Entre reuniones y documentos: la demanda de acceso al cannabis para usos terapéuticos en Argentina

Between meetings and documents: the demand for access to medical cannabis in Argentina

Resumen

Este artículo analiza modos de colaboración entre activistas cannábicos, legisladores y asesores entre 2016 y 2017 en Argentina, en momentos en que el uso terapéutico del cannabis se instaló como tema en la arena pública. Para ello se describen etnográficamente prácticas de documentación y confección de archivos de organizaciones cannábicas; reuniones entre madres de usuarios terapéuticos, representantes de asociaciones civiles, políticos y asesores; y actividades de redacción y circulación de proyectos de ley, con foco en la Legislatura de la Provincia de Córdoba. El abordaje se detiene sobre experticias y conocimientos que hacen a la construcción mutua entre activistas y agentes/agencias estatales, configurando tramas de una causa política en las que también participa mi praxis etnográfica.

Palabras clave:
activismo; cannabis medicinal; colaboración; documentos

Abstract

This paper analyzes the way in which cannabis activists, legislators, and advisors collaborated in Argentina from 2016 to 2017 when the use of medicinal cannabis became a topic of public attention. For this purpose, an ethnographic approach was used to describe documentation and archiving practices of cannabis organizations; meetings between mothers of medicinal users, members of civil associations, politicians, and advisors; and the drafting and circulation of bills, particularly in the Legislature of the Province of Cordoba. This study focuses on the expertise and knowledge of activists and state agents/agencies that, along with my ethnographic practice, mutually construct and shape a political cause.

Keywords:
activism; medical cannabis; collaboration; documents

Introducción¹

El presente artículo forma parte de una etnografía realizada entre activistas que se comprometieron en movimientos y dinámicas de acción colectiva para la transformación de las políticas de drogas en Argentina, principalmente en torno al acceso al cannabis para uso terapéutico. A partir del trabajo de campo llevado a cabo entre los años 2014 y 2018, analicé la formulación de demandas de regulación del cultivo y los usos de la planta de cannabis con relación a procesos de construcción y transformación de redes translocales, prácticas de militancia y discursos.² Para ese propósito fue crucial considerar las historias de vida de aquellas personas que mantenían una relación directa con la planta y con esos movimientos. Dicha relación se encarnaba en trayectorias sociales distintivas que aparecían nombradas con la voz “activista”.

Aquí me baso en uno de los capítulos de ese trabajo más amplio (Díaz, 2019), donde analicé formas de vinculación entre activistas cannábicos, legisladores y asesores. El objetivo de esa labor conjunta era la búsqueda de una regulación para el uso medicinal de la planta de cannabis, cuyo cultivo y tenencia se encontraban alcanzados por la ley penal.³ Con especificaciones relativas a la autorización de dichas conductas en el ámbito de la investigación científica y médica, la ley Nº 27.350 que contemplaba el uso medicinal se aprobó en marzo de 2017. Ese episodio, celebrado -y luego criticado- por los actores que impulsaron los debates legislativos, culminó parcialmente un año de reuniones que se habían extendido por Concejos Deliberantes, Legislaturas, Cámaras de Diputados y Senadores provinciales, y el Congreso de la Nación. Durante ese periodo, las acciones activistas se materializaron en la sanción de resoluciones municipales y la presentación de proyectos de ley provinciales, algunos de los cuales fueron aprobados incluso antes de la ley nacional.⁴

Cuando hablamos de demandas de regulación del cannabis nos referimos a un proceso más extenso que, en la historia argentina reciente, se desarrolló en dos momentos. El primero, hacia fines del siglo XX, se caracterizó por la configuración de redes de relaciones entre especialistas que trabajaban según el enfoque de reducción de daños en el marco de organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas,⁵ asociaciones de usuarios de drogas, asociaciones de cultivadores cannábicos y legisladores. Entre 2011 y 2012, estos actores participaron en audiencias públicas del Congreso de la Nación en las que se discutieron proyectos centrados en la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal.⁶

En tales instancias, como también en acciones para concientizar e informar⁷ a la población, los y las activistas se visibilizaron al dar la cara o poner el cuerpo en tanto que “usuarios responsables” (Corbelle, 2016). Las agrupaciones que emergieron durante la primera década del siglo XXI se caracterizaron por construir sus demandas en torno al uso y cultivo de la planta de cannabis, entendiendo que la autosuficiencia permitía combatir el narcotráfico y desmontar las políticas prohibicionistas. Sus discursos articulaban el reconocimiento de la libertad y el respeto por los derechos individuales y humanos.

La demanda de acceso al cannabis para uso terapéutico atravesó este periodo, y fue impulsada por personas viviendo con VIH que descubrieron que el uso de cannabis favorecía la adherencia al tratamiento antirretroviral y permitía paliar los efectos adversos de la quimioterapia en los casos de quienes tenían cáncer. Los activistas que integraban asociaciones de reducción de daños, de usuarios de drogas y cannábicas, vincularon los reclamos de despenalización con los beneficios de la marihuana para la salud. Encontramos esos posicionamientos en publicaciones y jornadas sobre el tema (Inchaurraga, 2003), como también en sitios online, casos de litigio estratégico, y en movilizaciones y acciones que se realizaban en el espacio público (Díaz, 2019).⁸ Las agrupaciones que se centraron en el uso terapéutico del cannabis y sus derivados (extractos, aceites, cremas), emergieron como redes gracias al impulso de personas que habían llegado a los beneficios de la planta y sus derivados en una búsqueda por terapias complementarias o alternativas a la medicina convencional. Tal es el caso de la Red de Usuarios de Cannabis Medicinal (RUCAM) y el Movimiento Nacional Por la Normalización del Cannabis Manuel Belgrano.

Durante el segundo momento que distinguimos en nuestra periodización, ese uso particular adquirió notoriedad. En dicha transformación fueron fundamentales las investigaciones científicas que estudiaban el Sistema Cannabinoide Endógeno⁹ desde hacía treinta años, como también las noticias recientes que mostraban que algunas familias habían encontrado en los compuestos de la planta una herramienta terapéutica eficaz para paliar y reducir las crisis epilépticas de pacientes pediátricos (Sobo, 2017).

En Argentina, desde mediados de 2015, la demanda por el acceso a esos recursos se tornó un “problema social” (Lenoir, 1993) que se expresó en términos de derecho a la salud. Las redes estuvieron integradas por mujeres que se presentaban públicamente como madres de niños y niñas con diversas patologías -sobre todo epilepsia refractaria a los tratamientos convencionales-, cultivadores solidarios, usuarios terapéuticos, profesionales de la salud y la ciencia,¹⁰ y legisladores.

Los actores mencionados siguieron el modelo organizativo impulsado por las asociaciones civiles cannábicas y ocuparon el espacio público junto a éstas. En ese entramado, comenzaron a participar en la Marcha Mundial de la Marihuana, manifestación anual que se realiza en varias ciudades del país, y encabezaron la edición de 2016. De esta manera, en sus prácticas, madres, usuarias y usuarios terapéuticos acudieron a organizaciones no gubernamentales que contaban con más trayectoria. En esos espacios encontraron apoyo, contención y, sobre todo, los conocimientos que los activistas tenían acerca de la producción de derivados de la planta y la movilización política. En todo el país aparecieron nuevas agrupaciones y se expandieron las redes de usuarios y familiares. Entre las más notorias se encuentran Cannabis Medicinal Argentina (CAMEDA) y Mamá Cultiva Argentina (MCA).¹¹

El activismo de mujeres en tanto que madres y portavoces de la regulación del cannabis para uso medicinal en nombre de sus hijos e hijas constituye un fenómeno global que atravesó América Latina (Figueiredo; Policarpo; Veríssimo, 2016; Góngora, 2018; Oliveira, 2016; Rivera, 2019). Con todo, la mayor visibilidad del uso medicinal de cannabis en Argentina se dio en un contexto nacional caracterizado por el fortalecimiento de los discursos de “guerra contra el narcotráfico”.¹² Las historias de usuarios y usuarias terapéuticos comenzaron a replicarse mientras aumentaban las detenciones policiales orientadas al consumo y a delitos menores, perjudicando sobre todo a personas que provenían de sectores empobrecidos (Darraidou; García Acevedo; Trufó, 2019, p. 134). De esta manera, los esfuerzos por tornar los múltiples casos de mejoría de salud gracias a la planta en una causa política tuvieron como contrapunto la continuidad e incluso el agravamiento de la persecución penal hacia los cultivadores (Corda, 2018).

En lo que respecta al objeto de este artículo, la etnografía fue realizada en numerosos viajes entre la ciudad de Córdoba y otras ciudades de Argentina. Trabajé principalmente con activistas de la Asociación Edith Moreno Cogollos Córdoba y con Brenda Chignoli, quien fundó y coordinó el Movimiento Nacional por la Normalización del Cannabis Manuel Belgrano desde 2012 hasta su fallecimiento en 2019.¹³ Nucleados en torno a una demanda que comenzaron a nombrar cada vez más como de acceso al cannabis medicinal,¹⁴ los y las activistas transitaron de manera incesante por oficinas y recintos estatales. En esta oportunidad nos centramos en el ámbito de la Legislatura de la Provincia de Córdoba,¹⁵ donde ese tránsito implicó la participación en reuniones con legisladores y sus respectivos asesores. Allí se articularon conocimientos especializados sobre cultivo, uso y dosificación de extractos, legislación y jurisprudencia. En esos encuentros también circularon diversos documentos: cartas e informes, entre otros tantos textos, que las agrupaciones producían y modificaban continuamente, incorporando sugerencias recibidas; y proyectos de ley que formaban parte de ese trabajo en conjunto.¹⁶

Siguiendo a Souza Lima (2012, p. 809) -quien, a su vez, hace una lectura de Barth (1975, 2000)-, podemos decir que la formación de experticia en torno al cannabis reconoce “tradiciones de conocimiento” distintivas, esto es, conjuntos de saber y saber-hacer incorporados y reiterados tanto en prácticas como en la interacción entre sujetos. Al ponderar los conocimientos desarrollados por activistas, no solo tienen relevancia aquellos que serían propios de los procesos de cultivo de la planta de cannabis o la preparación de extractos para uso terapéutico, sino también los saberes sobre agencias y agentes estatales producidos al calor de una vinculación sostenida con estos. Aquí se abordan tres tipos de actividades de colaboración que los y las activistas cannábicos promovieron y cuya reiteración acompañé etnográficamente: la confección de documentación y archivos, las reuniones con legisladores y asesores, y la elaboración de proyectos de ley.

Prácticas de documentación y archivo en activismos

Hacia comienzos de 2015 participé en reuniones que la agrupación Cogollos organizaba todos los jueves por la tarde en 990 Arte Club, un reconocido bar cultural de la ciudad. En el primer encuentro al que acudí, una de las integrantes me mostró un maletín que contenía el archivo de Cogollos: folletos, adhesivos de diferentes tamaños y hojas con fotos impresas de manifestaciones y otras acciones militantes. La conversación sobre esos materiales hizo que mi interlocutora rememorara los acontecimientos que aparecían allí, en especial la historia de la Marcha Mundial de la Marihuana en Córdoba.¹⁷ Junto al maletín y a las banderas de la agrupación que se guardaban en el altillo del bar, había una carpeta virtual que albergaba una sistematización de las actividades realizadas hasta entonces.

De manera general, el acercamiento a prácticas y sociabilidades entre activistas cannábicos implicó la inmersión en un mundo de materiales físicos y digitales. Entre ellos, había folletos informativos, panfletos y adhesivos, pensados inicialmente para vehiculizar demandas y llamar a la acción; y otros documentos como invitaciones a plenarios, órdenes del día y formularios, que formaban parte de la vida político-institucional interna de las agrupaciones y que, por ello, se distribuían en una escala más reducida.¹⁸ Una impresión similar aparece en la investigación de Pita (2010) acerca de las demandas de justicia por parte de familiares de víctimas de violencia policial en Buenos Aires. En las consideraciones metodológicas del trabajo, la autora menciona su encuentro con “documentos para la discusión, revistas, volantes” (Pita, 2010, p. 28) producidos por esos actores y destaca el papel crucial que estos desempeñaron en los modos de organizar la protesta.

Siguiendo lo propuesto por Lugones (2004, p. 8-9) en su investigación sobre expedientes de procesos judiciales referidos a Menores, los documentos son objetos que circulan y se intercambian y, a la vez, individuos que establecen relaciones con quienes hacen uso de ellos. Los materiales de divulgación cannábica mediaron la formación de redes de relaciones e intervinieron también en la función que me fue asignada mientras hacía mi investigación e incluso después: la de organizar información; registrar acontecimientos; redactar reseñas históricas e informes; y conformar archivos. En estas tareas me incorporaba a un trabajo que los integrantes de las agrupaciones ya habían hecho con anterioridad: tomaba un conjunto de documentos que había sido pensado para vehiculizar una demanda y, mediante tareas de ordenamiento cronológico y clasificación, los volvía insumos que daban cuenta de las actuaciones políticas de cada organización.

Concebidos de ese modo, los documentos permitían inscribir la historia de cada asociación en una línea de tiempo más amplia que incluía todas las movilizaciones en pos de la regulación del cannabis, y que posibilitaba distinguir acciones pioneras, momentos de emergencia de modos de protesta y puntos de contacto entre los actores. Así, por ejemplo, las agrupaciones tenían cuadernos y carpetas que incluían sus respectivas historias, folletos de otras agrupaciones, y una clasificación de la información disponible sobre sus actividades a partir de descripciones propias y recortes de periódicos y revistas cannábicas.¹⁹ Se trataba de prácticas productivas que no reconocían fronteras online y offline, y que se desplegaban en ambos planos.

La agencia de los documentos puede percibirse no solo en trayectorias de activistas y/o pesquisadores, sino también en el hecho de que el trabajo sobre -y con- los archivos -o, más bien, la creación misma de archivos al ordenar los materiales y construir una narrativa de sí grupal- era crucial en procesos de institucionalización y búsqueda de reconocimiento (Fraser, 2002; Taylor, 1994). La creación de asociaciones que desde el nombre remitían al activismo cannábico y localizaban su campo de acción en ciudades específicas o en el país, tenía por fin la configuración de una visibilidad organizada. Esto significaba la definición de dinámicas y rutinas de trabajo que podían tornar a los activistas en interlocutores válidos frente a funcionarios estatales y, de ese modo, facilitar el diálogo y la organización de encuentros que perseguían como objetivo la reforma de la legislación en materia de drogas. Es decir que tan importante como mostrarse en tanto usuarios y cultivadores de cannabis era hacerlo de manera coordinada, en colectivos con nombre, sede, páginas en redes sociales y una agenda de acciones que pudieran divulgarse. Una de las maneras de formalizar esas relaciones era la constitución de asociaciones civiles.²⁰

Los procesos de institucionalización pueden ser entendidos como “efectos de estado”, tal como los analiza Trouillot (2001). Entre ellos, se encuentra el “efecto de identificación”, en virtud del cual los sujetos se reordenan en líneas colectivas y reconocen a otros como sus semejantes. Y también el “efecto de legibilidad”, que implica la producción de un lenguaje y un conocimiento para la gobernanza, y de medios teóricos y empíricos para clasificar y regular colectividades (2001, p. 126). En este sentido, las narraciones sobre la elaboración de documentos para su presentación en la Inspección General de Justicia (IGJ) -o en las Inspecciones Provinciales de Justicia (IPJ)- con el objetivo de tramitar la personería jurídica, mostraban cómo los activistas definían las labores de sus respectivas organizaciones en términos de un objeto social que condensaba sus finalidades y puntos de interés de manera estratégica y asertiva. Para ello era frecuente recurrir a papeles de organizaciones que ya habían sido autorizadas, manteniendo determinadas fórmulas y expresiones. En el caso de Cogollos, sus primeros escritos para solicitar la personería, elaborados en 2008 aproximadamente, se habían basado en los estatutos de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA).

La aprobación del trámite no estaba exenta de dificultades -asociadas sobre todo a la necesidad de costear el trabajo de los “profesionales intervinientes” (escribanos y abogados)- y reveses, vinculados a la demora por la reformulación de algún fragmento de los estatutos. Esto ocurría, en un comienzo, porque las inspecciones rechazaban sistemáticamente el empleo de “cannabis”, tanto en el nombre como en el objeto social.²¹ En la cotidianeidad de las agrupaciones, llegar al final del trámite era un acontecimiento celebrado que en lo sucesivo se traducía en una estructuración de sus tareas como entidades de la sociedad civil y sujetos políticos, sujetas por tanto a derechos y también a obligaciones y rutinas.

Para los activistas consultados, los papeles de la personería jurídica creaban un sentido renovado de dedicación y obligaban a una actividad institucional que permitiera dar cuenta de su operatividad y combatir los prejuicios existentes acerca del uso de cannabis. En una entrevista, un activista que formaba parte de una organización de Buenos Aires me decía lo siguiente:

Activista.-El grupo creció muchísimo y fue gracias a los papeles en gran medida. Por el trabajo de todos, pero los papeles te impulsan.

C.-¿En qué sentido te impulsan?

A.-Porque no es un grupo de personas que se juntan así nomás y dicen algo. Es una asociación civil constituida legalmente, que el estado está respaldando su estatuto para que lo lleve a cabo. Entonces vos organizás una jornada o hacés una presentación y no es lo mismo hacerlo siendo una persona jurídica que siendo un grupo de personas. Más con un objeto controvertido como el nuestro […]. Es como que hay que tener muchos cuidados, por eso los papeles te ayudan, le dan más seriedad a todo. (Entrevista, 15/05/2017; el destacado es mío).

A la vez, la obtención de la personería jurídica suscitaba una mirada retrospectiva sobre la historia de la agrupación, sobre lo hecho hasta el presente, que compelía a continuar o, de lo contrario, deshonrar y perder la labor realizada con anterioridad. Esa documentación llevaba incluso establecer diferencias al interior del activismo, en la medida en que, para algunos, la aprobación de una organización en tanto persona jurídica era índice de su compromiso con la causa. De ese modo, el trámite se tornaba un diacrítico para valorar el trabajo propio y el de los demás.

En ese contexto, otros papeles análogos tales como certificados que los y las activistas recibían por su participación en jornadas en calidad de oradores o expositores, también revestían importancia y eran exhibidos -previa enmarcación- en sus respectivas residencias o sedes de las agrupaciones. Entre ellos, adquirían gran peso los comprobantes que daban cuenta de la participación en eventos promovidos desde distintas dependencias estatales, en tanto constituían un reconocimiento oficial de unos conocimientos y trayectorias que tenían como base una situación de clandestinidad e ilegalidad. En la experiencia de Brenda, a quien acompañé durante la mayor parte de mi trabajo de campo, eran esos documentos los que probaban el carácter inescrutable y bipolar del estado, ya que reconocía su labor solidaria y la consideraba ejemplar, mientras que perseguía penalmente las actividades de cultivo a las que se dedicaba con pasión. Esta cualificación de Brenda, además de semblantear la complejidad de las acciones gubernamentales, permite situar determinados elementos del activismo -el compromiso, la organización- en la interacción constante con agentes y agencias estatales.

Tal como distinguen Das y Poole (2008, p. 25), las formas de regulación y disciplinamiento estatales se realizan y actualizan mediante prácticas escritas entre las que se incluyen relevamientos documentales y estadísticos. El carácter burocrático del control sobre las poblaciones y su materialidad también llama la atención de Hoag (2011), quien hace extensivas esas prácticas a las organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido, los activismos cannábicos orientaban parte de sus acciones al contacto sostenido con funcionarios y legisladores, y ello implicaba un trabajo sobre los archivos propios, además de tareas de investigación y escritura orientadas a la producción de cartas, pedidos, informes y proyectos.

Como vimos, el trabajo de las organizaciones cannábicas conllevaba grandes esfuerzos de producción escrita que no solo se objetivaban en folletos, volantes y adhesivos, sino también en textos pensados para su publicación, tanto en perfiles personales y plataformas online, como en medios de comunicación gráficos y digitales. Puntualmente, con vistas a incidir en la regulación del cannabis para uso medicinal, los textos tendieron a ser construidos privilegiando la intervención de personas que tuvieran entre sus capitales habilidades de investigación y escritura formal, y conocimientos especializados sobre el tema; ya fueran producto de la formación universitaria y/o la amplia experiencia en los universos del activismo.

En los mundos que acompañé destaco dos tipos de textos producidos durante el año 2016: una carta personal escrita y firmada por Brenda, y un informe que presentaba los avances de la causa, cuya redacción me había sido encomendada por ella.²² La carta detallaba en primera persona del singular el camino recorrido en el uso de medicamentos recetados para su cuadro clínico -con mención de los efectos adversos de los mismos- y el posterior descubrimiento del cannabis. El informe, en cambio, estaba redactado en tercera persona del plural y poseía ciertas marcas textuales como título, notas al pie de página y referencias bibliográficas que señalaban que se trataba de un documento formal. Entre las informaciones que contenía, se destacaba el análisis de proyectos de ley realizado por un abogado integrante de Cogollos, y que figuró por ello como colaborador en la escritura.

El informe describía y ponía en relación un conjunto de acontecimientos considerados hitos de la causa del cannabis medicinal. Se trataba de una interpretación que seguía lo dicho por mis interlocutores en las entrevistas y que situaba la emergencia de la problemática en actuaciones de mayor profundidad temporal, impulsadas por asociaciones cannábicas surgidas en la primera década del siglo XXI. El orden de los acontecimientos descritos -jornadas, eventos, aparición de nuevas organizaciones, presentación de proyectos de ley- estructuraba el modo en que los y las activistas comprendían su rol en ese contexto: como promotores de avances progresivos a partir de la movilización en sus respectivos lugares de residencia, cuyo fin último era la búsqueda de una ley que contemplara la investigación sobre usos terapéuticos del cannabis, y también el cultivo individual y colectivo de la planta. Así, el texto daba importancia a la acción de municipios que, por medio de decretos, resoluciones y expresiones de deseo, le solicitaban al Congreso de la Nación el tratamiento de una ley que regulara el uso medicinal; y también destacaba el trabajo legislativo provincial que pretendía asegurar la importación de aceite de cannabis y su inclusión en el vademécum de las obras sociales.²³

Los documentos que analizamos aquí y su articulación entre archivos activistas constituyen “artefactos etnográficos” (Lowenkron; Ferreira, 2014) que mediaron las actuaciones de las agrupaciones y su institucionalización, la configuración de causas y argumentos, y la posibilidad misma de hacer trabajo de campo. La investigación de Lugones (2004), quien analiza un corpus documental fruto de su propia construcción, constituye una invitación a pensar en cómo los antropólogos co-creamos los campos en los que estudiamos. Si consideramos con Geertz (2006) que el etnógrafo “inscribe” al poner por escrito un fragmento del discurso social, la participación en la producción de textos para la intervención permite observar otros ejercicios de inscripción que impactan en los repertorios de acción colectiva.²⁴

Producción de acuerdos y límites en reuniones clave

Los actores que demandaban acceso al cannabis para uso medicinal territorializaron sus demandas a través de circulaciones. Una de ellas se dio entre seminarios y jornadas que apuntaban a educar y llevar información de calidad a un público amplio. Se trataba de eventos que tenían lugar durante los fines de semana en espacios de gran tamaño, y para los cuales se tramitaba una declaración de interés municipal o provincial. La distribución del espacio seguía el ordenamiento propio de las conferencias, de modo que solía haber un escenario elevado con mesa y sillas, y butacas para los asistentes. La grilla de expositores -profesionales de la salud y de la ciencia, cultivadores, familiares de usuarios y usuarias terapéuticos- se divulgaba en volantes y afiches que eran compartidos en redes sociales y notas periodísticas.

Además de esos seminarios, los y las activistas que acompañé dedicaron gran parte de su tiempo a la participación en reuniones con políticos y sus asesores. Esto suponía una circulación diferencial protagonizada por un número reducido de personas cuyo objetivo era la incidencia microscópica en la formulación de normativas. Según la cantidad de participantes, las reuniones tenían lugar en oficinas de los legisladores o en salas acondicionadas con mesas ovaladas o rectangulares. Ambos espacios solían encontrarse en edificios anexos a las cámaras donde se celebraban las sesiones legislativas.

En comparación con los eventos abiertos promovidos por las organizaciones y con audiencias y reuniones informativas realizadas en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación,²⁵ las reuniones en despachos y oficinas constituirían el lugar entre bastidores de esa “escena participativa” (Bronz, 2016). Sin embargo, todas estas instancias se vinculaban no solo porque los activistas formaban parte de ellas -ya sea como expositores, invitados o asistentes- sino porque constituían lugares de formulación de iniciativas ciudadanas. Así, en los seminarios de cannabis medicinal se instaba a entablar diálogo con concejales y, de ese modo, ampliar las redes de influencia de manera capilar, comenzando por los municipios para continuar por los órganos legislativos de provincias y nación.

Los encuentros se coordinaban gracias a contactos provenientes de la militancia político-partidaria de activistas y/o sus allegados, y de las trayectorias previas de los actores involucrados. Brenda contaba con conocidos de la Unión Cívica Radical, partido político al que había pertenecido su compañero durante su juventud; asimismo, articulaba una red propia, gracias a su labor en organizaciones de personas viviendo con VIH-sida, de reducción de daños, y a su participación en defensa del uso terapéutico de cannabis durante los debates de 2012. De modo concurrente, una legisladora que la convocó se abocaba puntualmente a asuntos de salud y educación, lo que hacía que su equipo de asesores tuviera entrenamiento en ese tipo de cuestiones y propuestas normativas.

Los acercamientos entre activistas, legisladores y asesores también se facilitaban si estos últimos habían vivido una situación semejante a la narrada por usuarios terapéuticos y sus familiares. Para hacer avanzar la causa incluso se aprovechaban contactos ocasionales e inesperados: durante la marcha del Encuentro Nacional de Mujeres de 2016,²⁶ Brenda se dedicó a juntar firmas en apoyo al tratamiento de los proyectos de ley presentados hasta el momento; en esa oportunidad, notó que entre la multitud estaba presente una diputada nacional por Córdoba y no dudó en plantearle la problemática. En virtud de ese breve intercambio, luego fue convocada por asesoras de otra diputada en Buenos Aires.

Las reuniones estaban precedidas por la elaboración de documentos -cartas e informes-, y se engarzaban con la confección de otros documentos -textos normativos entre los que se incluían proyectos de ley, de declaración y resolución. Era para estos espacios de trabajo interno que se destinaba el informe mencionado en el apartado anterior, el cual se entregaba en el momento o se lo describía y se pactaba su envío por correo electrónico. A la secuencia se incorporaba la planificación de reuniones a futuro y la ampliación de la red al constituirse los primeros encuentros en referencias o avales para intentar una aproximación con otros funcionarios. Esas referencias eran operativas no solo en la relación de estos actores entre sí, sino también en los contextos en que se desempeñaban. Así, durante 2016 era usual escuchar a integrantes de agrupaciones cannábicas decir que habían asesorado en la redacción de un proyecto o que estaban en contacto con determinados políticos. De manera complementaria, estos últimos establecían alianzas en apoyo de otros proyectos además del propio y expresaban que se habían reunido con integrantes de organizaciones específicas o con representantes del movimiento. Ese era uno de los elementos que proporcionaba anclaje social a la labor legislativa.

Aquí interesa seguir a Schwartzmann (1989, p. 9-10) en su análisis de las reuniones como eventos comunicativos con potencial de reproducirse a sí mismos a partir, precisamente, del volumen de decisiones, problemas y crisis generados en -y por- ellos. Para los activistas, los encuentros con legisladores constituían “reuniones clave” [key meetings] (Schwarztmann, 1989), esto es, contextos de acción a los que se les atribuía un estatus especial por sus participantes y por los temas en discusión. Requerían una preparación que contemplaba la producción escrita, la selección de vestuario y la elaboración de argumentos. Además, se volvía necesario tener una amplia disponibilidad horaria porque, si bien algunas reuniones eran programadas con días de anticipación, otras surgían intempestivamente y se presentaban como una oportunidad única que había que aprovechar.

Para acudir a dichos espacios los activistas preveían la participación de un abanico de actores considerado representativo y distribuían la toma de la palabra de acuerdo con los posicionamientos y roles de cada uno. En los encuentros relevados solían presentarse madres de usuarios terapéuticos, usuarios y usuarias, cultivadores que producían extractos de manera solidaria y representantes de agrupaciones. Algunas intervenciones se orientaban hacia “lo político, concreto y conciso”, mientras que otras ofrecían testimonio de casos puntuales. A manera de ejemplo, antes de entrar a una reunión en el anexo del Congreso de la Nación, dos activistas de Buenos Aires se sumaron a la comitiva encabezada por Brenda. Uno de ellos propuso algunas pautas previas: él se ocuparía de los detalles técnicos -artículos de otros proyectos de ley, estado actual de la persecución policial y judicial a cultivadores en el país- y las mujeres se enfocarían en sus vivencias y experiencias.

Era frecuente que tanto los políticos como sus asesores asumieran un papel activo en la reunión. Los primeros abrían el encuentro y, junto a los segundos, coordinaban las intervenciones, planteaban posibles cursos de acción y cerraban la jornada. La duración de las reuniones era variable y dependía de la cantidad de participantes invitados. A menudo se realizaban solo con los asesores, que eran quienes estaban a cargo de las tareas de investigación y redacción de proyectos, y que por ello tomaban notas de lo dicho.

El tono que primaba entre los actores era cordial y apuntaba a la definición de una metodología de trabajo conjunto, es decir, una serie de acuerdos que todos respetarían y que serviría para coordinar y calibrar los pasos a seguir. A medida que la circulación por oficinas se volvía una rutina exasperante, el tipo de conversación llevaba a reiterar o modificar argumentos. La reunión en Buenos Aires que describíamos previamente fue realizada en vísperas del plenario de comisiones y de la elaboración de dictámenes para su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, los activistas situaron la urgencia de su situación no ya en el acceso al cannabis, sino en las vulneraciones causadas por la criminalización del cultivo y la tenencia; mientras tanto, legisladoras y asesoras insistieron en pedir avales científicos, pronunciamientos de profesionales de la salud y del derecho, y sugirieron a los activistas que conversaran con otros políticos explicando su situación.

La evaluación del encuentro y la anticipación de sus efectos constituía una instancia posterior. En lo inmediato, se solía tomar fotografías del grupo que había formado parte de la reunión. Esas imágenes, en las cuales los activistas aparecían portando banderas o con vestuario que incorporaba el isologotipo de sus agrupaciones, eran compartidas en redes sociales junto a un comentario que describía lo sucedido. De ese modo, funcionaban como un índice de las actividades colaborativas y del compromiso verbalizado por los actores.

Además de sitios de coordinación de tareas, las reuniones eran situaciones en las que se establecían límites en las acciones que los participantes estaban dispuestos a realizar o con las que podían involucrarse de modo personal y explícito. Las fronteras entre lo posible y lo imposible se producían a través de comentarios, sugerencias y consejos. Una de sus manifestaciones más visibles era la diferenciación taxativa que los legisladores establecían entre uso terapéutico y recreativo de cannabis. Esta separación, reafirmada una y otra vez, ponía de relieve cuáles eran los contornos de la causa que apoyarían, incluso si esos límites ya habían sido trabajados o enunciados por los activistas. Así, procuraban definir el uso recreativo como parte de otra discusión, otro debate y aclaraban que aquello que los reunía era el cannabis medicinal y no la marihuana, distanciando el cuidado de la salud del consumo de drogas. Hacia el final de una reunión con padres y madres en el anexo de la Legislatura, la legisladora y su asesora llamaron la atención sobre los puntos en común en los relatos y sobre la necesidad de establecer pasos concretos:

Legisladora.-Lo que necesitamos es un marco de alianza con la comunidad, con la sociedad, que esto se instale, que los médicos empiecen a perder el miedo, que la sociedad empiece a entender de lo que estamos hablando. Yo les cuento mi experiencia desde la comunicación como legisladora. Me doy cuenta de que hay un clic cuando yo puedo hablar de “cannabis medicinal” a cuando hablo “que alguien me explique a mí cómo le decimos a una mamá que ve un hijo convulsionar 70 veces por día y que con el cannabis pasa a convulsionar dos o tres veces, que alguien me explique por qué no”. Ahí es cuando se hace el clic, cuando la comunidad empieza a entender de qué estamos hablando. Toda la otra discusión de la marihuana, todo eso se pierde cuando nosotros podemos mostrarle al otro empáticamente de lo que estamos hablando…

Asesora.-…con testimonios para sensibilizar la problemática. (Notas de campo, octubre de 2016).

Otra de las distinciones se vinculaba con la reconfiguración de las fronteras porosas entre estado y sociedad civil (Coronil, 2019; Mitchell, 2006; Vianna, 2013): mientras al primero se le atribuía el rol de “hacer política” -en el sentido de resolver, regular, controlar-, la segunda aparecía dedicada especialmente a informar y sensibilizar por medio de testimonios. Desde esos bordes, problematizados una y otra vez, se fijaban y fetichizaban campos de acción propios y también se reinterpretaban las demandas, es decir, se desplegaba un ámbito de intervención estatal que podía textualizarse en una normativa o actuación gubernamental.²⁷

De esta manera, las reuniones pueden ser pensadas a la luz de la idea de “gestión”, cuya etimología reúne los significados de “gestar” y “gestionar”. Como propone Souza Lima (2002, p. 16), dicha categoría permite abordar ejercicios de poder que sirven a la administración cotidiana y material de espacios, colectivos y redes, y poseen una dimensión moral y pedagógica constitutiva. En su continua reiteración -y sin importar cuán débiles o fragmentarias sean-, esas acciones gubernamentales enseñan a ser y a hacer, constituyendo simultáneamente subjetividades y formas de sujeción. En esa línea, Lugones (2012, p. 190) analiza el ejercicio cotidiano de la administración estatal en tribunales Prevencionales de Menores en Córdoba y distingue “formas de aconsejamiento”, esto es, técnicas administrativo-judiciales de carácter rutinario, persuasivo y pedagógico, que reproducen desigualdades persiguiendo el bienestar de los aconsejados.

Trazando un paralelo con los encuentros descritos, podemos decir que el modo de construcción de autoridad de los funcionarios se cifraba en la enunciación de límites y fronteras, y en el dictado de instrucciones de acuerdo con la posesión de conocimientos específicos sobre lo que sería el Estado con mayúscula. Esto se hacía a través de frases en primera o segunda persona del plural en las que predominaba el modo imperativo o condicional, antecedidas de comentarios breves acerca de cómo funcionaba realmente el mundo de la política (“Ustedes lo que deben hacer es”, “nosotros podríamos…”). También se realizaba mediante sugerencias de escritura de cartas, solicitudes e informes que apuntaban a tornar efectivas las acciones emprendidas desde el activismo, a la vez que separaban la voluntad de cooperar del funcionario de los resultados concretos de su intervención.²⁸

A esas operaciones de jerarquización los activistas contestaban oponiendo no ya su experticia sobre uso terapéutico de cannabis, sino aquella construida a través del tránsito por dependencias estatales y la lectura de legislación y jurisprudencia. También fijaban límites respecto de qué debía contener un proyecto para que el movimiento le diera la legitimación social que los políticos precisaban: se trataba, puntualmente, del autocultivo y el cultivo colectivo de cannabis. Mi praxis etnográfica, análoga a la de los asesores durante esa instancia del trabajo de campo, consistió en acompañar y registrar lo sucedido en dichos espacios, para luego actualizar los materiales escritos empleados por las organizaciones.

Trabajos de sensibilización y articulación en proyectos de ley

Allí donde la metodología o las formas de colaboración entre activistas y legisladores se desarrollaron, las actividades conjuntas cristalizaron en la redacción, presentación y militancia de proyectos de ley. Entre los activistas que acompañé este proceso se dio tanto en el Congreso de la Nación como en la Legislatura de la Provincia de Córdoba. En este último espacio, las reuniones fueron promovidas por partidos de la oposición al oficialismo y tuvieron como precedente las discusiones que se habían iniciado en órganos legislativos de otras provincias.²⁹

La elaboración de proyectos de ley en la Legislatura estuvo acompañada por intercambios de correos electrónicos en los que se perfilaron las estrategias, los acuerdos y los pasos a seguir. De manera general, los proyectos de ley estaban compuestos de una sección propositiva seguida de los fundamentos para su sanción, y se movían por una ruta administrativa: se consideraba que eran presentados cuando ingresaban a Secretaría Legislativa, donde recibían un número, un sello, se estipulaban sus respectivas comisiones de destino y eran remitidos a la siguiente sesión de la Cámara. Esa información constaba en un libro que se le entregaba a cada legislador antes de dicha jornada, en el que figuraban los “asuntos entrados”. Mediando el recorrido de los documentos, la Comisión de Labor Parlamentaria establecía criterios generales para la sesión y elaboraba el temario. Una vez en la Cámara, el presidente ponía en consideración el diario de sesiones, las versiones taquigráficas y los asuntos entrados, aclarando que se omitía su lectura por contar con una versión escrita de los mismos. Con la anuencia de los legisladores, los proyectos adquirían estado parlamentario y, a partir de ese momento, eran girados a comisiones según su temática. La primera comisión, conocida como comisión madre en la jerga, era la más importante, puesto que se ocupaba de tratar el tema central planteado por el proyecto. En el caso aquí reconstruido se trató de Salud Humana, a la que le siguieron las de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones y Legislación General. Una vez que ya tenían estado parlamentario, los proyectos pasaban a la órbita de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones.³⁰

La vigencia de los proyectos era de doce meses corridos, el plazo estipulado para que se dieran todos los pasos necesarios a los fines de que se transformaran en leyes. En primer lugar, las comisiones podían tratarlos en una serie de reuniones. Hacia el final del proceso de discusión se elaboraba un despacho, es decir, un documento que incluía la versión final del proyecto. En ese momento era usual la intervención de Legislación General, que se ocupaba de hacer una revisión de carácter técnico, luego de la cual el proyecto era enviado para su tratamiento en el recinto. Una vez allí, era sometido a votación. En caso de no llegar a alguna de esas instancias, debía ser rehabilitado, es decir, presentado nuevamente para evitar que pasara a archivo.

Desde la perspectiva de legisladores y asesores, impulsar un proyecto era involucrarse en una acción transformadora, movilizar a sus pares y definir áreas de actuación en el ejercicio de sus funciones. Ese texto, que en el recorrido del documento aparecía como acción de un legislador particular (“el proyecto de”), era fruto de una construcción colectiva, realizada por un equipo de trabajo. Una legisladora que colaboró con el movimiento, por ejemplo, contaba con varios asesores legislativos: uno que se ocupaba de la relación con los medios de comunicación; dos abogados que se desempeñaban como consultores ocasionales; una asesora que se ocupaba de las tareas administrativas (y que contaba, a su vez, con dos asistentes); y dos asesoras que se encargaban de investigar y redactar los proyectos. De estas últimas solo una pertenecía a planta permanente, esto es, había concursado su cargo y trabajaba todos los días en la oficina.

El proceso de elaboración de proyectos que tenían que ver con conquistas de derechos por lo general contemplaba dos vías: correspondía al interés de quienes integraban el equipo -ya sea el legislador o alguno de sus asesores-, o provenía de una demanda llevada a la oficina de algún legislador por ciudadanos particulares u organizaciones no gubernamentales. Para una asesora que entrevisté, esto implicaba que el trabajo era a la vez de escritorio -o de gabinete- y de costura, puesto que se trataba de propiciar la articulación entre actores. En ese sentido, era necesario dialogar con todas las personas interesadas en -y alcanzadas por- un tema específico. En su trabajo de asistencia técnica y asesoría legislativa, ella procuraba trazar redes a través de las herramientas conceptuales del enfoque de Desarrollo Económico Local, en el cual se había entrenado a lo largo de su formación en políticas públicas.

A grandes rasgos, dicho enfoque constituye una tecnología de gobierno que considera como variables nodales las características del territorio en el que se promueven iniciativas de desarrollo económico, y que sitúa a los agentes locales -pertenecientes a sectores públicos y privados- como sujetos claves en su elaboración.³¹ Uno de los elementos básicos del enfoque es la movilización y participación de esos agentes en la discusión sobre problemas locales, y su “animación” por parte de equipos de liderazgo (Albuquerque, 2004, p. 163). Desde esta perspectiva, la formulación de políticas públicas resultaría de la producción e incentivo del consenso entre actores con intereses contrapuestos, encontrando sus puntos en común. Esto introducía matices respecto de las pesquisas activistas, construidas a través del ensamblaje de perspectivas que concordaban con la reforma de las políticas de drogas en dirección a la despenalización de la tenencia y la regulación del cannabis.

La escritura de proyectos emergía del encuentro entre ambas investigaciones. Así, las operaciones de traducción en reuniones y vía correos electrónicos modulaban las demandas sociales y buscaban amplificar las articulaciones entre actores mediante la convocatoria a referentes locales de las áreas del derecho y la salud. La colaboración en la lectura y corrección de uno de esos textos permitió abrir espacio para la participación de cannabicultores en tanto integrantes de un organismo que investigaría sobre usos terapéuticos e industriales del cannabis en la provincia.³²

Mientras tanto, las rutas administrativas de los proyectos se engarzaban con iniciativas que apuntaban a darles empuje y que también se coordinaban en esos espacios. Entre estas, se diseñó una estrategia de medios que incluyó una nota con un periódico local, enfocada en las narrativas de los familiares de usuarios terapéuticos y realizada en una sala de reuniones de la Legislatura: allí, los padres y madres de niños, niñas y jóvenes con distintas enfermedades que habían participado previamente de los encuentros, contaron sus historias en primera persona.³³ Según la asesora, la posibilidad de que el proyecto completara la ruta administrativa se relacionaba estrechamente con su impacto en la opinión pública:

Si vos no sos oficialismo, un proyecto lo podés presentar y puede estar toda la vida durmiendo en el cajón […] Que se trate o no depende de que la opinión pública pueda instalarlo de manera que alguna persona con poder político -por ejemplo, en la provincia sería el oficialismo- lo retome como proceso y lo ponga con algún lobby a funcionar, digamos, cuando vos hacés un laburo apelando a la cohesión de algún sector o algún espacio de la sociedad civil, tiene que ver con que en realidad pueda tratar de hacer que tu proyecto tenga algún empuje, ¿me explico? Porque eso te podría garantizar alguna visibilidad, entonces en alguna instancia sería como un paso de militancia de tu propio proyecto. (Entrevista, 31/07/2018).

De este modo, los textos normativos se insertaron en una trama más amplia de sensibilización de la ciudadanía. Si bien quienes podían y sabían hacerlo eran sobre todo los propios usuarios y sus familiares en el marco de organizaciones, los legisladores y asesores proveían saberes propios para amplificar la causa y mantenerla en agenda por medio de una política de las emociones. Así, estos actores coincidían en que el cambio cultural y social podía allanar el camino para el cambio en las leyes.

Boltanski (1993) analiza los modos de compromiso ante el sufrimiento ajeno implicados en la acción humanitaria y caracteriza las dimensiones afectivas y argumentativas reunidas en los tópicos de denuncia, de sentimiento y estético. Con base en esas distinciones, podemos decir que los relatos que tenían como protagonistas a niños, niñas y sus madres con apoyo de cultivadores, profesionales de la salud y legisladores, operaban según el tópico del sentimiento. En éste, el estímulo a la acción ponía en juego una “metafísica de la interioridad” en virtud de la cual el sufrimiento evitable de los desafortunados suscitaba la compasión de los espectadores (Boltanski, 1993, p. 81). Frases como “El dolor no puede esperar” y “Yo me pongo en sus zapatos”, que aparecieron en notas periodísticas y campañas online, hablaban de situaciones domésticas dolorosas y difíciles que se habían transformado de manera drástica con el empleo de cannabis; y, a la vez, llamaban a otros a actuar con celeridad, asumiendo que las experiencias de usuarios terapéuticos y sus familiares eran o podían ser propias.

La presencia protagónica de las madres añadió una capa afectiva más a ese tópico, en la medida en que la figura materna condensaba las tareas de cuidado y se constituía como autoridad moral que permitía la articulación “entre dolor personal y causas colectivas, entre sufrimientos y derechos” (Vianna; Farias, 2011, p. 83). Esto se extendía hacia las intervenciones de algunos profesionales de la salud comprometidos con el movimiento, quienes instaban a volver a una medicina guiada por esas formas amorosas y compasivas de cuidado. En el trabajo legislativo en Córdoba, el énfasis en el vínculo entre interioridades y en historias de usuarios y sus madres constituía una vía para divulgar proyectos impulsados desde la oposición, de manera que sus repercusiones se tradujeran en mayores oportunidades para su tratamiento en las comisiones y su llegada a la Cámara.³⁴ La rosca, el conocimiento de qué tuercas y engranajes debían ajustarse para influenciar decisiones entre políticos, tenía como contexto más amplio lo que se difundía en medios de comunicación y plataformas digitales respecto de una demanda social particular.

Considerar los proyectos en las tramas que articulan nos lleva a reconocer que se trata de textos cuyas emergencias y circulaciones no pueden ser interpretadas ateniéndonos solo a lo que dicen o los objetivos específicos a los que apuntan. Como tales, constituyen medios para la construcción de redes, disputas y estrategias, como también de posicionamientos propios y reputaciones. De ese modo, su escritura y presentación hacen estado y trayectorias en la gestión estatal, aun si luego no se transforman en leyes. El carácter performativo de los proyectos y su estrecha vinculación con tareas de sensibilización que amplían y construyen causas políticas en agenda se observa en el contraste entre las escasas iniciativas legislativas respecto del uso medicinal del cannabis en años anteriores y la proliferación de propuestas desde 2016.³⁵ En el ámbito nacional, estas superaron la veintena y siguieron dos tendencias: unas -procedentes en su mayoría del oficialismo-, apuntaban a regular la investigación científica y médica sobre cannabis; mientras que otras, promovidas sobre todo desde partidos de la oposición, también contemplaban la despenalización de la tenencia para uso con fines terapéuticos, llegando a incluir el autocultivo.³⁶

En este sentido, las rutas administrativas de los proyectos también eran rutas colaborativas que reunían a activistas, legisladores y asesores en actividades coordinadas, no exentas de tensiones y disputas. Como vimos, para legisladores y asesores consultados, firmar proyectos y presentarlos, así como ser firmantes de proyectos de otros, eran modos de construir un abanico de temas en los que se interesaban e intervenían puntualmente, y de trazar alianzas entre pares incluso por fuera de los partidos políticos. Por otra parte, la circulación por oficinas y salas de reunión permitía la construcción de reputaciones dentro del movimiento cannábico, en tanto habilitaba la presentación de activistas como asesores de proyectos de ley y como actores que gozaban de la confianza de algún político en particular. La inclusión de artículos que creaban consejos consultivos integrados por organizaciones sociales con personería jurídica sancionaba las trayectorias institucionalizadas y formales entre las agrupaciones.

Aunque los proyectos presentados en la Legislatura de Córdoba no llegaron a la Cámara durante ese periodo, el trabajo realizado en conjunto por activistas cannábicos y funcionarios se prolongó en el tiempo, de modo que el tema permaneció en agenda durante unos meses más. Así, en mayo de 2017 esos mismos activistas fueron convocados para participar como representantes del movimiento local en reuniones promovidas por las comisiones de Salud Humana y Adicciones. El objetivo de esos encuentros era examinar la adhesión de la provincia a la ley nacional recientemente aprobada.³⁷

A modo de conclusión

En este artículo analizamos el trabajo social que construye causas políticas y problemáticas en agenda, examinando vínculos e interacciones entre activistas por la regulación del cannabis, legisladores y sus asesores. Estos se desarrollaron en -y a través de- tres situaciones cuya reiteración permite comprender la formación de conocimientos por parte de activistas en tanto integrantes de organizaciones de la sociedad civil en diálogo con agencias y agentes estatales: las prácticas que crean archivos y documentos; las reuniones clave con funcionarios que se entraman en labores de investigación, escritura y circulación institucional; y la redacción y presentación de proyectos de ley que emergen de esa densa malla de colaboración.

Así, si los activistas ingresan a los ámbitos legislativos y los transitan, lo cierto es que gran parte de sus prácticas ya se encuentran atravesadas de antemano por consideraciones acerca de lo que es, puede y debería hacerse desde el estado. A su vez, esos planos de actuaciones estatales posibles se refuerzan y modifican en la propia vinculación con funcionarios, legisladores y asesores. Podemos ver esto en los procesos de institucionalización de las agrupaciones cannábicas y en el registro de acciones colectivas que se vuelven, por medio de su ordenamiento cronológico, acontecimientos históricos capaces de certificar la trayectoria oficial de una organización y, por extensión, de cada uno de sus integrantes. La demanda de reconocimiento se cifra en estas operaciones de creación del -y sujeción al- arkhé, y en una relación mutua y constitutiva entre activismos y estados.

Las actividades abarcaron distintos niveles estatales y movilizaron contactos, estrategias y posicionamientos diferenciales. Así, la participación de activistas cordobeses en reuniones con políticos y asesores en el Congreso procuraba transmitir una experiencia del interior, situándola en pie de igualdad con aquellas de otros estados provinciales. Dichas reuniones, tanto en el Congreso como en el Concejo Deliberante y en la Legislatura de la Provincia eran instancias en las que se fijaban acuerdos y límites, tanto para las acciones gubernamentales como para las actuaciones de las organizaciones sociales. Los consejos por medio de los cuales los funcionarios instaban a respetar las formas y los carriles correctos llevaban a la reiteración o demora de las gestiones, e impulsaban la circulación insistente e incesante de madres y cultivadores. El trabajo en común se plasmaba en proyectos de ley y en un conjunto de actividades que contornaban esos textos, tales como notas periodísticas, divulgación de imágenes fotográficas de los actores en redes sociales y más reuniones para establecer los pasos a seguir.

En esas circulaciones activistas se construían conocimientos y experticias estatalizantes que no solo incluían consideraciones sobre una adecuada presentación de sí y modos de articular argumentos, sino también saberes sobre determinadas normativas y prácticas escritas que atraviesan la acción estatal. Esto era así tanto para la causa de la regulación del cannabis -cuyos conocimientos eran compartidos desde diferentes posiciones, profesiones y oficios entre los cannábicos- como para otros ámbitos y causas sociales. Sin ir más lejos, Brenda se había formado inicialmente en el activismo de personas viviendo con VIH-sida y fue a partir del tránsito por esas redes que logró montar un dispositivo de asesoría en salud y gestión en un hospital público. Allí informaba sobre las leyes nacional y provincial de VIH, tramitaba pensiones no contributivas, promovía recursos de amparo y denuncias ante actos de discriminación y conversaba sobre cannabis. De esa militancia previa provenía gran parte de su red de relaciones.

Más allá de los resultados, esto es, la formulación de leyes que atendieran los anhelos de los y las activistas, aquí interesa destacar la dimensión productiva de las situaciones descritas para la creación de encuadramientos de formas de hablar, gestionar, organizar(se) y circular entre oficinas, salones de eventos y manifestaciones, junto con sus potenciales líneas de fuga. La movilización del activismo cannábico no culminó con aprobación de la ley Nº 27.350 (Argentina, 2017a), sino que continuó en el reclamo de una reglamentación más amplia que la sancionada en septiembre de 2017 con el decreto Nº 738/17 (Argentina, 2017b). Esto se vio acompañado de la movilización de investigadores y profesionales de la salud que realizaron tareas de asesoría y divulgación científica en el marco de organizaciones no gubernamentales, cátedras y proyectos de extensión e investigación universitarios. Tres años después, en noviembre de 2020, el decreto reglamentario Nº 883/2020 (Argentina, 2020) finalmente incluyó las figuras de “cultivo para sí” y “cultivo a través de un/a familiar o un tercero”, reivindicadas por las redes activistas que integraban a cultivadores, madres, usuarios y usuarias, profesionales de la salud y la ciencia.

El abordaje antropológico de esas formas de conocer y hacer permite mostrar la imbricación entre modalidades de orientación al mundo racionales y participativas (Peirano, 2006) que complejizan las relaciones entre lo que se concibe como “sociedad civil” y “estado”. A la vez, revela zonas de densidad en torno a las materialidades de las prácticas burocráticas, la importancia de las emociones en esos procesos y la colaboración de los etnógrafos en la producción de artefactos que resultan centrales para la actividad política de las personas con las que trabajamos.

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• TAYLOR, C. The politics of recognition. In: GUTMAN, A. et al Multiculturalism: examining the politics of recognition. Princeton: Princeton University Press, 1994. p. 25-73.
• TISCORNIA, S. Activismo de los derechos humanos y burocracias estatales: el caso Walter Bulacio. Buenos Aires: Del Puerto : CELS, 2008.
• TROUILLOT, M.-R. The anthropology of the state in the age of globalization. Close encounters of the deceptive kind. Current Anthropology, Chicago, v. 42, n. 1, p. 125-138, 2001.
• VIANNA, A. Introdução: fazendo e desfazendo inquietudes no mundo dos direitos. In: VIANNA, A. (org.) O fazer e desfazer dos direitos: experiências etnográficas sobre política, administração e moralidades. Rio de Janeiro: E-papers, 2013. p. 15-35.
• VIANNA, A.; FARIAS, J. A guerra das mães: dor e política em situações de violência institucional. Cadernos Pagu, Campinas, n. 37, p.79-116, 2011.

• 1
  Mucho antes de convertirse en un artículo, gran parte de este texto fue una ponencia presentada en el 18º Congreso Mundial IUAES de 2018, en el grupo de trabajo coordinado por Antônio Carlos de Souza Lima y Laura Navallo Coimbra. A ellos les agradezco sus comentarios y recomendaciones de bibliografía. En el trabajo de campo y la escritura mi agradecimiento se extiende hacia todas las personas que me guiaron con paciencia por los caminos del activismo cannábico y las rutas administrativas de los proyectos de ley. Gracias especialmente a la Asociación Edith Moreno Cogollos Córdoba y al Movimiento Nacional Por la Normalización del Cannabis Manuel Belgrano en la figura de su coordinadora Brenda Chignoli. Agradezco también a María Gabriela Lugones por su lectura atenta y a quienes evaluaron este artículo por sus generosas sugerencias.
• 2
  La tesis fue dirigida por Luiz Fernando Días Duarte y codirigida por Gustavo Blázquez en el marco del Programa de Pós-Graduação em Antropología Social, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Durante los años de pesquisa conté con una beca de investigación provista por la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
• 3
  La ley de drogas en vigencia al momento de escritura de este trabajo era la Nº 23.737 del Código Penal (Argentina, 1989). Sancionada en 1989, penalizaba, entre otras conductas, la comercialización, siembra y almacenamiento de plantas, semillas, precursores químicos o materias primas para la producción de estupefacientes (art. 5º), la tenencia para uso personal y la tenencia simple (art. 14). La norma también establecía medidas de seguridad de carácter curativo (art. 19) y educativo, estando esta última destinada a consumidores “principiantes” o “experimentadores” (art. 21).
• 4
  Antes de la ley Nº 27.350 se sancionaron leyes para incorporar el aceite de cannabis al vademécum provincial en Chubut -ley Nº I-588, aprobada el 11/08/2016 (Chubut, 2016), Santa Fe -ley Nº 13602, aprobada el 30/11/2016 (Santa Fe, 2016)-, Neuquén -ley Nº 3042 aprobada el 01/12/2016 (Neuquén, 2016)-, Salta -ley Nº 7996, sancionada el 16/12/2016 (Salta, 2017)- y Mendoza -ley Nº 8962, aprobada el 28/03/2017 (Mendoza, 2017). (Díaz, 2019). Abordar las modificaciones posteriores de esas normativas excedería los alcances del presente trabajo.
• 5
  La reducción de daños (RD) engloba un conjunto de actuaciones que apuntan a evitar las consecuencias perjudiciales del uso de drogas para la salud. En Argentina, las organizaciones de RD promovieron investigaciones, intervenciones territoriales y tareas de incidencia política que denunciaban los daños sociales causados por la persecución penal a usuarios de drogas, al tiempo que posicionaban a dichos usuarios como sujetos de derecho. Inicialmente, su trabajo se caracterizó por la centralidad de la lucha contra el VIH-sida, la formación de redes de especialistas, y la capacitación de operadores o promotores. En el marco de esas actividades surgieron las primeras experiencias asociativas de usuarios de drogas (Corbelle, 2016; Inchaurraga, 2002).
• 6
  A fines de la primera década del siglo XXI el panorama parecía favorecer la despenalización de la tenencia y de las figuras de siembra y cultivo para consumo personal. En 2008, por iniciativa del Ejecutivo se creó el Comité Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja, que debía elaborar informes y asesorar en la elaboración de anteproyectos para la reforma de la ley de drogas (Argentina, 2008). Durante ese mismo año, en la 51° Sesión de la Comisión de Estupefacientes (CND), el director ejecutivo de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC) advirtió sobre la necesidad de que las políticas de fiscalización contemplaran la salud y el respeto de los derechos humanos. Por otra parte, en 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el fallo Arriola (Argentina, 2009) que, en la misma línea de Bazterrica (Argentina, 1986), estableció la inconstitucionalidad de la criminalización de la tenencia de drogas para consumo personal por entender que se trata de actos privados que no afectan la moral pública. Para un estudio detallado del contexto y las dinámicas de los debates políticos de entonces, véase Corbelle (2013, 2016); para un análisis de los proyectos de ley que contemplan la despenalización desde 2009, véase Fusero (2020).
• 7
  A lo largo del artículo opté por emplear itálica para las palabras provenientes del trabajo de campo y comillas para aquellas referenciadas en la bibliografía.
• 8
  En 2002, la primera edición de la Marcha Mundial de la Marihuana en Argentina fue organizada por la Red Argentina en Defensa de los Derechos de los Usuarios de Drogas (RADDUD) y la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA). Entre sus reclamos, incluía: “defendamos la investigación científica sobre los usos terapéuticos del cannabis, ayudemos a los enfermos que requieren el uso terapéutico de la marihuana”.
• 9
  El Sistema Cannabinoide Endógeno (SEC) es un sistema complejo que regula la homeostasis del organismo y que se encuentra en humanos y otros mamíferos. A grandes rasgos, comprende receptores y cannabinoides internos que actúan como neuromoduladores (Peyraube; Bouso, 2015). Desde la farmacología, la presencia de este sistema permite explicar los efectos producidos por los componentes del cannabis y otras plantas en el cuerpo humano (Russo, 2016).
• 10
  En 2015 se dio a conocer en los medios de comunicación la historia de Marcelo Morante, especialista en medicina interna y profesor universitario que había viajado a Canadá para formarse en uso terapéutico de cannabis. Entre las actividades que por ese entonces Morante impulsaba con el objetivo de promover el conocimiento y la educación sobre cannabis en Argentina, se destacaba un proyecto de cultivo en el pueblo que lo vio crecer, General La Madrid, Provincia de Buenos Aires, que contaba con apoyo del intendente y de los habitantes de la localidad (Morante; Morante, 2017).
• 11
  Si en las formaciones cannábicas predominaban a grandes rasgos los varones cisgénero, en las agrupaciones de usuarios terapéuticos y sus familiares era más frecuente encontrar mujeres cisgénero de rango etario y perfil socioeconómico variable. Desde 2015, las organizaciones que se volvieron más visibles fueron aquellas que lograron movilizar mayores recursos materiales, sociales y simbólicos para la realización de sus actividades.
• 12
  Estos discursos fueron parte constitutiva de la campaña electoral -y luego del gobierno- de Cambiemos, alianza que reunió a partidos como Propuesta Republicana (PRO), Unión Cívica Radical (UCR) y Coalición Cívica ARI, entre otros, y que resultó vencedora en las elecciones presidenciales de 2015.
• 13
  Cuando la conocí, Brenda tenía 52 años y vivía en las afueras de Córdoba Capital con su compañero. Gran parte de su itinerario activista se desarrolló entre redes de personas viviendo con VIH-sida, organizaciones de reducción de daños y agrupaciones cannábicas propiamente dichas. En mi tesis exploro su trayectoria (Díaz, 2019).
• 14
  La expresión cannabis medicinal, empleada en años anteriores, ganó mayor presencia con las agrupaciones que reunían a usuarios terapéuticos y sus familiares, y se volvió una constante en el discurso de políticos, profesionales de la salud y científicos vinculados con el movimiento social. Dicha expresión permitió la legitimación de los reclamos y sus portavoces y, a la vez, fue criticada como parte de las prácticas reflexivas sobre el habla al interior del activismo cannábico. Así, había quienes consideraban que era redundante, puesto que el cannabis siempre era medicinal, mientras que otros sostenían que lo correcto era referirse a usos terapéuticos del cannabis porque permitía incluir otras prácticas por fuera de la medicina convencional y señalar que se trataba de un uso entre otros posibles. Aunque la posición consensuada entre las organizaciones instaba a bregar por la regulación del cannabis para todos sus usos, lo cierto es que durante el periodo esos reclamos se aplazaron en favor del acceso a la planta y sus derivados para uso terapéutico.
• 15
  Las Cámaras de Diputados y de Senadores de la provincia fueron reemplazadas por un cuerpo unicameral a partir de las modificaciones realizadas en la Constitución Provincial en 2001. Las reuniones que se analizan en este artículo se llevaron a cabo en el Anexo, un edificio que se encontraba sobre la calle Deán Funes en el centro de la ciudad de Córdoba, al lado de la Legislatura propiamente dicha y separado de ésta por una galería de venta de libros y revistas. Dicho edificio contaba con cuatro pisos que albergaban las oficinas de los legisladores, y las salas de reuniones de las comisiones y los bloques. En 2019 se inauguró la nueva sede de la Legislatura en las márgenes del río Suquía, hacia el este de la ciudad.
• 16
  Este conjunto de prácticas podría ser localizado en la mancha semántica de las ideas de incidencia política, lobby, cabildeo y advocacy. Los activistas cuyo trabajo acompañé se referían ocasionalmente a lobby e incidencia, siendo este último término más frecuente en el marco de organizaciones de RD. En mi pesquisa privilegié las fórmulas “hablar con” y “reunirse con (determinado político/funcionario/asesor)” para profundizar en tales actuaciones sin atribuirles de antemano una categoría explicativa. A futuro indagaré en los matices entre esas ideas y las connotaciones negativas que adquieren algunas de ellas.
• 17
  Registro de campo, 09/04/2015.
• 18
  Abordé algunos argumentos de esta sección en un debate coordinado por Mario Rufer para la revista Corpus (Gorbach et al., 2020).
• 19
  Las publicaciones a las que hago referencia son THC - La Revista de la Cultura Cannábica, que apareció en 2006, Haze - Experiencias & Cultivos que fue lanzada en 2010 y Soft Secrets Latam que circula de manera gratuita en tiendas de cultivo desde 2011.
• 20
  El Código Civil y Comercial establece que las asociaciones civiles -junto a figuras como las sociedades, fundaciones, etc.-, son personas jurídicas privadas cuyo objeto no debe ser opuesto al “interés general o bien común” ni vulnerar valores constitucionales (art. 168).
• 21
  La autorización del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCa) en 2013 abrió el camino para que otras agrupaciones pudieran incluir referencias a la planta de cannabis en su nombre legal. Ese acontecimiento estuvo precedido por esfuerzos de organizaciones como la Asociación Rosarina de Estudios Culturales (AREC) y la Agrupación Marplatense de Cannabicultores (AMC), que entre los años 2011 y 2012 fueron autorizadas como entidades de estudios culturales y herboristas.
• 22
  Pantaleón (2004) estudia la materialidad de ciertos documentos en el horizonte de los programas de desarrollo social de la provincia de Salta en la década de 1990. Allí describe la carta como instrumento de carácter tradicional, opuesto al formulario en tanto forma nueva de pedir.
• 23
  A la resolución de General La Madrid (2015) le siguieron pronunciamientos realizados a partir del impulso de madres que habitaban en las localidades de Morón, Villa Gesell (Buenos Aires) y Comodoro Rivadavia (Chubut), entre otras localidades. Un rasgo en común de esas expresiones de deseo y resoluciones era la inclusión de un artículo que establecía la remisión de copias a otros municipios -instándolos a desempeñarse como “promotores” de la campaña-, y a comisiones de Diputados y Senadores de la Nación. Es decir que cada uno de esos documentos creaba condiciones que habilitaban y ampliaban su circulación. En la actualidad, en el marco de un proyecto emprendido con Lucía Romero y Óscar Aguilar, me encuentro relevando esos y otros materiales que dan cuenta de la historia de las iniciativas municipales en favor de la regulación del uso terapéutico de cannabis.
• 24
  Desde esta perspectiva podemos leer a Tiscornia (2008) cuando analiza su papel en el activismo de los derechos humanos a partir de un hallazgo en su archivo personal: el afiche de un evento en el que había participado como expositora. Esto le permite introducir el trabajo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) -que abarca la elaboración de informes, documentos y la configuración de un archivo-, como también posicionarse en el marco de dicha organización a través de “la acción política y la investigación antropológica” (Tiscornia, 2008, p. 156). Corbelle (2016) hace lo propio cuando reconstruye las condiciones que posibilitaron su intervención en el marco de los debates de despenalización de 2011-2012.
• 25
  El Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación establece en su artículo 114 bis que es potestad de las comisiones la convocatoria a audiencias públicas y debates virtuales con la finalidad de conocer la opinión de la ciudadanía sobre temáticas que sean asuntos de su competencia. Durante el año 2016, acompañé a Brenda a la audiencia convocada por diputados nacionales del Partido Obrero con motivo de la presentación de un proyecto de ley (16/05/2016) y a la reunión conjunta informativa de las comisiones de Seguridad Interior, Acción Social y Salud Pública y Legislación Penal (13/10/2016). Ambas instancias tuvieron lugar en una sala del Edificio Anexo y en ellas Brenda participó como oradora.
• 26
  El Encuentro Nacional de Mujeres, celebrado anualmente desde 1986, incluye talleres, asambleas y una marcha que visibiliza la convocatoria y las demandas. La edición de 2016 tuvo lugar en Rosario, Santa Fe. Allí, gracias a una campaña iniciada desde hacía varios años por activistas cannábicas, se incluyó por primera vez un taller llamado Mujeres y Cannabis. Participé en ese encuentro acompañando a Brenda y a una activista de Cogollos.
• 27
  Un tipo particular de borde estaba constituido por la falta de competencia de los estados municipales y provinciales para modificar el Código Penal. Las propuestas de ordenanzas que autorizaban la creación de registros locales de cultivadores fueron posteriores a la sanción de la ley Nº 27.350. En Córdoba, las conversaciones acerca de esas limitaciones tenían como telón de fondo una representación de la provincia y de su ciudad capital como inherentemente conservadoras y opuestas, por ende, a Buenos Aires y Santa Fe.
• 28
  Esto ocurrió en diversas oportunidades. En julio de 2016, una reunión con una concejala y sus asesores culminó con el dictado de un pedido de audiencia a una comisión del Concejo Deliberante por parte de uno de sus asesores; y con la sugerencia de incluir en el informe el testimonio de un juez que era padre de un usuario terapéutico y que había participado como orador en una reunión informativa reciente. Finalmente, la audiencia no se concretó (Registro de campo, 04/07/2016).
• 29
  Entre octubre de 2016 y agosto de 2017 se presentaron en Córdoba cinco proyectos de ley, cuatro de declaración y uno de resolución; todos estos, a excepción del último, habían sido motorizados por fuerzas políticas opositoras al partido Unión por Córdoba (Bloque Córdoba Podemos, Frente Cívico, Frente de Izquierda y de los Trabajadores).
• 30
  Debo las precisiones sobre estos procedimientos a las orientaciones generosas de Joaquín Marini (Comunicación personal)
• 31
  Promovido por el Banco Mundial sobre todo desde 1980, su expansión coincide con el empleo del término “governance” por parte de este organismo para señalar un estilo de gobierno que se caracteriza por “un mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado y actores no estatales al interior de redes de decisión mixtas público/privadas” (Colombo, 2003, p. 131).
• 32
  El proyecto 20630, presentado el 23/11/2016, apuntaba a crear una “Comisión Provincial Intersectorial de Investigación y Diseño de Estrategias de Intervención sobre producción y usos del Cannabis” (Córdoba, 2016).
• 33
  La nota fue realizada por Juan Manuel González el 25/10/2016 y publicada el 29/10/2016 en el periódico Día a Día con el título: “La esperanza de la marihuana médica” (González, 2016).
• 34
  La composición de las comisiones replica el sistema de mayorías y minorías de la Cámara y es ese juego de fuerzas el que crea las condiciones de posibilidad para que los proyectos entren en los temarios de sus reuniones semanales. Este rasgo crucial de las actividades cotidianas en la Legislatura nos permite situar en contexto las dilaciones respecto del tratamiento y la discusión de los proyectos presentados por la oposición.
• 35
  En contraste con una escasa presencia del tema en la actividad legislativa de años anteriores, solo en 2016 se presentaron diecinueve proyectos de ley ante la Cámara de Diputados y tres ante la Cámara de Senadores de la Nación (Díaz, 2019).
• 36
  Como mencionábamos en la introducción, entre 2015 y 2019 el oficialismo a nivel nacional estuvo representado por Cambiemos. Los proyectos de la oposición fueron impulsados por el Frente para la Victoria - PJ, Libres del Sur, PTS - Frente de Izquierda y de los Trabajadores y Partido Socialista. En la diferenciación de los proyectos había, desde ya, algunas excepciones. Sin ir más lejos, las diputadas con las que Brenda y yo dialogamos con más frecuencia eran de la UCR y su proyecto incluía el autocultivo.
• 37
  En marzo de 2021 el gobernador de la provincia presentó un proyecto de adhesión que fue girado a las comisiones de Legislación General y Salud Humana. En palabras de activistas y asesores legislativos, la remisión de un proyecto a un número reducido de comisiones hablaba de la voluntad política de aprobar rápidamente la propuesta. La sanción de la ley de adhesión Nº 10.756 se produjo pocos meses después, el 5 de mayo de 2021.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  16 Mar 2022
• Fecha del número
  Jan-Apr 2022

Histórico

• Recibido
  18 Feb 2020
• Acepto
  06 Ago 2020