La ley de "matrimonio igualitario", votada en 2010 por el parlamento argentino, convirtió a este país en el primero de Latinoamérica en legalizar el matrimonio homosexual. Se trata de una victoria para un grupo históricamente discriminado por sus preferencias eróticas y hasta entonces ausente de la legislación. En este contexto, aparentemente auspicioso para la igualdad sexual, considero, sin embargo, que la nueva ley no se corresponde con el orden sexual que regula los cuerpos de las mujeres argentinas. En efecto, desde 1921 el Código Penal argentino tipifica al aborto como un "delito contra la vida" y, pese a ello, cada año unas cien mujeres mueren por abortos clandestinos. En base a esta situación, en este artículo analizaré el desfasaje que encuentro entre las políticas homosexuales y las políticas reproductivas de Argentina. A diferencia de Europa, donde los derechos reproductivos precedieron a las políticas homosexuales, en este país se ha operado lo inverso. Allí, el reconocimiento legal de las parejas de mismo sexo coincide con las medidas impulsadas por otras democracias, tendientes a alcanzar lo que algunos autores denominan ciudadanía sexual. Sin embargo, mientras la Argentina no reconozca el derecho a la interrupción gratuita y segura del embarazo, esta noción, que legitima la aplicabilidad universal de derechos sexuales, seguirá siendo problemática. Considero que sin el derecho a la libre disposición del propio cuerpo, el cual comprende la libertad sexual y el derecho a decidir sobre la gestación, en el actual contexto argentino la ley de matrimonio gay representa un episodio aislado.
Argentina; matrimonio homosexual; aborto; género; ciudadanía sexual