Estipulaciones probatorias y verdades negociadas: una reflexión sobre los acuerdos probatorios en el sistema procesal penal colombiano

Evidentiary Stipulations and Negotiated Truths: A Reflection on the Evidentiary Agreements in the Colombian Criminal Procedure System

Resumen

Se parte de la premisa de establecer la verdad como objetivo institucional del proceso jurisdiccional para luego analizar la institución de las estipulaciones probatorias en el proceso penal colombiano. Se procura luego la respuesta al interrogante sobre ¿qué se entiende por verdad negociada? para, posteriormente, presentar una breve aproximación a la regulación de las estipulaciones probatorias en algunas legislaciones de Latinoamérica. Finalmente, se ofrece un planteamiento acerca del rol del juez en las estipulaciones probatorias de cara al objetivo institucional del proceso penal de la búsqueda de la verdad.

Palabras clave
estipulaciones probatorias; verdad negociada; acuerdos probatorios; proceso penal; búsqueda de la verdad

Abstract

It starts from the premise of establishing the truth as an institutional objective of the judicial process to then analyze the institution of evidentiary stipulations in the Colombian criminal process. Then, the answer to the question about what is meant by negotiated truth is sought? After that, a brief approach to the regulation of evidentiary stipulations in some Latin American legislations is presented. Finally, an approach is offered about the role of the judge in the evidentiary stipulations facing the institutional objective of the criminal process of the search for the truth.

Keywords
evidentiary stipulations; negotiated truth; evidentiary agreements; criminal process; search for truth

Introducción

Sí el hallazgo de la verdad es uno de los objetivos institucionales del proceso penal, ¿son compatibles los acuerdos probatorios con dicha finalidad? Para dar respuesta a ese interrogante se realiza un acercamiento a lo que se comprende por verdad negociada en los sistemas de enjuiciamiento criminal, aquella que permite la posibilidad de determinar hechos jurídicamente relevantes a través de instrumentos diseñados para ese propósito, como las “estipulaciones probatorias”, esto es, acuerdos entre las partes sobre hechos que no ameritan discusión con el fin de depurar el debate probatorio, pero sin renunciar a sus pretensiones en el litigio. Luego, se lleva a cabo un análisis a la institución de las estipulaciones probatorias en el proceso penal colombiano desde su naturaleza y caracterización. Posteriormente, se abordan algunos cuestionamientos alrededor de dicha institución en la legislación y la jurisprudencia colombianas.

En igual sentido, se hace una descripción de la regulación de las estipulaciones o acuerdos probatorios en algunas legislaciones de Latinoamérica, la mayoría de las cuales exigen que el hecho o circunstancia objeto de acuerdo se soporte en antecedentes investigativos o medios de convicción. El trabajo concluye con una reflexión en torno al rol del juez en las estipulaciones probatorias frente al objetivo institucional del proceso penal de búsqueda de la verdad.

1. La verdad como objetivo institucional del proceso penal: ¿qué entender por verdad negociada?

Para introducirnos en el tema nos remitimos a diferentes teorías que hacen referencia al concepto de verdad como propiedad de ciertos enunciados, ya que el procedimiento probatorio de apreciación y valoración que adelantan los jueces se dirige a poder afirmar que ciertos hechos objeto de prueba son o no verdaderos, pero lo que se afirma es “la verdad no de hechos sino de enunciados sobre los hechos” ³. Estas teorías se conocen como: teorías semánticas de la verdad como correspondencia⁴, teorías sintácticas de la verdad como coherencia⁵, teorías pragmatistas⁶, cognoscitivismo y concepción semántica de la verdad.

Las concepciones coherentistas y pragmáticas han sido objeto de críticas y cuestionamientos, pues se las considera “planteamientos contraintuitivos que, además, no se adecuan al objetivo del proceso de fijación judicial de los hechos”⁷. Por ello, la profesora Marina Gascón sostiene que

(…) son contraintuitivos porque, tanto en el lenguaje común como en el lenguaje judicial, no se anuncia que un conjunto de enunciados sobre hechos sean verdaderos porque resulten internamente coherentes (…) o porque sea aceptado (…) o resulte más simple que otros, sino porque los hechos que describen han sucedido realmente (…), los conceptos coherentistas y pragmatistas de verdad se desconectan del objetivo del proceso de fijación judicial de los hechos, que no es otro que la reconstrucción de los hechos tal y como sucedieron⁸.

Destaca entonces esta autora que las dificultades señaladas y anotadas se pueden superar si se asume una epistemología realista, fundamento o núcleo central de un modelo cognoscitivista, que se caracteriza por que los enunciados fácticos se conciben como descripciones de hechos. En ese sentido, el concepto de verdad al que refieren “es el semántico de la verdad como correspondencia o adecuación”⁹. En este punto, hace un llamado de atención para diferenciar entre una epistemología realista (permite mantener los esfuerzos por un conocimiento objetivo) y las epistemologías subjetivistas (hacen imposible un conocimiento objetivo)¹⁰.

En coherencia con lo planteado en torno a la articulación entre verdad y prueba, Marina Gascón expone aspectos puntuales de una concepción cognoscitivista de la prueba, al decir que la verdad objetiva o material no es más que la correcta descripción de los hechos (verdad como correspondencia) —simplemente verdad— y que la verdad procesal o formal, por su parte, es la descripción de los hechos formulados en el proceso —simplemente prueba—¹¹.

Michele Taruffo, por su parte, planteó la misma dificultad en torno al estatus epistemológico del enunciado con el cual el juez, luego de la valoración de los medios de prueba disponibles y del nivel de demostración que estos atribuyen a las hipótesis relativas a los hechos del proceso, afirma que tales hechos han sido verificados y en consecuencia deben ser considerados como “verdaderos”¹².

En torno a la verdad absoluta, Taruffo encuentra que la existencia de normas jurídicas y de límites de diversa índole excluye toda posibilidad de obtener verdades absolutas en el proceso judicial. Asimismo, tales normas no son suficientes para diferenciar la verdad que se establece dentro del proceso de la que se establece por fuera de él. En cuanto a la verdad relativa, para el profesor Taruffo resulta práctico y sensato hablar de verdad relativa como la única verdad propia del proceso, tal y como en otros campos de la experiencia¹³. Dicha verdad relativa lo es respecto de los medios de conocimiento y del contexto, pues depende de lo que la misma ley le traza y de otros aspectos, tales como presuposiciones y conceptos.

Para Jordi Ferrer Beltrán, los hechos probados pueden llegar a ser totalmente distintos de los hechos ocurridos. En consecuencia, es plausible sostener que la verdad material de un enunciado depende de su correspondencia con el mundo, es decir, de la ocurrencia de los hechos cuya existencia se afirme o de la no ocurrencia de los hechos cuya existencia se niegue. Para este autor, la verdad formal es aquella que goza de autoridad jurídica y a la cual se le atribuye la calificación de verdadera, formalmente, a los hechos probados por el juez en la sentencia¹⁴.

De acuerdo con Ferrer Beltrán, para desempeñar su función de administrar justicia, el juez debe tratar de llegar a la verdad por medio de las pruebas, dado que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Señala que la verdad material muestra la prueba como un reflejo de la verdad y que la verdad procesal es la que se conoce y se declara jurídicamente. Desde su visión, una postura flexible sería aquella que tratara de averiguar cómo ocurrieron los hechos realmente, pero siendo consecuente con los resultados obtenidos que son limitados en el contexto del proceso, en cuanto solo aportan una verdad probable.

De lo expuesto se desprende que la verdad procesal tiene una función práctica, pues es a través del proceso, de sus diferentes etapas, que se llega a una sentencia, a una decisión judicial que los habitantes del conglomerado se ven sujetos a respetar para mantener la convivencia. Sin embargo, se observa una restricción en la búsqueda de la verdad material como garantía procesal establecida y respaldada en el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, en relación con el debido proceso como principio que permea el valor de la justicia. Al reconocer la existencia de las diversas teorías en tan álgido debate, sostenemos, como punto de partida, que el hallazgo de la verdad se erige en un objetivo institucional¹⁵ dentro del proceso jurisdiccional para lo que ahora nos ocupa: lo penal.

Por supuesto que esta visión no es compartida de manera unánime, pues, como lo sostiene Taruffo, hay quienes encuentran en el proceso jurisdiccional una herramienta para la mera solución de los conflictos intersubjetivos de intereses, siendo la prueba un elemento de persuasión o de convencimiento, bien hacia el juez o hacia los jurados¹⁶.

Nuestra premisa estructural parte, en primer lugar, de comprender que la civilidad¹⁷ democrática del proceso jurisdiccional no permite abandonar el objetivo de hallar la verdad como único camino para conseguir una decisión justa¹⁸. Como con acierto lo sostienen De-Lorenzi y Ceolin¹⁹, a pesar de que el hallazgo de la verdad ha justificado, en otras épocas, regímenes totalitarios y métodos arbitrarios para la justificación de la decisión judicial, no por ello puede abandonarse su búsqueda como fin institucional del proceso.

Las verdades son relativas, contextuales²⁰ y aproximadas, lo cual no significa que sean irrelevantes o inalcanzables. En la búsqueda de la verdad real, el peor escenario en el que puede encontrarse dicha finalidad es en el de la aproximación a lo que llamamos verdad procesal. En segundo lugar, siguiendo nuevamente a Taruffo, se considera que “existe la posibilidad de descubrir, con métodos adecuados y atendibles, la verdad referida a eventos del mundo externo”²¹.

Los hechos existen con independencia de nuestra aceptación o negación de ellos y, en igual sentido, son verdaderos o falsos con independencia de nuestra afirmación o negación de estos. Nuestra realidad es empíricamente constatable y no corresponde a un constructivismo social, a diferencia de la interpretación que podamos hacer de un hecho. En este sentido, compartimos la apreciación sostenida por González Lagier²², en cuanto a que los hechos son (i) ontológicamente objetivos, y (ii) los hechos percibidos son epistemológicamente subjetivos y (iii) subjetivamente interpretados, pero en medio de la intersubjetividad existen suficientes elementos que nos permiten aceptar la realidad de un hecho cuando este se encuentra suficientemente acreditado.

Pues bien, intentaremos responder el siguiente interrogante: ¿qué es la verdad negociada en el proceso penal? bajo estas dos premisas: (1) el hallazgo de la verdad es uno de los objetivos institucionales del proceso y (2) es posible, dentro del proceso jurisdiccional, hallar dicha verdad a través de los métodos adecuados.

Previo a ello, debemos advertir que, en esta oportunidad, nuestra atención no se concentra en la verdad que se construye a través de las terminaciones anticipadas del proceso, bajo figuras como las de confesión sincera, acuerdos de responsabilidad o plea bargaining, pues en estas instituciones, de una u otra manera, el acusado se declara responsable de la conducta endilgada a cambio de alguna compensación estatal.

La verdad negociada que motiva esta reflexión es la que admite la posibilidad de poder determinar uno o varios de los hechos jurídicamente relevantes a través del uso adecuado de métodos o instrumentos diseñados para tal propósito, como las “estipulaciones probatorias”, propias de sistemas de enjuiciamiento criminal tipo acusatorio, en procura de la depuración del debate probatorio, pero sin renunciar a la pretensión acusatoria del Estado y exculpatoria de la defensa. Se trata de los acuerdos sobre hechos pacíficos respecto de los cuales a las partes no les interesa discutir, sin desistir de sus pretensiones litigiosas.

Pues bien, si el fin del proceso y la prueba penal es tanto la solución del conflicto o resolución de la controversia, como también la búsqueda de la verdad, que no es solo verdad formal (mera fijación formal de los hechos) ni estrictamente verdad material (entendida como verdad real o empírica), ¿qué rol juegan las partes y el juez en la construcción de la verdad? ¿Es posible acaso construir una “verdad negociada” con todas sus implicaciones y riesgos?

Sobre la verdad negociada en el proceso civil, Michele Taruffo plantea que:

(…) el problema de la posibilidad de configurar acuerdos entre las partes que tengan por objeto la verdad de los hechos de la causa. (…) nace esencialmente en razón de la consolidación (…) de la tendencia que establece que los hechos que deben ser determinados en juicio vienen a fijarse en función de la conducta de las partes, o sea mediante la combinación entre la alegación de los hechos obra de una de las partes y la refutación de ellos obra de la otra parte. Si, por tanto, un hecho alegado no viene (en tiempo) refutado, se considera pacífico, lo que significa (…) que él no es objeto de prueba y ni siquiera de decisión²³.

Desde un punto de vista funcional, Taruffo explica que, por economía procesal, se busca que el objeto de la actividad probatoria sea simplificado al inicio del proceso, es decir que un hecho no refutado sea excluido del tema de prueba. De allí que nos recuerde este autor que la jurisprudencia ha creado y aplicado la categoría de “hecho pacífico”.

La verdad negociada en el proceso penal, bajo la línea que define el presente estudio, consiste, en esencia, en una concepción negocial o bilateral según la cual corresponde a las partes establecer cuáles hechos darán por probados y que, en consecuencia, no serán objeto de alegación fáctica o de objeción probatoria. Ello significa que las partes en el proceso penal tienen el poder de establecer qué hecho debe o no probarse, lo que conlleva, además, el poder de determinar qué hecho debe o no ser tenido como verdadero para la decisión jurisdiccional penal.

En síntesis, entendemos por verdad negociada la posibilidad que tienen las partes de fijar los hechos o circunstancias que se darán por ciertos dentro del proceso, que forman parte del tema de prueba y tendrán efectos en la configuración de la verdad de los hechos de la sentencia.

Ahora bien, Michele Taruffo plantea, con objetividad y sustento, que sobre esta cuestión también existen riesgos, cuando sostiene que:

(…) afirmar que el enunciado de hecho no objetado deba ser tomado como verdadero a los fines de la decisión implica un elevado riesgo de error. Fundar la decisión sobre un enunciado de hecho formulado en un momento del proceso en el que no se sabe nada en relación a la verdad o falsedad de él, en cuanto no se han adquirido todavía elementos de prueba al respecto, implica el riesgo que se asuma como verdadero un enunciado que por el contrario es falso²⁴.

A partir de la conceptualización de la verdad negociada en el proceso penal, nos proponemos a continuación analizar la institución de las estipulaciones probatorias dentro del proceso penal del sistema acusatorio colombiano, con el fin de establecer si ellas son adecuadas —junto a los demás medios de prueba— para hallar la verdad de los hechos.

2. Las estipulaciones probatorias en el proceso penal colombiano

El escenario para el desarrollo de las estipulaciones probatorias en el procedimiento penal ordinario²⁵ es el de la audiencia preparatoria, lo cual presupone la imputación de cargos (ante el juez de garantías), la respectiva presentación de la acusación, su formalización en audiencia pública²⁶ y el desarrollo de la audiencia preparatoria del juicio oral en sus fases de instalación, pronunciamiento sobre el descubrimiento probatorio y enunciación de los medios de prueba que las partes pretenden hacer valer (todo lo anterior ante el juez de conocimiento)²⁷. Una vez las partes e intervinientes conocen la evidencia descubierta que se pretende hacer valer como medio de prueba, el director del proceso ofrece el espacio para el desarrollo de las estipulaciones probatorias.

En su naturaleza, las estipulaciones probatorias son acuerdos realizados entre la Fiscalía y la defensa sobre hechos o circunstancias²⁸ respecto de los cuales no versa la controversia sustantiva²⁹, de allí que se trate de actos bilaterales que se concentran en el tema de prueba limitado por los hechos jurídicamente relevantes, los hechos indicadores de estos o la autenticidad de la evidencia³⁰.

De dicha noción se deriva que las estipulaciones probatorias conciernen a la Fiscalía y la defensa —eventualmente al acusador privado, conforme a la Ley 1826 de 2017 que permite, en ciertos eventos, la conversión de la acción penal pública en privada—, razón por la cual no vinculan a la víctima como interviniente especial³¹ ni al Ministerio Público como interviniente constitucional³², quienes, en gracia de discusión, podrán emitir su voz a favor o en contra de los acuerdos realizados, mas no son llamados a hacer parte de ellos.

El concepto de controversia sustantiva no viene regulado en la legislación, pero puede entenderse como aquel hecho o circunstancia que, si bien es objeto de prueba³³, es decir, hace parte de los enunciados fácticos propios del caso que se estudia, no constituye el eje central de la discusión, pero, en todo caso, debe resultar pertinente³⁴ frente a la configuración de la teoría del caso de las partes, pues carecería de objeto llegar a acuerdos sobre hechos intrascendentes o inútiles para el debate. Precisamente, la teoría del caso de las partes en contienda es la que condiciona el concepto de controversia sustantiva, puesto que, en función de la postulación fáctica que pretenda acreditarse, existirá o no discusión sobre el particular.

Pensemos en un ejemplo sencillo: si entre la Fiscalía y la defensa se pretendiera dar como probado el hecho de que el acusado portaba el arma de fuego homicida y que, en efecto, fue quien la disparó y ocasionó la muerte a la víctima, el operador judicial de inmediato consideraría no válido dicho acuerdo, porque implicaría una renuncia a garantías fundamentales³⁵, en este caso a la garantía de la no autoincriminación³⁶, lo que lo llevaría a no aprobar la estipulación probatoria, puesto que a través de ella el procesado estaría admitiendo su autoría en el hecho típico investigado.

En principio, tal planteamiento del juez de la causa resultaría acertado, porque el hecho estipulado implica el reconocimiento de la participación del acusado en el hecho investigado, pero vamos a suponer que la teoría de la defensa del caso se inclina a probar la existencia de una legítima defensa³⁷, por lo cual el objeto de discusión no sería si su representado fue quien disparó el arma de fuego, sino establecer si dicha conducta obedeció a la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno, frente a una agresión injusta, actual o inminente de parte de un tercero. Como puede observarse, la controversia sustantiva en este evento versaría sobre la existencia de la agresión por parte del tercero, su antijuridicidad y la proporcionalidad en la respuesta del acusado, no en el hecho de que llevase un arma de fuego y que la hubiese accionado, porque la teoría defensiva tendría como presupuesto, para acreditar la legítima defensa, los comportamientos previamente descritos. Es así que controversia sustantiva y teoría del caso son conceptos inescindibles.

Las estipulaciones deben fundarse sobre hechos o circunstancias conocidos de manera legal por las partes, porque la interferencia investigativa que comprometa garantías fundamentales debe estar fundada en un profundo respeto del principio de legalidad³⁸, ya que la ley debe definir los presupuestos y condiciones de admisibilidad de la evidencia.

Igualmente, de la noción de las estipulaciones probatorias puede comprenderse que dichos acuerdos versan sobre hechos o circunstancias, no sobre medios de prueba³⁹, razón por la cual no resultaría válido dar como hecho cierto la evidencia, en primer lugar, porque lo que es objeto de controversia sustantiva no es la existencia de la prueba, sino los hechos de la acusación —o de la refutación—, y, en segundo lugar, porque lo que puede ser objeto de estipulación es el hecho concreto que puede derivarse de la evidencia —como soporte probatorio de aquella—, mas no la existencia de la prueba.

Lo anterior no es óbice para que, en ciertos eventos, determinados elementos o evidencias sean objeto de estipulación, por ejemplo, cuando se pretende dar como un hecho cierto, sobre el que no versará la discusión, la emisión de una providencia judicial⁴⁰ proferida por un juez que viene siendo acusado del delito de prevaricato por acción⁴¹, ya que el objeto de la discusión se centrará en que aquella providencia contrarió manifiestamente la ley. En casos como el que se pone de presente, la discusión no necesariamente versará sobre la efectiva emisión de la providencia judicial —que bien puede ser objeto de estipulación en cuanto a su existencia y autoría—, sino que se reservaría a los elementos normativos del tipo penal: lo manifiestamente contrario a la ley.

A través de las estipulaciones probatorias, las partes renuncian a postular y practicar pruebas dentro del proceso⁴², pues lo que es objeto de pacto se entenderá como probado, y no será necesario aportar o discutir otras evidencias sobre el particular. Como quiera que la oportunidad procesal para solicitar la práctica de las pruebas es la audiencia preparatoria⁴³, al ser aprobadas las estipulaciones el juez deberá abstenerse de decretar pruebas sobre hechos dados por ciertos mediante el convenio, y una vez culminada la audiencia no resultará viable realizar nuevas peticiones probatorias, salvo los eventos de prueba sobrevinientes⁴⁴ como consecuencia de la aparición de un medio de prueba no conocido por las partes al momento de la audiencia, pero cuyo desconocimiento no obedezca a la negligencia investigativa de los sujetos procesales, y siempre que no afecte el derecho a la defensa y la integridad del juicio y que, además, resulte sumamente relevante para el objeto de la discusión.

3. Interrogantes sobre las estipulaciones probatorias en el sistema procesal penal colombiano

En principio, el juzgador tiene que dar por probado aquello que fue objeto de estipulación entre las partes, pero ¿qué sucede si al momento de valorar la prueba practicada el juez encuentra que resulta contraevidente el hecho estipulado con esa prueba?, o ¿si lo que fue objeto de estipulación —hecho o circunstancia— no fue soportado con ninguna evidencia?

Posteriormente volveremos sobre estos interrogantes. Por ahora, debe recordarse que en el sistema procesal penal colombiano el juez de conocimiento tiene prohibido el decreto y la práctica oficiosa de pruebas⁴⁵, por lo tanto la incertidumbre probatoria que pueda derivarse, tanto de la práctica probatoria publicitada en juicio como de la que es objeto de estipulación, se ceñirá a la que sea objeto de aporte de las partes e intervinientes procesales, sin que el juez pueda ahondar en la búsqueda de otros elementos y, en todo caso, teniendo como estándar de distribución del riesgo del error⁴⁶ el de la presunción de inocencia⁴⁷.

Las estipulaciones probatorias condicionan el decreto de pruebas y depuran el objeto del debate, por lo tanto no resulta posible retractarse de su contenido⁴⁸, porque una vez aprobadas en el escenario natural de la audiencia preparatoria —sin menoscabo de que surjan nuevas estipulaciones en desarrollo del juicio⁴⁹— la parte que tenía la carga⁵⁰ de probar el hecho, o que lo consideraba pertinente para su teoría del caso, cesa en su obligación de aportar evidencia, razón por la cual no podría echar para atrás el pacto, ya que dejaría a la contraparte desprovista de herramientas para acreditar aquello que en su momento se pactó.

En la práctica se ha discutido si las estipulaciones probatorias pueden tener o no anexos que respalden su contenido, aspecto sobre el cual, en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia (CSJ), en su Sala de Casación Penal, no ha existido una postura pacífica, pero sí ha habido coincidencia en que de ser aportados anexos o soportes para dicha estipulación, estos no pueden ser objeto de valoración por parte del juez más allá de lo que fue objeto de acuerdo entre las partes. En la Tabla N.º 1 puede observarse un fragmento del recorrido jurisprudencial sobre el particular.

Tabla N.º 1
Jurisprudencia de la CSJ sobre anexos en estipulaciones probatorias

Las estipulaciones probatorias pueden tener anexos, pero no pueden ser objeto de análisis o valoración

Las estipulaciones probatorias no deben tener anexos, en caso de ser aportados, no pueden ser valorados

Radicación n.º 57210. Sentencia n.º AP3346-2021 Radicación n.º 54859. Sentencia n.º AP589-2021 Radicación n.º 50419 Sentencia n.º SP072-2019 Radicación n.º 51786 Sentencia n.º AP2159-2018 Radicación n.º 51882 Sentencia n.º AP948-2018 Radicación n.º 50103 Sentencia n.º AP6571-2017 Radicación n.º 49512 Sentencia n.º AP4884-2017 Radicación n.º 44932 Sentencia n.º SP9621-2017 Radicación n.º 44882 Sentencia n.º SP7753-2017 Radicación n.º 48803 Sentencia n.º AP3366-2017 Radicación n.º 47377 Sentencia n.º SP997-2017 Radicación n.º 47660 Sentencia n.º SP11015-2016 Radicación n.º 47061 Sentencia n.º AP3987-2016 Radicación n.º 47666 Sentencia n.º SP7856-2016

Radicación n.º 53649. Sentencia n.º AP4644-2019 Radicación n.º SP38975-2013 Radicación n.º SP27962-2007

• Fuente: elaboración propia.

Lo que resulta claro, con independencia de que sea aportado o no el soporte de la estipulación, es que lo que es objeto de valoración y se entenderá como probado es, precisamente, el acuerdo fáctico entre las partes acerca de hechos o circunstancias sobre los cuales no existe controversia, por lo que el soporte probatorio solo podrá ser valorado en la exacta dimensión del hecho acordado, sin que del contenido de la evidencia que soporta la estipulación puedan derivarse hechos distintos a los pactados.

Lo anterior se entiende, porque, de valorarse el soporte de la estipulación, podría subrepticiamente incorporarse prueba de referencia⁵¹ inadmisible, como ocurre, por ejemplo, cuando se estipula la conclusión médico-legal de la valoración sexológica de una víctima y se soporta con el informe de medicina legal. En estos eventos, lo que será objeto de estipulación es la conclusión médico-legal del perito que evaluó a la víctima, pero no aspectos como la anamnesis⁵², ya que la versión entregada por el paciente al perito constituye una declaración anterior que versa sobre aspectos propios del debate probatorio, realizada sin garantizar el derecho de contradicción y cuya incorporación a través de la estipulación constituye prueba de referencia inadmisible.

Pero si se tiene claro que el juez no puede valorar el soporte de la estipulación más allá de lo que fue objeto de acuerdo por las partes: ¿Qué inconveniente puede arrojar que aquellas estipulaciones probatorias tengan soporte en evidencia? ¿No sería más compatible con el hallazgo de la verdad entendida como correspondencia⁵³ aquella estipulación soportada en elementos de prueba? ¿O las partes pueden construir la realidad procesal sin sustento probatorio?

Sobre estos interrogantes también volveremos más adelante. Por ahora, podemos afirmar que el objeto de las estipulaciones recae sobre uno o varios hechos jurídicamente relevantes, o sobre hechos indicadores o sobre aspectos propios de la autenticación de la evidencia⁵⁴, como también sobre aspectos no controvertidos de la teoría de la refutación de la defensa, evento en el cual la fiscalía acepta el hecho o circunstancia que pretende probar la defensa al considerar que no afecta el núcleo sustancial de la tesis acusatoria.

No sobra advertir que la iniciativa legal de las estipulaciones probatorias no concierne solo a la fiscalía, ya que la defensa, por su parte, se encuentra legitimada para proponer y aportar estipulaciones útiles desde el plano estratégico a su teoría del caso, es decir, a la tesis que planteara como hecho jurídicamente relevante de la defensa.

Por supuesto, el concepto de los hechos jurídicamente relevantes⁵⁵ que han sido descritos en la imputación y acusación —entendidas como unidad en cuanto al principio de congruencia— es el límite fáctico de la sentencia, razón suficiente para comprender que del contexto fáctico de la acusación se desprende el tema de prueba dentro del proceso —su afirmación o refutación—, y que las estipulaciones probatorias versan sobre aquellos objetos que permiten afirmar o refutar los hechos jurídicamente relevantes⁵⁶ de la acusación.

En términos sencillos, un hecho es jurídicamente relevante para el derecho penal en tanto se encuentra inserto en un modelo de conducta normativo que conmina al ciudadano a actuar motivado por el deber positivo asignado por la norma, o a abstenerse de ejecutar una conducta sobre la base de un derecho penal basado en el principio de culpabilidad, en donde responde por un comportamiento voluntario, exteriorizado, individualmente considerado y de relevancia social, puesto que al derecho penal no le resulta de interés el mero resultado causal sino la conexión entre ese comportamiento externo y la normativa infringida, porque es la norma la que fija el parámetro social de interpretación de la conducta humana.

Las estipulaciones probatorias han sido entendidas como un mecanismo para la depuración probatoria⁵⁷ con vistas a materializar los principios de celeridad y economía procesales, y son objeto de control jurisdiccional a efectos de que resulten de absoluta claridad, que no versen sobre pruebas sino sobre hechos, y que no impliquen la renuncia a garantías de las partes e intervinientes.

En la práctica colombiana, los acuerdos probatorios generalmente depuran el objeto de prueba de la parte acusadora, la Fiscalía General de la Nación, pero eso no impide que sirvan también como herramienta para aminorar la carga probatoria de la defensa. En esencia, los convenios probatorios, además de depurar aquellos hechos que se entienden como pacíficos entre las partes, también pueden alivianar la carga defensiva de probar un hecho o circunstancia que el ente acusador considere suficientemente decantado, bien por la progresividad de la investigación, bien por el descubrimiento probatorio de la defensa o porque, aunque lo sea para la tesis defensiva, no sea relevante para el agente acusador.

La ambigüedad en las estipulaciones probatorias puede afectar gravemente la estructura del proceso, porque de su entendimiento por ambas partes, y del mismo operador judicial, se puede derivar que se dé por acreditado más de lo que fue objeto de estipulación o mucho menos de la intención de las partes al momento del pacto. Por eso, desde la perspectiva jurisprudencial se ha reiterado que lo que es objeto de convenio debe ser claro, puntual y sin lugar a equívocos, de lo contrario, puede conllevar sanciones drásticas, incluso la nulidad.

En el mismo sentido, el acuerdo probatorio no puede desvirtuar la tesis de la acusación⁵⁸, como tampoco puede excluirla, porque ello ya implica, precisamente, lo que se entiende como controversia sustantiva. De allí, entonces, que la estipulación probatoria no puede llevar a renunciar al ejercicio de la acción penal, ni puede sustituir la obligación y la facultad de la valoración probatoria por parte del juez de conocimiento⁵⁹. El hecho o circunstancia estipulados pueden relevar al juez del análisis probatorio hasta su demostración, mas no en la valoración individual y conjunta de la prueba, y en la estipulada, bien para acreditar la tesis de la acusación o para mantener la presunción de inocencia.

No es de mucha utilidad estipular aspectos como la carencia de antecedentes penales, la plena identidad, la buena conducta anterior, entre otros, porque en algunos eventos se presumen y en otros no hacen parte del objeto de prueba o, finalmente, resultan absolutamente intrascendentes para la solución final de la causa.

Categorías jurídicas como la inimputabilidad⁶⁰, la marginalidad, la ignorancia, la pobreza extrema o los estados de ira e intenso dolor⁶¹ no pueden ser objeto de estipulación probatoria⁶², porque ya implican que, en efecto, la conducta punible existió, que el acusado es el autor o partícipe y que el comportamiento se ejecutó, ya fuera bajo el influjo de dichas condiciones o el apremio de las subsiguientes emociones, quizá violentas o bien de profunda tristeza. Lo anterior no significa, por supuesto, que no sea viable acordar la base fáctica de las circunstancias, por ejemplo, la profunda marginalidad o el estado de intenso dolor, lo cual es tema, si así lo disponen las partes, de prueba irrenunciable, de la existencia de la conducta punible y de la relación de causalidad que pueda existir entre dichos estados sociales o emocionales y la conducta punible objeto de juzgamiento. No está de más mencionar que, para que la marginalidad o el estado de intenso dolor sean relevantes para el derecho penal, es necesario que exista la conducta punible.

4. Las estipulaciones probatorias en algunas legislaciones procesales penales de Latinoamérica

Luego de observar el panorama colombiano sobre las estipulaciones probatorias, es pertinente analizar, brevemente, su regulación en otras legislaciones de Centro y Suramérica.

En México⁶³, por ejemplo, se consagra la figura en la norma bajo el nombre de “acuerdos probatorios”, y de su redacción se extrae que difiere de la colombiana en cuanto que autoriza expresamente a la víctima u ofendido a oponerse a los acuerdos, y entrega al juez de garantías el control sobre su validez. Además, la norma condiciona la validez de las estipulaciones en los antecedentes de investigación que acrediten el hecho, de donde se deduce que no es posible dar por acreditado un hecho sin soporte probatorio. Si los hechos acreditados se encuentran debidamente soportados, a ellos deberá circunscribirse dentro de la etapa de juzgamiento sin que se requiera despliegue probatorio adicional.

En Ecuador⁶⁴, el acuerdo versa sobre un hecho innecesario en la acreditación, advirtiendo que incluso se procederá a la comparecencia de peritos, sin que resulte claro si lo que se puede estipular es la existencia y calidad del perito o si el acuerdo recae sobre lo que previamente dictaminó en su informe. Ahora bien, si un hecho resulta innecesario en su demostración, ello implicaría que no se trata de un hecho jurídicamente relevante, por lo que resultaría de mayor claridad conceptual indicar que los acuerdos versan sobre hechos respecto de los cuales no existe controversia sustancial entre los sujetos procesales.

En la República Bolivariana de Venezuela⁶⁵ la estipulación se soporta en alguna prueba de la que se pueda acreditar un hecho o circunstancia, el cual se constituye en objeto de convenio, por lo que el acuerdo recae sobre el hecho que pretende acreditarse soportado en aquel medio de prueba. Igualmente, en el acta del auto de apertura a juicio se deja constancia del hecho estipulado, pero el tribunal puede ordenar la presentación de la estipulación en la vista judicial.

En Chile⁶⁶ no solo el fiscal y el imputado, sino también el querellante, se encuentran acreditados para participar de los acuerdos probatorios, al igual que el juez, quien, de la interpretación de la norma, puede tomar parte en la confección de los acuerdos y formular proposiciones.

En la legislación panameña⁶⁷ se asigna a la defensa la iniciativa para proponer los acuerdos probatorios, y como sucede en la legislación mexicana, la estipulación se encuentra condicionada a los antecedentes investigativos. Igual que como ocurre en la legislación chilena, el juez se encuentra autorizado para proponer nuevos acuerdos probatorios e integrarlos en la resolución de apertura del juicio.

En Brasil⁶⁸ la legislación procesal civil permite que las partes puedan someter a consideración del juez una delimitación consensuada de las cuestiones de hecho o de derecho dentro de la audiencia de saneamiento. Del texto de la norma se infiere que el consenso probatorio debe soportarse en antecedentes investigativos, como quiera que dicho consenso presupone la presentación de evidencia por las partes. En todo caso, no existe dentro de la normativa procesal penal regulación alguna sobre el particular que permita afirmar que resultan válidos los acuerdos o estipulaciones probatorias sobre hechos de naturaleza pacífica.

En Perú⁶⁹ la estipulación recae sobre los hechos que las partes dan por acreditados, como también sobre las proposiciones probatorias para poder acreditar otros hechos. El juez puede, motivando su determinación, desvincularse de los acuerdos probatorios. La legislación peruana establece dos criterios novedosos en punto a los acuerdos probatorios: uno, la posibilidad de que las partes (entendida por un sector importante de la doctrina peruana⁷⁰ como todos los sujetos procesales) acuerden con cuál medio de prueba se acreditará el hecho respectivo, de donde puede extraerse que se trata de un acuerdo en punto a la regla de mejor evidencia, conducencia o estrategia⁷¹ de las partes; y dos, la posibilidad explícita del juez de desvincularse de aquellos acuerdos probatorios exponiendo sus argumentos de fondo para su denegación, sin los cuales la desestimación carece de efecto. Resulta interesante puesto que, precisamente, la negativa de avalar las estipulaciones puede provenir de la carencia de soporte del hecho estipulado, la renuncia a la controversia de fondo o la afectación de garantías fundamentales.

La legislación uruguaya⁷², por su parte, establece la posibilidad de llegar a acuerdos probatorios e indica que se deben sustentar en la evidencia previamente aportada por las partes, de donde se extrae que los hechos que las partes tienen como pacíficos solo pueden ser aquellos suficientemente acreditados en la investigación preliminar.

Por último, y aunque no se refiere en estricto sentido a la legislación latinoamericana, resulta oportuno mencionar las reglas de evidencia de Puerto Rico⁷³, las cuales, mediante el concepto de hecho adjudicativo, permiten que el tribunal tome conocimiento judicial de un hecho no sometido a controversia, y se destaca que dicha estipulación deberá contar con evidencia que permita su corroboración, salvo hechos notorios, y que en las causas criminales los jurados pueden tener en consideración un hecho frente al cual se haya tomado conocimiento judicial, pero no se encuentran obligados a hacerlo, pudiendo apartarse de las conclusiones a las que hayan llegado las partes, por lo que, bajo tal regulación, los hechos adjudicativos no vinculan a quien adoptará la decisión de hecho, esto es, a los jurados.

Lo descrito sobre estipulaciones probatorias en Latinoamérica, en relación con la norma regulatoria, se sintetiza en la Tabla N.º 2.

Tabla N.º 2
Cuadro de análisis sobre las estipulaciones, convenciones o acuerdos probatorios en países de Latinoamérica

Sistema procesal penal	¿Sobre qué versa el acuerdo?	¿La víctima/querellante se puede oponer al acuerdo?	¿Se condiciona la validez del acuerdo a antecedentes investigativos?	¿Qué facultades o limitaciones tiene el juez frente a las estipulaciones probatorias?
México	Hechos o circunstancias	Puede oponerse	Sí	Aprobar/Negar
Ecuador	Hechos/Conclusiones periciales	S/I	S/I	Aprobar/Negar
Venezuela	Hechos/Pruebas	S/I	S/I	Aprobar/Negar/Exigir presentación de prueba
Chile	Hechos	Sí	S/I	Aprobar/Negar/Proponer
Panamá	Hechos	Sí	Sí	Aprobar/Negar/Proponer
Perú	Hechos/Medios de prueba	S/I	Sí	Aprobar/Negar/Apartarse de los acuerdos.
Uruguay	Hechos	S/I	Sí	Aprobar/Negar
Puerto Rico	Hechos	S/I	Sí	Aprobar/Negar/Apartarse del contenido
Brasil	Hechos/Cuestiones de derecho.	S/I	Sí	Aprobar/Negar
Colombia	Hechos o circunstancias	S/I	No	Aprobar/Negar

• S/I= sin información.
• Fuente: elaboración propia.

Como puede evidenciarse, existe cierto consenso en que las estipulaciones, convenciones o acuerdos probatorios versan sobre hechos o circunstancias que deban ser objeto de prueba dentro de la causa. Las legislaciones colombiana y panameña limitan el alcance de las estipulaciones probatorias, en la primera, al concepto de la controversia sustantiva y, en la segunda, a los aspectos que no se vinculen con el procesado.

Las legislaciones mexicana, panameña, peruana, brasilera y puertorriqueña condicionan la validez del acuerdo a la existencia de antecedentes investigativos, por lo que se podría pensar que no resulta válido un acuerdo sin base en evidencia conocida.

Debe precisarse que en todas las legislaciones a las que se ha hecho referencia, salvo en la colombiana, el juez o tribunal que conocerá del juzgamiento es diferente al juez de la fase de instrucción (etapa intermedia, investigación, preparación), y el cargo generalmente lo ocupa un juez de garantías, mientras que en Colombia el juez que conoce de la acusación, de la etapa de decreto de pruebas (audiencia preparatoria) y del juzgamiento es el mismo juez de conocimiento, lo que justifica que los acuerdos probatorios sean levantados en un acta y hagan parte del llamamiento a juicio o del expediente que conocerá el tribunal de juzgamiento, cuyo primer contacto con la causa a juzgar será, precisamente, la audiencia de juzgamiento.

No sobra señalar que resulta muy extraña la manera como el legislador colombiano concibió el rol del juez que conocerá del juzgamiento, puesto que en el mismo funcionario se confunden el ejercicio del control de la acusación, el decreto, el rechazo, la exclusión e inadmisión del medio de prueba y su práctica, así como la decisión sobre las estipulaciones probatorias. No obstante, por la limitación del tema que nos concentra dejaremos la discusión sobre este aspecto para otra oportunidad.

Y en lo que atañe al soporte probatorio, las legislaciones de Ecuador, Venezuela y Chile no ofrecen información sobre la necesidad de aportarlo, mientas que todas las demás, a excepción de la colombiana, exigen que el hecho o circunstancia objeto de acuerdo se soporte en antecedentes investigativos o medios de convicción.

5. El rol del juez en las estipulaciones probatorias de cara al objetivo institucional del proceso penal de la búsqueda de la verdad

Lo cierto es que, aprobadas las estipulaciones o acuerdos probatorios, las diferentes normativas coinciden en que frente a estos acuerdos: “deberá estarse durante la audiencia de juicio oral” (México); “se evitará su presentación en el debate” (Venezuela); “no podrán ser discutidos” (Panamá); “el juez dará por acreditados, obviando su actuación probatoria en el juicio” (Perú); “la estipulación es una admisión judicial que implica un desistimiento formal de cualquier contención contraria a ella [y] una vez hecha y aprobada por el Tribunal, la estipulación obliga a quienes la hacen y a las partes por ellos legalmente representados”⁷⁴, aunque “en casos criminales ante Jurado, la Jueza o el Juez instruirá a las personas miembros del Jurado que pueden —pero no están obligados— a aceptar como concluyente cualquier hecho del cual haya sido tomado conocimiento judicial” (Puerto Rico). Por lo que puede entenderse que las estipulaciones probatorias, en principio, condicionan la decisión sobre los hechos dados por acreditados en el juicio.

Evidentemente, la institución de los convenios probatorios puede facilitar el trabajo de depuración en el tema de prueba y, adicionalmente, como lo sostiene Mirjan Damaska, proteger la integridad del juicio para evitar debates infructuosos o simulados, al igual que la proscripción de investigaciones unilaterales⁷⁵. Pese a ello, avalar cualquier tipo de convención probatoria sin que medie suficiente control judicial podría provocar conclusiones contraevidentes a la finalidad institucional del proceso, entendida como el hallazgo de la verdad, y caer en el error, ya advertido por Michele Taruffo, de aceptar por verdadero lo que en realidad es un hecho falso.

Por lo anterior, evidente resulta que corresponde al juez, en su ejercicio de director del proceso, controlar que los acuerdos probatorios: recaigan sobre hechos o circunstancias, y no sobre pruebas en sí mismas; que sean suficientemente claros; que no impliquen renuncia a la controversia sustantiva ni a la acción penal, y que no se pretenda a través de ellos incorporar subrepticiamente evidencia.

Ahora bien, con respecto a los interrogantes que se enunciaron más arriba: ¿Qué sucede si el hecho estipulado resulta contraevidente al resultado de la práctica probatoria? ¿El juez se encuentra vinculado a los hechos que se dan por probados entre las partes? ¿Resulta necesario el respaldo probatorio de la estipulación? A continuación, damos respuesta:

Si el hecho o circunstancia estipulados resultan contraevidentes para el resultado de la prueba practicada, esto podría obedecer a por lo menos dos razones: (i) existen hipótesis alternativas que explican con suficiencia el hecho debatido, caso en el cual nos encontraríamos frente a una decisión de mayor o menor tolerancia al error⁷⁶ en función del grado de corroboración de la hipótesis, o (ii) el hecho estipulado no cuenta con soporte probatorio alguno y se les permitió a las partes construir el concepto de hecho pacífico sin evidencia que lo soportase.

En el primer evento, le corresponderá al juez o al jurado aplicar las respectivas reglas de distribución del riesgo del error; en el segundo evento, el fallador se encontrará en una disyuntiva mayor, puesto que, como se estableció en párrafos anteriores, si el acuerdo probatorio limita la posibilidad de aportar pruebas con respecto al hecho acordado y el juez colombiano no puede decretar y practicar pruebas, este tendrá que dar como cierta alguna de las afirmaciones: la que resultó del convenio probatorio o la que resultó de la prueba practicada y debatida públicamente.

Naturalmente, en este escenario no se podría considerar que la finalidad institucional del proceso sea la del hallazgo de la verdad y se limitaría su función a la definición judicial de la causa, más concretamente, a la resolución de la controversia. De este modo, la verdad no sería entendida como una verdad por correspondencia, sino como la verdad confeccionada por las partes, negociada exclusivamente por ellas, ni siquiera la percibida por el juez, y no precisamente sobre un “hecho pacífico”, sino una verdad procesalmente instituida.

Ahora bien, podría contraargumentarse que el juez o el jurado no se verían atados a acreditar un hecho o circunstancia estipulados, cuando resulten contraevidentes a lo que arrojó la práctica probatoria. Pues bien, en principio, y bajo la premisa de que en el proceso de valoración probatoria el juez no es un convidado de piedra, dicha afirmación no encontraría oposición. Ciertamente, la libre pero racional valoración de la prueba obliga al juez a tomar en consideración la evidencia disponible⁷⁷, entendiendo por dicha disponibilidad toda la evidencia aportada al proceso de manera lícita. En todo caso, si el juez puede apartarse del hecho estipulado tendríamos que reconocer que la aducción de la estipulación entre las partes resultaría impertinente e infructuosa, pues no cumpliría la finalidad de depurar el proceso de cara a la economía procesal y, por el contrario, generaría mayor retraso en la controversia penal.

Le corresponde pues, al juez, una labor protagónica en la confección y aprobación de las estipulaciones probatorias de las partes.

6. Conclusión

Bajo esta línea argumentativa, se concluye por fuerza que la estipulación o el convenio probatorios deben siempre acompañarse de evidencia que los respalden, pues prueba y verdad cumplen una función teleológica⁷⁸ de esclarecimiento real de los hechos y, de esta forma: (i) se permitiría el acercamiento a la verdad entendida como verdad por correspondencia; (ii) se evitaría el desgaste de encontrar pruebas que resulten contraevidentes al acuerdo probatorio realizado entre las partes; (iii) se delimitaría con efectividad el objeto del acuerdo probatorio; (iv) se facilitaría el control por parte del operador judicial frente al objeto de convenio a la luz de garantías procesales como el debido proceso y el derecho de defensa, y (vi) se restringirían en grado sumo las nulidades en razón de la indeterminación del alcance de lo estipulado.

Naturalmente, el soporte probatorio del hecho o circunstancia estipulados no tendrían mayor relevancia probatoria que la de respaldar lo acordado, limitando la posibilidad de que el juzgador o el jurado llegasen a conclusiones diferentes a las que fundaron el acuerdo entre las partes, sin que se pueda derivar más ni menos de lo convenido.

Desde esta perspectiva, ningún perjuicio podría ocasionarse al sistema de adversarios regulado en la Ley 906 de 2004, porque no se afecta la posibilidad de que las partes lleguen a consenso sobre hechos pacíficos, siempre y cuando tengan respaldo en los antecedentes investigativos de cada uno de los sujetos procesales.

En esas condiciones, el acuerdo probatorio vincularía no solo a los litigantes, sino al juez o al jurado de la causa, e impediría debates impertinentes a lo largo del juzgamiento, pues, al darle aval al acuerdo probatorio soportado en evidencia, el hecho acordado se encontraría probado y así lo debería declarar el juez al inicio del juzgamiento, irradiando sus efectos a las instancias superiores (ordinaria de apelación y extraordinaria de casación).

Las estipulaciones o acuerdos probatorios resultarán siempre legítimos en la medida en que exista suficiente claridad sobre lo que es objeto de estipulación y en que no se renuncie al objeto del debate ni a garantías constitucionales de ninguno de los intervinientes, con tal de que no se pretenda mediante las estipulaciones relevar al operador judicial de la correcta valoración de los hechos —acreditados— y la aplicación de las normas, y, particularmente, que lo que resulte acordado tenga acreditación probatoria suficiente bajo el entendido de que el juez valorará el soporte del acuerdo probatorio en la ajustada dimensión de lo que fue pactado, sin extralimitar su contenido.

Así entendidas, las reglas operativas de los acuerdos probatorios deben girar hacia la exigencia del soporte probatorio del hecho, circunstancia o aspecto estipulados, para que de esta manera el operador judicial pueda controlar la claridad, suficiencia, relevancia y legalidad de lo pactado e, igualmente, verificar que no se afecten las garantías constitucionales de partes e intervinientes o se renuncie a ellas. Bajo esta óptica, no se podría derivar ninguna afectación a las garantías de los intervinientes y, por el contrario, encontraría plena satisfacción la finalidad de depurar el debate probatorio en función del beneficio de las partes procesales y del hallazgo de la verdad en el proceso, verdad, por supuesto, entendida como correspondencia.

• 3
  GASCÓN ABELLÁN, Marina. Los hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba. 2.ª edición. Madrid, Barcelona: Editorial Marcial Pons, 2004, p. 50. Al respecto, Michel Taruffo afirma: “Ciertamente, cuando se habla de ‘hechos’ no se hace referencia a los hechos en su existencia material y empírica: las narraciones solo pueden comprender ‘enunciados sobre hechos’. Un enunciado sobre un hecho es cualquier enunciado en el que se describe que un evento ocurrió ‘de tal y cual manera’ en el mundo real (el que obviamente, se supone existente y no meramente imaginado soñado). En tanto escribe algo que se asevera haber ocurrido en el dominio de la realidad, ese enunciado es apofántico: puede ser verdadero o falso”. TARUFFO, Michele. Simplemente la verdad. El juez y la construcción de los hechos. Barcelona: Marcial Pons, 2010, p. 55.
• 4
  “La verdad de un enunciado consiste en su adecuación a la realidad (o estado de cosas) a que se refiere, en su correspondencia con los hechos”. GASCÓN ABELLÁN, Marina. Los hechos en el derecho, p. 54.
• 5
  “La verdad de un enunciado consiste en su pertenencia a un conjunto coherente de enunciados”. GASCÓN ABELLÁN, Marina. Los hechos en el derecho, p. 54.
• 6
  “Un enunciado es verdadero si está justificado creer que es verdadero porque sirve a algún fin (versión instrumentalista) o porque es aceptado (versión consensualista)”. GASCÓN ABELLÁN, Marina. Los hechos en el derecho, p. 54.
• 7
  GASCÓN ABELLÁN, Marina. Los hechos en el derecho, p. 59.
• 8
  GASCÓN ABELLÁN, Marina. Los hechos en el derecho, p. 64.
• 9
  GASCÓN ABELLÁN, Marina. Los hechos en el derecho, p. 60.
• 10
  GASCÓN ABELLÁN, Marina. Los hechos en el derecho, p. 61.
• 11
  GASCÓN ABELLÁN, Marina. Los hechos en el derecho. Al respecto, se puede consultar de la misma autora el artículo: “La Prueba Judicial: Valoración Racional y Motivación”. En: CARBONELL, M., FIX-FIERRO, H., VÁZQUEZ, R. (coords.). Jueces y derecho. Problemas contemporáneos. México: Porrúa-UNAM, 2004, p. 301-323. https://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1MYBL04CF-7G0W1S-47L8/Prueba%20Gascon.pdf
• 12
  TARUFFO, Michele. La prueba de los hechos. Madrid: Editorial Trotta, 2002. Al respecto, se puede también consultar: TARUFFO, Michele. “Algunos comentarios sobre la valoración de la prueba” Discusiones, n.º 3, 2003, p. 81-97. https://doi.org/10.52292/j.dsc.2003.2406. TARUFFO, Michele. “Probabilidad y Prueba Judicial”. En: XXVI Congreso Colombiano de Derecho Procesal (Memorias) (Trad. de Mónica Fernández Muñoz). Bogotá: Universidad Libre e Instituto Colombiano de Derecho Procesal, septiembre de 2005, p. 1077-1097.
• 13
  TARUFFO, Michelle. La prueba de los hechos, p. 13-14.
• 14
  FERRER BELTRÁN, Jordi. Prueba y verdad en el derecho. Madrid: Editorial Marcial Pons, 2005.
• 15
  “Existen en cambio buenas razones para adoptar una actitud de optimismo racionalista en el plano metodológico, es decir, como criterio de análisis. La principal de esas razones, (…) es que es necesario situar la determinación verdadera de los hechos entre los objetivos institucionales del proceso, dado que sin esta hipótesis es casi imposible explicar racionalmente en qué consiste la justicia de la decisión”. TARUFFO, Michele. La prueba de los hechos, p. 168.
• 16
  Al respecto, sostiene Taruffo: “esta teoría del proceso no es, empero, la única existente y no goza de aceptación general. Por el contrario, existe otra teoría del proceso bastante diferente que ha sido y sigue estando muy difundida, (…) Esta teoría afirma que el objetivo principal del proceso judicial, y más en general, de la administración de Justicia, es resolver el conflicto entre las dos partes del caso”. TARUFFO, Michele. La prueba. Barcelona: Marcial Pons, 2008, p. 21.
• 17
  “(…) (L)a verdad real, que es la aspiración ineludible, si bien fatigante y difícil de alcanzar, a que tienden los procedimientos penales de todos los pueblos civilizados”. DEI MALATESTA, Framarino. Lógica de las pruebas en materia criminal. Vol. II. Bogotá: Editorial Temis, 1973, p. 39.
• 18
  “Así, en el desarrollo ordinario de sus funciones, los jueces deben realizar varios análisis en pro de la justicia, puesto que, como diría Taruffo (2008, p. 112), el ideal de justicia en el proceso está centrado en la decisión del juez, y la decisión judicial debe ser producto de la sustentación conjunta de tres instituciones: el respeto al debido proceso, la validación de los hechos a través de la prueba y la selección e interpretación adecuada de la norma aplicable al caso”. CARVAJAL, Diana. M., PANIAGUA GALEANO, Alexánder. “El control de convencionalidad y las garantías jurídicas en el proceso para el subrogado penal”. Revista Científica General José María Córdoba, vol. 19, n.º 34, 2021, p. 416.
• 19
  “Contudo, essa constatação não tem o condão de justificar a expulsão defini-tiva da verdade do processo penal. Que o discurso sobre a busca da verdade es-teja historicamente ligado a regimes autoritários e à legitimação de abusos não é suficiente para excluí-la como um dos objetivos do processo penal, mas apenas para retirar-lhe o aspecto de fim último ou preponderante, a justificar todos os meios”. DE-LORENZI, Felipe da Costa; CEOLIN, Guilherme Francisco. “O processo penal busca a verdade, mas não a qualquer custo: os novos caminhos para uma antiga controvérsia”. Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 117, ano 29, p. 71-132, mar. 2021, p. 79.
• 20
  TARUFFO, Michele. “Algunas consideraciones sobre la relación entre prueba y verdad”. Revista Discusiones, vol. 3, p. 15-41, 2003, p. 17.
• 21
  TARUFFO, Michele. “¿Verdad negociada?”. Revista de Derecho, vol. XXI, n.º 1, p. 129-151, 2008, p. 133.
• 22
  GONZÁLEZ LAGIER, Daniel. “Los hechos bajo sospecha: Sobre la objetividad de los hechos y el razonamiento judicial”. En: Quaestio Facti. (Ensayos sobre prueba, causalidad y acción). Madrid: Editorial Marcial Pons, 2013, p. 11.
• 23
  TARUFFO, Michele. ¿Verdad negociada?, p. 138.
• 24
  TARUFFO, Michele. ¿Verdad negociada?, p. 147.
• 25
  Para diferenciarlo del procedimiento penal especial abreviado, incorporado mediante la Ley 1826 de 2017, en el cual se suprime la audiencia de imputación y en su lugar se opta por el traslado de acusación, y a su vez se fusionan las audiencias de acusación y preparatoria en la llamada audiencia concentrada. En este procedimiento, las estipulaciones probatorias tienen lugar en la audiencia concentrada.
• 26
  Colombia. Ley 906 de 2004. Código de Procedimiento Penal. arts. 286, 336, 337 y 339.
• 27
  Ley 906 de 2004, arts. 355 y 356 (numerales 1, 2 y 3).
• 28
  Ley 906 de 2004, art. 356. Parágrafo.
• 29
  Ley 906 de 2004, art. 10.
• 30
  Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Radicación n.º 44932 (SP9621-2017), 2017.
• 31
  Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-209 de 2007.
• 32
  Constitución Política de Colombia, 1991, art. 277.
• 33
  “(…) el objeto de la prueba está constituido por los ‘hechos del caso’, pero está claro que estos no son eventos empíricos, dado que, siendo en la gran mayoría de los casos eventos que se han producido antes y fuera del proceso, el juez no puede percibirlo directamente”. TARUFFO, Michele. La prueba, p. 251.
• 34
  Ley 906 de 2004, art. 375.
• 35
  Ley 906 de 2004, art. 10, inciso cuarto: “el juez podrá autorizar los acuerdos y estipulaciones a que lleguen las partes y que versen sobre aspectos en los cuales no haya controversia sustantiva, sin que implique renuncia de los derechos constitucionales”.
• 36
  Constitución Política de Colombia, art. 33.
• 37
  Colombia. Ley 599 de 2000. Código Penal, art. 32, inciso 6.
• 38
  BUJOSA VADELL, Lorenzo, BUSTAMANTE RÚA, Mónica, TORO GARZÓN Luis Eduardo. “La prueba digital producto de la vigilancia secreta: Obtención, admisibilidad y valoración en el proceso penal en España y Colombia”. Revista Brasilera de Derecho Procesal Penal, vol. 7, n.° 2, 2021, p. 1359.
• 39
  Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Radicación n.º 44106 (AP5589-2016), 2016.
• 40
  Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Radicación n.º 56180 (SP903-2021), 2021. También, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Radicación n.º 55405 (AP4059-2021), 2021.
• 41
  Ley 599 de 2000, art. 413.
• 42
  Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Radicación n.º 58871 (SP5369-2021), 2021.
• 43
  Ley 906 de 2004, art. 374.
• 44
  Ley 906 de 2004, art. 344, inciso final.
• 45
  Ley 906 de 2004, art. 361. “PROHIBICIÓN DE PRUEBAS DE OFICIO. En ningún caso el juez podrá decretar la práctica de pruebas de oficio”.
• 46
  FERRER BELTRÁN, Jordi. “Los poderes probatorios del juez y el modelo de proceso”. Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, n.º 36, 2017, p. 104.
• 47
  Para una discusión amplia sobre el estándar de prueba, véase: BUSTAMANTE RÚA, Mónica y PALOMO VÉLEZ, Diego. “La presunción de inocencia como regla de juicio y el estándar de prueba de la duda razonable en el proceso penal. Una lectura desde Colombia y Chile”. Ius et Praxis, vol. 24, n.º 3, 2018.
• 48
  Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Radicación n.º 48814 (SP16933-2017), 2017.
• 49
  “(Las) estipulaciones se pueden hacer aun iniciado el juicio”. Colombia, Corte Suprema de Justicia. Radicación n.º 54014 (AP5271-2018), 2018. Una postura diferente puede encontrarse en TRIANA ACERO, Nancy. “La irretractabilidad de las estipulaciones probatorias”, 2013, donde se sostiene que la estipulación puede ser objeto de retractación unilateral hasta el inicio del juicio oral.
• 50
  “Y es que la carga de la prueba, tal y como se emplea hoy en día, no despeja las incógnitas sobre los hechos, sino que simplemente las arrincona para alcanzar un juicio que puede alejar muchísimo el juez de la realidad, lo que es contrario a la justicia que debe intentar hacer la jurisdicción. Se trata, simplemente, de un modo de finalizar el proceso, en su origen prematuramente, y actualmente al final del mismo una vez fracasada la valoración de la prueba. Pero es indiferente. Lo cierto es que el proceso termina con una sentencia ficticia, casi con una expresión de fe, lo que no es aceptable para la ciencia”. NIEVA FENOLL, Jordi y otros. “La carga de la prueba: Una reliquia histórica que debería ser abolida”. En: NIEVA FENOLL, Jordi; FERRER BELTRÁN, Jordi; GIANNINI, Leandro. Contra la carga de la prueba. Madrid: Editorial Marcial Pons. 2019, p. 25.
• 51
  Ley 906 de 2004, art. 437. Al respecto, puede consultarse igualmente: Colombia, Corte Suprema de Justicia. Radicación n.º 51750 (SP1162-2022), 2022.
• 52
  Colombia, Corte Suprema de Justicia. Radicación n.º 52719 (SP850-2022), 2017.
• 53
  “El contenido de la decisión es verdadero cuando coincide o se corresponde con los sucesos que realmente ocurrieron en la situación empírica que está en la base de la controversia judicial”. TARUFFO, Michelle. La prueba, p. 28.
• 54
  Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Radicación n.º 58439 (AP4277-2021), 2021.
• 55
  Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Radicación n.º 44599 (SP3168-2017), 2017.
• 56
  Una importante referencia al concepto de hechos jurídicamente relevantes y su relación con el hallazgo de la verdad se encuentra en TARUFFO, Michele. Verdad, prueba y motivación en la decisión sobre los hechos. Serie Cuadernos de Divulgación de la Justicia Electoral, N.º 20. México: TEPJF, 2013, p. 17.
• 57
  Colombia, Corte Suprema de Justicia, Radicación n.º 56180 (SP903-2021), 2021.
• 58
  Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Radicación n.º 53151 (SP4463-2020), 2020.
• 59
  Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Casación n.º 49891 (SP1960-2022), 2022.
• 60
  Ley 599 de 2000, art. 33. Al respecto, puede consultarse también: Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Radicación n.º 56252 (AP1671-2022), 2022.
• 61
  Ley 599 de 2000, arts. 56 y 57.
• 62
  Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Radicación n.º 54734 (AP663-2020). 2020.
• 63
  “Los acuerdos probatorios son aquellos celebrados entre el Ministerio Público y el acusado, sin oposición fundada de la víctima u ofendido, para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias. Si la víctima u ofendido se opusieren, el Juez de control determinará si es fundada y motivada la oposición, de lo contrario el Ministerio Público podrá realizar el acuerdo probatorio. El Juez de control autorizará el acuerdo probatorio, siempre que lo considere justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite el hecho. En estos casos, el Juez de control indicará en el auto de apertura del juicio los hechos que tendrán por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia del juicio oral”. Código Nacional de Procedimientos Penales, art. 345. Diario Oficial de la Federación, 5 de marzo de 2014.
• 64
  “Los acuerdos probatorios podrán realizarse por mutuo acuerdo entre las partes o a petición de una de ellas cuando sea innecesario probar el hecho, inclusive sobre la comparecencia de los peritos para que rindan testimonio sobre los informes presentados”. Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial N.º 180, art. 604. 10 de febrero de 2014.
• 65
  “Si todas las partes estuvieren de acuerdo en alguno de los hechos que se pretenden demostrar con la realización de determinada prueba, podrán realizar estipulaciones respecto a esa prueba, con la finalidad de evitar su presentación en el debate del juicio oral y público. De tales estipulaciones deberá quedar constancia expresa en el auto de apertura a juicio, y las partes podrán alegarlas en el debate, sin necesidad de incorporarlas por algún medio de prueba. No obstante, si el tribunal lo estima conveniente ordenará su presentación”. República Bolivariana de Venezuela. Código Orgánico Procesal Penal, art. 200. Gaceta Oficial, Año CXXXIX, n.º 6.078, 15 de junio de 2012.
• 66
  “Durante la audiencia, el fiscal, el querellante, si lo hubiere, y el imputado podrán solicitar en conjunto al juez de garantía que dé por acreditados ciertos hechos, que no podrán ser discutidos en el juicio oral. El juez de garantía podrá formular proposiciones a los intervinientes sobre la materia. Si la solicitud no mereciere reparos, por conformarse a las alegaciones que hubieren hecho los intervinientes, el juez de garantía indicará en el auto de apertura del juicio oral los hechos que se dieron por acreditados, a los cuales deberá estarse durante el juicio oral”. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Código Procesal Penal, art. 275. 12 de octubre de 2000.
• 67
  “Artículo 343. Acuerdos o convenciones probatorias. La defensa puede proponerles a las demás partes dar por acreditados ciertos hechos no relacionados con la vinculación del imputado, los cuales no podrán ser discutidos en el juicio oral. El Juez de Garantías verificará si los demás intervinientes los aceptan y les dará su aprobación, si en su opinión se conforman a los antecedentes de la investigación. El Juez de Garantías también podrá sobre esta materia proponer otros acuerdos probatorios a las partes. Todas las convenciones de prueba deberán insertarse en la resolución de apertura del juicio oral”. República de Panamá. Ley N.º 63 de 28 de agosto de 2008, Que adopta el Código Procesal Penal. Gaceta Oficial Digital, n.º 26.114 de 29 de agosto de 2008.
• 68
  “As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz”. República Federativa do Brasil. Lei 13.105, Código de Processo Civil. Março de 2015, art. 357. V. § 2º.
• 69
  “2. Los demás sujetos procesales podrán proponer los hechos que aceptan y que el Juez dará por acreditados, obviando su actuación probatoria en el Juicio. Asimismo, podrán proponer acuerdos acerca de los medios de prueba que serán necesarios para que determinados hechos se estimen probados. El Juez, sin embargo, exponiendo los motivos que lo justifiquen, podrá desvincularse de esos acuerdos; en caso contrario, si no fundamenta especialmente las razones de su rechazo, carecerá de efecto la decisión que los desestime. Perú. Decreto Legislativo 957. Nuevo Código Procesal Penal. 22 de julio de 2004, art. 350.
• 70
  SUCARI, Rolando. “Las convenciones probatorias en el Código Procesal Penal: dificultades para su aplicación en el sistema procesal penal peruano”. Revista de Derecho, vol. 7, n.º 1, p. 42-60, 2022.
• 71
  “Es justamente ello lo que convierte en compleja esta clase de convención, pues la parte que aporta los medios de prueba —que luego no serán admitidos debido a la aprobación de la convención probatoria— debe tener la capacidad de poder determinar cuál de todos sus medios resulta más idóneo para acreditar el hecho, pues podría, a raíz de la convención arribada, ser precisamente ese medio idóneo el que no fuese actuado en juicio, favoreciendo esta circunstancia a la contraparte. La elección del medio de prueba que se actuará en el juicio oral se convierte, entonces, en una decisión estratégica”. AGUIRRE, Javier. “Convenciones o estipulaciones probatorias y su aplicación en el Perú: un estudio dogmático-empírico”. Ius et Praxis, n.º 43, 2012, p. 184-185.
• 72
  “Las partes podrán arribar a acuerdos probatorios, dando por acreditados determinados hechos, los que no podrán ser debatidos en juicio. El juez evitará discusiones que son propias del juicio oral y resolverá oralmente, de manera inmediata y fundada los planteos de las partes, basándose en las evidencias que presentaren las partes en audiencia”. Parlamento del Uruguay, Ley 19.293, Código del Proceso Penal, 19 de diciembre de 2014. Art. 268.3.
• 73
  “(A) Esta Regla aplica solamente al conocimiento judicial de hechos adjudicativos. (B) El Tribunal podrá tomar conocimiento judicial solamente de aquel hecho adjudicativo que no esté sujeto a controversia razonable porque: (1) es de conocimiento general dentro de la jurisdicción territorial del Tribunal, o (2) es susceptible de corroboración inmediata y exacta mediante fuentes cuya exactitud no puede ser razonablemente cuestionada. (C) El Tribunal podrá tomar conocimiento judicial a iniciativa propia o a solicitud de parte. Si es a solicitud de parte y ésta provee información suficiente para ello, el Tribunal tomará conocimiento judicial. (D) Las partes tendrán derecho a ser oídas en torno a si procede tomar conocimiento judicial. De no haber sido notificada oportunamente por el Tribunal o por la parte promovente, la parte afectada podrá solicitar la oportunidad de ser oída luego de que se haya tomado conocimiento judicial. (E) El Tribunal podrá tomar conocimiento judicial en cualquier etapa de los procedimientos, incluyendo la apelativa. (F) En casos criminales ante Jurado, la Jueza o el Juez instruirá a las personas miembros del Jurado que pueden, pero no están obligados, a aceptar como concluyente cualquier hecho del cual haya sido tomado conocimiento judicial”. Puerto Rico, Resolución ER-2009-01 de 9 de febrero de 2009, art. 201.
• 74
  Puerto Rico, Véase Pueblo v. Suárez Alers, 2006 T.S.P.R. 83, 2006 J.T.S. 92, 167 D.P.R. (2006), citando con aprobación a P.R. Glass Corp. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 223, 230-231 (1975).
• 75
  “Con la finalidad de tener una idea de esas vinculaciones, consideremos lo que ocurre cuando las partes pactan aquellas situaciones en las que su base fáctica es incierta. Es indiscutible, por supuesto, que los jueces del common low pueden negarse a aceptar estos pactos e insistir en que los hechos no controvertidos sean probados en juicio. Pero la práctica de prueba respecto a estos hechos deviene artificial o ficticia. Si las partes se ven obligadas a discutir sobre tales hechos, la actividad procesal que sobreviene está destinada a quedar sin vida o anémica: el viento ha dejado de soplar en las velas de las formas adversariales. Tampoco puede remediarse esta disfunción con una investigación judicial unilateral: esto comprometería los valores del sistema adversarial. Por esta razón, los hechos sobre los cuales se adopta un pacto normalmente se dan como existentes, incluso si su relación con la verdad es incierta”. DAMASKA, Mirjan. El derecho probatorio a la deriva. Traducción de Joan Picó i Junoy. Madrid: Editorial Marcial Pons, 2015, p. 109-110.
• 76
  GASCÓN ABELLÁN, Marina. “Sobre la posibilidad de formular estándares de prueba objetivos”. Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, n.º 28, 2005, p. 127-139.
• 77
  FERRER BELTRÁN, Jordi. La valoración racional de la prueba. Barcelona: Marcial Pons, 2007, p. 40.
• 78
  KIRCHER, Luis Felipe Schneider. “Justiça penal negocial e verdade: há algum tipo de conciliação possível?”. In: SALGADO, Daniel de Resende, KIRCHER, Luis Felipe Schneider, QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de. Justiça Consensual: acordos criminais, cíveis e administrativos. São Paulo: JusPodvim, 2022, p. 67.

• Declaration of originality: the author assures that the text here published has not been previously published in any other resource and that future republication will only take place with the express indication of the reference of this original publication; she also attests that there is no third party plagiarism or self-plagiarism.

How to cite (ABNT Brazil):

• ARANGO GIRALDO, Andres Felipe; BuStAmAnte rúA, mónica maría. estipulaciones probatorias y verdades negociadas: una reflexión sobre los acuerdos probatorios en el sistema procesal penal colombiano. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, vol. 9, n. 3, p. 1137-1172, set./dez. 2023. https://doi.org/10.22197/rbdpp.v9i3.855

Bibliografía

• AGUIRRE, Javier. “Convenciones o estipulaciones probatorias y su aplicación en el Perú: un estudio dogmático-empírico”. Ius et Praxis, n.º 43, p. 167-203, 2012. https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ius_et_Praxis/article/view/332
  » https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ius_et_Praxis/article/view/332
• BUJOSA VADELL, Lorenzo, BUSTAMANTE RÚA, Mónica y TORO GARZÓN Luis Eduardo. “La prueba digital producto de la vigilancia secreta: obtención, admisibilidad y valoración en el proceso penal en España y Colombia”. Revista Brasilera de Derecho Procesal Penal, vol. 7, n.° 2, p. 1347-1384, 2021. https://doi.org/10.22197/rbdpp.v7i2.482
  » https://doi.org/10.22197/rbdpp.v7i2.482
• BUSTAMANTE RÚA, Mónica y PALOMO VÉLEZ, Diego. “La presunción de inocencia como regla de juicio y el estándar de prueba de la duda razonable en el proceso penal. Una lectura desde Colombia y Chile”. Ius et Praxis, vol. 24, n.º 3, p. 651-692, 2018.
• DAMASKA, Mirjan. El derecho probatorio a la deriva. Traducción de Joan Picó i Junoy. Madrid: Editorial Marcial Pons, 2015.
• DEI MALATESTA, Framarino. Lógica de las pruebas en materia criminal. Vol. II. Bogotá: Editorial Temis, 1973.
• DE-LORENZI, Felipe da Costa y CEOLIN, Guilherme Francisco. “O processo penal busca a verdade, mas não a qualquer custo: os novos caminhos para uma antiga controvérsia”. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, vol. 117, ano, 20, p. 71-132, mar. 2021.
• FERRER BELTRÁN, Jordi. Prueba y verdad en el derecho. Madrid: Editorial Marcial Pons, 2005.
• FERRER BELTRÁN, Jordi. La valoración racional de la prueba. Barcelona: Marcial Pons, 2007.
• FERRER BELTRÁN, Jordi. “Los poderes probatorios del juez y el modelo de proceso”. Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, n.º 36, p. 88-108, 2017. DOI: https://doi.org/10.7203/CEFD.36.10632
  » https://doi.org/10.7203/CEFD.36.10632
• GASCÓN ABELLÁN, Marina. Los hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba. 2.ª edición. Madrid, Barcelona: Editorial Marcial Pons, 2004.
• GASCÓN ABELLÁN, Marina. “Sobre la posibilidad de formular estándares de prueba objetivos”. Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, n.º 28, p. 127-139, 2005. https://doxa.ua.es/article/view/2005-n28-sobre-la-posibilidad-de-formular-estandares-de-prueba-objetivos
  » https://doxa.ua.es/article/view/2005-n28-sobre-la-posibilidad-de-formular-estandares-de-prueba-objetivos
• GONZÁLEZ LAGIER, Daniel. “Los hechos bajo sospecha: Sobre la objetividad de los hechos y el razonamiento judicial”. En: Quaestio Facti. (Ensayos sobre prueba, causalidad y acción). Madrid: Editorial Marcial Pons, 2013, p. 7-19.
• KIRCHER, Luis Felipe Schneider. “Justiça penal negocial e verdade: há algum tipo de conciliação possível?”. In: SALGADO, Daniel de Resende, KIRCHER, Luis Felipe Schneider, QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de. Justiça Consensual: acordos criminais, cíveis e administrativos. São Paulo: JusPodvim, 2022.
• NIEVA FENOLL, Jordi y otros. “La carga de la prueba: Una reliquia histórica que debería ser abolida”. En: NIEVA FENOLL, Jordi, FERRER BELTRÁN, Jordi y GIANNINI, Leandro. Contra la carga de la prueba. Madrid: Editorial Marcial Pons, 2019, p. 23-50.
• RAMÍREZ CARVAJAL, Diana M. y PANIAGUA GALEANO, Alexánder. “El control de convencionalidad y las garantías jurídicas en el proceso para el subrogado penal”. Revista Científica General José María Córdoba, vol. 19, n.º 34, p. 407-423, 2021. http://dx.doi.org/10.21830/19006586.762
  » https://doi.org/10.21830/19006586.762
• SUCARI, Rolando. “Las convenciones probatorias en el Código Procesal Penal: dificultades para su aplicación en el sistema procesal penal peruano”. Revista de Derecho, vol. 7, n.º 1, p. 42-60, 2022. https://www.redalyc.org/journal/6718/671870939003/html/
  » https://www.redalyc.org/journal/6718/671870939003/html/
• TARUFFO, Michele. La prueba de los hechos. Madrid: Editorial Trotta, 2002.
• TARUFFO, Michele. “Algunas consideraciones sobre la relación entre prueba y verdad”. Revista Discusiones, vol. 3, p. 15-41, 2003. DOI: https://doi.org/10.52292/j.dsc.2003.2400
  » https://doi.org/10.52292/j.dsc.2003.2400
• TARUFFO, Michele. La prueba. Barcelona: Marcial Pons, 2008.
• TARUFFO, Michele. “¿Verdad negociada?”. Revista de Derecho, vol. 21, n.º 1, p. 129-151, 2008. http://revistas.uach.cl/pdf/revider/v21n1/art06.pdf
  » http://revistas.uach.cl/pdf/revider/v21n1/art06.pdf
• TARUFFO, Michele. Simplemente la verdad. El juez y la construcción de los hechos. Barcelona: Marcial Pons, 2010.
• TARUFFO, Michele. Verdad, prueba y motivación en la decisión sobre los hechos. Serie Cuadernos de Divulgación de la Justicia Electoral, N.º 20. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2013. http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/42415
  » http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/42415
• TRIANA ACERO, Nancy. “La irretractabilidad de las estipulaciones probatorias”. Repositorio Institucional Universidad Militar Nueva Granada, 2013. http://hdl.handle.net/10654/12268
  » http://hdl.handle.net/10654/12268

Editado por

Editorial team

• editor-in-chief: 1 (VgV)

• Assistant-editor: 1 (FdL)

• reviewers: 3

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  13 Nov 2023
• Fecha del número
  Sep-Dec 2023

Histórico

• Recibido
  04 Mayo 2023
• Revisado
  04 Mayo 2023
• Revisado
  17 Mayo 2023
• Revisado
  22 Mayo 2023
• Revisado
  29 Mayo 2023
• Revisado
  18 Jun 2023
• Revisado
  07 Jul 2023
• Acepto
  11 Ago 2023