La transformación de España en país de inmigración ha tenido un considerable impacto social y demográfico. El Estado de bienestar se ha adaptado razonablemente bien a esta evolución de la población, proporcionando un alto grado de protección a las poblaciones de origen inmigrante asentadas en España. En el actual contexto de crisis económica y fiscal que atraviesan los países de la periferia sur de la zona Euro, las autoridades sanitarias españolas han adoptado una serie de medidas que amenazan con desvirtuar el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud como un sistema sanitario de carácter universalista. La exclusión de los inmigrantes indocumentados del ámbito de cobertura del sistema sanitario público constituye la más grave de dichas medidas. Sin que existan argumentos claros de naturaleza económica o sanitaria que justifiquen la adopción de dicha medida, cabe categorizarla como una iniciativa de carácter fundamentalmente político, destinada a enviar un mensaje de dureza ante el fenómeno migratorio. La compleja articulación de responsabilidades políticas y financieras en el ámbito sanitario ha supuesto una desigual aplicación de dicha medida, vetada en algunas regiones, implementada con celo en otras. El resultado es una situación extremadamente confusa por la que se amplían los márgenes para la discrecionalidad burocrática, así como para el surgimiento de desigualdades en salud en el seno de la sociedad española.
Política sanitaria; Inmigración; Universalidad; Descentralización