La necesidad de políticas de información ante la nueva sociedad globalizada. El caso español

The need of information policies in face of the new globalized society. The spanish case

La necesidad de políticas de información ante la nueva sociedad globalizada. El caso español

Mercedes Caridad Sebastián

Catedrática del Departamento de Biblioteconomía y Documentación

Vicerrectora de la Universidad Carlos III de Madrid

C/Madrid, 126

28903 GETAFE (Madrid) – ESPAÑA

e-mail: [e-mail]

Eva Mª Méndez Rodríguez

Profesora Ayudante del Departamento de Biblioteconomía y Documentación

Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación

Universidad Carlos III de Madrid

C/Madrid, 126

28903 GETAFE (Madrid) – ESPAÑA

e-mail: [e-mail]

David Rodríguez Mateos

Becario FPU del Departamento de Biblioteconomía y Documentación

Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación

Universidad Carlos III de Madrid

C/Madrid, 126

28903 GETAFE (Madrid) – ESPAÑA

e-mail: [e-mail]

Resumen

Ante el reto de la globalización de la economía y de la información, el presente artículo aborda la necesidad de contar con políticas de información sólidas que permitan asumir la convergencia de medios, tecnologías y servicios que ha tenido lugar en la incipiente Sociedad de la Información. Para ello se toma como punto de referencia el caso español, analizando los antecedentes y tentativas en materia de políticas de información en España, así como los últimos proyectos gubernamentales que tratan de sumar a este país a la Sociedad del Conocimiento.

Palabras clave

Políticas de información; Globalización; Sociedad de la información; España.

The need of information policies in face of the new globalized society. The spanish case

Abstract

Because of the Economy and Information globalization challenge, this article undertake the necessity of solid information policies that allows assume the convergence of media, technology and services which have appeared through the incipient Information Society. It is took as reference point the Spanish case, we analyse the antecedents and initiatives on information policies matter in Spain, as well as the last government projects trying add this country to the Knowledge Society.

Keywords

Information policies; Globalization; Information society; Spain.

INTRODUCCIÓN

En los albores del siglo XXI estamos asistiendo sin duda alguna a un nuevo modelo de sociedad en el que la información, entendida como conocimiento acumulado de forma comunicable, aparece como el cimiento del desarrollo económico, político y social. Esta concepción de la sociedad basada en la información y el conocimiento impone progresivamente, en todos los países¹, el establecimiento de políticas de información, llevando a sus gobiernos a comprometerse en acciones que van desde los diagnósticos y estudios, hasta la creación de un aparato estatal, más o menos desarrollado, que permita controlar y promover las actividades de información científica y técnica. Como dice Anna Birulés², ministra de Ciencia y Tecnología de España, en esta nueva sociedad, una de las prioridades políticas de los próximos años va a ser la de promover todas las iniciativas necesarias para aprovechar, desde el primer momento, la oportunidad histórica derivada de la rápida evolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones

A través de la historia del hombre, la información ha sido una premisa para el desarrollo social e individual. En la inminente Sociedad de la Información estos planteamientos son aún más evidentes: las sociedades desarrolladas y ricas en información tienen acceso a una tecnología avanzada, mientras que las sociedades en vías de desarrollo dependen de aquéllas para su desarrollo industrial y/o cultural. Por ello imitan sus estructuras y recogen sus planteamientos en materia de políticas de información. Este problema tendrá solución si, por un lado, los gobiernos establecen políticas definitivas para el desarrollo de Sistemas Nacionales de Información que asistan a la investigación científica y técnica, y por otro, si los distintos países se coordinan en programas de cooperación a fin de ahorrar recursos y elevar su potencial en materia de información, estableciéndose Políticas Internacionales de Información.

Con todo, a lo largo de este artículo trataremos de poner de relieve la necesidad de estructurar políticas de información que puedan asumir el reto de la globalización. Para ello nos fijaremos especialmente en las llevadas a cabo en España en materia de información y de desarrollo de las telecomunicaciones, que están tratando de guiar a nuestro país hacia la Sociedad Global de la Información dentro del marco político más amplio de Europa y del contexto internacional. Por otra parte, se pondrán también de relieve la tendencia democratizadora de los últimos proyectos en materia de información a nivel internacional que persiguen una Sociedad de la Información para todos: el plan de la UNESCO, el programa eEurope de la Unión Europea y la propia política española a través del programa InfoXXI.

EL AUGE DE LAS POLÍTICAS DE INFORMACIÓN

Política de Información: un concepto renovado por la tecnología.

Como hemos anticipado, establecer, articular o simplemente hablar de políticas de información está "de moda" a nivel mundial, desde que el gobierno Clinton-Gore, en los Estados Unidos, lanzase su propuesta de la National Information Infrastructure (NII) a partir de 1993. Pero... ¿qué es exactamente una política de información? Esta pregunta puede parecer más que nunca retórica; sin embargo, es preciso reflexionar para establecer una definición certera. Desde nuestro punto de vista, dos son los factores que motivan una nueva aproximación al concepto:

a) La convergencia de medios, tecnologías y servicios que, cada vez más, están demandando el establecimiento de un orden político que sirva para regular esta convergencia.

b) El "artículo de fe" ampliamente aceptado que sugiere que una política de información tiene el potencial de contribuir positivamente al bienestar económico y social³.

Según el Diccionario de la Real Academia Española⁴, además de otros significados, política se define como: orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado. Partiendo de esta definición podríamos decir que una política de información está constituida por aquellas directrices que rigen a un país hacia la consecución del derecho a la información por parte de todos sus ciudadanos⁵. Se puede concretar mucho más si seguimos a algunos de los teóricos en esta materia. Por ejemplo, para Montviloff⁶, una política es una serie de principios y estrategias que orientan un curso de acción para alcanzar un objetivo determinado. Si las aplicamos al campo de la información, las políticas proporcionan orientaciones para la concepción de una estrategia y de programas destinados al desarrollo y uso de recursos, servicios y sistemas de información. Aunque en los albores del siglo XXI, siguen persiguiendo básicamente estrategias para revalorizar el uso de la información, podríamos decir que, en cierto sentido, esta definición carece de actualidad. Las políticas de información hoy, deben interactuar estrechamente, no sólo con las dirigidas hacia archivos y bibliotecas, sino también con políticas de campos convergentes como la informática y las telecomunicaciones.

Las políticas de información suelen responder a estímulos concretos en un período de tiempo, y por consiguiente deben ser flexibles. Tradicionalmente han sido la respuesta gubernamental directa a la emergencia y desarrollo de una tecnología específica v. gr. la imprenta, el teléfono, la radio, y ahora Internet. El desarrollo de la red Internet y de las telecomunicaciones, la producción de contenidos digitales o la digitalización de la información preexistente, han forjado muchos cambios en el mundo de la información. Nos estamos refiriendo, sin duda, a los múltiples cambios que imperan en esta nueva era tecnológica y que caracterizan la nueva sociedad: la moderna telefonía digital, la comprobación de ficheros informáticos, el comercio electrónico, la transferencia electrónica de fondos, el intercambio electrónico de datos (EDI), la automatización de la gestión y de la naturaleza del trabajo, etc. que implican nuevas perspectivas en el mundo de la información, y que deben tenerse en cuenta a la hora de definir las nuevas políticas de la sociedad de la información.

No obstante, como de cualquier otro concepto, más o menos abstracto, existen tantas definiciones de política de información como autores que han escrito sobre el tema, donde cada autor trata de ahondar en un aspecto del concepto puntualizando según sus intereses; así, Hernon y Relyea⁷ destacan la necesidad de referirnos en plural: políticas de información, dada la extraordinaria complejidad y diversa naturaleza del concepto. Dentro de las múltiples definiciones que se pueden dar de política(s) de información y que nos servirán para justificar su necesidad, podemos destacar la que hace Hill⁸: las políticas de información se diseñan para encontrar las necesidades y regular las actividades de los individuos, la industria y el comercio, de todos los tipos de instituciones y organizaciones y de gobiernos nacionales, locales, o supranacionales. Deben regular la capacidad y la libertad de adquirir, poseer y guardar la propia información, usarla y transmitirla. Este autor hace hincapié en todos los entornos o contextos implicados en la formulación y desarrollo de estas políticas: aspectos económicos, sociales, culturales, estrictamente políticos, el propio mundo de la información y el contexto de la investigación, como necesidad de convertir la información en conocimiento para el avance y desarrollo de las nuevas sociedades.

Otros autores destacan sin embargo que el papel principal de una política de información es proveer el marco legal e institucional donde puede tener lugar el intercambio formal de información. Según esta concepción, una política de información dirige tanto objetivos políticos como burocráticos dado que una política emerge de la propia organización del gobierno o del aparato estatal, y su formulación, implementación y desarrollo debe de ir acompañado con la producción de diversos instrumentos o documentos legales. En esta misma línea de la regulación está Evelyn Daniel⁹, para quien una política de información es el conjunto de reglas formales e informales que directamente, restringiendo, impulsando o de otra manera, forman flujos de información. Para esta autora, una política en este sentido incluye: alfabetización, privatización y distribución de la información gubernamental, libertad en el acceso a la información, protección de la privacidad personal, derechos de propiedad intelectual, etc. aspectos todos ellos que, si bien recogen el espíritu de las políticas de información, es decir, la revalorización del derecho a la información como derecho fundamental, también contemplan la nueva filosofía de la estrategia emanada del gobierno Clinton.

No hay políticas buenas o malas, no se puede hacer una valoración maniquea ni simplista, pero sí es necesario evaluar, sobre todo, el nivel de compromiso entre los intereses competentes. Independientemente de la forma en que se definan, el uso y el acceso a la información se han convertido en funciones críticas de las economías modernas y serán, de forma creciente, aspectos claves en la nueva sociedad globalizada. Al mismo tiempo, el carácter universal de la información ha llevado a los distintos países a cooperar en este campo. A tenor de esta situación, muchos Estados han incoado comités y grupos de expertos de alto nivel que analicen la situación y propongan estrategias dirigidas a situarlos al frente de la nueva revolución, al frente de la nueva sociedad informacional. Esta es la tendencia que sigue la Unión Europea donde, bajo los auspicios de la Dirección General de la Sociedad de la Información, se promueven y detentan planes, proyectos y actuaciones que se erigen como verdaderas políticas de información en Europa. En este sentido España, como miembro de la Unión Europea no puede mantenerse al margen y debe articular las políticas y estrategias que permitan situarlo entre los países que lideran la construcción de la Sociedad de la Información.

Funciones y evolución de una política de información

Otro de los aspectos básicos que tenemos que considerar al hablar de políticas de información son las funciones que pueden o deben cumplir:

• Análisis de la situación existente. Muchas de las políticas se conforman simplemente con una definición del statu quo del sector de la información; además, esta función suele ser básica en el establecimiento de políticas nuevas para construir nuevos planteamientos sobre la realidad. Por ejemplo, al inicio de la política de información de la Unión Europea de los 90, las instituciones comunitarias comenzarán a generar informes con el propósito de potenciar la creación de una sociedad de la información; así es como nace el Libro Blanco de Delors¹⁰ y cómo la tecnología y la información coadyuvarían a solucionarlos, siguiendo el modelo del Plan Gore en EE.UU. Asimismo, en España, el Plan IDOC¹¹ no fue más que un análisis de la situación del sector de la información en España que serviría de base para políticas subsiguientes.

• Definición de objetivos. Esta es una de las funciones más importantes de cualquier política de información; al fin y al cabo, una política de información no es otra cosa que un proyecto de planificación en el cual la declaración de objetivos resulta fundamental para establecer las líneas de acción que se deben seguir. Si tomamos como ejemplo la nueva política de información en España, la declaración de objetivos es el primer punto del Programa INFO XXI¹², en el que se dice explícitamente que: el objetivo de esta Iniciativa Estratégica es implantar la Sociedad de la Información en España para que todos sus ciudadanos y sus empresas puedan participar en su construcción y puedan aprovechar las oportunidades que ésta ofrece para aumentar la cohesión social, mejorar la calidad de vida y de trabajo y acelerar el crecimiento económico.

• Determinación de los criterios de actuación respecto a los actores que las llevarán a cabo y a la centralización o descentralización de las políticas y la cooperación. La nueva política española, por ejemplo, se ha llevado a cabo por el gobierno central del Estado; sin embargo, algunas comunidades autónomas tienen sus planteamientos particulares a este respecto. Por otra parte, en materia de políticas internacionales la cooperación es un aspecto fundamental, lo cual puede verse en los planteamientos de la UNESCO¹³ que tratan de forjar una sociedad de la información que reporte beneficios universales a través de la constitución de estructuras intergubernamentales. Los gobiernos del mundo industrializado son conscientes de la importancia del tema y tratan de responder a través de acuerdos internacionales, como lo demuestran la reunión del G7 en Bruselas en 1995 o las negociaciones del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) que se han centrado en la extensión de reglas internacionales de libre comercio al sector de las telecomunicaciones.

• La formación de profesionales es otra de las funciones tradicionales de una política de información. Sin embargo, la formación de la sociedad del conocimiento y la implementación de las autopistas de la información exigen un profesional de la información más competente en tecnologías, de la misma forma que el concepto de alfabetización ha cambiado; leer y escribir no será suficiente para que los ciudadanos compitan en la nueva era de la información electrónica. La nueva alfabetización basada en las redes que propone el plan Gore, el plan Delors, y en general, todos los nuevos planteamientos políticos en este sector, es un subconjunto de la alfabetización que incluye los aspectos relativos al conocimiento y uso de los servicios de información electrónica así como la comprensión de los sistemas de información a través de los que se accede a los contenidos.

• La promoción del uso de la información. Si bien una de las funciones clave de todos los planes de políticas de información es la promoción y uso de bibliotecas y servicios de información, los nuevos planeamientos en este sentido a nivel nacional e internacional van aún más lejos: a la promoción de una "televida" basada en la tecnología. Esta revalorización de los servicios de información a través de la tecnología se puede ver resumida en las aplicaciones básicas que recoge el Informe Bangemann¹⁴ de la Unión Europea, que tendrán un reflejo internacional: teletrabajo, educación a distancia, redes de universidades y centros de investigación, servicios telemáticos para PYMEs, gestión del tráfico por carretera, control del tráfico aéreo, redes de asistencia sanitaria, licitación electrónica, red transeuropea de administraciones públicas y autopistas urbanas de la información.

• El seguimiento de las políticas. Este es un aspecto crucial que puede hacer que fracase una tentativa política. Por ejemplo, el plan IDOC en los años 80 en España, se quedó en un cúmulo de buenas intenciones justamente porque no se articuló una estrategia de observación del plan. El seguimiento de una política de información está estrechamente relacionado además con la evolución coherente de la misma, como detallaremos a continuación.

En la evolución de una política de información se pueden distinguir, desde nuestro punto de vista, dos fases fundamentales:

1ª) El emprendimiento de un curso de acción. Es decir, la fase incoativa que generalmente estará protagonizada por la promulgación de un documento que recoja las directrices, objetivos y planteamientos de la política en cuestión, y

2ª) La fase de legitimación o institucionalización del curso de acción emprendido, esto es, los proyectos o acciones concretas que van a poner en práctica el planteamiento político en materia de información.

Un ejemplo de un desarrollo coherente según esta dicotomía evolutiva, que permite además asegurar el seguimiento de la misma, es la política de información de la Unión Europea: se inicia con una serie de documentos que recogen los objetivos principales (Libro blanco de Delors, Informe Bangemann, etc.) y continúa institucionalizándose con programas y proyectos concretos que asumen la convergencia del tándem fundamental para el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento, Información-Tecnología. España, en este sentido sigue el camino de los planteamientos europeos y trata de asumir, aunque lentamente, la política al abrigo de la de la Unión.

Una de las teorías más acertadas en torno a las funciones y evolución de una política de información es el modelo de Nick Moore¹⁵ que localiza los objetivos de una política de información en una matriz bidimensional que centra la atención en las diferentes necesidades de la industria, de las organizaciones particulares y de la sociedad (tabla 1).

Moore reconoce, y lo rechaza por trivial, el argumento manido que demanda una expresión individualizada de política de información nacional. Sin embargo, argumenta que los efectos del cambio tecnológico son tan importantes y complejos que se necesita una aproximación más flexible para la construcción de información, máxime si tenemos en cuenta el proceso de globalización. Su modelo, además de ofrecer un marco para analizar las funciones de una política de información, permite identificar las áreas adecuadas a las que dirigir formulación de objetivos.

EL RETO DE LA GLOBALIZACIÓN Y LAS NUEVAS TENDENCIAS EN MATERIA DE POLÍTICA DE INFORMACIÓN

La revolución tecnológica a la que se hace alusión no sólo en el contexto de la información y la documentación, sino en cualquier ámbito de nuestra nueva sociedad, está modificando vertiginosamente la base material de ésta. Las economías de todo el mundo se están haciendo interdependientes a nivel mundial. Se introduce una nueva forma de relación entre la economía, el Estado y la sociedad, que nos llevan a pensar incluso en una reestructuración del capitalismo. Pero este nuevo modelo de sociedad no puede forjarse a partir de la desigualdad generando una nueva forma de exclusión: la electrónica. En este apartado veremos las posibilidades de las tecnologías para aproximarnos a una aldea global armónica.

Países info-ricos e info-pobres: la nueva economía informacional

La diferencia entre países ricos y pobres, desarrollados y subdesarrollados, siempre existente en nuestra sociedad, se ha visto acuciada por el poder económico de la información ante la globalización, permitiéndonos destacar una nueva diferenciación entre países info-ricos e info-pobres. El perfil político de la información está siendo cada vez más intenso, hasta el punto de que podemos establecer una clasificación de los países no sólo por su capacidad económica (ricos y pobres) sino por su capacidad informativa. Por ejemplo, los países latinoamericanos se pueden incluir dentro de los info-pobres, si bien es cierto que existen algunas tentativas de política de información abocadas a recuperar su autonomía respecto de países como Estados Unidos, que aúna la política de desarrollo tecnológico y de las telecomunicaciones con su gran industria de la información que sobrepasa sus fronteras al mundo iberoamericano. No obstante, las autopistas de la información, y especialmente Internet, como principal pilar del desarrollo de esta nueva sociedad, está creciendo más de un 100% anual en Latinoamérica, y el número de usuarios se ha triplicado en el último año¹⁶. Estos datos son la base para que analistas económicos aseguren que América Latina emergerá en los próximos años como la segunda región de más rápido crecimiento en el mercado global de Internet, a continuación del Sudeste Asiático. Esta región despierta el interés de las empresas de telecomunicaciones o del sector de la información, no porque sea un mercado ya constituido, sino porque, desde el punto de vista empresarial, está en vías de formación.

Sin embargo, todavía existe una rémora importante al afrontar los esfuerzos para proporcionar el acceso a Internet de las clases menos favorecidas. Existen algunas iniciativas al respecto como la llevada a cabo por el Committee for Democracy in Information (CDI)¹⁷ que han creado una innovadora cooperación con la UNESCO, Startmedia Foundation, SSI Server y la compañía Exxon Petroleum, para conectar a Internet a 130 escuelas municipales en 14 demarcaciones territoriales brasileñas. Sin embargo, se necesitan muchas iniciativas como la del CDI para facilitar a las comunidades menos favorecidas la tecnología digital de vanguardia, así como hacerles partícipes de la nueva alfabetización que se impone en la sociedad digital.

Con todo, la nueva economía informacional impone que la categoría de país desarrollado se establezca en virtud del porcentaje de la población que accede a manifestaciones de conocimiento, lo que puede implicar conflictos, tensiones y tendencias opuestas en las sociedades del próximo siglo. Por ello, las políticas de información deben de armonizar, tanto a nivel internacional como nacional estas tensiones y garantizar el acceso a la información por todos los ciudadanos del mundo, incluidos los tecnológicamente marginados.

Últimas tendencias: la democratización como baluarte de las nuevas políticas de información.

Todo lo que hemos dicho hasta ahora justifica que las nuevas políticas de información tengan la finalidad de recuperar el derecho fundamental a la información, que, de alguna forma, está implícito en cualquier manifestación política en torno al nuevo y pujante sector de las TIC. En este sentido, subrayaremos ahora tres programas políticos: dos de nivel supranacional (la iniciativa eEurope, y la de la UNESCO) y otro de nivel nacional (el programa INFOXXI)

La iniciativa eEurope: Una sociedad de la Información para todos¹⁸ fue lanzada en diciembre de 1999 con la aprobación de la Comisión Europea. El objetivo de esta iniciativa es acelerar la implantación de las tecnologías digitales en toda Europa y garantizar que todos los europeos tengan los conocimientos necesarios (nueva alfabetización) para usarlas. El motivo que la impulsó fue el convencimiento de que la aplicación de las TIC se ha convertido en un factor fundamental para el desarrollo sostenible en Europa ante el advenimiento imparable de la "nueva economía" o "economía electrónica". Se piensa que la respuesta europea a todos estos desafíos ha sido más bien lenta ya que la economía industrial tradicional sigue teniendo gran peso en la vieja Europa. Esta tendencia podría cambiarse si se consiguen establecer medidas concretas para transformar Europa en una economía competitiva. El proyecto e-Europe de la Comisión esboza además una porción de medidas, tales como la adopción de directivas para perfeccionar el mercado interno antes del año 2004, la plena integración de los mercados financieros antes del 2005, el estudio de los instrumentos finacieros de la Comunidad con vistas a asegurar la compatibilidad con las prioridades políticas, la creación de un "espacio de integración" antes del 2002, o la llamada "Promoción de Empresa Europa", sistema de evaluación dirigido a crear las condiciones que permitan fomentar la iniciativa privada en la Unión. El impulso necesario vendrá del mercado y del sector privado; sin embargo, no hay ninguna duda de que la política oficial tiene un gran peso, sobre todo para establecer un marco normativo claro y una política tendente a dotar a toda la población, por igual, de los conocimientos necesarios para conformar la auténtica Sociedad de la Información.

El gobierno español, haciéndose eco de la tendencia europea, ha diseñado una política de información similar denominada INFOXXI¹⁹ y que tiene el mismo predicado (la Sociedad de la Inform@ción para todos) necesario ante el riesgo de desigualdad que puede provocar la globalización.

Por último, no podemos dejar de hablar del nuevo planteamiento de la UNESCO²⁰ en materia de información. El Sector de Comunicación, Información e Informática de la UNESCO (CII) se dio cuenta de que la revolución de la información había superado las capacidades de los dos programas del sector (el PGI – Plan General de Información – y el IIP – Programa Intergubernamental de Informática – ). Ambos programas se reemplazaron por uno nuevo denominado: Por una sociedad de la información justa y libre, que en esencia tiene la misma filosofía política que los anteriores: crear una sociedad de la información a medida de todos los ciudadanos que permita configurar una sociedad de la información justa y con beneficio universal. Algunos de sus objetivos son: promover la reflexión internacional y el debate sobre los retos éticos, legales y socioculturales que plantea la Sociedad de la Información; incentivar el acceso a la información de dominio público a través de la organización, preservación y digitalización de los fondos; mantener la formación y la educación continua y el aprendizaje continuo en el área de información e informática; promover el uso de estándares y de las mejores prácticas en materia de información e informática aplicables a las áreas de competencia de la UNESCO, y promover el sistema de redes tanto a nivel regional y nacional como internacional.

Según todo esto, podemos decir que las últimas tendencias en materia de políticas de información tratan de emular, por un lado, la política del GII (Global Information Infraestructure) de Clinton²¹ en que trataba de trascender los principios que hicieron triunfar su Infraestructura Nacional de Información a toda la sociedad para crear una Sociedad de la Información Mundial (GIS), y por otra parte, reivindica y revaloriza el derecho humano a la información. Si la tecnología y la información no llegan a todos, la globalización impone el riesgo de aumentar la desigualdad, de ahí el empeño de las nuevas políticas por reanudar el espíritu justo y democrático.

EL CASO DE ESPAÑA: DE UNA TÍMIDA POLÍTICA BIBLIOTECARIA A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

El desarrollo de una política de información en España sólo puede entenderse desde una perspectiva histórica, analizando las diferentes etapas que han conducido a la situación actual: desde los primeros balbuceos teóricos, tendentes a la implantación de esta política, pasando por su adscripción de hecho a la política científica española, la adaptación a las políticas de información y de telecomunicaciones de la Unión Europea a partir de 1995, la generación de normas e iniciativas que permitieran responder al tremendo reto planteado por la febril evolución de las tecnologías de la comunicación y, por último, el intento de establecer políticas de conjunto para responder al reto de la globalización, también en consonancia con el rumbo seguido con la Unión Europea.

A continuación, desarrollamos cada una de estas etapas, prestando atención a los planteamientos teóricos, los planes surgidos, las normas promulgadas y su desarrollo en la práctica, señalando las pautas actuales de la política, o más bien, de las políticas de información en nuestro país. No obstante, antes de comenzar debe señalarse que, en cualquier periodo, la política española de información ha sido deudora de las políticas establecidas por otras instituciones de su entorno y, muy en particular, por la Unión Europea, por lo que su evolución se ha visto fielmente marcada por estas políticas externas.

Orígenes de las Políticas de Información en España.

La política de información española tiene sus raíces en la preocupante situación a comienzos de la década de los 80. El sector de la información en España estaba considerablemente atrasado respecto al resto de los países desarrollados, lo que suponía un peligro para la incorporación española a la ya incipiente Sociedad de la Información. En 1982, el Gobierno español incluye en su organigrama la primera Subdirección General de Documentación e Información Científica, en el seno de la Secretaría de Estado de Universidades, que dependía del Ministerio de Educación y Ciencia. Se concibe, pues, la política de información como un elemento más de la política científica española, hecho que se mantendrá hasta muy reciente fecha, y que provocará que ambas políticas – la científica y la de información – caminen de la mano durante dos décadas en España.

EL PLAN IDOC

En 1983, la citada Subdirección General de Documentación e Información Científica intentó acometer un Plan Nacional sobre Información y Documentación, cuya actuación fuera un diagnóstico del estado de la información en España, que sensibilizara a los poderes públicos sobre el valor político, económico y cultural de la Información y la Documentación, y les condujera a establecer una política de información coordinada por la Administración española. El resultado final fue el informe Directrices para un Plan Nacional de Actuación 1984-1986, en materia de Documentación e Información Científica y Técnica, conocido desde entonces como «Plan IDOC». Para la elaboración de este informe se creó una comisión con diversos grupos de trabajo en los que participaron algunos de los más prestigiosos profesionales de la información en España.

El informe final de la comisión hizo una radiografía de la situación y planteó una serie de recomendaciones²²: desarrollar la capacidad nacional de producción y difusión de publicaciones científicas y técnicas; potenciar los archivos, bibliotecas, museos y centros de documentación, desarrollar una infraestructructura de difusión de información nacional e internacional; desarrollar los recursos humanos necesarios para los servicios de información; sensibilizar a la sociedad en el valor de la información; promover la investigación y la cooperación con los países iberoamericanos en esta materia con el fin de establecer una comunidad de información basada en la telemática, establecer una estructura consultiva y de fomento para desarrollar una política de información y documentación, y, como recomendación final, la necesidad de que la Administración formule una política de información.

Las respuestas al plan se quedaron en iniciativas aisladas: la elaboración de un censo de bibliotecas y centros de documentación; la creación de un programa de subvenciones para las revistas científicas, supeditadas a criterios de calidad, cumplimiento de normas internacionales, etc. Sin embargo, no surgió del plan una política de información nacional, ni tan siquiera se configuró un Plan Nacional de Información con dotación presupuestaria. A pesar de ello, el Plan IDOC constituye un hito relevante en la política de información española, por la profundidad de su análisis. Faltaba un marco jurídico adecuado para una actuación eficaz desde el sector público, aunque se habían dado los primeros pasos conceptuales.

LA LEY DE LA CIENCIA Y LOS PRIMEROS PLANES NACIONALES DE I+D (1986-1995)

El primer atisbo de coordinación de la política científica española (y, por tanto, también de la política de información), de modo global, fue la Ley 13/86 de 14 de abril, de Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica, conocida como la Ley de la Ciencia, que establecía además un Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.

De esta ley surgieron diversos organismos encargados de su aplicación, entre los que destacaba la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT), que se ocupó de la elaboración del citado Plan Nacional y de la coordinación y seguimiento del mismo.

Esta iniciativa se desarrolló entre 1988 y 1991, en cumplimiento de los artículos constitucionales 149.1.15 y 44.2, que atribuyen al Estado español las competencias de fomento y coordinación de la ciencia y de la investigación científica y técnica. Entre los objetivos del plan destacamos (no siendo, obviamente, los únicos) aquellos directamente relacionados con la aún no escrita política de información²³: el progreso del conocimiento y el avance de la innovación y desarrollo tecnológico; el desarrollo de servicios públicos; la conservación del Patrimonio Artístico e Histórico; el fomento de la creación artística y el progreso y difusión de la cultura; la mejora de la calidad de enseñanza; y la adecuación de la sociedad española a los cambios que conlleva el desarrollo científico y las nuevas tecnologías. Para conseguir todos estos objetivos, la Ley de la Ciencia determinaba tres tipos de programas como parte del Plan:

1. Programas nacionales de I+D. Atendían a un objetivo de interés nacional, controlado y evaluado por organismos designados por la CICYT. En el sector de la información y documentación, merece destacar el Proyecto IRIS²⁴(Interconexión de Redes Informáticas Standard) y el Programa de Tecnologías de la Producción y de las Comunicaciones, que pretendía incentivar la adquisición de tecnología para España, así como la formación del personal encargado de usarla.

2. Programas sectoriales. Orientados a áreas específicas de interés para un determinado organismo ministerial que tiene interrelación directa con algún programa nacional. Entre ellos, destacaba el Programa de Promoción General del Conocimiento, cuyo propósito es financiar la investigación de carácter general no incluida en las líneas prioritarias de los Programas Nacionales.

3. Programas acordados con las Comunidades Autónomas²⁵, que proponían a la CICYT la integración en el Plan Nacional de aquellos programas de I+D que requerían una coordinación con los intereses generales del Estado y que, por tanto, eran cofinanciados por la CICYT y por la Comunidad Autónoma que los proponía.

La Ley de la Ciencia y el Plan Nacional de I+D lograron en la sociedad española un mayor seguimiento y presencia de la ciencia y la tecnología y, de modo indirecto, un desarrollo de aspectos relacionados con la información. Su actividad continuará, con intereses y objetivos similares, en el II Plan Nacional (1992-1995), así como en iniciativas posteriores, que se explican más adelante.

LAS POLÍTICAS DE INFORMACIÓN FRENTE AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

A partir de la crisis que afectó a la economía europea desde principios de los 90, se planteó la necesidad de afrontar cuestiones estructurales, como el alto nivel de desempleo y el impacto social que esto conlleva. Los gobiernos europeos comienzan a ser conscientes de la incapacidad para sostener un ritmo suficiente de innovación tecnológica, de adecuación competitiva y de generación de empleo. A esta realidad europea se unen factores que, de una forma u otra, se van desarrollando durante toda la década de los 90: la globalización de la economía a nivel mundial, la aceleración del cambio tecnológico, la necesidad de nuevos modelos educativos y formativos, una disminución progresiva del protagonismo del sector público, el desplazamiento de la demanda hacia mercados emergentes, una transformación del mercado de trabajo, etc.

Esta coyuntura social y económica motivó en 1993 el ya citado Libro blanco de Delors, impulsado por el entonces presidente de la Comisión Europea Jacques Delors, que inicia una auténtica política de información europea, resaltando la necesidad de preparar el marco institucional y legal para la construcción de la Sociedad de la Información.

En este marco institucional, España, ya plenamente integrada en la Unión Europea, comienza a partir de 1995 a participar en la política europea diseñada y por tanto, a implementar sus directrices en la respectiva política española. Ello no significa que en nuestro país se obvie la necesidad de una política de información propia. Una muestra de ello es la actividad, en 1996, del Grupo de Análisis Sociedad de la Información²⁶, que señalaba la necesidad de facilitar el acceso de la sociedad española a los contenidos, favoreciendo el desarrollo de herramientas de navegación y aplicaciones en lengua española y estimulando la interactividad.

Además, en el propio hipersector de la información se vislumbraban ya cambios con incidencia directa en el planteamiento político de la información en España: la convergencia de medios, tecnologías y servicios de las telecomunicaciones que demandan el establecimiento de un orden que los regule; la liberalización e internacionalización de las comunicaciones; la concentración de las TIC en las políticas de Investigación y Desarrollo tecnológico, lo que implica que las inversiones en I+D se centrarán en esta dirección, etc.

Todas estas circunstancias confluyen en una política de información española orientada fundamentalmente hacia las tecnologías de la comunicación. Algunas de las acciones de esta política se señalan a continuación.

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN: LA LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES (LGT)

Las telecomunicaciones en España fueron, hasta 1996, controladas como un monopolio ejercido por operadoras pertenecientes al Estado. La creciente proliferación de tecnologías de difusión de la información (que condujo al fomento de su uso, utilizando como medios de difusión física tanto el cable como el satélite), así como la obligación de la Unión Europea de acabar con los monopolios, obligaron a que el Gobierno español promulgara, entre 1996 y 2000, la normativa que permitiera la competencia en este campo sin renunciar a que las telecomunicaciones se mantuvieran como un servicio público accesible para todos.

El cúmulo de normativas creadas o modificadas obligó a que, para su regulación general, se promulgara en 1998 la Ley General de Telecomunicaciones²⁷, entre cuyos objetivos destacan: la necesidad de preservar la libre competencia y, con ella, el derecho de los ciudadanos a los servicios de información; la regulación, al tiempo, del servicio público, ofrecido por las empresas a las que se concede la explotación de las redes públicas de telecomunicaciones y al tiempo, del cobro de las tasas correspondientes; finalmente, la distribución del control de las telecomunicaciones entre distintos órganos de la Administración.

Ésta y otras normas legales al respecto han fomentado la existencia de varios operadores de telecomunicaciones en España (incluida una gran multinacional, como Telefónica), permitiendo la bajada de los precios y la posibilidad de elección de múltiples accesos a servicios de telecomunicaciones, incluido Internet. No obstante, se han producido también algunas paradojas: por ejemplo, siendo España uno de los países con menor tasa de penetración de Internet, existe en nuestro país la mayor concentración de operadores nacionales de acceso a esta red.

DESARROLLO DE CONTENIDOS EN I+D: EL PLAN DE LA CIENCIA

En el campo de los contenidos, la difusión de la información generada por la investigación financiada con fondos públicos (mayoritaria en nuestro país), junto con la organización de las bibliotecas, archivos y otros centros de documentación, continuaron siendo, durante los años 90, los principales ámbitos de las políticas de información en España. La información científica española viene derivada de la actividad generada por el III Plan Nacional de I+D (1996-1999), diseñado y controlado por el Ministerio de Educación y Cultura²⁸, y aplicado por la citada CICYT. Como en el II Plan Nacional, la política de información en este campo se desarrolló fundamentalmente a través del Programa Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), entre cuyos objetivos se incluía el desarrollo de Aplicaciones y Servicios Telemáticos, esto es, de todo tipo de servicios a través de las redes telemáticas y, especialmente, de Internet.

El programa incluía entre sus objetivos tanto la generación y difusión de contenidos (mediante el desarrollo de aplicaciones telemáticas para bibliotecas, archivos, museos y centros de información, así como enseñanza a distancia, teletrabajo y trabajo cooperativo, telecompra, etc.) como el desarrollo de infraestructuras telemáticas (servidores de información, comunicación multimedia, protección de la información, tarificación y pago ) y el uso de redes de comunicación (nuevas arquitecturas de red, interfaces de acceso, etc.).

FOMENTO DE LOS CONTENIDOS INFORMATIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN

Asimismo, la propia Administración estatal española ha tomado conciencia, a partir de 1996, de la necesidad de aprovechar las telecomunicaciones para difundir la información generada por sus instituciones hacia los ciudadanos, así como el fomento en el uso de las telecomunicaciones por parte de empresas e individuos. La Secretaría General de Comunicaciones (perteneciente al Ministerio de Fomento) ha impulsado, en el quinquenio 1996-2000, una serie de proyectos para este fin.

Uno de ellos es el Proyecto PISTA, vigente entre 1996 y 2001, que pretende incentivar el uso de las telecomunicaciones a través de la red en 10 sectores claves, incluidos la propia Administración, los Medios de Comunicación y las Bibliotecas y Museos. Entre las aplicaciones generadas por PISTA, se incluyen la implantación telemática de una «ventanilla única» (la centralización de todos los trámites de diferentes administraciones en un mismo punto), una Intranet de centros educativos, la extensión de clientes de consulta Z39.50 en español para bibliotecas y museos, o la creación de un Punto de Acceso Común a la Oferta Turística. De especial interés en el campo documental es la actividad del plan dirigida a Bibliotecas y Museos, considerados como grandes proveedores de contenidos multimedia en lengua castellana en Internet.

Otro de los programas interesantes es ARTE/PYME, encargado de sensibilizar a las PYMEs sobre la importancia de los Servicios Avanzados de Telecomunicaciones, así como de asesorar el intercambio de experiencias a través de la red. El programa colaboró en la iniciativa sobre Telepedidos de libros, efectuada por la Federación Española de Comercios del Libro, que ha desarrollado un sistema de pedidos y consultas bibliográficas a través de Internet, a partir de la base de datos de la Agencia Española del ISBN. ARTE/PYME también ha fomentado estudios sobre comercio electrónico.

Planteamiento de una coordinación de las políticas de información españolas

Todas estas actividades, sin duda importantes para el desarrollo informativo de España, continuaban sin estar coordinadas en una política común. Sólo en los últimos años, la Administración española ha constatado la necesidad de esa coordinación de esfuerzos entre las diversas instituciones, con el fin de que los ciudadanos españoles participen en una verdadera Sociedad de la Información que fomente la educación de las nuevas generaciones, el aumento de la competitividad económica, la promoción de nuestra lengua y nuestra cultura, la cohesión social del país y su posición en el contexto internacional, en el actual entorno de globalización.

Inicialmente, esta coordinación se centró en los dos principales ámbitos generadores de contenidos de la política de información española: la información científica y la información administrativa. En el primer caso, la citada CICYT, dependiente hasta entonces del Ministerio de Educación y Cultura, pasó a depender directamente del Presidente del Gobierno en 1998. En la CICYT se incluían, desde los orígenes de la comisión. representantes de todos los ministerios del Gobierno.

En el ámbito de la información administrativa, los dos organismos encargados de las telecomunicaciones en la Administración, el Consejo Asesor de Telecomunicaciones²⁹, junto con el Consejo Superior de Informática³⁰, coordinaron sus actuaciones para realizar un catálogo de todas las actuaciones públicas, realizadas o pendientes, incluyendo iniciativas legislativas, programas y proyectos concretos. Dos tercios de las acciones registradas estaban relacionadas con la difusión de información administrativa, bien a los ciudadanos, bien entre los diversos órganos de la administración. Una sexta parte de las acciones eran normas legales, mientras el resto correspondía al fomento de iniciativas por parte de empresas y ciudadanos, así como al uso de las tecnologías de información entre estos colectivos.

No obstante, el primer hito en la definición de una política global de información es la reciente creación, en julio de 1999, de la Comisión Interministerial de la Sociedad de la Información³¹, presidida por el Ministro de Industria y con participación de secretarios de Estado o subsecretarios³² de todos los ministerios españoles, a excepción del Ministerio de Defensa. El objeto de esta institución es elaborar una iniciativa estratégica para incluir a España en la Sociedad de la Información, coordinándose con otras instituciones (los Consejos citados más arriba) y con las Comunidades Autónomas³³.

Fruto de la actividad de esa comisión es el antes citado plan Info XXI: la Sociedad de la Inform@ción para todos³⁴, cuyo título ya lo engloba en la corriente de pensamiento de las políticas de información que concibe la Sociedad de la Información como una sociedad libre e igualitaria para todos los ciudadanos³⁵, mediante el desarrollo de normativa y aplicaciones para el fomento de las tecnologías de la información, así como su adopción por parte de empresas, ciudadanos y la propia Administración³⁶.

En síntesis, el plan pretende coordinar toda la actividad pública, tanto gubernamental como de los organismos autonómicos, sobre la Sociedad de la Información entre 2000 y 2006. Las grandes líneas estratégicas de esta iniciativa se centran en el uso de las tecnologías de la información para fomentar la educación y la creación de empleo (a fin de evitar la infomarginalidad), la promoción de la cultura española, la mejora de servicios ya prestados (p. ej. la sanidad y el turismo), la transparencia de la Administración, la potenciación de las empresas españolas y la vertebración del país (evitando que haya una diferencia de desarrollo entre zonas). Todo ello supondrá previamente el establecimiento de las infraestructuras y el marco legal adecuados.

La pretensión del programa es que se coordine asimismo con dos planes fundamentales: el Plan Nacional de Empleo, por una parte, y, sobre todo, con el IV Plan Nacional de I+D+I (Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica), que abarca desde el año 2000 al 2004. Entre los fines del IV Plan, se incluye un soporte a la I+D relacionada con la Sociedad de la Información, que contaría con el apoyo de empresas privadas del sector de las Tecnologías de la Información. El Plan pretende orientarse hacia las entidades privadas, lo que parece ser una constante de la política de información española en los últimos años.

Una muestra de la coordinación entre ambos planes, INFOXXI y el IV Plan Nacional de I+D+I, es el Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT)³⁷, que abarca el Programa Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (parte del IV Plan Nacional de I+D+I), y el Programa Nacional de Sociedad de la Información (fomentado por INFOXXI).

Pero, sin duda, la decisión de mayor rango para el fomento de la sociedad de la información es la reciente creación en mayo de este año (2000) del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que engloba tanto la política científica al completo como la política de información, a través de una Secretaría de Estado para las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, que incluye una Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información. Se reunen así, en un solo ministerio, las competencias científicas, de telecomunicación y de política de información, antes divididas en varios ministerios³⁸.

Hacia una adaptación a la Sociedad de la Información

Como puede deducirse de este repaso a la situación española, especialmente en los últimos años, sólo muy recientemente puede hablarse de la tendencia al desarrollo de una política de información como tal. El sistema español de información es producto de la coexistencia de diversas circunstancias, especialmente, el desarrollo de una política científica y de una política telecomunicaciones, ambas con relaciones aleatorias entre sí, lo que ha reducido hasta ahora su eficacia final.

A pesar de todos los anhelos de alcanzar la Sociedad de la Información, España no se ha adaptado a esta nueva sociedad de la información con la misma velocidad que el resto de los países europeos. Por poner un ejemplo, el propio Ministerio de Industria español publicó en 1999 un informe según el cual el gasto medio de un español en este tipo de tecnología es tan sólo un tercio de lo que gastan de media los ciudadanos europeos. España presenta un 26,8% de gasto frente al 73,4% de media de la UE. El estudio, realizado por Sedesi, muestra además que la media de ordenadores por ciudadano es en nuestro país de un 8%, muy por debajo de países como el Reino Unido o Alemania. El informe también revela que la Administración Pública española ha invertido menos dinero en este campo de lo que lo han hecho la mayoría de los países europeos³⁹. Finalmente, como señala la imagen 1, el uso de Internet está aún lejos de ser una práctica habitual entre la mayoría de los 38 millones de personas que componen la población española.

CONCLUSIONES

Con todo lo que hemos señalado a lo largo de este artículo, la Sociedad de la Información es algo más que un proyecto de futuro, algo más que una entelequía o demagogia política, es una realidad que afecta a todos los países. A lo largo de estas líneas hemos tratado de poner de relieve la necesidad de regular este nuevo modelo de sociedad a través de políticas de información, reflejando los avances que se han hecho en España en los últimos tiempos. A tenor de los datos, parece evidente que la Sociedad de la Información no pertenece, ni en su concepto ni en su forma, al entorno habitual del ciudadano medio español. Los datos hablan por sí solos: en 1999 sólo un 7,3% de la población española tiene acceso a Internet. En la misma fecha, más del 41% de la población estadounidense, y alrededor de un 23% de los británicos, tenían acceso a la Red. Sin embargo, en nuestro país se ha comenzado un largo camino cuyo destino final quizás sea la Sociedad del Conocimiento, la «aldea global» vaticinada por MacLuhan o la «tercera ola» de Toffler.

Hasta hace muy poco tiempo, en España, diferentes órganos de la Administración central controlaban con diversos modelos tanto la información pública como la generación de información por organismos financiados con fondos públicos. En los años 90, sin embargo, y tras las tentativas fallidas del Plan IDOC de los 80, han surgido proyectos relacionados con la Sociedad del Conocimiento que han hecho, sobre todo y hasta ahora, mayor hincapié en el desarrollo y uso de infraestructuras informáticas y telemáticas propias que en la generación y difusión de contenidos útiles. El aspecto cultural y social, y la generación de contenidos, se han relegado en favor del fomento del uso masivo de las telecomunicaciones.

Sin embargo, en los últimos dos años (1999-2000) se han gestado acciones concretas para apoyar la implantación de las medidas recomendadas a nivel internacional y de otras que puedan considerarse oportunas. Un hito en este sentido es la creación de la Comisión Interministerial para la Sociedad de la Información (y, desde mayo de 2000, también «de las Nuevas Tecnologías»), de carácter activo y tractor, que asegure la coordinación y el papel de impulsor de las Administraciones Públicas en el desarrollo e implantación de las TIC y la coherencia de las políticas públicas, con una dependencia orgánica al más alto nivel gubernamental⁴⁰. Se está desarrollando una tecnología de telecomunicaciones (a la que se denomina en nuestro país "tecnologías de la sociedad de la información", siguiendo el modelo propugnado desde el V Programa Marco de la Unión Europea que ha articulado un programa concreto de promoción de las tecnologías para la Sociedad de la Información – IST: Information Society Technologies⁴¹), el uso de ésta por las pequeñas y medianas empresas y por los ciudadanos, la adopción de las tecnologías por la Administración, así como una tendencia a asegurar la mayor atención de la Administración hacia las necesidades de la sociedad.

El plan InfoXXI es la primera iniciativa en este sentido que pretende coordinar la actividad pública hacia la Sociedad de la Información siguiendo la tónica internacional de crear una sociedad de la información justa y democrática, «para tod@s», según el modelo europeo y la tendencia integradora y filantrópica de la UNESCO, que también hemos comentado. Resulta paradójico, no obstante, que la nueva política que se está gestando en España en materia de información a través de InfoXXI no tenga en cuenta, por una parte, la generación de contenidos propios, lo cual puede deducirse de la previsión de gastos hecha en el propio plan: unas tres cuartas partes de la financiación pública prevista durante los tres primeros años del plan⁴² se reparten entre los ministerios de Fomento (infraestructuras) e Industria (empresas)⁴³. Con ello, se desaprovecha el enorme contenido cultural español, dejando su difusión en manos de la iniciativa privada y, posiblemente, extranjera, y se reduce el impacto gubernamental al intento de informatizar la difusión deinformación administrativa y comercial.

Con todo, la Sociedad de la Información debe dar el máximo beneficio para la calidad de vida de los ciudadanos españoles (y de todo el mundo). Debe, por tanto dar respuesta a sus principales preocupaciones: empleo, seguridad y privacidad, mejor acceso a la educación y sanidad, mejorar la relación con la Administración, etc. La propia construcción de la Sociedad del Conocimiento será una de las principales fuentes de creación de riqueza en nuestro país en la próxima década, además de una oportunidad, ya que la información, además de un bien de consumo, se ha convertido también en un sector económico emergente que está protagonizando la Nueve Economía Informacional..

España, a través del plan estratégico InfoXXI, ha iniciado su carrera hacia la Sociedad Informacional en un entorno protagonizado por la globalización económica y la aceleración del cambio tecnológico, donde cada vez son más los retos que tendrá que asumir para canalizar esta política de información hacia la creación de infraestructuras e infoestructuras que mejoren la calidad de vida de los españoles, la competitividad y el empleo.

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• 4. CARIDAD SEBASTIÁN, Mercedes (Coord.) La Sociedad de la Información: política, tecnología e industria de los contenidos. Madrid : Fundación Ramón Areces, 1999.
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• ⁸
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• 9. CORNELLÁ, Alfons. Information policies in Spain. Government Information Quarterly, v.15, n. 2, p. 197-220, 1998.
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• ¹⁴
  ESPANA. Ministerio de Educación y Ciencia. Directrices para un Plan Nacional de Actuación 1984-86, en materia de documentación e información científica y técnica: anexos, actas, informe. Madrid, 1985.
• ¹⁵
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• 16. EUROPE: una Sociedad de la Información para todos: informe de avance. [s. l. : s. n., 2000?]. (COM (2000) 130 final).
• ¹⁷
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• ¹⁹
  GRUPO DE ANÁLISIS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (Madrid). España en la Sociedad de la Información Madrid : Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, 1996.
• 20. HILL, Michael W. Information policies: premonitions and prospects. Journal of Information Science, v.21, n. 4, p. 273-282, 1995.
• 21. INSTITUTO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (CUBA) La política nacional de información en Cuba. La Habana : IDICT, 2000. Disponible en: http://www.idict.cu/asuntos/politica.htm (consultado el 15 jun. 2000).
• 22. JAVIER Martínez, L. Información y documentación en el Plan Nacional de I+D (1988-1993). Boletín del ANABAD, n. 1, p. 107-143, 1995.
• 23. LATINOAMÉRICA se sube al tren de Internet. Cibernauta, 27 jun. 2000. Disponible en: http://194.30.32.203/cibernauta/datos/escaner/americalatina.htm (consultado el 30 jun. 2000).
• 24. LEY N. 13 de 14 de abril de 1986 de Fomento y Coordinación General de la Investigación. Boletín Oficial del Estado, n. 93, 18 abr. 1986.
• 25. LIZCAINO, Pedro J. El desarrollo de la Sociedad de la Información: propuesta de iniciativa nacional en el campo telemático. Boletín de RedIris, n. 46-47, dic. 1998-ene. 1999. Disponible en:< http://www.rediris.es/rediris/boletin/46-47/ponencia17.html > (consultado el 2 jun. 2000).
• 26. MARTIN, William J. Information policy. In: The INFORMATION Society. London: Aslib, 1988, p. 133-157.
• 27. MÉNDEZ RODRÍGUES, Eva María (Coord.) Globalización de la información. In: La SOCIEDAD de la Información: política, tecnología e industria de los contenidos. [s. l.] : Fundación Ramón Areces, 1999, p. 59-87.
• 28. MÉNDEZ RODRÍGUES, Eva Maria. Políticas de información en América Latina: el PGI de la UNESCO: necesidad de integración de políticas de información en el MERCOSUR. San Lorenzo (Paraguay), ABIGRAP, 1996. (Serie Monografías y Estudios, 4).
• 29. MONTVILOFF, Victor. Políticas nacionales de información: manual sobre la formulación, aprobación, aplicación y funcionamiento de una política nacional sobre la información. París : UNESCO, 1990. (PGI, 90/WS/II).
• ³⁰
  30. REAL DECRETO 1289/1999, de 23 de julio de 1999, por el que se crea la Comisión Interministerial de la Sociedad de la Información y de las Nuevas Tecnologías en España Disponible en: http://infoxxi.min.es/Real_decreto.htm (consultado el 26 feb. 2000); tambien disponible en: http://www.min.es/infoindustrias/Docs/texto.htm (consultado el 20 mayo 2000).
• 31. ROMÁN ROMÁN, Adelaida. Experiencia espańola en el diseńo de políticas de información y documentación. Ciencias da Informaçăo,Brasília, v. 26, n. 3, p. 307-312, 1997.
• 32. ROELANDS, Ian. Understanding information policy: concepts, frameworks and research tools. Journal of Information Science, v. 22, n. 1, p. 13-25, 1996.
• 33. SANZ, Miguel. Fundamentos históricos de la Internet en Europa y en Espańa. Boletín de la Red Iris, n. 45, oct. 1998. Disponible en: http://www.rediris.es/rediris/boletin/45/enfoque2.html (consultado el 9 jun. 2000).
• ³⁴
  UNESCO (París). Communication, information, informatics sector: creating a new. Paris, [2000?].
• 35. UNESCO (París). Programme for a just and free information society París, 2000. Disponible en:<http://www.ibict.br/bibvirtu/socinfo/socinfo1.pdf> (consultado el 27 jun. 2000).
• 36. VIEIRA, ANNA DA SOLEDADE. Bases para o Brasil na sociedade da informaçao: conceitos, fundamentos e universo politico da indústria e serviços de conteúdo. In: SOCIEDADE da inforamaçăo: cięncia e tecnologia para a construçăo da Sociedade da Informaçăo no Brasil. Brasília : IBICT, 1998. p. 69-164. Disponible en: <http://www.ibict.br/bibvirtu/socinfo/socinfo1.pdf> (Consultado el 17 mayo 2000).

¹

Este es por ejemplo el caso de España, país en el que vamos a centrar nuestra reflexión por ser el nuestro, pero esta necesidad de articular políticas de información no ha llegado sólo a los países del primer mundo. Por ejemplo, en marzo de 1999 se aprobó la Política Nacional de Información en Cuba. Instituto de Información Científica y Tecnológica.

La Política Nacional de Información en Cuba [documento www]. La Habana: IDICT, rev. 31 de marzo de 2000. Disponible en:

http://www.idict.cu/asuntos/politica.htm (consultado el 15 de junio de 2000)

²

Anna Birulés y Bertrán. Los retos de España ante la nueva Sociedad de la Información.

Nueva revista de política, cultura y arte, 70:6. 2000

³

Con la crisis del Estado de Bienestar, el aumento del paro a nivel mundial, etc. los países más desarrollados comienzan a ver en la tecnología, y en el desarrollo de políticas de información al respecto, la clave para crear un crecimiento económico sostenible y disminuir el desempleo. Sin embargo hay detractores de esta corriente que ven en las autopistas de la información, incluso, una velada y paradójica amenaza a la democracia.

Cfr. Marie d'Udekem-Gevers. Information Highways: a thread to Democracy [documento www]. En: Colloquium of the European Institute for Communication and Culture. Communication, Citizenship and Social Policy. Re-Thinking the Limits of the Welfare State (12. Boulder. 1997). Boulder: University of Colorado, octubre 1997. Disponible en:

http://ucsub.colorado.edu/~weinberr/Gevers.html (consultado el 2 de junio de 1999).

Cit. Eva Mª Méndez Rodríguez. Globalización de la información.

Sociedad de la Información: política, tecnología e industria de los contenidos. Madrid: Fundación Ramón Areces, 1999, p. 77

⁴

Diccionario de la Real Academia Española: edición electrónica [cd-rom]. Madrid: Espasa-Calpe, 1995. Versión 21.1.0

⁵

Veremos también como además de esta definición intuitiva que estamos dando aquí, responde a la tendencia internacional de las políticas de información, imbuida por la tendencia globalizadora de todas las actividades de nuestra sociedad, que persigue una Sociedad de la Información para todos.

Cfr. infr. 3.2

⁶

Victor Montviloff.

Políticas nacionales de información: Manual sobre la formulación, aprobación, aplicación y funcionamiento de una política nacional sobre la información. París : UNESCO, PGI, 90/WS/II, 1990. P.11

⁷

P. Hernon and H. C. Relyea. Information policy. In: A. Kent and H. Lacour, eds.

Encyclopedia of Library and Information Science. 48 (2). 1968.

Cit. en: Ian Rowlands. Understanding information policy: concepts, frameworks and research tools.

Journal of Information Science, 22 (1): 14. 1996

⁸

Michael W. Hill. Information policies: premonitions and prospects.

Journal of Information Science, 21 (4), 1995, p. 279

⁹

Evelin Daniel.

Information policy [documento www]. Chapell Hill: University of North Carolina, School of Information and Library Science, January 2000. Disponible en:

http://ils.unc.edu/daniel/info-policy.html#policy (consultado el 25 de junio de 2000).

¹⁰

Crecimiento, competitividad y empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo XXI: Libro Blanco. Luxemburgo: Comisión de las Comunidades Europeas, Oficina de Publicaciones, 1993. COM (93) 700 final. White paper on growth, competitiveness, and employment: the challenges and ways forward into the 21st century

. En:

Official Documents, White Papers [documento www]. Bruselas: Europa, 24 de marzo de 1998. Disponible en:

http://europa.eu.int/en/record/white/c93700/contents.html (consultado el 15 de mayo de 2000)

¹¹

Vid. infr.

¹²

Info XXI. La sociedad de la información para tod@s [documento pdf]. Madrid: Comisión Interministerial de la Sociedad de la Información y de las Nuevas Tecnologías, Enero 2000. Disponible en:

http://infoxxi.min.es/Documentos/infoxxi.pdf [p. 6] (consultado el 6 de abril del 2000),

Vid. infr.

¹³

Creating a new UNESCO Programme for a just and free Information Society with universal benefits. [documento www]. París: UNESCO, 2000. Disponible en:

http://www.unesco.org/webworld/future/index.shtml (consultado el 5 de julio de 2000)

¹⁴

Europa y la Sociedad de la Información: recomendaciones al Consejo Europeo. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1994.

Europe and the global information society Recommendations to the European Council [documento www]. Bruselas, Luxemburgo: European Commission, 1996, rev. 10 de abril de 1997. Disponible en:

http://www2.echo.lu/eudocs/en/bangemann.html (consultado el 2 de junio de 2000)

¹⁵

Nick Moore. Information policy and strategic development.

Aslib Proceedings, 45 (11/12): 281-285. 1993

¹⁶

Latinoamérica se sube al tren de Internet [documento www].

Cibernauta 27.06.00. Disponible en:

http://194.30.32.203/cibernauta/datos/escaner/americalatina.htm (consultado el 30 de junio de 2000).

¹⁷

Rodrigo Baggio. Las nuevas tecnologías y el Tercer Mundo: ¿una oportunidad?

Nueva Revista de política, cultura y arte, 70:138. Julio-agosto, 2000.

¹⁸

eEurope: Una sociedad de la Información para todos. Informe de avance. COM (2000) 130 Final.

¹⁹

De la iniciativa española INFOXXI, tendremos oportunidad de hablar en el apartado siguiente, en que centraremos todos los planteamientos discutidos aquí, al caso español.

Vid. infr.

²⁰

UNESCO. Communication, Information, Informatics Sector (CII).

Creating a new UNESCO programme for a just and free information society [documento www]. París: UNESCO, 2000. Disponible en:

http://www.unesco.org/webworld/future/introduction.shtml (consultado el 27 de junio de 2000).

²¹

Vid. Eva Mª Méndez Rodríguez. Política del tándem Clinton-Gore en materia de información: el liderazgo de Estados Unidos. En:

La sociedad de la información: política, tecnología e industria de los contenidos. Mercedes Caridad Sebastián, dir. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 1999, capítulo I: p. 3-36.

²²

Directrices para un Plan Nacional de Actuación 1984-86, en materia de documentación e información científica y técnica: anexos, actas, informe. Madrid: Ministerio de Educación, 1985

²³

El conjunto de objetivos estaba definido por el artículo 2 de la citada Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación

, Boletín Oficial del Estado, nº 93, 18 de abril de 1986.

²⁴

El proyecto IRIS pretendía, y en cierto modo ha conseguido, la creación de un sistema de interconexión de ordenadores, de tamaño y potencia diversos, de modo que puedan compartirse los aparatos (hardware), así como los programas, bases de datos (software) pasando por la mensajería o correo electrónico. De hecho, hoy todas las universidades de España, así como otros centros de investigación, están conectados a Internet a través de una red de comunicaciones propia, la llamada RedIRIS.

Vid. Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. 1988-1991. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1988, p. 100 y ss.

²⁵

España, aunque no es un Estado federal, si está dividida en 19 Comunidades Autónomas, cada una de las cuales dispone de las competencias sobre diferentes actividades, entre las que se incluye, en parte o en su totalidad, la investigación y la enseñanza.

²⁶

Grupo de Análisis de la Sociedad de la Información.

España en la Sociedad de la Información. Madrid: Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, 1996, p. 101

²⁷

Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, elaborada por la Secretaría General de Comunicaciones (Ministerio de Fomento).

²⁸

En España, este ministerio se encarga también de la ciencia desde 1996, fusionando el anterior Ministerio de Educación y Ciencia con el Ministerio de Cultura.

²⁹

Encargado del asesoramiento en materia de telecomunicaciones al Ministerio de Fomento.

³⁰

Encargado de definir la política informática de todos los organismos gubernamentales españoles. Dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas.

³¹

Real Decreto 1289/1999, de 23 de julio de 1999, por el que se crea la Comisión Interministerial de la Sociedad de la Información y de las Nuevas Tecnologías en España [documento www]. Disponible en:

http://infoxxi.min.es/Real_decreto.htm (consultado el 26 de febrero del 2000).

³²

Los secretarios de Estado son un alto cargo dependiente directamente del respectivo ministro, mientras los subsecretarios dependen del secretario de Estado respectivo o, si no lo hubiera, también del propio ministro.

³³

Algunas Comunidades Autónomas han elaborado además diferentes iniciativas para fomentar la sociedad de la información en sus territorios, destacando, a nivel institucional, Cataluña y Extremadura. Ambas han creado cargos específicos de alto rango.

En Cataluña, muy recientemente (marzo de 2000), se ha designado un Consejero (o "ministro" de la comunidad autónoma) de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información, que engloba además al Comisionado para la Sociedad de la Información, encargado directamente de fomentar iniciativas y estudios sobre la materia. Esta última figura se instituyó en 1998, dependiente del Consejero de Presidencia del gobierno autónomo catalán, la Generalitat de Catalunya.

En Extremadura, por su parte, se creó en 1999 la figura del Director General para la Sociedad de la Información (dependiente directamente del Consejero de Educación, máxima autoridad del área en esta comunidad).

Otras comunidades autónomas, sin llegar a crear cargos específicos con este nombre, también han elaborado iniciativas relacionadas con la Sociedad de la Información y, especialmente, con el acercamiento de la información electrónica a sus ciudadanos (como en la Comunidad Valenciana) o con la difusión activa de la información administrativa autonómica (como en Galicia). Con todo, en España hay un deslizamiento positivo hacia la idea de una Europa de Regiones capaces de aportar la innovación tecnológica y preservar al mismo tiempo la cohesión social y territorial interna.

³⁴

Info XXI. La sociedad de la información para tod@s,

Op. cit.

http://infoxxi.min.es/Documentos/infoxxi.pdf [132 p.]

³⁵

Como ya hemos citado, la visión de una «sociedad de la información para todos» de INFO XXI se enmarca en una corriente internacional que coincide con la iniciativa

eEurope de la Comisión Europea, ratificada en las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea de Helsinki (diciembre de 1999) y Lisboa (marzo 2000), así como con el programa de la UNESCO: Sociedad de la Información justa y libre.

³⁶

Real Decreto 1289/1999,

Op. cit.

³⁷

Para más información sobre ambos programas, pueden consultarse la dirección

http://infoxxi.mcyt.es/PROFIT.htm.

³⁸

Los ministerios de Educación y Cultura, Fomento y, finalmente, Industria.

³⁹

España a la cola de la Unión Europea en la adaptación a la nueva sociedad de la información [documento www].

La Empresa. Noticias.com, 21 de marzo del 2000. Disponible en:

http://www.laempresa.net/noticias/2000/0003/200000308_03.htm (consultado el 21 de marzo del 2000)

⁴⁰

La creación de esta Comisión Interministerial sigue el modelo de otros países que, para fomentar e impulsar la implantación y el desarrollo de la Sociedad de la Información, han llevado a cabo iniciativas que implican a sus Gobiernos directamente, bien a través de comisiones independientes de expertos, bien a través de entidades gubernamentales interministeriales creadas al efecto, normalmente dependientes de un Ministerio de la Presidencia. Semejante a esta Comisión Interministerial, en Estados Unidos se constituyó el

Information Infrastructure Task Force, dependiente de la Vicepresidencia; en Francia, el

Comité Interministerial para la Sociedad de la Información; en Luxemburgo, el

Information Society Council, etc.

⁴¹

Information Society Technologies Programme:

http://www.cordis.lu/ist

⁴²

Info XXI. La sociedad de la información para tod@s, Op. cit.,

http://infoxxi.min.es/Documentos/infoxxi.pdf [p. 21]

⁴³

La previsión total de los gastos estatales aportados al Plan es de unos 420.000 millones de pesetas, de los que 192.000 serán aportados por Industria, y 154.000, por Fomento.

Info XXI, Ibid.,

http://infoxxi.min.es/Documentos/infoxxi.pdf [p. 26]

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  23 Nov 2000
• Fecha del número
  Ago 2000