‘Facções’ de Fortaleza y colectivos de Caracas: Dos modelos de gobernanza criminal

Facções de Fortaleza e coletivos de Caracas: Dois modelos de governança criminal

RESUMEN

El artículo realiza una comparación de la gobernanza criminal realizada por las agrupaciones Guardiões do Estado de Fortaleza, Brasil, y de los Colectivos Alexis Vive y La Piedrita en Caracas, Venezuela. Comparando sus orígenes, el uso que hacen de la violencia, su capacidad de establecer normas e imponer castigos, las fuentes de ingresos, el modo de obtener legitimidad y el tipo de vínculo con el Estado, se concluye en la existencia de dos modelos diferentes de gobernanza criminal, que difieren por la forma como dan prioridad las metas de lucro económicas y de dominio político.

Palavras-chave:
gobernanza criminal; colectivos; ‘facções’; lucro económico; metas políticas

RESUMO

Facções de Fortaleza e coletivos de Caracas: Dois modelos de governança criminal compara a governança criminosa realizada pela facção criminal Guardiões do Estado, em Fortaleza, Brasil, e pelos Coletivos Alexis Vive e La Piedrita, em Caracas, Venezuela. Comparando suas origens, o uso que fazem da violência, sua capacidade de estabelecer normas e punir, as fontes de renda, a forma de obter legitimidade e o tipo de vínculo com o Estado, conclui-se que existem dois modelos diferentes de governança criminal que diferem na forma como os objetivos de lucro econômico e domínio político são priorizados.

Palavras-chave:
governança criminal; coletivos; facções; lucro econômico; objetivos políticos

ABSTRACT

This article compares the criminal governance carried out by the Guardiões do Estado facção (faction), in Fortaleza, Brazil, and the Alexis Vive and La Piedrita colectivos (collectives) in Caracas, Venezuela. Comparing their origins, their use of violence, their capacity to establish rules and impose punishments, their sources of income, the way they obtain legitimacy and their relations with the state, we conclude that these are two different models of criminal governance, which differ in the way they prioritise the goals of economic profit and political domination.

Keywords:
criminal governance; collectives; facções; economic profit; political goals

Introducción

La gobernanza, esa palabra fea, como la llamaría Foucault (2004), se refiere al pastoreo de las personas, al process of rule de una población ubicada en cualquier lugar, y se aplica a países, empresas o asociaciones comunitarias, y por eso se diferencia del gobierno como institución pública (BEVIR, 2012; BEVIR y RHODES, 2010). La gobernanza criminal, por su parte, es entendida de manera amplia como “the imposition of rules or restriction on behavior by a criminal organization”¹ (LESSING, 2021, p. 3). Es un process of rule por actores distintos a la burocracia y con reglas diferentes a las leyes del Estado formalmente constituido. La gobernanza criminal puede adquirir diversas formas de acuerdo a las características de los grupos que la practican y el contexto social y político en el cual se ejecutan. Las variaciones en las oportunidades de obtención de ingresos y captación de rentas ilícitas, así como el tipo de vínculo que desarrollen con las diversas instancias del aparato coercitivo del Estado, determinarán el modo como “the lives, routines, and activities of those governed are impinged on by rules or codes imposed by a criminal organization”² (LESSING, 2021, p. 856).

Esa diversidad se encuentra en los casos de las agrupaciones criminales llamadas “facções” en Brasil y de los “colectivos” en Caracas. Entre ellos podemos encontrar dos modelos distintos de ejercer esa gobernanza criminal. La agrupación Guardiões do Estado (GDE), de Fortaleza, en el estado de Ceará, Brasil, y los colectivos Alexis Vive y la Piedrita de Caracas, Venezuela, ejercen un dominio territorial en áreas importantes de las dos ciudades. El GDE actúa en los barrios Conjunto Palmeiras y Barra de Ceará, entre otros barrios y sectores de la periferia de Fortaleza; los colectivos Alexis Vive y la Piedrita de Caracas actúan en la parroquia del 23 de Enero, en Caracas. En ambos casos estas agrupaciones tienen gobernanza sobre esos territorios, pero el modo de constitución de esas gobernanzas ha sido distinto y por eso nos parece importante su escogencia para esta comparación.

En la facção de Fortaleza, la motivación principal del grupo es la búsqueda del lucro económico. Cuando establece un dominio territorial, lo hace para conseguir un poder político e reconocimiento social que le permita optimizar sus ganancias. En el segundo caso, en los colectivos de Caracas, la motivación principal es la obtención de poder político, y se usa el dominio territorial para obtener beneficios económicos que sirvan de apoyo a la causa política que persiguen.

Cinco dimensiones de la gobernanza

Para que en su gobernanza criminal un grupo pueda imponer sus normas y controlar la vida de las personas de un determinado territorio, se requiere de un conjunto de condiciones que de manera previa o concomitante permita que esa dominación sea permanente y no solo una eventualidad restringida en el tiempo o en el espacio de su aplicación (LESSING, 2021; ARIAS, 2018; BRICEÑO-LEÓN, 2015b). Esas cinco condiciones son las siguientes:

La primera es que ese grupo debe tener suficiente fuerza física para establecer y defender los límites del territorio en el cual van a ejercer su dominio e imponer las normas que regulan la vida social en aquel espacio. Esa fuerza física se expresa en el número de sus miembros activos, en su “pie de fuerza”, y en el poder de fuego de su armamento, que los convierten en una amenaza creíble y les otorgan capacidad para ejercer la violencia para imponer su voluntad en ese territorio y para poder contener o excluir a los grupos armados competitivos, sean otras bandas criminales o la policía (BRICEÑO-LEÓN, 2017).

La segunda es la capacidad del grupo para comunicar eficientemente sus normas y dotarlas de una fuerza imaginaria que haga creíble su mandato y que pueda forzar a su cumplimiento. Para ello requieren una trasmisión eficiente de sus órdenes, una vigilancia continua de su acatamiento y una capacidad efectiva de aplicar el castigo a los infractores de una manera rápida y contundente (BIONDI, 2010; FELTRAN, 2010).

En tercer lugar, ameritan una base financiera que les permita sustentar, pagar y equipar al personal que ejerce las dos funciones previas. Para ello, los ingresos del grupo deben tener una magnitud suficiente que les permita cubrir los gastos y beneficios de sus miembros. Deben recibir tales ingresos con una regularidad suficientemente confiable como para no enfrentar los riesgos de una ausencia de dinero en caja y por lo tanto se vean impedidos para la realización de los pagos a sus miembros oportunamente.

Para el inicio de la gobernanza, la agrupación debe contar con una base financiera previa, haber tenido una acumulación originaria de capital que les permita iniciar sus operaciones y sostenerse mientras obtienen los nuevos ingresos que les permita su mantenimiento y crecimiento en personal y armamento (GRILLO, 2008, 2013; MISSE, 2007).

En cuarto lugar, el grupo debe obtener el sometimiento de la población que está bajo su dominio. Como bien lo sostuvo Weber (1977), para ejercer un dominio permanente, se requiere de alguna forma de cooperación de la población gobernada, aunque sea una cooperación pasiva, pues de otro modo no le sería posible sobrevivir en ese espacio solamente con la aplicación continua de la violencia. Para lograr el sometimiento que le permita alcanzar alguna legitimidad en ese dominio, la organización criminal aplica continuamente formas dulces y agrias. El orden de aplicación de tales métodos de persuasión puede variar, en unos casos, aplica primero los dulces - regalos y protección - y los agrios - amenazas y castigos - después; en otros casos se invierte y los agrios van primero y los dulces después (BARREIRA, 2015; LESSING y WILLIS, 2018).

Y finalmente, es necesario que esa organización establezca algún tipo de acuerdo, un modus vivendi con las diversas instancias del Estado presentes en ese territorio. Ese vínculo se debe ubicar en algún punto de un gradiente que va desde la cooperación plena o la gobernanza delegada - la collaborative gobernance, llamada por Arias (2018) - hasta el conflicto o la guerra abierta. El punto de ubicación en ese gradiente donde se ubique el modus vivendi le permitirá al grupo definir el nivel de violencia que el grupo criminal usará contra las fuerzas del Estado y, en consecuencia, regular también la respuesta esperada de violencia o represión por parte de las fuerzas policiales hacia ellos. El gradiente sería un factor que definiría los tipos de conditionality que describe Lessing (2018) por el grupo criminal hacia el Estado como del Estado hacia ellos.

Una de las dificultades que existe para establecer adecuadamente ese gradiente de nivel de conflictividad o de cooperación es que puede ubicarse de manera distinta dependiendo de la instancia del Estado a la cual se refiere el vínculo. Puede existir por un lado mucha cooperación entre los grupos criminales y los funcionarios a nivel local, en las calles, y, por otro lado, una posición de conflicto con el gobierno a nivel nacional. O puede ocurrir lo contrario: conflicto en lo local y cooperación a nivel nacional.

Estos cinco niveles son los que observamos en este estudio y sobre los cuales se va a realizar una comparación en las formas de gobernanza criminal que ejercen los colectivos Alexis Vive (AV) y La Piedrita (LP), en Caracas, y los Guardiões do Estado (GDE), en Fortaleza.

Las dos ciudades

Caracas y Fortaleza son ciudades que experimentaron un incremento rápido en criminalidad. Luego de haber sido consideradas ciudades relativamente seguras en el siglo XX, pasaron a convertirse en ciudades muy violentas en el siglo XXI, llegando a estar en los rankings de las ciudades con mayores tasas de homicidios del mundo.

Según el Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, publicado por el Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 2021), Fortaleza ocupó el segundo lugar entre las capitales violentas de Brasil, estando sólo por detrás de Salvador, capital del estado de Bahía, con un total de 1303 víctimas de muertes intencionales para una tasa de 48,5 fallecidos por cada 100 mil habitantes. En Caracas, el Observatorio Venezolano de Violencia (2020), en su Informe Anual de Violencia 2020, estima que hubo una tasa de 56,2 muertes violentas por cada cien mil habitantes en el Distrito Capital, siendo la quinta entidad federal en el ranking de muertes violentas en el país.

Las dos ciudades tienen una población muy similar y sus áreas metropolitanas son de una magnitud parecida, pero su medio geográfico es diferente. Ambas ciudades son sedes del poder político estadal o nacional, controlan una parte importante de la economía y el empleo está mayoritariamente en el sector servicios. La urbanización informal es importante en ambas ciudades, pero difieren en su estructura urbana. En Fortaleza, está ubicada principalmente en las zonas planas de la periferia urbana, mientras que en Caracas fue construida en las montañas o quebradas de la ciudad.

Caracas está ubicada en un valle alto, a mil metros sobre el nivel del mar, formada por un valle central y dos valles laterales, con una extensión de 784 km2 y una población permanente de 2,6 millones de habitantes, la cual puede incrementarse durante el día en un millón más de personas, que habitaban en las ciudades dormitorio cercanas y se trasladaban a la ciudad para trabajar. Caracas está formada por cinco municipios, uno de los cuales está ubicado al oeste del Valle central, el municipio Libertador. Es a su vez el Distrito Capital, donde está ubicada la sede del gobierno nacional, y por lo tanto es la capital legal de la república. Los otros cuatro municipios pertenecen a otra entidad geopolítica, el estado Miranda, así que la denominación de Caracas es ambigua, pues puede referirse tanto a los cinco municipios que integran su área metropolitana o tan solo al Distrito Capital. Para los fines de este texto utilizaremos Caracas en la significación limitada al Distrito Capital.

Caracas ha sido el centro de las decisiones y los conflictos políticos en el país. Aunque en los años 1960 padeció las pocas expresiones violentas que tuvo la guerrilla urbana, mantuvo por décadas una baja tasa de homicidios. En 1989, luego de un periodo de control de precios y escasez de bienes en los mercados, la ciudad vivió una ola de saqueos a los comercios, violencia y una posterior represión militar. Con el “Caracazo”, se inició un periodo de violencia en la ciudad y el país. Posteriormente, en 1992, Caracas fue el lugar de dos intentos violentos de golpe de Estado. Ambos episodios crearon una crisis institucional que llevó a un aumento sostenido de los homicidios en los años siguientes y favoreció el crecimiento de las bandas de crimen organizado que, todavía actualmente, se enfrentan por el control de la ciudad (BRICEÑO-LEÓN, 2007).

Fortaleza es una ciudad plana de 314 kilómetros cuadrados ubicada frente al mar y rodeada con 34 kilómetros de playas. Está formada por un solo municipio que ha ido incorporando en su crecimiento a municipios previamente existentes, como Parangaba e Messejana. Está dividida en siete regiones que, cada una, tienen su secretaria ejecutiva. La ciudad tiene una densidad de 8 mil habitantes por km2, la más alta densidad de las capitales estaduales de Brasil. La ciudad tiene 120 asentamientos informales y, según el Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE), 396 mil personas viven en favelas, que, en la clasificación oficial, son denominados “aglomerados urbanos subnormales” y que equivalen al 23,5% de los hogares de la ciudad.

La ubicación geográfica de Fortaleza al nordeste de Brasil la convierte en una de las ciudades más cercanas de Europa y Estados Unidos. Para aprovechar esa situación geográfica, se dio una importante expansión de la red de carreteras nacionales y se construyeron nuevos puertos y aeropuertos que convirtieron la ciudad en un lugar de atracción para la actividad económica y la exportación de bienes legales, pero también para el tránsito de drogas hacia mercados externos. Tales ventajas comparativas propiciaron también la confrontación entre las agrupaciones criminales que luchaban por el control de esas rutas y territorio: las provenientes del sur de Brasil, como el Comando Vermelho (CV) y del Primeiro Comando da Capital (PCC), y la agrupación local, el GDE (SÁ y AQUINO, 2018; FACHIN, 2019).

Tres tipos eventos pueden ilustrar las dificultades del gobierno de la ciudad. El primero son las masacres ocurridas en noviembre del 2015, con 11 fallecidos; en enero del 2018, con 14 muertos, y en mayo del 2018, con siete ejecuciones, expresiones de los enfrentamientos entre los grupos criminales. El segundo son los ataques que las agrupaciones criminales realizaron en 2017 y 2019 contra el transporte público, incendiando los autobuses o detonando explosivos en bancos y oficinas del gobierno para obligar al gobierno del estado a realizar cambios en las políticas de reclusión penitenciara (G1-CE, 2018). Y el tercer tipo son las dos huelgas gremiales realizadas por los funcionarios policiales para exigir mejoras salariales y en sus condiciones de trabajo. Ellas dejaron a la ciudad sin protección durante varios días. La primera de esas huelgas ocurrió en diciembre del año 2011. La segunda ocurrió en febrero de 2020 y duró 13 días. Ella llevó a un incremento de los homicidios en la ciudad tan importante, que convirtió el mes de febrero previo al inicio de la pandemia como el más violento de la serie histórica conocida.

Las agrupaciones criminales

De las tres organizaciones seleccionadas para la comparación en este artículo, La Piedrita de Caracas es la más antigua, fundada en 1985, y la más reciente, los Guardiões do Estado, cuya creación se estima entre los años 2012 y 2016.

La Piedrita (LP) afirma en su página web que su fundación ocurrió el 26 de diciembre de 1985, “bajo un gobierno capitalista y burgués opresor” (LA PIEDRITA, s.f.). Surge como un grupo subversivo que se oponía al gobierno y buscaba tener incidencia política nacional. Algunas personas sostienen que su nombre deriva de una expresión popular que dice que algo es “más molesto que una piedrita en un zapato”, para señalar con la metáfora que una acción o persona puede ser pequeña, pero causar grandes perturbaciones.

En los años 1980, varios grupos hacían vida política en la zona del 23 de Enero. La mayoría tenía sus orígenes en las organizaciones guerrilleras de la lucha armada de los años 1960, que no se habían acogido a las propuestas de pacificación ofrecidas por los distintos gobiernos, como lo habían hecho el Partido Comunista de Venezuela y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). La Piedrita surgió, al lado de Los Tupamaros, como uno de los grupos armados más importantes de la zona. Durante los años 1990, sus líderes aparecían en declaraciones públicas con los rostros encapuchados, mostrando sus armas largas y aupando la lucha política armada (RELEA, 2005). Los participantes de La Piedrita cuentan en sus documentos públicos que fueron perseguidos y encarcelados por “tener un pensamiento distinto”. Su trabajo en la zona, dicen ellos, se realizó para “quitarle al narcotráfico y la delincuencia esos espacios” y que para tal propósito debieron realizar actividades “deportivas, culturales, políticas sociales y hasta militares”³.

A partir del año 1998, los miembros de La Piedrita se incorporan a la campaña electoral del entonces candidato Hugo Chávez y, luego de su triunfo y su llegada a la Presidencia de la República, entran en una relación de cooperación con el gobierno nacional, que les va a permitir tener una mayor presencia pública, consolidar un dominio territorial e imponer sus normas, por los recursos económicos y militares de los cuales dispuso y de la permisibilidad otorgada a su actuación por parte del gobierno nacional (TELESUR, 2014).

El colectivo Alexis Vive Carajo (AV) se forma como una “organización política de cuadros”⁴ en 2005 y controla la zona central del 23 de Enero, compuesta por ocho grandes edificios de habitación llamados “superbloques” y sus áreas de servicios. A comienzos de siglo 21, sus miembros formaban parte de la Coordinadora Simón Bolívar, una coalición de grupos políticos del 23 de Enero que apoyaba al gobierno del presidente Chávez. En el año 2002, durante las grandes marchas de protestas de la oposición y el intento de golpe de Estado, participó en los enfrentamientos armados entre partidarios y opositores del gobierno y que dejaron numerosos muertos. En medio de esas batallas urbanas, murió el joven Alexis González Reverte, del grupo de defensa del gobierno. A partir de allí, un grupo de jóvenes militantes políticos y estudiantes universitarios decidieron crear el colectivo Alexis Vive Carajo, que se define como “marxista-leninista influenciado por el accionar guevariano”, en referencia al Ernesto Che Guevara, a quien consideran “una de las principales referencias de lucha”.

Unos años después, el colectivo renunció a la utilización de ese nombre y se transformó en la Fundación Alexis Vive y en la comuna El Panal 2021, dos entidades jurídicas que le permiten realizar actividades económicas y recibir recursos financieros y donativos por parte del gobierno nacional o local. En el comunicado que enviaron a la población para justificar esa decisión, repudiaron a los miembros de los colectivos que le cobran tributo a la población y que nunca buscaron tener una base productiva propia. El colectivo, al contrario, decide construirse una base económica propia y, con apoyo del gobierno nacional, se apodera de una panadería, establece un huerto organopónico, un vivero de cultivo de plantas, un centro de distribución de alimentos, una fábrica de bloques y una empaquetadora de azúcar. Tiene además una radio FM de alta potencia que se escucha en toda la ciudad, la Radio Arsenal, la cual le fue entregada al colectivo por el gobierno nacional luego de su expropiación a sus dueños, igual como ocurrió con las otras empresas o comercios. El colectivo también realiza actividades de mantenimiento de parque infantil, alumbrado público, canchas deportivas. Ellos reconocen que eso ha sido posible por el apoyo del alcalde de la ciudad.

Los orígenes de Guardiões do Estado son menos evidentes y sus miembros nunca han hecho pública una historia oficial de su agrupación. Por lo tanto, es a partir de las entrevistas realizadas por los autores o difundidas por la prensa que ha sido posible establecer algunas versiones sobre el surgimiento del GDE. La más difundida ubica el nacimiento del grupo en 2015, en el sistema penitenciario del estado de Ceará, en medio de un conflicto que ocurría entre los detenidos locales y los integrantes del CV y del PCC.

La presencia de las agrupaciones criminales del sudeste de Brasil en el estado de Ceará se remonta a los años 1980 y 1990, cuando enviaban drogas a distribuidores locales del estado. A partir de las intervenciones policiales en las favelas de Rio de Janeiro, esa situación cambió, pues algunos de sus miembros migraron y se instalaron en Ceará y otras partes del país como distribuidores directos (PAIVA, 2019). La presencia del PCC y del CV en Fortaleza se acentuó de manera importante cuando buscaron tomar posesión de los puntos distribución de la droga en los alrededores del estadio de futbol que sería sede de la Copa de las Confederaciones en 2013 y de la Copa Mundial de futbol de la FIFA en 2014 en esa ciudad (SÁ y AQUINO, 2018). Aunque el PCC tuvo su nacimiento en São Paulo (FELTRAN, 2018; BIONDI, 2018), se presenta como una agrupación nacional y descentralizada, sin un liderazgo personalizado, con igualdad entre sus miembros. Por ese rasgo es que se catalogan a sí mismos como un “comando” (MANSO y DIAS, 2018).

Sin embargo, en el estado de Ceará, por los conflictos personales y económicos entre los miembros de la facção, se produjo una división. Según unas versiones, había un desacuerdo entre los miembros cearenses del PCC en relación con el monto del pago mensual que debía entregarse al PCC y los locales criticaban con un discurso “nativista” y “anticolonialista”. Otras personas destacan que la causa de la ruptura fue la arrogancia y el autoritarismo que los miembros del PCC mostraban hacia los cearenses. Esta situación habría llevado a una escisión entre los miembros del PCC y a la conformación de una facção integrada exclusivamente por personas nacidas en el estado de Ceará, creada con el propósito de tener un control local propio, no depender de ordenes externas y de no tener que realizar pagos a la agrupación criminal nacional (SÁ y AQUINO, 2018).

En la creación de ese grupo tomaron el nombre de una organización de fanáticos de futbol que existía en el barrio Palmeiras, de Fortaleza, desde el año 2012 llamada Guardiões do Estado. Estas torcidas son grupos violentos que, en la defensa de su equipo de futbol y de su territorio, se enfrentan a las torcidas de otros equipos en los estadios y en las calles. Aunque pueden cometer delitos menores, no se pueden ser consideradas pandillas delincuenciales.

Otra interpretación coloca el surgimiento de la facção en las cárceles, pero en el mes de enero del 2016 y como una alianza entre los prisioneros para enfrentar las amenazas de los integrantes de la facção CV, proveniente de Rio de Janeiro (LIMA, 2001). Aunque algunas versiones difundidas en la prensa han señalado que el origen del GDE estuvo fuera de las cárceles y en particular en el barrio Palmeiras. En la torcida del mismo nombre, ninguno de los entrevistados pudo confirmar esta versión. Lo que si es cierto es que miembros de esa torcida pasaron a formar parte de la facção, pero no que fueron sus fundadores. Para el año 2021, la Delegacia de Repressão às Ações Criminais Organizadas (Draco) calculó que el GDE tenía más de 25 mil miembros (FREITAS, 2021), sin contar los simpatizantes y colaboradores eventuales que se encuentran diseminados en todas las regiones del estado de Ceará y que se dedican fundamentalmente al tráfico de drogas y a la realización de robos distintos tipos de negocios y personas.

Metodología

Las evidencias presentadas en texto se fundan en entrevistas en profundidad realizadas en Caracas a miembros de los colectivos, vecinos, médicos, sacerdotes y oficiales de la policía entre 2020 y 2021. Y en entrevistadas realizadas en Fortaleza a vecinos, miembros de la facção Guardiões do Estado y oficiales de la Policía Militar entre 2018 y 2021. Tanto en Caracas como en Fortaleza los autores y sus equipos de investigación han realizado observación participante por varios años, por lo cual cuentan con diarios de campo que han sido revisados para recuperar información relevante.

Se ha utilizado también información secundaria proveniente de investigaciones realizadas por el Laboratorio de Estudos da Violencia (LEV) de la Universidade Federal do Ceará (UFC) en Fortaleza, así como de las investigaciones realizadas por el Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso) y el Observatorio Venezolano de Violencia, en Caracas. Se han utilizado igualmente las fuentes de la prensa local y los trabajos de grado realizados por alumnos de las universidades Central de Venezuela y Federal do Ceará⁵.

Resultados: Identidad y base territorial de la gobernanza

Los miembros de GDE requieren ser nativos del estado de Ceará y haber sido aceptados por la organización. La lealtad está estrechamente vinculada a la organización y su identidad, y se define como opuesta a las bandas rivales que han llegado de São Paulo o de Rio de Janeiro. En el caso de los colectivos AV y LP, en Caracas, la pertenencia se define por su afiliación con la ideología política de las organizaciones y por su origen en la zona, aunque esto último es de menor fuerza. La identidad también se define en oposición a los enemigos de la revolución, aquellos que tienen la simpatía con la oposición política del país o el imperio.

Así como los miembros del GDE no pueden tener amistad con personas vinculadas con el PCC o el CV, en el caso de Caracas las amistades o las cercanías con la oposición política son consideradas sospechosas y pueden estar sujetas a los castigos. En el caso de GDE, las personas no pueden llevar el color rojo, pues es el color que usa la banda rival, CV. En el 23 de Enero, por el contrario, no se pueden usar los colores azul o amarillo, pues son símbolos de los partidos de la oposición política, pero el color rojo es bienvenido por ser el color del partido de gobierno.

Tanto los colectivos como el GDE intentan ejercer un control sobre los otros grupos criminales rivales en la zona. El GDE buscó claramente la expulsión de las facções rivales de su territorio para poder ejercer un control sobre el tráfico minorista y al mayor de la droga. Los pequeños distribuidores de droga que allí operan deben estar autorizados por el GDE para trabajar en ese territorio y son castigados los vendedores independientes o los que están afiliados a otras facções o ganguees. Los miembros del GDE controlan los vendedores de droga y al mismo tiempo les ofrecen una seguridad y defensa de su mercado.

En el 23 de Enero, los colectivos se encargaron de expulsar a los vendedores de la droga, pues creaban conflictos y malestar en la zona. Esto les granjeó la simpatía de la población, que reconoció ese logro. Sin embargo, algunos vecinos consideran que eso fue apenas un mecanismo para poder controlar el mercado mayor y la distribución en la ciudad y cobrar por esos servicios; otros, inclusive, consideran que son ellos quienes controlan la “plaza”, como llaman el mercado minorista de la droga. Las informaciones de la zona indican que los colectivos realizan una restricción sobre los vendedores minoristas de la droga, pero que al mismo tiempo permiten un centro importante de almacenamiento y distribución de droga que se beneficia del control territorial que ellos ejercen. La opinión de los vecinos es que los colectivos no son dueños ni están involucrados directamente en ese negocio, pero tampoco lo rechazan o expulsan, como sí hacen con los vendedores pequeños, pues ese negocio es propiedad o cuenta con la protección de alguna importante figura civil o militar del gobierno.

En las dos ciudades, los colectivos y el GDE prohíben los robos a los habitantes o comerciantes de la zona. En las paredes de su territorio, escriben grafitis donde explican claramente la norma: “proibido roubar na favela”⁶, y a los infractores les aplican sanciones severas.

Los homicidios en el 23 de Enero disminuyeron de una manera importante por el control de los colectivos. Ellos ofrecen la seguridad en la zona y autorizan el uso de armas a sus propios miembros, quienes pueden portarlas y mostrarlas de manera abierta e intimidatoria. El GDE ofrece un control similar de los homicidios cometidos por los otros grupos armados o por las pequeñas organizaciones criminales, quienes tienen prohibido las actuaciones violentas. Pero los asesinatos son usados por los miembros de la facção de una manera instrumental y como un medio para desalojar a sus competidores de las bandas rivales de sus territorios.

El acceso a los territorios del 23 de Enero en Caracas es controlado por los colectivos AV o LP con puestos de vigilancia colocados en lo que se consideran las fronteras de la zona. Ellos identifican y autorizan la entrada de las personas y verifican el lugar hacia donde se dirigen. Esta medida es aplicada de manera más estricta durante las horas de la noche. Los cuerpos policiales no pueden ingresar a la zona y se inhiben de hacerlo, pues esta prohibición ha estado avalada por los jefes de los distintos cuerpos policiales. En los casos que los funcionarios policiales han desobedecido la orden, han sido atacados por los miembros de los colectivos o denunciados ante sus superiores como infractores de un acuerdo que les otorga a los colectivos el control territorial (LA OTRA TV, 2016). En la zona está instalado un circuito cerrado de televisión que vigila las calles de acceso al sector y que permite el control y una respuesta de los grupos de vigilancia en casos de la presencia de intrusos en su territorio.

El control territorial del GDE es menos ostentoso, pero no por ello menos eficiente. Aunque el GDE no muestre los guardias armados, ni tenga instaladas garitas de control de acceso, ni tampoco un sistema cerrado de televisión que permita la vigilancia de las calles de acceso, la población sabe de la presencia de esos encargados de la vigilancia y que, dependiendo de las circunstancias, pueden dar una respuesta, que puede ser más tardía que la de los colectivos, pero igualmente eficiente, pues puede ser muy agresiva y letal.

Quizás las diferencias entre ambos grupos se encuentran en la permisividad y apoyo por parte del gobierno, que la disfrutan los colectivos y no la tiene el GDE; y en la importancia atribuida por los colectivos a la reducción de la violenta abierta, concentrándose en la prevención y en la amenaza antes que en la aplicación directa de la violencia (AQUINO y SÁ, 2014). Veamos de manera detallada algunas de esas diferencias en las normas, los tipos de castigos, la base financiera, los mecanismos de control de la legitimidad, las fiestas, los vínculos con los cuerpos policiales y la proyección política fuera de su territorio.

Las normas de la gobernanza

El GDE impone en su territorio un conjunto de normas que regulan el comportamiento de los habitantes y que buscan mantener la seguridad en la zona y asegurar un control simbólico del territorio. Como decimos, las personas que habitan o transitan por su territorio no pueden usar ropa roja, ni teñirse el cabello de color rojo, pues eso es interpretado como una provocación, pues es el símbolo de su rival mayor en la zona, el CV. De igual modo, las personas no pueden colocar en las redes sociales algún símbolo que remita a su rival o fotografiarse ellos o alguna otra persona colocando los dedos de la mano en forma de “V”, pues remitiría a la letra inicial de la palabra “vermelho” (rojo), de sus rivales.

En el 23 de Enero, sí se puede usar el color rojo y su porte es estimulado por las organizaciones políticas, pero están prohibidos los colores azul o amarillo, símbolos de los partidos de oposición. En algunos momentos, ha estado inclusive prohibido el uso de vestimenta con la bandera venezolana, pues sus tricolores y estrellas fueron usadas en camisas y gorras por los partidos de la oposición. Los habitantes de la zona que salían a las marchas o protestas opositoras al gobierno debían llevar sus franelas o gorras escondidas en sus bolsos y se las colocaban cuando llegaban a las otras partes de la ciudad.

En los territorios que controla, el GDE establece los horarios permitidos y prohibidos para la circulación y la necesidad del toque de queda. Determina cuáles espacios son los permitidos y los prohibidos para la circulación de las personas. Los habitantes de sus territorios no pueden visitar las áreas controladas por otras facções, incluso familiares o enamorados, pues se considera una actividad sospechosa. En las calles de la zona, establecen la velocidad máxima de los vehículos y la obligación de apagar las luces y bajar los vidrios para poder circular durante la noche. En el caso de los motociclistas que habitan o circulan por la zona, es obligatorio retirarse el casco para mostrar la cara y poder ser identificado. Está prohibido andar armado de manera explícita por las calles. También que los vendedores minoristas de droga llamados aviões tomen droga, en particular un ansiolítico (clonazepam) durante su horario de trabajo. Si ocurre algún problema o conflicto a lo interno de las familias o con un vecino, está prohibido que se llame a la policía para notificar el evento o solicitar su actuación en la zona. Si llegasen a hacerlo, sería considerado una falta importante.

En las zonas de los colectivos AV y LP, hay dos niveles de normas: unas que se refieren al comportamiento social y otras al comportamiento político de las personas. A nivel social, las normas buscan reducir la pequeña delincuencia que afecta a los vecinos con sus robos o reducir los factores de malestar social, como son las fiestas cuyo volumen de la música o escándalos perturban a los vecinos. En esos casos, los miembros del colectivo actúan en funciones que regularmente debería cumplir la policía: persiguen y castigan a los ladrones o acuden a la casa del vecino que tiene la fiesta y lo obligan a bajar el volumen de la música o a suspender la fiesta. El colectivo substituye las funciones de la policía y del gobierno y se asume como quien hace cumplir las regulaciones que existen en la legislación vigente.

La usurpación de las funciones policiales es tan relevante que, en un área del 23 de Enero llamada La Cañada, el colectivo obligó al gobierno a que un local de policía que había ahí fuera desalojado por los funcionarios. Los miembros del colectivo tomaron posesión de ese espacio y ocuparon su lugar, con la fuerza simbólica que eso implicaba. Así le enviaban un mensaje a la comunidad, diciéndoles que en ese territorio ellos eran la ley. Y eso lo sabe la comunidad, por eso no realiza denuncias ni llama a la policía en caso de una eventualidad. Saben que está prohibido por los colectivos, y además tienen la certeza de que la policía tampoco va a responder a su llamado, pues los jefes de policía le tienen prohibido a los funcionarios su ingreso a esos territorios.

En la zona del 23 de Enero, algunos miembros de los colectivos son también funcionarios de la policía de la ciudad y tienen un carnet de identificación como tales. Eso les permite formalmente cumplir algunas funciones policiales de orden en la zona, pero la eficacia de su acción no está en su identificación como policías, sino como miembro del colectivo. El carnet policial les sirve para actuar en otras zonas, y contra los enemigos del colectivo, o para detener la actuación de otros funcionarios policiales en ese territorio.

La ley del silencio funciona de una manera poderosa en la zona, pues los vecinos saben que esos colectivos tienen una vinculación directa con las altas figuras del gobierno y que hacer una denuncia sólo les traerá consecuencias negativas. La ley del silencio se aplica en temas muy diversos, por eso, aunque todos los habitantes sepan de la existencia de un casino de alta gama en la zona, por ejemplo, nadie se atreve siquiera a mencionarlo públicamente.

Sin embargo, las normas más fuertes de gobernanza se refieren al comportamiento político. Estos colectivos se asumen como el muro de contención para la defensa de la revolución bolivariana y por lo tanto ejercen un dominio político de la zona (INFOBAE, 2017; FERMÍN, 2014). En la zona, no pueden ingresar los activistas políticos de los partidos de la oposición para realizar reuniones o hacer campaña electoral: su entrada está vetada. Los habitantes tampoco pueden hacer reuniones políticas en sus casas: son amenazados en sus puertas o dañados sus muebles si logran ingresar a la vivienda. Mucho menos se pueden realizar reuniones políticas de personas críticas del gobierno en las escuelas o centros de salud. Las protestas políticas están prohibidas en las calles del 23 de Enero. Cuando, a pesar de eso, los vecinos han protestado gritando o golpeando las ollas desde los apartamentos, han recibido disparos hacia sus ventanas. Tampoco es permitido filmar videos críticos de las condiciones materiales de las edificaciones, escuelas o centros de salud y publicarlos en WhatsApp. Los videos sobre la zona permitidos en los chats son los realizados y difundidos por los mismos colectivos.

Los castigos

En su batalla por el control de los territorios de Fortaleza, el GDE aplica castigos como la tortura o la muerte a los miembros de otras facções que ingresen a las regiones por ellos controladas. La diferenciación entre el “nosotros” y “ellos” no tiene un fundamento de afiliación política, sino de sometimiento al gobierno de una u otra facção. Los soldados del GDE realizan confiscaciones de los teléfonos celulares a los habitantes de la zona bajo su control o en disputa, y revisan cuidadosamente los archivos de mensajes enviados y recibidos. La facção busca identificar pistas del vínculo de esas personas con el CV, el PCC o con la policía, o evidencias de actitudes críticas que puedan ser perjudiciales para el dominio del GDE, sus negocios o sus dominios.

Los castigos para quienes irrespetan las reglas impuestas por el GDE pueden ser variados. Los infractores pueden ser punidos con disparos en las manos o mutilaciones de orejas o dedos, como puede ocurrir con los ladrones que roben o quienes vendan droga en la zona sin estar autorizados o haber pagado la cuota correspondiente. El castigo puede llegar a las ejecuciones sumarias de las personas acusadas, en caso de vinculación con la policía o la facção enemiga.

Castigos impuestos por el GDE como mutilaciones con motivaciones misóginas y muertes con características de feminicidios tuvieron mucha repercusión en noticias de la prensa. En los últimos años, castigos como cortes de cabello forzado, senos heridos o amputados, rostros desfigurados y asesinatos atroces de adolescentes y mujeres jóvenes han sido aplicados por el GDE por el solo hecho de las víctimas mantener amistad, enamoramiento o haberse casado con hombres de las facções rivales. Por su espectacularidad y crueldad, ganaron gran difusión en los medios de comunicación locales y nacionales.

Un castigo de menor daño en lo físico y corporal pero de gran impacto personal y social es la expulsión de la zona y el desalojo forzado de la casa donde habita la familia que es acusada de quebrar las normas por ellos impuestas.

En Caracas, en las zonas controladas por los colectivos del 23 de Enero, las personas están clasificadas en dos grupos: quienes apoyan o son miembros del partido de gobierno, PSUV, y quienes son opositores. Los colectivos actúan premiando a unos y castigando a otros, de acuerdos a sus preferencias y actitudes políticas.

El programa de apoyo alimenticio del gobierno, conocido como Clap, consiste en la venta o regalo de unas bolsas con productos básicos (arroz, harina de maíz, pasta, aceite, frijoles) a las familias. El precio que se cobra por la bolsa es mínimo, casi simbólico, pero cumple una función nutricional importante en las familias de bajos ingresos, por su bajo costo y porque muchos de esos productos no se consiguen en los anaqueles de las tiendas. En la zona del 23 de Enero, la distribución de estos productos está en manos de los colectivos y ellos son quienes deciden a quién se las entregan. Aquellos que no están afiliados al partido de gobierno o tienen actitudes críticas son excluidos del reparto de las bolsas Clap. El colectivo actúa como una extensión y representación del gobierno, pero ejerce las funciones de discriminación del partido: no aplica las reglas de igualdad y universalidad a la cual está obligado el Estado, sino que impone sus reglas políticas propias como sub-gobierno en la zona.

Las bases financieras de la gobernanza

El GDE y los colectivos AV y LP tienen en común no cobrar una tarifa o una colaboración a los habitantes de los territorios bajo sus dominios. A diferencia de otras agrupaciones criminales, sus ingresos económicos provienen de otras fuentes de ingresos. En los tres casos, los grupos que ejercen la gobernanza no le extraen dinero o recursos a la población, sino que, al contrario, les regalan servicios o recursos para tenerlos contentos.

La diferencia radica en que la fuente principal de los ingresos del GDE ha sido el tráfico de las armas y la droga (marihuana, cocaína, crack), mientras que la base financiera de los colectivos han sido las donaciones efectuadas por el gobierno nacional. La diferencia no es pequeña y es importante para explicar la forma de gobernanza criminal que ejercen unos y otros.

Sin embargo, esas no son las únicas fuentes de ingreso de los grupos, con el cual pueden financiar sus actividades. El GDE también participa en los asaltos y robos a objetivos de distinto tipos: pueden ser robos de camiones con transporte de carga, asaltos a las casas de lotería o comercios y, menos frecuentemente, robos a bancos y/o a residencias familiares fuera de la zona. Con el lavado del dinero de la droga, han realizado algunos emprendimientos e inversiones legales que les proporcionan ingresos.

El colectivo Alexis Vive tiene una base económica mucho más diversificada, pues administra una panadería, una carnicería, una ferretería, una distribuidora de azúcar, huertos, una fábrica de ropa etc. Varios de estos negocios habían sido expropiados a sus legítimos dueños por el gobierno nacional. El colectivo fundó un banco comunitario en la zona y creó una moneda de circulación local llamada El Panal, con la cual es posible realizar compras en las ferias de comida que ellos organizan o en los comercios locales.

Lo que es importante destacar, para poder entender esta forma de gobernanza, es que esas actividades económicas no han estado orientadas a producir ganancias, sino como medios para transferir recursos desde el gobierno nacional hacia las personas que forman su base de sustento político. La racionalidad de la acción no ha sido económica, sino política; el propósito no ha sido ganar dinero con esas actividades, sino gastar dinero. Esta es una dinámica política muy propia del rentismo dominante en Venezuela y se ha repetido de múltiples formas en la política social durante varias décadas.

La fuente de ingresos de los colectivos ha sido el gobierno nacional, quien por casi dos décadas le ha transferido recursos. La copiosa provisión de recursos se redujo de manera importante a partir del 2016, pues el gobierno nacional no dispuso más de la abundancia de ingresos petroleros que tuvo durante los primeros 15 años de este siglo. Esa nueva situación ha generado un cambio en las actividades de los colectivos, quienes pasaron a realizar actividades de extorsión de los comerciantes para ofrecerles protección a sus negocios y permitirles trabajar. También se han dedicado al negocio de reventa y con fines lucrativos de los productos ofrecidos por los programas sociales del gobierno y a la oferta de servicios de protección personal para el traslado de las personas con vehículos y guardaespaldas. Estos cambios han modificado la naturaleza de la base financiera de los colectivos y han hecho sus actuaciones más semejantes a la de los otros grupos criminales.

Una actividad económica distinta fue la instalación en su territorio de un casino clandestino, en el cual se puede jugar con las máquinas tragamonedas o participar en juegos de cartas con grupos muy reducidos. En ese casino, las apuestas se realizaban en billetes de dólares americanos desde los años en los cuales estaba prohibida la circulación del dólar e incluso criminalizada la mención de su nombre en los medios de comunicación. La creación de un casino sólo puede ser entendida como una actividad lucrativa que se le ofrece a unos sectores de la sociedad de altos ingresos y con recursos que pueden arriesgar y dilapidar en las apuestas. Es una oferta lúdica a un sector social que no habita en la zona y a quienes se les ha ofrecido un servicio de calidad: los clientes eran buscados en un carro con chofer y guardaespaldas en uno de los hoteles de lujo del este de la ciudad y trasladados hasta el oeste de la ciudad, donde está el 23 de Enero y el casino. Después de medianoche, regresaban custodiados a los hoteles para que buscaran sus vehículos privados y se fueran a sus casas, con sus bolsillos llenos o vacíos de dinero, pero seguros.

Mecanismos de construcción de la legitimidad

La legitimidad, entendida como la aceptación social de la capacidad de gobernar en un territorio, como la decisión voluntaria o la obligación de reconocer aceptar su autoridad (RISSE y STOLLENWERK, 2018), varia notablemente entre los colectivos de Caracas y el GDE de Fortaleza.

En Fortaleza, los miembros del GDE se han ganado su legitimidad por dos mecanismos. El primero ha sido mostrar su capacidad de desplazar de esos territorios a los otros grupos criminales, considerados como extraños, sea por no estar insertos en el tejido social local, con sus familias y redes de amigos, sea por ser percibidos como ajenos al estado de Ceará, por el sotaque de su habla paulista o carioca. El desplazamiento de los actores armados rivales y su éxito sostenido infunden miedo y respeto entre la población. En segundo lugar, su legitimidad ha derivado de la protección efectiva que ofrecen a los comercios ante los robos, y a las familias en cuanto al respeto de las reglas sociales de convivencia y respeto de las mujeres y de los niños. Es posible afirmar que, en el caso del GDE, la legitimidad y el reconocimiento han fluido desde abajo hacia arriba (down-top).

El GDE obtuvo su legitimidad en el enfrentamiento con los otros grupos criminales y con las fuerzas policiales. En 2017, luego de la ruptura de una tregua entre las facções, y ante la negativa del gobierno del estado de acceder a la separación en distintos recintos penitenciarios de los miembros del GDE y los CV, los miembros del GDE iniciaron un conjunto de ataques a los autobuses de transporte público de Fortaleza que conmocionó a la opinión pública por la fiereza y eficacia con el cual fueron ejecutados. Así, ganaron el respeto y el miedo de la población, quien le reconoció su poder y su capacidad de actuar en la ciudad (FACHIN, 2019). Obtuvieron igualmente legitimidad como una fuerza beligerante ante las autoridades locales. En el panfleto que difundieron en los distintos lugares donde se realizaron los ataques, exigían una transferencia inmediata de los detenidos y amenazaban con más ataques contra las dependencias públicas o los funcionarios públicos del gobierno si “su orden” no era acatada (PIRES, 2018, p. 247). Pocos días después, la Secretaria de Segurança Pública do Ceará procedió a la reubicación de los detenidos en recintos carcelarios diferenciados sin ofrecer mayores explicaciones.

En Caracas, la legitimidad de los colectivos ocurrió en dirección contraria: desde arriba hacia abajo, desde la más alta autoridad política del país, el presidente de la República. Estando en vida, Hugo Chávez dedicó uno de sus programas de televisión a elogiar y enviar saludos al colectivo Alexis Vive. El video y el audio continúan siendo retransmitidos continuamente en la televisora Arsenal y en la radio Arsenal FM, que controla ese colectivo. La comunidad sabe que los directivos de los colectivos se pueden comunicar de manera directa con ministros y jefes de la policía, y ellos mismos se encargan de difundirlo y repetirlo.

En 2018, el gobierno nacional decidió hacer unas maniobras militares para defender al país de una invasión del ejército norteamericano y una de las zonas escogidas fue el 23 de Enero. El 25 de febrero de 2018, el líder fundador del colectivo La Piedrita se ubicó en una de las calles principales de la zona, acompañado de un grupo de hombres quienes vestían de negro, tenían la cara cubierta con pasamontañas y portaban fusiles de largo alcance. El líder del colectivo vestía una chaqueta de un rojo intenso y portaba una subametralladora Uzi colgada en el cuello. En el video grabado y difundido por La Piedrita, se observa la llegada del desfile político organizado por el gobierno y se muestra que, al pasar frente al grupo de hombres armados, se salen de la marcha la alcaldesa de Caracas, el ministro de Información y un general en traje de faena, quienes se acercan a saludar, besar y rendirle pleitesía al jefe del colectivo (COLECTIVO LA PIEDRITA, 2018).

Los colectivos buscan también legitimarse por los servicios que prestan. Alexis Vive ofrecía trabajo y productos a bajo precio a la comunidad, mientras La Piedrita ofrecía seguridad y servicios de salud. En el primer caso, hay un modelo pragmático y de distribución populista de bienes, mientras que, en el segundo, el servicio ha estado más ideologizado y dependiente del gobierno.

La Piedrita dispone de un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de salud que lleva el nombre del hijo de su líder, el cual fue asesinado en una disputa con los miembros de otro grupo político de la zona. El CDI Diego Lenin Santana había quedado abandonado, pero, luego de increpaciones directas del líder del colectivo al presidente Maduro, fue rehabilitado por el gobierno nacional en 2020. Fue inaugurado en 2021 con la presencia de la viceministra de Salud, quien también agradeció la presencia de la misión médica cubana en la zona. El gobierno nacional paga el personal médico y de enfermería y los insumos que se utilizan, pero el centro aparece como un servicio prestado a la comunidad por el colectivo La Piedrita.

Las fiestas

Las fiestas cumplen una función de unidad de los grupos y de difusión de su labor hacia la comunidad. De algún modo, expresan lo que es la organización y su identidad. El GDE no realiza fiestas públicas y no se muestra públicamente como organización, pues mantienen un poder basado en una presencia imaginaria y ubicua, que en su secretismo no se ve, pero los moradores saben que está presente y que actúa en todas partes. Por esa razón, las fiestas que realizan se dedican a sus propios miembros y sirven para la gobernanza interna: son privadas y en zonas relativamente lejanas a su territorio de dominio, en playas donde pueden controlar la seguridad y restringir el acceso de extraños.

Para los colectivos, las fiestas son una forma de relacionarse con la población que se encuentra bajo su dominio y expresar sus valores y sus vínculos. El colectivo Alexis Vive realiza fiestas comunales con las cuales busca mostrarse como gobierno benefactor de la zona. El domingo 18 de julio de 2021, celebraron el Día del Niño en una cancha deportiva entre los bloques (edificios) números 25 y 26 del 23 de Enero. Allí repartieron juguetes a los niños asistentes y, con un animador, realizaron juegos tradicionales. El sábado siguiente, se dirigieron a otra zona, donde realizaron bailes, les pintaran la cara a los niños y les repartieron perros calientes y cotufas.

La Piedrita realiza también reparto de comida, especialmente en Navidad, pero la fiesta principal que realizan ocurre el día 8 de octubre, cuando celebran Día del Guerrillero Heroico. Es una actividad que representa una mezcla simbólica extraña pues, aunque en muchos lugares puede ser una celebración subversiva, en Venezuela ha sido una celebración oficial, pues el gobierno nacional la conmemora también con actos y mensajes difundidos en sus páginas web oficiales los días de nacimiento y de muerte de Ernesto Guevara.

Vínculos con los cuerpos policiales

Se conoce que tanto el GDE como los colectivos tienen vínculos con los cuerpos policiales. Hay unas relaciones que surgen a partir del habitual enfrentamiento, pero hay otras relaciones que se establecen para la cooperación, respeto o prestación de servicios mutuos. Sin embargo, hay una diferencia importante en la forma como esa relación de conflicto o cooperación ocurre entre ambos grupos.

Las relaciones del GDE se establecen con los funcionarios policiales individuales o con los miembros de un determinado grupo de policías, con la base de la pirámide de la jerarquía policial. Estas relaciones son privadas, secretas o discretas. Es una relación irregular y frágil, pues, unas veces, hay extorsión de los funcionarios a los traficantes para dejarlos operar y, otras, hay cooperación, pues los funcionarios les venden armas y drogas que han sido incautadas a otras facções en otras zonas.

En el caso de los colectivos, las relaciones de cooperación se establecen con el nivel más alto de la jerarquía policial y son abiertas y difundidas: no con los funcionarios que actúan en la calle, sino con los jefes policiales o políticos. Algo diferente ocurre entre los colectivos y los funcionarios policiales de menor rango, pues en este caso las relaciones son lo contrario: de enfrentamiento, tensión, y quizás también de competencia por los recursos.

En una entrevista con un funcionario de la división de secuestros de la policía en 2018, el funcionario le explicó a uno de los autores que ellos no podían ingresar en la zona del 23 de Enero en una operación normal de rescate de las víctimas allí ubicadas, sino que debían de solicitar permiso al jefe nacional. En su opinión, su jefe nunca se atrevería a dar esa autorización sin el aval del ministro.

Proyección política allende sus territorios

Aunque ambos grupos buscan tener un dominio territorial, imponer sus normas y extraer beneficios económicos de esa posición privilegiada de su gobernanza, sus vinculaciones con la política formal del Estado son completamente distintas. Los colectivos se involucran fuertemente en la política local y pretenden tener una influencia directa en los mecanismos formales de poder político, mientras que el GDE, hasta donde se conoce, no ha tenido involucramiento en las actividades políticas regionales, no ha apoyado ni se opuesto a ningún candidato a concejal o alcalde, ni ninguno de sus miembros se ha postulado para un cargo público de elección.

Se ha podido conocer que otros grupos criminales en el estado de Ceará han recibido dinero para apoyar o facilitar campaña de algunos candidatos en elecciones regionales, pero en estos casos se trata de una organización política que contrata y utiliza al grupo criminal como herramienta de apoyo en su lucha política, no es el grupo criminal que está intentando posicionarse y usar las herramientas electorales para adquirir poder político propio. Esa relación ni siquiera se conoce que ha ocurrido en el caso del GDE.

Una posible explicación a esta situación puede ser lo reciente de la constitución del GDE. Quizá todavía no haya logrado establecer un poder estable que le permita esas pretensiones; quizá se deba a la forma de organización dispersa y algo descentralizada que no permite liderazgos con pretensiones políticas. Otra explicación sería su origen social y poca educación, lo que no habría permitido en el estado de Ceará una ideologización de estos grupos, como sí ocurrió en Rio de Janeiro, donde los presos comunes tuvieron contacto en las prisiones con presos políticos que venían de la lucha armada. (LIMA, 2001; AMORIM, 2011).

Al contrario del GDE, los colectivos sí han tenido una intensa participación política y, con su dominio territorial y la imposición de normas, han buscado obtener beneficios políticos, incrementar su poder político a través de participación directa en las funciones de gobierno (sus miembros han estado en cargos públicos altos como viceministro) o como candidatos en las elecciones para los cuerpos legislativos. El líder de La Piedrita se postuló como candidato a diputado para la Asamblea Nacional Constituyente en 2017 y líderes del Alexis Vive lo han hecho para concejales de Caracas. Aunque ninguno ha resultado electo, han mostrado su deseo de protagonismo político y su vínculo con el partido del gobierno.

Los colectivos cumplen además una función de control social y político de las zonas donde operan, y lo hacen para beneficio del gobierno nacional - al reprimir las protestas de la población -, y del partido de gobierno - al impedir o reprimir violentamente la propaganda y actividades políticas de los partidos la oposición. Es una función muy similar a las que en otras partes del mundo han desarrollado los grupos criminales en las elecciones políticas, aunque con un matiz singular, que es no solo la búsqueda de participación política para garantizarse favores y seguridad en sus actividades económicas ilícitas de parte de otros líderes políticos, sino con un deseo de obtener poder político propio.

Conclusiones

Si uno interpreta la gobernanza criminal en el sentido restringido que le da Lessing (2021) y que citábamos al inicio de este texto, es posible concluir que, en los dos casos estudiados, hay una imposición de normas y regulaciones que rigen la vida cotidiana de las personas y que muestran el process of rule por la facção GDE en Fortaleza y por los colectivos Alexis Vive y La Piedrita en Caracas en esos territorios. Esa gobernanza, sin embargo, no es total: no es posible sostener que esos grupos ejercen una “soberanía” completa en esos territorios, pues no tienen una capacidad plena para disciplinar, castigar y matar con impunidad (HANSEN y STEPUTTAT, 2006). Su actuación está limitada por otros actores armados y en particular por la presencia, aunque inestable, de las fuerzas coercitivas de Estado formalmente constituido.

Por lo tanto, es posible sostener que hay una gobernanza compartida que puede ser interpretada de diversas maneras: en unos casos, se ha llamado una dualidad en el poder y, en otros, como la construcción de unos ordenes políticos híbridos (LAWRENCE, 2017). En los órdenes políticos híbridos, la agrupación criminal comparte el dominio territorial con el Estado, actúa de manera paralela o superpuesta y hace que las normas que rigen la vida de esas comunidades sean una suma de las leyes de esa república y de las normas que establece el grupo criminal. Unas veces, las dos normatividades pueden ser complementarias; en otros casos, contradictorias. En esos casos, se impone la regulación criminal por encima de la legal: la agrupación criminal desafía las leyes formales y las substituye por las propias. Otras veces, la agrupación criminal se convierte en el agente que hace cumplir las leyes de la República y aplica los castigos a sus infractores. Resulta entonces en un sistema híbrido de legalidad e ilegalidad, determinado por las oportunidades y las moralidades competitivas.

Si uno interpreta estos dos casos de gobernanza con la propuesta de Arias (2018) para la clasificación del dominio que ejercen los micro-levels armed regimes, es posible ubicar la actuación del GDE como del tipo criminal disorder, entendida como aquella en la cual “multiple contending armed groups”⁷ buscan controlar un segmento particular del mercado, y ejercer una “limited governance over local activities”⁸ (ARIAS, 2019, p. 24). Ahí se dan conflictos entre la agrupación criminal y el Estado o entre las diversas agrupaciones criminales que compiten por el dominio.

Una modalidad diferente la representarían los colectivos, quienes deberían ser ubicados en el tipo collaborative governance, en el cual un grupo armado opera en estrecha colaboración con el Estado, y en la cual unas veces el grupo armado actúa como un brazo del Estado y otras veces el Estado actúa como un brazo del grupo armado, pues trabajan juntos para gobernar un territorio especifico (ARIAS, 2018, pp. 24-25).

Con esa caracterización, estaríamos afirmando que, en los colectivos, como forma colaborativa de gobernanza, su carácter híbrido es mucho más evidente que en el caso del GDE. Sin embargo, ambos representan unas formas de gobernanza subnacionales que se entrelazan con la presencia del Estado. Esto es más evidente con los colectivos del 23 de Enero, pues en esa zona, desde los años 1960, nunca hubo un dominio completo por parte del gobierno nacional, debido a la presencia de la guerrilla y sus derivaciones políticas posteriores. A la llegada de Hugo Chávez al gobierno, en 1999, la decisión fue cooptarlos. Para lograrlo, el gobierno usó los procedimientos que conocía: les regaló abundantes recursos económicos y les ofreció compartir el poder en esa zona. De ese modo, Chávez garantizaba que no se opusieran al gobierno nacional y, a cambio, les entregaba a esos colectivos la gobernanza local.

En Fortaleza, uno puede observar que el manejo de las prisiones y las concesiones hechas al GDE para ubicar sus miembros en prisiones distintas a donde estaban recluidos los miembros de las otras facções son una muestra de esa gobernanza híbrida que existe sobre los centros de detención.

La clasificación propuesta por Arias (2018) tiene sentido y ayuda a resumir varios aspectos de la gobernanza criminal. Sin embargo, al detallar la comparación de las dos formas de gobernanza, la del GDE y la de los colectivos Alexis Vive y La Piedrita, nos encontramos con muchos rasgos similares y una diferencia relevante que ayuda a comprender la aparición y permanencia de sus formas híbridas.

Desde el punto de vista del dominio territorial, la actuación es similar: ambos buscan el control y, aunque pueden tener formas distintas de expresarlo simbólicamente, la función que cumplen es la misma. Un grafiti grabado en una pared de Barra de Ceará, toscamente pintado con un spray de pintura, establece las fronteras del dominio con las siglas del GDE o con el número 745 (la forma numérica de escribir GDE substituyendo letras por números: el 7 es G, el 4 es D, y el 5 es E). Esa misma función la cumple en Caracas una gran pared, artísticamente decorada y llena de colores, con las figuras de líderes guerrilleros, o un gran arco de cemento que cubre todo el ancho de una calle, construido a la entrada de la Comuna El Panal 2021. Esos símbolos marcan la entrada a un territorio perteneciente a la Piedrita o al colectivo Alexis Vive en el 23 de Enero. Todos - el grafiti, la gran pintura y el arco - envían un mensaje de fijación de fronteras.

La búsqueda de la extracción de un beneficio económico que los grupos criminales puedan usufructuar a partir de ese dominio territorial es similar. En el caso de los colectivos, ese beneficio ha tenido la forma de una extracción de la renta petrolera que obtiene el Estado. El comportamiento de estos grupos ha sido de un “rent-seeking behavior” (BRICEÑO-LEÓN, 2015a) y sólo ha cambiado cuando la renta petrolera del país se ha desmoronado y el aporte que recibían del gobierno nacional ha mermado. Entonces, los grupos han pasado a utilizar otras formas de extracción económica, como la extorsión.

En el caso del GDE, la forma de extracción económica ha estado siempre vinculada a la obtención de varias rentas ilegales, en particular la participación directa en el tráfico de drogas o en el cobro por la protección para el tránsito de la droga o armas por su territorio, la facilitación de las actividades de lavado de dinero o la protección o cobro de comisiones por la autorización para el delito depredador simple de los robos a vehículos de transporte.

En cuanto a la imposición de las normas y de castigos para los infractores de tales normas en los territorios bajo su control, el funcionamiento es similar. Las normas son divulgadas de manera directa por los líderes. En Fortaleza, se anuncian en comunicados o salves, que se comunican de manera verbal o se trasmiten por las conversaciones o las redes de fofoca en las comunidades. En Caracas, se utilizan las formas verbales directas, el rumor y los discursos que en los encuentros políticos dan sus líderes, pero también la radio y televisión locales que administran los colectivos.

En ninguno de los dos casos se conoce la existencia de tribunales de juicio, aunque en el caso del GDE se presume que las decisiones mayores, como la de ejecuciones letales, deben tomarlas el conselho o los líderes que se encuentran en las prisiones. En los colectivos, hay una diferencia organizacional: de lo que puede saberse, las decisiones en el Alexis Vive se toman en reuniones de grupo, mientras que en La Piedrita las decisiones la toma de manera directa el líder, lo cual es coherente con las diferencias existentes en las características organizativas y de liderazgo de cada agrupación.

Tabla 1:
Dos tipos de gobernanza criminal

Tipo	Propósito o actividad principal		Actividad secundaria, derivada o de apoyo para la principal
Facções	Obtención de lucro económico		Control político territorial para facilitar sus operaciones, excluir a sus rivales y obtener más ganancias.
Colectivos	Obtención de poder político		Uso o facilitación del dominio territorial para las actividades o captación de rentas ilegales que puedan ser utilizadas para más poder político.

• Fuente: Elaboración propia.

La diferencia fundamental entre ambos tipos de gobernanza se debe al lugar que ocupa lo político en la organización y a la forma de construcción de la identidad del grupo. En el caso del GDE, la identidad se construye de manera regional y en la defensa del derecho de los pobladores locales de ejercer la explotación de los recursos económicos y las rentas ilegales de ese territorio. En ese sentido, su actuación es similar a los “nacionalismos” y las defensas que hacen los países de sus mercados y de sus recursos naturales, y de allí la explicación de su discurso “anticolonialista”. La diferencia es que esto ocurre a escala regional y no nacional, lo cual es comprensible en un país tan extenso como Brasil.

La identidad en el GDE se define como un “nosotros”, los de Ceará, y un “ellos”, las facções que vienen en otras regiones del país. En el caso de los colectivos, la identidad se construye sobre una ideología política que tiene sus raíces en el marxismo-leninismo y que apela a la lucha armada como medio para obtener el poder político.

En los dos colectivos estudiados en Caracas, hay un culto a las personas mártires, quienes adquieren una significación política que ofrece identidad y cohesión. En el caso de Alexis Vive, se trata del dirigente político que le dio origen al nombre del grupo: Alexis González Reverte. Y en el caso de La Piedrita se trata del hijo del líder y fundador del grupo, quien fue asesinado en una disputa con otro colectivo armado de la zona. Por esa razón, a La Piedrita se le denomina también Colectivo Diego Santana y, en algunos de los murales que cubren las paredes de la zona, dibujan su rostro encapuchado con la expresión “¡Vive!” al lado, para darle vigencia a un legado político.

La diferencia entre tener una gobernanza criminal de la facção GDE y de los colectivos radica en dos modelos distintos. En el primer tipo de gobierno, representado por el GDE, lo que pretende la agrupación es monopolizar las actividades criminales y derivar de allí provecho económico, rentabilidad y seguridad para sus actuaciones. Eventualmente ello puede traducirse en poder político, que sería utilizado para proteger sus actividades lucrativas. Mientras que, en el segundo caso, representado por los colectivos de Caracas, se procura tener un dominio territorial con propósitos de control de la población por sí misma que utiliza esa posición política privilegiada para obtener beneficios económicos y rentabilidad económica, sea por el intercambio de favores con el poder político nacional o local o por la “venta” de sus servicios políticos.

De una forma simplificada, son unas gobernanzas que difieren pues, en las facções, se busca traducir un dominio económico en poder político, mientras que en los colectivos se busca que su dominio político genere beneficios económicos.

Esta diferencia en la relación entre lo estrictamente económico y lo político que existe entre los colectivos AV y LP y la facção GDE, uno puede compararla con lo que ha sido la vinculación entre el negocio del tráfico de drogas y el poder político en Colombia, en los casos de Pablo Escobar y de las Farc y ELN. El involucramiento de la organización criminal de Pablo Escobar en la política buscaba una gobernanza local que le facilitara el negocio de producción y tráfico de la droga hacia el exterior, así como el lavado del dinero y la legalización de sus ganancias. Las Farc y el ELN, por el contrario, surgieron como vanguardias de una lucha armada que, siguiendo el ejemplo cubano, pretendían la toma del poder a través de infringir una derrota militar al gobierno. Su involucramiento progresivo en el negocio de la droga, en la protección de cultivos y laboratorios de procesamiento, y el apoyo y cuido de las rutas, fueron interpretadas por ambas organizaciones guerrilleras como un medio para obtener recursos financieros que les permitiera costear sus actividades, pagar el sueldo de sus soldados y comprar mejor armamento. Son dos procesos diferentes que se corresponden con los dos modelos de interpretación de la gobernanza que proponemos.

En la comparación entre Caracas y Fortaleza, uno encuentra que hay diferencias en las metas finales planteadas por cada organización que determina su modo de gobernanza. En los colectivos hay una voluntad de poder que excede el ámbito local y, por lo tanto, no solo quieren ejercer una gobernanza, sino que hay un deseo de ser gobierno. En el GDE, así como en otras facções de Brasil, esa voluntad política no se ha manifestado hasta ahora, sólo han deseado ejercer una gobernanza que les sirva para optimizar sus negocios. Sin embargo, así como no es posible saber con anterioridad cuando un grupo político subversivo se puede convertir en una banda criminal, tampoco es posible saber si las facções en Brasil podrán en algún momento aspirar a un poder político mayor y desear también ser gobierno.

Referencias

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Fuentes de prensa

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• FERMÍN, Yasmenia. “¿Qué son los colectivos”. Runrun, Noticias, 9 out. 2014. Disponible en: https://runrun.es/noticias/160575/que-son-los-colectivos/
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• G1-CE. “Fortaleza tem onda de ataque incendiário a ônibus e prédios públicos: Pelo menos oito ônibus foram destruídos em ataques incendiários”. G1, Ceará, Notícia, 27 jul. 2018. Disponible en: https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2018/07/27/tres-onibus-sofrem-ataques-incendiarios-em-fortaleza.ghtml
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• INFOBAE. “Los 5 colectivos chavistas más temidos por la población civil de Venezuela: Tienen armas rusas, fueron entrenados militarmente por guerrillas como las FARC y hacen negocios con grupos narcos colombianos como los Rastrojos. Operan principalmente en el barrio 23 de Enero, en el oeste de Caracas y actúan como grupo de tareas del chavismo para reprimir brutalmente a los opositores”. Infobae, America, Buenos Aires, 29 abr. 2017. Disponible en: https://www.infobae.com/america/venezuela/2017/04/29/los-5-colectivos-chavistas-mas-temidos-por-la-poblacion-civil-de-venezuela/
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• RELEA, Francesc. “23 de Enero, bastión del chavismo: En este barrio de Caracas confluyen muchos programas sociales de la revolución bolivariana del presidente venezolano”. El País, Diario, 3 dic. 2005. Disponible en: https://elpais.com/diario/2005/12/03/internacional/1133564415_850215.html
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• TELESUR. “Colectivos venezolanos representantes del poder comunal y popular”. TeleSur TV, Caracas, 13 feb. 2014. Disponible en: https://www.telesurtv.net/news/Colectivos-venezolanos-representantes-del-Poder-Comunal-y-Popular-20140213-0035.html
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• 1
  La imposición de normas o restricciones al comportamiento por parte de una organización criminal (traducción nuestra).
• 2
  Las vidas, rutinas y actividades de los gobernados se ven afectadas por las normas o códigos impuestos por una organización criminal (traducción nuestra).
• 3
  Disponible en: https://colectivolapiedrita.es.tl/Nuestra-Historia.htm
• 4
  Disponible en: https://colectivoalexisvive.es.tl/QUIENES-SOMOS.htm
• 5
  Los autores expresan su agradecimiento al apoyo dado para la actualización de las informaciones a Olga Ávila en Caracas y Artur Pires en Fortaleza.
• 6
  Prohibido robar en este barrio (traducción nuestra).
• 7
  Múltiples grupos criminales enfrentados (traducción nuestra).
• 8
  Gobernanza limitada a las actividades locales (traducción nuestra).

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  12 Set 2022
• Fecha del número
  2022

Histórico

• Recibido
  20 Set 2021
• Acepto
  14 Mar 2022