El derrumbe de la Monarquía Española en el Nuevo Reino de Granada y en Nueva España, 1819-1821

The Collapse of the Spanish Monarchy in the New Kingdom of Granada and New Spain, 1819-1821

RESUMEN

A primera vista, poco tienen en común los acontecimientos que marcaron el colapso definitivo de la monarquía española en el Nuevo Reino de Granada (1819) y en Nueva España (1821). Este artículo desmonta esa impresión mediante una comparación sistemática, que examina las innegables diferencias de ambos fenómenos, ahonda en sus semejanzas menos perceptibles y señala puntos de contacto. De la consideración conjunta de estas dos rupturas, que dieron lugar a los Estados nacionales mexicano y colombiano, surgen algunas claves que permiten comprenderlos mejor, trascender los esquematismos con que suelen analizarse individualmente y restituirles su fascinante complejidad.

Palabras clave:
Independencias Hispanoamericanas; Independencia de México; Independencia de Colombia; Independencia de Venezuela; Gran Colombia; Imperio Mexicano

ABSTRACT

At first sight, the events that marked the definitive collapse of the Spanish Monarchy in the New Kingdom of Granada (1819) and in New Spain (1821) have little in common. This article seeks to dismantle this impression by systematically comparing the two developments: it examines their undeniable differences, deepens their lesser-noticed similarities and proposes their points of contact. The joint consideration of these two collapses from which the Mexican and Colombian national states emerged allows us to propose some keys for a better understanding and aims to transcend the schematism with which the definitive stages of the independence processes are usually analyzed in isolation, restoring their fascinating complexity

Keywords:
Spanish-American Independences; Mexican Independence; Colombian Independence; Venezuelan Independence; Gran Colombia; Mexican Empire

1. EXPLICAR DOS DESPLOMES

Poco antes del crepúsculo del 10 de agosto de 1819, Simón Bolívar entró a Santa Fe, capital del Nuevo Reino de Granada, escoltado por un pequeño grupo de soldados. El día anterior, espantados por la derrota de la Tercera División del Ejército Pacificador en el campo de Boyacá, en el corazón de la provincia de Tunja, el virrey, los oidores, las tropas que guarnecían la ciudad y los vecinos más comprometidos con el partido monárquico emprendieron una apresurada migración. A partir de entonces y durante varias semanas, la doble noticia de la victoria patriota y de la fuga de las autoridades fernandinas provocó la caída del régimen español en las nueve provincias más ricas y pobladas del Nuevo Reino, sin que se librara ningún combate¹. No obstante, esta sorprendente onda expansiva se detuvo por el norte en los confines septentrionales de la provincia de Antioquia, y por el sur, en la ciudad de Popayán. Durante muchos meses, los revolucionarios tuvieron que combatir para hacerse con el control de las provincias del litoral caribeño y tardaron años en derrotar a los empecinados defensores de Fernando VII en la zona meridional de la gobernación de Popayán (Ortiz, 1974; Gutiérrez Ramos, 2007; Echeverri, 2016).

En tanto, el 27 de septiembre de 1821, unos 16.000 hombres del Ejército Imperial Mexicano de las Tres Garantías desfilaron triunfalmente por las calles de la ciudad de México. Lo que podría haber sido un prolongado sitio militar a la populosa capital novohispana, se había resuelto en las semanas previas a través de una serie de pactos, tratados y encuentros entre los jefes de armas independentistas, el recién llegado jefe político superior enviado desde la metrópoli y los atrincherados oficiales golpistas que habían depuesto al último virrey a principios de julio. Parecía concluir así un proceso de siete meses de duración iniciado con la publicación en Iguala del Plan de Independencia², aunque en realidad era el inicio, tanto de una incómoda resistencia armada española en Veracruz, cuanto de la estructuración estatal, particularmente en el norte, donde seguía habiendo juras de adhesión en varias villas y ciudades, así como en el istmo centroamericano, donde las noticias independentistas comenzaban a producir múltiples reacciones (Ortiz Escamilla, 2008, pp. 187-249; Olveda Legaspi, 2021; Vázquez Olivera, 2009).

Dos derrumbes, entonces, acontecidos con una distancia de casi 26 meses, aunque igualmente explosivos, estruendosos, fulminantes. El primero se originó en una batalla, al cabo de una corta campaña; el segundo en una serie de campañas más o menos organizadas, pero sobre todo en una sagaz empresa de seducción y negociación política y militar con jefes de armas, ayuntamientos, autoridades eclesiásticas, oligarquías variadas y grupos descontentos de diversos tipos. El área geográfica involucrada en la debacle más temprana era muy extensa, pues componía una parte considerable del territorio neogranadino, si bien excluyó a las provincias de Cartagena, Santa Marta y Riochacha, así como a las del Istmo y a las del Reino de Quito, que hacían parte del virreinato del Nuevo Reino. Por su parte, el proyecto político de las Tres Garantías (conocido como la trigarancia) conquistó casi toda la Nueva España, incluido el dilatado septentrión, e impactó en buena parte de Centroamérica. El primer derrumbe fue el comienzo de una nueva, larga y cruenta fase de la guerra que se extendió por Venezuela y ambos Perú; el otro, montado en armas y mediante negociaciones forzadas, pretendió erigirse en la conclusión conciliada de once años de enfrentamientos. Ambos desplomes condujeron a la independencia, pero, mientras que el de 1819 llevó a la creación de una República (Colombia), cuya existencia se prolongó por una década, el de 1821 desembocó en la fundación de un efímero Imperio (el mexicano), que pervivió por menos de dos años para disolverse luego en una federación y en una confederación, ambas republicanas e igualmente frágiles. El jefe de las tropas revolucionarias que se impusieron en Boyacá era un destacado y persistente líder revolucionario; la cabeza del Ejército de las Tres Garantías, un polémico coronel realista transmutado repentinamente en jefe independentista³.

Como se ve, el abismo entre ambos desplomes resulta insalvable si se reduce el del Nuevo Reino a un proyecto rupturista, revolucionario y republicano y al mexicano a un programa contemporizador, continuista y monárquico. Cabe preguntarse entonces por la pertinencia de cualquier aproximación que intente abordarlos conjuntamente bajo una premisa distinta a la oposición sistemática⁴. Como se verá en las páginas siguientes, la operación vale la pena porque la confrontación genera una luz que ayuda a comprenderlos mejor y a escapar a los esquematismos empobrecedores que tanto abundan en las narrativas nacionales.

2. GEOGRAFÍAS DEL DERRUMBE Y LA EXPANSIÓN

El desplome originado en la batalla de Boyacá significó la resurrección del sistema republicano en el Nuevo Reino. Este había perdurado durante un sexenio, que se extendió desde 1810, cuando se erigieron juntas en muchas poblaciones de dicha jurisdicción, hasta 1816, cuando el Ejército Pacificador aniquiló las Provincias Unidas de Nueva Granada. Sin embargo, la victoria de los independentistas en cercanías de la ciudad de Tunja, y sus efectos en el dilatado territorio mencionado, no provocaron el resurgimiento de aquella confederación, como tampoco el de los pequeños Estados que la componían (Restrepo, 1858, t. 1; Lomné, 2003; Vanegas, 2013; Thibaud, 2017; Mejía Macía, 2021; Torres, 2021).

Los triunfadores prefirieron crear una nueva entidad que agrupara el antiguo virreinato del Nuevo Reino de Granada y la Capitanía General de Venezuela y que fuera gobernada militarmente hasta el fin de la guerra. La unión se consiguió mediante una Ley Fundamental expedida en diciembre de 1819 por el congreso de Venezuela, República que por tal motivo dejó de existir. De acuerdo con la mencionada ley, Colombia (como se llamó el nuevo Estado) se extendía desde el Perú hasta la Guayana inglesa y desde el imperio portugués hasta Guatemala. Se trataba apenas de un proyecto, ya que la mayor parte de esa extensa geografía seguía bajo control español (Bushnell, 1966, pp. 27-42; Martínez Garnica, 2019, pp. 97-106). Su fundamento era por lo demás fragilísimo, puesto que los representantes de una parte (Venezuela) habían decidido por el resto: así, una revalidación era imprescindible. Conscientes de ello, los legisladores venezolanos convocaron en la Ley Fundamental un Congreso General que había de reunirse en 1821⁵.

La creación de Colombia significó la concentración de recursos y la implementación de un gobierno “enérgico”, cuyo propósito principal era derrotar a España. La ausencia de discusiones constituyentes y de gobiernos provinciales en los albores aceleró el proceso militar durante los meses que siguieron al desplome⁶. Cuando finalmente se reunió la convención (en la villa del Rosario entre mayo y octubre de 1821) la guerra en curso facilitó el entendimiento entre los diputados. Estos ratificaron (con reformas) la Ley Fundamental y expidieron una nueva Constitución con fecha de vencimiento (puesto que a los diez años podría reformarse o cambiarse por una nueva). La transacción dejó satisfechos a los centralistas y a los militares y apaciguó el despecho de los federalistas y los temores de los republicanos más suspicaces o melindrosos. Simón Bolívar obtuvo la presidencia por un cuatrienio (con la posibilidad de ser reelegido por una única vez) y el comando de las tropas con facultades extraordinarias. El recurso a las elecciones se redujo al mínimo. Y mientras se concedió al Ejecutivo el nombramiento de los intendentes que presidían los departamentos y de los gobernadores que encabezaban las provincias, se optó por evitar cualquier asamblea representativa intermedia entre los cabildos de las municipalidades y el Congreso nacional (Cortázar; Cuervo, 1923; Martínez Garnica; Pabón Villamizar, 2021; Bushnell, 1966, pp. 31-39).

Esta maquinaria con pocos contrapesos permitió la derrota de los españoles en Venezuela (1821) y en Quito (1822), y la incorporación de Panamá y Guayaquil (que habían proclamado primero su independencia), así como la intervención activa y decisiva en la guerra del Perú y el Alto Perú (Restrepo, 1858, t. 3; Martínez Garnica, 2019, pp. 147-187). Al concluir exitosamente todas aquellas campañas, el gobierno de Colombia consideró la posibilidad de embarcarse en una expedición que libertara a Cuba y a Puerto Rico, pero fue disuadido por la terminante oposición de potencias como Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña (Gutiérrez Ardila, 2012, pp. 183-185; 261-262).

Por su parte, el desplome mexicano preservó el sistema monárquico e incluso la figura de Fernando VII, la misma que se había mantenido en los primeros años de la insurgencia en Nueva España hasta la radicalización madurada en el acta de independencia de la América Septentrional, signada en Chilpancingo en 1813, así como el posterior Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, promulgado en Apatzingán en 1814. Pero el independentismo promovido por Iturbide en 1821 buscó diferenciarse por todas las vías de aquellos antecedentes revolucionarios populares, a pesar de la incorporación de numerosos insurgentes que vieron en la trigarancia un camino propicio para conseguir la ruptura y abandonar la marginación guerrillera. A diferencia de aquella nonata república parlamentarista, la trigarancia estableció un Imperio que, como consignaba el acta independentista del 28 de septiembre de 1821, significaba - a los ojos de sus líderes­ - la consumación de una empresa principiada en Iguala y cuyas bases habían quedado fijadas por aquel Plan y por los Tratados que en Córdoba habían firmado en agosto Agustín de Iturbide, como Primer Jefe del Ejército Imperial, y Juan O´Donojú, en su calidad de (recién llegado, pero legítimo y legal) teniente general de los ejércitos de España. Ambos documentos prohijaban el establecimiento de una Junta Provisional Gubernativa que dirigiera los destinos del Imperio en tanto se resolviera el titular del trono mexicano, preferentemente Fernando VII o algún miembro de la casa reinante. En ninguno de los tres documentos fundacionales (Plan, Tratados, Acta) quedaban fijados los límites territoriales del pretencioso Imperio, de ahí la importancia, por un lado, de que cada población jurara su adhesión a la nueva entidad política y, por el otro, de que se establecieran unas cortes o un congreso que representara a la nación en toda su magnitud. Mientras no se convocara dicha instancia parlamentaria, la Junta haría las veces de poder legislativo, y una Regencia asumiría las del ejecutivo.

De esta forma, si bien el establecimiento formal del Imperio Mexicano en septiembre de 1821 pretendió significar el fin de la guerra, en realidad propició el principio de una organización estatal. El primer golpe llegó prontísimo desde Madrid, cuando las Cortes liberales y el rey rechazaron cualquier atisbo de validez del Tratado de Córdoba, con lo cual la vacancia del trono se convirtió en el primer gran problema que el recién establecido Congreso debía resolver. Aunque se despertó la posibilidad republicana, la alternativa imperial fue canalizada por los grupos afectos a la que ya era la primera figura política y militar del momento: Iturbide, quien, tras maniobras que pronto revelaron irresolubles tensiones con el legislativo, se convirtió, en julio de 1822, en Agustín I. La coronación imperial del caudillo trigarante desató otra oleada de aclamaciones y juras en las provincias, pero poblaciones de la antigua capitanía general de Guatemala ya no demostraron el mismo entusiasmo que al momento de la ruptura con la monarquía española. El envío de una expedición militar para incorporar a las regiones disidentes centroamericanas propició, en realidad, su separación definitiva, al coincidir con el derrumbe del proyecto imperial (Vázquez Olivera, 2009). En efecto, el emperador no había logrado entablar una relación funcional con el Congreso, al que muy pronto disolvió, ni gestionar los apremiantes problemas del naciente Estado, sobre todo la baja recaudación y la preponderancia de las provincias en contraste con la débil integración nacional. Precisamente, pronunciamientos militares de cuño provincialista obligaron a Iturbide a abdicar en marzo de 1823 con la exigencia de restablecer el poder legislativo (Ávila, 2004, pp. 213-276). Este nuevo desplome puso al descubierto la fragilidad del nuevo Estado y su muy discutible articulación territorial. Afloraron tendencias separatistas, confederales, federales y centralistas (más bien moderadas), amén de las monarquistas ya existentes. Durante meses, varias provincias se gobernaron de manera independiente y se asumieron como Estados soberanos. La antigua capitanía general de Guatemala, a excepción de Chiapas, quedó definitivamente escindida de las discusiones mexicanas y dio paso a gobiernos autónomos relativamente confederados en los que no faltó algún guiño de agregación a la República de Colombia (Avendaño Rojas, 2009, pp. 39-61). En el ámbito mexicano las tensiones separatistas se resolvieron en un pacto federal, declaradamente republicano, y en los consecuentes Estados Unidos Mexicanos, constituidos en 1824 (Vázquez, 2003).

Como se ha visto, ambos desplomes, el del Nuevo Reino y el de la Nueva España, originaron un acelerado proceso de expansión cuya área de influencia rebasó los respectivos límites virreinales. En el primer caso, la campaña emprendida por los revolucionarios de 1819 permitió crear un aparato político y militar que consiguió la expulsión de los españoles de Venezuela y Quito; estimuló la independencia y la sucesiva incorporación de Guayaquil y Panamá; y favoreció la exportación de recursos humanos y financieros que, a la postre, resultaron ser de capital importancia en el derrumbe del imperio en ambos Perú.

El fin del ciclo libertador, luego de haberse frustrado la expedición concebida contra Cuba y Puerto Rico, jugó un papel importante en el desplome de Colombia⁷. En primera instancia, retornó la soldadesca, que ya no podía vivir de los territorios conquistados y a la que resultaba imposible mantener con un erario exhausto por años de desfasados esfuerzos. En segundo término, regresaron las principales figuras de la gesta independentista con un apetito exorbitante de privilegios y notoriedad que chocaba con la etiqueta republicana. En tercer lugar, la desaparición del fantasma de la Reconquista estimuló las reivindicaciones de los republicanos quisquillosos y de los federalistas que habían aceptado las instituciones de 1821 como una medicina, tan necesaria como amarga⁸.

En el segundo caso, el movimiento de las Tres Garantías produjo, en aquellos frenéticos siete meses de campaña, el aislamiento y la posterior expulsión de la reducida cúpula militar peninsular que había dirigido los destinos de la revolucionada (y sobre todo militarizada) Nueva España. El último reducto cayó en Veracruz en 1825, pero el fantasma de la reconquista fernandina revoloteó toda la década en la opinión pública y en los debates ministeriales y parlamentarios. El temor a una expedición enviada desde la Península o articulada desde Cuba fomentó la discusión sobre la necesidad de liberar (e incluso incorporar) la isla (Rojas, 2001), proyecto que alcanzó a percibirse en el Congreso de Panamá y en su desastrada continuación en Tacubaya. Ese espectro reconquistador afloró en alguna conspiración descubierta y fue finalmente materializado en la muy fallida expedición comandada por Isidro Barradas en 1829.

Desde la perspectiva mexicana también es posible observar algunos fenómenos directamente relacionados con el ciclo bélico revolucionario: la intención de controlar e incluso desmovilizar a buena parte de las fuerzas armadas creadas por y para la guerra, pero insostenibles para erarios depauperados y en plena restructuración; la articulación de milicias de tesitura provincial, con palpable tendencia a la regularización de facto; el empoderamiento y la creciente autonomía de las diversas dirigencias armadas surgidas durante el conflicto independentista, a pesar de su rápida bifurcación luego de la disolución de la amalgama trigarante, escisión particularmente visible tras la caída de Iturbide - que se había rodeado fundamentalmente de ex realistas - y el advenimiento de las presidencias encabezadas por antiguos insurgentes (Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero). En última instancia, la década también revela la endeble integración y la imposibilidad de controlar los territorios alejados, señaladamente el norte, y en particular Texas, cada vez más cercano, en muchos sentidos, a los Estados Unidos, a los que se incorporaría después de separarse del estado mexicano.

La amplia expansión de los proyectos políticos generados por los desplomes estudiados aquí, fue seguida por una notable fase de contracción. En el norte de Suramérica la crisis financiera (quiebra de la República) coincidió en 1826 con una crisis política que tuvo dos caras: el naufragio de la Constitución de 1821 y la promoción polémica de un régimen monocrático bajo las sucesivas fases de la presidencia vitalicia, la dictadura y la monarquía constitucional. Como resultado de estas violentas sacudidas, Colombia implosionó, dando lugar a otras tres Repúblicas que buscarían sin éxito confederarse durante buena parte del siglo XIX: Venezuela, Ecuador y Nueva Granada. Como salta a la vista, dicha sucesión de acontecimientos ofrece notables semejanzas con el ya reseñado derrumbe imperial mexicano y el surgimiento de estados federales y republicanos a mediados de la década.

3. ORIENTACIONES POLÍTICAS

La campaña de la Nueva Granada fue concebida por un número muy reducido de hombres, adscritos a un ejército revolucionario que llevaba años combatiendo en una zona marginal y que había fracasado una y otra vez en su intento por apoderarse de Caracas. El triunfo conseguido en 1819 es inexplicable sin el apoyo decidido de las gentes del altiplano de las provincias de Tunja y Santa Fe, que tomaron claramente partido y transformaron un episodio puntual del enfrentamiento independentista en un punto de quiebre. El segundo momento del drama no fue menos decisivo, puesto que los habitantes de casi todas las provincias neogranadinas que habían conformado la confederación de pequeñas repúblicas durante el sexenio revolucionario leyeron los acontecimientos de Boyacá, no como una simple derrota de los realistas, sino como el fin definitivo del régimen monárquico. Por eso, fue imposible para los agentes del imperio, recomponer sus fuerzas y retomar la capital virreinal, debiendo conformarse con un vano esfuerzo de contención y paulatina retirada del territorio que resistió al desplome, al norte de la gobernación de Antioquia y al sur de la ciudad de Popayán⁹.

Estos dos vectores del desplome del poder español en el virreinato del Nuevo Reino de Granada muestran hasta qué punto el mismo también fue producto de una movilización colectiva¹⁰. No obstante, se trató de una agrupación de militares y civiles, a menudo fortalecidos por la experiencia enaltecedora de la guerra irregular en Los Llanos, la que capitalizó políticamente la coyuntura (Thibaud, 2003, pp. 260-354). Sus miembros se presentaban como líderes revolucionarios, independentistas y republicanos, pero al mismo tiempo como los únicos capaces de fundar un nuevo régimen viable y de contener, no sólo a los reaccionarios, sino también los excesos del reformismo y la innovación. El experimento colombiano es paradójico precisamente por esa mezcla de rupturismo y control, de empuje y contención. Los creadores de ese Estado se proclamaban como los únicos hombres políticamente consecuentes en un marco social caracterizado por los bandazos, la conformidad y la censurable cohabitación con el enemigo durante el restablecimiento trágico de la autoridad fernandina. Reimplantar la República en ese contexto significaba sacar las lecciones del pasado y evitar los escollos que originaron los naufragios previos en Venezuela y Nueva Granada, en particular, el federalismo, las reformas incautas y la falta de energía frente a los enemigos y los habitantes del país poco comprometidos con la causa¹¹.

La trigarancia, en cambio, fue engendrada por las extremadamente multifacéticas corporaciones virreinales y por la curtida resistencia guerrillera insurgente; pero sus etapas más expansivas son explicables debido a la incorporación masiva de regulares y milicianos que, dispersos y desgastados, constituían la malquistada estructura defensiva que se había creado para contener los levantamientos populares. Durante esos meses de expansión (mayo a julio de 1821) el proyecto independentista corrió por las venas del aparato armado novohispano, pero también por el recientísimo esqueleto de ayuntamientos constitucionales creados (o resucitados) con el restablecimiento de la vigencia del régimen gaditano en 1820 (Moreno, 2016, pp. 191-213). De esta forma, armas y cabildos constituyeron los dos pies con que caminó el independentismo de 1821 y ni unas ni otros perderían protagonismo en los años posteriores. En todo caso, quienes quedaron al margen fueron los expedicionarios, los comandantes y los altos funcionarios que rechazaron la oferta iturbidista: tras su estéril resistencia armada en el valle de México, fueron saliendo del territorio ya imperial con rumbo a Cuba y a la metrópoli. Que la coalición triunfante estuviera compuesta por militares, milicianos y capitulares explica el talante institucional, valga decir continuista, del movimiento que terminó por dar muerte a la Nueva España, si bien el impulso de los insurgentes incorporados aportó dosis de igualitarismo, republicanismo y ruptura que alcanzaron a impactar en el sentido de la trigarancia, aunque no tanto en la organización del Imperio.

De esta forma, es claro el contraste en la orientación política de los grupos de poder que propiciaron el desplome en el norte de Suramérica y en Nueva España, así como las diferencias de contexto social y coyuntura política que en cada caso los hizo posibles. Sin embargo, ambas experiencias estimularon el desarrollo de regímenes que buscaban terminar la guerra y contener los desmanes de la revolución temprana mediante prácticas armadas diversas (la movilización popular y sus excesos en México - de ahí la insistencia de Iturbide en el orden -; el federalismo de pequeñas repúblicas, la innovación institucional incauta y la Reconquista en Nueva Granada y Venezuela).

Con todo, cabe introducir algunos bemoles al analizar la distancia aparentemente grande que va del republicanismo moderado colombiano al Imperio creado por Iturbide. Bolívar propuso, a inicios de 1819, una presidencia vitalicia y un senado hereditario para Venezuela. Años después escribió una Constitución para el Alto Perú (República de Bolívar, posteriormente Bolivia) que recogió la idea y configuró en la práctica una monarquía electiva. Esta fue adoptada brevemente por Perú y promovida infructuosamente en Colombia. Naufragó, no obstante, el orden constitucional instaurado en Cúcuta, de suerte que en 1828 Bolívar se erigió en dictador. Poco después, el consejo de ministros contempló crear un trono en beneficio de una dinastía europea¹². De tal modo, más que dos experiencias ajenas y excluyentes, las experiencias de Iturbide y Bolívar configuran dos ciclos semejantes, aun cuando diversos en su ritmo y temporalidad. Se trata, en suma, de dos Libertadores que concitaron al comienzo un amplio consenso y que para muchos desbarraron hasta tornarse “liberticidas”, fenómeno que, como ha estudiado Victoria Crespo, comenzó a delinear una cultura política, una estructura de autoridad y, en definitiva, una suerte de “cesarismo” que, a la postre, cimentaría el presidencialismo hispanoamericano (Crespo, 2013, pp. 223-296).

4. ¿DOS TRIGARANCIAS?

El programa trigarante explicitó, con el destello y la eficacia de los grandes slogans de la política mediática, un triple compromiso frente a la religión católica, los españoles y la independencia política. El clamor de la religión como garantía arraigaba en las demandas de todo el ciclo revolucionario hispánico, desde el levantamiento peninsular contra Napoleón hasta los momentos más radicales, pero siempre intolerantes de la insurgencia mexicana. La diferencia en este caso estribaba en que la defensa enunciada en 1821 no era tanto de la religión, cuanto de la Iglesia, sus fueros y privilegios, presuntamente agredidos por las Cortes liberales de Madrid. La unión, por su parte, buscaba desterrar la sombra hispanófoba de la insurgencia popular para atraer a los peninsulares avecindados en la Nueva España a un proyecto pretendidamente conciliador e incluyente; también era un guiño igualitario a afrodescendientes y castas, cuyos derechos políticos quedaban marginados en la vigente Constitución de Cádiz. Finalmente, la independencia, por muy mediada que estuviera por la evoca­ción de Fernando VII, constituía un triunfo programático de la insurgencia política, al figurar como meta absoluta e intransigente.

Si bien el alumbramiento de Colombia no estuvo presidido por ninguna fórmula efectista comparable a la de la trigarancia, es indudable que todos aquellos ingredientes hicieron parte de la política, hábil y coherente, que enmarcó el derrumbe de la autoridad española en el Nuevo Reino. Por eso mismo, ella jugó un papel destacado en el triunfo de los revolucionarios y confirió viabilidad al nuevo régimen. Este punto de contacto entre ambos desplomes merece destacarse.

Independencia. La Ley Fundamental expedida por el Congreso de Venezuela, en diciembre de 1819, no contiene ningún artículo que proclame la secesión de España, la ruptura definitiva contra la monarquía ni la abjuración de los lazos que vinculaban a los habitantes de Colombia con la casa Borbón. Ello se explica fácilmente, por cuanto la nueva República se consideraba fruto de la unión de otras dos que, se suponía, habían provocado previamente esa ruptura. Se trataba, sin duda, de una simplificación histórica, puesto que la confederación de las Provincias Unidas no había proclamado nunca su independencia en su totalidad: únicamente lo habían hecho ciertos Estados provinciales (Cartagena en 1811; Neiva, al año siguiente; Cundinamarca, Antioquia y Tunja en 1813 y Popayán en 1814). En cuanto a Venezuela, es cierto que la federación había declarado previamente (5 de julio de 1811) ante las naciones del mundo su rompimiento con la Península, pero tal pronunciamiento sólo cobijaba imperfectamente a las provincias que desconocían en ese entonces como espuria la autoridad erigida por los revolucionarios. Sin embargo, esta deformación del sentido de la revolución es significativa, pues se daba por sentado que su principal propósito era la independencia (Martínez Garnica, 2013, pp. 155-181).

Religión. Los independentistas del norte de Suramérica se proclamaban defensores del catolicismo, a diferencia de los realistas, a quienes caracterizaban como sacrílegos incorregibles (Garrido, 2004, pp. 461-484). La visión de aquella causa como una cruzada en defensa de la fe era apuntalada por el tratamiento dado, por los pacificadores fernandinos en Nueva Granada, a muchos sacerdotes que fueron detenidos y conducidos, en medio de vejámenes escandalosos, a sitios de reclusión reservados a los peores criminales y, posteriormente, desterrados a Europa. La actitud irreverente de numerosos oficiales del ejército español frente a la religión daba pábulo a estas ideas: su comportamiento en los templos, el maltrato que infligían a los curas párrocos y sus imprecaciones, fueron censurados con espanto por los habitantes del país, como recuerda José Manuel Groot, testigo durante su niñez de dichas conductas. De hecho, su Historia defiende la teoría de que la guerra de independencia se transformó durante aquellos años en una lucha contra la impiedad¹³.

Unión. Si bien la retórica de las autoridades de Venezuela, como posteriormente la del gobierno de Colombia, era fuertemente antiespañolista, en la práctica existió una política consistente de integración y olvido del pasado, no sólo frente a los realistas, sino también con respecto a los peninsulares¹⁴. Esta incongruencia constituye, sin duda, la mayor diferencia con respecto a la trigarancia mexicana, que promovió abiertamente, como una de las bases que debían asegurar su triunfo, el respeto del lugar que los españoles ocupaban en la sociedad, en buena medida para alejarse de la radicalidad mostrada por las primeras insurgencias y su discurso “gachupinicida”, animadversión que resurgiría en la segunda parte de la década de 1820 con las leyes de expulsión de españoles.

La estrategia colombiana de concordia debutó incluso antes del desplome. En efecto, el 20 junio de 1819 las autoridades de Venezuela expidieron una ley “sobre secuestros y confiscaciones” que debía preparar la campaña de la Nueva Granada. Esta sólo permitía la enajenación de los bienes de los “españoles” que emigraran de un territorio “amenazado o atacado por las tropas de la República”, ordenándose que se respetaran las propiedades de todos los que abrazaran “el sistema de la independencia” (Congreso de Venezuela, 1819, [p. 138]). Una segunda ley, promulgada tres días más tarde, buscaba atraer no solo a los americanos “obcecados”, sino también “abrir la puerta a centenares de Españoles” que combatían “forzados” contra la República y cuyos principios se identificaban con los de los revolucionarios. El artículo primero indicaba lo siguiente: “Ninguna persona, Americano ó Español, que de buena fé se presente à los Gefes de las tropas de la Repùblica al tiempo que sea libertado un pais, será molestado en su persona ó en sus bienes, de qualesquiera clase y condición que sea la persona presentada, y sea qual fuere su conducta anterior”. El artículo segundo, entre tanto, garantizaba a todos los miembros del ejército español, sin distinción de origen, que se incorporaran al movimiento independentista, la conservación de “su grado, distinción y clase” (Congreso de Venezuela, 1819, [p. 138]). En el próximo subcapítulo examinaremos los efectos de esta disposición.

El espíritu de estas leyes determinó la conducta de las tropas libertadoras y fue respetado por las autoridades de Colombia. Apuntaremos tan sólo un rasgo más. Cuando se rompió el armisticio con España en abril de 1821, el gobierno de la República se vio forzado a tomar una decisión frente a los emigrados que habían aprovechado el cese de hostilidades para regresar a sus hogares. El vicepresidente del departamento de Cundinamarca, Francisco de Paula Santander, concedió 24 horas de plazo para salir de dicho territorio a los que no estuvieran dispuestos a abrazar la causa independentista. En Bogotá, mientras que nadie solicitó pasaporte, 40 fervorosos realistas convinieron en prestar juramento (Lista de los individuos emigrados…, 1821, p. 303).

5. SEDUCCIÓN Y TRANSFUGUISMO

Como hemos visto, la trigarancia mexicana se nutrió de las deserciones cada vez más descaradas y multitudinarias de miembros y corporaciones enteras de los ejércitos y las milicias de la Nueva España. La suma de rebeldes y desertores, ambos a su modo traidores a la monarquía española, dio cauce al independentismo definitivo. No obstante, no conocemos tan bien como deberíamos los mecanismos mediante los cuales fueron transmutando las lealtades. La historiografía, usualmente apresurada en la revisión de este tránsito, ha divulgado la muy simplificada impresión de un trasvase automático de un ejército (el “realista”) a otro (el trigarante y, por tanto, mexicano), operación simbolizada por el propio Iturbide. El proceso, empero, fue mucho más interesante y complejo, pues en realidad tras cada caso hubo decisiones concretas y conscientes, individuales y colectivas, condicionadas por una multitud de variables e intereses que, en suma, fueron habilitadas por un tipo particular de relaciones, autoridades, complicidades, rencores y expectativas creados durante los años de guerra. Si consideráramos los cerca de 3.700 capitulados finales (en su inmensa mayoría expedicionarios peninsulares) que fueron expulsados del Imperio, tendríamos que suponer que el resto de los sobrevivientes de aquellos 40 mil regulares y provinciales, además de los supuestos 44 mil milicianos realistas comunitarios - que, en conjunto, constituían la estructura defensiva virreinal -, o se adhirieron tarde que temprano a la trigarancia o dejaron las armas. Nada fue terso ni fatal y el repaso de las adhesiones que acrecentaron aquel independentismo ayuda a imaginar las negociaciones, muchas veces forzadas, que fueron inclinando la balanza (Moreno, 2016, pp. 241-277). Sorprendentemente, el proceso colombiano puede arrojar luz sobre este aspecto.

Las investigaciones con relación a la independencia en el norte de Suramérica han dado poco relieve a la coherente estrategia que implementó el gobierno republicano después de Boyacá frente a los realistas con el propósito de acelerar el triunfo contra España en los teatros donde la guerra se hacía persistente¹⁵. Como se verá, la consolidación de Colombia no fue fruto únicamente de las armas: puede afirmarse más bien que, como en el caso mexicano, resultaron determinantes la seducción constante de los agentes del rey y el perdón concedido a los vasallos arrepentidos, sin importar su lugar de nacimiento o el carácter de su militancia anterior.

Las autoridades del departamento de Cundinamarca se empeñaron, a través de la gaceta oficial, en difundir el transfuguismo de los militares realistas. El objetivo era doble. Por una parte, erigirse ante la opinión pública internacional como un gobierno ilustrado que respetaba el derecho de gentes y evitaba las persecuciones y las derivas sangrientas. Por otra, las noticias a propósito de la defección de oficiales y soldados fernandinos buscaban amplificar el fenómeno, estimularlo, propiciarlo. Las publicaciones en este sentido aparecieron de manera tardía en el periódico, pero pronto se convirtieron en uno de sus rasgos habituales. ¿Cuál era el mecanismo que permitía aquellas deserciones? ¿Se trataba acaso de decisiones espontáneas o había detrás de cada una de ellas un proceso de preparación más o menos complejo que incluía cartas, emisarios, negociaciones sobre rangos y mercedes, consultas a suboficiales, soldados y vecindarios involucrados? ¿Cómo se propiciaban, en suma, estas defecciones? Valga un ejemplo. El vicepresidente de Colombia, Juan Manuel Roscio, que insistió en la necesidad de convertir el transfuguismo de los oficiales realistas en una política consistente¹⁶, no desdeñó involucrarse en los ajetreos tendientes a conseguir la defección colectiva de cuerpos militares realistas. De hecho, remitió un comisionado a la provincia de Barcelona con el encargo de que introdujera allí noticias del levantamiento de Rafael Riego en España, dándole “todos los documentos” pertinentes y autorizándolo a ofrecer “proporciones ventajosas dirigidas a hacer cesar la guerra” (Hemos visto en el suplemento…, 1820, p. 166). Las ofertas obraron el resultado esperado, de tal modo que los republicanos se hicieron dueños de todo aquel territorio “sin derramar una gota de sangre”. No menos importante, quedó “abierto todo el oriente de la provincia de Caracas y la guarnición de Cumaná aislada sin tener recurso para poder subsistir” (Por cartas particulares de la provincia…, 1820, p. 185; Oriente de Venezuela, 1820, p. 193; Confirmación de la libertad de la provincia…, 1820, p. 198).

El tránsito de las fuerzas de Valledupar hacia el bando independentista confirma el mecanismo descrito: la defección era, por lo general, la última etapa de un proceso que comenzaba a través de la correspondencia y que incluía, también por lo general, emisarios y hasta encuentros ocasionales. El teniente coronel colombiano Juan Salvador Narváez le escribió, en efecto, al capitán realista Eustaquio Valles invitándolo a un encuentro. Luego de tomar la sopa juntos, éste habría manifestado que “nacido americano, abrazaba la causa de Colombia y ofrecía a la Patria sus servicios” y los de la columna que comandaba (Pacificación de los pueblos de Santa…, 1820, p. 242).

Constan noticias semejantes en 1820, en lo relativo a Barinas (agosto), Cartagena (septiembre) y Coro (noviembre); y en 1821, para Maracaibo (enero), Ocaña (marzo), Popayán (abril) y Paraguaná (junio). En suma, puede decirse que la deserción resultó esencial para perfeccionar la pacificación de Barinas y Santa Marta, iniciar la de Caracas, avanzar en la muy ardua de Popayán y conseguir la incorporación de Barcelona, Riohacha, Maracaibo y Coro a Colombia. El armisticio les facilitó la tarea a las autoridades militares y políticas de la República, pues la inactividad favoreció el intercambio de oficios, emisarios, visitas, propuestas y contrapropuestas¹⁷. Meses después, negociaciones semejantes provocarían la independencia del Istmo de Panamá y su agregación a Colombia. Así, entre 1820 y 1821, la seducción y la deserción masiva resultante jugó un papel importante en cinco de los siete departamentos en que el Congreso General de 1821 dividió la República¹⁸. Los pactos y las negociaciones armadas indican, en definitiva, un tipo de política en cierto sentido partera de los nuevos estados mexicano y colombiano por igual.

CONCLUSIONES

Este artículo ha mostrado, en primer lugar, que la larga crisis política de la monarquía hispánica y la dilatada guerra que asoló al continente americano por más de una década se resolvió de manera semejante en el Nuevo Reino de Granada y en Nueva España. Con dos años de intervalo, en ambos virreinatos se produjo un desenlace frenético que hemos caracterizado como derrumbe o desplome. Esto no significa que los independentistas se hayan adueñado de todos aquellos territorios de la noche a la mañana ni que la independencia haya sido únicamente obra de un mismo bloque persistente, cerrado y homogéneo. Como se ha visto, un suceso inesperado provocó, en uno y otro caso, una falla estructural que en breve comunicó sus efectos a una extensa geografía y que modificó las mutuas relaciones e identidades de las partes beligerantes.

El desplome del Nuevo Reino se originó en una expedición militar proveniente de la periferia, que ascendió desde Los Llanos hasta el altiplano de Tunja. La derrota sufrida en cercanías de esa ciudad, por las tropas reales, generó la fuga de las autoridades fernandinas y dejó la capital virreinal en manos de los revolucionarios. Así, la noticia del descalabro del ejército español se combinó con la de la ocupación de Santa Fe, provocando un verdadero sismo cuyas innumerables réplicas fueron destruyendo en cada población las bases de la monarquía, que colapsó definitivamente, en cuestión de días, en nueve importantes provincias. Ciertamente, la guerra prosiguió por meses o años al sur de Popayán, en las provincias del litoral neogranadino y en Venezuela. No obstante, la estructura política y económica que sustentaba el antiguo orden se hallaba comprometida, de modo que también todas aquellas provincias terminaron por caer, a la manera de ciertas edificaciones que sobreviven a los terremotos, pero amenazan ruina.

El derrumbe novohispano se propició en plena vigencia del restablecido orden constitucional gaditano, contexto que habilitó discusiones, canales, instituciones y actores que pronto pasaron a integrar el sentido del movimiento armado independentista planteado en el programa político de Iguala. Marco constitucional y movilización armada explican la resistencia, primero, y la propagación, después, de los focos regionales de la rebelión trigarante que contaron con la vital incorporación de las guerrillas insurgentes. A partir de entonces, deserciones y adhesiones, juras y algunos sitios y tomas coparon la geografía novohispana aprovechando a su favor tanto la estructura de las fuerzas armadas cuanto la política representativa. El colapso definitivo del edificio virreinal fue favorecido por la destitución del virrey a manos de su propia junta de guerra, así como por los pactos alcanzados por los independentistas con el nuevo y legítimo representante de la autoridad metropolitana.

En segundo lugar, este artículo ha mostrado que los desplomes que padeció el imperio español en el Nuevo Reino de Granada en 1819 y en Nueva España en 1821 no pueden pensarse únicamente a través del contraste y la oposición. Nuestro itinerario nos ha llevado a reparar en intrigantes similitudes y convergencias: las políticas de olvido del pasado, la promoción de la concordia entre americanos y españoles, la defensa estratégica de la Iglesia y de la religión católica, el valor concedido a la independencia como adquisición primordial y contrapeso de la innovación institucional, y el estímulo del transfuguismo militar de oficiales y soldados del ejército enemigo.

Ante estas coincidencias es difícil comprender el marcado contraste que existe en lo relativo a la posteridad histórica de ambos desplomes. En Colombia, la campaña de 1819 es un mito fundante que ha concitado un persistente consenso histórico y suscita la unanimidad de todas las agrupaciones políticas, de la extrema izquierda a la extrema derecha. La retórica revolucionaria y republicana subyacentes explican el escaso interés que hay en el país por las derivas monocráticas bolivarianas, por las dificultades que experimentó el proyecto independentista en el sur y en el norte de la Nueva Granada y por las estrategias conciliadoras firmemente implementadas por los independentistas con respecto a realistas y españoles.

En cambio, la historiografía mexicana ha sostenido una relación ambivalente con la etapa definitiva del proceso independentista habitualmente aludida como “consumación”, término que revela su necesaria relación con otro momento (la iniciación), más referencial. Dicha ambivalencia se ha expresado por doscientos años en tradiciones políticas escasamente dialogantes que sólo han recubierto de prejuicios e impresiones poco fundadas la significativa historia del 1821 mexicano, que casi siempre se ha buscado reducir a la figura (abiertamente repudiada o soterradamente venerada) de Iturbide. Sería de esperar que con las abundantes discusiones y publicaciones que auspició el bicentenario de 2021 se enriquezca la curiosidad y la percepción colectiva de aquel proceso.

Por último, reconocemos que este artículo deja abiertos varios interrogantes, como por ejemplo, sobre los vínculos que mantuvieron ambos desplomes y las percepciones mutuas de sus protagonistas, todo lo cual nos llevaría a inquirir en las formas en que circuló la información y se conectaron las experiencias contemporáneas. ¿Qué tanto conocieron las fuerzas virreinales (antes o después de transmutar en trigarantes) y el gobierno novohispano sobre la campaña bolivariana de 1819 y sus efectos? ¿De qué manera pudieron haber preparado sus decisiones y comportamientos? ¿Tuvieron, en suma, alguna influencia las políticas implementadas por las autoridades de Angostura y Bogotá sobre la trigarancia? Del mismo modo, cabe preguntarse si el gobierno de Colombia se inspiró en el fulgurante caso iturbidista para acelerar el triunfo del proyecto independentista en los territorios obcecadamente realistas. ¿Cuánto se supo en esa República acerca de los sucesos mexicanos; cómo se comentaron y qué impronta dejaron en la conducta de los gobernantes nacionales y seccionales? ¿Significó, en particular, un estímulo para redoblar la seducción de soldados y oficiales del rey?

En suma, las líneas anteriores invitan a profundizar en la construcción y alteración de las lealtades a partir de fenómenos tan soslayados historiográficamente como la deserción; en los múltiples vínculos existentes entre guerra, política y los mecanismos de negociación e imposición de estos programas independentistas, conciliadores e intransigentes al mismo tiempo; en la tambaleante construcción de las territorialidades nacionales; y, en una frase, en la recuperación de estas etapas definitorias no como necesarios desenlaces sino como la cimbra de un tipo de estado.

Confiamos en que este ejercicio dialógico haya mostrado tanto la necesidad de trascender las estrechas camisas de fuerza nacionales, cuanto la pertinencia de pensar las revoluciones independentistas como un proceso integral y genuinamente hispanoamericano cuyas particularidades pueden ser mejor apreciadas a partir del contraste y la comparación.

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• 1
  Las compilaciones documentales más importantes sobre la batalla de Boyacá y sus consecuencias son la de Juan Friede (Friede, 1969) y la de Horacio Rodríguez Plata y Fr. Alberto Lee López (Rodríguez Plata; Lee López, 1970-1971). Las narraciones más influyentes son la de Francisco de Paula Santander (Santander, 1820) y José Manuel Restrepo (Restrepo, 1858, t. 2, pp. 526-565). Entre los libros recientes se destaca el de Isidro Vanegas (Vanegas, 2019).
• 2
  Los primeros relatos sobre esta última etapa del proceso independentista mexicano son de Vicente Bausá (1821) y de Vicente Rocafuerte (Rocafuerte, 1822), pero los más influyentes han sido el del propio Iturbide, publicado originalmente en Londres en 1824 (Iturbide, 2001), y las historias de Bustamante (Bustamante...) y Alamán (Alamán, 1849-1852, tomo V). Un análisis más reciente se encuentra en Moreno (2016).
• 3
  La biografía más consistente de Iturbide sigue siendo la de William Spence Robertson (Robertson, 2012). Sobre Simón Bolívar se han escrito cientos de libros, entre los que cabe destacar el de David Bushnell (Bushnell, 2002). La biografía escrita por John Lynch es heroizante y carlyliana (Lynch, 2007).
• 4
  Los historiadores decimonónicos desconfiaban del comparatismo, que asociaban con repulsión a la idea de ley histórica y a las abstracciones sociológicas. Sin embargo, a comienzos del siglo XX, el empuje de las nuevas ciencias humanas revalorizó este tipo de operación, precisamente como una manera de superar la fustigada fascinación de los historiadores por el individuo y por lo particular. Entre dos extremos, el de la especificidad absoluta y el de las categorías preestablecidas, las comparaciones limitadas, que tienen por objeto sociedades cercanas, apuntan a descubrir “fenómenos poco visibles” y a cuestionar certezas historiográficas (Julien, 2005, pp. 191-201).
• 5
  Únicamente la provincia neogranadina de Casanare contó con representación en el Congreso de Venezuela. Sin embargo, sus diputados sólo se incorporaron en la asamblea tardíamente (Congreso de Venezuela, 1819, [p. 135]). La Ley Fundamental fue publicada en el n. 47 de ese mismo periódico (Congreso de Venezuela, 1819, [pp. 190-191]). Un análisis detallado de este proceso en Almarza (2017).
• 6
  Como recuerda Véronique Hébrard, la creación de Colombia significó, en la retórica revolucionaria, un “punto de ruptura”. La “grandeza” (expresada a través de sus atributos de territorio, población y recursos) constituyó el denominador común del nuevo discurso: la nación, así entendida, era una “masa que se imponía por su tamaño y por su fuerza casi física” (Hébrard, 1996, pp. 223-235).
• 7
  Las vicisitudes de la larga crisis que llevó a la disolución de la República no se analizarán aquí. Hay una amplia bibliografía al respecto. Entre las obras recientes, cabe citar a Elías Pino Iturrieta (Pino, 2019).
• 8
  Estas cuestiones merecen mayor atención. Juan Carlos Chaparro hizo un primer acercamiento en su libro (Chaparro, 2017). Una cosa es clara: el fin del ciclo de las guerras independentistas significó en todo el subcontinente una disminución drástica de los ejércitos permanentes y el fortalecimiento de las milicias (Rabinovich, 2022, pp. 139-182).
• 9
  Ambos momentos del drama llamaron la atención de los contemporáneos. Santander, por ejemplo, anotó, respecto al primero: “O Pueblos de la Provincia de Tunja! y quanto contribuyeron vuestros generosos esfuerzos para efectuar esta transformacion, que ha dado la salud á la República!”. Y acerca del segundo: “todo el mundo sabe que el 10 de agosto quedó libre la Capital del Reyno, y que sucesivamente lo fueron siendo las Provincias del Sur, y de la ribera izquierda del Magdalena, sin que nuestros soldados disparasen un fusil” (Santander, 1820, pp. 5 y 7).
• 10
  Restrepo reconoció en su Historia las contribuciones capitales de los neogranadinos a la campaña de 1819. Su conclusión es clara: “Voluntariamente ofrecían sus bienes y recursos, que eran abundantes, para hacer la guerra a los Españoles; voluntariamente ó sin repugnancia se presentaban al servicio de las armas; y voluntariamente marchaban al servicio de las armas. Acaso en toda la duración de la guerra de la independencia no se presenta en la Nueva Granada una época de patriotismo más activo y desinteresado de los pueblos y de los ciudadanos, que en los años 1819 y 1820” (Restrepo, 1858, t. 2, pp. 531-548).
• 11
  Sergio Mejía ha propuesto la expresión de “partido de los Libertadores” para referirse a una “asociación” “creada por los hombres que gobernaron a Colombia inmediatamente después de la victoria sobre los ejércitos españoles”. Esta asumió el poder “ante la mirada de otros grupos [republicanos] capaces de organización política”, se mantuvo “fuerte y unificada entre 1819 y 1826, y sobrevivió como una pieza hasta 1828, cuando se rompió definitivamente” (Mejía, 2007, pp. 8-9; 113-148).
• 12
  El general Joaquín Posada Gutiérrez escribió en su vejez, sobre estos acontecimientos. Su visión es la de un partidario apasionado de Bolívar, que considera que la anarquía republicana validó con el tiempo las opiniones políticas del gran hombre (Posada Gutiérrez, 1865, pp. 9-287). En la biografía que escribieron sobre su padre, los hermanos Ángel y Rufino José Cuervo mostraron el impacto decisivo que la boliviana y la dictadura tuvieron en la política neogranadina, particularmente en la definición de las orientaciones faccionales (Cuervo; Cuervo, 2012, pp. 50-114). Sobre el plan de monarquía, ver Lomné (Lomné, 2008, pp. 129-149).
• 13
  “Si los pueblos de la Nueva Granada hubieran juzgado de la religión por los apologistas de Fernando VII y sus expedicionarios: si por las obras de estos hubieran juzgado de la doctrina católica, de que se decían sostenedores, los pueblos habrían apostatado de la religión […] No se les veía en el templo; sino en las precisas asistencias a la iglesia y en la misa del Espíritu Santo […] y si en otras se veía a los expedicionarios en la iglesia, era para dar escándalo con sus irreverencias” (Groot, 1869, t. 2, p. 462).
• 14
  Esta orientación cesó en 1823 cuando varias provincias ya incorporadas a la República se levantaron en defensa de la monarquía. Entonces se tomaron medidas draconianas como la expulsión masiva de peninsulares y americanos realistas en los departamentos del Magdalena, Zulia y Venezuela en 1823. Ver, por ejemplo, Montilla (1823); Relación de los españoles y canarios… (1823a e 1823b); De Rieux (1826). Este precedente fue invocado en las discusiones que en México desembocaron en la “ley de expulsión” de diciembre de 1827 (Sims, 1995, p. 107).
• 15
  Se insiste más bien en el caso de tránsfugas posteriormente eminentes como José María Obando (elegido presidente de la Nueva Granada en 1853), que entró a servir en el ejército republicano en febrero de 1822. Obando explicó las circunstancias que auspiciaron su decisión en sus memorias (Obando, 1972, pp. 23-51).
• 16
  “Roscio me escribe un volumen sobre las ventajas de seducción que se pueden sacar del armisticio”, Bolívar a Santander, Cuartel general del Rosario de Cúcuta, 22 de julio de 1820 (Cortázar, 1964, pp. 195-197).
• 17
  Este vínculo estaba claro para los contemporáneos. Bolívar refirió a Santander en una carta (Cuartel General del Rosario, 18 de julio de 1820), que con “motivo del armisticio se están pasando paisanos y tropas en bastante número y reina gran desmoralización entre las tropas y paisanaje” (Cortázar, 1964, pp. 191-192).
• 18
  “Ley sobre organización y régimen político de los departamentos, provincias y cantones en que se divide la República”, 8 de octubre de 1821 (Cortázar; Cuervo, 1923).

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  28 Nov 2022
• Fecha del número
  Sep-Dec 2022

Histórico

• Recibido
  20 Abr 2022
• Acepto
  05 Ago 2022