo de la educación para todos analizando los cambios requeridos para impulsar el enfoque de la educación inclusiva. También, busca reconocer las necesidades de accionar con el propósito de construir instituciones que sean incluyentes, celebren las diferencias, respalden el aprendizaje y respondan a las demandas de los educandos (UNESCO, 1994).

Finalmente, en el año 2000 se llevó a cabo el Foro Mundial sobre la Educación Dakar. Este trató acerca del derecho fundamental de la educación, expuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. La finalidad del mismo fue construir una estrategia con el propósito de transformar la visión de educación para todos en una realidad (UNESCO, 2000a).

4 El marco legal relacionado con la educación inclusiva en Honduras

La Constitución Política de la República de Honduras data del año 1982. En su artículo n° 60 establece que todas las personas poseen los mismos derechos sin discriminación alguna por razones de raza, sexo, color, religión, posición social o cualquier otra condición. Busca asegurar la libertad y la justicia que tiene como base el reconocimiento pleno de la dignidad humana y la igualdad de derechos y condiciones para toda la sociedad. En el artículo n°123 se afirma que los niños y niñas tienen derecho a la seguridad social y a la educación (Decreto nº 131, 1982).

En el Capítulo VIII de la Educación y Cultura, en los artículos n°151 al n°177 se indican diferentes obligaciones del Estado para potenciar el sistema educativo hondureño. En el artículo n°151 se expone la función esencial del Estado; la educación es laica y se fundamentará en los principios esenciales de la democracia, inculcando profundos sentimientos hondureñistas y se vinculará directamente con el proceso de desarrollo económico y social del país. Luego, en el artículo n°153 se establece la obligación del Estado con la enseñanza en sus diversos niveles (Decreto nº 131, 1982).

A propósito, algunos artículos se refieren de forma breve a las obligaciones del Estado con los grupos vulnerables. Por ejemplo, en el artículo n° 169 se establece que este sostendrá y fomentará la educación de los minusválidos. Es preciso señalar que la carta magna tiene su origen en el año 1982, donde aún se utilizaba terminología de carácter peyorativa. Referente a los pueblos indígenas y afrodescendientes, en el artículo n° 173 se afirma que el Estado preservará y estimulará las culturas nativas, así como las genuinas expresiones del folclore nacional, el arte popular y las artesanías. En el artículo n° 346, se declara la obligación del Estado en dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas existentes en el país, especialmente de las tierras y bosques donde estuvieren asentadas (Decreto nº 131, 1982). Sin embargo, estas disposiciones no se cumplen a cabalidad, puesto que se demanda una política educacional coherente y que considere a todos los colectivos sociales, no solo a los más visibles. Asimismo, que brinde cobertura en los distintos niveles del sistema educativo hondureño.

En el año 2005 surge la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad mediante Decreto 160-2005. Este elemento normativo tiene como propósito garantizar plenamente a los individuos en dicha situación el disfrute de sus derechos, promover y proveer con equidad su desarrollo integral dentro de la sociedad hondureña (Decreto nº 160-2005, 2005).

En el ámbito formativo, busca asegurar el acceso a la formación en todos sus niveles y modalidades para las personas en esta condición. Las instituciones educativas, permitirán la inserción de estos educandos en el sistema educativo regular. Previo al inicio del período académico, cada establecimiento con el apoyo de los padres de familia tendrá la obligación de brindar las ayudas referentes a metodologías de enseñanza-aprendizaje y el entorno físico. Otro dato relevante, es que dicha ley en su artículo n° 22 menciona que la educación dirigida a dicho estudiantado será de calidad, se impartirá en las mismas modalidades de horario que los estudiantes regulares y en el centro más cercano al lugar de residencia. Este es uno de los grandes avances en materia legal que se ha realizado referente a los seres humanos en situación de discapacidad en Honduras (Decreto nº 160-2005, 2005).

Por otro lado, la Ley Fundamental de Educación a partir del año 2011 sustituye a la Ley Orgánica de Educación de 1966. Su objetivo es respaldar el derecho humano a la educación, estableciendo principios, garantías, fines y lineamientos para organizar la enseñanza en todo el territorio nacional. De igual forma, reconoce al estudiantado como actor principal y afirma que el fin primordial de la educación es el desarrollo al máximo de sus potencialidades y su personalidad (Decreto nº 262-2011, 2012).

En su artículo n° 7 describe la gratuidad de la educación en los establecimientos oficiales. Además, en el artículo n° 9 manifiesta la obligación del Estado de ofrecer a todas las personas en edad escolar o no la oportunidad de acceder al Sistema de Educación Nacional. Con referencia a la educación inclusiva en el capítulo III artículo n° 13, se definen los conceptos de equidad e inclusión como la igualdad de oportunidades para ingresar a los centros educativos sin discriminación y con énfasis en la atención a las necesidades educativas especiales, diversidad cultural, lingüística, social e individual como aspectos centrales en el desarrollo humano (Decreto nº 262-2011, 2012).

En lo relativo a, la multiculturalidad e interculturalidad especifica que es el reconocimiento, respeto y estimulación de las distintas particularidades e identidades culturales y étnicas del país, diversidad lingüística, sus prácticas y costumbres. De esta forma, asume la diversidad como un elemento enriquecedor para la integración del conocimiento y la convivencia de los pueblos que forman parte de la sociedad hondureña (Decreto nº 262-2011, 2012).

El Reglamento General de la Ley Fundamental de Educación regula las disposiciones de dicha normativa. Asimismo, establece que los educandos son los principales protagonistas del proceso educativo en los niveles Pre Básico, Básico y Medio (Acuerdo Ejecutivo nº 1358-SE-2014, 2014).

Por otra parte, El Reglamento de Educación Inclusiva para Personas con Discapacidad, Necesidades Educativas Especiales y Talentos Excepcionales (Acuerdo Ejecutivo nº 1365-SE-2014, 2014) tiene como finalidad, regular la inclusión y participación en el proceso educativo de las personas en situación de discapacidad, necesidades educativas especiales y talentos excepcionales en los niveles Pre Básico, Básico, Medio y Superior no Universitaria. De acuerdo con este, se entiende en el artículo n° 3 la educación inclusiva como:

Un proceso que garantiza una educación para todos los educandos. Se basa en la valoración de la diversidad como elemento enriquecedor del proceso de aprendizaje. Promueve que todos los niños y jóvenes de una comunidad aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales; implica desarrollar los aprendizajes de los educandos dentro del proceso regular de educación en los diferentes niveles e involucra no solo la presencia física de los educandos con discapacidad, en los centros educativos regulares, sino también su entera participación en la vida de las comunidades escolares y la realización de su propio potencial. (Acuerdo Ejecutivo nº 1365-SE-2014, 2014, p. 89).

Con respecto a, las Necesidades Educativas Especiales, se definen como “dificultades de mayor o menor grado que enfrentan los educandos, para acceder y progresar en los aprendizajes establecidos en el Currículo Nacional Básico, por la causa que fuera, no necesariamente por una discapacidad” (Acuerdo Ejecutivo nº 1365-SE-2014, 2014, p. 90).

A propósito, de Talentos Excepcionales se especifican como:

Capacidad global que le permite al educando obtener resultados superiores a la media, en pruebas que miden la capacidad intelectual y los conocimientos generales o un desempeño superior y precoz en un área específica. Las Capacidades Excepcionales son una consecuencia de la interacción entre los procesos cognitivos y las habilidades específicas. Cada habilidad tendrá un proceso de desarrollo específico y el sujeto con Capacidades o Talentos Excepcionales presentará desempeños superiores en una o varias de ellas. (Acuerdo Ejecutivo nº 1365-SE-2014, 2014, p. 90).

En el capítulo III artículo n° 18 se refiere a las adecuaciones curriculares como elementos primordiales para asegurar el derecho a la enseñanza de calidad. También, las relaciona directamente con los ajustes requeridos a las expectativas de logro, resultados de aprendizaje, contenidos, metodologías y formas de evaluación. Por otra parte, en el Título III artículo N°28 se declara como responsables de velar por el cumplimiento del derecho a la educación inclusiva a la familia, las organizaciones de sociedad civil y a la comunidad en general (Acuerdo Ejecutivo nº 1365-SE-2014, 2014).

La Ley para el Desarrollo de la Educación Alternativa no Formal (Decreto nº 313-98, 1999) tiene como propósito satisfacer en forma suplementaria las necesidades básicas de educación, formación y capacitación en el ámbito laboral dirigida a niños, niñas, jóvenes y adultos excluidos o sin atención en el sistema formal de enseñanza. Asimismo, busca prestar servicios educativos que contribuyan a optimizar potencialidades de todos los sujetos, ofrecer una alfabetización y educación terminal acelerada, brindar preparación ocupacional, colaborar en la difusión de la cultura e integrar los valores cívicos, y morales para asegurar el respeto de los derechos humanos (Decreto nº 313- 98, 1999).

Otro de los insumos referentes al marco legal de la educación hondureña es la Ley de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad y Equidad de la Educación (Decreto nº 265-2013, 2014). En el artículo n°3 de esta ley se mencionan los elementos centrales para brindar una educación de calidad, entre ellos; la equidad, valoración de la diversidad, responsabilidad social, evitar la discriminación, fomentar la participación de los distintos sectores comunitarios, el respeto, la colaboración y la promoción del pensamiento crítico. En el artículo n° 4 se describen los lineamientos generales de la equidad educativa; el acceso sin importar la condición sociocultural y étnica de los educandos, priorizar a los niños y niñas en riesgo de ser marginados del centro educativo, respetar las características individuales del estudiantado y la aplicación de una política de inclusión que se integre con otras políticas nacionales (Decreto nº 265-2013, 2014).

También, el Código de la Niñez y la Adolescencia (Decreto nº 73-96, 1996) en el artículo n° 2 declara como propósito la protección integral de la niñez. Seguidamente, en el artículo n° 11 describe los derechos esenciales de los niños y las niñas. El artículo n° 35 expone que deberán acceder a la educación, la que será organizada por el Estado. Además, el artículo n° 36 manifiesta que el derecho a la educación incluye el tener acceso a la formación de calidad de acuerdo con las necesidades de la persona y la sociedad. Por otra parte, en los artículos n°107 al n° 113 se establecen los derechos, apoyos y programas que garantizarán el desarrollo de las niñas y niños en situación de discapacidad (Decreto nº 73-96, 1996).

La Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud (Decreto nº 260-2005, 2006) tiene como finalidad establecer el marco jurídico, político e institucional para la promoción del desarrollo de los jóvenes en toda la nación. En el artículo n° 13 se especifican los derechos de la juventud, entre ellos sobresale el respeto de las ideas y prácticas culturales de los que pertenecen a diferentes grupos étnicos. Asimismo, el tipo de trato que deberán recibir los que se encuentran en condición de vulnerabilidad o riesgo social (Decreto nº 260-2005, 2006).

Finalmente, la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (Decreto nº 34-2000, 2000) en el artículo n° 1 expresa que en Honduras todos los hombres y mujeres nacen en condiciones de igualdad de derechos. En su artículo n° 2 declara el propósito de la normativa para evitar toda forma de exclusión en contra de la mujer hondureña. Por último, los artículos n° 27, n° 28 y n° 31 enfatizan en el acceso a la educación por parte de las féminas, la garantía del Estado para respaldar la formación igualitaria de las mismas y la eliminación de la discriminación de género (Decreto nº 34-2000, 2000).

5 Formación del profesorado hondureño para propiciar la educación inclusiva

El profesorado, tiene como tarea esencial generar cambios significativos en las prácticas pedagógicas. Al respecto de la educación inclusiva y la atención a la diversidad, los educadores deben respetar las diferencias del estudiantado y promover la tolerancia en el entorno de aprendizaje. Por tanto, es vital la formación docente, para entender y atender la heterogeneidad en la realidad educativa compleja donde se desempeña actualmente (Paz-Maldonado, 2018a).

En cuanto al ejercicio docente, la Constitución Política de la República en el artículo n° 162 explica la función social y humana de la docencia, y determina las responsabilidades de los educadores. De igual forma, en el artículo n° 163 afirma que la formación del profesorado es responsabilidad exclusiva del Estado. También, declara el concepto de lo que significa ser profesor y lo relaciona con administración, organización, dirección, supervisión y desarrollo de la labor educativa (Decreto nº 131, 1982).

En su artículo n° 165 garantiza la estabilidad laboral de los profesionales de la educación y justifica la emisión del Estatuto del Docente hondureño. En todo caso, este estatuto está dirigido a los profesores de los niveles Pre Básico, Básico y Medio, ya que la enseñanza superior está a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y tiene su propia normativa (Decreto nº 131, 1982).

Por otro lado, en la Ley Fundamental de Educación, en los artículos n° 66 y n° 67 se menciona quienes podrán desempeñarse en la carrera docente y cuál será el rol del educador. Se reconoce el ingreso al ejercicio educativo a toda persona que posea un título profesional de docencia en el grado de licenciatura a fin con el ámbito de la educación. En efecto, el rol de los profesores se orienta a un papel dinámico de facilitadores, promotores, orientadores, innovadores e investigadores educativos. Igualmente, debe proyectar su conocimiento al actuar constantemente en la vinculación con las comunidades para fortalecer el desarrollo local, regional y de país (Decreto nº 262-2011, 2012).

De igual forma, en el artículo n° 68 enfatiza sobre la formación inicial del profesorado, la cual se define como un proceso que acredita a una persona para desempeñarse en alguno de los niveles del sistema educativo y los que deben someterse previo a concurso para optar por un puesto de carácter público. En el artículo n° 70 describe la formación permanente como un conjunto de procesos coherentes para brindar continuidad a la formación inicial. También, en el artículo n° 72 manifiesta que la formación permanente es un derecho y obligación de los docentes para mejorar las prácticas educativas y así poder aspirar a incentivos de diversa índole (Decreto nº 262-2011, 2012).

A propósito, del Reglamento de Formación Inicial Docente, en el capítulo III artículo N°23 declara que los formadores de docentes deberán aceptar y valorar las formas de aprender e interactuar de sus educandos, respetando sus diversidades culturales (Acuerdo Ejecutivo nº 1364-SE-2014, 2014).

Con referencia al Reglamento de Educación Inclusiva para Personas con Discapacidad, Necesidades Educativas Especiales y Talentos Excepcionales, en el capítulo IV artículo n° 23 afirma que en la formación inicial del profesorado se incluirá mediante un plan estructurado el enfoque basado en Derechos Humanos y Desarrollo Inclusivo para garantizar la inclusión en el sistema educativo hondureño. También, en esta misma ordenanza se plantean los Centros de Recursos para la Inclusión, como espacios de servicio para ofrecer atención especializada a dichos educandos (Acuerdo Ejecutivo nº 1365-SE-2014, 2014).

Referente al ejercicio docente en busca de generar una educación inclusiva Paz-Maldonado (2018b) afirma:

Comprender la concepción de la diversidad desde una perspectiva donde las diferencias de los estudiantes posibiliten la construcción de un entorno educativo inclusivo es un desafío para los docentes. Por esta razón, el profesorado debe analizar este paradigma según los elementos socioculturales del estudiantado que participa en la enseñanza para evitar todo tipo de discriminación en su accionar pedagógico. (p. 26-27).

Ante esta situación, el profesorado debe recibir capacitación en materia de educación inclusiva con el objetivo de generar espacios áulicos democráticos y participativos. Los programas de formación docente son un mecanismo que contribuirá a que los/as profesores que se prepararon o no en la disciplina educativa, puedan obtener conocimientos específicos para atender a la diversidad de colectivos que forman parte de los procesos de enseñanza hoy en día (Paz-Maldonado, 2018a).

Finalmente, el desarrollo de competencias docentes para atender a la diversidad constituye un elemento determinante para impulsar la educación inclusiva, entre estas sobresalen: planificar el proceso educativo con base en las necesidades de los educandos, implementar metodologías que promuevan el respeto, cooperativismo y eviten la discriminación, evaluar de acuerdo con las condiciones de cada estudiante, capacidad comunicativa, efectuar innovaciones tecnológicas, renovar constantemente la práctica pedagógica, considerar las diferencias del estudiantado, conciencia y sensibilidad social, promover la participación de los estudiantes en los distintos espacios de aprendizaje y pensamiento crítico y reflexivo (Paz-Maldonado, 2018c; Paz-Maldonado, 2019). De igual forma, es esencial que el profesorado desarrolle capacidades que contribuyan con la disminución de la violencia en entornos de alta vulnerabilidad (Paz-Maldonado & Díaz-Pérez, 2019).

6 Avances, obstáculos y desafíos de la Educación Inclusiva en Honduras

El progreso acerca de esta materia en la enseñanza de Honduras ha sido demasiado lento. En la legislación hondureña, uno de los mayores avances es la aprobación de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, y el Reglamento de Educación Inclusiva para Personas con Discapacidad, Necesidades Educativas Especiales, y Talentos Excepcionales. De igual forma, se instauró el Observatorio Regional de Educación Inclusiva por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Además, se ha logrado avanzar en el marco de acción del Foro Dakar (UNESCO, 2000b). La Secretaría de Educación ha firmado diferentes convenios con instituciones nacionales y extranjeras, con el propósito de buscar ofrecer una educación inclusiva que evite todo tipo de discriminación en los establecimientos educativos. Asimismo, se ha intentado alcanzar la inclusión de género ya que el número de niñas que acceden actualmente es del 51% (Mendoza, 2015). Referente al nivel universitario en el año 2016 el 56% de la población estudiantil matriculada en los centros públicos y privados fueron mujeres (Dirección de Educación Superior de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 2017).

Según la Secretaría de Educación de Honduras (2014b) se ha universalizado la cobertura y mejorado la calidad educativa. Otro aspecto, es la gobernabilidad del sistema educativo. Sumado a ello el cumplimiento de los 200 días de clase y la evaluación del rendimiento docente. También, el 2014, se denominó como año de la inclusión educativa y se presentó el proyecto con intenciones de atender a los estudiantes en situación de discapacidad que forman parte de la enseñanza hondureña (El Heraldo, 2014). En el 2017 se capacitó a unos 5 mil docentes con la finalidad de impulsar una educación inclusiva en los espacios de aprendizaje (Secretaría de Educación de Honduras, 2017).

Referente a los obstáculos la Federación Nacional de Padres de Personas con Discapacidad en Honduras (2015) en su informe sobre la situación actual de la educación inclusiva en Honduras, sostiene que el país cuenta con una abundante normativa que demanda el cumplimiento del derecho a la educación, dando respuesta a los tratados internacionales y a las demandas de la sociedad civil. No obstante, la terminología utilizada propone la integración y no la inclusión. Por consiguiente, ese fallo conceptual dificulta implementar la educación inclusiva. De igual forma, el Plan Maestro de Infraestructura Educativa no exige la accesibilidad para todos; la formación inicial y permanente del profesorado no prepara con el fin de desarrollar la educación inclusiva como modelo de enseñanza. A pesar de que las normas del contexto hondureño respaldan el derecho universal a la educación, no mencionan de manera precisa la educación inclusiva. Por otra parte, este mismo documento expone como carencia de la legislación hondureña la convalidación de preceptos en las diferentes leyes referentes a la educación inclusiva. Debido a que de acuerdo con la ley que se haga referencia, podrá variar la concepción de la misma y el modo de alcanzarla.

Esta situación es complicada, pues cuando en un entorno social los mecanismos creados para garantizar la protección de los seres humanos no garantizan el respeto de los derechos básicos de estos, se produce exclusión (Martínez, Alonso, Martínez, & Alonso, 2018).

La Asociación Canadiense para la vida comunitaria (2014) afirma que existen diferentes dificultades que contribuyen a generar la educación inclusiva en Honduras, entre ellas; la falta de políticas, la inexistencia de estrategias de atención integral, desarticulación interinstitucional e intersectorial, restringida claridad con respecto al proceso de educación inclusiva, ya que está más dirigido a estudiantes en situación de discapacidad, carente desarrollo investigativo para propiciar incidencia en la mejora de los procesos inclusivos, participación escasa o aislada de las familias en el sistema educativo, poca sensibilidad por parte de la comunidad educativa, débil formación del profesorado para implementar dicho enfoque en las prácticas pedagógicas, excesivo número de educandos atendidos por aula en los espacios de aprendizaje, déficit de recurso humano con altas competencias y la limitada apertura de especialidades en las universidades sobre esta materia.

Por otro lado, Malta (2014) señala que las decisiones realizadas por los entes gubernamentales han sido apresuradas con la aprobación de la Ley Fundamental de Educación. De igual forma, afirma que no es lo mismo la inclusión educativa y la educación inclusiva. Debido a que la educación inclusiva tiene como apoyo a la educación para acceder a bienes económicos, sociales, culturales, ambientales y políticos. Concluye que las leyes solo son un insumo y que los grandes cambios se producen con la replantación de ideas de los diferentes sujetos que participan en el contexto educativo.

La Asociación Civil Educación para Todos (2010) manifiesta que otra de las dificultades para implementar la educación inclusiva es la existente situación de inequidad en el acceso, permanencia y progresión en el sistema educativo hondureño. Lo que constituye un factor de exclusión en la enseñanza de todo el país. Sumado a ello las disparidades de género, zona de ubicación de los centros educativos, tipo de administración de las instituciones y la modalidad de los mismos. En el caso del nivel universitario de carácter público existen semejantes obstáculos y esté se ve inmerso constantemente en contradicciones, amenazas, conflictos y crisis (Calderón, 2011).

En la formación de las/os docentes regulares, no se incluye la atención a la diversidad. Sin embargo, los pocos profesionales que existen en el país con competencias en materia de educación inclusiva se encuentran limitados por la escasez de puestos de trabajo, falta de incentivos y las oportunidades laborales. Al respecto, de la formación permanente del profesorado, esta ha sido desarrollada en mayor parte por las instituciones de educación especial, con apoyo de entes extranjeros y ofreciendo el enfoque sobre atención únicamente a la discapacidad (Asociación Canadiense para la vida comunitaria, 2014).

Con relación a los desafíos en este momento histórico que atraviesa Honduras en la búsqueda de la implementación de una educación inclusiva, se requiere de la creación de políticas públicas que posibiliten brindar atención a todos los colectivos que forman parte de la sociedad hondureña. Por ende, se solicita un modelo que permita no solo ofrecer asistencia, sino que facilite la participación directa de dichos grupos en la toma de decisiones. De igual forma, los centros educativos sin importar el nivel en que se encuentren, deberán incluir en su proyecto educativo, protocolos para atender a este estudiantado. Por lo tanto, la formación del profesorado en esta línea es un segundo elemento que es vital poder desarrollar. En consecuencia, se demandan mecanismos dirigidos a la profesionalización de educadores/as con un enfoque inclusivo. Tal como afirma Payá (2010) que las políticas curriculares de preparación de maestros y los sistemas de apoyo para el desarrollo de la educación inclusiva, son de las acciones más deseables con el propósito de generar cambios sociales.

Para concluir, la seguridad alimentaria, salud y el acceso a la educación como cumplimiento de los derechos humanos de toda la niñez son otros aspectos a considerar en las futuras gestiones para garantizar el enfoque de educación inclusiva (Mendoza, 2015). Asimismo, es necesario avanzar en la reconstrucción de los diferentes centros educativos para posibilitar una enseñanza de calidad, dado que la sociedad hondureña a lo largo del tiempo ha carecido del apoyo por parte del Estado para erradicar los problemas estructurales en dicha materia. Un ejemplo de ello es el departamento de Comayagua donde más de 500 establecimientos se encuentran en condiciones deplorables (Díaz, 2019).

7 Conclusiones

La educación inclusiva apunta a erradicar la exclusión en los sistemas educativos, al valorar las diferencias como elemento fundamental en todo proceso de enseñanza. Desde esta perspectiva es determinante repensar una educación que abarque a todos los colectivos en condición de vulnerabilidad que han sido marginados históricamente. A pesar de que en Honduras existe un amplio sustento legal para impulsar la educación inclusiva, la lógica en que esta se encuentra inmersa, no responde a las necesidades de la mayor parte de educandos. Asimismo, los avances en dicha materia son escasos, puesto que las acciones ejecutadas no han llegado a efectuar cambios profundos en los establecimientos educacionales, sino que estas se han mantenido en un simple discurso. Por ello, se demanda la aprobación de políticas públicas que respalden el desarrollo de este enfoque mediante una nueva visión.

Generar una auténtica educación inclusiva en un contexto hondureño de crisis, desigualdad, violencia y altos niveles de pobreza es un gran desafío. Por ende, solo un profesorado humanista, con un alto espíritu de responsabilidad, justicia social y que sea consciente de su realidad, puede provocar transformaciones en y desde la educación.

La educación inclusiva es un camino, una nueva forma de alcanzar una educación para todos/as. Sin embargo, en Honduras no se ha tomado en consideración lo propuesto en los elementos normativos nacionales e internacionales. En caso contrario, se construye un discurso impregnado de un tinte político partidista que señala como negativa “la diversidad” con el propósito de impulsar medidas asistencialistas hacia aquellos/as que presentan una condición distinta en la sociedad. En consecuencia, a dicha temática no se le ha dado la importancia necesaria en la política educacional y los establecimientos formativos de todos los niveles.

En este documento se defiende una lógica de educación inclusiva que busque democratizar los espacios de aprendizaje, valorar las diferencias e impulsar transformaciones profundas en la enseñanza. Esto posibilitará la construcción de una sociedad más justa, con mayor empatía y tolerancia ante la diversidad. Sin embargo, se debe ser consciente de la situación que atraviesa Honduras en este momento. Una nación con problemas estructurales en materia educativa, dificultades que producen resultados negativos y no permiten el avance de un enfoque inclusivo en la formación de la niñez, adolescencia y juventud.

Las limitaciones de este trabajo estuvieron relacionadas con la escasa información sobre la temática que se encuentra disponible en los sitios de acceso público de todo el país. Además, la poca producción científica existente acerca de la educación inclusiva en Honduras. Por ello, el artículo pretende ser un insumo vital para futuras investigaciones que se pretendan realizar.

• 2
  Agradecimientos al Programa de Financiamiento de Movilidades y Becas Internacionales para el Relevo Docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

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Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  21 Ago 2020
• Fecha del número
  Jul-Sep 2020

Histórico

• Recibido
  17 Abr 2019
• Revisado
  16 Ago 2019
• Acepto
  18 Ago 2019