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Cadernos de Pesquisa

versão impressa ISSN 0100-1574versão On-line ISSN 1980-5314

Cad. Pesqui. vol.45 no.156 São Paulo abr./jun. 2015

http://dx.doi.org/10.1590/198053143134 

Tema Em Destaque

Representaciones sociales del pasado y rituales de justicia transicional en América Latina

Social representations of the past and transitional justice in Latin America

Representações sociais do passado e justiça transicional na América Latina

Maitane Arnoso Martínez 1  

Darío Páez Rovira 2  

Manuel Cárdenas 3  

Elena Zubieta 4  

Agustín Espinosa 5  

Marian Bilbao 6  

1 Profesora de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, Leioa, Bizkai, Espanha; maitane_arnoso@yahoo.es

2 Profesor de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, Leioa, Bizkai, Espanha; darioalexpaez@gmail.com

3 Profesor de la Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile; manuel.cardenas@uv.cl

4 Profesora de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina; Investigadora do Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - CONICET, Buenos Aires, Argentina; elenazubieta@hotmail.com

5Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú; agustin.espinosa.p@gmail.com

6Profesora de la Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile; bilbao.angeles@gmail.com

RESUMEN

La presente investigación exploró las opiniones de una muestra de la población de 5 países latinoamericanos (N= 4900) respecto a cómo abordar el pasado político referido a las violaciones de los derechos humanos. En general, se constata un amplio acuerdo en términos de la necesidad de recordar el pasado, siendo este acuerdo mayor en las víctimas y las personas de izquierda, quienes, además, manifiestan más necesidad de compartir socialmente sobre los hechos y quienes mejor valoran las medidas de justicia transicional implementadas. Aunque las disculpas son evaluadas de forma crítica en general, una visión más positiva de las disculpas se asoció con una mejor percepción del clima emocional. Mientras en Argentina y Paraguay la sinceridad y eficacia percibida en las disculpas son mayores entre las víctimas y las personas de izquierda, en el caso chileno la relación es inversa. Los resultados se discuten en el marco de las representaciones sociales del pasado.

Palabras-clave: Justicia; América Latina; Comisiones Verdad; Representaciones Sociales

ABSTRACT

This article analyzed 5 surveys conducted in Latin American countries (N = 4900) regarding how people perceive and cope with collective violence during dictatorship periods. There is general agreement on the need to remember the past, where victims of collective violence and the left-wing showed a more positive attitude, reporting the necessity of sharing the facts and having a more positive evaluation of measures of transitional justice. Even when official apologies show a critical perception, a positive view of them is associated with a better perception of the emotional climate. While the sincerity and perceived effectiveness of apologies are higher among victims and the left-wing in Argentina and Paraguay, in Chile the opposite is true. Results are discussed in the framework of social representations of the past.

Key words: Justice; Latin America; Truth Commissions; Social Representations.

RESUMO

Este artigo explorou as opiniões de uma amostra da população de cinco países latino-americanos (N= 4900) no tocante à forma de abordar o passado político relacionado às violações dos direitos humanos. Em geral, constata-se um amplo acordo quanto à necessidade de recordar o passado, sendo esse acordo maior entre as vítimas e as pessoas de esquerda, que, além disso, manifestam maior necessidade de compartilhar socialmente os fatos e são as que mais valorizam as medidas de justiça transicional implementadas. Embora as desculpas sejam avaliadas de forma crítica em geral, uma visão mais positiva das mesmas foi associada a uma melhor percepção do clima emocional. Enquanto na Argentina e no Paraguai a sinceridade e eficácia percebidas nas desculpas são maiores entre as vítimas e as pessoas de esquerda, no caso chileno a relação é inversa. Os resultados são discutidos no contexto das representações sociais do passado.

Palavras-Chave: Justiça; América Latina; Comissões da Verdade; Representações Sociais

Los periodos de la violencia colectiva en las representaciones sociales del pasado

La violencia colectiva ha mostrado tener un lugar central en las representaciones sociales del pasado en diversos contextos, configurándose como acontecimientos históricos centrales en la memoria colectiva de distintas naciones (ARNOSO; PÉREZ SALES; ARNOSO, 2012; PÁEZ; LIU, 2011; PENNEBAKER; PÁEZ; RIMÉ, 1997). Sin embargo, aunque ciertos hechos históricos son puntos de referencia para la comunidad, su representación suele integrar voces diversas que hacen presente la contradicción, la diferencia y la diversidad del pensamiento. Por ejemplo, en Argentina, a lo largo de los años se han construido diversos discursos acerca de las causas, responsables y las víctimas del periodo dictatorial (1976-1983). Por un lado, el discurso legitimador de la violencia ("Algo habrán hecho", como responsabilización de las víctimas y la dictadura, fue una respuesta al caos). Por otra parte, la teoría de los dos demonios, que responsabiliza por igual a la guerrilla y a las Fuerzas Armadas, esto es, la buena gente se halló entre dos minorías extremistas y sufrió la violencia. Asimismo, los organismos de derechos humanos han reivindicado históricamente una visión de la dictadura como genocidio político, señalando que lo que se quería era eliminar a los que luchaban por una sociedad mejor (ARNOSO; PÉREZ SALES; ARNOSO, 2012). Las diferentes representaciones del pasado suelen estar relacionadas con las posiciones ideológicas y niveles de afectación de la población. Por ejemplo, aunque tanto personas de derechas como de izquierdas mencionaban consensualmente a la Guerra Civil española como un hecho central de la historia, las de derechas minimizaban su importancia y gravedad (PÁEZ; LIU, 2011). Se ha encontrado que los perpetradores directos y vicarios tienden a amortiguar el conflicto ético que genera el uso de la violencia, atribuyendo la responsabilidad de esas acciones al otro grupo, descalificando a las víctimas y minimizando su sufrimiento (HEWSTONE; JASPARS; LALLJE, 1982; SABUCEDO; BLANCO; DE LA CORTE, 2003). Por ejemplo, según datos del Belgrad Center for Human Rights (2006) (en PÉREZ SALES, 2011), un 52% de serbios afirmaba no conocer ningún crimen de guerra cometido por sus tropas, sólo el 43% consideraba que la matanza de musulmanes en Srebrenica fue un Crimen de Guerra y un 50% se preguntaba si en realidad ésta se produjo (pese a las exhumaciones realizadas). En contraste, según este estudio, el 70% consideró crímenes de guerra las muertes de serbios en Kosovo o Croacia. En el contexto latinoamericano, un estudio realizado en Chile acerca de la memoria del Golpe de Estado mostró que, una década después de la vuelta de la democracia, aunque se encontraron consensos en relación al reconocimiento de los hechos, las diferencias ideológicas influían en qué y cómo se recordaba el pasado: mientras el 47.3% evaluaba los hechos como injustificados, la otra mitad le otorgaba alguna o mucha justificación, siendo las personas de derecha quienes más justificaban el golpe (MANZI et al., 2004).

La opinión de la población respecto a cómo abordar el pasado

De la misma manera que existe una pluralidad de representaciones acerca del pasado, las actitudes ante cómo abordarlo también difieren en los distintos grupos sociales, dependiendo, entre otras cuestiones, del nivel de exposición de la población a la violencia o la cercanía percibida con las víctimas, así como de la identificación ideológica con los distintos grupos enfrentados o sus representaciones sociales acerca del pasado (ARNOSO; PÉREZ SALES; ARNOSO, 2012; HEWSTONE; JASPARS; LALLJE, 1982; SABUCEDO; BLANCO; DE LA CORTE, 2003; MANZI et al., 2004). Dos elementos centrales del proceso de recuerdo social son: a) la actitud ante el pasado y b) el compartir o comunicarse sobre el pasado. En general las víctimas o las personas que se identifican con ellas ideológicamente tienen una actitud proclive a recordar y aprender del pasado, mientras los victimarios directos o vicarios sostienen una actitud de olvidar para no reabrir heridas. La responsabilidad en relación a los hechos parece disminuir la voluntad de conocer la verdad y apostar por políticas de olvido. Por ejemplo, en Ruanda, donde el genocidio implicó a gran parte de la población y dónde decenas de miles de personas están pendientes de juicio o habían sido sometidas a tribunales comunitarios (Gacaca), el 63% de la población creía que era mejor olvidar el pasado para poder seguir adelante (GABISIREGE; BABALOLA, 2001). En el Estado español, más de cuatro décadas después de que los hechos tuvieran lugar, la amenaza a que la verdad alterase la convivencia alcanzada en el periodo transicional (aun cuando hubiese sido lograda sobre las bases del olvido), asociada a la cercanía ideológica con los responsables de las masacres colectivas, se perfiló como variable fundamental para explicar las preferencias del olvido frente a la verdad y la investigación sobre el pasado represivo: en el 2006, el 28.3% de los españoles creía que lo mejor que se podía hacer en relación al 18 de julio de 1936 y la Guerra Civil era evitar hablar de lo ocurrido y no investigar sobre el tema, siendo fundamentalmente las personas de derechas y votantes del Partido Popular quienes en mayor medida lo creían (PÉREZ SALES, 2011). Quienes esgrimen posturas basadas en el olvido lo argumentan desde la posibilidad de reactualizar el dolor entre las víctimas al recordar los hechos y ello a menudo se asocia a un menor nivel de compartir socialmente sobre el periodo de la violencia (CÁRDENAS; PÁEZ; RIMÉ, 2013).

Medidas de justicia transicional para hacer frente a pasados políticos traumáticos

Uno de los constructos que nos ayudan a pensar sobre cómo hacer frente a pasados políticos traumáticos es el que se ha denominado justicia transicional,1 haciendo referencia a todos aquellos mecanismos que permiten, en un proceso democratizador, transitar de un período de violencia a uno de paz donde sea posible reparar a las víctimas y afrontar las violaciones de derechos humanos cometidas en dicho período. Entre estas medidas se encuentran: a) acciones de justicia procedimental, como las Comisiones de la Verdad, que basadas en el derecho a la verdad, velarán por el reconocimiento de las violaciones cometidas y aportarán pruebas documentales de lo sucedido; b) acciones de justicia retributiva, como los procesos de juicio y castigo a los responsables y colaboradores de las violaciones de los derechos humanos; c) acciones de justicia restaurativa, como las peticiones de perdón por parte de los responsables de la violencia y d) acciones de justicia distributiva, en referencia a programas de reparación y diversas reformas institucionales que los gobiernos utilizan para reconocer los daños sufridos y tomar medidas para abordarlos. Se estima que, en suma, estas medidas permiten avanzar en las garantías de que la violencia no vuelva a ocurrir y que las sociedades y/o los grupos puedan avanzar hacia la (re)-conciliación (GIBSON, 2004).

Desde la década de 1970, se han establecido más de una treintena de comisiones oficiales en el mundo (HAYNER, 2001; VAN DER MERWE; BAXTER; CHAMPAN, 2009). Apoyadas en el derecho a la verdad (justicia procedimental) se han configurado como mecanismos extrajudiciales, aunque en ocasiones también hayan constituido un trampolín hacia la justicia retributiva. Valoradas como proyectos fundacionales que marcan una ruptura simbólica y moral con el pasado, han tratado de establecer "un consenso acerca de lo intolerable" (ALLEN, 1999, p. 315). Estas entidades pueden generar importantes beneficios para las sociedades en transición, como la posibilidad de establecer la verdad sobre el pasado, determinar el paradero de las personas desaparecidas, señalar la responsabilidad de los perpetradores de violaciones a los derechos humanos, motivar las reparaciones económicas y simbólicas hacia las víctimas y hacia la sociedad en general, así como recomendar reformas legales e institucionales a corto, mediano y largo plazo. La verdad supone una forma de reconocimiento de los hechos que, a menudo, han podido ser cuestionados durante años por la historia oficial, negando con ello a las propias víctimas y acusándolas de mentir en sus testimonios. La verdad ayuda así a convertir la convicción personal o comunitaria en una verdad social que debe ser reconocida por todos, empezando por el Estado y los perpetradores de la violencia. Por otro lado, esclarecer lo sucedido puede ser muy importante de cara a catalizar un debate público que contribuya a generar una conciencia colectiva que rechace el recurso a la violencia como gestión de los conflictos sociopolíticos, así como para prevenir los ciclos de venganza y el resurgir de la violencia colectiva (BERISTAIN et al., 2010). Los informes emitidos por estas comisiones se convierten en una fuente para la educación en derechos humanos que protegen de la distorsión de la historia y pueden ser de utilidad para procesos posteriores (BERISTAIN, 2005). En ocasiones, sobre todo a partir de las experiencias de Sudáfrica, Perú o Sri Lanka, las comisiones han contado con sesiones o audiencias públicas. Al darle a las víctimas y a los sobrevivientes una oportunidad de contar su historia frente a una audiencia pública, una comisión puede admitir públicamente errores del pasado, fomentar el entendimiento general y la compasión hacia las víctimas; reducir la posibilidad de que ciertos sectores de la sociedad continúen negando la verdad y aumentar la transparencia de su trabajo al estimular un auténtico debate nacional sobre el pasado. Como podemos ver, la creación de una memoria colectiva inclusiva, una narración que integre en una historia nacional común lo ocurrido, sugiere que las comisiones juegan un papel relevante en la creación de representaciones sociales hegemónicas que refuercen la cohesión social.

A pesar de que los objetivos de estos procesos son claramente instrumentales, los rituales de la justicia transicional comparten varios aspectos simbólicos que pueden inducir intensas reacciones emocionales y suponer un alto costo emocional para las víctimas (BROUNÉUS, 2008; KAMINER et al., 2001; HAMBER, 2007; RIMÉ et al., 2011), especialmente cuando estas expresiones no van acompañadas de la certidumbre sobre la aplicación de justicia. En un sentido más positivo, también se ha encontrado que, pese al coste emocional de las declaraciones, las víctimas también pueden experimentar orgullo, alivio y la sensación de realización por haber tenido la oportunidad de expresar públicamente y oficialmente su experiencia (KANYANGARA et al, 2007; KANYANGARA, 2008). A nivel macrosocial, existen algunos indicadores de cómo las sociedades que han enfrentado la violencia a través de rituales de justicia transicional han avanzando hacia la cohesión social, han mostrado solidaridad y empatía para con los afectados e incluso han podido desarrollar una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos (PÉREZ SALES; VÀZQUEZ; ARNOSO, 2009; BERISTAIN et al., 2010). Se ha detectado que en los países en que se han desarrollado CV y cuyo trabajo es valorado positivamente por la población, existe una mejora en la situación política (SIKKINK; BOOTH-WALLING, 2007) y una mayor valoración de los derechos humanos (PÉREZ SALES; VÁZQUEZ; ARNOSO, 2009; BERISTAIN et al., 2010), así como mayores niveles de confianza institucional (BAR-TAL, 2011; CÁRDENAS; PÁEZ; RIMÉ, 2013).

Además, en la actualidad estamos asistiendo a una época en la que numerosos grupos han admitido y mostrado arrepentimiento por comportamientos negativos en el pasado. Algunos de estos principios intergrupales parecen haber sido comprendidos por diversos agentes en distintos países (KADIMA KADIANGANDU et al., 2007; MULLET et al., 2011) y, a veces, por algunos gobiernos (BARKAN, 2000). Uno de los ejemplos más conmovedores de arrepentimiento público en la historia reciente es el del canciller alemán Brandt, quien durante su estancia en Varsovia en diciembre de 1970, visitó el memorial de la insurrección del gueto de Varsovia de 1943 y se arrodilló ante el monumento, expresando arrepentimiento por los crímenes nazis contra los judíos. A pesar de las críticas recibidas, el gesto público de arrepentimiento abrió el camino a la reconciliación entre los judíos y polacos y la población alemana (MULLET et al., 2011).

Por lo general, las disculpas suelen ser bienvenidas, aunque también pueden ser criticadas como limitadas, tardías o poco sinceras (CAIRNS et al., 2005; STAUB, 2005). Investigaciones recientes en Irlanda del Norte muestran que las experiencias de victimización disminuyen la disposición al perdón, siendo las personas que no se consideran víctimas las que más acuerdo muestran respecto del perdón intergrupal (MATE, 2008). En Argentina (ARNOSO, 2012), también se encontró que los familiares de personas desaparecidas y quienes habían sobrevivido a las cárceles y centros clandestinos de detención, creían en menor medida que la reconciliación fuese un escenario deseable y estaban menos dispuestos que la población general a perdonar a los responsables de los abusos, sobre todo en un contexto de persistencia de la impunidad. En otros estudios se ha constatado igualmente que las víctimas directas se muestran reacias a perdonar, ya que consideran que perdonar supone traicionar la lealtad que le deben a su grupo y además esto ayuda a justificar retrospectivamente la acción de los victimarios (MANZI; GONZÁLEZ, 2007). Estudios realizados en Sudáfrica, por su parte, mostraron que el escuchar las disculpas de los victimarios reforzaba el perdón y la reconciliación sólo entre las personas no afectadas directamente por la violencia colectiva (BRONEUS, 2008).

Payne (2009), quien analizó los testimonios de grandes violadores de los derechos humanos en Argentina, Chile, Brasil y Sudáfrica concluyó que, frente a quienes otorgan una virtud terapéutica y pacificadora a las confesiones de los victimarios, estos pueden incluso provocar un aumento de la polarización social, puesto que los testimonios no suelen ser en sí mismos la verdad de lo ocurrido, sino que pueden responder a versiones interesadas que ocultan ciertos aspectos y redimensionan otros, buscan justificar las atrocidades o minimizar su impacto. Incluso las versiones que pretenden ser más honestas, aquellas de los arrepentidos, no escapan de esas limitaciones. Así, las confesiones de los victimarios no cierran el debate sobre lo ocurrido, ni generan consenso, ni tranquilizan a las víctimas o a sus familias. Usualmente sucede todo lo contrario: provocan discusiones intensas, muchas veces muy acaloradas, entre visiones muy opuestas.

Para que las acciones restaurativas sean eficaces existe al menos una serie de requisitos (PÁEZ, 2010): las disculpas deben percibirse como sinceras y no como meras justificaciones o excusas para evitar el castigo (STAUB, 2005) o porque disculparse podría ser recompensado (PHILPOT; HORNSEY, 2008). Además, quienes las piden deben ser representativos y contar con el apoyo mayoritario del grupo responsable de los agravios (KADIMA KADIANGANDU et al., 2007). Igualmente, si se quiere avanzar hacia la reconciliación, son necesarias acciones de justicia distributiva o de compensación de las víctimas: acciones materiales y/o simbólicas que complementen a las disculpas. Es decir, las acciones de reparación deben asociarse a dichas peticiones de perdón (GIBSON, 2004). Finalmente, las disculpas se deben hacer oficialmente, en actos públicos, en lugares con carga simbólica, por representantes reconocidos del grupo perpetrador y delante de representantes legítimos de las víctimas (MULLET et al., 2011).

Un paso hacia una reconciliación más amplia implica también una actitud proclive a recordar y aprender del pasado. La creación de una memoria colectiva compartida es otro aspecto importante, como la narración de la CVR de Sudáfrica que planteaba que el apartheid era un régimen criminal, que sus defensores no tenían razones legítimas para hacerlo, y que ambos bandos habían cometido graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto (GIBSON, 2004). El acuerdo con esta narración se asociaba a la reconciliación.

Medidas de Justicia Transicional en el Cono Sur

En América Latina, para hacer frente a las violaciones sucedidas durante las distintas dictaduras militares o periodos de conflicto armado, se han empleado distintas medidas. La siguiente tabla resume las medidas más relevantes implementadas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú. Argentina es el país donde más medidas de tipo retributivo se han implementado y un camino similar ha seguido Chile, aunque no en todos los países se han llevado a cabo tantos procesamientos penales. Las Comisiones de Verdad sí han sido implementadas en todos ellos, mientras que en el caso peruano no se han producido peticiones públicas de perdón o disculpas oficiales.

Tabla 1: Resumen Medidas de Justicia Transicional en el Cono Sur* 

Objetivos de esta investigación

La presente investigación se propuso, a partir de plantear al pasado como objeto de representación social, explorar los consensos y disensos de la población latinoamericana respecto a cómo abordar la historia de violaciones a los derechos humanos, el grado de necesidad de hablar sobre dicho periodo y el nivel de compartir socialmente, así como el conocimiento y la eficacia percibida hacia las distintas medidas transicionales implementadas, incluyendo la sinceridad y eficacia de disculpas oficiales en aquellos países en los que las hubieron. Además, se pretendió indagar en el impacto emocional de dichas medidas y su relación con el clima de confianza y solidaridad percibido por la población. Se analizaron los datos teniendo en cuenta el país, el nivel de exposición a la violencia y la ideología de los participantes.

Método

Muestra

Los participantes de esta investigación (N=4900) pertenecían a 5 países de América Latina. El 26.1% de las encuestas se realizaron en Chile, el 24.5% en Perú, el 24.3% en Paraguay, el 14.5% en Uruguay y el 10.6% en Argentina. El 52.5% fueron mujeres y el 47.5% hombres. La edad media es de 38.50 años (SD.= 15.51) con una edad mínima de 18 y una máxima de 90 años.

En lo que se refiere al nivel de exposición a la violencia, poco más de un 40% de la muestra de participantes se identificó como víctima (directa o indirecta) de la represión o como persona no afectada por la violencia; de este grupo, un 40,6% era víctima y un 59,4% no lo era. Entre las víctimas: 38,1% (305 participantes) de Chile, 24,6% de Perú, 30,5% de Paraguay, 5,1% de Uruguay y 5,7% (46 participantes) de Argentina.

Instrumento y variables

Para medir la predisposición a revisar el pasado se incluyó un ítem que interroga sobre el acuerdo con revisar el pasado para aprender de éste y evitar volver a repetir los errores, en una escala tipo Likert de 4 puntos que van desde 1 ("Totalmente en desacuerdo") hasta 4 ("Totalmente de acuerdo"). Para este articulo, se agruparon las puntuaciones con el fin de poder extraer porcentajes de desacuerdo (1 y 2) y acuerdo (3-4). Además, se realizó una pregunta específica sobre la necesidad de compartir socialmente sobre el pasado y en qué medida se había compartido con otros (familia, amistades, etc.) sobre la comisión y el periodo de la violencia, en una escala de 4 puntos que van desde 1 ("Nada") hasta 4 ("Mucho"). Del mismo modo, a fines de este escrito, se agruparon las puntuaciones con el fin de poder extraer porcentajes "negativos" (1 y 2) y "positivos" (3-4).

Con el propósito de explorar acerca del trabajo realizado por las Comisiones se preguntó si conocían el informe (formato de respuesta dicotómico SI/NO), así como su percepción de la contribución social de las comisiones en relación a: a) la construcción de una historia común; b) a la búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido a las víctimas; c) hacer justicia castigando a los responsables y d) conjurando la irrupción de la violencia de modo que ésta no vuelva a repetirse en el futuro (α=.87). Estas preguntas referidas a la contribución de las Comisiones se presentaron con formato de respuesta de escala tipo Likert con cuatro opciones de respuesta que van desde 1 ("Totalmente en desacuerdo") hasta 4 ("Totalmente de acuerdo"), recodificadas nuevamente en "acuerdo" (3 y 4) y "desacuerdo" (1 y 2) para esta presentación.

Para medir el acuerdo con las disculpas públicas ofrecidas a las víctimas, se incluyeron tres ítems. El primero explora la sinceridad percibida en las disculpas emitidas por los Estados. Los dos siguientes indagan en la contribución social de las disculpas en relación a mejorar la confianza institucional y comprender el sufrimiento de las víctimas (α=.83). Todas ellas en formatos de respuesta tipo Likert con cuatro opciones de respuesta que van desde 1 ("Totalmente en desacuerdo") hasta 4 ("Totalmente de acuerdo"). La escala fue recodificada en desacuerdo (1 y 2) y acuerdo (3 y 4). Además, se añadió una pregunta que consultaba acerca de la creencia de que las víctimas puedan perdonar a los victimarios. Los valores para las respuesta iban desde 1 ("Nada") hasta 5 ("Mucho"). El acuerdo con la posibilidad del perdón se determinó para aquellas personas que puntuaron 4 y 5.

El impacto emocional negativo incluyó un listado de cinco emociones (ira, culpa, tristeza, vergüenza y miedo) que la población siente en relación al contenido de los informes y el periodo de la violencia (α=.74) (ETXEBERRIA; PÁEZ, 1989). Los valores para las respuesta iban desde 1 ("Nada") hasta 7 ("Mucho"). La presencia de estas emociones se determinó para aquellas personas que puntuaron por encima de la media teórica (4-7).

El clima socioemocional fue consultado a partir de dos ítems que preguntaban acerca la percepción de confianza en las instituciones y percepción de solidaridad y ayuda mutua en el país (α=.55). Los valores para las respuesta iban desde 1 ("Nada") hasta 5 ("Mucho"). La presencia de un clima de solidaridad y confianza se determinó para aquellas personas que puntuaron 4 y 5.

Entre las variables independientes se incluyeron variables de tipo sociodemográfico tales como la edad (número de años que ha cumplido la persona al momento de responder la encuesta), auto ubicación ideológica (variable categórica de siete niveles que van desde extrema izquierda hasta extrema derecha) y nivel de exposición a la violencia (no afectada vs. víctima). La auto-ubicación en la escala ideológica fue codificada en tres niveles: izquierda (1-3), centro (4) y derecha (5-7).

Análisis de datos

Se realizaron análisis descriptivos y correlacionales. A fin de facilitar una lectura fluida de los datos, se presentan los resultados a través de diferencias porcentuales en función del país, el grado de exposición a la violencia de las participantes y de su auto ubicación en la escala ideológica. El análisis de fiabilidad de las escalas se calculó mediante el coeficiente Alpha de Cronbach.

Resultados

Necesidad de abordar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado

El presente estudio reveló que, en general, la población latinoamericana acuerda mayoritariamente (83.7%) con la necesidad de aprender de los errores que se cometieron en el pasado a fin de evitar que se cometan los mismos errores nuevamente: Argentina (92.1%), Chile (85.9%), Perú (91.03%) y Paraguay (92.3%) muestran un acuerdo mayoritario, siendo la población uruguaya la que se encuentra más dividida a este respecto: un 58.2% no cree necesario revisar el pasado para aprender de los errores (χ²(4)= 928.42; p < .001; phi= .44). Recordar en este sentido la Ley Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado dictada en Uruguay en 1986, sometida y mantenida por un referéndum favorable en 1989 y rechazadas sus reformas en el plebiscito de 2009.2

En general, las víctimas (77% vs. 60% población no afectada) son quienes más acuerdan con revisar el pasado (χ²(1)= 19.04; p < .001; phi= .06). Es decir, aunque se trate del colectivo que a primera vista más temor podría tener a reactualizar el dolor generado por la violencia, son quienes en mayor medida rechazan que ello deba suponer un aval para las políticas basadas en el olvido. Atendiendo a la ideología política, el desacuerdo con revisar el pasado es mayor entre las personas que se definen en la derecha ideológica (43.66%) (χ²(2)= 109.44; p < .001; phi= .16). Aunque estas tendencias son en general comunes en los diversos contextos, las diferencias se encuentran principalmente en Chile, Argentina y Paraguay, mientras que en el caso uruguayo y peruano las diferencias no son significativas en función de la ideología o la exposición a la violencia.

Por otro lado, y pese al acuerdo acerca de la necesidad de revisar el pasado, el estudio encontró que es una minoría la que expresa tener necesidad de hablar de ese periodo (35.8%) y menos aún los que han compartido socialmente sobre el trabajo realizado por las comisiones (13%). Es decir, a la sociedad en general le parece bien como "principio" aprender del pasado, aunque luego ello no se transforme en un compartir familiar o comunitario. Analizando las diferencias por países, se encontraron diferencias significativas tanto en la necesidad de compartir (χ²(4)= 620.10; p < .001; phi= .36) como en el nivel de reparto social sobre el tema (χ²(4)= 812.84; p < .001; phi= .44). La necesidad de hablar es significativamente mayor entre la población paraguaya (53%), quien además es la que, comparativamente con el resto de los países, más ha hablado del trabajo realizado por la CVJ (37.02%). Es necesario contemplar que la población expuesta a la violencia en Paraguay es alta y muy concentrada en el interior del país, donde la mayoría de la población fue víctima de la violencia, ya fuera de forma directa o indirecta. A la inversa, es la población uruguaya la que expresa menos necesidad de hablar del pasado (12.4%) y la que menos ha compartido sobre el trabajo realizado. Es decir, la población uruguaya, y coherentemente con los datos respecto a las actitudes hacia el pasado, es la que en mayor medida sostiene discursos más cercanos al borrón y cuenta nueva. Los datos de la población peruana son más cercanos a lo hallado en Uruguay (un 15.2% de los/as peruanos/as necesitan hablar del pasado y sólo un 2.23% lo ha hecho), mientras que la población argentina y chilena tendría un comportamiento social más similar al paraguayo (un 45.3% de los chilenos y un 49.8% de los argentinos manifiestan necesidad de hablar del pasado) aunque el compartir social acerca del trabajo de las comisiones es significativamente menor (7.13% en el caso de la población chilena y 10.53% en el caso de la población argentina respecto a haber hablado del trabajo realizado por las comisiones).

Analizando los datos en función del nivel de exposición a la violencia, se observa que las víctimas expresan una mayor necesidad de hablar del periodo de la violencia en comparación con las personas no afectadas (57.5% vs. 20.9%) (χ²(1)= 671.98; p < .001; phi= .37), aunque sólo un 29.7% manifiesta haber compartido socialmente respecto del pasado y del trabajo de las comisiones (y solamente un 2.55% de la población no afectada) (χ²(1)= 657.85; p < .001; phi= .39). Esta tendencia es significativa en todos los países. Es decir, aunque las víctimas tengan esa necesidad, no siempre se encuentran con una sociedad dispuesta a compartir sobre ese periodo.

Igualmente, se encuentra que la necesidad de hablar (χ²(2)= 258.93; p < .001; phi=.25) y el compartir social (χ²(2)= 284.20; p < .001; phi= .39) son significativamente mayores entre la población que se define a la izquierda del espectro ideológico (el 51.8% expresó la necesidad de hablar y un 25.72% lo hizo) y minoritaria entre la población de derechas (el 21.7% expresó la necesidad de hablar y un 2.11% lo hizo). Esto es coherente con la idea de que quienes han sido partícipes de la violencia y sobre los que puede recaer cierta responsabilidad, tendrán una mayor necesidad de silenciar dicho pasado que ponga en peligro una identidad positiva para el grupo. Estas tendencias son significativas en Chile, Argentina y Paraguay, mientras que las diferencias ideológicas no son relevantes ni en Perú ni en Uruguay.

Concluyendo, predomina una actitud de apertura simbólica ante el pasado, aunque no se concrete en comunicación social intensa sobre éste. Las victimas y las personas cercanas ideológicamente a ellas son quienes, en general, sostienen en mayor medida esta actitud y comportamiento.

Conocimiento y eficacia del trabajo realizado por las Comisiones de la Verdad

Los datos de este estudio revelan que un porcentaje importante de la población desconoce el trabajo realizado por las comisiones (41.9%). El conocimiento es mayoritario en Argentina (90.1%) y Uruguay (91%), sobre todo si se lo compara con el conocimiento que tiene la población peruana (48.1%), chilena (48.9%) o paraguaya (45.4%) (χ²(4)= 689.64; p < .001; phi= .38) Asimismo, se observa que el conocimiento es mayor entre las víctimas (67.3% vs. 51.9% la no afectada) (χ²(1)= 114.03; p < .001; phi= .15) y entre las personas con una ideología principalmente de izquierdas (73.1% vs. el 41.09% de las personas de derechas) (χ²(2)= 303.02; p < .001; phi= .27). Esta tendencia, en función del nivel de exposición a la violencia o la ideología de los participantes, se mantiene en todos los países, a excepción de Perú, donde la relación entre conocer el informe y la autoubicación ideológica de los participantes no es significativa. Hay que destacar que el nivel de información sobre las comisiones es bajo y las discusiones grupales cualitativas indican que se trataba de un conocimiento genérico: conocer quería decir que se sabía que existía la comisión y se "había visto" el informe de ella, no que se tuviera información extensa y elaborada.

En relación a la eficacia de estas comisiones, sólo el 46.29% las valora como eficaces, aunque en Argentina (88.43%) y Paraguay (65.57%) la percepción de eficacia es mayoritaria. Chile (32.2%), Uruguay (37.1%) y Perú (16.4%) son los países donde su eficacia está socialmente más discutida (χ²(4)= 723.73; p < .001; phi= .50). Las personas de izquierda son las que más eficaces perciben las comisiones (53.2%), mientras que el 65.4% de las personas que se definen a la derecha en el espectro ideológico rechaza su eficacia (χ²(2)= 51.73; p < .001; phi= .14). En una línea similar, la población afectada (53.07%) hace una mejor valoración de eficacia que aquella no expuesta a la violencia (sólo el 40.3% de la población no afectada valora eficazmente el trabajo realizado) (χ²(1)= 53.76; p < .001; phi= .14). Estas tendencias son comunes en todos los países, a excepción de Perú, donde no existen diferencias en función de la afectación o la ideología de los participantes.

Asimismo, explorando uno a uno los aspectos en los que las Comisiones han mostrado mayor contribución social, se destaca su funcionalidad para ayudar a que los familiares tuvieran información de lo ocurrido con sus seres queridos (51.9%) y menos de la mitad de la población considera que han ayudado a avanzar en la justicia (45.1%), a que las violaciones no vuelvan a repetirse en el futuro (44%) o a consolidar una historia compartida sobre el pasado (43.2%). Como se puede ver, la creación de una memoria colectiva inclusiva, una narración que integre en una historia nacional común lo ocurrido, es el objetivo peor evaluado, sugiriendo que la comisiones jugaron un papel limitado en la creación de representaciones sociales hegemónicas que refuercen la cohesión social. En su conjunto, se puede decir que las representaciones sociales sobre el futuro parecen pesar más que las sobre el pasado.

Sinceridad y eficacia percibida en las disculpas ofrecidas

Las opiniones de la población latinoamericana hacia las disculpas ofrecidas por agentes del Estado en relación al pasado violento están muy divididas (sólo un 50.01% las valora como sinceras). Las disculpas más sinceramente percibidas son las uruguayas (84.49%), seguidas de las paraguayas (57.39%), las argentinas (47.78%) y finalmente las chilenas (24.07%), donde sólo una minoría las evalúa como tal (χ²(3)= 695.87; p < .001; phi= .44). No hubo peticiones de perdón en Perú. En cuanto a la eficacia percibida en las disculpas (sirvieron para ayudar a la sociedad a comprender el sufrimiento de los grupos afectados y mejorar la relación o promover la confianza entre los diferentes grupos en conflicto), sólo una minoría de la población las evalúa eficaces (25.39%) y son particularmente así evaluadas en Paraguay (42.77%) y Argentina (22.22%) en comparación con la evaluación que reciben en Uruguay (16%) y Chile (15.29%) (χ²(3)= 253.25; p < .001; phi= .28).

Teniendo en cuenta la identificación ideológica de las participantes, tanto en el caso argentino3 como en el paraguayo,4 las personas de izquierda valoran como más sinceras y eficaces las disculpas emitidas. Esta tendencia se invierte en el caso chileno: la mayor percepción de sinceridad (38.2% vs. 17.9%) (χ²(2)= 35.08; p < .001; phi= .17) y eficacia (21.6% vs. 10.6%) (χ²(1)= 20.27; p < .001; phi= .14) se da entre las personas que se identifican en la derecha del espectro ideológico No hay diferencias en el caso uruguayo.

En cuanto al nivel de exposición a la violencia, mientras que en Argentina5 y Paraguay6 las víctimas evalúan las disculpas como más sinceras y eficaces que la población no afectada, en Chile la tendencia es inversa: son las víctimas quienes menos sinceras (19.2% vs. 30.8%) (χ²(1)= 21.95; p < .001; phi= .13) y menos eficaces (10.7% vs. 21.8%) (χ²(1)= 25.33; p < .001; phi= .15) evalúan las disculpas. No hay diferencias en el caso uruguayo.

Finalmente, hay que señalar que la mayoría de las personas encuestadas en todos los países (77%), no cree que las víctimas puedan perdonar a los victimarios. En este contexto, la reconciliación implica más bien una coexistencia que no integra un perdón social en ella. Se trataría de una reconciliación más bien de tipo instrumental con pocos elemento socioemocionales.

Impacto emocional de las medidas procedimentales como rituales colectivos

El impacto emocional generado por las Comisiones es más bien bajo. Sólo el 14.23% de los participantes hace alusión a emociones negativas asociadas a estas medidas. Las diferencias en los distintos países revelan un mayor impacto emocional negativo en Paraguay (32.02%) que el generado en Chile (13.22%), Argentina (9.49%), Uruguay (12.24%) o Perú (0.81%) (χ²(4)= 477.93; p < .001; phi= .41). Las víctimas son quienes más acusan este impacto emocional en comparación con la población no afectada (23.7% vs. 8%) (χ²(1)= 140.61; p < .001; phi= .22), de forma significativa en el contexto chileno y paraguayo. Teniendo en cuenta la adscripción ideológica, se encuentra que las personas de izquierda exhiben un mayor impacto emocional negativo (25%) en comparación con las personas de derechas (5.9%) (χ²(2)= 183.09; p < .001; phi= .27). Por otro lado, quienes más conocimiento tienen del trabajo realizado por las comisiones, más eficaz perciben su trabajo (r(4059)= .28, p < .001) y muestran un mayor impacto emocional negativo (r(4332)= .27, p < .001). Estos datos son coincidentes con los estudios que previenen acerca del costo emocional de estos rituales para la población afectada.

En relación al clima emocional percibido, son la población chilena (24.1%) y la argentina (13.8%) quienes en mayor medida lo evalúan como de solidaridad y confianza, en comparación con la población uruguaya (8.7%), paraguaya (6.6%) y especialmente la peruana (2.7%) (χ²(4)= 392.02; p < .001; phi= .35). Además, mostrando la importancia del contexto sociopolítico, mientras en Chile7 son las personas no afectadas y ubicadas más a la derecha quienes más favorable perciben el clima; en Argentina,8 la tendencia es inversa: son las víctimas y las personas de izquierda quienes perciben en mayor medida un clima de solidaridad y confianza, probablemente porque el partido en el gobierno en este caso es percibido más afín a las víctimas.

Los análisis correlacionales realizados en este estudio muestran que una mayor sinceridad y eficacia percibidas en las disculpas se asociaban a un mejor clima emocional a nivel social (r(3547) = .42, p < .001), de la misma manera que la eficacia en las comisiones se relaciona con mayor confianza y solidaridad percibidas (r(3999) = .36, p < .001). Es decir, pese a la visión más bien crítica de las disculpas, tanto la eficacia percibida en éstas como en las comisiones de la verdad juegan un claro papel como rituales que recomponen la cohesión social.

Conclusiones

Las medidas implementadas en América Latina para hacer frente a las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante las dictaduras militares o periodos de conflicto armado constituyen ejemplos transicionales para otros contextos donde aún no se han abordado procesos similares ni se han tomado acciones al respecto. Con mayor o menor nivel de profundidad y difusión comunitaria, se han ejecutado medidas principalmente procedimentales, ancladas en el derecho a la verdad, a fin de realizar un reconocimiento social de las atrocidades cometidas en los periodos señalados. Aun cuando no en todos los contextos se hayan acompañado de medidas penales o restaurativas, suponen, sin lugar a dudas, una contribución en los procesos democratizadores.

Sin embargo, pese a su gran valor social, y a pesar de que la mayoría de la población tiene opiniones favorables a revisar el pasado, un gran porcentaje de la población desconoce su existencia. Además, la información al respecto de las comisiones se trata más bien de un conocimiento icónico; es decir, se conoce el símbolo aunque no haya mucha información semántica sobre él. El conocimiento sobre las comisiones es mayor entre victimas y en países donde las medidas de reparación y restauración fueron más marcadas. Argentina es el país latinoamericano donde la población más conoce las medidas implementadas y más eficaces ellas son evaluadas por la población, seguramente porque Argentina es el país donde más juicios se han celebrado, más reparaciones se han extendido y mayor trabajo por la memoria han hecho las instituciones en términos de políticas públicas de derechos humanos.

A la inversa, Perú es el país donde más ineficaz se percibe el trabajo realizado por la Comisión, seguramente asociado a la acogida ambivalente en la opinión pública que la CVR tuvo durante su mandato y posterior entrega del informe que elaboró (GOP, 2003; SULMONT, 2007), así como a un tema de expectativas insatisfechas sobre la posibilidad de que, tras el trabajo de la CVR, hubiese decisiones vinculantes que mejoraran las reparaciones y ayudaran a hacer justicia (CARBONELL, 2003). A pesar de esto, la gente que conoce y está expuesta a la información sobre la CVR peruana, si mantiene distancia de la violencia, reporta actitudes más favorables y una opinión más positiva sobre su rol en la sociedad.

En cualquier caso, parece que las Comisiones no han logrado construir un relato común o una memoria inclusiva sobre el periodo de la violencia, a excepción de Argentina o Paraguay, donde en general la población sí acuerda con el logro de este objetivo. Tampoco pareciera que la sociedad perciba que hayan ayudado evitar que la violencia vuelva a repetirse en el futuro, especialmente en Perú. Las personas de izquierda y la población afectada hacen una mejor valoración de la eficacia de estas medidas procedimentales, aunque en cualquier caso, la eficacia arroja puntuaciones medias bajas. La creación de una memoria colectiva inclusiva, una narración que integre en una historia nacional común lo ocurrido, fue el objetivo peor evaluado, sugiriendo que la comisiones jugaron un papel limitado de crear representaciones sociales hegemónicas que refuercen la cohesión social. En conjunto, podemos decir que las representaciones sociales sobre el futuro parecen pesar más que las sobre el pasado.

Otro elemento importante de las representaciones sociales es su carácter comunicacional o que se comparten socialmente y su carga emocional -las representaciones colectivas centrales tienen una fuerte presencia en el discurso social y una carga simbólica y afectiva. Los hallazgos muestran que en todos los países, son las víctimas y las personas identificadas en la izquierda del espectro ideológico quienes más necesidad expresan de compartir socialmente sobre los hechos de la violencia, a la vez que reportan mayor activación emocional, aunque de nivel medio. El estudio verifica que el impacto emocional generado por las comisiones es más bien bajo, (emociones de ira, vergüenza, tristeza, etc.), aunque las víctimas son quienes más lo acusan. Por otro lado, los afectados manifiestan no siempre haber podido compartir socialmente como lo hubieran deseado, seguramente porque a menudo no se encuentran con una sociedad dispuesta a compartir sobre ese periodo. Estos resultados son coherentes con estudios anteriores que refieren que las víctimas movilizan mayor afrontamiento de aproximación respecto de los hechos, como en el caso español donde, a mayor cercanía a la Guerra civil, había un mayor compartir social sobre la misma (PÁEZ; BASABE, 1999; VALENCIA; PÁEZ, 1999). Es la población paraguaya quien expresa mayor necesidad de hablar sobre dicho periodo (principalmente en aquellas zonas más represaliadas), mientras que esta necesidad desciende notablemente entre los uruguayos, coherentemente con los datos respecto a las actitudes hacia el pasado, que son quienes en mayor medida sostienen discursos más cercanos al borrón y cuenta nueva, asociados a las medidas legales que se han ido aprobando en el país con respaldo de la opinión pública.

En relación a la sinceridad y eficacia percibida en las disculpas, Uruguay es donde mayor sinceridad se revela, seguramente condicionado porque fue el presidente Mujica quien las emitió y éste parece ser uno de los políticos mejor valorados en cuanto a su sinceridad y transparencia; aunque el hecho de que las disculpas no provengan de los agentes responsables de la violencia, puede ser un factor relevante en la explicación a su falta de eficacia. En este sentido, es preciso recordar que para que sean eficaces, quienes expresan las disculpas deben ser representativos y contar con el apoyo mayoritario del grupo responsable de los agravios (KADIMA KADIANGANDU et al., 2007) y si estos requisitos no se producen, es lógico que no cumplan un efecto positivo entre la población. Tanto en el caso argentino como en el paraguayo, la eficacia percibida de las disculpas es mayor entre las víctimas y las personas de izquierda, lo que indica que, al menos en estos contextos, aunque poco eficaces, sí son necesarias para los colectivos represaliados y pueden desarrollar cierto papel motor en la percepción global de eficacia del trabajo realizado por las comisiones, así como en la percepción de un mejor clima emocional a nivel social, lo que confirma que estos procesos están relacionados con la reconciliación entre los grupos (CEHAJIC, BROWN; CASTAÑO, 2008). Ser víctima o ser afectado por la violencia en los países donde los gobiernos tienen agendas más favorables hacia las víctimas se asocia a un mejor clima emocional. Esto sugiere que si bien la violencia tiene un impacto a largo plazo, tanto las acciones y rituales de reparación como las comisiones y las disculpas oficiales, como contextos sociopolíticos más "amigables", permiten superar "el peso del pasado".

En términos generales, las diferentes muestras creen que las CVR han contribuido a conocer la verdad sobre lo ocurrido, lo que puede estar contribuyendo a objetivar una determinada representación social sobre el pasado. La objetivación alude al proceso mediante el cual aquello que es desconocido se transforma en algo familiar. Estamos hablando de un proceso mediante el cual los discursos sobre el pasado van permeando el imaginario tanto de las personas que vivieron como de aquellas que no vivieron directamente los conflictos. En dicho proceso esas nuevas interpretaciones del pasado, a las que han contribuido decididamente las CVR, se van anclando en sistemas de creencias previamente establecidos. Lo anterior ha obligado a que incluso personas de ideologías distintas coincidan en lo inaceptable que resultan en el presente los actos referidos a violaciones de Derechos Humanos, pero desplazando el foco desde la verdad/falsedad de dichas violaciones a la necesidad de buscar contextos de justificación de las mismas. De allí la importancia que las personas de derecha o vinculadas simbólicamente a los perpetradores de la violencia atribuyen a la necesidad de una historia más comprehensiva del pasado, así como su visión de que las CVR han servido demasiado a la justicia y escasamente a construir una verdad completa sobre el pasado. En cualquier caso, nadie estaría dispuesto a afirmar hoy -como hasta hace pocos años- la validez de los métodos empleados.

Lo anterior nos habla de un cambio en las representaciones sobre los DDHH, sobre los medios legítimos para dirimir las disputas políticas, así como sobre la fragilidad percibida de contextos institucionales heredados de las dictaduras latinoamericanas y que se basan en la impunidad y el olvido. Sabemos que las representaciones sociales de la historia y de los grupos que realizan su acción en dicho campo tienen efectos pragmáticos, en tanto orientadoras de la conducta de los individuos y grupos; no resulta extraño que la violencia como método y el repudio de quienes la utilizaron, el rechazo de las democracias pactadas y la desconfianza institucional sean cuestiones que resuenan al analizar los resultados de estos estudios. De allí justamente la importancia de las CVR en tanto estrategias relevantes para avanzar tanto en el conocimiento de la verdad como en el término de la impunidad institucionalizada. El conflicto de interpretaciones sobre el pasado esté derivando en un lenguaje compartido de rechazo de la violencia que si bien permite restituir en parte a las víctimas, nos permite constatar que los efectos más relevantes de las mismas no coinciden necesariamente con sus intereses. Las CVR son mecanismos que sirven a los países para asegurar la posibilidad de no recaer en la violencia, aun cuando buena parte de dichos efectos no reviertan positiva y directamente sobre las víctimas de la violencia.

Finalmente, se puede concluir que las CVR son mecanismos sumamente eficaces para avanzar en la creación de representaciones sociales sobre el pasado reciente, que ciertamente serán moldeadas de diferente forma según sea el fondo ideológico donde los diferentes grupos anclen esas representaciones.

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1Aunque la literatura acuña el concepto de justicia transicional, hay que considerar que a menudo las medidas se toman en un margen de tiempo amplio, a veces muchos años después del cambio político, lo que pondría en entredicho el concepto transicional (AGUILAR, 2008).

2Sólo en 2011 el Parlamento aprobó la ley N° 18.831, de "restablecimiento para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985", que catalogó esos delitos como de lesa humanidad, aunque en 2013 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales dos artículos de la Ley 18.831, lo que pudiera ocasionar que deban archivarse las causas abiertas desde 2011 a policías y militares por delitos cometidos durante la dictadura.

3En Argentina, la sinceridad (70.9% vs. 33.7%) (χ²(2)= 47.10; p < .001; phi= .32) y la eficacia son mayores entre las personas de izquierda en comparación con las de derechas (37.2% vs. 12.2%) (χ²(2)= 20.46; p < .001; phi= .23).

4En Paraguay, la sinceridad (86.5% vs. 28%) (χ²(2)= 250.97; p < .001; phi= .47) y la eficacia son mayores entre las personas de izquierda en comparación con las de derechas (78.3% vs. 10.7%) (χ²(2)= 301.12; p < .001; phi= .55).

5En Argentina, la sinceridad (58.4% vs. 43.2%) (χ²(1)= 9.60; p < .001; phi= .14) y la eficacia son mayores entre las víctimas (32.2% vs. 17.8%) (χ²(1)= 10.10; p < .001; phi= .16).

6En Paraguay, la sinceridad (71.3% vs. 40.1%) (χ²(1)= 115.92; p < .001; phi= .31) y la eficacia son mayores entre las víctimas (58% vs. 23.6%) (χ²(1)= 122.87; p < .001; phi= .34).

7 En Chile, el 16.2% de las víctimas (vs. el 34.5% de la población no afectada) (χ²(1)= 47.33; p < .001; phi= .24). y el 13.7% de las personas de izquierda (vs. 42.5% de las de derechas) percibían un clima de solidaridad y confianza (χ²(2)= 86.17; p < .001; phi= .33).

8En Argentina, el 24.5% de las víctimas (vs. el 9% de la población no afectada) (χ²(1)= 17.12; p < .001; phi= .22). y el 28.4% de las personas de izquierda (vs. 7.2% de las de derechas) percibían un clima de solidaridad y confianza (χ²(2)= 22.57; p < .001; phi= .26).

Recibido: Febrero de 2015; Aprobado: Mayo de 2015

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