Entre la insatisfacción y la movilización: determinantes de las protestas en Colombia antes y durante la pandemia

Between discontent and mobilization: factors influencing protest participation in Colombia before and during the pandemic

RESUMEN

Introducción:  Colombia suele considerarse una de las democracias más estables de América Latina, a pesar de su prolongado conflicto armado. Sin embargo, los ciclos de protesta iniciados en 2019 y reactivados en 2021, marcados por una fuerte represión estatal, pusieron en entredicho esta percepción. Este artículo analiza los factores que explican la participación en estas movilizaciones recientes, con el objetivo de comprender las motivaciones de la acción colectiva en el contexto colombiano.

Materiales y métodos:  Se adopta un enfoque cuantitativo, basado en los datos del Barómetro de las Américas para los años 2018, 2020 y 2021, complementado con análisis contextual. El modelo considera variables individuales, sociales y políticas, con especial atención al impacto de la pandemia de COVID-19 y al desgaste del gobierno de Iván Duque.

Resultados:  El análisis revela que la participación en protestas está fuertemente asociada con la evaluación negativa del gobierno, la participación en reuniones políticas y la identificación ideológica con el partido Colombia Humana. No se observaron asociaciones significativas con desapego democrático, confianza interpersonal o religiosidad. El perfil predominante de los manifestantes incluye jóvenes, hombres, con educación superior, alineados con la izquierda y políticamente activos.

Discusión:  Las protestas de 2019 y 2021 no constituyen un rechazo al régimen democrático, sino una impugnación dirigida al gobierno de turno. La investigación señala la necesidad de explicaciones multicausales de la acción colectiva, articulando teorías de redes sociales, elección racional y estructuras de oportunidad política. Se propone, así, un enfoque de nivel meso, centrado en el papel del capital social organizado, en contraste con interpretaciones puramente individuales o estructurales.

Palabras clave
protestas políticas; movilización social; capital social; participación política; Colombia

ABSTRACT

Introduction:  Colombia is frequently regarded as one of Latin America's most stable democracies, despite its protracted history of internal armed conflict. However, the protest waves that broke out in 2019 and resurfaced in 2021 - both marked by significant state repression - have cast doubt on this perception. This article explores the factors that shaped participation in these recent mobilizations, aiming to shed light on the underlying motivations for collective action in the Colombian context.

Materials and methods:  This study adopts a quantitative approach, drawing on data from the AmericasBarometer surveys conducted in 2018, 2020, and 2021, supplemented by contextual analyses. The model incorporates individual, social, and political variables, with particular emphasis to the effects of the COVID-19 pandemic and the declining popularity of President Iván Duque's administration.

Results:  Protest participation shows strong correlations with negative assessments of the government, political engagement, and identification with the Colombia Humana party. No significant associations were found with democratic disaffection, interpersonal trust, or religiosity. Protesters were predominantly young, male, college-educated, left-leaning, and politically active.

Discussion:  The 2019 and 2021 protests should not be interpreted as a rejection of democracy itself, but rather as a targeted challenge to the sitting government. Our findings underscore the need for multi-causal explanations in collective action, integrating social network theory, rational choice, and political opportunity structures. Accordingly, we propose a meso-level approach that emphasizes the role of organized social capital over purely individualistic or structuralist interpretations.

Keywords
political protests; social mobilization; social capital; political engagement; Colombia

I. Introducción

A finales de abril de 2021 Colombia vivió una oleada de protestas, inicialmente dirigidas contra el proyecto de reforma tributaria anunciado por el presidente Iván Duque. Esta reforma, retirada pocos días después y cuyo fracaso provocó la renuncia del ministro de Hacienda, pretendía aumentar el número de personas obligadas a presentar declaración de la renta, incrementar la tarifa impositiva sobre la base gravable, y eliminar y reducir algunos beneficios tributarios a las clases medias. Otros objetivos de las protestas fueron denunciar la gestión gubernamental de la pandemia y forzar la retirada de otros proyectos de ley para reformar los sistemas de salud y pensiones. Las manifestaciones se extendieron hasta el mes de julio. La respuesta represiva del Estado se saldó con 75 personas asesinadas durante el paro nacional (de las cuales 44 habrían sido víctimas de la fuerza pública), miles de heridos y detenidos, y centenares de desaparecidos (Indepaz-Temblores, 2020). Organizaciones internacionales como Naciones Unidas y el Parlamento Europeo, y países aliados como Estados Unidos, llamaron la atención al gobierno colombiano por el excesivo uso de la fuerza por parte de la policía.

Podría pensarse que la mala situación económica y el aumento de la pobreza y el desempleo en el país a raíz de la pandemia fue el caldo de cultivo perfecto, pero el clima de descontento social contra el sistema político y sus instituciones venía de antes. Unos meses antes de la expansión mundial de la COVID-19, en noviembre de 2019, miles de ciudadanos salieron a marchar masivamente contra el gobierno y fueron duramente reprimidos; en esa ocasión protestaban contra el proyecto de reforma laboral, presentado en el Congreso de la República por el partido del presidente, que buscaba reducir el salario mínimo para los jóvenes y establecer el trabajo por horas. Los manifestantes también se posicionaban contra las declaraciones de algunos ministros anunciando futuras reformas pensionales y tributarias. Otras reivindicaciones fueron la lucha contra la corrupción, la exigencia al gobierno del cumplimiento de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el rechazo a los asesinatos sistemáticos de líderes sociales y excombatientes guerrilleros, y la defensa del derecho a la protesta social. En 2020 estas movilizaciones sociales quedaron en modo de espera por las medidas de confinamiento durante la pandemia y se reactivaron en 2021.

Si bien 2019 fue un año de numerosas movilizaciones sociales en América Latina y el mundo, la oleada de protestas en Colombia merece especial atención por ser algo excepcional en un país que, a pesar de estar inmerso en un conflicto armado interno por más de 50 años, se ha destacado en la región por su estabilidad institucional y macroeconómica. Colombia ha tenido un desempeño económico estable y, a diferencia de sus vecinos Ecuador, Perú y Venezuela, no ha sufrido ningún quiebre institucional. Además, antes de las protestas de 2019, el último estallido social se remontaba a 1977, durante el gobierno de López Michelsen (Pizarro, 2017).

Con base en lo anterior, el objetivo de este artículo es explorar qué factores están detrás de unas protestas sociales que cuestionaron la supuesta estabilidad de Colombia. Para ello, se analizan los datos del Barómetro de las Américas de LAPOP para este país entre 2018 y 2021. Se sostiene que el estallido social que puso contra las cuerdas al gobierno de Iván Duque se debió a una combinación de factores sociales e individuales. También se describe el perfil de quienes afirmaron haber asistido a alguna protesta: hombre, joven, con educación superior, de izquierdas y activista.

La estructura del artículo es la siguiente: en primer lugar, se revisa la literatura sobre acción colectiva y se define el marco teórico; en segundo lugar, se describe el contexto socioeconómico de Colombia en el que tuvo lugar la oleada de manifestaciones, así como las actitudes ciudadanas hacia el régimen político y las instituciones; a continuación, se formula la metodología; después, se muestran y discuten los resultados del análisis de los datos; por último, se presentan las conclusiones.

II. Enfoques teóricos sobre la protesta social aplicados al caso colombiano

La protesta social es una fórmula de acción colectiva, política, contenciosa y participativa, en la búsqueda de objetivos comunes; suele estar protagonizada por actores de la sociedad civil, en especial, como ocurrió en Colombia en 2019 y 2021, por movimientos sociales. Estos últimos son organizaciones colectivas heterogéneas, casi siempre poco estructuradas, en las que prima el principio de solidaridad interna; actúan en grupo para llamar la atención de sus oponentes, generalmente las autoridades públicas. Los movimientos sociales buscan, entre otras cosas, luchar contra agravios, defender los bienes públicos, organizarse políticamente, enarbolar una ideología o generar comunidad (Tarrow, 2004; Vallès & Martí, 2015; Tilly et al., 2020).

El estudio de la acción colectiva contenciosa ha dado lugar a múltiples enfoques teóricos, incluidos los trabajos sobre la construcción de identidades colectivas (Touraine, 1985; Della Porta & Kriesi, 1999; Polletta & Jasper, 2001; Melucci, 2013), la Teoría de la Movilización de Recursos (McCarthy & Zald, 1977; Edwards & McCarthy, 2006) y las teorías culturales del conflicto (Tarrow, 1992, 1996; McAdam et al., 1996). Estos enfoques han hecho contribuciones fundamentales a la comprensión de los procesos subjetivos, organizativos y simbólicos implicados en la protesta.

En este artículo, se opta por una sistematización tripartita de las teorías micro, meso y macro por su capacidad para integrar niveles analíticos complementarios: las motivaciones individuales (micro), las condiciones estructurales del entorno político (macro) y los vínculos sociales (meso). Esta clasificación no agota el repertorio teórico disponible, pero ofrece una base útil para articular un modelo explicativo con variables empíricas derivadas de encuestas.

La teoría micro de la acción colectiva, defendida por primera vez por Olson (2001), considera que los comportamientos sociales responden a decisiones racionales de los individuos, partiendo de la paradoja de que no es cierto que cuando un grupo de personas tiene un interés común, éste vaya a perseguir necesariamente su satisfacción. Las situaciones de agravio y las actitudes ciudadanas de desafección política y desconfianza institucional no son suficientes para explicar por qué la gente sale de forma masiva a manifestarse contra el gobierno. La lógica de la acción colectiva señala que un individuo participará colectivamente cuando el beneficio de hacerlo sea mayor al costo (Reisman, 1990). Las organizaciones de la sociedad civil, al igual que el Estado, proporcionan bienes públicos, incluso para aquellos que no participan en la acción colectiva. La participación individual, por lo tanto, será más probable en grupos pequeños y homogéneos porque en ellos, si se logran los objetivos, habrá mayores incentivos selectivos; el trozo de torta a repartir entre cada miembro será mayor y el costo de negociación con las autoridades será menor. Asimismo, el costo de participar individualmente a nivel local o en un país pequeño será menor que a nivel nacional o en un país grande (Olson, 2001).

Los teóricos de la elección racional, como Olson, sostienen que la acción colectiva puede explicarse a partir de decisiones individuales guiadas por cálculos de costos y beneficios. Dentro de este marco, la teoría económica del comportamiento político (Downs, 1957) se ha utilizado para argumentar que las percepciones del estatus económico personal y las evaluaciones del rendimiento económico general (medido, por ejemplo, a través de encuestas) influyen en la probabilidad de que un individuo actúe políticamente, ya sea votando o participando en formas más disruptivas como la protesta. Sin embargo, para que esta perspectiva sea aplicable al estudio de la acción colectiva, es necesario ir más allá del simple contraste entre el bajo costo de votar y el alto costo de protestar. La participación en protestas no puede entenderse solo como una decisión individual, sino que requiere mecanismos adicionales que compensen los problemas del free rider, así como incentivos selectivos, marcos interpretativos compartidos, identidades colectivas o redes de movilización y apoyo. Por ello, salvo en contextos excepcionales -como, por ejemplo, crisis económicas profundas o momentos de alta efervescencia social-, la protesta social suele involucrar a individuos que integran estructuras organizativas o redes sociales densas que reducen los costos y aumentan los beneficios percibidos de participar.

El enfoque propuesto por Olson explica por qué, en la mayoría de los países democráticos, algunos sectores sociales -grupos de presión que trabajan para grandes empresarios, oligopolios y cárteles; sindicatos sectoriales y de determinados sectores de la industria; colegios profesionales o agrupaciones locales, entre otros- suelen ser más activos y exitosos en el desarrollo de acciones colectivas en defensa de sus intereses que otros -trabajadores precarios, sindicatos nacionales, consumidores o desempleados-.

Si bien el enfoque de Olson es útil para comprender cómo ciertos grupos organizados pueden ejercer mayor capacidad de influencia y movilización, la realidad colombiana es más compleja. A lo largo de su historia, a pesar de la concentración del poder político en manos de unas pocas familias y grupos oligárquicos (Rivas, 2016), han existido procesos intensos y variados de movilización social protagonizados por trabajadores, campesinos, personas desplazadas y grupos racializados, cuyas acciones desafían esa concentración y enriquecen el panorama de la acción colectiva. De hecho, numerosos estudios documentan cómo los movimientos campesinos, sindicales y étnicos han generado formas significativas de protesta y participación política, a pesar de las limitaciones impuestas por estructuras oligárquicas (Pécaut, 1973, 2001, 2021; Carroll, 2011; Velasco, 2015).

A pesar de sus ventajas, el enfoque micro no es suficiente para comprender por qué, en determinadas circunstancias, la gente común sale a la calle de forma masiva y desorganizada para quejarse a las autoridades, aun a riesgo de sufrir la violencia represiva del Estado. ¿Cómo explicar entonces protestas sociales masivas que, como las de Colombia, se extienden por todo un país y son protagonizadas por grupos grandes, heterogéneos y con pocos incentivos selectivos? La teoría macro proporciona algunas de las respuestas desde un enfoque crítico con la teoría de la elección racional que, más que cuestionar a esta última, la complementa. Este segundo enfoque señala que las acciones colectivas y los repertorios de protestas de grupos sociales grandes y diversos que luchan contra un agravio o en defensa de bienes públicos solo pueden entenderse dentro de su contexto social (McAdam & Tarrow, 2013; Tilly et al., 2020).

La proposición central de esta teoría afirma que las personas se animan a protestar cuando, además de percibir un agravio (condición necesaria), se abre una Estructura de Oportunidad Política (en adelante, EOP) que ofrece incentivos a la participación. Dado que el objetivo de este artículo es explorar los factores que están detrás de las protestas sociales contra el gobierno colombiano y que éstas fueron protagonizadas por grupos sociales amplios y heterogéneos, este enfoque sería, a priori, el más adecuado. De hecho, en Colombia, durante el periodo analizado (2018-2021), se generó una percepción social de agravio, provocado, en 2019, por los rumores sobre un “paquetazo” de reformas de gran calado - laboral, pensional y tributaria- impulsado por el gobierno de Duque, que fue percibido por los sindicatos y movimientos estudiantiles como una amenaza directa a sus derechos; y en 2021, por la impopular reforma tributaria propuesta por el ministro Carrasquilla en medio de la crisis económica y sanitaria de la pandemia de COVID-19. Esta última fue percibida como injusta y amplió la base del descontento. Asimismo, convergieron todos los mecanismos de activación de EOP planteados por Tarrow (2004):

1. Apertura del acceso institucional a actores antes excluidos¹. Esta apertura se inició con la entrada en vigor de la Constitución de 1991, que abrió las puertas a la participación de otros actores políticos, se amplió con la reforma política de 2003, y se profundizó tras la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016, que incorporó a los exguerrilleros de las FARC al sistema político a través de la asignación de diez curules en el Congreso de la República durante dos periodos legislativos.

2. Conflictos entre las élites dominantes. La ruptura más reciente entre las élites gobernantes tuvo lugar entre el expresidente álvaro Uribe y su exministro de Defensa y entonces presidente Juan Manuel Santos por sus desencuentros en torno al proceso de paz con las FARC desde 2012. La fractura Uribe-Santos garantizó que el gobierno no contara con el apoyo unánime de las élites para reprimir o deslegitimar la protesta.

3. Alineamientos electorales inestables. La ruptura entre Uribe y Santos hizo que el primero creara un nuevo partido de derecha, Centro Democrático (CD), que alteró el escenario electoral; en 2014 se convirtió en la segunda fuerza más votada en las presidenciales, en 2016 lideró la campaña que promovió el rechazo a los acuerdos de paz en el plebiscito y en 2018 alcanzó la presidencia de la República con la victoria electoral de Iván Duque. La oposición política (liderada por Gustavo Petro) y los sindicatos utilizaron el “paquetazo” del gobierno como una oportunidad para capitalizar el descontento y debilitar al gobierno recién electo de Duque.

4. Creación de alianzas entre descontentos y sectores de las élites. El apoyo a las protestas trascendió a los actores tradicionalmente opositores. Por ejemplo, élites políticas centristas, incluyendo figuras del Partido Liberal y la Alianza Verde, criticaron públicamente las reformas del gobierno y la gestión de la protesta, distanciándose del ejecutivo. élites académicas, como las directivas de universidades privadas de prestigio, emitieron comunicados validando las demandas estudiantiles. Incluso surgieron fisuras en las élites económicas, donde si bien los grandes gremios respaldaron al gobierno, líderes de pequeñas y medianas empresas expresaron su rechazo a una reforma tributaria que los afectaba directamente. Esta diversificación de apoyos le otorgó una legitimidad a la protesta que dificultó al gobierno su estigmatización. Por otra parte, el manejo violento de la protesta de 2019 por parte del ESMAD generó un nuevo agravio y fortaleció los lazos entre estudiantes, movimientos barriales y organizaciones de Derechos Humanos.

5. Disminución de la capacidad represiva del Estado. La incapacidad del Estado para controlar la violencia de otros grupos armados en los territorios (Ríos, 2021) pudo haber sido interpretada por los manifestantes como una señal de debilidad estatal general, reduciendo el costo percibido de la protesta en algunas zonas.

A estas cinco situaciones de EOP podría añadirse el “efecto dominó” o contagio de protestas previas en países vecinos y/o con contextos socioculturales similares (Tarrow, 2004). Las masivas protestas en Chile y Ecuador demostraron que la movilización ciudadana podía poner en jaque a los gobiernos y redujeron la incertidumbre para los actores colombianos, que vieron un guion a seguir.

Si bien estos mecanismos describen un contexto general favorable para la movilización social a largo plazo, no explican por sí mismos los detonantes específicos de las olas de protesta de 2019 y 2021. Como señalan McAdam et al. (2003), es fundamental identificar los mecanismos y procesos que conectan estas oportunidades estructurales con la acción contenciosa en momentos puntuales.

Aunque la teoría de la política contenciosa ha sido conocida ampliamente por el desarrollo del concepto de EOP, su alcance va más allá de los factores estructurales. Autores como Tarrow (1996, 2004) y Tilly et al. (2020) han subrayado que esta perspectiva también incluye la consideración de marcos interpretativos, repertorios de acción colectiva y dinámicas de interacción entre movimientos, Estado y otros actores. Ignorar estos aspectos limita el potencial explicativo del enfoque.

En línea con lo anterior, este enfoque ha sido criticado desde perspectivas culturalistas que señalan que no basta con observar las condiciones estructurales, sino que es imprescindible comprender los procesos simbólicos y la construcción de identidades colectivas que desarrollan los movimientos sociales (McAdam et al., 1996; Tarrow, 1996; Della Porta & Kriesi, 1999; Melucci, 2013). Esta crítica enfatiza la agencia y el significado cultural en la movilización, aspectos que complementan la perspectiva estructural. Otros estudios críticos advierten sobre los problemas en torno al sujeto de la protesta social (Abers & Von Bülow, 2011) y sostienen que los episodios de acción colectiva no tienen lugar en un contexto objetivado y externo, sino que los movimientos sociales participan e interactúan con otros actores e instituciones, aunque a menudo lo hagan desde posiciones marginales (Abers et al., 2018).

En este sentido, la aplicación del enfoque de EOP al caso colombiano debe tener en cuenta tanto las condiciones estructurales que facilitan o restringen la movilización, como las dimensiones culturales y simbólicas que emergen en el contexto local.

Volviendo al argumento central, la teoría EOP busca explicar la acción colectiva de grupos sociales amplios y heterogéneos combinando los factores estructurales y las propias capacidades de los actores para organizarse. Si el enfoque micro ayuda a entender por qué y en qué tipo de grupos sociales participa la gente en circunstancias normales; el enfoque macro lo complementa, examinando las condiciones estructurales y estratégicas excepcionales que favorecen la protesta masiva, incluso cuando ésta implica altos costes y los incentivos selectivos son escasos. Sin embargo, a diferencia de la teoría de la elección racional, que puede contrastarse empíricamente mediante encuestas -por ejemplo, con preguntas sobre la situación económica personal o del país-, la teoría de las EOP resulta más difícil de verificar mediante métodos estadísticos, de ahí que en este artículo haya aprovechado su exposición para explicar las situaciones de EOP en las que tuvieron lugar las movilizaciones de 2019 y 2021.

Lo que sí tienen en común las dos teorías analizadas hasta ahora es que, a pesar de sus aportaciones, no se centran en el componente social de la acción colectiva, un aspecto intermedio (meso) entre las acciones individuales racionales y las estructuras macrosociales. El tercer enfoque presta atención a ese elemento. La teoría meso se inspira en trabajos que relacionan la cultura cívica y participativa con un alto grado de capital social. Este último concepto, surgido en la década de 1980, se define como el grado de sociabilidad dentro de una comunidad que permite a individuos y grupos colaborar y cooperar para alcanzar objetivos comunes (Coleman, 1988; Putnam, 2001). El primero en utilizar esta noción en las ciencias sociales fue Coleman (1988), quien, a partir de la teoría de la elección racional, propuso examinar la motivación de los actores, reconociendo la importancia de las relaciones sociales en las que están inmersos. Según este autor, existen ciertos aspectos de las relaciones sociales (capital social) que constituyen recursos intangibles inherentes a las mismas y que pueden ser apropiados o utilizados por los actores en su beneficio; a pesar de los obstáculos a la cooperación señalados por la teoría de juegos, estos recursos intangibles pueden motivar racionalmente el comportamiento cooperativo. En un sentido similar, pero desde la perspectiva de la sociología crítica, Bourdieu (1986) sostiene que el capital social, es decir, la red de relaciones sociales a disposición del individuo, puede motivar el comportamiento cooperativo.

El principal nexo entre los enfoques del capital social y la teoría meso de la acción colectiva es la obra de Putnam (2000, 2001). Este autor amplía el concepto de capital social identificando tres aspectos de la organización social: la confianza interpersonal, las normas de cooperación y las redes sociales horizontales. La explicación meso asume parcialmente las dos perspectivas anteriores (micro y macro), pero subraya que la confianza interpersonal y las redes horizontales de compromiso cívico fomentan las movilizaciones sociales porque reducen los costes de participación, favorecen la existencia de normas de reciprocidad, facilitan la comunicación y los flujos de información, y encarnan el éxito pasado de la colaboración a la vez que inspiran el futuro (Putnam, 2001). De este modo, las redes interpersonales y de confianza favorecen la acción colectiva reforzando el sentido de pertenencia de sus miembros, como sucedió con las iglesias protestantes durante las luchas por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos (Calhoun-Brown, 1996, 2000) o las protestas en Colombia de 2019 y 2021 (Aguilar-Forero, 2020).

A nivel global, desde principios de la década de 1990, las redes sociales se han extendido gracias a la reducción del costo del transporte y al desarrollo de las telecomunicaciones. Este fenómeno, que también se ha dado en Colombia, ha facilitado el surgimiento de nuevos movimientos sociales que coordinan y difunden sus demandas a través de Internet, y que plantean novedosos repertorios de acción colectiva (Castells, 2008, 2012). Si bien las redes digitales como Twitter (X en la actualidad) pueden facilitar la coordinación y difusión de acciones colectivas, su impacto en la construcción de confianza interpersonal y en el fortalecimiento del capital social es más ambivalente. Algunos estudios señalan que pueden potenciar el sentimiento de comunidad (Castells, 2012; Yang et al., 2015; Li et al., 2021), mientras que otros advierten que también generan dinámicas de competencia entre grupos y fenómenos de polarización (Yardi & Boyd, 2010; Recuero et al., 2019). En Colombia, redes sociales como Twitter jugaron un papel central en la coordinación y difusión de las acciones de los manifestantes durante el paro nacional (Rodríguez-Rojas, 2020), aunque su capacidad para reforzar las redes de confianza y la acción colectiva debe analizarse teniendo en cuenta sus limitaciones y riesgos.

Este artículo se basa en un enfoque meso de la acción colectiva que articula elementos de la teoría de las redes sociales, la elección racional y las estructuras de oportunidades políticas. Aunque se hace hincapié en el papel de las redes sociales como mediadoras de la movilización, se reconoce que su efecto interactúa con las motivaciones individuales y los contextos políticos específicos. La acción colectiva no puede explicarse descuidando su componente social. Aunque la meso-teoría por sí sola es insuficiente para comprender la acción colectiva, pone sobre la mesa aspectos centrales que arrojan luz sobre su naturaleza social y no solo individual y estructural. Se argumenta aquí que, al igual que la elección racional, esta teoría puede ponerse a prueba mediante el uso de encuestas en las que se introducen preguntas sobre confianza interpersonal, asistencia a reuniones políticas y religiosas, y cercanía a partidos o movimientos políticos, entre otras. Así, la acción colectiva contenciosa será más probable entre quienes tienden a confiar en los demás, asisten regularmente a reuniones políticas y/o religiosas, y son más cercanos a partidos o movimientos políticos, especialmente si son convocantes o patrocinadores de las manifestaciones.

Además, desde el campo del comportamiento político, investigaciones como las de Norris y Walgrave (2006) han vinculado actitudes políticas, insatisfacción con el sistema, y niveles de eficacia política con la disposición a participar en protestas. Este tipo de abordaje empírico permite operacionalizar conceptos clásicos de la teoría de la movilización en análisis estadísticos comparativos, lo cual justifica su incorporación en el presente estudio.

Las variables empíricas incluidas en el modelo estadístico y descritas en la sección metodológica reflejan esta articulación teórica: la confianza interpersonal y la participación en redes formales dan cuenta del capital social (redes); las actitudes hacia el sistema político y el gobierno, así como la evaluación de la situación del país se vinculan con la elección racional; mientras que la pandemia, el contexto socioeconómico y la percepción de agravios por la ciudadanía se relacionan con las estructuras de oportunidad política. Estos últimos elementos son condiciones necesarias de la acción colectiva y se describen en el siguiente epígrafe.

III. Contexto socioeconómico y actitudes ciudadanas en Colombia

Las democracias contemporáneas experimentan con frecuencia, y de forma cíclica, crisis relacionadas con la propia naturaleza de la representación política liberal, la cual, basada en los mecanismos de elecciones periódicas y accountability, a veces parece insuficiente para garantizar que la ciudadanía se sienta representada por los poderes públicos. Las expectativas frustradas, las promesas incumplidas, y la desconexión entre la ideología y las decisiones tomadas desde posiciones de poder, pueden provocar, entre otras cosas, insatisfacción con la democracia y pérdida de confianza en las instituciones; actitudes ciudadanas asociadas con la crisis de representación (Montero et al., 2007; Mainwaring et al., 2008; Torcal, 2014; Casal-Bértoa & Rama-Caamaño, 2017).

Aunque Colombia mantiene un régimen democrático con elecciones periódicas, partidos competitivos y relativa estabilidad institucional, múltiples estudios han documentado una crisis persistente de representación, caracterizada por el desencanto ciudadano y la desconfianza en los partidos y en el Congreso (Mainwaring, 2006; Aragón, 2016). Esta aparente contradicción entre estabilidad institucional y desafección política también se observa en otras democracias formales donde las instituciones funcionan, pero no logran canalizar de forma efectiva las demandas sociales (Diamond & Morlino, 2005; Torcal, 2014).

El clima de desafección es un entorno propicio para la acción colectiva y se exacerba cuando coincide con una crisis socioeconómica, como la que experimentó Colombia durante la pandemia. Por lo tanto, antes de abordar las actitudes ciudadanas hacia la democracia y las instituciones, se examina brevemente la evolución de algunos indicadores socioeconómicos.

Según datos oficiales, la economía colombiana tuvo un desempeño generalmente positivo hasta 2019. Entre 2000 y 2019 el PIB creció un promedio de 3,8 puntos anuales, con dos periodos de desaceleración económica, el primero causado por la crisis financiera de 2008 y el segundo por la caída de los precios del petróleo a mediados de la década de 2010. Sin embargo, la paralización de la economía provocada por la pandemia en 2020 condujo a una caída del 6,8% del PIB. Después de la pandemia, la economía volvió a crecer, un 11% en 2021 y un 7,5 % en 2022. En cuanto a la tasa inflación, el país había logrado mantenerla por debajo de estas dos cifras desde el año 2000, con aumentos moderados en los dos periodos de desaceleración económica mencionados anteriormente y en 2022 (10,2), este último año como consecuencia de la invasión de Rusia en Ucrania. Finalmente, entre 2000 y 2008 el desempleo se redujo casi diez puntos, manteniéndose en torno al 10% hasta 2020, cuando aumentó al 15,44%. Tras la crisis de la COVID-19, volvió a descender al 10,6%, una cifra similar a la de 2019 (Banco Mundial, 2022). Sobre este último dato, cabe destacar que las cifras oficiales consideran “empleo” el trabajo informal, que según los datos del DANE (2021) representa el 49% del total.

Con respecto a los datos sociales, la pobreza y la desigualdad disminuyeron gradualmente hasta 2016, con aumentos moderados en 2009 y a partir de 2017. Entre 2001 y 2017, la tasa de incidencia de la pobreza sobre la base de $1,90 por día se redujo de 20,1% al 4%. No obstante, entre 2017 y 2019 la cifra se incrementó al 5,3% y en 2020, debido a la pandemia, se disparó al 9,4 %; en 2021 se ubicó en 6,6%, una tasa similar a la de diez años atrás. La desigualdad (índice GINI), por su parte, bajó 9 puntos entre 2000 y 2017, situándose en 49,7, pero aumentó 1,6 en los dos años siguientes. Durante 2020 se elevó a 53,7, pero volvió a bajar al año siguiente, ubicándose en 51,5 (Banco Mundial, 2022).

Los indicadores socioeconómicos de Colombia antes de llegada de la Covid-19 no describían un país en crisis. Por el contrario, desde la década de 2000, la situación socioeconómica había mejorado significativamente. El PIB se triplicó en menos de una década, pasando de 94,641 millones en 2003 a 281,112 mil millones en 2014. El PIB per cápita, de 6.460,9 en 1999, se situó en 15.630 en 2019. Entre 1999 y 2019 la esperanza de vida aumentó 4,6 años. Y, como se dijo más arriba, durante este periodo las tasas de pobreza y desigualdad bajaron de forma considerable (Banco Mundial, 2022). Todo esto condujo a la creación de una clase media débil que se redujo en 2020 como consecuencia de la crisis de la COVID-19².

Aunque parezca contradictorio a primera vista, un proceso de modernización como el que experimentó Colombia desde principios de siglo puede generar inestabilidad política debido a la urbanización y a las crecientes expectativas vinculadas al acceso a servicios públicos y educación de sectores anteriormente excluidos (Huntington, 2006). En este país, además, las dificultades para implementar el Acuerdo Final de Paz con las FARC (Ríos, 2021) y la pandemia pudieron haber contribuido al clima social de frustración sobre el futuro.

Este fenómeno tuvo un impacto directo en las actitudes ciudadanas, alimentando un clima de descontento y malestar que se expresó con fuerza durante las protestas. Como señala la literatura, la condición necesaria para la protesta social es la percepción socialmente construida de agravio, no las meras condiciones materiales. En Colombia, la mejora en los índices de inseguridad pública a principios del siglo XXI significó que, a inicios de la década de 2010, los problemas económicos sustituyeran a los de seguridad como los más importantes del país; en 2021, los problemas económicos (35%) y políticos (28,9%), lideraban el ranking, mientras que los de seguridad (12,1%) quedaron relegados al tercer puesto (LAPOP, 2021).

La insatisfacción con la democracia, por su parte, fue creciendo gradualmente durante la última década. Mientras que en 2010 el 41,5% de los ciudadanos se declaraba insatisfecho con la democracia, este porcentaje aumentó al 71,2% en 2018 y alcanzó el 83% en 2020, durante la pandemia. En 2021 el porcentaje de insatisfacción descendió a 75,1, pero seguía estando cuatro puntos por encima del de 2018 (Gráfico 1).

Gráfico 1
Insatisfacción con la democracia en Colombia (2010-2021) (%)

Los niveles de confianza en las instituciones políticas y no políticas también sufrieron cambios importantes entre 2010 y 2021. La presidencia había sido históricamente la institución política en las que más confiaba la ciudadanía con cifras superiores al 50%, pero cambió sustancialmente a partir de 2013, en primer mandato de Juan Manuel Santos. A pesar de que con la llegada al poder de Iván Duque en 2018 aumentó algo la confianza en el líder del Ejecutivo, el año de la pandemia cayó hasta el 36,7%. De hecho, Duque fue el principal blanco de las protestas sociales de 2019 y 2021. El Congreso, por su parte, tuvo niveles bajos de confianza, pero se redujo aún más con el paso de los años; si en 2010 algo más del 40% confiaba en esta institución, en 2020 solo lo hacía el 18%. Por otro lado, la confianza en las elecciones se mantuvo por debajo del 40% durante la última década, alcanzando la cifra más baja en 2014 (21,48%), año en el que se celebraron elecciones legislativas y presidenciales. La desconfianza hacia los procesos electorales es llamativa en un país que se ha caracterizado por su regularidad democrática, aunque, como se señaló en el apartado anterior, desde 2012 experimentó alineamientos electorales inestables. Finalmente, los partidos fueron y siguen siendo las instituciones con los niveles más bajos de confianza entre la ciudadanía, con una media entorno al 16% (Gráfico 2), en la línea con lo que ocurre en otros países latinoamericanos y europeos (Casal-Bértoa & Rama-Caamaño, 2017; Freire et al., 2020).

Gráfico 2
Confianza en las instituciones políticas en Colombia (2010-2020)

En contraste con la falta de confianza en las instituciones políticas, las instituciones no políticas presentan en general mejores niveles de confianza, especialmente la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas. Estas últimas también han sufrido desgaste a lo largo del periodo, pero son las únicas instituciones (incluidas las políticas) que en 2020 mantienen un porcentaje de confianza en torno al 60%. En cuanto al poder judicial, entre 2010 y 2020 su nivel de confianza pasó del 44,5% al 23,8%. Una de las instituciones en la que los ciudadanos confían cada vez menos es la policía: si en 2010 algo más de la mitad confiaba en ella, el porcentaje fue descendiendo gradualmente a lo largo del periodo hasta el 33,3% en 2020 y el 34,4% en 2021. La corrupción y sus acciones represivas podían estar detrás esta caída. Por el contrario, las iglesias evangélicas generan una confianza creciente; de ser las instituciones no políticas peor valoradas a principios de la década, pasaron a ocupar el tercer puesto en el ranking de confianza en 2020 (Gráfico 3). En resumen, se observa que, al menos en Colombia, los ciudadanos confían más en las instituciones que carecen de legitimidad democrática que en las que sí la tienen.

Gráfico 3
Confianza en las instituciones no políticas en Colombia (2010-2020)

Los datos sobre las actitudes ciudadanas describen un creciente descontento con la democracia y las instituciones. En principio, este estado de ánimo sería terreno fértil para la acción colectiva contenciosa, que emerge más fácilmente cuando la gente se siente insatisfecha con el funcionamiento del sistema democrático (Norris & Walgrave, 2006; Del Campo et al., 2017) y desconfía de las instituciones (Katsanidou & Eder, 2018; Rivera, 2019).

En cambio, como ya se dijo más arriba, el contexto y las actitudes ciudadanas no son suficientes para explicar por qué la gente sale de forma masiva a manifestarse contra el gobierno. Muchas sociedades experimentan crisis o sienten insatisfacción política y falta de confianza en las instituciones, pero estos eventos no siempre conducen a una ola de protestas. Para identificar qué factores podrían estar detrás de las protestas sociales en Colombia se realiza un análisis de regresión logística que incorpora variables contextuales y actitudinales y variables relacionadas con los enfoques teóricos descritos en la sección anterior. Pero antes es necesario explicar la metodología utilizada.

IV. Metodología

El objetivo de este artículo es explorar qué factores están detrás de las protestas sociales de Colombia. Para ello, se adopta un enfoque multinivel de la acción colectiva que combina explicaciones micro (actitudes individuales), meso (redes sociales y capital social) y macro (estructuras de oportunidad política). Cada nivel se operacionaliza mediante diferentes herramientas metodológicas, dependiendo de la disponibilidad de datos y de la naturaleza del fenómeno: mientras que las variables micro y meso se analizan mediante regresión, las condiciones estructurales se examinan desde un enfoque cualitativo y contextual.

El análisis de regresión logística se implementa con los datos del Barómetro de las Américas para este país en 2018³, 2020 y 2021. Se eligen estos tres estudios de encuestas porque recogen el comportamiento político (recuerdo de participación en protestas) y las actitudes ciudadanas en Colombia antes y durante la pandemia.

Como variable dependiente se utiliza la pregunta sobre si ha participado o no en alguna protesta social [prot3]. Las variables independientes se extraen de otras preguntas de la base de datos, aunque se han recodificado para armonizar las respuestas de las preguntas entre distintos cuestionarios y facilitar la interpretación del análisis. La única excepción es la variable pandemia, creada a partir de la pregunta año. La Tabla 1 informa sobre la operacionalización de las variables incluidas en los modelos, el nombre de la variable, el tipo, el código de la pregunta en los cuestionarios de LAPOP y la medición. Hay cuatro variables que no están disponibles en el Barómetro de 2021: confianza en el Congreso, reuniones políticas, reuniones religiosas y cercanía a Colombia Humana. Se incluyó la variable evaluación del gobierno en lugar de confianza en el presidente porque esta última tampoco aparece en el estudio de 2021. Además, cabe anotar que, en ese mismo estudio, las preguntas sobre ideología y evaluación de la situación económica del país solo se aplicaron a la mitad de las personas encuestadas.

Tabla 1
Operacionalización de las variables

Variable	Tipo	Código	Medición
Participación en protesta	Dicotómica	[prot3]	0 = No; 1 = Sí
Género (mujer)	Dicotómica	2018-2020: [q1]; 2021: [q1tb]	0 = Hombre; 1 = Mujer
Edad	Continua	[q2]
Nivel educativo	Ordinal	2018: [ed]; 2020: [coled]; 2021: [edr]	0 = Ninguno; 1 = Primeria; 2 = Secundaria; 3 = Superior
Ideología	Ordinal	2018: [l1]; 2020-2021: [coll1]	1 = Izquierda; 2 = Centro-izquierda, 3 = Centro; 4 = Centro-derecha; 5 = Derecha
Pandemia	Dicotómica	Elaboración propia a partir de [year]	0 = No (2018); 1 = Sí (2020, 2021)
Satisfacción con la democracia	Ordinal	[pn4]	1 = Muy insatisfecho, 2 = Insatisfecho; 3 = Satisfecho; 4 = Muy satisfecho
Evaluación del gobierno	Ordinal	[m1]	Escala de 1 (Muy buena) a 7 (Muy mala)
Confianza en el Congreso	Ordinal	2018-2020: [b13]; no disponible en 2021	Escala de 1 (Nada) a 7 (Mucha)
Situación del país	Ordinal	2018: [soct2]; 2020-2021: [colcorsoct2]	1 = Peor; 2 = Igual; 3 = Mejor
Confianza interpersonal	Ordinal	[it1]	1 = Ninguna; 2 = No mucha; 3 = Alguna; 4 = Mucha
Reuniones políticas	Ordinal	2018-2020: [cp13]; no disponible en 2021	1 = Nunca; 2 = Una o dos veces al año; 3 = Una o dos veces al mes; 4 = Una vez a la semana
Reuniones religiosas	Independiente	2018-2020: [cp6]; no disponible en 2021	1 = Nunca; 2 = Una o dos veces al año; 3 = Una o dos veces al mes; 4 = Una vez a la semana
Cercanía a Colombia Humana	Independiente	2018-2020: [colvb27h]; no disponible en 2021	Escala de 1 (Nada) a 7 (Mucho)

Se analizan dos series de datos distintas: una incluye únicamente los datos de 2018 y 2020, para considerar cuatro variables que no están en el cuestionario de 2021, y la otra comprende los datos de los tres estudios. Se construyen tres modelos para ambas: el primero incorpora variables contextuales (pandemia)⁴, actitudinales (satisfacción con la democracia, evaluación del presidente, confianza en el Congreso) y de control (género, edad, nivel de estudios, ideología); el segundo añade al anterior una variable actitudinal de naturaleza racional (evaluación de la situación económica del país); y el tercero agrega cuatro variables sociales (confianza interpersonal, asistencia a reuniones políticas, asistencia a reuniones religiosas y cercanía con Colombia Humana). No se incluye la variable evaluación de la situación económica personal porque, al contar con menos respuestas, reducía considerablemente el número de observaciones.

La hipótesis principal de este trabajo es que las variables sociales como la confianza interpersonal, la asistencia a reuniones políticas y la cercanía a partidos o movimientos políticos contenciosos tienen impacto clave en la participación en protestas sociales. Su comprobación empírica en el caso colombiano reivindicaría los aportes de la perspectiva meso de la acción colectiva, sin restar peso al impacto de otras variables sobre las que también se tienen expectativas teóricas. La primera es que, con base en el contexto socioeconómico reciente, se prevé que la pandemia tuvo impacto en la acción colectiva en contra del gobierno. La segunda que, de acuerdo con la descripción de las actitudes ciudadanas, se espera que la probabilidad de participar en una protesta aumente cuando también lo haga insatisfacción con la democracia (Norris & Walgrave, 2006; Del Campo et al., 2017), la desconfianza en el Congreso (Katsanidou & Eder, 2018; Rivera, 2019) y la desaprobación al gobierno.

No hay expectativas teóricas claras sobre las variables de control, la mayoría de ellas sociodemográficas (género, edad, nivel educativo e ideología). No obstante, algunos estudios (Scherman et al., 2015; Gümüs, 2017) sugieren que los jóvenes son el grupo etario más propenso a la acción colectiva contenciosa. Asimismo, en el caso de Colombia, se espera que cuanto más a la izquierda se sitúe la autoubicación ideológica, más probable será la participación en una protesta ya que diversos trabajos (Levitsky & Roberts, 2011; Rossi, 2023) han señalado que, en países de América Latina, los sectores de izquierda han tenido una participación destacada en la movilización social, especialmente frente a reformas neoliberales y en contextos de exclusión social. Si bien en la actualidad los sectores de derecha en la región están muy movilizados, en el caso colombiano las protestas de 2019 y 2021 estuvieron marcadas predominantemente por agendas reivindicativas impulsadas por sectores de izquierda o progresistas. Estas variables permiten además trazar un perfil sociodemográfico de los participantes.

La descripción de todas las variables se encuentra en el Anexo 1.

V. Explicando la protesta social en Colombia

La Tabla 2 muestra los resultados del análisis de regresión logística de la primera serie de datos (años 2018 y 2020). Las variables de control (género, edad, nivel de estudios e ideología) y la evaluación del gobierno son significativas en los tres modelos. Como se esperaba, cuanto peor se evalúa al gobierno, más probable es que se salga a protestar. Los resultados de las variables de control permiten esbozar el perfil de quien afirma haber participado en protestas: hombre, joven, con un nivel educativo alto y de izquierda. Las variables satisfacción con la democracia y confianza en el Congreso no son significativas en ninguno de los modelos. La única variable contextual que se incluye, la pandemia, solo tiene impacto estadístico moderado en el primer modelo, pero lo pierde en los otros dos modelos, cuando se incorporan las variables inspiradas en los enfoques teóricos de la elección racional y de las redes sociales. En el primer modelo, la pandemia tiene un impacto positivo sobre la variable dependiente. La situación económica del país es significativa en los modelos en los que se incluye; cuanto peor se evalúa la economía colombiana, mayor es la probabilidad de protestar.

Tabla 2
Regresiones logísticas: participación en protestas (2018-2020)

	Modelo 1		Modelo 2		Modelo 3
	Z	Odd ratios	Z	Odd ratios	Z	Odd ratios
Género (mujer)	-2.39**	0,75	-2.66***	0,72	-2.59***	0,72
Edad	-2.56***	0,99	-2.83***	0,99	-3.62***	0,98
Nivel educativo	-5.06***	0,79	-5.01***	0,79	-3.85***	0,82
Ideología	4.24***	1,48	4.05***	1,46	3.38***	1,39
Pandemia	2.17**	1,30	1.60	1,22	1.04	1,15
Satisfacción democracia	-0.50	0,96	-0.52	0,95	-0.36	0,97
Evaluación gobierno	-8.19***	0,60	-7.68***	0,62	-6.68***	0,63
Confianza Congreso	-0.19	0,99	0.03	1,00	-1.21	0,95
Situación país			-2.48**	0,74	-2.41**	0,73
Confianza interpersonal					0.18	1,01
Reuniones políticas					7.09***	1,87
Reuniones religiosas					-0.32	0,98
Cercanía CH					5.26***	1,18
Constante	0,06	0,98	1,00	1,51	-1.58	0,46
N	2601	2583	2415
Pseudo R2	0,13	0,13	0,17

Con respecto a las variables sociales, dos son significativas, asistencia a reuniones políticas y cercanía al partido Colombia Humana, y dos no lo son, confianza interpersonal y asistencia a reuniones religiosas. La asistencia a reuniones políticas y la cercanía al partido Colombia Humana tienen un impacto positivo en la participación en protestas. Así, se puede incluir otro rasgo al perfil de los manifestantes colombianos, el de activista social.

El análisis de la serie de 2018-2020 revela que, en el caso colombiano, la pandemia y las actitudes ciudadanas hacia la democracia y las instituciones no tuvieron demasiado impacto en la participación en protestas. La excepción es la evaluación del trabajo del gobierno: cuanto peor aprobación se da al gobierno, más probable es la participación en las protestas. La confianza interpersonal y la asistencia a reuniones religiosas, dos de las variables que vienen de la teoría de las redes sociales, tampoco afectan a la participación contenciosa. En cambio, sí son significativas la evaluación de la situación del país, inspirada en la teoría de la elección racional, y las variables sociales asistencia a reuniones políticas y cercanía con Colombia Humana.

Los resultados del análisis de la segunda serie de datos (2018, 2020 y 2021) se recogen en la Tabla 3. Se comprueban de nuevo los tres modelos, en este caso, añadiendo las observaciones de 2021. Como se dijo en el apartado anterior, en esta serie no se pudieron incorporar las variables confianza en el Congreso, asistencia a reuniones políticas, asistencia a reuniones religiosas y cercanía a Colombia Humana porque sus preguntas no se incluyeron en 2021.

Tabla 3
Regresiones logísticas: participación en protestas (2018-2020-2021)

	Modelo 1		Modelo 2		Modelo 3
	Z	Odd ratios	Z	Odd ratios	Z	Odd ratios
Género (mujer)	-3.01***	0,73	-3.59***	0,68	-3.61***	0,67
Edad	-3.21***	0,99	-3.49***	9,99	-3.51***	0,99
Nivel educativo	4.68***	1,48	4.54***	1,47	4.41***	1,46
Ideología	-6.63***	0,77	-6.40***	0,77	-6.40***	0,77
Pandemia	-0.74	0,92	-0.68	0,92	-0.62	0,93
Satisfacción democracia	-1.62	0,88	-1.44	0,89	-1.55	0,88
Evaluación gobierno	-8.13***	0,65	-7.81***	0,66	-7.69***	0,66
Situación país			-1.92*	0,81	-1.87*	0,81
Confianza interpersonal					0.51	1,03
Constante	0,10	1,03	-1,92	1,45	0.79	1,37
N	3523	3352	3319
Pseudo R2	0,11	0,12	0,12

Los hallazgos son muy similares a los de la primera serie. Las variables determinantes de las protestas sociales son la evaluación negativa del gobierno y de la situación económica del país, la ideología y algunos rasgos sociodemográficos como el género, la edad y el nivel educativo. A diferencia de lo que ocurre en la serie anterior, la pandemia no es significativa en ninguno de los modelos. El principal problema de incluir el estudio de 2021 es que se pierden dos de las variables explicativas de naturaleza social que sostienen la hipótesis de este trabajo: asistencia a reuniones políticas y cercanía con Colombia Humana. La variable social confianza interpersonal, como ocurre en el tercer modelo de la serie de 2018-2020, no tiene impacto en la participación en protestas.

VI. Conclusiones

Este artículo buscó explorar los factores detrás de las protestas sociales, centrándose en las protestas sociales en Colombia en 2019 y 2021. La teoría de la elección racional considera que la acción política, incluida la colectiva, se explica regularmente por factores individuales de racionalidad económica. Del análisis se desprende que la variable evaluación de la situación económica es un determinante a tener en cuenta a la hora de explicar las protestas.

La teoría de la EOP, en principio la que mejor podría explicar el caso colombiano, no está directamente representada en las variables de la encuesta, pero su impacto se incorpora a través del análisis contextual de los cambios en el entorno político colombiano, incluyendo el efecto disruptivo de la pandemia. La existencia de una ventana o grieta en el sistema político no necesariamente conduce a cambios, pero en Colombia sí ocurrieron, siendo el más importante la victoria del primer presidente de izquierda en la historia del país en 2022. Sin embargo, los primeros pasos de este proceso de cambio lo dieron los manifestantes que salieron a las calles a protestar contra las medidas del gobierno de Duque antes y durante la pandemia.

Uno de los hallazgos más significativos del estudio es que la participación en protestas no se relaciona con actitudes negativas hacia la democracia o las instituciones políticas en abstracto, sino específicamente con la evaluación del gobierno en ejercicio. Esto sugiere que las protestas de 2019 y 2021 en Colombia no fueron una impugnación al régimen democrático en sí, sino una crítica al gobierno de turno. Esta distinción permite interpretar la acción colectiva como expresión de descontento dentro de los márgenes del régimen, más que como rechazo al sistema político. Desde esta perspectiva, quienes protestaban en Colombia eran, en términos de Norris (2011), ciudadanos críticos con el gobierno más que desafectos con la democracia.

En contraste con las respuestas estructurales e individuales, aquí se propone una respuesta social para explicar las protestas. Quienes asistían con frecuencia a reuniones de partidos o movimientos políticos y que se sentían cercanos a Colombia Humana, entonces principal partido de la oposición que apoyó las marchas, eran más propensos a participar en protestas. El motivo es que, en términos de Putnam (2001), contaban con suficiente capital social porque formaban parte de redes horizontales de compromiso cívico.

Un hallazgo particularmente significativo - y en cierto sentido contraintuitivo - es que la confianza interpersonal, uno de los aspectos del capital social, no es una variable significativa en ninguno de los modelos. La asistencia a reuniones religiosas, que los años sesenta en Estados Unidos impulsó el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos (Calhoun-Brown, 1996, 2000), tampoco es un determinante de las protestas. La explicación social de la acción colectiva en Colombia solo se pudo comprobar en los estudios de 2018 y 2020, ya que en 2021 tres de las cuatro preguntas utilizadas ya no estaban disponibles.

La participación en protestas sociales también estuvo relacionada con determinados rasgos sociodemográficos e ideológicos: hombre, joven, con estudios superiores y de izquierdas. Este perfil del manifestante colombiano ayuda a comprender mejor por qué la cercanía al partido de izquierda Colombia Humana aumenta la probabilidad de protestar. Asimismo, el resultado de la variable asistencia a reuniones políticas en los modelos agrega un atributo más al perfil: el de activista.

En resumen, el análisis muestra que la participación en las protestas de 2019 y 2021 en Colombia estuvo significativamente relacionada con factores como la asistencia regular a reuniones políticas, el descontento con el gobierno y la identificación con el principal partido de oposición. En contraste, no se encontró una asociación clara entre la movilización y las actitudes hacia el régimen democrático en general.

Los resultados refuerzan la necesidad de una mirada integrada de la acción colectiva. El principal aporte de este artículo es explorar una explicación multicausal de las recientes protestas en Colombia desde un enfoque meso de la acción colectiva que articula elementos de la teoría de redes sociales, la elección racional y las estructuras de oportunidad política. A partir del análisis descriptivo y explicativo de datos de opinión pública, antes y después del ciclo de protestas y de la crisis provocada por la pandemia, se han podido identificar algunos de los determinantes de la protesta social, destacando la centralidad del componente social de las mismas y el perfil de sus participantes. Aunque el artículo no se detiene en enfoques como la teoría del marco o los estudios de identidad colectiva, reconoce su importancia para comprender dimensiones no captadas por el análisis cuantitativo aquí propuesto.

En el futuro, sería interesante examinar la capacidad explicativa de estos modelos añadiendo otros casos con protestas sociales similares; también sería útil explorar el impacto de variables estructurales que, aunque se han abordado descriptivamente contextualizando el caso colombiano, podrían incorporarse en un análisis estadístico multinivel. En cualquier caso, los hallazgos sugieren que los grandes cambios sociales y colectivos requieren algo más que un contexto socioeconómico y político favorable. En Colombia, su gestación comenzó en reuniones políticas y de partidos y se desarrolló en las calles. Un año después del último paro nacional, en 2023, se consolidó en las instituciones, con la victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales. Queda por ver si logra afianzarse a lo largo de los próximos años.

Declaración de uso de IA

Todas las ideas y argumentos presentados en este artículo fueron elaborador por el autor, sin el uso de herramientas de IA.

Contribución de autoría (CRediT)

José Manuel Rivas Otero: Conceptualización; Metodología; Análisis; Redacción; Recursos; Visualización.

• Financiamiento
  Este artículo no cuenta con ningún tipo de financiamiento.
• Declaración de disponibilidad de datos
  No aplicable.
• 1
  En este tipo de movilizaciones masivas, la probabilidad que tienen los manifestantes de ejercer influencia sobre quienes no participan de la acción colectiva aumenta si se muestran unidos, numerosos y comprometidos con la causa (Tilly, 1977; Wouters & Walgrave, 2017).
• 2
  Según los datos del DNP (2020), entre 2019 y 2020 la clase pobre aumentó casi 7 puntos (del 35,7% al 42,5%), mientras que la clase media se redujo cuatro puntos (del 30,4% al 26,5%).
• 3
  Las encuestas de 2018 se aplicaron durante ese año y parte de 2019. Estos datos de 2018 son previos a cualquier movilización masiva de 2019, y por tanto funcionan como línea base ex ante. En este sentido, se considera útil recurrir a medidas previas de capital social para anticipar la propensión a participar en acciones colectivas. Las fichas técnicas de las encuestas de LAPOP se pueden consultar en el siguiente enlace: <https://www.vanderbilt.edu/lapop/studies-country.php>.
• 4
  La pandemia de COVID-19 alteró significativamente las EOP, al generar nuevas condiciones de agravio, exponer debilidades institucionales y facilitar la emergencia de demandas colectivas lideradas por movimientos sociales (Abers et al., 2021). En este sentido, la inclusión de la variable pandemia en el modelo puede entenderse también como una forma indirecta de aproximación empírica a las EOP.

Referencias

• Aguilar-Forero, N. (2020) Las cuatro co de la acción colectiva juvenil: el caso del paro nacional de Colombia (noviembre 2019-enero 2020). Análisis Político, 33(98), pp. 26-43. DOI
  » DOI
• Abers, R.N. & Von Bülow, M. (2011) Movimentos sociais na teoria e na prática: como estudar o ativismo através da fronteira entre estado e sociedade? Sociologias, 13(28), pp. 52-84. DOI
  » DOI
• Abers, R.N., Rossi, F.M. & Von Bülow, M. (2021) State-society relations in uncertain times: social movement strategies, ideational contestation and the pandemic in Brazil and Argentina. International Political Science Review, 42(3), pp. 333-349. DOI
  » DOI
• Abers, R.N., Silva, M.K. & Tatagiba, L. (2018) Movimentos sociais e políticas públicas: repensando atores e oportunidades políticas. Lua Nova, (105), pp. 15-46. DOI
  » DOI
• Aragón, J. (2016) Representación política en los países andinos: crisis y recuperaciones. Revista de Ciencia Política y Gobierno, 3(5), pp. 107-140. DOI
  » DOI
• Banco Mundial (2022) Indicadores socioeconómicos: Colombia 2000-22 Disponible en: <https://datos.bancomundial.org/pais/colombia>. Acceso en: 7 de ago. 2023.
  » https://datos.bancomundial.org/pais/colombia
• Bourdieu, P. (1986) The forms of capital. En: J. Richardson (ed) Handbook of theory and research for the sociology of education Westport: Greenwood, p. 241-258.
• Calhoun-Brown, A. (1996) African American churches and political mobilization: the psychological impact of organizational resources. The Journal of Politics, 58(4), pp. 935-953. DOI
  » DOI
• Calhoun-Brown, A. (2000) Upon this rock: the black church, nonviolence, and the civil rights movement. PS: Political Science & Politics, 33(2), pp. 169-174. DOI
  » DOI
• Carroll, L. (2011) Violent democratization: social movements, elites, and politics in Colombia's rural war zones, 1984-2008 Notre Dame: University of Notre Dame Press.
• Casal-Bértoa, F. & Rama-Caamaño, J. (2017) ¿Democracia en crisis? El futuro de los partidos políticos y de la democracia representativa. Revista de las Cortes Generales, (100-102), pp. 249-273. DOI
  » DOI
• Castells, M. (2008) Comunicación, poder y contrapoder en la sociedad red (II). Los nuevos espacios de la comunicación. Telos, 75, pp. 11-23.
• Castells, M. (2012) Redes de indignación y esperanza Madrid: Alianza.
• Coleman, J.S. (1988) Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, 94, pp. 95-120. DOI
  » DOI
• DANE (2021) Estadísticas sobre el mercado laboral 2020-21 Disponible en: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-informal-y-seguridad-social>. Acceso en: 7 de ene. 2022.
  » https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-informal-y-seguridad-social
• Del Campo, E., Güemes, M.C. & Paramio, L. (2017) “I can't get no satisfaction”. Servicios públicos, democracia y clases medias en América Latina. América Latina Hoy, 77, pp. 161-187. DOI
  » DOI
• Della Porta, D. & Kriesi, H. (1999) Social movements in a globalizing world: an introduction. En: D. Della Porta, H. Kriesi & D. Rucht (eds) Social movements in a globalizing world Londres: Palgrave Macmillan, pp. 3-22. DOI
  » DOI
• Diamond, L. & Morlino, L. (2005) (eds) Assessing the quality of democracy Baltimore: The John Hopkins University Press.
• DNP (2020) Cambios en la composición de las clases sociales antes y después del efecto COVID-19 Bogotá: Departamento Nacional de Planeación. Disponible en: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4023.pdf>. Acceso en: 10 de jun. 2022.
  » https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4023.pdf
• Downs, A. (1957). An economic theory of political action in a democracy. Journal of Political Economy, 65(2), pp. 135-150. DOI
  » DOI
• Edwards, B. & McCarthy, J.D. (2006) Resources and social movement mobilization. En: D.A. Snow, S.A. Soule & H. Kriesi (eds) The Blackwell companion to social movements Malden: Blackwell Publishing, pp. 116-152.
• Freire, A., Barragán, M., Coller, X., Lisi, M. & Tsatsanis, E. (eds) (2020) Political representation in Southern Europe and Latin America Londres: Routledge.
• Gümüs, P. (2017) Negotiating ‘the political’: a closer look at the components of young people's politics emerging from the Gezi Protests. Turkish Studies, 18(1), pp. 77-101. DOI
  » DOI
• Huntington, S.P. (2006) Political order in changing societies New Haven: Yale University Press.
• Indepaz-Temblores. Resumen ejecutivo informe de temblores ONG, Indepaz y PAIIS a la CIDH sobre la violación sistemática de la Convención Americana Disponible en: <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/07/Resumen-Ejecutivo-Informe-DDHH-Temblores-Indepaz-PAIIS-1.pdf>. Acceso en: 8 de oct. 2021.
  » http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/07/Resumen-Ejecutivo-Informe-DDHH-Temblores-Indepaz-PAIIS-1.pdf
• Katsanidou, A. & Eder, C. (2018) Vote, party, or protest: the influence of confidence in political institutions on various modes of political participation in Europe. Comparative European Politics, 16(2), pp. 290-309. DOI
  » DOI
• LAPOP (2021) Data sets: Colombia Disponible en: <https://www.vanderbilt.edu/lapop/raw-data.php>. Acceso en: 14 de jul. 2023.
  » https://www.vanderbilt.edu/lapop/raw-data.php
• Li, M., Turki, N., Izaguirre, C.R., DeMahy, C., Thibodeaux, B.L., et al. (2021) Twitter as a tool for social movement: an analysis of feminist activism on social media communities. Journal of Community Psychology, 49(3), pp. 854-868. DOI
  » DOI
• Levitsky, S. & Roberts, K.M. (2011) The resurgence of the Latin American left Baltimore: The John Hopkins University Press.
• Mainwaring, S. (2006) The crisis of representation in the Andes.Journal of Democracy, 17(3), pp. 13-27. DOI
  » DOI
• Mainwaring, S., Bejarano, A.M. & Pizarro, E. (2008) (eds) La crisis de representación democrática en los países andinos Bogotá: Norma.
• McAdam, D. & Tarrow, S. (2013) Social movements and elections: toward a broader understanding of the political context of contention. En: J. Stekelenburg, C. Roggeband & B. Klandermans (eds) The future of social movement research: dynamics, mechanisms, and processes Minneapolis: University of Minnesota Press, pp. 325-246.
• McAdam, D., Tarrow, S. & Tilly, C. (1996) To map contentious politics. Mobilization: An International Quarterly, 1(1), pp. 17-34. DOI
  » DOI
• McAdam, D., Tarrow, S., & Tilly, C. (2003). Dynamics of contention. Social Movement Studies, 2(1), pp. 99-102. DOI
  » DOI
• McCarthy, J.D. & Zald, M.N. (1977) Resource mobilization and social movements: a partial theory. American Journal of Sociology, 82(6), pp. 1212-1241. DOI
  » DOI
• Melucci, A. (2013) The process of collective identity. En: H. Johnston & B. Klandermans (eds) Social movements and culture Londres: Routledge, pp. 41-63.
• Montero, J.R., Günther, R. & Linz, J.J. (2007) (eds) Partidos políticos: viejos conceptos y nuevos retos Madrid: Trotta.
• Norris, P. (2011) Democratic deficit: critical citizens revisited Cambridge: Cambridge University Press.
• Norris, P. & Walgrave, S. (2006) Does protest signify disaffection? Demonstrators in a post-industrial democracy. En: M. Torcal & J.R. Montero (eds) Political disaffection in contemporary democracies Londres: Routledge, pp. 301-329.
• Olson, M. (2001) La lógica de la acción colectiva. En: A. Batlle (org) Diez textos básicos de ciencia política Barcelona: Ariel, pp. 203-220.
• Pécaut, D. (1973) Política y sindicalismo en Colombia Bogotá: La Carreta.
• Pécaut, D. (2001) Orden y violencia: evolución socio-política de Colombia entre 1930 y 1953 Bogotá: Editorial Norma.
• Pécaut, D. (2021) Entre polarización política y protesta social. Análisis Político, 34(102), pp. 175-189. DOI
  » DOI
• Pizarro, E. (2017) Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016) Bogotá: Debate.
• Polletta, F. & Jasper, J.M. (2001) Collective identity and social movements. Annual Review of Sociology, 27(1), pp. 283-305. DOI
  » DOI
• Putnam, R.D. (2000) Bowling alone. The collapse and revival of American community Nueva York: Simon & Schuster.
• Putnam, R.D. (2001) Making democracy work: civic traditions in modern Italy Princeton: Princeton University Press.
• Recuero, R., Zago, G. & Soares, F. (2019) Using social network analysis and social capital to identify user roles on polarized political conversations on Twitter. Social Media+ Society, 5(2), pp. 1-18. DOI
  » DOI
• Reisman, D. (1990) Theories of collective action: Downs, Olson and Hirsch Londres: Springer.
• Ríos, J. (2021) Colombia (2016-2021). De la paz territorial a la violencia no resuelta Madrid: Siglo XXI de España.
• Rivas, J.M. (2016). Violencia y nepotismo: la trayectoria de la élite política colombiana y sus cambios en los últimos cuarenta años. Iberoamericana, 63(3), pp. 245-249.
• Rivera, S. (2019) Confianza y participación política en América Latina. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 64(235), pp. 555-583. DOI
  » DOI
• Rodríguez-Rojas, S.A. (2020) # Paro21denoviembre: un análisis de redes sociales sobre las interacciones y protagonistas de la actividad política en Twitter. Análisis Político, 33(98), pp. 44-65. DOI
  » DOI
• Rossi, F.M. (2023) Social movements and capitalist models of development in Latin America. En: F.M. Rossi (ed) The Oxford handbook of Latin American social movements Londres: Oxford University Press, pp. 229-248.
• Scherman, A., Arriagada, A. & Valenzuela, S. (2015) Student and environmental protests in Chile: the role of social media. Politics, 35(2), pp. 151-171. DOI
  » DOI
• Tarrow, S. (1992) Mentalities, political cultures, and collective action frames: constructing meanings through action. En: A.D. Morris & C.M. Mueller (eds) Frontiers in social movement theory New Haven: Yale University Press, pp. 174-202.
• Tarrow, S. (1996) Social movements in contentious politics: a review article. American Political Science Review, 90(4), pp. 874-883. DOI
  » DOI
• Tarrow, S. (2004) El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política Madrid: Alianza.
• Tilly, C. (1977) From mobilization to revolution. Ann Arbor: University of Michigan Press.
• Tilly, C., Castañeda, E. & Wood, L.J. (2020) Social movements, 1768-2018 Nueva York: Routledge.
• Torcal, M. (2014) The decline of political trust in Spain and Portugal: ¿economic performance or political responsiveness?American Behavioral Scientist, 58(12), pp. 1542-1567. DOI
  » DOI
• Touraine, A. (1985) An introduction to the study of social movements. Social Research, 52(4), pp. 749-787. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/40970397>. Acceso en: 15 de jul. 2023.
  » https://www.jstor.org/stable/40970397
• Vallès, J.M. & Martí, S. (2015) Ciencia política. Un manual Barcelona: Ariel.
• Wouters, R. & Walgrave, S. (2017) What makes protest powerful? Reintroducing and elaborating Charles Tilly's WUNC concept. SSRN DOI
  » DOI
• Velasco, M. (2015) Social movement contention in colombia, 1958-2014. En: P. Almeida & A. Cordero Ulate (eds) Handbook of social movements across Latin America Dordrecht: Springer, pp. 291-300.
• Yang, S.Y., Mo, S.Y.K. & Liu, A. (2015) Twitter financial community sentiment and its predictive relationship to stock market movement. Quantitative Finance, 15(10), pp. 1637-1656. DOI
  » DOI
• Yardi, S. & Boyd, D. (2010) Dynamic debates: an analysis of group polarization over time on twitter. Bulletin of Science, Technology & Society, 30(5), pp. 316-327. DOI
  » DOI

Anexo 1
Descripción de las variables

Variable	Código	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Participación en protesta	prot3	4.721	0,12	0,33	0	1
Género (mujer)	q1	7.859	0,55	0,50	0	1
Edad	q2	7.862	40,00	14,43	18	93
Nivel educativo	ed	7.836	2,21	0,77	0	3
Ideología	l1	4.787	3,16	1,46	1	5
Pandemia	pandemia	7.862	0,79	0,41	0	1
Satisfacción con la democracia	pn4	4.607	2,03	0,72	1	4
Evaluación del gobierno	m1	6.240	2,90	1,17	1	5
Confianza en el Congreso	b13	3.191	3,01	1,74	1	7
Situación del país	soct2	4.465	1,30	0,57	1	3
Confianza interpersonal	it1	7.745	2,83	0,91	1	4
Reuniones políticas	cp13	3.245	1,32	0,61	1	4
Reuniones religiosas	cp6	3.264	2,45	1,25	1	4
Cercanía a Colombia Humana	colvb27h	4.538	2,99	2,06	1	7

• Editor Científico:
  Adriano Nervo Codato http://orcid.org/0000-0002-5015-4273

• Editores Asociados:
  Paulo Costa http://orcid.org/0000-0003-3438-317X, Bruno Fernando da Silva https://orcid.org/0000-0002-7652-6362

Disponibilidad de datos

No aplicable.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  03 Nov 2025
• Fecha del número
  2025

Histórico

• Recibido
  08 Ene 2025
• Revisado
  14 Mayo 2025
• Acepto
  10 Jun 2025