Criminalidad, economía del miedo y conflicto armado: Estudio a partir del arquetipo del “enemigo” en el contexto colombiano

Criminality, fear economy and armed conflict: Study from the archetype of the "enemy" in the Colombian context

Resumen

Actualmente Colombia está inmersa en un proceso de justicia transicional con diferentes actores y factores, uno de ellos, muy poco abordado, o al menos invisibilizado, es el factor “miedo” por el desenlace impreciso de la Justicia Especial para La Paz. Así, hablar de miedo y criminalidad permite hacer una reflexión conexa al conflicto armado, pues son factores transversales que imposibilitan la progresividad de los derechos.

Palabras claves:
Criminalidad; Conflicto armado; Economía del miedo

Abstract

Currently Colombia is immersed in a transitional justice process with different actors and factors, one of them, very little addressed, or at least invisible, is the “fear” factor for the imprecise outcome of the Special Justice for La Paz. Thus, talking about fear and criminality allows us to make a reflection related to the armed conflict, since they are transversal factors that make the progressivity of rights impossible.

Keywords:
Criminality; Fear economy; Armed conflict

Resumo

Atualmente a Colômbia está imersa em um processo de justiça transicional com diferentes atores e fatores, um deles, muito pouco abordado, ou pelo menos invisível, é o fator “medo” para o resultado impreciso da Justiça Especial para a Paz. Assim, falar de medo e criminalidade nos permite fazer uma reflexão relacionada ao conflito armado, já que são fatores transversais que impossibilitam a progressividade dos direitos.

Palavras-chave:
Criminalidade; Economia do medo; Conflito armado

Introducción

Actualmente Colombia está inmersa en un proceso de justicia transicional con diferentes actores y factores, uno de ellos, muy poco abordado, o al menos invisibilizado, es el factor “miedo”, no solo por las secuelas del conflicto armado, sino también, por el desenlace impreciso de la Justicia Especial para La Paz. Así, hablar de miedo y criminalidad en el contexto del conflicto armado, permite hacer una reflexión necesaria, pues estos factores son transversales y afectan tanto la esfera política y legislativa, como la económica. Lo cual, imposibilita la progresividad de estándares mínimos de bienestar, aunque el tema central sea, la justicia transicional.

La propuesta de Estefanía (2011), por ejemplo, es crucial desde la teoría de la economía del miedo, esta sintetiza, a juicio de las autoras, las constantes crisis que han posibilitado no solo el abandono al estado de bienestar, sino también, el derrumbe paulatino del Estado Social de Derecho, o al menos, el debilitamiento del mismo, dados los elementos concomitantes emergentes en detrimento de los derechos humanos, hecho que per se, asegura la regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, en adelante DESC. Dicho escenario se sustenta cuando los estándares mínimos de bienestar no se satisfacen por políticas que apuestan por un modelo seguritario de Estado, como en el caso colombiano, donde ha primado la lucha contra el enemigo y, muy por el contrario, la sanidad, el sistema de pensiones y la misma educación, han pasado a un segundo plano.

Para el caso concreto, Colombia tras la huella de conflicto armado se debate en un proceso de justicia transicional, por las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y serias infracciones al derecho internacional humanitario. Pasado conflictivo que se remonta desde finales de los años 40’s hasta la actualidad, con un conflicto armado que ha tenido diferentes variaciones y niveles de intensidad. No obstante, desde este contexto, paralelo al conflicto y no necesariamente como consecuencia de este, Colombia también ha sobrellevado graves retrocesos en materia de DESC, pues mira más hacía la paz, persiguiendo la ausencia del conflicto armado, sin entender que aquella, no puede pensarse en un Estado que no satisface estándares mínimos de bienestar. Con lo cual, Colombia también ha estado en una crisis constante que atañe a múltiples variables, sean estás, económicas, políticas, sociales o culturales que, en suma, se apoyan en el conflicto armado como pretexto, en un estado de criminalidad, miedo y barbarie.

El artículo se apoya en la metodología cualitativa, desde el enfoque fenomenológico-hermenéutico, consistente en la manera previa de ver y entender los fenómenos para comprenderlos, lejos de simples ocurrencias y opiniones populares. La idea es, entonces, asegurar el carácter científico del tema investigado, en la medida que el investigador es capaz no solo “de prestar oído a un mensaje” (León, 2012), sino de comprenderlo a partir de la realidad interpretada.

A partir de lo anterior, existen diversos acercamientos al análisis cualitativo de acuerdo con el diseño o el marco referencial seleccionado (Hernández; et. al, 2014, p. 494). En este caso, el enfoque fenomenológico-hermenéutico es producto de la interacción dinámica entre las siguientes actividades de indagación: a) el fenómeno o problema de investigación, centrado en explicar cómo la dinámica del conflicto armado en Colombia está permeada por diferentes matices y elementos que dialogan, a la par, con la criminalidad organizada; b) para estudiar y reflexionar cómo el conflicto armado ha sido por muchos años el factor detonante en la lógica del miedo y cómo en este contexto ha sido fundamental crear un Estado que lucha contra el “enemigo”; para a posteriori entender que, una vía alterna es, precisamente, perdonar al “enemigo”, sin que esto signifique suprimir la justicia. En este proceso se desarrollan c) categorías y temas esenciales del fenómeno; una de ellas es, la justicia transicional, que al mismo tiempo d) se describe y se e) interpreta, mediante diferentes referentes teóricos.

Una de las tesis desarrolladas es que, en el caso colombiano, el debate se ha centrado en la justicia transicional, pero olvidando, a juicio de las autoras, diferentes factores que invisibilizan la criminalidad y el miedo como categorías esenciales en el contexto del conflicto armado. En esta lógica del miedo han aparecido víctimas muy puntales, como lo han sido, por ejemplo, desde la población desplazada por la violencia armada y las miles de personas desaparecidas de manera forzada, hasta la población civil, geográficamente afectada, por la guerra de cárteles de la droga en los años 80’s y 90’s. Lo cual estuvo, desde los argumentos que se ofrecen al lector, afectado también por una economía motivada por el narcotráfico y un conflicto armado que posibilita que “todo” se construya, incluso legislativamente, a partir del miedo.

Por lo anterior, se enfatizará como conclusión central que, es factible hablar de retrocesos en los derechos adquiridos con las luchas sociales por el factor miedo, retrocesos que se interrelacionan con fenómenos emergentes que afectan la economía, y por supuesto, agravan las violaciones a los derechos humanos. Esto guiará las reflexiones finales, para evidenciar, cómo el miedo, a su vez, se convierte en un dispositivo de control estatal y cómo opera al mismo tiempo, transversal y silenciosamente en la lucha contra la criminalidad.

1. El conflicto armado como factor detonante del miedo y de la cultura del “enemigo”

El conflicto armado en Colombia ha tenido estudios múltiples desde la sociología, antropología, el derecho, la psicología, e incluso, desde la economía, en este último caso, un poco menos abordado. Todos ellos, sin precisar una disciplina concreta, son coincidentes en que el conflicto armado ha desplegado asesinatos, secuestros, desplazamientos y desapariciones forzadas y, con ellas, torturas, tanto en su faceta psicológica, como física. Al respecto, nótese que,

Los muertos y desaparecidos no son la única referencia para mostrar la magnitud del sufrimiento que ha causado la guerra en Colombia. Hay una violencia que no es letal, pero es igualmente destructiva. La violencia sexual, las minas antipersonal y la destrucción de bienes han sido secuelas profundas del conflicto. La mayoría de ellas siguen ocurriendo todavía (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

Con todo su horror y dolor, el conflicto se ha ensañado sobre todo en la “periferia” campesina y ha sido marginal al sistema político colombiano. Esta “marginalidad” -que sin duda ha disminuido de manera dramática en los últimos años- fue sin embargo decisiva para formar el carácter y los modos de actuar de los armados, de suerte que el remedio del conflicto pasa por apreciar aquella marginalidad (Gómez, 2003). Ese horror que ha representado el conflicto se refleja, con mayor magnitud, en diferentes momentos y con variados niveles de intensidad. Sus antecedentes se remontan al apogeo de la denominada época de La violencia, entre 1948 y 1958, aunque no todos los historiadores coinciden, con precisión, en este rango temporal.

Desde esa época se fue tejiendo paulatinamente un conflicto armado con diferentes actores, a los que se sumó también, la violencia estatal, lo cual significó, paralelamente, serias infracciones al derecho internacional humanitario y violaciones masivas de derechos humanos a la población civil. De esta manera, aparecieron gradualmente, durante y después de la década de los 60s, diferentes bandos, los cuales dejaron como balance el enfrentamiento entre guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, y el propio Estado. No obstante, es sorprendente el escaso “número de estudios que versan sobre las lógicas de acción de los actores en guerra. (…) Minimizando, como propone Lair (2000), el rol de los grupos armados que, sin embargo, hacen evolucionar las modalidades de guerra y le imprimen a ésta una temporalidad particular.

Con la institución del conflicto armado en todo el territorio colombiano, surgen entonces, ejércitos particulares que protegen no sólo los intereses de los narcotraficantes, sino también, de los partidos políticos, lo cual se evidencia, en la actualidad, con las extensas investigaciones por parapolítica. Fenómeno asociado al paramilitarismo, mismo que nació en la década de los 60’s con las facultades otorgadas a grupos de civiles, para que legalmente se armaran y contrarrestaran a los grupos disidentes, aval otorgado por medio del decreto de estado de sitio No. 3398 de 1965. Este convocó a la defensa civil, apoyando un conjunto de medidas, disposiciones y órdenes no agresivas, tendientes a evitar, anular o disminuir, los efectos que la acción del “enemigo” pudiera provocar al conglomerado social.

Circunstancia que le permitió al Gobierno -bajo la presidencia de Guillermo León Valencia- asumir la prerrogativa de utilización de personas y recursos de acuerdo con las necesidades que se derivaran de los planes en la defensa nacional. Sin embargo, estos grupos terminaron haciendo las mismas arbitrariedades de las guerrillas, razón por la cual, la figura jurídica desapareció, aunque ellos se extendieron a lo largo y ancho de todo el país. A posteriori, más bien recientemente, surge un neoparamilitarismo con la aparición de una nueva figura delincuencial: Las Bacrim, comúnmente llamadas, Bandas Criminales Emergentes.

Con estos antecedentes, “la generalización de la confrontación armada, el posicionamiento del narcotráfico, la intromisión de los intereses del modelo de desarrollo capitalista y la existencia de unas instituciones estatales ampliamente deslegitimadas, han tenido efectos desestructurantes en los tejidos sociales y agendas de las poblaciones locales” (Restrepo & Rojas, 2004). Esto se evidencia, con mayor dimensión, en las poblaciones que han encarnado el drama del desplazamiento forzado, entendiendo por tal, los grupos o personas que,

Se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos (…) provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida (ACNUR, 1998).

Los miles de víctimas desplazadas ―afrodescendientes, indígenas y tribales, hombres y mujeres campesinas― que padecen la regresividad de los DESC son, en suma, actores directos del miedo, no solo por el horror que han vivido tras dejar sus territorios y sus modos de vida, sino por otras dinámicas que recrudecen el fenómeno, el racismo estructural, entre otras cosas, es una de ellas. Pues además de cobrar vida el sesgo histórico de la época de la colonia, se estigmatiza la marginalidad y la pobreza, naturalizando la explotación doméstica y laboral en cabeza de mujeres campesinas, afrodescendientes e indígenas, que han tenido obstáculos para el acceso igualitario a la tierra y la protección de sus derechos.

Así, el desplazamiento, “antes que un suceso intempestivo e inesperado, es el resultado de un proceso de exacerbación de un ambiente de terror, de miedos acumulados, de una ya larga historia de control de la población por parte de los grupos armados” (Castillejo, 2000). Población víctima directa, que además de sufrir los estragos de la guerra, son también catalogados como “enemigos”, ese otro que inunda las calles con sospecha, per se, de delincuente, porque de él deviene peligro inminente, tras el lastre peyorativo de vivir el drama de la marginalidad, la pobreza y, en el peor de los casos, la indigencia.

Es el mismo enemigo que ya ha sido definido por Agamben (1998); donde la política no es la de amigo-enemigo, sino la de nuda vida-existencia política, zóé-bíos, exclusión-inclusión (1998, p. 8). Línea seguida por Primo Levi (2002), cuando afirma que, “habrá muchos, individuos o pueblos, que piensen más o menos conscientemente, que “todo extranjero es un enemigo” (2002, p. 4). Lo que, por símil, convierte al desplazado en el extranjero. Dicho de otra forma, en los términos de Silva (2007), los indeseados se vuelven enemigos, mismos que adquieren como seres humanos la exclusión del status personae. Silva, también aclara que,

La noción de exclusión nació, de hecho, asociada a la marginalidad y la pobreza. Por ello, caben formas de exclusión que no implican, necesariamente, la consideración del excluido como enemigo, ni como “no-persona”; aunque ciertamente reducen drásticamente, en su caso, la materialidad de la condición de ciudadano o de persona entendida como “alter ego” (Silva, 2007, p. 3).

Todo esto, como se observará a continuación, son detonantes, que expansivamente, han cobrado singular importancia política y socialmente, cuando de manera silenciosa se ha naturalizado una cultura del miedo que interviene, incluso, legislativamente y en la economía.

1.1 El desplazamiento y la desaparición forzada de personas como factores esenciales en la cultura del miedo

Una consecuencia, quizás, la más visible en Colombia, junto a la desaparición forzada de personas, asociada al conflicto armado es, actualmente, el fenómeno del desplazamiento forzado, circunstancia reforzada por la misma Corte Constitucional cuando declaró en el año 2004, lo que denominó, estado de cosas inconstitucional, debido a la cantidad de derechos humanos vulnerados con el fenómeno, lo cual, no obstante, a la fecha persiste.

La ACNUR, en un comunicado, más bien reciente, explica que “hay más víctimas de desplazamiento forzado en Colombia que número de habitantes en Costa Rica” (ACNUR, 2018). Por ello, no es absurdo afirmar que el miedo, según manifiesta Villa (2006), constituye una mediación central tanto en la experiencia del desarraigo como en las posibilidades de inserción y restablecimiento de esta población. En tal sentido, así como expresa Escobar (2004), “el terror y los desplazamientos tienen por finalidad desbaratar los proyectos de las comunidades, quebrantar su resistencia y, probablemente, lograr incluso su exterminio” gracias al “negocio” de la guerra. A este respecto, la situación se puede caracterizar con la frase atribuida al poeta salvadoreño Roque Daltón: “la guerra es la continuación de la economía por otros medios” (Escobar, 2004).

El miedo, acorde a los elementos esbozados por Paz (2013), tanto en sus manifestaciones de presencia objetiva como en el sistema psíquico de las percepciones cotidianas, está posesionado en las prácticas rutinarias de hombres y mujeres de la más diversa índole y contexto en todo el mundo y, cierto es, que cuando el miedo supera cierto umbral, el ser humano se bloquea y se vuelve incapaz de reaccionar de forma idónea de acuerdo a los acontecimientos (Nardone, 2003).

Nótese también, al respecto, que el miedo ha sido una constante que permea culturas y hace parte de los mitos de la tradición helénica, celtica o indoirania y judeo-cristiana, es decir, desde el mismo origen de la humanidad el miedo se ha descrito en la relación misma de los hombres con lo divino (Korstanje, M. E. 2010). El término ha sido abordado por diferentes autores y en diversos contextos de orden político, cultural, social y económico. Filósofos como Aristóteles, Thomas Hobbes y Robert Castel, ubicados en distintas épocas, han tratado el tema del miedo como elemento vinculante del hombre con la naturaleza y la civilidad.

Enfoque a partir del cual podría inferirse que el temor como plantea Aristóteles, corresponde al mundo de las pasiones, o tal vez, como lo presenta Thomas Hobbes, asumiendo que el “exterminio” es una posibilidad que puede surgir como consecuencia de la naturaleza, que ha permitido que los hombres sean iguales en sus facultades físicas y mentales, lo que desemboca en una rivalidad entre ellos y por ello el temor se plantea como una consecuencia de las confrontaciones originadas en sus deseos comunes y el goce que de ellos pueda derivarse.

Por otra parte, es indispensable considerar la mirada de Robert Castel, quien encuentra como punto de partida para el análisis, que la excesiva necesidad de las sociedades modernas de lograr, constantemente, elevados niveles de seguridad, conduce con frecuencia, paradójicamente, a incrementar los niveles de inseguridad, debido a la aparición de nuevas “inseguridades”, que van surgiendo cada vez que se da respuesta a las expectativas planteadas por las sociedades frente algunas de estas preocupaciones que las asaltan (Kortanje, M. 2009).

Además de la seguridad como necesidad social, aparecen, a su vez, otros elementos que influyen en la naturalización del miedo, pues

los medios de comunicación, la industria cultural y la instrumentalización política han conseguido imponer y utilizar, sobre las construcciones psíquicas, genéticas y biológicas sensibles de los seres humanos, el miedo y la inseguridad como “estado de existencia natural” que reivindica la concepción del “hombre enemigo del hombre” que no solamente impulsa la lucha, el recelo, la duda, el extrañamiento, la distancia y el peligro latente entre los seres humanos, sino que valida y legitima la existencia de un poder supremo que debe imponerse de manera brutal sobre las personas, para someterlas y, supuestamente, protegerlas (Paz, 2013).

Otros autores proponen un enfoque claramente político para el análisis del miedo, es el caso de Michel Foucault, que en un inicio no habla directamente del miedo político, sino del riesgo y/o peligro. Por otra parte, Corey Robin plantea que el miedo crea un ambiente propicio para el adoctrinamiento del hombre, lo cual irá en contra de su propia libertad, planteamientos que permiten entender el miedo como un instrumento para lograr cohesión o control (Korstanje M. E. 2010). También en la obra de Nicolás Maquiavelo puede encontrarse una relación inherente entre el miedo y la política, la expresión “más vale ser temido que amado” empleada en su obra el Príncipe, encierra un elemento fundamental sobre el cual se debe enmarcar el poder del Estado que siempre deberá ver en el miedo un arma que impide el desarrollo de la perversión de los hombres y las acciones que de ella se derivan (Taussing, M. 2000).

En la misma línea, Lefebvre aporta al análisis desde el concepto de “pánico”, partiendo del análisis de las situaciones vividas por los campesinos en su vida cotidiana en Francia (el hambre, los vagabundos), pues los problemas desde donde fueron abordados sus temores (amenazas que se propagaron), contribuyeron a la construcción del miedo en la sociedad de la revolución industrial y tal vez al surgimiento de movimientos capaces de responder a situaciones complejas de fragilidad enfrentadas por la sociedad de aquella época (Leone, M. 2015).

En consecuencia, no hay lugar a dudas respecto a que uno de los grandes temas que ha acompañado a la humanidad durante todos los tiempos, es el miedo, en tanto su comprensión y connotación ha sido variado, si se considera la época y experto encargado de su análisis. Sin embargo, siempre los puntos de convergencia estarán presentes como parte de las disertaciones alcanzadas en aras de su entendimiento y control, lo que en todos los casos permite considerar el miedo como una variable de gran importancia para la sociedad y desempeño del Estado en cualquier lugar y/o momento histórico.

En el caso colombiano, por tanto, la coyuntura actual no escapa del análisis a partir del miedo, por ello, a continuación, se describen algunos elementos característicos que permiten orientar el estudio abordado. Recuérdese que desde los años 60 la inseguridad por el miedo al conflicto armado ha generado unas lógicas de acción que se volvieron el centro de las preocupaciones públicas en Colombia, transformándose esto, en uno de los principales problemas para contrarrestar los malestares derivados de la guerra. Por ello, el miedo al crimen ha transmitido una constante percepción de inseguridad que solapa las medidas y las legitima “democráticamente”.

El conflicto armado se desencadenó en un panorama que naturalizó diversos fenómenos, pero al mismo tiempo los contagió de apatía social, aunque paralelamente la sociedad colombiana vivió y aún vive consumida en el miedo. La desaparición forzada de personas, inter alias, es un fenómeno que además de su resultado como grave vulneración de derechos humanos, degrada a las personas por el miedo que infunde y en el escenario colombiano este fenómeno tiene todavía fuertes raíces.

Nótese que, a la fecha, el Centro Nacional de Memoria histórica (2016), ha documentado un panorama que da cuenta de las características y particularidades de la desaparición forzada explicando cómo, en los últimos 45 años, hubo 60.630 desaparecidos en Colombia, circunstancia que reprocha la desaparición forzada como una problemática política, jurídica y social que no ha sido suficientemente visibilizada, lo que contribuye a la apatía social respecto a este fenómeno (Centro Nacional de Memoria Histórica , 2016). Aunque este crimen implique vulnerar de forma sistemática diferentes derechos, también guarda otra complejidad, y quizás una de las más graves: este tipo de delitos conlleva una serie de dificultades en cuanto a su investigación, debido a que el común denominador es que no exista un cadáver que soporte la muerte -o desaparición- de la persona (Ferrándiz, 2010).

En consecuencia, es acertado el mismo informe del Centro Nacional de Memoria Histórica cuando reconoce que:

El carácter cotidiano que llegó a adquirir la desaparición forzada de personas en Colombia (en su periodo de mayor expansión, de 1996 a 2005, cada dos horas era desaparecida una persona por causa del conflicto armado) nos exige hoy, para contrarrestarlo, incómodos ejercicios y dolorosas prácticas de memoria. Nos reclama, adicionalmente, ejercicios y prácticas que conducen a que reconozcamos que se nos han arrebatado, no solo un número desmesurado de personas, de líderes que desaparecieron junto con sus causas y de comunidades que fueron transformadas por causa del miedo, sino también nuestra capacidad de hacernos responsables del carácter de ser humano del otro (Centro Nacional de Memoria Histórica , 2016, p. 24).

Es importante reconocer, además, que un sistema de naturaleza estatal en un contexto de conflicto armado no ofrece los incentivos para que una víctima de desaparición forzada denuncie un hecho que implica a un agente de Estado, pues se está denunciando a un agente de Estado ante otro y muchas víctimas tienen miedo que la información aportada circule y quede expuesta a la acción revictimizante del perpetrador (Centro Nacional de Memoria Histórica , 2016, p. 72).

Pese a lo anterior, el panorama se agrava aún más, obsérvese que, en una especie de marginalidad avanzada, algunas víctimas, ya no por desaparición, sino por desplazamiento forzado, se regocijan en territorios aislados y delimitados, tanto por fuera como por dentro, como purgatorios sociales, donde solo aceptarían habitar, en los términos empleados por Wacquant (2007), los desechos de la sociedad.

Así, los discursos se homogeneizan creando estigmas sociales, pues “para descalificar se intensifican y se cierran alrededor de ellos, tanto “desde abajo”, en las interacciones ordinarias de la vida cotidiana, como “desde arriba”, en los campos periodístico, político y burocrático” (Wacquant, 2007), fuertes estereotipos que tildan a los afectados desplazados como fuente de peligro o malestar, asociándolos, también, con la pobreza, e incluso, tachándolos etnicamente, debido al racismo estructural invisibilizado. Esto es, en suma, un mismo lenguaje que ya no habla de la víctima, sino del desplazado, quizás, extraño/enemigo, aunque, bien es sabido que, desde la concepción Jackobsiana, el “enemigo” interno, no son ellos, sino los bandos tradicionalmente enfrentados.

2. De la lucha contra el “enemigo” a la justicia transicional

La concepción Jakobsiana del enemigo ha sido una característica del Estado colombiano en los últimos tiempos. El “enemigo”, teoría desarrollada por el alemán, Günther Jakobs (2006), en su modelo de derecho penal del enemigo ―Strafgesetzbuch― para fundamentar modelos de Estado, donde aquel no dialoga con los ciudadanos, sino que amenaza a sus enemigos, en una reacción de combate ante un problema de seguridad contra individuos especialmente peligrosos (Günther & Meliá, 2006), es una tendencia que presupone el abandono del modelo de Estado Social de Derecho, pues quién desatiende tal modelo, es tratado ya no como persona, sino como “enemigo”, por ser, precisamente, fuente de peligrosidad.

Por esta razón, el sistema reacciona en función del derecho a la seguridad que reclama, exige y legitima el mismo colectivo social, para contrarrestar a quien trasgreda la norma en la lucha contra el crimen organizado. Apareciendo el arquetipo del “enemigo”, etiquetado así, entre otras cosas, por ir en contravía de los bienes jurídicos que han sido tutelados (Palacios, 2010). Lógica que se mantiene en la praxis política, para justificar como expresa (Ambos, 2006), cualquier forma de medidas represivas desde sanciones económicas hasta la guerra interna o externa, para mantener políticas aplicadas entorno a la seguridad nacional, en protección de la soberanía de los Estados.

No obstante, en este escenario las autoras se alejan de la tesis jakobsiana por la necesidad de respeto a los principios fundacionales del Estados Social de Derecho, en el entendido que, la obediencia a la misma ley como fundamento de la seguridad de los derechos, en la defensa efectiva de los mismos derechos humanos es, como explica Palacios (2010), distorsionada de manera “cínica”, pues ya no hay necesidad de maquillar la realidad, puesto que, la filosofía predominante -en respuesta a la llamada cultura de emergencia (Pérez, 2007)- es la promoción de medidas reactivas ante los supuestos riesgos y amenazas, en las que el derecho será efectivo, en tanto se pueda aniquilar o instrumentalizar a quién no le es funcional al sistema, esto es, al “enemigo” (Palacios, 2010).

Lo anterior fue, por ejemplo, el fundamento de la creación del decreto de estado de sitio No. 3398 de 1965, que legitimó, como antes se explicó, la defensa armamentista no estatal, de la población civil en los años 60’s, contrarrestando los efectos que la acción del “enemigo” pudiese ocasionar, en procura de la seguridad nacional. Otro ejemplo muy claro, de esta forma de lucha contra el enemigo interno, que validó la misma legislación, es la figura de los “jueces sin rostro”, creada para contrarrestar el narcotráfico y el terrorismo en los años 90’s. Medida de emergencia contemplada en el Decreto 2790 de estado de sitio, denominado oficialmente como Estatuto para la Defensa de la Justicia.

Recuérdese que el acto mediante el cual se declara un estado de excepción, si bien, “es un acto político, sujeto a consideraciones de necesidad, oportunidad y conveniencia, también es un acto jurídico atado a reglas y requisitos formales y materiales dirigidas a garantizar su legitimidad y a evitar su uso arbitrario” (Corte Constitucional, 2009). Sin embargo, Colombia se mantuvo en la lucha contra el enemigo en una constante marea legislativa basada en el uso exacerbado de estados de excepción.

Lo anterior constituye una de las características del llamado derecho penal del enemigo que se distancia del respeto a los derechos humanos, pues prima el auge de mecanismos y medidas encaminados a sacar de la vida social y recluir por largos periodos a terroristas, narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros como enemigos del Estado, dada la alta sensibilidad al peligro que estos grupos representan.

Ahora bien, desde la tesis Jackobsiana, este enemigo histórico de la seguridad nacional ―narcotraficantes, terroristas, guerrilleros, paramilitares― desde el contexto colombiano, son presupuestos necesarios para el cambio de lenguaje dado el auge de la Justicia Especial para la Paz desde el año 2012. Aquella nace como necesitad sentida que exige una transformación de doctrina política, de la guerra a la paz, pues la protección de los derechos humanos y los estándares internacionales que respaldan los derechos de las víctimas en sociedades que sufren o han sufrido conflicto, exigen unos parámetros mínimos que demandan justicia, verdad, reparación y medidas de no repetición. Por ello, tras el pasado conflicto, se gestó un Acuerdo de Paz, en La Habana Cuba con las FARC, para intentar poner fin al conflicto armado.

No obstante, la justicia transicional¹ -entendida como el conjunto de medidas sean estas, judiciales o políticas, que las víctimas de conflictos armados, o de épocas represivas por pasados dictatoriales, han demandado como forma de reparación por las violaciones masivas de derechos humanos y las serias infracciones al derecho internacional humanitario- es en Colombia, una asignatura pendiente, pues aún los Acuerdos de La Habana, existen grupos disidentes de las FARC y el ELN que continúan delinquiendo y, a la par, el paramilitarismo es un fenómeno que aún no termina. Pero esto, a su vez, ha significado un cambio obligado en el uso del lenguaje, pues la política de la “guerra” como base para atacar al enemigo se transforma de base, primando el clamor de las víctimas, dando el tránsito a la justicia transicional.

A la par, de este de modelo alternativo de justicia han surgido otros elementos que, ligados al miedo, hacen que el escenario colombiano sea aún más complejo, pues paralelo al conflicto armado se han generado no solo crisis por la masiva violación a los derechos humanos y el retroceso de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), sino también, diferentes crisis financieras que han permeado el modelo de Estado con el auge del capitalismo.

Concebida la economía como el motor, la fuente y sistema del desarrollo, entonces la humanidad comienza a caminar por el mundo a través de “modelos económicos de desarrollo”. Aparece en determinado momento el capital y con ello se da pie a los sistemas capitalistas de producción (Gonzalez, 2009). Esto merece ser abordado desde la teoría de la economía miedo, para entender finalmente, que el conflicto armado no es solo cuestión de víctimas, pues sus efectos también han incluido la involución económica del país, aunque el narcotráfico sea un factor que, invisiblemente, afecta la economía.

3. ¿Qué entender por economía del miedo?

El término economía del miedo, acuñado por Estefanía (2011), puede ser entendido como una adaptación de importantes variables de la economía, a las consecuencias replicadas por el factor miedo, temor o pánico en la sociedad, frente a determinadas situaciones, naturales o no, creadas por el Estado o los grandes poderes bajo los cuales actúa una sociedad, como son: la religión, la política, la industria y, en general, todos aquellos que tengan capacidad de decidir sobre los destinos de otros, generando profundas y prolongadas crisis, mismas que traspasan su impacto económico y como efecto rebote se trasladan al conjunto de la sociedad, afectando al ciudadano común que no entiende cómo le impactan los factores macroeconómicos derivados con las crisis.

Es claro entonces que el abordaje realizado en torno a la comprensión del miedo, sus orígenes y consecuencias, en diferentes momentos, en manos de diferentes autores, sociedades y tiempos, muestra la importancia que se ha dado al tema para la comprensión del orden y control en sus diferentes estadios, etapas o procesos históricos. No obstante, la reflexión de una economía del miedo que explique las actuales circunstancias sobre las cuales se define el uso del poder en las agendas locales y globales, o se determina el rumbo de la geopolítica global, es fundamental para la comprensión de quienes controlan y dominan en el mundo actualmente, así como las armas empleadas por el Estado para mantener el control, dinamizar la economía y crear la cohesión necesaria de quienes lideran el destino de las sociedades actuales.

Para Estefanía (2011), quien ha desarrolla una propuesta capital para este estudio, en lo que ha denominado economía del miedo, “no es posible estudiar y entender la economía contemporánea sin considerar esta variable”, es decir, el miedo. Según sus planteamientos las políticas económicas desde la gran depresión de los años 30, están enfocadas a presentar las recetas renovadoras de la ciencia económica para dar soluciones a situaciones de caos o pánico de orden industrial, financiero o de mercados (Estefanía, J. 2011).

Otra mirada de la economía del miedo podría ser la que se deriva de una nueva comprensión de la demanda y la oferta a partir del creciente temor e inseguridad generado durante largos periodos, pero especialmente a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, periodos marcados por acontecimientos de orden global, cuyos efectos han sido de gran importancia en el desarrollo de unos nuevos mercados atravesados por necesidades de producir y consumir a partir del miedo y la inseguridad, provenientes desde el Estado mismo o de grupos con una capacidad de influencia en la política y la economía global. En el caso de Colombia, por ejemplo, el narcotráfico y el terrorismo han sido elementos sustanciales en lo que Estefanía define como economía del miedo. A continuación, se esbozan elementos necesarios para este análisis.

3.1 Narcotráfico y terrorismo en la economía del miedo

El siglo XXI ha marcado un derrotero claro para la economía global, el paso inaplazable y obligado de todas las economías del mundo por el libre mercado, los imperantes mandatos de la demanda y oferta no dan tregua a la competencia capaz de mantener la dinámica de consumo y producción necesarios para garantizar la sostenibilidad y el desarrollo de los Estados modernos, que son los demandantes insaciables de recursos necesarios para su sostenimiento. La persecución del desarrollo exige, en consecuencia, el ajuste de muchas cosas e ideas:

Se originan nuevas creencias, se generan nuevas reglas existenciales. Se articula un nuevo entramado de principios y valores, se instaura toda una serie de intereses. Se avizora un horizonte resplandeciente que llevaría al mundo al Estado de Bienestar. Como eje toral y plataforma de lanzamiento y afincamiento se establece a la economía mundial. La economía se torna el motor y el alma del desarrollo (Luhmann, 1993). (…) Se vuelve ciencia y al mismo tiempo el mecanismo ideal, lógico y “natural”, legal y “legítimo” para combatir la ineficacia de los modos de vida pasados que no habían logrado un avance más satisfactorio de las comunidades humanas (Gonzalez, 2009, p. 2).

Así, con el auge de múltiples intereses globales, también es cierto que el miedo como constante y variable económica se globalizó, se vistió de terrorismo y se convirtió en un verdadero caballo de batalla para aumentar los niveles de pánico en todo el mundo, los medios de comunicación se convirtieron en el vehículo perfecto para llevar el poderoso mensaje de inseguridad a todos los ciudadanos, empresas y Estados.

Aunque diversos estudiosos planteen el miedo como control y negocio ideológico-mediático y se proyecta el temor que tienen los medios para tocar determinados centros o maquinarias de poder, también es importante resaltar el papel determinante de estos medios para convertir la inseguridad en miedo, pánico o terror colectivo (Reig, R. 2010), concluyendo entonces, como dice Estefanía en su texto “la variable miedo es un factor muy significativo de la ecuación socioeconómica” (Estefanía, J. 2011).

A partir de los atentados del 11 de septiembre la geopolítica del miedo puede entenderse como una forma de re-direccionar el rumbo político, económico y social en el mundo, porque había dos formas de enfrentar el pánico colectivo y el efecto creciente sobre la inseguridad que generaba este evento. Una de estas formas consistía en mantener las libertades fundamentales a pesar del miedo y los niveles que este alcanzara, que además, fueron dimensiones insospechadas a lo largo y ancho de EEUU y del mundo entero; la otra forma era afectar las libertades de todo y todos (Sáez, H. C. 2015) y por supuesto, la segunda resultó siendo una perfecta opción para legislar en favor del control y en pro de la seguridad que se convirtió en una de las principales demandas en el planeta. Por esta vía puede entenderse cómo se dio paso al surgimiento de una economía del miedo, que ya existía muy seguramente, pero que logró una importante consolidación a partir de la inseguridad generada en el miedo global, acentuado y de mil aristas, que también requería ser abordado de manera global y con innumerables estrategias de seguridad.

Una primera variable de la economía del miedo que puede revisarse, es la demanda. Todos los ciudadanos del mundo estaban bajo amenaza de atentados terroristas, los espacios estaban minados de pánico, a partir de estas condiciones las industrias relacionadas con la producción de seguridad, se encontraron frente a una oportunidad de “oro” con el pánico que los medios de comunicación rápidamente pusieron en el primer plano de sus mensajes: la “amenaza”. El enemigo estaba en todas partes y el Estado era incapaz de controlarlo, así se abrió paso a una privatización de la seguridad y al uso de la fuerza que había sido un monopolio de los Estados (Sáez, 2015).

Igualmente, siguiendo la propuesta de Mattelar (2009), con su obra Un mundo vigilado, a este fenómeno devienen otros factores: “en la base de este desarrollo hay una ideología de mercado total, que es ideología de lucha. Es decir, se trata a la sociedad bajo el punto de vista del progreso hacia el mercado total, mística que se transforma en lucha de mercados, a la cual hay que someter a todas las esferas de la sociedad. Aparece así, la imagen de un enemigo que es el producto mismo de esta mística de la lucha de mercados, al tiempo que la sociedad está inversa en un mundo vigilado desde la figura del Panópticon. La génesis de la sociedad vigilada explica Mattelar (2009), apoyándose en Foucault, está en lo que él llamaría vigilar y castigar en 1975, para explicar el auge de la sociedad disciplinar, pues todo debe ser objeto de obediencia, revelando con esto, el paradigma de la sociedad disciplinar con el adoctrinamiento de las masas bajo la doctrina de la seguridad nacional, al tiempo que se lucha contra el terrorismo, sea cual sea.

Pero además de la lucha de mercados, el desarrollo de la industria de la seguridad dio impulso a otras, como las tecnológicas, que cada vez generan dispositivos de vigilancia capaces de crear la sensación de seguridad a los usuarios, así mismo las industrias de armas, en manos de países con un amplio desarrollo se beneficiaron de esta nueva era del miedo, pues sus compradores dispersos en todo el mundo “necesitaban” cualquier cantidad de productos (Armas, aviones, municiones, comunicaciones y todo cuanto permitiera eliminar al enemigo). En conclusión, con nuevos miedos, la ecuación daría como resultado, nuevas demandas, en tanto productos y servicios capaces de satisfacer las necesidades de seguridad.

Por lo anterior, en Colombia jugó un papel importante en la lucha contra el terrorismo y el mismo conflicto armado, la cooperación militar internacional, sobresaliendo el papel de Los EE.UU en la década de los 90´s con su apuesta por el llamado Plan Colombia -también llamado Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado-. Es posible en este orden señalar “que la apuesta por una modernización de las fuerzas militares del país tuvo como respuesta coherente en términos financieros un aumento significativo del gasto militar, que se sumó a las transferencias que se realizaron con ocasión del Plan Colombia” (Carreño, García Estévez, & Otero Prada, 2017). Vale decir que con este paquete de recursos Colombia pasó a recibir por parte de Estados Unidos más “ayuda” militar que América Latina y el Caribe juntos, y sustituyó a Turquía como el principal receptor de ayuda norteamericana, después de Israel y Egipto (Chomski, 2002, p. 81, en cita de Guevara, 2015, p. 67).

Una segunda variable para la economía del miedo tiene que ver con los recursos necesarios para sostener el terrorismo, controlar el flujo global circulante se convirtió en una necesidad imperante y las leyes no estuvieron por debajo de este nuevo reto, el blanqueo de capital y la financiación del terrorismo se pusieron en la lupa de los organismos financieros globales (Becerra; Gómez; & Sandoval, 2014). Asumidas las implicaciones para los países comprometidos con el narcotráfico, esta variable se convertía en un tema de Estado con implicación de todo orden, sea legal, económico o social.

En Colombia, entre otras cosas, significó que, “productores de materia prima como la coca (200,000 has), la amapola (1,500 has) y la marihuana (aproximadamente 1,000has)” buscaran ingresar al mercado global como importantes proveedores para una demanda creciente en el mercado de las drogas (Soberón, R. 2011). Pero esto trajo aparejado implicaciones internas muy complejas en las dinámicas de seguridad, creando tensiones por rutas, frentes de producción y alianzas de actores vinculados a este tipo de actividades.

No puede olvidarse la crisis que vivió el país por el auge de los Carteles de la droga, época donde ya no era el conflicto armado el protagonista exclusivo, sino también, la guerra por la droga, a partir los bandos enfrentados, esto es, el Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar y el Cartel de Cali, comandado por los hermanos Orejuela (Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela). Estos fueron los principales responsables en el tráfico de la droga y su industrialización en el país, sin embargo, a la fecha, es un negocio lo suficientemente rentable, al punto que su permanencia como institución activa en la economía del país sigue vigente siendo un poder difícil de debilitar.

Como tercera variable para entender una economía del miedo, está la oferta, la cual en un contexto de pánico cobra una gran relevancia, en ella recae la obligación de proveer todo aquello que pueda satisfacer la demanda y en este caso la consecuencia del miedo era la inseguridad, de la colectividad, las empresas y los Estados, es decir, todo estaba en riesgo y se requería de una industria capaz de eliminarlo o disminuirlo, de allí que la oferta también debía moverse en función de esta.

El crecimiento de la industria aseguradora así lo muestra a través de sus estadistas de ventas y pronósticos de las mismas, sus tentáculos alcanzaron todos los segmentos de la población y convirtieron el miedo en su gran aliado para vender soluciones de seguridad y prevención (Pinzón, 2012), todo era susceptible de asegurarse, la vida, la muerte, los bienes, la salud, la enfermedad, etc., y eso aplicaba para cualquier lugar del mundo (Hou, H., Cheng, S. Y., & Yu, C. P., 2012).

Pero no solo las industrias de la legalidad se proyectaban como grandes actores de los mercados, también la industria de la ilegalidad hacía del miedo un arma poderosa, el negocio del narcotráfico era un importante componente de la economía ilegal en el mundo, en él se desarrollaban negocios paralelos como el de proveer armas a los grupos en conflicto, blanquear capitales a nivel global, traficar con personas entre otros (Escribano, 2009). Es decir, la tras-nacionalización del crimen organizado se convirtió en un problema de estado que amenazaba y creaba aún más pánico en el mundo, pero que al tiempo alimentaba un flujo de capital de grandes dimensiones, difícil de frenar, pues se filtraba por los canales más tradicionales de la economía en el mundo.

En el caso de Colombia, como país productor y exportador de drogas, el escenario mencionado le es aplicado, pues el narcotráfico local ha tenido un papel importante en la reconfiguración global de este negocio de dimensiones mundiales, la capacidad de responder a las necesidades de la demanda en términos de proveer drogas, capitales, materia prima y mano de obra ha sido realmente eficiente, también las redes tejidas desde diferentes frentes con actores de todo tinte, económico y político, le han valido un puesto de relevancia en esta desafortunada economía y su desarrollo, los dispositivos de miedo engendrados en el narcotráfico para controlar mercados, territorios, rutas e individuos ha obligado al Estado Colombiano a buscar estrategias de cooperación que vinculen de manera activa recursos de importantes países como EEUU (Soberón, R. 2011). El mencionado Plan Colombia con la influencia y participación activa de Los EE.UU es, en resumen, una clara muestra de ello.

Reflexiones finales

Es un hecho cierto que desde los años 60’s el drama de inseguridad por el miedo al conflicto armado generó unas lógicas de acción que se volvieron el centro de las preocupaciones públicas en Colombia, transformándose esto, en uno de los principales problemas para contrarrestar los desasosiegos derivados de la guerra.

Por esta razón, el sistema reacciona en función del derecho a la seguridad que reclama, exige y legitima el mismo colectivo social, para contrarrestar los enemigos emergentes (Las Bacrim, narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares). Apareciendo el arquetipo del “enemigo” en la historia de Colombia, dada la dinámica del conflicto armado, que pese a su debilitamiento, ha mutado con nuevos factores, entre ellos, el fenómeno conocido como el neoparamilitarismo.

En este contexto, paradójicamente, las víctimas civiles han pasado de serlo, a ser consideradas también “enemigos”, en el entendido que la etiqueta o el estigma social de la marginalidad arrastra de manera peyorativa la sospecha de delincuente, a aquel que es visto como extraño/desplazado, en una comunidad que le es ajena, al dejar atrás su comunidad y territorio, pues el desplazamiento forzado se convirtió en la salida obligada hacia la supervivencia debido a la criminalidad derivada del conflicto armado.

En la misma medida, paralelo al conflicto y no necesariamente como consecuencia de este, Colombia también ha sobrellevado graves retrocesos en materia de DESC, pues mira más hacía la paz, persiguiendo la ausencia del conflicto armado, sin entender que aquella, no puede pensarse en un Estado que no satisface estándares mínimos de bienestar.

Las reflexiones anteriores permiten afirmar que es factible hablar de retrocesos en los derechos adquiridos con las luchas sociales por el factor miedo, retrocesos que se interrelacionan con fenómenos emergentes que afectan la economía, y por supuesto, agravan las violaciones a los derechos humanos.

Finalmente, se puede observar cómo en este panorama el miedo al crimen ha transmitido una constante percepción de inseguridad que solapa las medidas y las legitima democráticamente. El panorama en Colombia demuestra, por tanto, “miedo”, no solo por las secuelas del conflicto armado, sino también, por el desenlace impreciso de la Justicia Especial para la Paz. Lo cual, del mismo modo, ha afectado no solo el panorama político sino también el económico, no obstante, el conflicto armado pocas veces ha sido abordado a la luz, de lo aquí denominado, como economía del miedo.

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  Sobre este tema puede consultarte ampliamente en la doctrina, a saber: Frances Carmody, M. (2018). Human rights, transitional justice, and the reconstruction of political order in Latin America, Switzerland: Palgrave Macmillan; Iosif, K. (2017). Grassroots activism and the evolution of transitional justice: the families of the disappeared, Cambridge University Press; Tibori-Szabó, K. & Hirst, M. (2017). Victim Participation in International Criminal Justice: Practitioners’ Guide, The Hague: T.M.C. Asser Press; Mihai, M. (2016). Negative emotions and transitional justice, Columbia: University Press; Chappell, L. (2015). The politics of gender justice at the International Criminal Court: legacies and legitimacy, New York: Oxford University Press; Gow, J. (2014). War and war crimes: the military, legitimacy and success in armed conflict, New York: Oxford University Press; Aponte C, A. (2008). “Colombia: un caso sui generis en el marco de la justicia de transición”. En Almqvist J. & Espósito C. (Coords.). Justicia transicional en Iberoamérica, Madrid, Centro de estudios políticos y constitucionales, nº 119, 2008, pp. 83-114; Uprimny, R. & Botero, C. (2006). ¿Justicia Transicional sin Transición? Ver dad, justicia y reparación para Colombia, Bogotá, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad; Arthur, P. (2011). “Cómo las “transiciones” reconfiguraron los derechos humanos: una historia conceptual de la justicia transicional”, en: Reátegui, F. (Ed.), Justicia transicional: manual para América Latina, Brasilia: Comisión de Amnistía, Ministerio de Justicia, pp. 73-134; Elster, J. (2004). Closing the books: transitional justice in historical perspective, Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  08 Jun 2020
• Fecha del número
  Apr-Jun 2020

Histórico

• Recibido
  25 Mar 2019
• Acepto
  10 Ago 2019