Conflicto armado, paz y terapia ocupacional en Colombia: recorridos y desafíos ¹

Resumen

Colombia vive un conflicto armado de larga duración, con más de nueve millones de víctimas registradas y daños profundos en la vida de personas, comunidades y en la sociedad misma. El artículo abarca tres temas: primero, una breve contextualización sobre el conflicto armado colombiano y algunos de sus impactos. En la segunda parte, a partir de fuentes documentales, se intentan trazar los recorridos de la aproximación de la terapia ocupacional colombiana al conflicto armado. Se identifican tres momentos: prudente indiferencia, despertar lento y reconocimiento de la responsabilidad ético-política. Finalmente, se presentan algunos desafíos para contribuir como profesión a la construcción de paz en Colombia, entre ellos, la expansión y el fortalecimiento de la profesión para llegar a los territorios más afectados por el conflicto; el mejoramiento de la formación y de la práctica para responder a la complejidad de la situación del país, y la reflexión sobre los objetivos y las implicaciones éticas de las acciones profesionales con víctimas, excombatientes o comunidades afectadas por el conflicto.

Palabras-clave:
Conflictos Armados; Práctica Profesional; Violaciones a los Derechos Humanos; Terapia Ocupacional Social

Resumo

Colômbia vive um conflito armado de longa duração, com mais de nove milhões de vítimas registradas e profundos danos na vida das pessoas, comunidades e na sociedade. Este estudo abrange três tópicos: primeiro, uma breve contextualização do conflito armado colombiano e alguns de seus impactos. Na segunda parte, a partir de fontes documentais, tenta-se traçar as rotas das aproximações da terapia ocupacional colombiana ao conflito armado e identificam-se três momentos: prudente indiferença, despertar lento e reconhecimento da responsabilidade ético-política. Por fim, apresentam-se alguns desafios sobre a contribuição profissional para a construção da paz na Colômbia, entre eles, a expansão e fortalecimento da profissão para chegar até os territórios mais afetados pelo conflito, o aprimoramento da formação de terapeutas ocupacionais e da prática para responder à complexidade da situação do país e a reflexão sobre os objetivos e as implicações éticas da ação profissional com vítimas, ex-combatentes ou comunidades afetadas pelo conflito.

Palavras-chave:
Conflitos Armados; Prática Profissional; Violações dos Direitos Humanos; Terapia Ocupacional Social

Abstract

Colombia experiences a long-running armed conflict, with more than nine million registered victims and profound damage to people, communities, and society. The article covers three topics. First, a brief contextualization of the Colombian armed conflict and some of its impacts. Secondly, based on documentary sources, it attempts to trace how Colombian occupational therapy has approached the armed conflict. It identifies three stages: prudent indifference, slow awakening, and recognition of ethical-political responsibility. Finally, it presents some challenges for the professional contribution to peacebuilding in Colombia, such as expanding and strengthening the profession to reach the territories most affected by the conflict, improving occupational therapists’ training and practice to respond to the complexity of the country's situation, and reflecting on the objectives and ethical implications of professional actions for the victims, ex-combatants or communities affected by the conflict.

Keywords:
Armed Conflicts; Professional Practice; Human Rights Abuses; Social Occupational Therapy

Introducción

El texto se refiere a nuestros procesos y reflexiones, como terapeutas ocupacionales colombianas, en torno al conflicto armado y la construcción de paz, abarcando tres temas: primero, una breve contextualización sobre el conflicto armado colombiano; el segundo, algunos recorridos en nuestra aproximación profesional al conflicto; finalmente, compartiré ideas que considero importante tener en cuenta para contribuir a la construcción de paz en Colombia.

Una Contextualización Necesaria

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, institución creada por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), propone la contextualización histórica que ilustra la Figura 1.

Figura 1
Propuesta de periodización del conflicto armado colombiano de la Comisión de la Verdad.

Aunque esta periodización no está exenta de controversias, permite percibir claves para entender un proceso complejo. Una de ellas es su larga duración, de al menos 60 años, si bien puede decirse que Colombia tiene una historia de sucesivas guerras civiles relacionadas con la distribución de la tierra, las relaciones de poder entre las élites y las clases sociales menos favorecidas, la violencia como forma de resolver disputas políticas o ideológicas, el desarrollo de estrategias de control social de las poblaciones, entre otros elementos (Fajardo, 2015; González, 2016; Sánchez, 2001).

Algunos hitos en esa historia son, primero, la fundación de las guerrillas en Colombia en la década de 1960: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en 1965, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 1962, el Ejército Popular de Liberación (EPL) en 1967 y el Movimiento 19 de abril (M-19) en 1970 (Grupo de Memoria Histórica, 2013).

Luego, en la década de 1980, la creación de grupos paramilitares como respuesta de civiles para luchar contra las guerrillas. Estos grupos nacieron bajo una ideología anticomunista y, algunas veces, fueron aliados de las fuerzas militares del Estado (Grupo de Memoria Histórica, 2013).

Para 1990, otro hito es el acuerdo de paz entre el Estado y el M-19, que además de la desmovilización de esta guerrilla, llevó a la reforma de la Constitución colombiana en 1991 (Comisión de la Verdad, 2022e).

Entre 2003 y 2006, más de 30.000 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se desmovilizaron. Y en 2012 se abrieron las conversaciones entre el Gobierno y las FARC-EP, que llevarían a la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 (Comisión de la Verdad, 2022e).

Finalmente, el gobierno del presidente Gustavo Petro avanza actualmente en la propuesta de Paz Total, buscando sacar adelante las conversaciones con la guerrilla del ELN, suspendidas en 2018, y con otros grupos ilegales.

Además de estos hechos, quiero destacar los períodos más recientes, especialmente el recrudecimiento de la guerra, hace apenas veinte años, que tiene una fuerte influencia en la situación social actual. Al respecto, la Comisión de la Verdad (2022d) refiere que el 75% de las víctimas del conflicto se produjeron entre 1996 y 2008, siendo la mayoría civiles² . Actualmente, según cifras oficiales, Colombia tiene 9.379.858 víctimas (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2022); casi el 20% de la población del país. Sin embargo, es importante aclarar que antes de la década de 1990, el país no llevaba un registro sistemático de víctimas (Comisión de la Verdad, 2022d , 2022f).

Los registros oficiales distinguen 15 hechos victimizantes³ . Solo como ejemplo, me centraré en dos: el desplazamiento forzado y el reclutamiento forzado.

Colombia tiene actualmente más de 8.300.000 víctimas de desplazamiento forzado. El Informe Final de la Comisión refiere:

El desplazamiento forzado, de hecho, es la forma de violencia que ha impactado al mayor número de víctimas en la historia del conflicto armado. A enero de 2022, el RUV [Registro Único de Víctimas] reportó 8.510.295 personas desplazadas forzosamente de sus hogares. Esto equivale, en 2022, a casi toda la población de un país como Suiza, un poco más que la población de Paraguay y a casi dos veces la de Panamá. En Colombia, esa cifra significa que aproximadamente una de cada seis personas ha tenido que abandonar su hogar por la violencia. (Comisión de la Verdad, 2022g, p. 111)

Como muestra la Figura 2, la mayor parte de los desplazamientos forzados ocurrieron a finales de los años 90 y alcanzaron su pico más alto entre 2001 y 2003.

Figura 2
Víctimas de desplazamiento forzado y despojo en Colombia (1985 - 2019). Fuente: Comisión de la Verdad (2022f, p. 457).

La mayoría de víctimas de desplazamiento forzado son personas empobrecidas, mujeres, campesinas, negras o indígenas. Para ellas, abandonar su territorio es perder su comunidad, su cultura, sus costumbres, sus formas de vida y subsistencia. La mayor parte llegaron, o inclusive hoy llegan a las ciudades, donde las formas de vida son otras, con frecuencia hostiles. Muchas personas han sufrido varios desplazamientos forzados, hasta el punto de no lograr establecerse en ningún lugar y huir de la guerra o de actores armados durante la mayor parte de sus vidas (Comisión de la Verdad, 2022a; 2022f; 2022h). Así, más allá de las respuestas institucionales, a menudo insuficientes o inadecuadas, estas víctimas con frecuencia carecen de redes sociales de apoyo o enfrentan muchas dificultades para construirlas. Al fin y al cabo, “se trató de ganar la guerra controlando el tejido social” (Comisión de la Verdad, 2022d, p. 123).

Otro hecho victimizante que quiero traer como ejemplo es el reclutamiento forzado. Estoy hablando, especialmente, de procesos en los que niñas y niños fueron separados de sus familias para formar parte de guerrillas o grupos paramilitares. Pero también, de niños, niñas y jóvenes que, después de llegar a instituciones estatales -porque lograron escapar del grupo ilegal o fueron rescatados por el Estado en operaciones militares-, fueron utilizados como informantes de las fuerzas militares o, incluso, entregados a grupos paramilitares (Comisión de la Verdad, 2022h).

Aunque esta práctica del Estado se volvió ilegal desde finales de la década de 1990⁴ , permite ver cómo las instituciones estatales, algunas veces, se convierten en espacios de revictimización. De hecho, informes del Sistema de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en Colombia hablan de la persistencia y la sistematicidad en el uso de niños y niñas como informantes de las fuerzas militares en los últimos veinte años (Comisión de la Verdad, 2022h).

La Figura 3 muestra el número de víctimas de diferentes hechos entre 1985 y 2018. El reclutamiento forzado, en color gris, alcanza los valores más altos y, como el desplazamiento, llegó a su punto máximo a principios de los 2000.

Figura 3
Víctimas de homicidio, desaparición forzada, secuestro y reclutamiento forzado en Colombia (1985 - 2019). Fuente: Comisión de la Verdad (2022f, p. 985).

Adicionalmente, con frecuencia las familias de niños y niñas reclutadas o en riesgo de serlo tuvieron que huir de sus territorios, bien para evitar el reclutamiento o porque el niño o la niña huyó y regresó a casa, de manera que toda la familia pasó a ser perseguida. Por ello, muchas veces las dos situaciones convergen (Comisión de la Verdad, 2022g, 2022h).

En algunos casos esos niños y niñas fueron seducidos o engañados para ingresar a los grupos ilegales, otros fueron sacados por la fuerza de sus hogares o entregados por sus familias a la guerrilla o a los paramilitares. La mayoría vivían en zonas rurales, formaban parte de familias empobrecidas e, incluso, no tenían muchas opciones de vida (Comisión de la Verdad, 2022g, 2022h). Es una historia común que, en una misma familia, uno de los hijos estuviera en la guerrilla y otro en un grupo paramilitar o en el ejército.

El reclutamiento forzado permitió -e incluso permite actualmente- a los grupos ilegales tener mano de obra barata para tareas domésticas, llevar mensajes o raspar hoja de coca. A veces, niños y niñas reciben entrenamiento y son obligados a matar, a reclutar a otros menores de edad, a cuidar personas secuestradas, etc. (Comisión de la Verdad, 2022h).

Así, quienes permanecieron en los grupos ilegales y lograron sobrevivir a principios del siglo XXI, por ejemplo, hoy son personas adultas cuyas vidas están marcadas por esa historia. Su cultura, su comunidad, sus normas de convivencia son las del grupo ilegal.

Son situaciones que tienen que ver con impactos psicosociales⁵ en la vida de estas personas, pero también con sujetos, familias, comunidades e, incluso, poblaciones excluidas de sus entornos microsociales cotidianos, de los lugares que la sociedad generalmente espera que ocupen (por ejemplo, la escuela), que enfrentan dificultades para su integración social en los territorios o en las comunidades de llegada y para quienes se requieren respuestas sociales coherentes.

Trayectorias en Nuestra Aproximación Profesional al Conflicto Armado

Hablando de los recorridos de las y los terapeutas ocupacionales en Colombia frente a la realidad de un país en conflicto, identifico tres momentos. Cabe aclarar que esta es solo una propuesta que parte de la exploración de algunas fuentes y que requiere profundización.

Al primer momento lo llamo prudente indiferencia. La apertura de la formación en terapia ocupacional en Colombia ocurrió en la segunda mitad de los años sesenta, la misma década en que se fundaron las guerrillas. La justificación para constituir los programas de rehabilitación en la Universidad Nacional de Colombia, donde se creó el primer programa de terapia ocupacional del país, ya hablaba de la alta demanda de servicios derivada de la violencia (Rodríguez et al., 2016a). Sin embargo, en los programas de los primeros congresos nacionales de terapia ocupacional y en los artículos de los primeros años de la Revista Acción/Ocupación Humana⁶ no se identifican referencias a experiencias de terapeutas ocupacionales con víctimas, actores armados o reflexiones sobre el conflicto o nuestro papel en esta realidad.

Hablo de prudente indiferencia porque los tiempos eran demasiado difíciles y posicionarse podía ser peligroso. Además, los enfrentamientos armados eran más frecuentes en zonas rurales, aunque el crecimiento de las ciudades y de los cinturones de pobreza tuviera relación con la migración interna por el conflicto. El discurso del enemigo interno, la amenaza del comunismo, las numerosas violaciones de los derechos humanos y el alineamiento del país con Estados Unidos, entre otros factores, crearon un ambiente de sospecha, miedo y silenciamiento (Ahumada, 2007; Marín, 2017).

Finalmente, considero que el enfoque biomédico en el trabajo con personas con discapacidades físicas y mentales y la clasificación de los programas como técnicos de rehabilitación (Rodríguez et al., 2016a; Zapata, 1994) también limitó y justificó otras luchas como prioridades para la terapia ocupacional colombiana.

El segundo momento es, para mí, un despertar lento. Desde mediados de la década de 1980, debido a los ataques terroristas de los cárteles del narcotráfico y a la migración interna derivada del desplazamiento forzado, era demasiado difícil ser indiferente a la realidad en las ciudades. Algunos artículos de la Revista Ocupación Humana ya hablaban de la participación de terapeutas ocupacionales, como miembros de equipos interdisciplinarios, con comunidades víctimas de desplazamiento forzado en territorios urbanos (Rodríguez, 1989, 1995; Gómez et al., 1999).

Adicionalmente, se empezó a hablar sobre los efectos del conflicto en la salud mental de las personas y las comunidades como un tema de interés y trabajo para terapeutas ocupacionales (Méndez, 1999; Peñas, 2000; Santacruz, 2006; Tobón, 2004); así mismo, se hacían llamados a la profesión para responder a los efectos de la violencia y a la realidad social del país (Caicedo, 1997a; 1997b; González, 2000; Rozo, 2006; Troncoso, 1991).

A finales de la década de 1990, el trabajo de Patricia Cuéllar es notable. Ella “participó como terapeuta ocupacional en el equipo interdisciplinario que orientó la conversión ocupacional de exguerrilleros sandinistas en miembros de las fuerzas armadas regulares o funcionarios estatales o gubernamentales” (Cuéllar, 2000, p. 24) en Nicaragua, en los años 80. Luego regresó al país para terminar su formación profesional en la Universidad Nacional de Colombia, donde realizó como trabajo de grado una propuesta para la reinserción de excombatientes (Cuéllar, 1999; 2000). Esta propuesta surgió mientras se adelantaba un proceso de paz con las FARC-EP, el cual terminó, sin éxito, en 2002⁷ .

El modelo de Desempeño Ocupacional Realizante (Trujillo, 1995), propuesto por un grupo de profesoras de la Universidad Nacional de Colombia, y su utilización en diferentes campos abrió puertas para involucrarnos con realidades sociales complejas, como la desmovilización de grupos armados ilegales (Cuéllar, 1999;2000), las reformas neoliberales del Estado y su influencia en las y los trabajadores⁸ (Cerón, 1997), entre otras. Inicialmente se trató de experiencias aisladas, pero se fueron multiplicando y desafiaron nuestros conocimientos.

El recrudecimiento de la guerra a principios del siglo XXI parece coincidir con una disminución general de investigaciones sobre el conflicto armado (Fernández & Duarte, 2021). Pero, al mismo tiempo, la realidad obligó al Estado a reconocer las numerosas violaciones de derechos humanos que se estaban produciendo y a exigir que, así como se invertía en la guerra, se tomaran medidas para reparar los daños. De ahí surgieron algunas de las normas en las que se basan los programas institucionales que hoy cuentan con terapeutas ocupacionales en los equipos de atención a víctimas⁹ .

Con esos antecedentes y ante una nueva apertura de diálogos de paz con las FARC-EP en 2012, un ambiente de esperanza abrió el espacio para numerosas movilizaciones sociales en torno a la construcción de paz, el reconocimiento de la existencia de un conflicto, con toda su complejidad, y de sus efectos en la vida de las personas.

Investigaciones (Albarracín & Contreras, 2017; Fernández, 2019; Fernández & Duarte, 2021; Gómez et al., 2017; Jiménez et al., 2019; Peñas et al., 2015, 2016; Rodríguez et al., 2016b; Satizabal et al., 2021; Uribe et al., 2016), prácticas académicas (Larrota et al., 2015), conversaciones¹⁰ , reflexiones (Caballero, 2016; Castillo & Varón, 2016; García, 2019; Melo & García, 2021; Olarte, 2016; Ospina, 2019; Rodríguez, 2016; Rojas, 2017; Rubio, 2016; Talero, 2019), proyectos y acciones de extensión universitaria con participación de terapeutas ocupacionales (Hernández et al., 2016; Rojas et al., 2020; Universidad del Valle, 2021), contribuciones al trabajo de la Comisión de la Verdad (Fernández et al., 2021; Jiménez et al., 2020), además del trabajo de terapeutas ocupacionales en escenarios políticos (Cerón, 2019), de atención directa a víctimas (Cerón, 2016; García et al., 2019; Larrota, 2016; Larrota et al., 2015; Sepúlveda & Valbuena, 2019), excombatientes (Satizabal & Aguilar, 2020), acompañamiento a comunidades (Chasoy, 2016; Vega et al., 2019), entre otras experiencias que, seguramente, no logré rastrear, es lo que denomino reconocimiento de nuestra responsabilidad ética y política frente al conflicto armado y sus consecuencias.

A pesar de la suspensión y el retroceso en el cumplimiento del Acuerdo de Paz en los últimos años, creo que han quedado fuertes semillas de conciencia social.

Sobre Algunos Desafíos Actuales

Aún en este ambiente de esperanza, pasamos por un momento desafiante. El reconocimiento de los efectos de nuestro conflicto también ha servido para esto.

Por ejemplo, en la Figura 4, el mapa de la izquierda muestra con colores los territorios afectados por el conflicto entre 1986 y 2015. Son todos, pero en rojo y rosado aparecen aquellos que tuvieron las mayores afectaciones. El mapa de la derecha, entre tanto, muestra la distribución de los programas de formación de terapeutas ocupacionales en el país; además de ser pocos, solo doce hasta ahora, se concentran en las principales ciudades y no alcanzan los territorios más afectados por el conflicto.

Figura 4
Tipología de municipios y regiones con afectaciones por el conflicto armado (1986-2015) versus distribución espacial de cursos de pregrado en terapia ocupacional en Colombia. Fuentes: Salas-Salazar, 2016 (izquierda); Duarte, 2019 (derecha)¹¹ .

Aunque no tenemos datos precisos, la información disponible muestra que, en la distribución de terapeutas ocupacionales en el país, la situación es similar a la de los programas académicos (Duarte, 2019).

Además de la necesaria expansión académico-profesional y del fortalecimiento gremial para hacer incidencia política y ocupar nuestro papel como terapeutas ocupacionales en la construcción de paz en Colombia, tenemos, desde mi punto de vista, otros desafíos.

Uno de ellos es la comprensión de la complejidad del conflicto, de sus consecuencias en la vida de las personas, de la construcción de la paz como una forma renovada de convivencia y reparación del tejido social. Para enfrentarlo, necesitamos mejoras en la formación profesional que permitan comprensiones y abordajes igualmente complejos, así como prácticas reflexivas, diálogos y cuestionamientos dentro y fuera de Colombia. Esto es esencial para fortalecer y tensionar la acción profesional, así como las políticas y programas institucionales.

Por ejemplo, vale la pena preguntarnos ¿cuáles son los propósitos de las acciones terapéutico-ocupacionales al trabajar con víctimas, comunidades afectadas por la guerra o excombatientes? De acuerdo con ello, ¿qué enfoques o perspectivas son relevantes? Los abordajes probablemente sean diferentes si el objetivo es contribuir a la reducción del impacto psicosocial, facilitar la inclusión (educativa, laboral, etc.) o restaurar/garantizar el acceso a derechos y a la ciudadanía. Igualmente, serán distintos los referentes teóricos y metodológicos que permitirán abordar la realización de uno u otro objetivo. Estos enfoques no son excluyentes, pero se refieren a diferentes formas de actuación profesional.

Otros diálogos y reflexiones en torno a las implicaciones éticas de las acciones con sujetos o comunidades afectadas o con actores involucrados en el conflicto son necesarios. Estos hacen eco de preguntas sobre la fragilidad de los procesos de inserción y establecimiento de vínculos sociales en la actualidad (Souza & Lussi, 2022) y sobre la medicalización de la vida social (Malfitano, 2016); también, sobre los intereses políticos, institucionales y económicos y los procesos de normalización, reproducción del statu quo o adaptación que subyacen a algunas intervenciones y programas (Galheigo, 2016;Palacios, 2017).

Todo lo anterior nos remite a las discusiones sobre la función social del terapeuta ocupacional que fundamentaron la construcción de la terapia ocupacional social brasileña (Lopes, 2016). Dada la magnitud del desafío que plantea la construcción de paz en Colombia y asumiendo la urgencia de resolver, como propone el Acuerdo de Paz, las causas estructurales que determinan la persistencia del conflicto, el cuestionamiento sobre nuestro papel como profesión y profesionales es relevante y prioritario.

Agradecimientos

Agradezco a la organización del V Simposio Internacional de Terapia Ocupacional Social por la invitación, por todo el afecto recibido en Brasil y, especialmente, por la consideración hacia nuestros procesos en Colombia. Agradezco también los intercambios con mi colega Yeny Quintero, quien actualmente trabaja con jóvenes excombatientes en Colombia.

• 1
  Texto derivado de la conferencia presentada el 11 de noviembre de 2022 en el V Simposio Internacional de Terapia Ocupacional Social, UFSCar, São Carlos, SP, Brasil.
• 2
  Según la Comisión de la Verdad (2022c), cerca del 90% de las víctimas del conflicto armado colombiano son civiles.
• 3
  Confinamiento; lesiones personales psicológicas; lesiones corporales; pérdida de bienes muebles e inmuebles; abandono forzoso o despojo de tierras; vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados; tortura; secuestro; minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados; homicidio; desplazamiento forzado; desaparición forzada; delitos contra la libertad y la integridad sexual durante los conflictos armados; amenaza; acto terrorista / ataques / combates / confrontaciones / asedio (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2022).
• 4
  En Colombia, la Ley 418/1997 ya prohibía el reclutamiento de menores de 18 años y generaba disposiciones para la protección y atención de niños y niñas víctimas del conflicto. Posteriormente, el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098/2006) estableció el deber del Estado en la protección de menores en el conflicto (Congreso de la República de Colombia, 1997, 2006).
• 5
  Definidos por la Comisión de la Verdad (2022c) como: "Consecuencias emocionales, comportamentales y de pensamiento generadas en personas, familias, comunidades y en la sociedad con ocasión del conflicto. Desde el punto de vista psicosocial, estos impactos pueden manifestarse a través de traumas, crisis y duelos y deben ser abordados como parte de la reconstrucción del tejido social”.
• 6
  Revista de terapia ocupacional de la Asociación / Colegio Colombiana de Terapia Ocupacional. Al principio el nombre de la revista fue Acción, pero en 1987 cambió a Ocupación Humana.
• 7
  Proceso conocido como Diálogos del Caguán o El Caguán, entre 1999 y 2002. Ese proceso no solo fracasó, sino que el conflicto en este período se intensificó (Comisión de la Verdad, 2022i).
• 8
  En la Universidad Nacional de Colombia, especialmente el "Programa de Reorganización del Desempeño Ocupacional", dirigido por la profesora Martha Torres Carvajal, cuyo público objetivo fueron trabajadores despedidos en la década de 1990 en el "proceso de modernización" del Estado. Este programa fue la principal referencia de la propuesta de Cuéllar (1999; 2000).
• 9
  Principalmente, la Ley de Víctimas (Ley 1448/2011), así como las decisiones de la Corte Constitucional en el desarrollo de dicha ley (Congreso de la República de Colombia, 2011).
• 10
  En el XVI Congreso Colombiano de Terapia Ocupacional, realizado en el año de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, uno de los temas principales fue el escenario de posacuerdo de paz. También en 2016 y después, en 2019, fue tema central de las celebraciones del día del terapeuta ocupacional en Colombia.
• 11
  El mapa no incluye el programa de la Fundación Universitaria María Cano, reabierto en 2022, en Medellín.
• Cómo citar: Duarte-Cuervo, C. (2023). Conflicto armado, paz y terapia ocupacional en Colombia: recorridos y desafíos. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 31(spe), e3514. https://doi.org/10.1590/2526-8910.ctoAO273435143

• Fuente de Financiamiento

  El presente trabajo fue realizado con apoyo de la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamiento 001.

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Editado por

Editor invitado

Profa. Dra. Rosângela Gomes da Mota de Souza

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  10 Jul 2023
• Fecha del número
  2023

Histórico

• Recibido
  25 Ene 2023
• Revisado
  31 Ene 2023
• Acepto
  25 Abr 2023