Para superar el estancamiento económico en México: "nudos críticos" de un proyecto nacional de desarrollo

development; underdevelopment; economic policy; monetary policy; fiscal policy; exchange rate; public debt; internal debt; neoliberalism; economic stagnation

ARTIGOS

Para superar el estancamiento económico en México: "nudos críticos" de un proyecto nacional de desarrollo

Arturo Guillén R.

Profesor - Investigador Titular del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Jefe del Area de Economía Política. Coordinador de la Red Eurolatinoamericana de Estudios para el Desarrollo Celso Furtado www.redcelsofurtado.edu.mx e-mail: [e-mail]

ABSTRACT

This article is devoted to analyze changes in economic policy to be adopted by Mexico if a national development project were implemented. Starting from an evaluation of the main economic and political outcomes of Vicente’s Fox administration, the author proposes an alternative development strategy which permits Mexico to overcome economic stagnation. That strategy would be based in recovering the internal market as the dynamical focus of the economy with the purpose of satisfying basic needs of people. To be successful this strategy should to confront the "critical knots" of the Neo-liberal model: to reverse the uneven distribution of income; abandoning the fixing of restrictive monetary, fiscal and exchange rate policies; and mobilizing economic surplus by means of a profound revision of debt service schemes. It concludes that to implement a national development project it is required a political and economic strategy to dismantle neoliberalism, which is an antinational structure of power.

Key-words: development, underdevelopment, economic policy; monetary policy, fiscal policy; exchange rate, public debt; internal debt, neoliberalism; economic stagnation.

JEL Classification: O11.

"Cae la máscara, la cara asoma, y la tormenta arrecia"

Eduardo Galeano

Se analizan los cambios de la política económica que deben ser adoptados en México para el diseño y puesta en práctica de un proyecto nacional de desarrollo. A partir de una evaluación de los principales resultados económicos y políticos alcanzados durante la administración de Vicente Fox, se propone una estrategia de desarrollo que permita salir del estancamiento económico, basada en retomar el mercado interno como centro dinámico de la economía y orientada a satisfacer la necesidades básicas de la población. Para esa estrategia sea exitosa, es necesario atacar los "nudos críticos" del cambio de modelo económico: corregir la desigual distribución del ingreso; abandonar la aplicación de políticas monetarias y cambiarias restrictivas; y movilizar el excedente económico mediante la revisión de los esquemas de servicio de la deuda. Se concluye que para efectuar los cambios, se requiere de una estrategia para desarmar el andamiaje del neoliberalismo, que es una estructura de poder antinacional.

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este artículo es presentar y analizar algunas propuestas en torno a lo que considero son los aspectos críticos de la política económica, que resulta imperativo cambiar para avanzar en la dirección de un proyecto nacional de desarrollo alternativo, orientado a recuperar un crecimiento alto, estable y equitativo de la economía mexicana.

En el apartado 2 se presenta un breve balance de la administración de Vicente Fox (2000-2006). En el apartado 3 se resumen de los que serían los objetivos y ejes centrales de una estrategia alternativa del desarrollo, los cuales han sido desarrollados por el autor en trabajos previos (Guillén, 2000 y 2006). En el apartado 4 analizo lo que llamo "el nudo crítico del cambio económico", a saber: redistribuir el ingreso hacia los grupos de menores ingresos de la población, como condición del desarrollo económico, y no sólo como consecuencia del mismo; la necesidad de aplicar una política monetaria, fiscal y salarial compatible con un crecimiento económico alto y duradero; y el imperativo de movilizar el excedente económico y de reducir sustancialmente el peso de la deuda externa e interna, y liberar, de esa manera, recursos para la inversión y el gasto social. Finalmente en el 5 se establecen las conclusiones y se expone la necesidad de construir un modelo para desarmar el andamiaje del modelo neoliberal.

EL "CAMBIO" DEL AÑO 2000: CONTINUIDAD DE LA POLÍTICA NEOLIBERAL Y REGRESIÓN DEMOCRÁTICA

México se encamina hacia un nuevo cambio de gobierno el próximo mes de diciembre de 2006. Habrán transcurrido casi dos décadas y media de políticas de ajuste y de reformas neoliberales, desde la crisis de la deuda externa de 1982. El predominio de políticas económicas fundamentalistas de mercado, así como una inserción pasiva y subordinada en los esquemas de integración y de globalización neoliberal, se han traducido en procesos de lento crecimiento económico; escasa absorción de empleo en el sector formal de la economía; crecimiento desbordado de la economía informal y de la migración hacia Estados Unidos; desarticulación del sistema productivo; extranjerización del sistema financiero y desvinculación de éste de las necesidades de financiamiento de las empresas nacionales, sobretodo de las medianas y pequeñas ; mayor vulnerabilidad externa; pérdida de soberanía económica y política; y aumento imparable de la concentración del ingreso, de la pobreza y de la exclusión social.

El gobierno de Vicente Fox ofreció en su campaña electoral un cambio de rumbo: modificar el modelo económico y fortalecer el sistema democrático. Los resultados de la alternancia no habrían podido ser más decepcionantes.

En materia económica, se mantuvo sin cambio la política económica neoliberal (los mismos hombres, los mismos funcionarios, tecnócratas neoliberales del salinismo y del zedillismo, haciendo lo mismo) y se trató de avanzar, en medio de una creciente resistencia de algunos partidos políticos opositores y de la sociedad civil, en la agenda de la reforma neoliberal, con las llamadas reformas de "segunda generación".

Se siguieron aplicando políticas monetarias y fiscales restrictivas de carácter procíclico, cuyo objetivo explícito es controlar la inflación, pero cuyo propósito implícito es favorecer la atracción de flujos externos de capital y complacer al capital financiero internacional; se continuó con una política cambiaria de "flotación administrada" de la moneda, lo que provoca la apreciación persistente del peso mexicano; se mantuvieron los topes salariales y la práctica nociva de fijar los aumentos de salario en función de la inflación esperada y no de la inflación pasada; se ha pretendido, hasta ahora sin éxito, aprobar una reforma laboral, cuyos propósitos son "flexibilizar", es decir, precarizar más el mercado de trabajo cercenando derechos y prestaciones de los trabajadores; se conservó sin cambios la política comercial de apertura externa indiscriminada y sigue sin existir una política industrial digna de ese nombre; se piensa que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no debe revisarse y en su lugar se propuso un TLCAN plus, en el que a cambio de un plan migratorio lejano e insuficiente, se entregue al capital trasnacional, por la vía de la privatización formal, o, paso a paso, por la vía de los hechos, y al margen de la Constitución, el sector energético, además de comprometerse a apoyar la política estadounidense de seguridad fronteriza y de lucha contra el terrorismo; la apertura de la cuenta de capital y del sector financiero se mantiene sin alteraciones: los flujos privados de capital siguen siendo, junto a las remesas de trabajadores en el exterior, el principal mecanismo de financiamiento del desequilibrio externo; y se prosigue un endeudamiento acelerado tanto interno como externo, sin considerarse algún cambio en los esquemas de pago del servicio de la deuda externa, ni una revisión de los onerosos programas de rescate de la banca, carretero, etc.

En materia política y de fortalecimiento de la democracia, el gobierno de la alternancia tiene también poco de que ufanarse. Si bien concluyó la insostenible hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como partido de Estado, existen numerosos retrocesos que amenazan con reducir la democracia a un ejercicio hueco y costoso del voto, mientras se refuerzan las tendencias a la centralización, el endurecimiento y la descomposición del poder.

De manera meramente ilustrativa se podrían citar los siguientes hechos: la utilización del Poder Judicial por el Ejecutivo con fines políticos o represivos; el uso abusivo de los medios masivos de comunicación para mantener la hegemonía del proyecto neoliberal, promover las candidaturas de candidatos funcionales a dicho proyecto, así como para fabricar e implementar escándalos en contra de adversarios políticos; retrocesos en la ciudanización de los órganos electorales; la refuncionalización del movimiento obrero oficial corporativo de acuerdo con las necesidades del bipartidismo (PRI-PAN) neoliberal; la legalización de los fraudes bancarios; el financiamiento ilegal de las precampañas y campañas políticas; el aumento escandaloso de la corrupción pública y privada; el ascenso imparable del narcotráfico y de su vinculación con el poder estatal; la represión de los movimientos sindical y popular en el último tramo del gobierno foxista; y, como cereza del pastel del "cambio", unas elecciones presidenciales en julio de 2006, que carecieron de certeza, objetividad, equidad e imparcialidad, y que han dividido profundamente a la sociedad mexicana. Esos y otros tantos otros signos ominosos que revelan no sólo una regresión democrática, sino un preocupante proceso de descomposición social, política y moral de México.

En corto, el régimen foxista podría ser caracterizado como uno de continuidad del modelo neoliberal, de profundización del estancamiento económico y de regresión democrática.

En el plano económico nada, quizá, resulta más urgente en el momento actual que superar el estancamiento económico y recuperar la capacidad de crecimiento de la economía mexicana y la generación de empleos en el sector formal de la economía. Durante 23 años de experimento neoliberal, el producto interno bruto por habitante creció a una tasa de 0.6% anual, la sexta parte de lo conseguido en la década de los sesenta y setenta, cuando el mismo indicador aumentó 3.5 y 3.8%, respectivamente. Durante la administración de Vicente Fox el PIB creció a una tasa inferior al 2% (menos de 1% en términos percápita) y se sufren todavía, en varios aspectos, los estragos de la crisis de 1994-1995.

Los resultados en materia de empleo son deplorables. Se calcula que para absorber el crecimiento de la fuerza de trabajo se deberían crear alrededor de 1 millón 500 mil empleos anualmente. Sin embargo, el número de plazas creadas anualmente en el sector formal fue de solamente 358 mil en el periodo 1991-2000. En el sexenio foxista la situación empeoró, pues en vez de crearse empleos, se perdieron 830 plazas cada año (cuadro 1). Conservadoramente se podría estimar que el sector formal está constituido por no más de 18 millones de trabajadores, alrededor del 40% de la población económicamente activa (PEA). Mientras tanto se estima que la economía informal ocupa alrededor del 50-60% de la PEA y que emigran cada año entre 400,000 y 500,000 trabajadores a los Estados Unidos (Guillén, 2006 a).

EJES CENTRALES DE UN PROYECTO ALTERNATIVO DE DESARROLLO

La estrategia económica de México reclama cambios de fondo, no sólo de forma. Se requiere de un nuevo proyecto nacional de desarrollo, no meros ajustes al modelo neoliberal vigente, que ha demostrado su incapacidad para asegurar el desarrollo económico del país y resolver los acuciantes problemas sociales.

Los ejes básicos de un nuevo proyecto nacional serían en mi opinión:

• La consecución de una tasa de crecimiento del producto nacional alta y duradera, que permita elevar los niveles de empleo formal, así como reducir sustancialmente el desempleo, el subempleo y la migración internacional de la fuerza de trabajo;

• Revertir el proceso de concentración del ingreso y el deterioro de los ingresos reales, así como eliminar la pobreza;

• La satisfacción de las necesidades básicas de la población;

• La construcción de un sistema productivo y financiero más eficiente y articulado;

• Retomar el mercado interno como el centro dinámico de la economía, sin descuidar la competitividad externa y la importancia de exportar;

• Recuperar los espacios de soberanía política y económica perdidos con la reforma neoliberal;

• Hacer descansar el financiamiento del desarrollo en el ahorro interno, movilizar el excedente económico y reducir el peso del servicio de la deuda externa e interna;

En el centro del proyecto nacional debe estar la idea del desarrollo, la cual se abandonó en las dos "décadas perdidas" del neoliberalismo y de las ilusiones interesadas sobre las virtudes del mercado libre.

El desarrollo es un proceso multidimensional que abarca y atraviesa la economía, la sociedad, la política y la cultura. Por ello, el desarrollo no puede ser alcanzado mediante la acción espontánea y exclusiva del mercado, sino que es el resultado de un proyecto social y político que permita la transformación estructural del sistema productivo, el mejoramiento cualitativo de la sociedad y la preservación de la identidad cultural de la Nación. Los impulsores del Consenso de Washington supusieron que una vez que la reforma neoliberal se implementase, se recuperaría el crecimiento económico y éste "gotearía" hacia el resto del sistema y al conjunto de la población mejorando progresivamente sus condiciones de vida y eliminando gradualmente la pobreza. Los resultados alcanzados demuestran la futilidad de esperar el desarrollo solamente confiando en el mercado, en la apertura indiscriminada de la economía al exterior o en la privatización de las empresas públicas.

El modelo económico tiene que cambiar su eje de la lógica de los medios — es decir, de la acumulación de capital — a la lógica de los fines (Furtado, 1998). El paso de una estrategia de desarrollo basada en la lógica de la acumulación de capital a otra fundada en los fines y en la satisfacción de las necesidades sociales, será todo menos fácil. Por un tiempo quizás largo, coexistirán dos lógicas contradictorias: la lógica de la acumulación capitalista y de la ganancia, junto y frente a la lógica del desarrollo nacional y de las necesidades sociales (Aguilar, 1999). El éxito de un proyecto nacional de desarrollo alternativo reclamará, entonces, de la construcción de una democracia avanzada, de un sistema político en donde el pueblo se organice por su propia cuenta y participe activamente en las decisiones, y donde aquella no se reduzca a ser un mero escenario electoral, un "cascarón vacío", como acertadamente la califica Borón (2005), dominado por los dueños del dinero. Como afirmaba Furtado (2002: 47):

"(La) voluntad colectiva requiere el reencuentro de los líderes políticos con los valores permanentes de nuestra cultura. Por lo tanto, el punto de partida del proceso de reconstrucción que tenemos que enfrentar deberá ser una mayor participación del pueblo en el sistema de decisiones".

La economía mexicana carece de motor interno. Es falsa la visión oficial en el sentido de que la recuperación se consolidará solamente si se concretan las llamadas reformas estructurales (reforma eléctrica, reforma energética, reforma fiscal y reforma laboral), las cuales no se traducirían en una expansión significativa del aparato productivo, aunque sí implicarían una pérdida irreparable de lo poco que queda del patrimonio nacional y una precarización aún mayor del mercado de trabajo.

La estrategia exportadora unilateral seguida bajo el modelo neoliberal (MN) no podrá sacar a México del subdesarrollo, ya que no imprime dinamismo al conjunto de la economía, desarticula y hace más vulnerable el sistema productivo, y reproduce la concentración de la renta y la exclusión social.

Para los países de gran dimensión geográfica y fuerte heterogeneidad estructural como México, Brasil o Argentina, no existe otra alternativa que el reconvertir al mercado interno en el centro dinámico del sistema productivo y en el motor de la economía. Al situar al mercado interno en el centro de la estrategia de desarrollo, no se trata de volver atrás y de reeditar las condiciones — tarea imposible, por otro lado — que hicieron posible el modelo de sustitución de importaciones (MSI). Se trata, más bien, de aplicar una estrategia dual que combine el fomento de las exportaciones y la búsqueda de mercados externos con la sustitución de importaciones y el desarrollo del mercado interno. En última instancia, su objetivo sería crear una base endógena de acumulación de capital, capaz de estimular la creación, asimilación y difusión de los avances tecnológicos. El fomento de las exportaciones sería un objetivo subordinado de la política de desarrollo.

Sin desconocer la importancia de contar con un sector exportador eficiente, en la estrategia de cambio estructural deberá privilegiarse el restablecimiento de las cadenas productivas internas, el redespliegue de procesos de sustitución de importaciones, así como la reorganización de las economías campesinas, lo que incluye el diseño y aplicación de programas de autosuficiencia alimentaria. Una estrategia de ese tipo sólo es factible si se aplican una política industrial y una política agropecuaria activa y planeada. Ello implica por fuerza revisar la apertura comercial y el TLCAN. Particular importancia reviste la revisión del capítulo XI de este tratado, que impide la aplicación de cualquier norma de comportamiento a las empresas transnacionales, lo que imposibilita cualquier tentativa de diseñar y ejecutar una política industrial. Sería necesario, asimismo, una renegociación a fondo del capítulo agropecuario.

Una nueva estrategia basada en el crecimiento durable de la economía y del empleo, no resolverá en el corto plazo la tendencia estructural al desequilibrio externo —, ya que ésta es una manifestación de la desarticulación y orientación hacia fuera del sistema productivo. Ello se traducirá en la persistencia del desequilibrio en la balanza en cuenta corriente, aunque éste sería decreciente y manejable si se sustituyen importaciones, se elimina la sobrevaluación de la moneda y se reduce el servicio de la deuda externa.

En otras palabras, el objetivo de la estrategia alternativa no puede ser otro que la creación de una base endógena de acumulación de capital y de un sistema productivo más integrado, ya que sin la consecución de estos objetivos, no puede haber desarrollo económico, como lo demuestra las experiencia exitosas de Corea del Sur y China (Chang y Grobel, 2004). No existe otra fórmula para la superación de la heterogeneidad estructural y de la pobreza.

Una estrategia de ese tipo no implica voltear la cara a la globalización y aislarse de la misma. En realidad, México y América Latina siempre se han desenvuelto en el marco de una economía-mundo. El problema no es la globalización en si misma, sino la forma en que cada país se inserta en ella. Como afirma Ferrer (2005: 647):

"El resultado desde la perspectiva de cada país, radica en el estilo de inserción en el orden global o, dicho de otro modo, en la calidad de las respuestas a los desafíos y oportunidades de la globalización".

La calidad de la respuesta depende de la existencia de un proyecto nacional. La respuesta en el caso mexicano ha sido mala, en la medida de que se ha tratado de una inserción pasiva y subordinada, determinada por intereses ajenos a las necesidades nacionales.

"NUDOS CRÍTICOS" DEL PROYECTO ECONÓMICO ALTERNATIVO

La experiencia reciente de América Latina revela que no basta con que la izquierda logre conquistar el gobierno y comience a aplicar medidas de política económica y de política social favorables a los grupos más desprotegidos de la población, sino que es necesario avanzar en el desmontaje del andamiaje construido a lo largo de tres décadas por los grupos de poder favorecidos por la globalización neoliberal. Las experiencias contrastantes de Brasil y Argentina en materia de crecimiento económico y creación de empleos son elocuentes. En este trabajo postulo que difícilmente podrá superarse la situación de estancamiento que prevalece en México y en otros países de América Latina si no se modifican los "nudos críticos" de la política económica neoliberal: las políticas monetarias, cambiarias y fiscales restrictivas; las tendencias estructurales a la concentración del ingreso y de la riqueza y el manejo ortodoxo de la deuda, que implica el sostenimiento de un tributo permanente que succiona el ahorro interno susceptible de utilizarse, bajo otras condiciones, para ampliar el fondo de acumulación de capital y resolver ingentes problemas sociales.

Redistribuir el ingreso desde el comienzo, no sólo como resultado del crecimiento económico

La concentración del ingreso y de la riqueza es un rasgo estructural que se ha reproducido y perpetuado en los distintos modelos de desarrollo por los que ha atravesado México, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe. Desde la Colonia, el Barón de Humboldt describió a México como el país de la desigualdad.

La concentración de la renta en manos de unos cuantos multimillonarios que se han enriquecido con el neoliberalismo, es evidente en la mayoría de los países latinoamericanos, pero especialmente aguda en los más grandes: Brasil, México y Argentina (cuadro 2).

De hecho, durante las últimas dos décadas, el ingreso se ha concentrado en todos los países, incluidos los países desarrollados. Como plantea Harvey (2005), el neoliberalismo ha sido un instrumento fundamental para la restauración y recomposición de los grupos en el poder, en detrimento de los trabajadores y otros grupos sociales subordinados.

Sin equidad social, no puede haber ni libertad ni democracia. Como bien apunta Wallerstein (2003: 237):

"Nadie puede ser ‘libre’ para elegir, si sus elecciones están constreñidas por una posición desigual. Y nadie puede ser ‘igual’, si él o ella no tienen el grado de libertad que otros tienen, esto es si no gozan de los mismos derechos políticos y el mismo grado de participación en las decisiones reales".

La concentración del ingreso debe ser revertida tanto por razones económicas, con el objeto de validar una estrategia de desarrollo centrada en el mercado interno, como también por razones sociales y políticas, porque los riesgos de ingobernabilidad que provoca la desigualdad social son reales.

La persistencia de la concentración del ingreso condiciona la existencia de patrones de consumo suntuario que no se corresponden con el grado de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas; configura un sistema productivo funcional con esos patrones; implica la desviación del excedente económico hacia fines distintos a la acumulación de capital; y al limitar el aumento o reducir los ingresos reales de los trabajadores y de las grandes mayorías, traba el crecimiento del mercado interno y genera tendencias al estancamiento de la economía.

La causa última de la concentración del ingreso es la existencia una oferta ilimitada de mano de obra en el sector de subsistencia, lo que impide el aumento de los salarios reales en el sector moderno. Esto fue así desde el modelo primario exportador, vigente hasta la Gran Depresión de los años 30 del siglo XX. El modelo de sustitución de importaciones (MSI) no resolvió la existencia de una oferta ilimitada de mano de obra, ni eliminó el carácter heterogéneo del sistema productivo y de la estructura social. El excedente estructural de mano de obra sin dejar de seguir presente en el sector rural, se trasladó a las grandes ciudades. Sin embargo, la industria, a pesar de su dinamismo, no logró absorber a los vastos contingentes de mano de obra, dando lugar al surgimiento del subempleo urbano y a nuevas formas de marginación. Los patrones de consumo suntuario se reprodujeron en el MSI, ahora bajo la acción del las empresas trasnacionales (ETN).

La reproducción de la heterogeneidad estructural y de la dependencia externa obedecía a factores no sólo de orden económico, sino también políticos. La industrialización latinoamericana, a diferencia del modelo clásico europeo, se dio sin provocar una ruptura entre la oligarquía exportadora y la burguesía industrial. La industrialización entrañó una recomposición del bloque dominante, más que un desplazamiento de las viejas élites. Un proceso parecido se ha dado ahora con el modelo neoliberal.

El modelo neoliberal (MN) reprodujo la heterogeneidad estructural y la dependencia externa, así como las tendencias a la concentración del ingreso. En efecto, la inserción pasiva en la globalización agravó y volvió más compleja la heterogeneidad estructural del sistema productivo y de la estructura social, lo que empeoró las ya de por sí abismales disparidades de ingresos. En un trabajo reciente (Guillén, 2004) he planteado que en el caso de México, el MN ha significado la constitución de un sistema productivo más desarticulado y vulnerable que el que prevaleció durante el MSI. El sector exportador, que es el eje dinámico del nuevo modelo, se encuentra separado del resto del sistema productivo, siendo incapaz de arrastrar al conjunto de la economía. La economía carente de un motor interno, de una base endógena de acumulación de capital, resulta incapaz de absorber el progreso técnico y de irradiarlo al resto del sistema

La heterogeneidad estructural en vez de atenuarse, se ha reproducido en forma ampliada, haciendo más complejas las relaciones entre el sector "moderno" y el sector "atrasado". Han cobrando inusual fuerza fenómenos como la informalidad y la migración hacia Estados Unidos. En lugar de producirse la creación de empleos de "mayor calidad", como lo supone la teoría estándar, ha habido una expansión sin precedente de la economía informal y una creciente "informalización" del sector formal de la economía. Además, se ha registrado un escaso dinamismo en la creación de empleos en la economía formal (ver cuadro 1).

La debilidad del mercado de trabajo está vinculada con los bajos niveles de inversión y con factores diversos que traban ésta, entre los que destacan: la baja capacidad de arrastre del sector exportador; el comportamiento de la inversión extranjera directa (IED), donde ha predominado la compra de pasivos existentes dentro de los flujos de IED totales; la aplicación de políticas monetarias y fiscales restrictivas; el peso del endeudamiento externo e interno en el gasto y la inversión públicas; así como las crisis recurrentes (1982-83, 1987, 1994-1995) vinculadas con la apertura y desregulación financiera.

El escaso dinamismo del mercado de trabajo, así como la expansión de la economía informal, han sido elementos de primer orden en el aumento de la pobreza. El excedente estructural de mano de obra constituye el marco objetivo que determina el bajo nivel de los salarios reales. La acumulación de capital transcurre, sin que se genere un incremento de aquellos, debido a la existencia de una oferta ilimitada de mano de obra. La economía informal no sólo es un refugio de quienes no encuentran un lugar en la economía formal, sino que constituye, también, el piso del valor de la fuerza de trabajo. Este proceso bajista de los salarios reales se ve reforzado por factores institucionales, como la existencia de topes salariales, los menores niveles de sindicalización y organización de los trabajadores y la poca disposición de estos a luchar por mejoras en sus condiciones, debido a la inseguridad en los empleos y el temor a perderlos.

El empleo es un objetivo central sino que el principal, de un proyecto nacional alternativo de desarrollo. Se requieren enormes esfuerzos de inversión, no sólo para absorber a la mano de obra que llega a la edad de trabajar, sino para reducir de manera persistente el desempleo y la economía informal.

La única manera efectiva de redistribuir el ingreso es mediante un crecimiento sustancial y perdurable de la tasa de inversión que absorba de manera paulatina pero persistente, el excedente estructural de mano de obra que pulula en las grandes ciudades, el cual es la base de los bajos salarios reales y de la consecuente concentración del ingreso. Resulta indispensable que la tasa de crecimiento del empleo en el sector formal sea más alta que la de la población económicamente activa (Rodríguez, 1998), lo cual implica un aumento sustancial de la tasa de inversión. En el caso de México, se requeriría de un aumento de cuatro o cinco puntos porcentuales en la tasa de inversión bruta para alcanzar una tasa de crecimiento del PIB que permita elevar sustancialmente el empleo formal. Como afirmaba hace casi treinta años Aníbal Pinto (1976: 139), pero sigue siendo válido ahora:

"( ) Lo esencial de una alternativa residiría en la traslación rotunda de acento desde un crecimiento precariamente asentado hacia otro cuyo pivote y objetivos centrales sean la extensión del progreso técnico, la ampliación del mercado interno, la homogeneización del sistema ( )".

Una estrategia alternativa de desarrollo centrada en el empleo, reclama, entre otras cosas: el establecimiento de un programa emergente de empleo (en la industria de construcción, en obras públicas, en la ampliación de la infraestructura, etc.) mientras se alcanza un crecimiento alto y durable; una relación distinta entre mercado y Estado; una profunda reforma fiscal que redistribuya el ingreso hacia los grupos más desfavorecidos; y sobretodo, la aplicación de políticas monetarias, cambiarias, fiscales y salariales orientadas al crecimiento; y una revisión a fondo de los esquemas de pago del servicio de la deuda, tanto con los acreedores externos como los internos, asuntos de los que nos ocuparemos ahora.

Aplicar políticas monetarias, cambiarias y fiscales y salariales compatibles con el crecimiento económico y la generación de empleos

Política monetaria

A lo largo de todo el periodo neoliberal ha prevalecido en México una política monetaria restrictiva de carácter procíclico. Es decir, la tasa de interés sube durante las fases recesivas del ciclo, con el propósito de evitar, dentro de un mundo de finanzas globalizadas, la fuga de capitales de los países de la periferia y estimular la atracción de capitales desde los centros. En las fases de "auge" aunque bajan las tasas de interés nominales, las tasas reales se conservan en niveles altos, superiores a los prevalecientes en los países del centro, mientras que las monedas se aprecian por el influjo de capitales. Es evidente que una situación de esta naturaleza lesiona al capital que opera en la esfera productiva, y entra en contradicción con cualquier propósito de fortalecer el mercado interno.

Enmarcada en objetivos antiinflacionarios, esta política monetaria restrictiva, que forma parte del recetario del Consenso de Washington, ha sido una condición para atraer flujos privados de capital del exterior. En el contexto actual de apertura comercial y financiera, la política monetaria es un instrumento que favorece los intereses del capital financiero internacional y la concentración del ingreso en unos cuantos rentistas nacionales y extranjeros.

La entrada de capitales del exterior ha provocado la sobrevaluación persistente de la moneda, a pesar de la existencia de un régimen de flotación "libre". Tasas de interés reales altas y tipo de cambio sobrevaluado se convierten así, en el tributo indispensable que reclaman los capitales externos para ingresar al país, lo que, sin embargo, tiene un impacto desfavorable en el crecimiento económico y en la creación de empleos. David Félix (2003: 17) demuestra que el alza de las tasas reales de interés es un resultado de la apertura de los mercados financieros, ya que "su alza coincide con la fecha aproximada en que la eliminación de los controles de capital se había producido en la mayoría de los países industrializados para permitir la formación rápida de un mercado internacional en instrumentos de deuda de corto y largo plazo".

Es urgente modificar de raíz la política monetaria restrictiva y sustituirla por una política contracíclica orientada al crecimiento económico y al empleo. Como lo demuestra la experiencia reciente de América Latina, dichas políticas restrictivas y procíclicas son insostenibles, ya que las sobrevaluaciones persistentes, combinadas con altos niveles de endeudamiento externo, conducen inevitablemente a crisis del sector externo con secuelas negativas en la economía real.

Particular importancia reviste recuperar soberanía monetaria. A raíz de la crisis de 1994-1995, el sistema financiero ha sido entregado al capital extranjero, que controla más del 90% de la banca comercial. Un peligro quizá mayor es la "independencia" de los bancos centrales. Esa contrarreforma — la que pretendidamente daría autonomía técnica al banco central para despojarlo de cualquier "utilización indebida de parte de intereses políticos" y para evitar el "populismo", constituye un candado para la continuidad de las reformas neoliberales. Al dejar los bancos centrales de ser una instancia del Poder Ejecutivo, cesaron de ser, de hecho, parte del Estado nacional, para convertirse en prolongaciones del poder del Consenso de Washington (que no es otro que el poder de los centros), ejercido por intermedio de los organismos multilaterales y del Tesoro estadounidense.

Es indispensable recuperar el control estatal del Banco de México, o en su defecto impulsar una reforma constitucional que incorpore entre las funciones del banco central no solamente el objetivo de alcanzar la estabilidad de precios y de la moneda, sino también el de coadyuvar al crecimiento económico y al empleo, como sucede en muchos bancos centrales en el mundo Y si nos interesa fortalecer la democracia, cabría la pregunta ¿Quién elige, quién vota, quién vigila y exige cuentas a los gobernadores de los bancos centrales? Porque bien o mal, populistas o no, los gobiernos federales y locales tienen que pasar al menos, la prueba de las urnas.

Fin del "populismo cambiario"

La definición del régimen cambiario es fundamental en el trazo de un proyecto nacional de desarrollo. Se requiere de una política cambiaria realista que coadyuve al objetivo de alcanzar un crecimiento alto y durable con creación dinámica de empleos. Es decir un tipo de cambio que estimule a las exportaciones, frene las importaciones y haga factible su sustitución. Para ello, como se dijo arriba, la política monetaria debe dejar de jugar, en la medida de lo posible, el papel de mecanismo único de estabilización del tipo de cambio y de los precios, lo que se ha traducido en una sobrevaluación del peso mexicano respecto al dólar de más del 30%.

Dejar que el peso se siga sobrevaluando al amparo de la tesis de que no puede hacerse nada frente a las leyes del mercado, es abonar el terreno para una crisis financiera futura, lo que daría al traste con cualquier idea de crecimiento sostenido con estabilidad. Los tecnócratas neoliberales tan reacios al populismo, deberían admitir que su política cambiaria es populista, ya que no existe una mercancía más subsidiada que el dólar. Es hora ya de enterrar el "populismo cambiario" que se inaugura con el Pacto en la época de Salinas de Gortari y que sobrevive en estos tiempos dizque "del cambio", y que es el resultado de la observancia "fanática" e interesada de políticas monetarias y fiscales restrictivas.

El establecimiento de un tipo de cambio realista y competitivo estimularía el crecimiento de las exportaciones, haría rentable la sustitución de importaciones, y fortalecería el desarrollo del mercado interno. Asimismo desalentaría las importaciones así como el gasto de los mexicanos en el exterior, lo cual evitaría un crecimiento inmanejable del déficit en la cuenta corriente. En el mediano y largo plazo, la corrección del desequilibrio externo dependería de la aplicación de una política industrial y agropecuaria que permita la construcción de un sistema productivo más articulado y coherente.

Con la aplicación de una política de tipo de cambio realista y competitivo, la lógica del modelo económico pasaría del predominio de los intereses del capital rentista y especulativo a la preeminencia de los intereses del capital productivo. En un marco de crecimiento durable y con equidad social, la mejor defensa del tipo cambio será la fortaleza de la economía y los avances de México en la consolidación de la democracia y en la erradicación de la corrupción.

Política fiscal

En otro trabajo (Guillén, 2000), he insistido en que el retorno a un sendero de crecimiento alto y durable sólo puede provenir del gasto público y del impulso que éste genere en la demanda agregada. La concreción de esta política requiere abandonar el mito neoliberal del equilibrio fiscal, que hunde al Estado mexicano en la inacción y en el deterioro de los activos estatales, lo cual es pretexto, además, para justificar su privatización y su traslado al dominio de las transnacionales. Es necesario sustituir el concepto de equilibrio por el de "déficit presupuestal autofinanciable". Si éste se invierte en proyectos productivos, retornará en forma de mayores ingresos fiscales. No se trata de aplicar políticas fiscales irresponsables basadas en el endeudamiento, sino de detonar el crecimiento y el empleo reorientando el gasto público de lo financiero a lo productivo. El financiamiento del desarrollo, por el contrario, descansaría en el ahorro interno, sin contratar nuevo endeudamiento externo, y mediante la revisión de los esquemas de servicio de la deuda externa e interna.

En un país con niveles tan altos de concentración del ingreso, resulta urgente una reforma fiscal redistributiva basada en impuestos a la riqueza y en impuestos directos progresivos al ingreso.

Política salarial

Los trabajadores asalariados han sido uno de los sectores más castigados por la crisis y por la aplicación de políticas neoliberales. El deterioro de los salarios reales ha sido un fenómeno persistente durante las últimas tres décadas. Salvo en algunos periodos muy breves de recuperación, la tendencia al deterioro se ha mantenido hasta la fecha. Los topes salariales, comenzaron durante el régimen de José López Portillo, (1976-1982) después de la firma del primer acuerdo de estabilización con el FMI a raíz de la devaluación de 1976. Sin embargo, el comienzo del declive de los salarios reales se ubica en 1982 con la irrupción de la crisis de la deuda externa. Entre 1980-2000 el salario mínimo perdió el 68% de su poder adquisitivo, mientras que los salarios contractuales registraron una baja del 52% (Soria, 2006).

La política salarial ha consistido en decretar los aumentos anuales del salario mínimo en función de la inflación esperada. Como en los hechos, la inflación real generalmente supera a la esperada, ello se traduce en un deterioro del salario real. A partir del piso establecido por el aumento al mínimo, los sindicatos negocian los salarios contractuales con los patrones, sin que los aumentos acordados rebasen normalmente el tope salarial. La deplorable condición de los trabajadores es el resultado también de otros factores institucionales. La capacidad negociadora de los sindicatos se ha debilitado con la ofensiva neoliberal. La tasa de sindicalización en México bajó de 35.3% en 1986-1990 a 22.4% en 1991-1995 (BID, 2003: 233). El número de huelgas estalladas también ha disminuido significativamente. La poca disposición de los trabajadores a organizarse y a luchar por la mejora de sus condiciones salariales y de trabajo, tiene mucho que ver con el temor a perder su empleo y a no encontrar otro en el mercado de trabajo.

La política salarial debe ser congruente con la estrategia de crecimiento económico alto y durable. Ello implica eliminar los topes salariales y hacer que los aumentos del salario mínimo sean moderadamente superiores a la tasa de inflación pasada. El sector exportador no saldría afectado, porque contaría con el apoyo de un tipo de cambio competitivo y realista y de una política monetaria anticíclica.

Como ya he señalado en otro trabajo (Guillén, 2000), tal política no tendría una repercusión inflacionaria. Actualmente la inflación se encuentra bajo control y no existe como a finales de los ochenta, una inflación inercial. Además, la economía trabaja con altos índices de subutilización de la capacidad instalada y los salarios representan un porcentaje muy bajo y decreciente de los costos de las empresas.

Movilizar el excedente económico y reducir sustancialmente el peso del servicio de la deuda externa e interna

En contra de lo que se afirma en los círculos gubernamentales en el sentido de que el sobreendeudamiento es un asunto superado, sostengo que alto nivel de endeudamiento externo e interno sigue siendo un problema acuciante de la economía mexicana, el cual debe ser afrontado mediante su reestructuración a fondo, de manera de liberar recursos para la inversión y el gasto social. Según mis propios cálculos, la deuda total (interna y externa, sin incluir pasivos laborales) en 2004 era de 467 mil millones de dólares (MD) lo que representa el 69.1% del PIB, de los cuales 168 mil (24.9% del PIB) eran deuda externa y 299 mil (44.2% del PIB) interna (cuadro 3).

En materia de deuda externa, es cierto que la deuda anterior a 1982 ha incluso disminuido (SHCP, 2006), como resultado de los refinanciamientos efectuados por las autoridades hacendarias, y significaba en 2004 sólo el 11.7% del PIB. Sin embargo, en el rubro de deuda externa, existen otros rubros como la llamada deuda contingente. Dentro de ella, destacan los PIDIREGAS (esquemas de financiamiento externo de obras en el sector energético) que han crecido como la espuma y que constituyen un preocupante foco rojo. El esquema de PIDIREGAS comenzó a utilizarse en el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), con el argumento de la carencia de recursos para inversión de PEMEX y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esa discutible falta de recursos sirve además para "legitimar" la tesis sobre la necesidad de privatizar esos sectores, idea que ha sido reiterada durante la administración de Vicente Fox. Mientras en el año 2000 los PIDIREGAS representaban el 4% de la inversión pública, en 2005 absorbieron el 26% del total. A la fecha, PEMEX ha ejecutado obras mediante ese mecanismo por 40,600 MD y la CFE por 12,700 MD, lo que totaliza 53,300 MD. Sin embargo, los recursos autorizados a ambas paraestatales totalizan 133, 800 MD. Ello significa que en los próximos meses la deuda externa superará conservadoramente los 300 mil MD, alrededor del 40% del PIB y no el 10% que alegremente nos quiere vender el Sr. Gil Díaz, secretario de Hacienda del gobierno foxista.

La deuda interna observa un crecimiento importante en los últimos años destacando los programas de rescate de la banca comercial, de las carreteras concesionadas y de la banca de desarrollo. En su conjunto, la deuda vinculada a dichos rescates ascendía a 93, 579 MD en 2004, lo que representa el 13.9% del PIB. La emisión de títulos gubernamentales también ha aumentado aceleradamente.

Los altos niveles de endeudamiento implican una carga onerosa en materia de su servicio. El problema no es si dicho servicio puede pagarse (contratando nuevas deudas frecuentemente), sino su efecto perverso en los programas de inversión y sociales. El superávit primario de las finanzas públicas que en el caso de México es de cerca del 3 % del PIB constituye un tributo insostenible para garantizar el pago de los intereses de la deuda.

Desarrollo económico y perpetuación del endeudamiento externo son procesos incompatibles (De Bernis, 2000). O se paga la deuda externa o se paga la deuda social. Mientras haya déficit estructural de la balanza comercial, la deuda externa resultará impagable. En sentido estricto, la única solución duradera del endeudamiento externo es su cancelación. Puede sostenerse y quizás con razón, que la cancelación de la deuda exige una correlación de fuerzas internacional favorable a los países de la periferia, situación que no existe en las condiciones actuales. Lo que no se puede hacer es soslayar el problema, como lo hacen algunos gobiernos latinoamericanos, incluyendo algunos de izquierda, y evitar la revisión a fondo de los esquemas de servicio de la deuda. La realidad es la mejor consejera; nadie podría poner en duda que Argentina abandonó la parálisis económica y la deflación, en el momento en que decidió unilateralmente suspender los pagos a sus acreedores externos privados y, después procedió a su práctica cancelación.

Dentro de un proyecto económico alternativo, el financiamiento del desarrollo debe descansar fundamentalmente en el ahorro interno. Uno de los argumentos favoritos de los neoliberales es afirmar que si bien los objetivos de un proyecto alternativo enfocado al crecimiento y al empleo podrían ser deseables, resultan utópicos porque se carece del financiamiento necesario para impulsarlas. Nada más lejos de la verdad. Si se moviliza el excedente económico de la nación de una manera distinta, existen los recursos necesarios para detonar el crecimiento.

Aparte de los recursos que provendrían de un programa de austeridad y de la erradicación de la corrupción, existen en la actualidad importantes excedentes petroleros — que continuarán probablemente en los próximos años — y altas reservas monetarias internacionales. Resultaría absurdo mantener esos recursos congelados o malgastarlos en el pago de una deuda externa que ya ha sido pagada varias veces, o despilfarrarlos imprudentemente en gasto público corriente, como sucedió en los tres últimos años del gobierno de Vicente Fox. Es indispensable utilizar una parte de ellos para financiar proyectos de inversión urgentes.

Igualmente es factible liberar recursos, mediante la revisión de los esquemas de servicio de la deuda. Los PIDIREGAS deberían abandonarse como mecanismo de financiamiento de los proyectos de inversión en el sector energético. Los enormes pasivos externos de estos esquemas deberían convertirse en deuda interna y reprogramar su amortización, en función de los objetivos de crecimiento y de creación de empleos y de la capacidad de pago del país. Resulta necesario, asimismo, revisar, con el mismo criterio los esquemas de servicio de la deuda derivados del rescate de la banca y otros rescates, en términos de plazos y tasa de interés.

CONCLUSIONES: NECESITAMOS UN MODELO PARA DESARMAR EL ANDAMIAJE NEOLIBERAL

Parafraseando al inolvidable escritor Julio Cortázar quien tenía un modelo para armar, requerimos de un modelo para desarmar, urgimos de una estrategia para desmontar el andiamaje del neoliberalismo, que no es otra cosa que una estructura de poder antinacional. Atrás de las altas tasas de interés y de la sobrevaluación de las monedas, se esconden poderosos intereses, que no son otros que los del capital financiero internacional y de las élites internas que se han beneficiado de la apertura comercial y financiera. El Consenso de Washington conviene enfatizarlo, no sólo representó la adherencia dogmática a políticas neoliberales, sino que significó un compromiso político del capital financiero globalizado y los gobiernos de los centros con las elites y gobiernos de los países de la periferia.

En este texto sostengo que para implementar un proyecto económico alternativo orientado al crecimiento y el empleo, y cuyo eje dinámico sea el mercado interno, resulta indispensable modificar lo que he llamado "los nudos críticos" de la política económica, en los que se asienta el modelo neoliberal: las políticas monetaria y cambiaria restrictivas, las tendencias estructurales a la concentración del ingreso y la sujeción al pago perpetuo de la deuda.

La puesta en marcha de una estrategia alternativa, no es un problema meramente técnico, sino fundamentalmente político. En contra de lo que piensan algunos pensadores radicales del movimiento antiglobalización (Petras, 2001), en el sentido de que la globalización anula la posibilidad de aplicar estrategias alternativas en el espacio nacional, y de a que los perdedores del proceso sólo les queda la resistencia global, la historia reciente nos muestra que la Nación sigue siendo un espacio privilegiado de la lucha de clases y para el diseño y ejecución de estrategias diferentes al neoliberalismo. Ello incluye el espacio electoral. A diferentes ritmos y atendiendo a especificidades nacionales, Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay y Bolivia, son ejemplos vívidos de que el ascenso al gobierno de partidos y movimientos progresistas, ha creado las condiciones para la construcción de proyectos económicos alternativos. Pero al mismo tiempo esos procesos nos muestran que el ascenso al gobierno no basta y que se requiere de voluntad política y de deshacerse de dogmas, para desmontar el andamiaje del neoliberalismo. Los resultados contrastantes en materia de crecimiento económico de Argentina y Brasil son una prueba elocuente de ello. Argentina abandonó la camisa de fuerza de la convertibilidad cambiaria, comenzó a aplicar políticas monetarias flexibles y repudió prácticamente la deuda externa con acreedores privados, lo que le ha posibilitado alcanzar tasas de crecimiento cercanas al 10%. Brasil, en el extremo opuesto, y sin desconocer la importancia de los cambios positivos que ha logrado el gobierno de Lula sobretodo en materia de política externa y en la promoción y defensa de los países del Sur en las negociaciones comerciales, se ha aferrado en mantener políticas monetarias y cambiarias restrictivas, que se han traducido en tasas muy lentas de crecimiento económico.

En el caso de México, el cambio de modelo económico no será sencillo. Con el ascenso al poder de Felipe Calderón en el marco de un proceso electoral inequitativo, cuestionado y poco transparente, sólo cabe esperar la continuación del neoliberalismo. La alianza del PRI y del PAN en el Congreso, hace previsible una nueva embestida para implementar las llamadas reformas estructurales de "segunda generación" (reforma energética, reforma laboral, etc.), mediante las cuales se completaría el remate de lo poco queda del patrimonio nacional y se precarizarían aún más las condiciones de una fuerza trabajo dominada por la informalidad y la migración.

Con el arribo de Calderón, se consolida la dominación en México de una ultraderecha política, estrechamente vinculada con la ultraderecha estadounidense y española, y orgánicamente uncida a una oligarquía mexicana minúscula, enriquecida extraordinariamente con la globalización neoliberal, carente de proyecto nacional, y estructuralmente ligada al capital financiero estadounidense.

Las posibilidades de superar el estancamiento económico parecen remotas, ya que el alud de inversiones privadas, nacionales y extranjeras, que ofreció Calderón durante su campaña, resultan fantasiosas, en un contexto de aguda confrontación política y social, con signos crecientes de ingobernabilidad, y de desaceleración de la economía estadounidense.

El éxito del cambio en el modelo económico y en la democratización real de México dependerá, principalmente, de la participación ciudadana y de la capacidad que tengan los grupos sociales y políticos interesados en la transformación, para impulsar el proceso, en cada fase, en la dirección correcta.

Submitted: March, 2006; accepted: October, 2006.

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Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  28 Feb 2008
• Fecha del número
  Dic 2007

Histórico

• Recibido
  Mar 2006
• Acepto
  Oct 2006