EL PAPEL DEL GÉNERO EN LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN CABO VERDE

Resumen

El tema de este trabajo es la contribución del género a la mitigación y adaptación al cambio climático en Cabo Verde. Partiendo de la siguiente cuestión: ¿cómo contribuye la igualdad de género a la eficacia de las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático en Cabo Verde? Se entiende que la promoción de la igualdad de género puede conducir a estrategias más eficaces de mitigación y adaptación al cambio climático en Cabo Verde, ya que las mujeres y los hombres tienen diferentes funciones y responsabilidades en relación al medio ambiente y sus necesidades. Es necesario tener en cuenta las perspectivas de género para hacer frente a los retos climáticos. La metodología utilizada incluye una revisión bibliográfica, basada en la Teoría de la Justicia Ambiental de Género, así como documentos y legislación nacional e internacional sobre género y cambio climático. Se concluye que las relaciones de género deben incluirse como cuestiones transversales en el debate sobre los impactos, la mitigación y la adaptación al cambio climático. Para ello, el artículo presenta algunas recomendaciones políticas en relación con la igualdad de género y el cambio climático en el contexto caboverdiano.

Palabras clave:
adaptación; Cabo Verde; género; mitigación; cambios climáticos

Resumo

O tema deste trabalho refere-se à contribuição de gênero na mitigação e adaptação às mudanças climáticas em Cabo Verde. Partindo da seguinte questão: de que maneira a igualdade de gênero contribui na eficácia das estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas em Cabo Verde? Entende-se que a promoção da igualdade de gênero pode levar a uma maior eficácia das estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas em Cabo Verde, uma vez que mulheres e homens têm diferentes papéis e responsabilidades em relação ao meio ambiente e suas necessidades. Perspectivas devem ser consideradas para enfrentar os desafios climáticos. A metodologia utilizada inclui a revisão bibliográfica, a partir da Teoria da Justiça Ambiental de Gênero, além de documentos e legislações nacionais e internacionais sobre gênero e mudanças climáticas. Concluiu-se que as relações de gênero devem ser incluídas como questões transversais no debate dos impactos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Para tal, o artigo apresenta algumas recomendações políticas em relação à igualdade de gênero e mudanças climáticas no contexto cabo-verdiano.

Palavras-chave:
adaptação; Cabo Verde; gênero; mitigação; mudanças climáticas

Abstract

This paper discusses the role of gender in mitigating and adapting strategies to climate change in Cape Verde. The main research question is: What is the impact of gender equality on the effectiveness of mitigation and adaptation strategies to climate change in Cape Verde? The hypothesis is that promoting gender equality can lead to greater effectiveness of mitigation and adaptation strategies to climate change in Cape Verde. Women and men have distinct roles and responsibilities concerning the environment, and their needs and perspectives must be considered to address climate challenges. The methodology used includes a literature review based on the Theory of Environmental Justice of Gender, as well as national and international documents and legislation on gender and climate change. The paper concludes that gender relations must be included as a cross-cutting issue in the debate on impacts, mitigation, and adaptation to climate change. To this end, the article makes some policy recommendations regarding gender equality and climate in the context of Cape Verde.

Keywords:
adaptation; Cape Verde; climate change; gender; mitigation

Introducción

Los cambios climáticos y el género están interrelacionados y tienen diferentes repercusiones en la vida y los medios de subsistencia de mujeres y hombres, niñas y niños. Las mujeres, en particular, tienden a ser más vulnerables a los efectos del cambio climático, ya que suelen tener menos recursos, un acceso limitado a la educación, la tierra y la tecnología, y están infrarrepresentadas en las decisiones políticas y económicas. En Cabo Verde, esa conexión no es tan perceptible a primera vista. Sin embargo, al comprender el impacto del cambio climático en los principales sectores económicos del país, en los que las mujeres son los principales agentes, especialmente en la economía informal, es posible vislumbrar la relación entre cambio climático y género en el contexto caboverdiano.

Este artículo pretende analizar cómo contribuye la igualdad de género a la eficacia de las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático en Cabo Verde. El potencial de esa cuestión reside en considerar a las mujeres no sólo como víctimas del cambio climático, sino como agentes capaces de contribuir a hacer frente a la crisis climática.

Por lo tanto, se espera que la promoción de la igualdad de género pueda conducir a estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático más eficaces en ese país, ya que las mujeres y los hombres tienen diferentes funciones y responsabilidades en relación con el medio ambiente y sus necesidades. Por lo tanto, hay que tener en cuenta las perspectivas para hacer frente a los complejos desafíos climáticos, que requieren soluciones plurales y transversales.

Hay una relación sincrónica entre justicia climática y justicia social, dado que los efectos del cambio climático afectan de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables y marginadas en el proceso de toma de decisiones, que se enfrentan a la falta de oportunidades y de recursos básicos que les garanticen protección y capacidad de reacción ante fenómenos climáticos graves.

Cabo Verde es considerado un Pequeño Estado Insular en Desarrollo, categoría que representa a los estados vulnerables al cambio climático, aunque no sean responsables por él. Sin embargo, el país carece de recursos para crear y reforzar las capacidades nacionales en materia de cambio climático, con especial atención a la elaboración de planes nacionales y estrategias de mitigación, que deberían incluir la escucha de la perspectiva de las mujeres y otros grupos vulnerables, haciendo visible el papel protagonista que deben incluir en su agenda climática.

Se utilizará un enfoque metodológico cualitativo, incluyendo una revisión bibliográfica sobre el tema en artículos científicos, libros, informes y documentos relevantes del gobierno y de organizaciones internacionales que aborden la cuestión de género y cambio climático en Cabo Verde, así como la legislación internacional y nacional sobre género y cambio climático.

La contribución de la igualdad de género se hará a la luz de la Teoría de la Justicia Ambiental de Género (Robert D. Bullard; Laura Pulido, David Pellow; Fatima Denton) sobre los dos ejes temáticos combinados: género y cambio climático. El objetivo de ese enfoque teórico es comprender las interacciones entre la cuestión ambiental, la cuestión de género y la justicia social, argumentando que las cuestiones ambientales, así como las cuestiones de género, afectan de manera desigual a los distintos grupos sociales, lo que conduce a una distribución desigual de los beneficios y cargas ambientales.

Para comprender la adaptación, se movilizará el Índice de Países ND-GAIN de la Notre Dame Global Adaptation Initiative, que comprende dos dimensiones principales de la adaptación: la vulnerabilidad y la predisposición. Además, se recopilarán datos políticos y socioeconómicos sobre las iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático en Cabo Verde, con el fin de evaluar en qué medida las políticas climáticas tienen en cuenta las cuestiones de género. A continuación, se analizarán los datos recogidos para determinar las diferencias de género en relación con los efectos del cambio climático en esas iniciativas.

La primera sección, se centra en la definición de los conceptos básicos y el debate teórico sobre la importancia del género en la mitigación y adaptación al cambio climático, desde la perspectiva de la justicia ambiental y de género. La segunda sección, contextualiza el cambio climático en Cabo Verde, caracterizando el clima del país y su vulnerabilidad a los fenómenos climáticos. La tercera sección, analiza los principales documentos legales adoptados a nivel nacional e internacional por el país en materia de igualdad de género y cambios climáticos. La cuarta sección, examina los impactos del cambio climático en los principales sectores socioeconómicos del país, con el apoyo de la Matriz ND-GAIN de la Notre Dame Global Adaptation Initiative, que calcula el grado de vulnerabilidad y predisposición de los países. Por fin, la quinta sección presenta algunas estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático en Cabo Verde, considerando el papel del género.

1 El papel del género en la mitigación y adaptación a los cambios climáticos

El tema de este artículo es el papel del género en la mitigación y adaptación al cambio climático. Esta sección, pretende definir los conceptos centrales, a saber: cambio climático, género, mitigación y adaptación; así como debatir, a la luz de la Teoría de Género de la Justicia Ambiental, el papel de las mujeres en los cambios climáticos.

1.1 Definición de conceptos: cambio climático, género, mitigación y adaptación

Por cambios climáticos se entiende cualquier modificación del clima a lo largo del tiempo, debida a la variabilidad natural o a la actividad humana ( METZ, 2007). Aunque el cambio climático puede producirse de forma natural, la mayoría de los científicos coinciden en que las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, la deforestación y los procesos industriales, han acelerado su ritmo. Esas actividades tienen un sesgo de género, ya que las mujeres siguen teniendo menos probabilidades de participar en el mercado laboral que los hombres: la tasa de actividad de las mujeres de 25 a 54 años es del 63%, mientras que la de los hombres es del 94% ( UN WOMEN, 2018).

Además, están menos protegidas que los hombres en el mercado laboral: unos 2.700 millones de mujeres no tienen legalmente las mismas opciones de empleo que los hombres e, incluso cuando participan en la población activa, los puestos de trabajo son incompatibles con la legislación laboral, la normativa de seguridad social y los convenios colectivos pertinentes ( BANCO MUNDIAL, 2022).

Esas desigualdades limitarán la capacidad de reacción y prolongarán el ciclo de la pobreza, especialmente en el caso de las mujeres en situación económica precaria por falta de acceso a redes de seguridad social, sistemas sanitarios adecuados y oportunidades de empleo estable.

Para hacer frente al cambio climático de forma integral y eficaz, es esencial abordar las desigualdades de género y garantizar la participación igualitaria de las mujeres en todas las fases del proceso de toma de decisiones y en la aplicación de medidas de adaptación y mitigación.

La definición de género va más allá de la dicotomía de ser mujer y ser hombre, de ser biológico. El término se refiere a los papeles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad determinada, en un momento dado, considera apropiados para hombres y mujeres ( UN WOMEN, 2023).

Los sistemas de género se establecen en diferentes contextos socioculturales a lo largo de los años, teniendo en cuenta qué comportamiento social se espera de mujeres y hombres en función de su sexo biológico ( UN WOMEN, 2023).

El género, sin embargo, está atravesado por dimensiones sociales y estructurales que distinguen entre hombres y mujeres. Por ello, el debate temático debe tener en cuenta el contexto del sistema socioecológico, en el que están conectados el medio natural y el social. También hay que destacar que las condiciones materiales e históricas de las mujeres las hacen más vulnerables a los impactos a los cambios climáticos. La vulnerabilidad se entiende como la probabilidad de que una persona o comunidad esté expuesta y sea sensible a los impactos del cambio climático, variando su grado en función de la resiliencia física, sociopolítica y cultural de la persona o comunidad ( VINYETA, 2015).

Por tanto, el enfoque de género permite un análisis holístico del fenómeno en cuestión y crea mecanismos más sólidos para mitigar las causas del cambio climático. De hecho, la introducción del género en la aplicación de políticas, programas y proyectos refuerza la equidad y la igualdad, contribuyendo a una mayor capacidad de adaptación de la sociedad a los cambios climáticos ( UNDP, 2009).

La equidad exige ante todo la garantía de la igualdad de género, que presupone que las diferencias de comportamiento, las aspiraciones y las necesidades de hombres y mujeres se valoren y favorezcan por igual. Es importante porque no exige que hombres y mujeres sean iguales, sino que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependan de si han nacido hombres o mujeres ( UNDP, 2009). Por lo tanto, es esencial promover la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades entre hombres y mujeres, sin discriminación por razón de género.

Esa promoción conduce al concepto de equidad de género, que implica la posibilidad de tratamiento diferenciado para corregir desigualdades, a fin de generar igualdad de beneficios, derechos, obligaciones y oportunidades ( SILVA; MELO, 2020). Por lo tanto, la equidad y la justicia ambiental se refieren a la forma en que las personas, debido a su color, género, raza, grupo étnico e ingresos, se ven afectadas por los impactos ambientales ( LEAL et al., 2021 ).

Para abordar adecuadamente el cambio climático, es importante trabajar para garantizar que las mujeres estén representadas e incluidas en las decisiones políticas relativas a la mitigación y la adaptación como respuestas a los cambios climáticos.

Se entiende por mitigación la reducción del impacto ambiental, como la emisión de Gases de Efecto Invernadero establecida por el Protocolo de Kyoto en 1997 ( UNFCCC, 2020), con incidencia en los sectores de la energía, el transporte, la industria, la construcción y la agricultura, entre otros.

Mientras que la mitigación es una medida provisional para hacer frente a los impactos del cambio climático y garantizar un futuro sostenible, la adaptación requiere planificación, definida como un conjunto de ajustes de los sistemas ecológicos, sociales o económicos en respuesta a los estímulos climáticos reales o previstos y a sus efectos o impactos ( MURRAY; EBI, 2012).

La adaptación es una medida para garantizar la resiliencia de las comunidades y los ecosistemas ante los impactos del cambio climático que ya están en marcha y los que están por llegar. La adaptación, sin embargo, no es la única solución; debe complementarse con otros esfuerzos para reducir las emisiones y frenar el calentamiento global.

1.2 Debate teórico a la luz de la Teoría de la Justicia Ambiental de Género

La literatura especializada muestra que, en términos de disparidad de género, las mujeres – consideradas grupos socialmente desfavorecidos –, se ven más afectadas por los cambios climáticos que los hombres, debido a factores sociales, económicos y culturales, relaciones de poder y roles sociales, desigualdades en el acceso y control de los recursos y poder de decisión ( FREITAS, 2010), especialmente en los países en desarrollo y las comunidades marginadas, en relación con la toma de decisiones y los recursos ( GONÇALVES, 2021; RAWORTH, 2007; SILVA; MELO, 2020; TERRY, 2009). Por tanto, los niveles de opresión que experimentan las mujeres a lo largo de su vida se entrecruzan en términos de clase, raza, orientación sexual, etc., colocándolas en situaciones más frágiles ( ARIYABANDU, 2009).

Esos puntos están en consonancia con la Teoría de la Justicia Ambiental de Género, que se centra en cómo el cambio climático afecta de manera diferente a hombres y mujeres, lo que exige intervenciones políticas para reducir esas disparidades. Así pues, la justicia climática puede verse en las acciones necesarias para resolver los problemas sociales desencadenados por el cambio climático, mientras que la justicia social presupone la equidad y la inclusión en las sociedades, considerando una distribución equitativa de los recursos en la sociedad y el respeto de los derechos de los más vulnerables.

Diversos autores han contribuido a una mayor comprensión de esa cuestión desde una perspectiva de género. Laura Pulido (2000), profesora de Geografía en la Universidad de Oregón, trabaja sobre la intersección de raza, género y justicia ambiental en América Latina y Estados Unidos. La autora sostiene que “los procesos históricos de suburbanización y descentralización son ejemplos del privilegio blanco y han contribuido a los modelos contemporáneos de racismo ambiental” ( PULIDO, 2000, p. 12). Desde esa perspectiva, la justicia ambiental “proporciona un lugar clave de convergencia y crea un espacio para solidaridades políticas que trascienden las fronteras raciales, de género y de clase” ( PULIDO; LARA, 2018, p. 4).

Robert D. Bullard, considerado el “padre” de la justicia ambiental y activista que trabaja en temas de raza, género y medio ambiente en el contexto de Estados Unidos, sostiene que algunos grupos y comunidades, en concreto las personas de bajos ingresos, de clase trabajadora y negras, se enfrentan a riesgos especiales debido a las amenazas ambientales para su salud y a la contaminación en sus barrios y lugares de trabajo ( BULLARD; WRIGHT, 1993). Lo que demuestra que, en las últimas ocho décadas, ha habido una preferencia en las respuestas gubernamentales del país por las poblaciones blancas en detrimento de las poblaciones afroamericanas ( BULLARD, 2007).

Pellow (2016) destaca la perspectiva de los estudios críticos de justicia ambiental, que reclaman la adición combinada de otras categorías para pensar esa área, como raza, clase, género, en relación con las múltiples formas de desigualdad, las causas y consecuencias de las luchas y el grado de arraigo del poder (incluido el estatal) en la sociedad.

De hecho, no existe un compromiso político firme para incluir los intereses y necesidades de las mujeres en la agenda gubernamental desde una perspectiva interseccional, que “abarque la justicia (social, ambiental, económica), el género y el desarrollo sostenible” ( DENTON; WILBANKS, 2015; FREITAS, 2010, p. 891). Se alega que se considera a las mujeres “incapaces” de participar activamente en la toma de decisiones y en las acciones para mitigar los cambios climáticos y adaptarse a ellos y, en consecuencia, la representación de las mujeres en las negociaciones sobre el clima ( ARIYABANDU, 2009).

Se han planteado nuevos enfoques debido a la “necesidad de trabajar juntos para prevenir los eventos impactados por el agotamiento gradual de los recursos naturales a nivel global” ( FREITAS, 2010, p. 893). Esos enfoques, “basados en el análisis de género, indican la importancia de valorar los conocimientos y habilidades de las mujeres” ( FREITAS, 2010, p. 893) como agentes de cambio en la mitigación y adaptación al cambio climático, desde una perspectiva de resiliencia de género. Las mujeres, especialmente las de las regiones rurales, desempeñan un papel clave en la gestión de los recursos ambientales y naturales, en los conocimientos y técnicas pertinentes para la biodiversidad y la gestión del agua, dada su dependencia económica de esos recursos, pero también por su experiencia, apropiada para los planes de mitigación y adaptación ( VERGES; NUNES, 2018). En lo que respecta a la mitigación, las mujeres desempeñan un papel importante en la protección de los bosques, la gestión de los recursos locales, el dominio de los conocimientos sobre los procesos agrícolas y los tipos de plantas que son fundamentales para la seguridad alimentaria de las familias, especialmente en épocas de sequía y hambre ( COELHO; INHAMUSSUA; FRIEDHOFF, 2022; FERREIRA, 2017).

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992), adoptado en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, “reconoce el papel de la mujer en la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, afirmando la necesidad de su participación a todos los niveles de ejecución y aplicación de las políticas de conservación de la diversidad biológica” ( UN, 1992, p. 2).

Esos conocimientos generan una mayor resiliencia comunitaria. El PNUD (2009) destaca ejemplos de casos positivos en ese sentido, como en 1998, cuando la comunidad hondureña de La Masica recibió formación orientada al género sobre la alerta temprana y el sistema de riesgos. Las mujeres de la comunidad se encargaron de supervisar ese sistema, que ayudó a salvar a la población local durante el huracán Mitch ( UNDP, 2009). Durante las inundaciones de 2004 en Bangladesh, una mujer llamada Sahena, de la comunidad de Gaibandha, organizó un comité local para hacer frente a las inundaciones ( UNDP, 2009) El conocimiento de las mujeres ancestrales de la hidrología de las islas de los Estados Federados de Micronesia ha sido vital para que la población encuentre lugares seguros con agua potable ( UNDP, 2009). En la comunidad de Keur Moussa, en Senegal, la erosión ha sido un factor de expulsión de los jóvenes de la comunidad en busca de mejores condiciones de vida en ciudades más grandes. Para reducir ese éxodo, las mujeres han creado organizaciones para controlar la erosión mediante la construcción de canales, la recuperación de tierras de cultivo y la mejora de la producción agrícola ( UNDP, 2009).

Las mujeres pueden, de manera eficaz, contribuir a hacer frente al cambio climático a través de una serie de instrumentos. Garantizando una participación efectiva en la formulación y aplicación de las políticas públicas relacionadas con el cambio climático, incluidas las iniciativas de adaptación y mitigación. En innovación y tecnología, garantizando que las mujeres formen parte de los espacios de producción tecnológica, participando en el desarrollo de ideas e innovaciones a través de startups verdes. En educación, las mujeres pueden ayudar a educar a las comunidades sobre el medio ambiente a través de proyectos que incluyan energías renovables, preservación de los recursos naturales y uso de técnicas agrícolas resistentes. Ellas pueden actuar mediante estrategias como el compostaje y el aprovechamiento integral de los alimentos para reducir el desperdicio alimentario.

Así, mientras que la integración de la perspectiva de género puede aumentar la eficacia del proceso de cambio climático a través de medidas resilientes, la exclusión puede amenazar el avance hacia la equidad de género al silenciar las voces de la mitad de la población mundial, negar a las mujeres sus derechos y privar a la sociedad de contribuciones, experiencias y capacidades únicas para reducir la pobreza y lograr un desarrollo sostenible ( HEMMATI; RÖHR, 2009; UNDP, 2009).

En Cabo Verde, el debate en torno al cambio climático es reciente, a pesar de que el país tiene un clima seco, que afecta a sectores vitales de la sociedad. Las principales instituciones del país abordan los detalles de algunos de los factores de amenaza e impactos del cambio climático, principalmente en lo que respecta a la producción agrícola, la disponibilidad de recursos hídricos, la calidad medioambiental de los municipios, entre otros efectos ( BARROS, 2020; LARSEN, 2020; MCOMBER, 2020).

Para analizar el impacto del cambio climático en la dimensión de género en el contexto africano, deben identificarse los sectores en los que las mujeres son más activas, como el agua, la agricultura, la pesca y la silvicultura ( DANKELMAN, 2008). Por lo tanto, resulta evidente que las mujeres se ven afectadas por el cambio climático, ya que las principales áreas afectadas por el cambio climático están ocupadas por mujeres.

En el contexto caboverdiano, las mujeres son las principales protagonistas de las actividades económicas informales y de la agricultura, sectores que contribuyen de forma significativa a la economía del país, ya que el sector agrícola representa el 8% del Producto Interior Bruto ( FAO, 2019). Sin embargo, aún no existen mecanismos que indiquen la contribución real de las actividades informales a la economía formal, debido a transacciones e intercambios que no son captados por los mecanismos formales.

Las causas de la informalidad están relacionadas con las oportunidades socioeconómicas, especialmente la formación y la educación, señalando que el 58,5% de las mujeres en la economía informal sólo tienen un nivel básico de educación ( INE, 2017).

Las mujeres ocupan profesiones relacionadas con los servicios personales, la protección, la seguridad y las ventas (64,1%), así como profesiones relacionadas con actividades intelectuales y científicas (56%). Por su parte, los hombres son más frecuentes en los puestos de operadores de instalaciones, maquinaria y montaje (92,8%), así como en los empleos cualificados de la agricultura, la pesca y la silvicultura (84,3%), y en otros empleos cualificados de la industria, la construcción y la artesanía ( INE, 2017).

De hecho, la tasa de alfabetización es más elevada entre los hombres (93,1%) que entre las mujeres (83,9%). A pesar de ello, las mujeres tienden a estudiar más (8 años) que los hombres (7,7 años) y tienen una tasa de escolarización secundaria superior a la de los hombres. La tasa de alfabetización es más alta en las áreas urbanas que en las rurales, y las diferencias de género son más pronunciadas en las áreas urbanas, con un 14,1% ( INE, 2019a).

La población femenina es el mayor grupo inactivo del país y sus tasas de desempleo (17,4%) son superiores a las de los hombres (12,9%), con incidencia entre las mujeres jóvenes ( INE, 2017). En cuanto a los roles sociales, los hogares están representados por hombres (50,7%), pero se ha producido un aumento de los hogares representados por mujeres, pasando del 40% en 2000 al 46,7% en 2016 ( INE, 2019b).

2 Contextualización del cambio climático en Cabo Verde

Cabo Verde es un pequeño archipiélago, situado en medio del océano Atlántico, frente a las costas de Senegal y Mauritania, a unos 455 kilómetros de la costa occidental de África. Se compone de diez islas (nueve islas habitadas y ocho islotes).

Como archipiélago de origen volcánico, el clima árido/semiárido plantea retos para las prácticas agrícolas. En la década de 1990, solo el 10% de las tierras del archipiélago se consideraban favorables para la agricultura ( MENEGATTO, 2014). La proporción de la superficie terrestre cubierta por bosques aumentó del 9,9% en 2000 al 11,3% en 2020 ( UN WOMEN, 2023).

El país tiene un clima tropical suave, fuertemente influido por la corriente fría de las Islas Canarias, así como por el sistema anticiclónico de las Azores. La variabilidad del subtrópico de las Azores actúa como regulador de las anomalías pluviométricas ( NEVES, 2017). En general, las condiciones térmicas del país se caracterizan por un clima cálido, con parámetros medios de 25°C para las regiones costeras y 19°C para las regiones altas, por encima de los mil metros ( MAA; INMG, 2017). Esas condiciones corresponden a las dos estaciones del país: la estación seca, conocida como “tiempos de brisas”, que abarca los meses de diciembre a junio, y la estación de lluvias, conocida como “tiempos de aguas”, que sólo abarca los meses de agosto a octubre; mientras que los meses de julio a noviembre corresponden a los meses de transición ( NEVES, 2012).

El país enfrenta problemas climáticos interconectados, crisis de agua, sequías, baja productividad agrícola, provocando éxodo rural e inseguridad alimentaria ( SEMEDO, 2020). La agricultura del país es un rubro muy sensible al cambio climático, que en los últimos años ha provocado erosión de suelos, daños a la infraestructura, deterioro de ecosistemas ( CABO VERDE, 2018).

La sensación de escasez y preciosidad del agua es visible en Cabo Verde, y recientemente su disponibilidad y regularidad se ha visto agravada por la sequía, de la que se señala al cambio climático como una de las causas ( MARTINS; LIMA; LIMA, 2019; SHAHIDIAN, 2015). En 2019, la extracción de agua dulce en proporción a los recursos hídricos disponibles fue del 8,4% ( UN WOMEN, 2023).

El escenario de escasez de agua es mayor en la isla Santiago, que es también la isla con mayor porcentaje de población (60%) ( ANAS, 2020). En las demás islas, la situación también empeora en cuanto a la disponibilidad de agua para el consumo humano, la agricultura y la ganadería, que son sectores económicos importantes ( CABO VERDE, 2020). El reflejo fue la disminución del valor añadido agrícola en el PIB, que pasó del 13,5% en 2001 al 4,9% en 2020 ( UN WOMEN, 2023).

El país pertenece a la categoría de Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) – designación que Naciones Unidas otorga a ciertos países que afrontan importantes retos en materia de desarrollo económico, social y ambiental. Por su pequeña extensión, la fragilidad de sus economías y su exposición a los choques externos, esos países son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático, como la subida del nivel del mar, la acidificación de los océanos, la intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos y la escasez de agua ( THOMAS, 2020).

Se trata de países situados en los trópicos, que se enfrentan a la subida del nivel del mar, fuertes tormentas y regímenes de lluvias erráticos, que provocan inundaciones, erosión que desplaza a la población, daños en las infraestructuras críticas del país, pérdidas económicas y de ingresos para las familias que viven de la pesca y del turismo ( UNDP, 2007).

Los limitados recursos económicos de esos países ponen en peligro el desarrollo de capacidades en el ámbito del cambio climático, centrándose en la elaboración de planes y estrategias nacionales de mitigación y adaptación al cambio. Por otro lado, el mar y el litoral ofrecen oportunidades de desarrollo económico, a través de actividades económicas como la pesca, el turismo, la prospección petrolífera y el potencial hidroeléctrico. La conservación del mar y el litoral, así como la actuación de gobiernos y empresas para evitar daños, son fundamentales para un desarrollo económico equilibrado ( THOMAS, 2020).

A nivel sociodemográfico, los PEID se caracterizan por una elevada densidad de población, infraestructuras inadecuadas en diversos sectores y escasa capacidad institucional y técnica para mitigar los efectos del cambio climático. Esas deficiencias hacen necesaria la cooperación internacional y las asociaciones externas para abordar eficazmente los problemas del cambio climático a los que se enfrentan los PEID ( THOMAS, 2020).

3 Marco jurídico para la igualdad de género y el cambio climático en Cabo Verde

De hecho, el país reconoce la igualdad de género como un principio universal, establecido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos y ratificado internamente ( CABO VERDE, 2019), especialmente la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de la Mujer en África.

El 23 de julio de 2007, el Plan Nacional de Combate a la VBG fue aprobado por la Resolución n. 27/2007, como parte de la política de equidad e igualdad de género, así como la promoción del respeto de los derechos humanos ( CABO VERDE, 2007).

Asimismo, el 23 de marzo de 2016, el Consejo de Ministros, en virtud de lo dispuesto en el n. 2 del art. 265 de la Constitución, en su Resolución 40/2016, aprobó el Plan Nacional de Igualdad de Género 2015-2018, con el fin de que el Estado formule y ejecute políticas que promuevan la igualdad de derechos (ANJOS, ANJOS, 2015).

En 2019, el país aprobó la Ley de Paridad, basada en “prevenir y combatir las conductas discriminatorias por razón de sexo y promover políticas activas de igualdad entre hombres y mujeres, para hacer efectivos los principios de dignidad humana, justicia e igualdad” ( CABO VERDE, 2019).

La ley abarca las políticas públicas, a nivel del gobierno central y local, que implican a las instituciones públicas y a las empresas privadas, especialmente los sectores críticos, para la promoción efectiva de la igualdad de género, destacando los cargos electivos y de toma de decisiones, cuya representación femenina es insuficiente en comparación con el número de mujeres en la sociedad caboverdiana ( CABO VERDE, 2019).

Esa ley permitió que la proporción de escaños ocupados por mujeres en el Parlamento pasara del 11,1% en 2000 al 38,9% en 2022, mientras que la proporción de escaños ocupados por mujeres en los órganos deliberantes del gobierno aumentó del 28,4% en 2017 al 41,8% en 2021 ( UN WOMEN, 2023).

En el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible (PEDS) 2017-2021, el gobierno consideró la igualdad de género como una de las cuestiones centrales para el desarrollo inclusivo y sostenible. El Plan reconoce una serie de obstáculos para el empoderamiento económico, en particular la menor participación de las mujeres en los sectores económicos; las limitaciones en el acceso a los mercados y al crédito; los estereotipos de género ( CABO VERDE, 2018).

En noviembre de 2021, el Gobierno aprobó el Plan Nacional de Igualdad de Género (PNIG 2021-2025), anclado en las principales agendas internacionales para promover la igualdad de género y el desarrollo sostenible, como la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la Agenda 2030 y la Agenda 2063 ( GONÇALVES, 2021).

El grado en que los marcos legales promueven, refuerzan y controlan la igualdad de género en la vida pública se situó en 60 puntos en una escala de 0 a 100, y en relación con la violencia contra las mujeres se situó en 83,3 puntos, considerando la misma escala referida a datos de 2020 ( UN WOMEN, 2023).

En cuanto a la toma de decisiones, el gobierno actual cuenta con cinco ministras en su estructura de gobierno y la Asamblea Nacional tiene 24 diputadas en el parlamento, siendo 2 de la UCID, 7 del PAICV y 15 del MPD. Pero los partidos políticos (MPD, PAICV y UCID), especialmente a nivel local, no han seguido efectivamente la ley, con varios municipios (São Miguel, Tarrafal de Santiago, São Domingos, Santa Cruz, Santa Catarina-Santiago, Paúl, Tarrafal de São Nicolau y São Filipe) incumpliendo la ley en la composición de las candidaturas al Consejo Municipal y a la Asamblea Municipal en las elecciones municipales de 2020.

En la clasificación global de disparidad de género, Cabo Verde ocupa el puesto 37, con una puntuación de 0,761, en una escala de 0 a 1, donde 1 representa la situación ideal o “paridad”. Las disparidades son menores en los ámbitos de la educación (0,981) y la salud (0,980), mientras que persisten las puntuaciones más bajas en la capacitación política (0,334) y la participación y las oportunidades económicas (0,747) (WORLD ECONOMIC FORUM, WORLD ECONOMIC FORUM, 2023).

En cuanto al cambio climático, el país aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1994). En 2005 se elaboró el Libro Blanco sobre el Estado del Medio Ambiente, con datos y medidas sobre recursos naturales, sectores medioambientales y aspectos jurídicos e institucionales de la gestión ambiental ( CABO VERDE, 2005).

Ese mismo año se aprobó el segundo Plan Nacional de Acción Ambiental (PANA II), para 2004-2014. Así como la adhesión del país al Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

En la Resolución n. 16/2009, el país creó el Comité Interministerial para el Cambio Climático, con diversas funciones, entre ellas emitir dictámenes y proporcionar subsidios al gobierno en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto ( CABO VERDE, 2009).

De conformidad con el art. 180 g) de la Constitución, la Asamblea Nacional ratificó el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, adoptado el 12 de diciembre de 2015 en París (Francia), mediante la Resolución n. 35/IX/2017.

4 Impactos del cambio climático en los sectores socioeconómicos

Cabo Verde es un país que nació en un contexto de sequía y la ha ido soportando, lo que ha obligado a los responsables políticos a afrontar el problema creando estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático en los principales sectores de la economía, como la alimentación, el agua, la salud, la energía, los servicios ecosistémicos, la vivienda y las infraestructuras.

Para ayudar a analizar el impacto en esos sectores, se utilizó la matriz ND-GAIN de la Iniciativa Mundial de Adaptación de Notre Dame, que ilustra la resiliencia comparativa de los países mediante dos ejes: vertical (que muestra la puntuación de vulnerabilidad) y horizontal (que muestra la puntuación de preparación). Bajo esos ejes, la matriz se divide en cuadrantes. Cabo Verde se sitúa en el cuadrante inferior derecho, lo que significa que sigue siendo vulnerable al cambio climático, pero está desarrollando capacidades de respuesta, aunque se enfrenta a retos específicos.

La vulnerabilidad mide la exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación de un país a los efectos negativos del cambio climático, cuando se evalúan los siguientes sectores: alimentación, agua, salud, servicios ecosistémicos, hábitat e infraestructuras ( DAME, 2023). Mientras que la preparación mide la capacidad de un país para aprovechar las inversiones y convertirlas en acciones de adaptación, incluye indicadores de preparación económica, de gobernanza y social. El índice oscila entre 0 y 1. En términos de preparación, cuanto mayor sea el valor, mejor será la calificación del país, mientras que, en términos de vulnerabilidad, cuanto menor sea el valor, mejor será la clasificación del país ( DAME, 2023).

Teniendo en cuenta las dimensiones de la vulnerabilidad y la preparación en los sectores críticos de los países, es importante reconocer que, en las últimas dos décadas, la proporción de trabajadores del país y sus familias que viven con menos de 1,90 dólares por persona y día se ha reducido del 13,5% en 2000 al 0,4% en 2021 ( UN WOMEN, 2023). Además, la proporción de la población cubierta por al menos una prestación de protección social aumentó del 36,2% en 2017 al 39,2% en 2020 ( UN WOMEN, 2023).

Sin embargo, la proporción de la población que padece hambre aumentó del 14,5% en 2001 al 17,7% en 2020, acompañada de una grave inseguridad alimentaria en el país, que alcanzará a 100.000 personas ( UN WOMEN, 2023). Esa situación se debe a los efectos negativos de las sucesivas sequías, que han afectado a las actividades agrícolas, especialmente a las familias rurales, lideradas por mujeres. Además, hay que añadir los efectos del COVID-19 en el sector económico, esencialmente el turismo. Así como la subida de los precios de los alimentos provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania. No obstante, no se puede ignorar la falta de políticas públicas eficaces para hacer frente a esos problemas, dado que la importancia de la agricultura (un sector estratégico) en el gasto público total cayó del 9,1% en 2001 al 2% en 2020 ( UN WOMEN, 2023).

La agricultura es un sector económico muy afectado por las condiciones climáticas y geográficas del país. Alrededor del 20% de las precipitaciones se pierde en el mar, el 67% se evapora y el 13% se filtra en el suelo árido, donde se absorbe rápidamente. Por lo tanto, la agricultura depende en gran medida de las precipitaciones para la recarga de las aguas subterráneas, la producción de secano y los sistemas de irrigación ( FAO, 2019).

En el ámbito de la salud, el país ha logrado importantes avances en la reducción de la mortalidad materna e infantil y en la lucha contra enfermedades transmisibles como el VIH, la malaria y la hepatitis ( RODRIGUES, 2010). Según datos de Naciones Unidas, la tasa de mortalidad materna se redujo de 118 por 100.000 nacidos vivos en 2000 a 58 por 100.000 nacidos vivos en 2017. Del mismo modo, la tasa de mortalidad de menores de 5 años descendió de 38,1 por 1.000 nacidos vivos en 2000 a 14,2 por 1.000 nacidos vivos en 2020, mientras que la tasa de mortalidad infantil descendió de 31,1 muertes por 1.000 nacidos vivos en 2000 a 12,2 muertes por 1.000 nacidos vivos en 2020 ( UN WOMEN, 2023).

El cambio climático afecta a la salud al aumentar el riesgo de muerte, la propagación de enfermedades infecciosas y otros problemas similares. Por tanto, los retrasos en la lucha contra el cambio climático tienden a aumentar los riesgos sanitarios y socavan décadas de mejoras en la salud global. Los efectos se dejan sentir sobre todo en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, donde en las últimas décadas las inundaciones, sequías y tormentas han sido 15 veces más mortíferas en las regiones muy vulnerables, que en las regiones con un bajo grado de vulnerabilidad ( WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2023).

En cuanto a la infraestructura de servicios sanitarios, el país cuenta con dos hospitales centrales, uno en la capital del país (Praia) y otro en São Vicente (Mindelo), así como cuatro hospitales regionales ( INE, 2017). Los sucesivos gobiernos se han esforzado por aumentar la ratio de médicos y enfermeros por habitante, ya que el país cuenta con un total de 8 médicos y 13 enfermeros por cada 10.000 habitantes ( ROSA, 2019).

El cambio climático tiene un impacto significativo en las infraestructuras, teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad del país. Así, la subida del nivel del mar, consecuencia del deshielo de los glaciares y de la expansión térmica del agua del mar debido al calentamiento global, amenaza las zonas costeras y las infraestructuras próximas a las costas. Por tanto, el aumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos como tormentas, huracanes, inundaciones y sequías pone en riesgo las infraestructuras. En septiembre de 2013, el país se vio afectado por la tormenta tropical ciclón Humberto, que se convirtió en huracán, con lluvias torrenciales y fuertes vientos, causando daños materiales y en las infraestructuras ( PEREIRA, 2018).

La matriz energética del país depende de centrales térmicas no renovables alimentadas por combustibles fósiles procedentes del exterior. Aproximadamente el 81,6% de la energía producida en 2019 procedió de fuentes térmicas. A pesar del potencial energético de las fuentes renovables, la energía eólica representó el 16,2% de la electricidad en 2019, mientras que la energía solar representó el 2,2% del mix de producción ( INE, 2021). La cuota de las energías renovables en el consumo total de energía final cayó del 27,9% en 2000 al 22,2% en 2019 ( UN WOMEN, 2023).

La preocupación por las emisiones de gases de efecto invernadero ha impulsado la transición hacia fuentes de energía bajas en carbono, como la solar y la eólica. Esa transición pretende reducir la contribución del sector energético al calentamiento global. Además, el aumento de las temperaturas medias provoca una mayor demanda de energía para refrigeración en los climas cálidos y para calefacción en los climas fríos. En consecuencia, puede aumentar el consumo de electricidad y de combustibles fósiles para satisfacer esa demanda creciente.

Dentro del país, los impactos del cambio climático varían según la clase social, los recursos financieros y el género ( ALVES, 2019; ANDRADE, 2017; MOREIRA, 2018). De hecho, Cabo Verde forma parte de un continente muy afectado por el cambio climático en comparación con otras regiones del mundo, debido a problemas estructurales como la pobreza, la debilidad institucional, la falta de tecnologías, los bajos niveles de educación y los problemas de salud ( BOKO, 2007; CHRISTENSEN, 2007; IPCC, 2021).

5 Medidas y acciones para la mitigación del cambio climático y estrategias de adaptación en Cabo Verde

Cabo Verde tiene unas características únicas, al ser un país saheliano, afectado por la escasez hídrica. Eso ha planteado una serie de retos al país, entre ellos la necesidad de desarrollar sistemas sostenibles de gestión del agua, aumentar el acceso al agua potable y reducir el impacto de los cambios climáticos.

En cuanto a la adaptación, teniendo en cuenta la serie histórica, el país ha mejorado la distribución del agua potable y, desde 2000, no ha aumentado el impacto del cambio climático en la malnutrición y las enfermedades relacionadas ( DAME, 2023). Sin embargo, persisten indicadores críticos de vulnerabilidad en el sector alimentario (capacidad agrícola), especialmente la capacidad de adquirir y emplear tecnología agrícola; en el sector sanitario, no hay suficiente personal médico ni estructuras para atender a la población.

En cuanto a los servicios ecosistémicos, la participación del país en los convenios internacionales sobre medio ambiente sigue siendo escasa, lo que indica una baja participación en foros internacionales temáticos y esfuerzos insuficientes para involucrarse en negociaciones multilaterales con el fin de alcanzar un acuerdo sólido sobre la protección del medio ambiente interno. En cuanto a la preparación, dos áreas presentan retos: la educación, especialmente la baja proporción de matriculaciones en la enseñanza superior en relación con la población del grupo de edad, y la innovación, especialmente el ínfimo número de registros de patentes, que denuncia la escasa inversión en ciencia y tecnología ( DAME, 2023).

Raworth (2007) enumera algunos de los requisitos necesarios para garantizar el éxito del proceso de adaptación y reducir la disparidad entre grupos, como: (1) adoptar enfoques centrados en los problemas locales, que sitúen a la comunidad en el centro de la toma de decisiones; (2) integración de los planes y estrategias sectoriales a escala nacional y local en los planes de desarrollo; (3) refuerzo y reestructuración de las asociaciones entre instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil destinadas a responder a los impactos del cambio climático; (4) preparar mejor a las comunidades y a los responsables de la toma de decisiones, proporcionando información creíble sobre los posibles impactos del cambio climático, para poder responder a tiempo a los retos que plantea; y (5) promover tecnologías verdes y azules que sean accesibles y asequibles, como variedades de cereales resistentes, energías renovables.

La Constitución garantiza el derecho de todos a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado (art. 72). Para garantizar ese derecho, los poderes públicos deben “elaborar y aplicar políticas adecuadas de ordenación del territorio, defensa y preservación del medio ambiente y fomento de la utilización racional de todos los recursos naturales, salvaguardando su capacidad de renovación y estabilidad ecológica” ( CABO VERDE, 2010). Con ese fin, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y otros organismos competentes han elaborado diversos planes para reducir la vulnerabilidad del país, entre los que destacan los siguientes: Plan de Acción Nacional para el Medio Ambiente (1994-2004 y 2004-2014); Primer Informe-Inventario Nacional sobre Gases de Efecto Invernadero (1995), 20 años después de la independencia nacional; Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, la primera de las cuales tuvo lugar en 2000, la segunda en 2010 y la tercera en 2017; y el Primer Programa Nacional de Acción para la Adaptación al Cambio Climático (NAPA) 2008-2012.

Esas acciones y medidas se clasifican en mitigación y adaptación, con las siguientes características de las primeras: reducción de la intensidad energética y refuerzo de la eficiencia energética; aumento de la capacidad de las energías renovables; reducción de la intensidad de carbono de la movilidad; fomento del turismo responsable y de la economía circular; refuerzo del tejido natural de los ecosistemas. En cuanto a las medidas de adaptación, Cabo Verde presentó los siguientes objetivos: (1) mejorar la seguridad hídrica y la restauración natural; (2) reforzar el tratamiento de residuos sólidos y acuáticos; (3) aumentar y garantizar la seguridad alimentaria a través de la agricultura regenerativa; (4) ampliar las zonas marítimas protegidas; (5) defender los recursos marinos y costeros; (6) utilizar la ordenación del territorio como aliada en la mitigación y adaptación al cambio climático; y (7) mitigar los riesgos climáticos, las catástrofes y las vulnerabilidades y hacer frente al clima con riesgos para la salud ( CABO VERDE, 2021a).

También en 2021, el gobierno caboverdiano enumeró una serie de compromisos en el Ambition Plan 2030, que van desde la descarbonización de la economía, la utilización de transportes públicos con bajas emisiones de carbono, el uso de energías renovables para el abastecimiento de agua y el turismo responsable. Sin embargo, para alcanzar esos objetivos, el país necesita apoyo internacional, sobre todo en forma de tecnología, desarrollo de capacidades y financiación.

En cuanto a la inclusión de la discusión de las cuestiones de desigualdad de género en el país, aunque Cabo Verde votó, de acuerdo con los términos del Artículo 191(3)(f) de la Constitución de la República, el 20 de octubre de 1994, la Resolución 74/IV/94 aprobando la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, no fue hasta 2022, con la redacción de la Cuarta Comunicación Nacional y Primera Actualización Bienal, que la discusión de la desigualdad de género en el país pudo tener lugar (4CN&1BUR) para la República de Cabo Verde, en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CQNUMC), es que se integró el análisis de la dimensión de género, haciendo posible que el pensamiento crítico y empírico contribuya a cambiar los “roles” y comportamientos atribuidos a las mujeres, que, como ya se ha dicho, son construcciones sociales ( FREITAS, 2010). Además, permiten la difusión de metodologías que trabajan con la participación y la equidad en la elaboración de los Planes de Mitigación de los Impactos del Cambio Climático, incluyendo la escucha de la perspectiva de las mujeres y otros colectivos vulnerables, visibilizando el papel protagonista que deben tener en la agenda climática.

Conclusión

Este trabajo analizó el papel del género en la mitigación y adaptación al cambio climático en Cabo Verde. Para ello, trató de entender cómo las mujeres se ven afectadas por el cambio climático en sectores como la seguridad alimentaria, ya que desempeñan un papel importante en la producción de alimentos y la gestión de los recursos naturales. En salud, cabe destacar que las mujeres suelen sufrir más enfermedades relacionadas con el clima, como las transmitidas por vectores y los problemas respiratorios causados por la contaminación del aire, el agua y el saneamiento. Considerando que las mujeres suelen ser las responsables de la recogida de agua y el saneamiento, esta actividad puede resultar más difícil con la escasez de agua derivada del cambio climático. Por último, en cuanto a la participación política, las mujeres suelen tener un papel y una representación menores en los procesos de toma de decisiones relacionados con el cambio climático, lo que limita su capacidad para influir en las políticas y las medidas relacionadas con el cambio climático.

El estudio reconoce que los contextos económicos y sociales africanos son diferentes de los de otras regiones del mundo, lo que también afecta a la capacidad de reacción ante el cambio climático y plantea retos para comprender el papel de cada actor en ese proceso. Especialmente cuando se trata de los impactos del cambio climático en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, entre ellos Cabo Verde.

Las estrategias de adaptación son acciones necesarias para que los pequeños Estados reduzcan los impactos del cambio climático, incluido el desarrollo de comunidades y ecosistemas más resistentes, el refuerzo de las defensas costeras y la creación de capacidades para gestionar los riesgos del cambio climático. En ese sentido, las relaciones de género deben incluirse como una cuestión transversal en el debate sobre los impactos, la mitigación y la adaptación al cambio climático, ya que al referirse a los recursos naturales y al medio ambiente que nos rodea, se trata también de comprender los procesos sociales, de forma integrada, en los que se producen en la relación entre la naturaleza y los seres humanos.

El estudio presenta algunas recomendaciones de género para la mitigación y adaptación al cambio climático en Cabo Verde, esencialmente: reforzar la participación de las mujeres en la toma de decisiones para garantizar que se tienen en cuenta sus necesidades y perspectivas; valorar los conocimientos y prácticas de las mujeres que poseen importantes conocimientos tradicionales sobre el medio ambiente, incluida la agricultura sostenible y la gestión de los recursos naturales; fortalecimiento de la capacidad de las mujeres mediante la formación en competencias relacionadas con la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, esencialmente en el sector de la tecnología y la innovación; garantizar la igualdad de acceso a los recursos para una adaptación eficaz al cambio climático, ya que las mujeres tienen un acceso limitado a recursos como la tierra, el agua y la energía, lo que puede limitar su capacidad de adaptación al cambio climático.

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• Cómo citar este artículo (ABNT):

  MATOS, P. A.; GARCIA, G. A. F.; SANTOS, M. A. El papel del género en la mitigación y adaptación al cambio climático en Cabo Verde. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 20, e202536, 2023. Disponible en: http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/view/2536. Acceso: día de mes. año.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  04 Dic 2023
• Fecha del número
  2023

Histórico

• Recibido
  10 Mar 2023
• Acepto
  25 Set 2023