Este artículo analiza las particularidades del "moderno" esquema de regulación de los servicios públicos de infraestructura, que se extendió a partir de los procesos de privatización del último cuarto del siglo XX. Diferenciándose de la arquitectura institucional vigente durante el período de prestación estatal (regulación "endógena"), los entes reguladores emergen como el elemento neurálgico de este nuevo esquema. Sin embargo, como se desprende de la experiencia argentina, estos organismos han sido dotados de ambiguas atribuciones regulatorias e inapropiados diseños institucionales, quedando trunca su capacidad real de regulación. A raíz de la difusa delimitación de misiones y funciones e - incluso - frente a las imprecisiones teóricas en la materia, este artículo precisa el alcance de la intervención de los distintos actores del sistema de prestación y regulación: empresas prestadoras, entes reguladores, poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo) y usuarios y consumidores. En este sentido, trabaja sobre los diseños institucionales más apropiados para que los entes desarrollen efectivas capacidades de regulación. El análisis se ejemplifica a partir de la experiencia privatizadora argentina - nacional y subnacional - en los servicios de agua potable y saneamiento y distribución de electricidad.
regulación; entes reguladores; servicios públicos; Argentina
