Nuevas configuraciones religiosas/seculares: las ONG “pro-vida” en las disputas por las políticas sexuales en Argentina

New religious/secular configurations: the self-proclaim “pro-life” NGOs and the disputes on sexual politics in Argentina

Resumen

En América Latina, desde hace algunos años, una serie de actores religiosos vienen articulando estrategias para oponerse a los derechos sexuales y reproductivos. Si bien la jerarquía de la Iglesia Católica y algunas iglesias evangélicas continúan siendo centrales en la oposición a estos derechos, en las últimas décadas distintos sectores de la sociedad civil han comenzado también a activarse políticamente en pos de resistir el avance de la agenda de los derechos sexuales y reproductivos. Desde aquí, diversas ONG “pro-vida” vienen adquiriendo cada vez mayor relevancia en el contexto argentino. El presente artículo busca describir e identificar la emergencia y el desarrollo de estas ONG en Argentina, así como las transformaciones en sus identidades públicas y sus acciones. Se destaca cómo han mutado sus identidades religiosa, desplazando estos elementos a un segundo plano. Así, se da cuenta de las complejidades que adquieren las fronteras entre lo religioso y secular en su accionar político.

Palabras-clave
Organizaciones no gubernamentales; Religión; Sexualidad; Pro-vida; Argentina

Abstract

Although the hierarchy of the Catholic Church and some evangelical churches continue to be the central opposition to sexual and reproductive rights (SRR), in recent decades, various sectors from the civil society have also begun to get politically active with the purpose of resisting the advance of the SRR agenda. Several “pro-life” NGOs are becoming increasingly important in Argentina. This article aims to describe the emergence and development of these NGOs in the country, the changes in their public identities and actions, as well as the ways in which these NGOs relate religion with politics. At the beginning, most of these organizations maintained a strong catholic identity; however, in the last two decades, a series of evangelical organizations have begun to emerge. In addition, many other NGOs are downplaying their religious identity, displacing it to a secondary position. This phenomenon evidences the complex nature of the limits between religion and secularity in the political activities of these organizations, in the context of the current debates around sexual policies.

Keywords
Non Governmental Organizations; Religion; Sexuality; Pro-life; Argentina

La sexualidad y la reproducción, lejos de situarse en la esfera de lo íntimo y lo privado, constituyen actualmente terrenos altamente políticos en la región latinoamericana. La politización de la sexualidad impulsada por los movimientos feministas, de mujeres y LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex) desde los años setenta, ha evidenciado las múltiples y complejas dinámicas que construyen al orden sexual en nuestras sociedades. Estos movimientos, aunque heterogéneos en su interior, adscriben a cosmovisiones desde donde interpelan las tradicionales formas de entender lo sexual, denunciando el complejo entramado de discursos, instituciones y actores que sostienen y reproducen una jerarquía sexual excluyente en las sociedades contemporáneas.

Los cuestionamientos que los feminismos y los movimientos LGBTI han realizado al orden sexual hegemónico, han incitado fuertes transformaciones que impactan de lleno en el entramado de las democracias contemporáneas. Demandas como la legalización del aborto, el acceso universal a tecnologías anticonceptivas, el matrimonio y el derecho a adopción por parte de parejas del mismo sexo, el reconocimiento de las identidades de género autopercibidas, entre otras, han comenzado a adquirir legitimidad a nivel social, y en algunos casos han logrado concretarse en leyes y/o políticas de Estado.

Esta inscripción de lo sexual en los actuales debates públicos ha impactado de múltiples formas en las distintas dimensiones de la vida social y cultural. Una de éstas ha sido la esfera de la religión. La presencia pública de lo religioso ha abierto nuevos desafíos para el campo de la investigación. Si bien en algunos sectores religiosos la politización de las agendas sexuales contribuyó a la pluralización de posturas acerca de la sexualidad (Vaggione 2005; Peñas Defago y Sgró Ruata 2009; Jones y Carbonelli 2012;Jones, Peñas Defago y Godoy Añativia 2014), en otros generó una reacción opuesta, activando una férrea defensa en torno a un orden sexual conservador y restrictivo (Soares Jurkewicz 2011; Pecheny y La Dehesa 2011; Vaggione 2009). En este último caso, en América Latina se ha configurado un activismo político de oposición al avance de las demandas de los movimientos feministas, de mujeres y LGBTI, conformado por una amplia gama de actores, discursos y estrategias. En términos generales, dentro de la región ha sido la jerarquía de la Iglesia Católica la que ha tenido el rol protagónico en esta reacción opositora, junto con algunas iglesias evangélicas conservadoras. Aunque con ciertos puntos de disonancia entre sí, estas iglesias han presentado una lucha vinculada con la defensa de un modelo de sexualidad basado en la familia heterosexual, conyugal, monogámica y reproductiva.

Este escenario refleja que pese a las propuestas de laicidad formal que se han ensayado en diversos Estados de la región (Oro y Ureta 2007), las iglesias continúan siendo actores claves en el delineamiento de ciertas políticas, y es precisamente en la política sexual donde su presencia se ha visto intensificada en los últimos años (Vaggione2009).

Sin embargo, y sin dejar de considerar la centralidad que continúan teniendo las jerarquías eclesiásticas en torno de sentar su posición en los debates que plantean nuevos paradigmas de lo sexual, el mapa de actores religiosos en este campo ha adquirido renovadas formas en las últimas décadas. Hoy en día, no son sólo los líderes de determinados credos los que operan políticamente a fin de resistir los avances de los movimientos feministas, de mujeres y LGBTI. Alrededor de la defensa y promoción de la política sexual opuesta a los derechos sexuales y reproductivos se ha configurado un movimiento que amplía la gama de actores más allá de las cúpulas eclesiales. Bajo el rótulo autoimpuesto de “pro-vida”, estos sectores han gestado un activismo en donde operan fuertemente líderes religiosos católicos y evangélicos, así como también otros actores que se articulan desde la sociedad civil (Vaggione 2005; Dides 2006; Mujica 2007), gestando estrategias de incidencia en pos de la defensa de un orden sexual restrictivo. Una de las acciones privilegiadas en este sentido es la creciente proliferación y consolidación de organizaciones no gubernamentales (ONG) “pro-vida”. Estas organizaciones, además de introducir nuevas configuraciones en el mapa de actores opuestos a la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, han complejizado las formas de entender el rol de las religiones en los actuales debates sobre políticas sexuales. La emergencia y consolidación de estos actores da cuenta de nuevas formas en que lo religioso incide sobre lo político dentro de los marcos legitimados por las democracias contemporáneas. Juan Marco Vaggione (2005:242) propuso el concepto de “secularismo estratégico” para hacer referencia a los modos en los que diversos sectores religiosos han adoptado una retórica secular para hacer frente a las agendas feministas, de mujeres y LGBTI, pero sin disminuir su grado de dogmatismo. Bajo este esquema, lo secular y lo religioso son pensados por estos actores como el reflejo de una misma verdad que busca impactar sobre las políticas sexuales en las democracias contemporáneas.

Retomando la complejidad de este fenómeno, este artículo pretende indagar en torno a las principales estrategias y líneas de acción de las ONG “pro-vida” respecto a las políticas de sexualidad y reproducción en Argentina. Uno de los focos centrales del análisis se relaciona con los vínculos de estas organizaciones con la religión y sus transformaciones a lo largo del tiempo. La metodología utilizada, de base cualitativa, se basó centralmente en un análisis de fuentes primarias, las que consistieron en trece entrevistas en profundidad a miembros de ONG “pro-vida” de Argentina realizadas entre 2010-2014, así como un mapeo de sitios web de las ONG bajo estudio y una sistematización y análisis de material documental e informativo producido por las mismas. Estas fuentes permitieron indagar tanto la historia de estas organizaciones, así como sus principales acciones y configuraciones identitarias. Adicionalmente, se recurrió al uso de fuentes secundarias mediante una revisión de prensa escrita nacional de los diarios Clarín, Página 12 y La Nación entre los años 2000-2011. Además de su alcance federal, la elección de estos tres medios de prensa escrita se justificó por la divergencia de sus líneas editoriales, la que permitió visibilizar un amplio espectro de actores y posicionamientos¹. Algunos de los datos recabados en estos tres periódicos fueron complementados mediante búsquedas en otros medios digitales, principalmente medios provinciales y otros especializados en noticias vinculadas a la causa del activismo “pro-vida”, como la Agencia Informativa Católica Argentina – AICA, Aciprensa, Argentinos Alerta, entre otras, con el fin de corroborar, contrastar y/o ampliar la información.

El presente trabajo se divide en tres secciones: en un primer momento revisamos algunas de las caracterizaciones generales de los actores religiosos contrarios a los derechos sexuales y reproductivos, conectándolos con una serie de debates en torno a las relaciones entre religión, política y sexualidad. En un segundo momento, realizamos un recorrido histórico del origen y configuración de las ONG bajo estudio en Argentina, buscando mostrar algunos de los principales cambios que han sufridos sus líneas de acción e identidades públicas. Finalmente, abordamos el reciente proceso de federalización de las ONG “pro-vida”, ocurrido tras el debate y sanción de la ley de matrimonio entre parejas del mismo sexo en 2010. Al amparo de estas discusiones, el presente trabajo busca aportar a los debates sobre las diversas formas a través de las cuales la presencia pública de las ONG “pro-vida” desafía las formas de comprender los modos en que lo religioso y lo secular operan en el ámbito de las políticas sexuales contemporáneas.

Religión, política y sexualidad

Lejos de cumplirse los presagios de las teorías de la secularización que auguraban el debilitamiento y/o privatización de la religión en la modernidad, las religiones se han “desprivatizado” (Casanova 1994), manteniendo un rol protagónico en la esfera pública contemporánea (Berger 2005). Aunque es evidente que las religiones ya no se constituyen como el centro hegemónico que organiza las instituciones y los vínculos sociales (Casanova 1994), “lo religioso asume nuevas formas, que no son unívocas, ni centralizadas, ni abarcadoras de toda la realidad social” (Mallimaci y Giménez Béliveau 2007:47).

La religión hoy en día continúa suscrita a la arena política a fin de defender determinados órdenes, participando en las disputas que hacen parte de las democracias contemporáneas (Vaggione 2005). La presencia de la religión en la esfera pública ha incitado una serie de debates normativos que discuten las pautas y limitaciones de la relación entre religión y política. Algunas de estas posiciones tienden a promover una profundización del secularismo o laicidad, confinando lo religioso a la esfera privada (Rawls 1995). Otras posiciones más recientes han reconocido algunas dimensiones de legitimidad en esta relación, aunque continúan sosteniendo ciertas reservas respecto de la inscripción de lo religioso en lo político. Según la propuesta de Habermas (2006), por ejemplo, las razones religiosas pueden ocupar un espacio legítimo dentro de los debates políticos, en la medida en que se traduzcan en razones seculares asequibles para todo el mundo. Otras posiciones cuestionan las distinciones entre religión y política en tanto construcción propiamente occidental, rediscutiendo la exclusión de la religión del espacio público (Connolly 1999).

Los debates en torno a las políticas sexuales constituyen una arena en donde se evidencia fuertemente la presencia política de la religión (Htun 2003). Las instituciones religiosas en América Latina continúan teniendo una fuerte impronta en las discusiones sobre sexualidad, tecnologías reproductivas y políticas de género. En este escenario, una de las estrategias privilegiadas por los movimientos por los derechos sexuales y reproductivos ha sido abogar por la separación entre el Estado y las Iglesias, a través del reclamo por el Estado Laico (Vaggione 2014).

Sin embargo, y pese al rol protagónico que continúa jugando la jerarquía católica y algunas iglesias evangélicas en la oposición a la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, desde la década del ochenta se ha venido conformando en Argentina y en general en la región latinoamericana, un activismo en oposición a las demandas de los feminismos y movimientos de mujeres y LGBTI que trasciende el actuar de estas iglesias (Vaggione 2005; Mujica 2007; Soares Jurkewicz 2011; Irrazábal2011). Aunque no excluye a ciertos líderes religiosos, en este activismo confluyen actores académicos, sectores médicos, parlamentarios/as y políticos/as, movimientos laicos cristianos, organizaciones civiles, entre otros. Sus discursos y campos de acción abarcan la política, la educación, la bioética, el derecho, entre muchos otros, con lo cual su presencia pública resulta heterogénea. Estos actores que convergen en la defensa de un activismo conservador en materia sexual, han tendido a presentarse públicamente bajo el rótulo de “pro-vida”, emulando a las agrupaciones “pro-life” conformadas en Estados Unidos durante los años setenta. En este sentido, esta nominación opera como un nombre común que se han autoimputado, buscando defender una agenda sexual restrictiva. El conservadurismo que define a esta agenda se posiciona como un elemento compartido que caracteriza la política sexual de estos sectores, advirtiendo que su lucha se orienta a lograr la preservación de nociones y normas amparadas bajo el alero de “la tradición” (Mujica 2007). Esta noción de tradición, como afirma Coontz (2000), supone una imagen ficcional proyectada sobre un pasado construido de manera retrospectiva, que opera bajo la forma de una añoranza por recuperar un sentido moral que se habría perdido en el mundo contemporáneo. Aunque la idea de conservadurismo pueda resultar algo ambigua, apela al aspecto ideológico de un activismo que busca sostener un orden sexual amparado en la idea de una “familia tradicional” que consideran amenazada por las demandas de los feminismos y movimientos de mujeres y LGBTI que, entre otros aspectos, disocian la sexualidad de la reproducción, proponiendo nuevos paradigmas de comprensión de lo sexual (Vaggione2010).

La confluencia de esta heterogeneidad de actores, la identidad política que comparten, y la agenda político-social común que defienden, hace posible caracterizar a este activismo como un movimiento social, el que para María Da Gloria Gohn, puede ser comprendido como

…acciones sociopolíticas construidas por actores sociales colectivos pertenecientes a distintas clases y capas sociales (…) Las acciones desarrollan un proceso social y político-cultural que crea una identidad colectiva para el movimiento, a partir de los intereses en común. (…) Los movimientos participan por lo tanto de los cambios sociales históricos de un país y el carácter de las transformaciones generadas podrá ser tanto progresista como conservador o reaccionario (Gohn 1997:252 apud Mirza2006).

Al centrar la definición de los movimientos en sus acciones y no en sus actores, en la construcción de una identificación colectiva basada en elementos ideológicos comunes y no en sujetos históricos predeterminados, en el carácter “ambivalente” de sus agendas y no en una visión netamente progresista de éstas, la definición de Gohn habilita a asumir a los sectores “pro-vida” como un movimiento social, y desanclarlo de las visiones que suelen reducirlo a meras instituciones o prácticas religiosas.

Entre los múltiples actores y estrategias que hacen parte de este activismo, la conformación de ONG ha sido una de las formas más relevantes de la puesta en escena de estos sectores en los últimos años (Vaggione 2005). Estas ONG se constituyen en actores que se presentan en el espacio público como representantes de intereses que se asumen a sí mismos relevantes para el conjunto social. En este contexto, el movimiento “pro-vida” ha configurado un activismo que se debate políticamente mediante un fuerte accionar de ONG alineadas con la política sexual defendida por las iglesias conservadoras, pero que se presentan públicamente muchas veces como defensoras de intereses que van más allá de los de la comunidad religiosa.

En un escenario regional de transformaciones sociales donde la sociedad civil ha adquirido un creciente protagonismo (Álvarez1998), en oposición a la supuesta desafección política expresada en altos niveles de abstención electoral, la presencia de las ONG “pro-vida” responde a una forma en la que el activismo contrario a la agenda de los derechos sexuales y reproductivos se adapta a los contextos propios de las democracias latinoamericanas contemporáneas. Así, la conformación de ONG “pro-vida” supone una forma directa de actuar mediante el uso de los canales abiertos y legitimados tras los procesos post-dictatoriales y post-conflictos armados ocurridos en diversos países de América Latina. La incidencia política de estos sectores se sitúa en un terreno propiamente democrático, impulsando estrategias de judicialización, lobby, movilización ciudadana, entre otros, a partir de una imagen y legitimidad distinta a la que pueden tener en ocasiones los líderes religiosos y las iglesias. La conformación de estas ONG responde así a una estrategia de movilización colectiva que busca legitimarse como una forma de participación democrática capaz de penetrar en las instituciones políticas, incluso en aquellos espacios de más difícil acceso para las iglesias en el marco de las renovadas acciones que vienen reclamando la laicidad de los Estados².

La emergencia y consolidación de estas ONG no debe ser interpretada como una retirada de la religión respecto de los debates en torno a la política en general, y a la sexualidad en particular. Por el contrario, esta ongización de lo religioso (Vaggione 2005) responde a una complejización de las formas en que la religión actúa en las democracias sobre las agendas de sexualidad y reproducción. El análisis de estos actores, así como sus diferentes configuraciones y arenas de intervención, permiten acercarnos a las múltiples y renovadas formas en las que se relaciona el campo de lo religioso con el político.

La emergencia y desarrollo de las ONG “pro-vida” en Argentina

Si bien la presencia pública de las ONG “pro-vida” ha tomado relevancia en los últimos años, en especial tras la politización que han adquirido algunos temas como el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo, sus orígenes en Argentina son anteriores a la inscripción de estos temas en la agenda pública. Durante la década de los ochenta los movimientos feministas, de mujeres y LGBTI comenzaban a adquirir lentamente protagonismo en la vida social y política local, con agendas marcadas centralmente por la lucha por la igualdad de género y la prevención del VIH/Sida, respectivamente. Otros temas, como la legalización del aborto³ o los derechos de personas LGBTI no entrarían de manera fuerte en la agenda de estos movimientos sino hasta etapas posteriores (Brown 2008; Pecheny y De la Dehesa 2011).

En este contexto, se comenzaron a configurar también las primeras ONG “pro-vida” en el país. Si bien algunas de éstas fueron fundadas en la primera mitad del siglo XX, sus agendas en ese entonces aun no se centraban sobre la política sexual, y el rotulo “pro-vida” no se había construido aun en tanto categoría identitaria.

En las décadas del 20’ y 30’ el Vaticano promovió lo que se ha denominado como “catolicismo integral” (Poulat 1969), esto es, un llamado a la conformación de un movimiento laico que promoviese una militancia de la fe en diferentes esferas de la vida tanto pública como privada, llevando el catolicismo a ocupar espacios políticos, sindicales, universitarios, profesionales, entre otros. En este marco es cuando nacen en Argentina organizaciones como el Consorcio de Médicos Católicos (Buenos Aires – 1929) o la Corporación de Abogados Católicos (Buenos Aires – 1935), con el fin de promover el catolicismo en espacios profesionales.

En los años 50’ y 60’, y ante los debates y avances legales en materia de la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, el divorcio⁴ o la reglamentación del trabajo sexual, se crearon una serie de organizaciones católicas focalizadas fuertemente en la idea de “la familia”, entendida siempre como conyugal, monogámica, heterosexual y reproductiva. Así, y como respuesta a los debates que suscitaron las transformaciones sociales que comenzaban a cuestionar el rol tradicional del hombre y la mujer en el espacio público y doméstico, se crearon organizaciones como la Liga de Amas de Casa (Buenos Aires, 1956), Tradición, Familia y Propiedad (Buenos Aires, 1967), Liga de Madres de Familia (Buenos Aires, 1951), Liga por la Decencia (Santa Fe, 1963) entre otras.

Sin embargo, no fue sino hasta los 80’ que estas ONG se incorporarían al activismo “pro-vida” adaptando sus agendas, en consonancia con la priorización de la política sexual que comenzó a impulsar el Vaticano en este período, focalizada centralmente en la idea de la “defensa de la vida”. Asimismo, las identidades de estas organizaciones se reconfiguraron adoptando el término “pro-vida” como una identidad común, la que a su vez comenzaría a operar como un dispositivo que logra mancomunar a una serie de entidades que habían sido creadas en épocas distintas, con finalidades y campos de intervención sectoriales.

Además de la readaptación de las antiguas ONG, con el retorno de la democracia en 1983 se constituirían la inmensa mayoría de las organizaciones ”pro-vida”, muchas de las cuales se mantienen vigentes hasta la fecha. De este modo, podemos decir que el desarrollo de las ONG “pro-vida” no ha sido lineal ni unívoco, sino que se ha acomodado de diversos modos a los procesos sociopolíticos que ha atravesado el contexto local, muchas veces influenciado por el escenario internacional, adaptándose a los debates politizados en cada período y encarándolos desde estrategias diversas. Tomando esto en consideración, es posible pensar en al menos dos grandes etapas a partir de las cuales se han desarrollado estas ONG en Argentina, considerando sus acciones estratégicas privilegiadas⁵.

a) Década de 1980 a principios de 1990: Las primeras ONG argentinas autoidentificadas como “pro-vida” fueron conformadas en la década de los ochenta. En aquellos años, agrupaciones como ProFamilia (Buenos Aires – 1983), Grávida (Buenos Aires – 1989), ProVida San Luis (San Luis – 1989), Fundación Argentina del Mañana (Buenos Aires – 1989) y Portal de Belén (Córdoba – 1991), entre otras, fueron creadas con el fin de defender una política sexual conservadora.

Estas primeras ONG concentraron sus acciones en la temática del aborto. En una época en la que la interrupción del embarazo aun no ingresaba de manera fuerte en la agenda pública nacional (Brown 2008), estas organizaciones surgieron de un modo “preventivo” frente a un escenario internacional donde diversos países, principalmente europeos, venían flexibilizando sus regulaciones sobre el aborto. En términos generales, estas organizaciones intentarían defender su posición mediante la búsqueda de impactos de carácter simbólico y cultural, por un lado, y a través de acciones de asistencialismo desarrolladas con poblaciones consideradas como estratégicas, por otro.

En cuanto a las acciones de impacto cultural, éstas refieren en términos generales a aquellas orientadas a incidir sobre las opiniones, ideas y creencias sociales vinculadas con lo sexual y las prácticas en este ámbito. La Fundación Argentina del Mañana, creada con el objetivo de incidir en los contenidos programáticos de los medios de comunicación, es un ejemplo paradigmático de las ONG que intentarían impactar culturalmente. Así por ejemplo, esta organización realiza presentaciones ante la autoridad federal de regulación de los medios de comunicación audiovisuales con el fin de reclamar por el contenido de ciertos programas que divergen de la moral sexual católica.

Por otro lado, respecto de las acciones asociadas al asistencialismo, muchas de las primeras ONG “pro-vida” se enfocaron en aquel entonces en labores vinculadas con la asistencia de sectores poblacionales específicos. En un contexto latinoamericano donde las políticas neoliberales comenzaban a quitar protagonismo al Estado en su función de hacer llegar servicios básicos a los sectores más desfavorecidos, muchas ONG “pro-vida” se presentaban a sí mismas como una alternativa ante la desprotección estatal. El asistencialismo se transformaba así en una forma privilegiada por algunas de estas ONG para lograr un impacto social sobre sectores poblacionales específicos, teniendo como fin principal no necesariamente la superación de las condiciones de vulnerabilidad, sino el evitar que mujeres embarazadas recurriesen a un aborto. En este contexto en Argentina agrupaciones como Grávida y Portal de Belén se crearían a finales de los 80’ y principios de los 90’, en pleno comienzo de las reformas estructurales neoliberales del gobierno de Carlos Menem (1989-1999), con el objeto de albergar y/o asistir a mujeres embarazadas en condiciones de vulnerabilidad para impedir que aborten.

Finalmente, una notoria característica de las ONG de esta etapa fue su fuerte impronta católica. Muchas se presentaban en el espacio público como abiertamente adscritas a este credo. En un período en donde aun no se desarrollaba un activismo evangélico similar en el país, las primeras ONG “pro-vida” estuvieron fuertemente atravesadas por la retórica y la influencia de la jerarquía vaticana. Muchas incluso se ampararon en organizaciones católicas internacionales que comenzaban a operar en la región en los ochenta, como Human Life International⁶.

b) Principios de 1990 a la actualidad: A diferencia de la etapa anterior, en este período comenzarían a surgir ONG “pro-vida” que ampliarían su intervención hacia ámbitos estatales priorizando la acción en espacios legislativos, judiciales e incluso internacionales. Esto último, en estrecha relación con el nuevo mapa que comenzaba a gestarse en las conferencias internacionales de Naciones Unidas respecto del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos a nivel global. En 1994, por ejemplo, se conforma en Buenos Aires la ONG católica Familias del Mundo Unidas por la Paz (FAMPAZ), que participaría en 1995 en la reunión preparatoria para la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, representando la posición católica contraria al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Del mismo modo, se crearían una serie de ONG a lo largo del país con el objetivo de impactar en espacios políticos de toma de decisión mediante acciones de lobby, seguimiento y asesoramiento legislativo, entre otros. Estos son los casos de Pro-Vida (Buenos Aires – 2000), la Fundación 25 de Marzo (Córdoba – 2002), Jóvenes Autoconvocados por la Vida (Córdoba – 2004), el Centro de Bioética, Persona y Familia (Buenos Aires – 2009) etc. Incluso en esta etapa, algunas de las ONG fundadas en los años 80’ y principios de los 90’ rearticularon sus estrategias a fin de incorporar la acción política y legal entre sus actividades, como es el caso de Portal de Belén, la Fundación Argentina del Mañana o ProFamilia.

Además del impacto en espacios políticos de toma de decisión, en esta etapa algunas organizaciones comenzarían a hacer uso además del litigio estratégico, con el fin de obturar la aplicación de determinadas políticas o de evitar el acceso a ciertos derechos sexuales y reproductivos garantizados por ley. Si bien esta estrategia comenzó a ser utilizada a finales de la década del noventa, fue una vez finalizado el gobierno de Carlos Menem cuando empezó a ser privilegiada por estas organizaciones como una forma de resistencia ante los avances de la agenda de los derechos sexuales y reproductivos (Vaggione2009; Peñas Defago 2010; Peñas Defago y Morán Faúndes 2014). Como señala Mala Htun (2003), en América Latina las ventanas de oportunidades para la aprobación de políticas favorables a estos derechos se suelen dar en contextos políticos de tensión entre las iglesias conservadoras y el gobierno de turno. Si en los años noventa las políticas públicas y legislaciones en materia sexual estuvieron por lo general signadas por una impronta conservadora en virtud de la alianza entre la jerarquía católica y el gobierno de Menem (Esquivel 2004), la ruptura de esa alianza en la siguiente década (en especial durante el mandato de Néstor Kirchner entre 2003 y 2007) implicó un giro en la política sexual argentina, en ocasiones más favorable a la agenda de los derechos sexuales y reproductivos⁷. Ante este panorama, el activismo “pro-vida” rearticuló sus estrategias, privilegiando un fuerte proceso de judicialización ante el debilitamiento de las alianzas con el poder ejecutivo nacional. En este marco es posible observar cómo en los últimos veinte años se ha incrementado el número de ONG “pro-vida” que tienden articular acciones judiciales que buscan incidir tanto sobre legislación de carácter nacional, como sobre normativas provinciales.

El uso estratégico del litigio como forma de obturar los derechos sexuales y reproductivos, se ha traducido también en un cambio en la retórica esgrimida públicamente por parte de las ONG “pro-vida” ante los tribunales, llevando a que en los últimos años se refuerce en las instancias judiciales un lenguaje en clave de derechos humanos en detrimento de los discursos religiosos presentes en etapas anteriores (Vaggione 2009; Peñas Defago 2010). Nuevamente aquí, la ruptura en la relación Iglesia-Estado a partir de 2003 podría haber incidido en este corrimiento discursivo respecto de la religión. Esto último puede vincularse con el fortalecimiento de las políticas de memoria y condena al terrorismo de Estado impulsadas desde 2003, desde donde se reforzó el cuestionamiento público hacia la jerarquía católica respecto de su rol y vinculación con las acciones desplegadas por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar (1976-1983) en el país. En este contexto, el discurso de algunas ONG “pro-vida” se ha readaptado estratégicamente para asociar el aborto, junto a otros derechos reproductivos, con crímenes de lesa humanidad, en base a la retórica de las políticas de derechos humanos que ostentan una alta legitimación social en la Argentina del siglo XXI (Carbonelli, Mosqueira y Felitti 2011;Morgan 2014). Como indica Pablo Gudiño Bessone, el uso político y la resignificación de la retórica de derechos humanos en contra de los derechos sexuales y reproductivos, “responde a la elaboración de una estrategia política que intenta operar en el marco de una sociedad que – con el devenir del tiempo – ha quedado sensible a todo aquello que tenga que ver con el recuerdo de la violencia y el horror” (2012:174). Así, en Argentina, donde la jerarquía católica ha sido cuestionada por su colaboración con la última dictadura, el uso de la retórica de los derechos humanos por parte de estas ONG se hace posible, en muchos casos, debido a su forma de presentarse como entidades laicas, apelando así a discursos que podrían ser cuestionados si fuesen emitidos por líderes religiosos.

Paralelamente, esta segunda etapa del activismo “pro-vida” marca también un desplazamiento en términos de las identidades públicas que asumen estas ONG. Algunas de estas organizaciones comenzarían a identificarse con sectores poblacionales puntuales, especialmente bajo las categorías de “jóvenes” y/o “mujeres”. En este marco, nacieron organizaciones como la Fundación Argentina para la Mujer (Buenos Aires – 1998), el Movimiento Cívico de Mujeres (Buenos Aires – 1999), Jóvenes por la Vida (Buenos Aires – 2003), Frente Joven (Buenos Aires – 2010), entre otras, como una abierta estrategia por identificar a “la juventud” con la causa “pro-vida”, así como hacer frente a la representación de “las mujeres” como el sujeto político histórico de los feminismos locales.

Este giro en las identidades públicas de las ONG también estuvo marcado por transformaciones respecto de su identificación religiosa. Además de las organizaciones católicas conformadas en los años ochenta, en esta etapa comenzarían a crearse las primeras ONG evangélicas, como fue el caso de la Asociación Argentina de Abogados Cristianos, creada en 2001, o la ONG Plan 1.5 (Córdoba – 2009). Sin embargo, las agrupaciones evangélicas son aun minoritarias dentro de este activismo en Argentina, un campo mayormente dominado por la denominación católica⁸.

Este proceso de transformación en las identidades públicas confesionales de las ONG bajo estudio, también se ha traducido, en algunos casos, en un relativo borramiento de toda identificación con lo religioso. Si en la primera etapa la gran mayoría de las ONG “pro-vida” se presentaban en el espacio público como católicas, en las décadas siguientes comenzaron a surgir una serie de ONG desligadas de una identidad públicamente confesional, como la Asociación Civil PorVenir (Santa Fe – 2004), Elegimos la Vida (Buenos Aires – 2005), entre muchas otras.

La existencia de ONG “pro-vida” basadas en la fe y de otras carentes de identificación religiosa, no debe reducirse a un simple binario religioso/secular ya que las formas en las que la religión atraviesa a estas agrupaciones son complejas. De este modo, las ONG que no presentan una identidad pública confesional, pueden ser clasificadas en dos categorías analíticas, a las que llamamos “religiosidad interiorizada” y “des-identificación religiosa”.

Las ONG de “religiosidad interiorizada” corresponden a aquellas cuya membresía y/o dirigentes adscriben a una religión específica, a pesar de que la identidad pública de la organización no se presenta como religiosa. Dado esto, la denominación “religiosidad interiorizada” refiere al uso de una identidad institucional secular que se conecta con una determinada y concreta religiosidad interna de su membresía. En esta categoría es posible encontrar a organizaciones como la Asociación Civil Defensoría de la Vida Humana, Dejame Nacer, mi Vida está en tus Manos, el Centro de Bioética, Persona y Familia, entre otras. Por ejemplo, esta última organización suele presentarse públicamente como una ONG asociada al campo de la ciencia y el derecho. Los discursos que esgrimen sus miembros en los espacios de incidencia política remiten por lo general a elementos exclusivamente seculares. Sin embargo, esta ONG fue creada y es dirigida por militantes del Movimiento Fundar, una organización católica reconocida por el arzobispado de Buenos Aires y conformada exclusivamente por católicos/as que “trabajan en la evangelización de la cultura”, según consta en su sitio web⁹.

La categoría “religiosidad interiorizada” no implica necesariamente un ocultamiento de las adscripciones religiosas. Por el contrario, muchos/as de los/as miembros/as de estas organizaciones lo que buscan es privilegiar una línea argumental secular en los espacios públicos por sobre un discurso e identificación religiosa que aúna a su membresía. Así lo indica un entrevistado en el marco de esta investigación: “Vimos que nuestra intervención en cuanto laicos podía estar sustentada en una disciplina propia como es la bioética, que nos daba en los debates públicos una legitimación desde un saber específico interdisciplinario distinto al rótulo de ‘católico’, que nunca se oculta” (Entrevista a líder “pro-vida”, 23 de enero de 2014).

Además de este tipo de ONG, existen otras que se constituyen bajo una identidad institucional aconfesional, y cuya membresía no adscribe a una religión particular. A estas organizaciones las denominamos de “des-identificación religiosa”. El elemento religioso es minimizado en el plano identitario tanto de la organización como de sus miembros, de tal modo que la organización carece de identificación religiosa específica, admitiendo militantes provenientes de diversos cultos o que no profesan religión. Este tipo de ONG favorecen la participación de militantes católicos y evangélicos, pero también de activistas sin una necesaria adscripción religiosa. Organizaciones como Por-Venir (Santa Fe – 2003) y Elegimos la Vida (Buenos Aires – 2005) son algunos ejemplos. La denominación “des-identificación religiosa”, en términos analíticos, refleja la evolución histórica del activismo “pro-vida” en Argentina. Así, si a lo largo de prácticamente todo el siglo XX las organizaciones “pro-vida” fueron creadas expresamente bajo el alero de una religión, primero católicas y posteriormente algunas evangélicas, a inicios del siglo XXI surgen diversas agrupaciones que comparten la misma agenda que sus antecesoras, no obstante no identificarse con una religión determinada. Esta característica no implica necesariamente la emergencia de organizaciones “pro-vida” ateas, si no que refleja el modo en el que ya no es una religión específica el elemento gravitante que convoca a su membresía.

Al analizar la evolución de las ONG “pro-vida” en el país es posible asumir que, aunque existe actualmente un amplio número de organizaciones que sostienen una identidad pública religiosa, se evidencia un proceso de borramiento de estas identidades que puede ser interpretado precisamente como una dimensión del “secularismo estratégico” (Vaggione 2005) profundizada en los últimos años. Bajo este concepto se asume que la adopción de una posición secular responde a una estrategia para lograr una mayor incidencia en el debate político y penetrar espacios que difícilmente podrían ser permeados por un discurso y una identidad basadas expresamente en la fe y dogmas religiosos.

Las ONG “pro-vida” en su camino hacia la federalización

En julio de 2010 se sancionó en Argentina la ley 26.618 de reforma del Código Civil en lo relativo al matrimonio, colocando en igualdad de condiciones a todas las parejas independientemente de su sexualidad. Este proceso fue acompañado de un intenso debate social y político. Así, una diversidad de actores se movilizaron en torno al debate legislativo buscando hacer visibles sus posiciones respecto al proyecto en tratamiento. Precisamente, uno de los actores altamente visibles en oportunidad de debatirse y aprobarse la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo fueron las ONG “pro-vida” afines a los lineamientos de la Iglesia Católica y de los sectores evangélicos del polo conservador. Dado esto, los debates y disputas que se gestaron en torno al matrimonio igualitario constituyen una importante ventana de análisis desde donde indagar no sólo las acciones de movilización política emprendidas por estas ONG, sino además las complejas formas que ha adquirido su relación con lo religioso.

Ya en el año 2002 parte del movimiento “pro-vida” organizó una oposición a la iniciativa legislativa de las uniones civiles de la ciudad de Buenos Aires, así como a las posteriores regulaciones aprobadas en el país. Algunas de éstas emitieron declaraciones en contra de las uniones civiles y organizaron campañas para evitar su aprobación. En junio de 2002, por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) organizó una jornada de debate acerca del proyecto legislativo, en donde una serie de expositores contrarios a las uniones civiles, entre los que se encontraba el abogado de la ONG Corporación de Abogados Católicos, Eduardo Sambrizzi, expusieron su postura. Asimismo, la ONG Fundación Argentina del Mañana organizó a mediados de ese año una campaña on line para enviar mensajes de protesta a la legislatura porteña¹⁰. De manera similar, luego de que en 2009 el intendente de la ciudad de Río Cuarto, Juan Jure, vetase la ordenanza 279/09 sancionada por el Consejo Deliberante, mediante la cual se buscaba legalizar las uniones civiles en la localidad cordobesa, agrupaciones “pro-vida” promovieron una campaña de envío de correos electrónicos a los/as concejales de la ciudad para que aceptasen el veto¹¹. Ese mismo año, tras el fallo de la jueza Gabriela Seijas que autorizó el matrimonio entre Alejandro Freyre y José María Di Bello, algunas ONG repitieron la estrategia de envío de correos electrónicos, esta vez al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, solicitándole que apelase al fallo. Posteriormente, la ONG Corporación de Abogados Católicos apeló y reclamó la nulidad de la sentencia¹².

Pero sin duda, fue el intenso debate público que se generó en 2010 en torno a la aprobación del matrimonio igualitario el que incitó con mayor fuerza la movilización y organización de los sectores “pro-vida” en contra de las demandas LGBTI. A diferencia de lo ocurrido con las uniones civiles, el matrimonio igualitario constituyó una medida que afectaría a todo el territorio nacional, además de impactar directamente sobre una institución que es considerada primordial para el modelo de familia sostenido por el conservadurismo religioso. Así, la iniciativa legislativa despertó un fuerte interés en estos sectores, quienes desarrollaron diversas estrategias a fin de defender el matrimonio exclusivamente heterosexual.

En especial durante el año 2010 diversos actores LGBTI a lo largo de Argentina se movilizaron a fin de ejercer presión a favor de la modificación legal (Rabbia e Iosa 2011). Del mismo modo, el movimiento “pro-vida” articuló múltiples formas de movilización pública con el objeto de oponerse al matrimonio igualitario (Sgro Ruata 2011; Morán Faúndes 2011). Esta disputa política marcaría un punto de inflexión dentro del desarrollo de este activismo, en especial luego de que el 15 de julio de ese año el Congreso Nacional sancionara la modificación legal.

Durante todo el período de debate parlamentario muchas de estas organizaciones se abocaron a diversas tareas de oposición al matrimonio igualitario, como la emisión de declaraciones públicas en diversos medios de comunicación, la participaron en las audiencias de la comisión senatorial en cada provincia, la convocatoria a marchas en repudio al proyecto de ley, la organización de intervenciones y campañas en defensa de la familia heterosexual, el lobby político, entre otras. Organizaciones como el Centro Bioética, Persona y Familia (Buenos Aires), la Corporación de Abogados Católicos (Buenos Aires), ProFamilia (Buenos Aires), Portal de Belén (Córdoba), Jóvenes Autoconvocados por la Vida (Córdoba), Red Pro Familia (Santa Fe), Salvemos a la Familia (San Juan), entre muchas otras, se movilizaron a lo largo del país para hacer frente a la iniciativa legislativa que se discutía en el Congreso de la Nación.

La oposición a la reforma del Código Civil movilizó a gran parte del movimiento opuesto a los derechos sexuales y reproductivos, logrando una importante articulación a niveles provinciales, pero también nacional. Si por un lado, muchas de las ONG que habían trabajado centralmente en torno a la temática del aborto desplazaron su agenda a fin de oponerse al matrimonio igualitario, por otro lado, la politización del debate sobre el matrimonio generó un exponencial aumento de este tipo de ONG a lo largo y ancho del país, muchas de las cuales fueron creadas durante el proceso de discusión del proyecto legislativo o tras su aprobación, como una reacción al mismo. Ejemplo de esto último son las ONG S.O.S. Familia (Catamarca – 2010), Frente Joven (Buenos Aires – 2010), Salvemos la Familia (San Juan – 2010), Familia Viva (Jujuy – 2010), entre otras.

En el marco de este proceso de movilización, la derrota que significó para estos sectores la aprobación del matrimonio igualitario gatilló la necesidad dentro del activismo por establecer iniciativas estratégicas orientadas a fortalecer las articulaciones entre las ONG. El exitoso modelo que significó la creación en 2006 de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) para la sanción de la reforma que habilitó el matrimonio igualitario, despertó en las ONG “pro-vida” el interés por imitar esta estrategia, conformando un conglomerado que las aúne en una instancia institucional común de carácter nacional. Junto con esto, las acciones llevadas adelante desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito¹³, que desde el 2005 reúne a diversas organizaciones feministas y de mujeres de todo el país, incitó una lectura política dentro del activismo “pro-vida” que asumió que el próximo paso en materia de derechos sexuales y reproductivos sería la legalización del aborto en el país¹⁴. Así, a modo de resistir estas demandas de manera articulada, a partir del 2010 comenzaron a ensayar instancias de coordinación conjunta, buscando un mayor impacto en las agendas políticas nacionales y provinciales. Una de las iniciativas más relevantes que se concretaron como parte de este proceso de coordinación y federalización fue la creación en 2010 de la Red Federal de Familias¹⁵, la que aúna a diversas ONG “pro-vida” de toda Argentina¹⁶.

La Red Federal de Familias nace entonces reuniendo a diversas ONG bajo un ideario común. Explícitamente, este ideario se traduce en una agenda basada en cuatro puntos: 1) la defensa de la vida humana desde el momento de la fecundación; 2) la defensa del matrimonio entre varón y mujer; 3) el respeto del fin de la vida “natural” (en oposición a la eutanasia); y 4) la defensa del derecho irrenunciable de los padres a educar a sus hijos (en resistencia a la educación sexual integral promovida desde el año 2006 por el Estado nacional). Así, más allá de las identidades religiosas o partidarias de las ONG, la participación de cada una dentro de la Red Federal de Familias está condicionada al compromiso con estos “mínimos comunes”.

Esta política de mínimos comunes de la Red Federal de Familias le ha permitido nuclear tanto a organizaciones católicas como evangélicas, estableciéndose como una instancia de coordinación que logra superar eventuales diferencias fundadas sobre cosmovisiones teológicas o sobre asperezas políticas de base religiosa. A nivel de sus cúpulas, la jerarquía católica y las iglesias evangélicas argentinas mantienen desde hace años tensiones respecto de la igualdad religiosa frente al Estado, donde la Iglesia Católica hasta la actualidad sustenta una serie de privilegios institucionales (Wynarczyk 2009; Jones y Cunial 2012). El crecimiento que han tenido en las últimas décadas los sectores evangélicos, tanto a nivel poblacional como de impacto público, ha generado una resistencia católica que ha intentado mantener su histórica hegemonía mediante diversos mecanismos tanto discursivos como jurídico-políticos (Carbonelli 2011). Así, aunque durante la discusión del matrimonio igualitario los líderes religiosos católicos y evangélicos lograron establecer alianzas a nivel de sus cúpulas y coordinar acciones conjuntas en orden a defender una política sexual conservadora, este ecumenismo patriarcal (Vuola 2006) no supuso la superación de los temas que han dividido históricamente a ambos sectores en el país. Como indican Daniel Jones y Santiago Cunial:

…se trata de una alianza coyuntural e inestable por definición, pues así como los asuntos de DDSSRR [derechos sexuales y reproductivos] unen a católicos y evangélicos conservadores, la voluntad de crecimiento numérico y de poder político de dichos sectores evangélicos y el estatuto legal privilegiado de la IC [Iglesia Católica] en Argentina los han dividido y dividirán (siendo la igualdad religiosa ante el Estado un tema que puede reaparecer próximamente en la discusión pública) (2012:110).

Más recientemente, lo coyuntural de esta alianza se vio reflejado en 2012 en lo que fueron las audiencias públicas donde se puso a debate de la sociedad civil los términos del proyecto de reforma integral y unificación de los Códigos Civil y Comercial argentino¹⁷. En este marco, mientras la jerarquía católica plasmaba en las audiencias una fuerte agenda de oposición a la ampliación de los derechos sexuales y reproductivos previstos en el proyecto de reforma, por su parte los líderes evangélicos centraron sus discusiones en torno a la crítica del estatus institucional privilegiado que seguiría ostentando la Iglesia Católica en el nuevo proyecto, sin adentrarse en temas de sexualidad. En tanto en este ámbito, diversas ONG pertenecientes a la Red Federal de Familias participaron de estas audiencias públicas con una agenda unificada en temas de moral sexual.

Los roces políticos que marcan tensiones entre las iglesias evangélicas y la jerarquía de la Iglesia Católica en Argentina generan así divisiones que obstruyen el establecimiento de alianzas ecuménicas estables entre éstas. En cambio, a nivel de las ONG “pro-vida” estas fracturas han buscado ser minimizadas por los/as militantes, manteniendo relativamente al margen las disputas entre los líderes de cada iglesia.

De este modo, tras la aprobación del matrimonio igualitario, las ONG “pro-vida” se han reorganizado en base a lo que puede denominarse un “ecumenismo civil”, esto es, una alianza entre organizaciones civiles donde se ha buscado constituir un activismo que deja de lado las tensiones entre las Iglesias a partir de la articulación en torno no a una identidad religiosa, sino a una agenda compartida. La conformación de la Red Federal de Familias es precisamente fruto de este proceso.

Este ecumenismo a nivel de ONG, si bien se concreta de manera fuerte en 2010, tiene sus orígenes algunos años antes con la conformación de las primeras organizaciones “pro-vida” que se presentaron en el espacio público sin una identidad religiosa en particular, en lo que denominamos anteriormente como “des-identificación religiosa”. Sin embargo, el ecumenismo civil puede considerarse como un paso más en la dinámica de articulación de estas organizaciones, ya que no sólo relega a un segundo plano la identidad religiosa para lograr una articulación entre ONG adscriptas a distintas religiones, sino además explicita una agenda de mínimos comunes que favorece la inclusión de organizaciones religiosas diversas en una misma entidad federalizada. Siguiendo este modelo, en 2010 la Red Federal de Familias se configuró como el esfuerzo más importante en la historia del activismo “pro-vida” en Argentina por buscar establecer un ecumenismo civil estable y duradero, no al interior de cada ONG, sino entre las organizaciones ya existentes, independientemente de sus credos particulares.

A partir de la conformación de esta red, las ONG “pro-vida” han gestado espacios de encuentro e intercambio a nivel nacional (mediante la organización de congresos en lugares como Mendoza, Córdoba y Salta), han desarrollado declaraciones conjuntas acerca de temáticas vinculadas con la sexualidad, han emprendido una campaña para recolectar firmas a fin de presentar al Congreso de la Nación un proyecto de “Ley de Protección Integral de la Familia” mediante la figura de la iniciativa popular, entre otras acciones.

Reflexiones finales

El accionar que vienen desarrollando desde hace décadas los movimientos feministas, de mujeres y LGBTI ha propuesto nuevas formas de comprender y regular las sexualidades. Sus demandas articuladas en torno a la agenda de los derechos sexuales y reproductivos han tensionado los tradicionales límites de las políticas sexuales, buscando desanclarlas de las modulaciones que confinaban a los cuerpos bajo modelos estrictamente heterosexuales, conyugales, monogámicos y reproductivos. Estos nuevos modos de pensar las sexualidades y la regulación de los cuerpos han impactado en el campo de lo político, cuestionando los límites entre lo público y lo privado, incidiendo incluso en las configuraciones identitarias y estratégicas de las organizaciones civiles religiosas conservadoras.

Como vimos a lo largo de este trabajo, parte de las ONG religiosas creadas a comienzos del siglo XX, transformaron sus agendas a partir de los años 80’, de un modo reactivo a las discusiones que se venían dando internacionalmente en torno a la sexualidad y la reproducción. Entrada la década de los 90’, y ante los hitos que implicaron las conferencias internacionales de Naciones Unidas en pos de la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, muchas de las ONG “pro-vida” locales readaptaron sus líneas de acción para resistir estos avances desde el campo de lo político estatal.

Una de las dimensiones de estas ONG que ha sido fuertemente reconfigurada ante los recientes contextos de alta politización de lo sexual en Argentina, es la relacionada a sus identidades públicas. Específicamente, ha sido posible observar cómo se ha dado un desplazamiento de las identificaciones religiosas dentro de una parte de las organizaciones “pro-vida” en pos de identidades seculares, en lo que denominamos como “religiosidad interiorizada” y “des-identificación religiosa”. Este fenómeno complejiza la arena de discusión respecto de los tradicionales opositores a los derechos sexuales y reproductivos y su vinculación con lo religioso. Así, abocados al análisis de las ONG “pro-vida” en torno a estos debates, los datos presentados dan cuenta de cómo la religión no es un elemento ausente en estas organizaciones, no obstante ha ido mutando a lo largo del desarrollo de éstas. Si durante el siglo XX la religión operó como núcleo aglutinador de este activismo, hoy en día ésta ha ido desplazándose hacia un lugar secundario, otorgando protagonismo a las agendas por sobre a las identificaciones religiosas como racionalidad organizacional de las ONG.

Adicionalmente, el mapeo de las organizaciones “pro-vida” en el país y sus estrategias denota una complejidad escasamente profundizada aun por la literatura latinoamericana. La configuración de estos actores, da cuenta de cómo estas ONG han complejizado su relación con lo religioso, borrando las fronteras que la separan de lo secular (Vaggione 2005) para adaptarse a los nuevos contextos sociales y políticos. Indagar en torno a cómo operan estos actores en el espacio público permite reconocer las diversas formas en que las posiciones de los actores contrarios a los derechos sexuales y reproductivos se readaptan estratégicamente a las reglas democráticas.

Sin desconocer la importancia de los debates en torno a la laicidad de los Estados en América Latina, la complejidad propia que representan estas organizaciones supera en diversos aspectos estas discusiones. La adaptación de las estrategias, actores y formas de intervención de las ONG “pro-vida” en la arena de la sociedad civil, en múltiples ocasiones sobrepasa los límites en torno a la normatividad impuesta por la laicidad respecto de la relación entre lo político y lo religioso. Cuestionar la legitimidad de estos actores en base a su carácter religioso y/o a defender posiciones afines a las de las iglesias conservadoras, implica restringir los sentidos de la pluralidad propios de la democracia (Vaggione 2005), desconociendo el carácter agonista de toda construcción de contenido democrático (Mouffe 2009). No obstante, si bien se puede considerar como legítimos a estos actores en la arena democrática, ello no implica una imposibilidad de someter a crítica sus acciones y discursos, en tanto perpetúan un orden sexual jerárquico y restrictivo. El desafío entonces radica en desentrañar los juegos de poder que se esconden bajo retóricas de derechos humanos, científicas, médicas, entre otras, articuladas por las ONG “pro-vida” en su oposición a los derechos sexuales y reproductivos, considerando especialmente el impacto que estos tienen en la vida de las personas.

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Entrevista

Líder “pro-vida”, 23 de enero de 2014.

Notas

• 1
  Este relevamiento se realizó en el marco del proyecto “Disputas en el espacio público argentino: Dirigencia política, instituciones religiosas y organizaciones sociales pro-derechos, frente a las políticas estatales en materia educativa y de regulación familiar y sexual”, financiado por CONICET y dirigido por Juan Cruz Esquivel y Juan Marco Vaggione.
• 2
  Para profundizar en los debates sobre el Estados Laicos en América Latina verBlancarte (2008).
• 3
  En Argentina el aborto es ilegal, salvo en determinados casos de no punibilidad contemplados en el artículo 86 del Código Penal, a saber: para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer y/o si el embarazo proviene de una violación. La accesibilidad a los abortos no punibles en los casos de violación fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo emitido el 13 de marzo de 2012.
• 4
  Durante su segundo gobierno, Juan Domingo Perón aprobó en 1954 una ley de divorcio que posteriormente sería derogada en 1956 tras su derrocamiento.
• 5
  Lo que marca la distinción entre cada etapa no es una ruptura radical entre ambas, sino el surgimiento de nuevas formas de identificación y/o acción estratégica. De este modo, en la segunda etapa siguen apareciendo organizaciones con estrategias e identidades públicas similares a las de la anterior, pero se conforman además otras con modos de operar distintos a los observados previamente.
• 6
  Human Life International es una organización creada en Estados Unidos en 1981, con el fin de promover líderes y organizaciones que defiendan la posición de la jerarquía católica en materia de sexualidad.
• 7
  La aprobación de leyes provinciales de Unión Civil a partir de 2002, la promulgación de la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en 2002, la aprobación en 2006 de la ley de contracepción quirúrgica, la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral en 2006, la promulgación del matrimonio entre personas del mismo sexo en 2010 y de la Ley de Identidad de Género en 2012, entre otros, son algunos ejemplos de los avances en materia de sexualidad que ha vivido Argentina en la última década. No obstante esto, muchas de las demandas de los feminismos y los movimientos de mujeres y LGBTI aun siguen pendientes, como ocurre por ejemplo con la legalización del aborto.
• 8
  En Argentina la Iglesia Católica representa la principal fuerza religiosa del país con el 76,5% de la población identificada con este credo (Mallimaci, Esquivel e Irrazábal 2008). No obstante ello, la religión que más ha incrementado su número de fieles en los últimos años, es la evangélica, aumentando 4,8 puntos porcentuales entre 1995 y 2010, mientras que los/as católicos/as descendieron 11,4 puntos. Esto ha posicionado a las iglesias evangélicas como la segunda fuerza religiosa del país.
• 9
  Ver: <http://www.movimientofundar.org/quienessomos.html>. Acceso: 28/05/2013.
• 10
  Ver: “La cruzada anti-gay”. Disponible en: <http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-9307-2002-08-25.html>. Acceso: 7 de mayo de 2013.
• 11
  Ver: “Río Cuarto: El Consejo de Deliberantes estudia el veto a uniones civiles”. Disponible en: <http://blogsdelagente.com/actitud-jovenesprovida/2009/06/09/rio-cuarto-concejo-deliberante-estudia-veto-uniones/>. Acceso: 7 de mayo de 2013.
• 12
  Ver: “El fallo que avaló un gaymonio”. Disponible en: <http://www.notivida.org/Impresiones/Notivida_091103.doc>. Acceso: 7 de mayo de 2013.
• 13
  Ver: <http://www.abortolegal.com.ar>. Acceso: 6 de marzo de 2013.
• 14
  La entrevista realizada en junio de 2010 (previo a la aprobación del matrimonio igualitario) por el medio católico Verdad en Libertad al médico Luis Aldo Ravaioli, presidente de la ONG Sociedad Argentina de Ética Médica y Biología, grafica esto. En aquella oportunidad Ravaioli señaló: “[el activismo LGBT] existe, como existe también el lobby del aborto. Están relacionados porque comparten la misma ideología. Fíjese que en el acto que se hizo en Plaza Congreso antes de ayer (…) dijeron ‘bueno, después de esto viene la ley del aborto’”. Ver: <http://horadeverdad.blogspot.com.ar/2010/07/entrevista-al-dr-luis-aldo-ravaioli.html>. Acceso: 11 de marzo de 2013.
• 15
  Ver: <http://www.redfederaldefamilias.org>. Acceso: 6 de marzo de 2013.
• 16
  Este proceso queda claramente identificado por ejemplo a través del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Vida y Familia (San Juan), integrante de la Red Federal de Familias, quien explícitamente detalla que su origen se dio como respuesta, a instancias de la aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Para más detalles ver sitio web: http://www.salvemosalafamilia.com.ar/. Acceso: 6/03/2013.
• 17
  A principios del año 2011 el poder ejecutivo nacional, mediante el decreto n° 191/2011, designó a una Comisión especializada encargada de elaborar el proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial argentinos. En el mes de febrero de 2012 la comisión hizo entrega del proyecto al Poder Ejecutivo nacional. Entre otros aspectos, esta iniciativa prevé regulaciones en materia de igualdad de derechos para matrimonios entre personas del mismo sexo; flexibiliza los trámites de adopción y divorcio; prevé la regulación de los procesos de fertilización in vitro, alquiler de vientres, entre otros. Durante ese mismo año, se realizaron audiencias públicas en quince ciudades del país donde se puso a debate de la sociedad civil los términos del proyecto de reforma.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  Jul-Dec 2015

Histórico

• Recibido
  Nov 2014
• Acepto
  Ago 2015