En la actual situación de violencia delincuencial, en Venezuela, lo relevante no es el incremento de las tasas sino el aumento de la letalidad de las agresiones. Lo cual se expresa en el aumento de los homicidios y de los robos a mano armada. Tal reforzamiento del contenido violento de la delincuencia se produce en un contexto en el cual el Estado muestra su mayor ineficiencia; tanto en lo atinente al aparato policial (incapacidad para atender las denuncias, procesarlas y capturar a los delincuentes), como al sistema judicial (lentitud y negligencia en la imposición de las penas). La impunidad propicia que la sociedad se llene de miedo y que la percepción del peligro condicione la vida cotidiana. El estado anímico provocado conduce a la privatización e informalización de la protección, a través de la utilización de diferentes estrategias, entre las cuales destacan el cierre de los espacios residenciales - amurallamiento -, la contratación de vigilantes y, en el caso extremo, la afiliación a organizaciones ilegales que ofrecen seguridad de personas y bienes. Estas modalidades de protección no pueden ser estudiadas dentro de la concepción clásica del control social; porque no están referidas a una política que toma la prevención en función del ejercicio de un control socializador, en el cual el individuo desviado es considerado como el objetivo principal de la intervención. Más bien, se refieren a la expectativa de la disminución del riesgo de que situaciones relacionadas con la violencia delincuencial afecten la vida privada. Al respecto, en el artículo se exponen tres enfoques que podrían facilitar la explicación del fenómeno y se ofrecen los resultados de una investigación relacionada con estas nuevas formas de control social.
control social; violencia; informalización, privatización del control social
