EL ESTADO Y LA IZQUIERDA POLÍTICA EN EL URUGUAY: LA RECUPERACIÓN DE LA “MATRIZ INSTITUCIONAL”

O ESTADO E A ESQUERDA POLÍTICA NO URUGUAI: A RECUPERAÇÃO DA “MATRIZ INSTITUCIONAL”

THE STATE AND THE POLITICAL LEFT IN URUGUAY: THE “INSTITUTIONAL MATRIX” RECOVERY

L’ÉTAT ET LA GAUCHE POLITIQUE EN URUGUAY: LA RÉCUPÉRATION DE LA “MATRICE INSTITUTIONNELLE”

Resúmenes

La izquierda política uruguaya, materializada en el actual Frente Amplio, se ha constituido en un espacio político indispensable para la recuperación de la “matriz institucional” histórica del país. Partiendo de esta consideración, es posible comprender el Frente como un espacio político que ha dado continuidad a los principales esfuerzos de modernización económica y construcción del Estado desarrollados en el país por el histórico Partido Colorado desde inicios del siglo XX. Esta parece ser su más destacada contribución al proceso de redemocratización política del país, luego de los gobiernos cívico-militares en los años de 1970 y 1980. Lo que aquí se presenta pretende dar respuesta a una interrogante algo tímida entre la actual ciudadanía uruguaya: ¿puede entenderse al actual Frente Amplio como siendo el Partido Colorado del siglo XXI?

Estado; Izquierda política; Institucionalidad; Uruguay

A esquerda política uruguaia, materializada na atual Frente Ampla, tem-se constituído em um espaço político indispensável para a recuperação da “matriz institucional” histórica do país. Partindo dessa consideração, é possível compreender a Frente como um espaço político que tem dado continuidade aos principais esforços de modernização econômica e construção do Estado desenvolvidos no país pelo histórico Partido Colorado desde inicios do século XX. Esta parece ser a sua contribuição mais destacada ao processo de redemocratização política do país, logo após dos governos cívico-militares nos anos 70 e 80 do século XX. O que aqui se apresenta pretende dar resposta a uma interrogação algo tímida entre a atual cidadania uruguaia: pode se entender a atual Frente Ampla como sendo o Partido Colorado do século XXI?

Estado; Esquerda política; Institucionalidade; Uruguai

The Uruguayan political left, embodied as the current Frente Amplio, has created an important political space for the recovery of the country’s historical “institutional matrix”. Based on this consideration, it is possible to understand it as a political space that has given continuity to the main efforts regarding the economic modernization and the establishment of the State, developed in the country by the historical Colorado Party since the beginning of the 20th century. This seems to be its main contribution to the process of the country’s political redemocratization, soon after the civic-military governments from the 1970s and 1980s. What is presented here intends to give an answer to a question concerning the current Uruguayan citizenship: can the current Frente Amplio be seen as the Colorado Party of the 21st century?

State; Political left; Institutionality; Uruguay

La gauche uruguayenne, matérialisée dans le mouvement Front large, s’est constitué en un espace politique indispensable au rétablissement de la “matrice institutionnelle” historique du pays. À partir de cette considération, il est possible de la comprendre comme un espace politique qui a permis la continuité des principaux efforts de modernisation et de construction de l’État, mis en place en Uruguay par le Parti Colorado depuis le début du XXe siècle. Cela semble être sa contribution la plus importante au processus de re-démocratisation politique du pays, juste après les gouvernements civiques et militaires des années 1970 et 1980. Ce qui se présente ici prétend répondre à une interrogation quelque peu timide que se pose l’actuelle citoyenneté uruguayenne : peut-on considérer l’actuel Front large comme étant le Parti Colorado du XXIe siècle?

État; Gauche politique; Institutionnalisme; Uruguay

Introducción

Es necesario observar las características históricas y las prácticas concretas de la actuación política de un país para poder comprender el sentido y significado de lo que se puede definir como “izquierda política”. Existe un “repertorio cultural” que denota comportamientos, posicionamientos y prácticas particulares que parecen definir las características de la cultura política de un país. Por ejemplo, quien quiera comprender la reciente política argentina y aquello que se ha denominado como propio de un proceso político de “izquierda” (el “kirchnerismo”), no puede dejar de observar lo que ha sido el influjo del “peronismo” (devenido en “justicialismo”) como matriz fundadora de una cultura política particular y de un accionar institucional que sobrepasa los partidos y, no en pocas ocasiones, hasta el mismo sistema político. Todo parece indicar, tal cual lo mencionaba Leis (2006), que nos estaríamos enfrentando a una cultura política caracterizada por procesos cíclicos de “recuperación” y “alejamiento” de la matriz peronista, de una forma institucional y de un comportamiento político y social que supone la integración de las grandes masas a la participación política desde un compendio un tanto “clientelista” y claramente subordinado al aparato estatal y a los destinos gubernamentales del momento (Escude, 2004).

Otro ejemplo, tal vez más complejo, puede ser el propio fenómeno del “lulismo” en Brasil (Gadea, 2013). Este ha sido motivo de análisis por parte de muchos investigadores, en la medida que pareció “acercarse” a la matriz “populista” originada bajo las presidencias de Getulio Vargas,¹ o “alejarse” debido a una gestión política definida como novedosa y particular. De hecho, la pregunta que muchos se han planteado es si los mandatos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se pueden entender como propios de un “neo-populismo” con ciertas facetas de “desarrollismo social” o, por el contrario, como inherentes de una práctica política que ha innovado en el campo político tradicional. Ciertamente, las dos interpretaciones tienen alguna validez empírica, pero lo fundamental es entender que el “lulismo”, en todo caso, no podría haber emergido y tomado forma electoral si no hubiese existido un “repertorio cultural” y una cultura política en el país que internalizó la posibilidad de legitimar, políticamente, un conductor carismático y un líder de masas.

Estas miradas, sin duda, se corresponden con una perspectiva epistemológica sobre el proceder político en la región que prefiere estar atenta a lo que las historias políticas de los países parecen dejar evidente: que más allá de anticipar ciertas “novedades” en la práctica de una determinada forma de ejercer el poder desde la “izquierda”, lo que se percibe son más “continuidades”, la recuperación de matrices políticas que han sido fundacionales y relacionadas a la cultura política de cada región o país. El caso de la izquierda política (Frente Amplio) en Uruguay no escapa a esta constatación. Quien se proponga analizar las características actuales de su proceder político, de su discurso y de su concepción sobre el Estado no se sorprenderá con actitudes y posicionamientos que no parecen alejarse de una matriz política e histórica diseñada en los comienzos del siglo XX. Es sobre lo que hablaremos a continuación.

El Frente Amplio, como fuerza política, fue quien dio rostro electoral a un conglomerado de sectores políticos de izquierda que obtuvieron importante protagonismo durante los convulsionados años de 1960 en Uruguay. Se funda el 5 de febrero de 1971, de la mano de integrantes de partidos políticos históricamente de izquierda del país, como el Partido Comunista y el Partido Socialista, así como por integrantes de movimientos políticos de izquierda diversos y algunos sectores vinculados a los sindicatos de trabajadores. También se origina por motivación de algunos líderes políticos disidentes de los denominados “partidos tradicionales” (los más viejos partidos del continente, el Partido Colorado y el Partido Blanco o Partido Nacional), descontentos con los posicionamientos adoptados por sus dirigencias partidarias durante los años de 1960. Este conglomerado de sectores políticos y sociales daría forma a una fuerza política que, posteriormente a la represión y proscripción política sufrida durante el régimen cívico-militar (1973-1985), gobernaría el país desde el año 2005 hasta la actualidad.

Una de las más importantes características de este nuevo sector político indica que, aparentemente, habría actuado como un eficiente actor político en la historia reciente del país, al permitir una retomada de la “matriz institucional” y de la “cultura democrática” diseñada a comienzos del siglo XX bajo el proceso político denominado “batllismo”: etapa histórica conocida por la gestión de gobierno de las dos presidencias de José Batlle y Ordoñez,² perteneciente al tradicional Partido Colorado. Por “matriz institucional” se comprende, aquí, la materialización de las reglas del juego político, históricamente elaboradas, que diseñan un principio de legitimación institucional y consenso social acerca de los medios por los cuales se deben conseguir las metas políticas y el acceso al poder, así como las propias funciones y competencias de cada actor político involucrado en la gestión del poder y la vida social en general. La historia política y social uruguaya demostraría como su “matriz institucional” estaría íntimamente relacionada, por ejemplo, a un “relato tradicional (que) presenta el orden político como una derivación o extensión del Estado y al orden social como una creación desde el Estado […]” (Rico, 2005, p. 31). La preeminencia de sus componentes institucionales (con el Estado como figura central) describiría una matriz política que habría construido a la propia sociedad moderna uruguaya a través de la permanencia de ciertas reglas de juego político invariablemente reconocidas por todos. Se trató, sin duda, de un modelo de organización de la realidad social que concentró un enorme protagonismo a la variable política o institucional, a un poder estatal cuya narrativa legitimadora supuso su asimilación al propio orden político democrático del país. Como bien diría Rico (2005), la “centralidad del Estado” caracterizaría la sociedad política del Uruguay: sería el Estado quien daría origen y organizaría el orden social, quedando asimilado en la evolución de la modernización del mismo orden estatal, conformándose una relación de asociación o mutua identidad. Es a comienzos del siglo XX, bajo el “batllismo” y el Partido Colorado, que esta matriz tomaría forma, conjuntamente a importantes cambios sociales y de su cultura política; matriz que estaría, eventualmente, siendo disputada desde diversos actores y sectores políticos en la actualidad.

En tal sentido, lo que se presenta a continuación tiene por objetivo analizar en qué medida se puede considerar que el actual Frente Amplio, la izquierda política uruguaya, con su accionar y práctica institucional, representa, de hecho, la continuación de la agenda política y de gestión de gobierno, en contextos históricos diferentes, del otrora Partido Colorado; no necesariamente habiendo contribuido a elaborar, en profundidad, una nueva cultura política en el país. Así, ¿sería el Frente Amplio la continuación del “batllismo” y del Partido Colorado en el siglo XXI? ¿Le cabría al Frente Amplio el papel de recuperar esa “matriz institucional” histórica del país?

El contexto

Al observar la trayectoria política y social de un país como Uruguay es habitual buscarse explicaciones para su supuesta eficiente institucionalización política en la existencia de una cultura democrática ampliamente internalizada por su población. El relato de la “excepcionalidad” política (Rico, 2005, p. 177) en el contexto regional, asociado a una serie de episodios históricos y sociales, así como a elementos de la naturaleza (su geografía, fertilidad del suelo, clima templado), ha sido constitutivo de una semántica cultural que pudo, a través de las generaciones, introducirse en los uruguayos como rasgo de la identidad nacional y la propia idea sobre la democracia en el país. Esa “excepcionalidad”, cuidadosamente transmitida desde finales del siglo XIX en las escuelas y colegios del país, descansa en una diversidad de elementos políticos y sociales, en los caprichos de la naturaleza y en la propia historia: por ejemplo, en el carácter “fronterizo” desde épocas coloniales; en su capital Montevideo, como “puerto natural” (diferente del puerto de Buenos Aires); en la inmigración europea, concomitante a la escasa población “nativa” indígena, en el menor peso del conservadorismo de la religión y de la Iglesia en la vida política y social, y en el “mito” de la revolución popular liderada por José Artigas en los inicios de las luchas contra España, Portugal, Brasil y Buenos Aires. Como bien argumenta Rico (Idem), estos atributos de la “excepcionalidad” constituyeron un “continuum histórico” de las instituciones políticas, donde todo fenómeno emergente de la sociedad se incorporaría por “agregación” o “ampliación” a la matriz original, sin, necesariamente, modificarla o cuestionarla.

Pero esta característica del Uruguay se alimenta, sin duda, de la histórica distribución de un capital cultural y social consolidado en modelos modernizadores (económicos y políticos) y racionalizadores (sociales y culturales) supuestamente “exitosos”. Un Estado que “protegería” a sus ciudadanos y una consecuente “sacralización de las instituciones” (y de sus valores coadyuvantes) acabarían por convertirse en los dos pilares más notables de esa cultura presumiblemente moderna. Orgullosos de tal reconocimiento, los uruguayos, históricamente, tenderían, así, a dar solución a sus “desajustes” políticos y sociales coyunturales a partir de la eventual operacionalización de sus instituciones, aportando, de esta manera, otras características verdaderamente significativas para su cultura política: un acentuado conservadorismo y un excesivo ideario de seguridad, certeza y confianza en las instituciones (Rama, 1987). En la actualidad, esta dinámica institucional y la confianza que la acompaña parecen sobrevivir, aunque con ciertos reparos. La etapa histórica y política iniciada con la denominada “apertura democrática” del año 1985 puede ser vista como portadora de una serie de señales que cuestionaron algunos de los postulados histórico-institucionales clásicos. Posteriormente, una crisis económica profunda (como la vivida durante los años 2002 y 2003) y un paulatino y progresivo deterioro de las condiciones de vida material y cultural condujeron al Uruguay a una disyuntiva institucional y política compleja, así como a un inevitable revisionismo de su exagerada autoestima legitimada en la creencia de ser una sociedad democrática, tolerante frente a la diferencia y presuntamente igualitaria.

Con la apertura democrática, en la mitad de los años de 1980, la tradición política y la estabilidad institucional no pudieron ocultar ciertos problemas que, con el pasar del tiempo, acabaron traduciéndose en un estado de ánimo de desencanto cada vez más visible, principalmente entre los más jóvenes. Por ejemplo, vale recordar cómo, en el ambiente democrático de aquellos años (1985-1989), varios movimientos sociales y culturales (de derechos humanos, juveniles, de asociaciones de barrio, comunitarios, ambientalistas, entre otros) ganaron expresividad, manteniendo cierta autonomía frente al sistema político; aunque la falta de imaginación y una percepción de la práctica política restricta a los canales institucionales más clásicos de expresión hayan resultado en su desaparición o, en algunos casos, en su “absorción” por parte de sectores y de partidos políticos de izquierda (Perelli y Rial, 1986). Esa tendencia acabó por determinar uno de los problemas iniciales con el proceso de democratización política: aquel que se refiere a la incapacidad (y a los intereses prácticos) de un sistema político que no encontró otra vía de expresión a no ser la de buscar una reacomodación de la nueva situa- ción social, surgida en el ambiente cultural y político de redemocratización, dentro de la normatividad e institucionalidad política pre-existente; en lugar de intentar generar una nueva normatividad para la nueva situación real de poder social (Krischke y Gadea, 2000).

Realizando un ejercicio de memoria, se percibe que una de las señales más agudas de esto está representada en la campaña de represión policial ejecutada durante el primer gobierno de la redemocratización política, del presidente Julio María Sanguinetti (1985-1989), del Partido Colorado, que, a través de “razzias”, detenciones indiscriminadas y un discurso de supuesto combate al consumo de drogas, consiguió generar, entre la población más joven, un creciente descontentamiento con las características políticas y culturales que el país parecía ir asumiendo (Bayce, 1989). Si el clima político indicaba “apertura” y una agitada participación social, en el ámbito cultural el clima no parecía ser semejante, a pesar del “agite juvenil” en torno al rock nacional. No obstante, si el movimiento político era un hecho incuestionable, este presentó una reconfiguración que acabó por reafirmar las estructuras políticas tradicionales, las estructuras partidarias y los alineamientos políticos del período anterior a la dictadura cívico-militar. Aquellas señales que, fundamentalmente, desde el ámbito cultural, indicaban una eventual transgresión política, simplemente eran ignoradas o excluidas, combatidas desde escenarios institucionales y formales de la vida política. En algunas situaciones, estas señales culturales adquirían nuevas formas, de cierta manera reformuladas dentro de una fuerza política en crecimiento, y hasta aquél momento, también crítica de la histórica institucionalidad política del país: el Frente Amplio, la izquierda política uruguaya. Sustentado en el mito de una historia política estable, el sistema político uruguayo demostraría, una vez más, que parte de un principio de regulación y orden normativo que solamente atribuye derechos representativos y de expresión a aquellos representantes electos a través de elecciones políticas nacionales. De este modo, todos los intereses sociales surgidos eran definidos como grupos de presión “clientelizables” y eventualmente deslegitimados, excepto que se sometiesen a la “mediación” del partido político o del Estado (Rico, 2005).

Se puede comprender que la denominada “apertura democrática” en el Uruguay da sus últimos pasos en el año 1989, con el plebiscito convocado para dejar sin efecto la “ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado” (ley que permitía amnistiar a militares y policías vinculados a actos de violación a los derechos humanos durante el período del gobierno cívico-militar, entre 1973 y 1985). Como ya se sabe, el denominado “voto amarillo” (por el color de las papeletas, y a favor de la ley) triunfaría sobre el “voto verde” (apoyado por la intensa militancia de muchos jóvenes que, no necesariamente, estaban vinculados a algún sector político partidario de izquierda), ocasionando un complejo proceso de saturación de los debates políticos generados en torno a las características generales de la “democracia reemergente”. La efervescencia social generada por la movilización a favor del “voto verde” iba a dar lugar, paulatinamente, al vaciamiento del debate político y a cierta apatía frente a la participación social en temas políticos generales. Fuerzas sindicales algo cansadas y debilitadas, a pesar del crecimiento del nivel de conflictividad social, una izquierda política anestesiada (pensando, inclusive, en el impacto simbólico con la caída del Muro de Berlín) y muchos jóvenes militantes ingresaron en un nuevo clima social y cultural. Por los años de 1990, una creciente indiferencia política y la crisis de la militancia tradicional de izquierda se manifestaron como síntomas claros de ese nuevo ambiente socio-cultural. No obstante, un “alivio” para éstos vino con el triunfo electoral del Frente Amplio en Montevideo. Tabaré Vásquez, un médico oriundo del Partido Socialista, es electo Intendente de Montevideo, dando inicio a la primera administración política del sector de izquierda del país (1990-1995). Posteriormente, en 2004, sería electo para la presidencia de la República, para luego, en 2009, la continuidad del Frente Amplio en el gobierno nacional materializarse con el triunfo electoral de José “Pepe” Mujica. Desde el año 2015 el Frente Amplio gobierna el país, luego de una nueva asunción a la presidencia de la República del médico socialista Tabaré Vázquez.

La cuestión

Es cierto que la izquierda política uruguaya, simbolizada en el Frente Amplio, se transformó, a finales de los años de 1990, en la fuerza política mayoritaria en el país. Nuevos sectores políticos y sociales terminaron aglutinando fuerzas para la conformación de una propuesta electoral ecléctica que, hasta el año 2005, se resumió en el denominado Encuentro Progresista – Frente Amplio – Nueva Mayoría. Sería esta propuesta que llevaría al primer presidente de izquierda del país, Tabaré Vásquez, al gobierno nacional, para luego de 2005 fundirse, finalmente, en la estructura política del Frente Amplio.

Fue simple percibir que aquella propuesta electoral de fines de los años de 1990 era bastante diferente de aquella que se observaba años atrás, abandonando viejos clichés y comportamientos políticos de enfrentamiento directo a las “agencias del capitalismo mundial”, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. De apariencia más pragmática y con alguna experiencia adquirida con la administración política de la Intendencia de Montevideo, propuso políticas de integración económica del pequeño país en el contexto regional y global, incentivando, por ejemplo, el desarrollo y profundización del Mercosur. Era perceptible constatar una evolución programática e ideológica, caracterizada por el claro abandono de una retórica y plataforma discursiva relacionada al desarrollismo, el antiimperialismo y críticas directas a la “oligarquía local”, para pasar a adquirir una visión “progresista” y de típico reformismo gradual (Yaffé, 2005). De cierta manera, la alianza con nuevos sectores políticos, sumado a la experiencia política de dos décadas de actuación, terminaría en un proceso de “tradicionalización” del partido, suponiendo la moderación del “centro político” y la identificación de gran parte del electorado como la opción política más alineada a la “matriz institucional” histórica del país. Lo que, inclusive, se debe resaltar, es que la propia indiferencia política creciente en gran parte de la población, y el deseo coadyuvante por reducir la rigidez de la burocracia y la institucionalidad históricamente consolidada serían factores que, entre otros, permitieron ese crecimiento rápido de la izquierda política uruguaya, una identificación, por gran parte de la ciudadanía, como alternativa política posible ante el descrédito de los partidos políticos tradicionales (Colorado y Blanco) y sus gestiones de gobierno durante los años de 1980 y 1990. No fue, necesariamente, el desarrollo de una “conciencia política”, de la militancia en crecimiento y la politización de los jóvenes lo que estaría sustentando el crecimiento electoral de su fuerza. Aquellos que, desde una visión política de izquierda creyeron en esto, parecieron ver con una mirada vieja los nuevos contextos políticos y sociales del país. No ha sido, de hecho, la capacidad de convocatoria a la participación política en torno a la militancia tradicional de la izquierda uruguaya lo que determinó el crecimiento potencial del electorado de izquierda. Por eso, este fenómeno debe ser observado como formando parte de ese clima de “desencanto” de fines de los años de 1990 y comienzos del 2000, desafío novedoso que iba a tener que lidiar la lógica político-institucional del país.

Observando la evolución concreta del voto del Frente Amplio en el año de su fundación, en 1971, se constata que obtuvo el 18% de la preferencia electoral, creciendo para 21% en las elecciones de 1984, en el contexto de la apertura democrática. En el año 1994, obtendría el 29% de los votos, experimentando en 1999 un vertiginoso crecimiento, al obtener el 39% de las preferencias de la ciudadanía. No obstante, ese alto porcentaje no le permitió acceder al Poder Ejecutivo, ya que por reglas electorales del país, en posterior balotaje, perdería frente a la unión electoral de los dos partidos tradicionales del país. Estas nuevas reglas electorales habían sido introducidas por la reforma constitucional del año 1996, reforma que establecía la posibilidad de celebrarse una “segunda vuelta” o balotaje entre los dos candidatos más votados, si ninguno de ellos había llegado a una mayoría absoluta. Así, en aquel 1999, se impondría una alianza política entre los dos partidos políticos tradicionales que terminaría retardando la llegada al gobierno nacional del creciente Frente Amplio. No hay dudas de que esta reforma pretendía, en su momento, contener el avance de las fuerzas políticas de la izquierda uruguaya, tal cual interpretación que muchos realizaron. Aquella alianza bipartidista se había originado como reacción inmediata a sufrirse un cambio sustancial en el esquema bipartidista histórico del país, y más si se considera que aquel Frente Amplio no era, por aquellos años todavía, el que posteriormente se dejaría visualizar: más moderado ideológicamente, y menos alejado de las reglas del juego electoral del país. No obstante, resulta igualmente importante destacar, que esta misma reforma constitucional del año 1996 tendría la curiosa virtud de generar una nueva forma de bipartidismo, tal cual se iría a percibir en las próximas contiendas electorales y, por qué no, hasta una propia transformación del comportamiento electoral de los uruguayos, tendientes a polarizarse, en consecuencia, en torno a dos nuevos ejes políticos.

Así, sería en la elección próxima, en el año 2004, cuando el Frente Amplio triunfaría, en primer turno, las elecciones nacionales, con el 50,45% de los votos. Ciertamente, se trata de un significativo triunfo político de la izquierda, pero que fundamentalmente indicaría un cambio crucial en el comportamiento político y electoral del país: el histórico Partido Colorado obtendría el peor resultado de su larga historia, apenas alcanzando el 10% de los votos. La crisis electoral del Partido Colorado se iba a tornar sintomática de sus cíclicos devaneos programáticos y ausencia de liderazgo legítimo a los ojos de su tradicional elector. Por eso, tan importante cuanto el triunfo del Frente Amplio ha sido la crisis política vivida por el Partido Colorado. Muchos, incluso, se preguntarían si, de hecho, ha sido la migración de votantes del Partido Colorado hacia el Frente Amplio una explicación fuerte acerca del triunfo electoral de la izquierda en el país. Ciertamente, una respuesta afirmativa no permitiría explicar la totalidad de este complejo fenómeno, pero podría darnos una idea del cambio importante en el comportamiento electoral de los uruguayos.

Si, en todo caso, es posible sustentar esta tesis, resulta interesante recordar, entonces, que la supuesta migración de votantes del Partido Colorado hacia el Frente Amplio fue, primeramente de carácter eminentemente urbano, y que podría ya rastrearse en las mismas elecciones del año 1971, momento de la propia fundación de la fuerza política de izquierda. Si se toma como ejemplo el circuito electoral del departamento de Canelones, tradicional bastión electoral del Partido Colorado, se puede observar que, en aquella elección de 1971, este sector político tradicional había obtenido el 43,4% de votos, mientras el Frente Amplio el 11,3%, y los otros partidos (principalmente el Partido Blanco o Nacional) el 45%. Si a este dato se lo contrasta con los resultados electorales de las elecciones anteriores, del año 1966, se puede constatar que el Partido Colorado había obtenido el 51,2% de los votos, las fuerzas de izquierda de aquel momento (Frente Izquierda de Liberación –nombre con el que participó el Partido Comunista, Partido Demócrata Cristiano y Partido Socialista) apenas habían alcanzado el 4,8%, mientras las otras fuerzas políticas (considerando, principalmente, el Partido Blanco o Nacional) el 44%. De esta forma, mientras los considerados “otros partidos” se mantuvieron prácticamente inalterables en su porcentaje de preferencias electorales, el Partido Colorado había perdido casi el 8% de los votos de 1966 a 1971, que, es posible deducir, claramente irían a sumarse a la nueva fuerza política de izquierda, el Frente Amplio. De la misma manera, si se observan los resultados electorales de aquel fatídico evento electoral para el Partido Colorado del año 2004, es posible, asimismo, sustentar, de manera más matizada ahora, la tesis de la migración de votos hacia el Frente Amplio. En aquellas elecciones, y considerando el mismo circuito electoral del departamento de Canelones, el Partido Colorado había obtenido un magro 9% de los votos, el Frente Amplio el 54,7% y los otros partidos (nuevamente considerando como principal el Partido Blanco o Nacional) el 36,3%. Si a estos datos los contrastamos con los de las elecciones inmediatamente anteriores, las del año 1999, se observa que el Partido Colorado había obtenido 33,3% de las preferencias electorales, el Frente Amplio el 39,3% y los otros partidos el 27,4%. Es decir, que de una elección a la otra, el Partido Colorado había perdido 24,3% de votos, muchos de los cuales migraron a los “otros partidos”, un 9%, mientras el 15% lo había hecho hacia el Frente Amplio. Ciertamente, la perdida de los votos “colorados” no fueron, exclusivamente, a sumar a los votos del Frente Amplio, aunque si es posible suponer que una interesante mayoría si lo habían hecho. Estos resultados en el circuito de Canelones son sintomáticos de los cambios electorales en el resto del país, inclusive considerando que este circuito electoral había sido históricamente un fuerte reducto del Partido Colorado,³ así como en los principales centros urbanos del país.

De esta forma, y más allá de estas reflexiones en torno al comportamiento electoral, es posible realizar una consideración que puede parecer a contramano de lo que supuestamente sería observable y esperado de la izquierda política (y de la cultura política en general), al no pretender ocultarse un aspecto estructural del proceso político e histórico del pequeño país. Así, en las condiciones políticas actuales, es posible suponer que esa izquierda política terminó materializando, en gran medida, la continuidad político-institucional de una forma de actuar y de definir las tareas del Estado tal cual había sido realizada por el Partido Colorado en su momento de mayor influencia en el país (1905-1929). El Partido Colorado, bajo las presidencias de José Batlle y Ordoñez, a comienzos del siglo XX, fue portador de una actuación política que no únicamente amplió derechos sociales a la ciudadanía, sino que, también, dio cuerpo a una estructura estatal que luego se consideraría de vanguardia para su época, iniciando políticas de fuerte sentido socialdemócrata (Nahúm, 1998).⁴ En grandes líneas, el Partido Colorado encarnaba los intereses de la amplia ciudadanía uruguaya, diseñando una estructura social en cuya base se situaba una amplia clase media de funcionarios, empleados de comercio, obreros de fábricas y profesionales; y es, justamente, con estas características que la “matriz institucional” fue tomando forma.

No obstante, se trató de una “matriz” que no gozó, en todo momento, de pleno apoyo y adhesión política, como se podría suponer al recordarse los propios conflictos iniciales de la identidad política del país entre las “divisas” a comienzos del siglo XX. En realidad, descontentos emergieron cuando, fundamentalmente, crisis económicas representaron un verdadero cuestionamiento hacia ella. Así fue lo que sucedió inmediatamente después del gobierno de Luis Batlle Berres,⁵ del Partido Colorado, cuando en las elecciones nacionales de noviembre del año 1958 el Partido Blanco o Nacional obtendría su primer triunfo electoral. La fragmentación interna del Partido Colorado, la crisis económica de mediados de los años de 1950 y la erosión de la imagen política del presidente Batlle contribuyeron para que, por primera vez, “los blancos” comandaran el Poder Ejecutivo. Este triunfo, inclusive, vino acompañado de una reforma constitucional, en el año 1952, que instituiría una forma colegiada en el gobierno nacional, suponiéndose la participación en el Poder Ejecutivo de aquellos candidatos más votados por cada partido: el Consejo Nacional de Gobierno. Por esto, tanto el triunfo del Partido Blanco como la propia reforma constitucional representaron un claro gesto por introducir algunas modificaciones en la estructura política e institucional del país, al pretender sustituir la figura política del presidente de la República por un Colegiado. Receloso de un presidente con amplios poderes, desde muchos sectores del Partido Blanco veían con desconfianza un Ejecutivo unipersonal.

El gobierno del Partido Blanco (1959-1967) estaría marcado, en lo político, por serias fracturas internas (al igual que el propio Partido Colorado), con tendencias políticas más conservadoras, de un lado, liberales, por el otro, y por el surgimiento de algunas voces más acordes con reformas económicas y sociales más alineadas a las preocupaciones de las amplias capas medias de la población. Durante sus dos mandatos, llevó adelante políticas de liberalización económica, de eliminación de subsidios a la producción agrícola, de devaluación de la moneda, de reducción de los impuestos a las importaciones, protagonizando un fuerte alineamiento con el Fondo Monetario Internacional en lo referente a su política económica. Una simple observación parecería sugerir que terminó tomando medidas que fueron a contracorriente de lo inmediatamente realizado por el antecesor, Luis Batlle Berres, con la intención de reactivar la economía y salir de la recesión. El propio sistema político colegiado fue objeto de críticas, por carecer de la efectividad necesaria en la toma de decisiones rápidas y concretas. Por esto, en 1966, muchos sectores políticos, acompañados por el propio deseo de la población en general, presentarían proyectos de reforma constitucional, dando así retorno al sistema político unipersonal (un presidente), y retornando, de esta manera, a una práctica política electoral que estaba ampliamente internalizada por la ciudadanía.

Es probable que este interregno del Partido Blanco o Nacional en el gobierno pueda considerarse una suerte de cuestionamiento al “aurea socialdemócrata” del país, ayudado por la crisis económica de mitad de los años de 1950 y el desgaste y fragmentación al interior de los dos partidos tradicionales. No obstante, si, de cierta manera, la “matriz institucional” y política parecería protagonizar una primera crisis política con este proceso histórico vivido durante los años de 1960, es oportuno aclarar que no, necesariamente, representaría la materialización de su crisis social, es decir, de su cuestionamiento en la propia cultura política del país, en las adhesiones políticas y el comportamiento electoral. Inclusive porque habrían otras situaciones en que esa “aurea” sería igualmente puesta a prueba con otros momentos históricos. Además de la presencia “blanca”, se puede mencionar, justamente, la que se vislumbraría con la asunción del colorado Jorge Pacheco Areco en 1967 a la presidencia de la República, luego después de los dos gobiernos del Partido Blanco. Con Pacheco Areco se iba a dar continuidad (inclusive de manera más intensa) a un proceso de “desmantelamiento” de la cultura política instaurada desde José Batlle y Ordoñez, y ya en crisis desde los años de 1940 (Bayce, 1989, p. 21), que tendría su fatal desenlace con la dictadura cívico-militar de los años de 1970 y 1980. Con Pacheco Areco se había comenzado a perfilar, de forma clara, una retórica política autoritaria y autocrática, que afirmará la decadencia de un accionar partidario característico del Partido Colorado. Se puede decir que el Partido Colorado, a partir de este momento, asumiría una identidad política “conservadora” y menos condescendiente con las necesidades de las grandes masas de la población trabajadora. Pacheco Areco había desarrollado una política que dejaba al desnudo el liberal “batllismo” histórico, generando descontentos al interior de la fuerza política. Así, el electorado considerado más “progresista” del Partido Colorado se sentiría huérfano de un espacio político que dialogaba con una vida política y con códigos de comportamiento ciudadano enraizados electoralmente. Para muchos, el “aura socialdemócrata” característica fue aparentemente abandonada en los años de 1960, ocupando espacios que oscilaban entre sindicatos de trabajadores, movimientos políticos de una izquierda todavía tímida cuantitativamente y, de cierta manera, entre algunos movimientos sociales y políticos que, inclusive, apelaron a la lucha armada para “tomar el poder” a fines de los años de 1960 e inicios de los años de 1970.

De acuerdo con este razonamiento, cuando se escucha que la izquierda política actual debe tomar medidas que busquen reducir las desigualdades salariales, dar acceso a determinados derechos sociales y se discute sobre la necesidad de una amplia reforma del aparato estatal, parecería estar asistiéndose a un “continuum” histórico-temporal que transfiguraría al otrora Partido Colorado (y su “batllismo” político constitutivo) en el actual Frente Amplio, una especie de retorno a ciertas prácticas que se aproximan a aquellas que formaron parte del “batllismo” de comienzos de siglo XX y del “neo-batllismo” de los años de 1950. Evidentemente, no son, únicamente, los discursos o iniciativas políticas concretas que permiten decir que, en cierto sentido, el Frente Amplio es la continuación del Partido Colorado en evidentes situaciones históricas distintas. Es, también, el lugar que él pasó a asumir en el repertorio electoral y político del país, tomando como propio un espacio discursivo que habría sido patrimonio del tradicional Partido Colorado y una forma de definir el Estado en absoluto distante de la centralidad atribuida históricamente. Es de esta manera que se torna posible observar que el sistema político y la institucionalidad del libre juego democrático consigue retornar a sus fuentes: a una estructura político-partidaria que da continuidad a un “ser nacional” que encontró abrigo en la fuerza política de izquierda actual, en el ecléctico Frente Amplio. Así, la bipolaridad política continuaría vigente: desplazado a un tercer lugar dentro de las preferencias electorales en las elecciones de 2004 y de 2009, el Partido Colorado parecía insistir, todavía, en la búsqueda de su identidad política perdida, identidad que fue encontrada, en gran medida, por aquellos que supieron captar el capital político y social histórico del país: la dirigencia frenteamplista.

Las experiencias

Como bien sustenta Bayce (1989), la consolidación de una primera cultura política formal y moderna en Uruguay es contemporánea a una afirmación tardía del Estado, en sincronía con una mo- dernización social obtenida por una dirección estatal “desde arriba”, con retórica liberal y expansión democrática. Durante la gestión del presidente José Batlle y Ordoñez quedaría evidente que el país gozaba de ciertas ventajas comparativas con relación a otros países de la región, principalmente cuando se comprende que entre los uruguayos no existía el antagonismo que dividiría a la ciudadanía y que, eventualmente, podría amenazar el Estado. En todo caso, las luchas entre grupos políticos y las demandas disidentes eran relativas a la “coparticipación en la gestión gubernamental”, a las garantías frente al fraude electoral, o contra los abusos de corrupción en la administración pública. En el país no se habían construido, todavía, partidos o grupos de interés que cuestionasen “visiones de mundo”, del Estado y de los intereses corporativos, como sí se habían manifestado en otras regiones del continente. Por eso, los intereses que dividían la ciudadanía amenazaban el gobierno, y no al Estado (Idem, p. 13). Esto conduce a considerar que, en Uruguay, es a partir del Estado que se construyó una institucionalización política (respeto al marco legal), una modernización social (por ejemplo, en la expansión de una escuela pública laica y obligatoria) y una democratización liberal (derechos y libertades políticas) con relativo éxito, únicamente cuestionadas después de los años de 1960 (con el Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros,⁶ y posteriormente con la dictadura cívico-militar).

Junto a una gestión política que otorgaba una amplia diversidad de derechos políticos, sociales y económicos a la población, bajo la premisa de que para el desarrollo de una sociedad el Estado debe controlar los aspectos centrales de la economía (tornándose una entidad cuya función principal sería la redistribución de la riqueza), lo que se conoce, históricamente, como “batllismo”, tendió a elaborar un discurso de construcción de “consensos políticos” y, así, inhibir los conflictos internos del Partido Colorado. De la misma forma, a reducir las asperezas con el Partido Blanco, de fuerte arraigo en el medio rural del país. Colorados y Blancos (o “nacionalistas”, como también se los llamó) se integrarían al discurso “institucionalista” del presidente Batlle y Ordoñez, que enfatizaría la “paz social”, el respeto a los derechos individuales y, en especial, la sumisión de la ciudadanía a la “Ley”.⁷ Es desde este momento que, justamente, se puede desprender la serie de “mitos” característicos del “imaginario político” uruguayo hasta los años de 1970. En tal sentido, Perelli y Rial (1986, p. 22) afirmarían, de manera interesante, que serían cuatro los que se pueden mencionar con mayor destaque. En primer lugar, el “mito de la medianía” o de la “estabilidad social”. Como ya dicho anteriormente, a comienzos de siglo XX se había creado un Estado “asistencial” y protector de los sectores subalternos de la sociedad, favoreciendo la creación de capas medias, y de valores culturales que les son propios. La estabilidad social alcanzada sería muy alta, favoreciendo el predominio de la visión política de los sectores medios de la sociedad, en detrimento de las capas subalternas, a las que muchas veces se asistiría con desconfianza. Hubo, entonces, una aceptación implícita del marco de acción socio-político legitimado y vigente, y cuyos sectores altos de la sociedad conseguían verlo como funcional a sus intereses prácticos. En segundo lugar, aparece el “mito de la diferenciación” cultural. En este sentido, la “identidad uruguaya” era comprendida como “especial” en el contorno de los países de la región. Política, cultural y “étnicamente” diferenciado del resto de los países latino-americanos, el país asumiría su pretendida “superioridad” por lo avanzado de su legislación, por la homogeneidad de su población (con prevalencia de los “blancos” sobre los indígenas) y por la integración social adquirida (la “asimilación” de los migrantes europeos fue de notoria importancia). El uruguayo se vería “europeizado”, más allá de estar lejos de Europa y de sus guerras e inestabilidad política, y de América Latina, cuyos países no podían ofrecer la misma asistencia y protección a sus ciudadanos. El tercero es el “mito del consenso”, el de la “ley impersonal” que se impone (Idem, p. 23). Se trata de un imaginario político que se nutre del “mito de la democracia”, del “mito del orden”, coadyuvante a la sustentación del estado de derecho y del respeto a las reglas. La democracia era tomada como “regla de juego” político; no obstante, sin la inevitable capacidad de excluir el clientelismo y el apadrinamiento político en instancias importantes de la vida social del país. El cuarto sería el “mito del país culturoso” (Idem, p. 24).

Cuando se puso en marcha el estado asistencial, uno de los objetivos fundamentales fue lograr que la masa subalterna tuviese, en primer término, acceso a una total alfabetización, que sus capas medias fueran suficientemente educadas como para distinguir a este país precisamente por ese hecho: por el alto grado de su cultura, mediocre, pero suficientemente niveladora e igualadora. Era ésta una forma “económica” de hacer aumentar el auto-respeto de esas clases medias, de afirmar sus valores, y tratar que éstos permearan al conjunto de la sociedad (Idem, p. 24).

Estos cuatro “mitos” confluirían en la enorme importancia dada al Estado como organizador y gestor de la vida colectiva del país. Al mismo tiempo, en considerar de gran importancia la clásica noción de “sociedad amortiguadora” (Real de Azua, 1984), “tipo ideal” que denota, en el caso de Uruguay, la preexistencia de un capital social que estaría permitiendo que los eventuales conflictos sociales emergentes no pudiesen llegar a “explotar” debido a compromisos o acuerdos que a priori se han instituido por el conjunto de la sociedad. “Amortiguando” las demandas o energías políticas más “radicales”, la “idea de sociedad” prevalecería en la operacionalidad de los “mitos” arraigados en las prácticas políticas y sociales cotidianas.

Así, a una “sociedad amortiguadora” que “racionaliza las diferencias” y evita los “catastrofismos”, “extremismos” o “revoluciones” le corresponde un sistema político estructurado por “agregación de intereses”, basado en “equilibrios mutuos”, “favores clientelísticos”, la “juridización de las relaciones sociales” o el “adelantamiento de la legislación social”. Así, los rasgos de una “sociedad de iguales” e “hiperintegrada” serán causa y consecuencia, a la vez, de las formas de movilidad social de tipo “meritocrática” y/o “migrante”. O, la sociedad “construida desde el Estado” tendrá su correlato político en el Estado “de compromiso” (Rico, 2005, p. 185).

Por esto, la tesis de la “sociedad amortiguadora” de Real de Azua (1984) sobre Uruguay se sustenta en la histórica importancia atribuida a la cultura política propia de los sectores medios de la población. Esto queda evidente, como afirman Perelli y Rial (1986, p. 39), cuando se percibe que la supuesta “acción anticipatoria” de las demandas sociales por parte del Estado no únicamente apuntaron a crear la sensación de “plenitud” y conformidad por parte de la ciudadanía, sino también a afirmar valores propios de los sectores medios, oscilantes entre la “utopía” y el “conservadurismo”. Ciertamente, acentuar los valores de “clase media”, que permearían al conjunto de la sociedad, significó diluir eventuales conflictos de clase o de grupos, tensiones sociales diversas y críticas procedentes de la esfera cultural, materializando en la figura del Estado un papel central en la protección de la sociedad. Aquí radica, en gran medida, el principal gesto favorable para el establecimiento de un proyecto “anticipatorio” de país, de “estilo consensual” en el relacionamiento político, que conduciría, en definitiva, a una fuerte “batllistización” de la propia sociedad uruguaya (Idem, p. 40). Lo que ejemplifica esta cuestión es que, no únicamente se debe comprender el proceso histórico constitutivo de la sociedad política del país como inherente de la esfera política e institucional, lugares claves de los destinos colectivos en materia de los derechos y de la consolidación de la ciudadanía. Por “batllistización” de la sociedad se debe entender la “internalización” de una narrativa político-cultural que acepta el “paternalismo” estatal (considerándolo como antecesor de la existencia de la propia -y eventual- sociedad civil), y de una “sensibilidad tolerante”, laicista y de fuerte perfil universalista, contenidos culturales que funcionarían como “imaginario colectivo” en la ciudadanía. No obstante, con las crisis de prosperidad económica en los años de 1950 (en la medida que la matriz productiva del país, sustentada en la exportación de materias primas originadas de la explotación ganadera, no estaba adecuada a la competitividad del mercado internacional después de la Segunda Guerra Mundial), el Estado protagonizaría una insuficiencia creciente en la capacidad de satisfacer las demandas de la sociedad. Como resultado, las demandas parecieron “corporativizar la sociedad”, generándose una necesidad ciudadana de competir por la escases de los favores políticos. Así, a la “descorporativización de la sociedad civil intentada por Batlle y Ordoñez por medio de una politización de lo privado sucede una recorporativización de la sociedad civil y una privatización de lo político” (Bayce; 1988, p. 21), conduciendo al Estado a perder fuerza y autonomía con relación a la sociedad: en contraposición, el Estado incrementaría su “clientelismo” bajo otras características, talvez hasta más perversas, que culminarían deslegitimando su papel de “protector” de la población.

Como consecuencia, ciertas transformaciones en el sistema político comienzan a manifestarse. Las simples diferencias políticas comienzan a ser tratadas como antagonismos construidos al interior de los partidos políticos tradicionales del país. Eventuales posicionamientos “progresistas” y conservadores” se manifestarían en el Partido Colorado y en el Partido Blanco, generándose una verdadera crisis del “imaginario batllista” político y social. De esta manera, una evidente deslegitimación del Estado y, obviamente, del gobierno, y una “clientelización” política cada vez más recurrente (los denominados “Clubes Políticos”, histórica base de acción partidaria, desempeñaron un papel central en esto) dieron el tono de los nuevos tiempos de la democracia uruguaya en los años de 1960. Sin embargo, lo más destacado iba a manifestarse en la correlación históricamente construida entre la esfera institucional y la cotidianeidad de la población: la aparente “desbatllistización del Estado” tendría como correlato la permanencia del “batllismo” en el imaginario social de los uruguayos; narrativa que concentraría, eficientemente, los “mitos” estructuradores del moderno Estado y su ciudadanía “diferenciada”. Por tal razón, “entre la “desbatllistización” del Estado y el batllismo mental de la ciudadanía, acabó por configurar (se), a lo largo del proceso, una disonancia cognitiva fuertemente isotópica. Con la aparición del Estado como alteridad se instauran otras alteridades” (Perelli e Rial, 1986, p. 42), una crucial fractura de aquél excesivo ideario de seguridad, certeza y confianza en las instituciones, así como el surgimiento de reacciones sociales y políticas de características diversas. En este contexto, la emigración por motivos económicos fue una primera respuesta visible: en una década, el país había perdido 10% de su población, y casi el 20% de la población económicamente activa. Por otro lado, el radicalismo político se hizo presente sin contenciones institucionales posibles: en las movilizaciones de gremios y sindicatos de trabajadores y de estudiantes, en la lucha armada de los “Tupamaros” y, simultáneamente, en la presencia de grupos políticos de “extrema derecha”. Al final de los años de 1960 se diseñaba un país “desbatllistizado” institucionalmente, pero con la sobrevivencia de redes de sociabilidades cotidianas que actuaban a partir del imaginario “batllista”. Consecuentemente, ¿sería la efervescencia política de estos años un gesto por “recuperar” el proyecto político históricamente constitutivo del país, centrado en la figura del Estado, garantía del ejercicio de la ciudadanía y, fundamentalmente, marco de referencia para el desarrollo personal en la esfera privada de los ciudadanos? ¿Cómo la izquierda política se posicionaría, desde su formación, ante este fenómeno político y cultural del país?

Los orígenes

Para Demasi (2006), el Frente Amplio, en tanto sector político nuevo en el contexto de los años de 1970, no podría haberse originado si no hubiese conseguido captar el sector “batllista” del Partido Colorado, así como al sector más “progresista” del Partido Blanco. Esto se debía, en gran medida, porque a finales de los años de 1960 se iba a producir una novedosa “adhesión emocional” del electorado a los sectores políticos, a diferencia de la clásica “tradición partidaria” y la “adhesión racional” a un programa político. Por esto, para muchos “colorados”, iba a ser posible invocar figuras políticas del pasado y transfigurarlas, sin resquemores, en posicionamientos políticos de “izquierda”, superando, así, algún tipo de barrera partidaria infranqueable. Se tornaría posible invocar a José Batlle y Ordoñez y, por ejemplo, estar fuera del Partido Colorado.

Un factor importante en este movimiento del electorado, y de algunos líderes del “batllismo” en el Partido Colorado, se relacionó al posicionamiento político asumido durante la presidencia del también “colorado” Jorge Pacheco Areco. Al haber desarrollado una política entendida como “antibatllista”, Pacheco Areco terminó permitiendo un “voto crítico” entre los electores de su Partido, un electorado menos dependiente del Partido y de sus candidatos, produciéndose, también, algo inevitable: sectores “batllistas” terminarían abandonando el Partido Colorado, llevando consigo un capital electoral cualitativamente activo (no obstante, numéricamente de poca expresión). Así, los dirigentes políticos “colorados” Zelmar Michelini, Renán Rodríguez y Hugo Batalla, por ejemplo, fundarían la “Lista 99” dentro del Partido Colorado para posteriormente, en 1971, formar parte de la fundación del Frente Amplio junto con otros integrantes del Partido: Enrique Rodríguez Fabregat y Alba Roballo, sin olvidar quien ocuparía la presidencia del nuevo sector político de izquierda: el General Líber Seregni.

Sin embargo, el “frenteamplismo”, surgido de la amalgama de diferentes sectores políticos, no se consolidaría más allá de los horizontes políticos históricos del país. No fueron los preceptos históricos del Partido Comunista, del Partido Socialista, o de otros diferentes actores políticos oriundos de otras estructuras ideológicas de izquierda, los que darían sustento político a la acción y a la gestión de gobierno en los momentos que el Frente Amplio tuvo que asumir ese papel. Sin duda, muy importante habría sido la militancia política oriunda de esas estructuras partidarias, como, por ejemplo, del propio Movimiento de Participación Popular (MMP) liderado por el expresidente José “Pepe” Mujica en los años de 1990 y 2000. Es evidente que la ascensión de José Mujica a la presidencia en el año 2010 tuvo como antecedente la inserción de una agenda política particular bajo la labor militante de algunos sectores de la izquierda política y del Frente Amplio. Pero, una cosa es propia de las narrativas políticas que la izquierda construyó para sí en el interior del Frente Amplio y otra, muy diferente, sería la manera de actuar en el Poder Ejecutivo del país. El “frenteamplismo” se habría encontrado, continuamente, en la disyuntiva de “comprenderse” en escenarios complejos de la realidad institucional: como propio de la retórica de izquierda, o como inherente a justificar medidas de acción político-administrativas que podrían herir sensibilidades en su interior. Pero el “frenteamplismo” subsistiría: para algunos, por ejemplo, en la estética (y la ética) y discurso de “Pepe” Mujica; mientras tanto, en la práctica, parece materializarse, cabalmente, en las características de como conducir un gobierno y pensar la gestión del Estado sin grandes innovaciones.

Consiguientemente, resulta poco convincente deducir que el Frente Amplio deba su crecimiento electoral a su “apertura al centro” político, reduciendo eventuales temores de la población de lo que sería un gobierno de izquierda. El argumento de la supuesta moderación discursiva que el Frente Amplio habría asumido, abandonando las implicaciones de lo que sería una identidad de izquierda, no resulta convincente cuando a este sector político se lo intenta comprender e insertar en la historia política del país. Lo que se afirma aquí es que no es posible constatarse ninguna contradicción evidente entre un Frente Amplio anterior a los años 2000 con el que se vislumbra en el presente, en la medida que no se habría manifestado, de manera verdadera- mente clara, un posicionamiento político que denotase conducir una transformación de la matriz económica (liberalismo), política (el “estadocentrismo”) y social (la “batllistización”). Se trató, en todo caso, de una fuerza política que “asume las mejores tradiciones uruguayas para construir un Uruguay mejor”;⁸ un espacio político del electorado que pareció resignificar los “imaginarios nacionales” y su cultura democrática. En definitiva, el relativo éxito político y el incuestionable éxito electoral del Frente Amplio se presentan proporcionales a la aproximación al imaginario político nacional sobre el sentido atribuido al ejercicio de la ciudadanía: a la recuperación política de la “matriz institucional”.

Contribuyendo con esta línea de argumentación, recientemente el exintegrante del Movimiento “Tupamaros”, Jorge Zabalza, en entrevista de radio,⁹ manifestó que los gobiernos del Frente Amplio habrían contribuido con el aumento de los lucros económicos de los bancos y de los productores rurales, sentenciando que el proyecto político que condujo el Frente Amplio al gobierno estaría agotado. Afirmó, inclusive, que en la última elección, el triunfo del Frente Amplio no se había co- rrespondido por el voto de los ciudadanos por un proyecto, por un programa de gobierno, y sí para evitar el avance de los otros candidatos de la oposición: Luis Lacalle Pou (Partido Blanco) y Pedro Bordaberry (Partido Colorado). También afirmó que el Frente Amplio viviría, en la actualidad, ciertas contradicciones políticas internas, como las que evidenciaron las discusiones en torno al Acuerdo de Comercio en Servicios con los Estados Unidos (Tisa). No obstante, es importante destacar, que dichas afirmaciones no pueden trascender una lectura interpretativa del Frente Amplio que se vuelve necesaria abandonar. Atribuirle al Frente Amplio, a priori, una identificación política con una visión e ideología de izquierda, esperándose, de esta forma, determinadas posiciones en la gestión de gobierno, es propio de un ejercicio analítico también agotado, inicialmente porque parte de un esquema de representación política que no cuestiona, mínimamente, el binomio derecha-izquierda. ¿Cuál sería, concretamente, el “proyecto” político que se agotó? En todo caso, ¿no se habría tratado, simplemente, de una serie de visiones políticas que fueron “atribuidas” como propias de una izquierda política? Ciertamente, el punto de partida de las reflexiones aquí presentes se dirigen en otra dirección, trascendiendo el a priori que estaría definiendo una fuerza política de izquierda desde sus narrativas y clichés de los últimos treinta años. Por eso, Zabalza solo había conseguido observar una parte del asunto, al no haber constatado que el Frente Amplio, en definitiva, haya sido quien habría tomado para sí aquel espacio político y electoral que daría cuerpo a la “matriz institucional” del país.

El desenlace

En las elecciones del año 2014, el Partido Colorado, liderado por Pedro Bordaberry, sufriría un nuevo revés político. A pesar de los intentos, en los últimos años, de renovación del viejo Partido Colorado, la candidatura de Bordaberry apenas pasaría el 12% de las preferencias electorales. Esto evidenció, no únicamente, una crisis electoral concreta, sino también una crisis al interior de un partido que no conseguía articularse política y electoralmente desde la elección nacional de 2004. La tarea de Bordaberry de “hacer retornar” el voto “colorado” y “batllista” al Partido, no pareció surtir efecto. Muy por lo contrario, terminaron abriéndose nuevas, y visibles, fracturas: por ejemplo, con la resistencia al predominio de Bordaberry en el Partido por parte de viejos líderes, como Tabaré Viera y José Amorin Batlle; con la deserción de un joven diputado que había sido un fuerte aliado en el comienzo de su candidatura, Fernando Amaro, y con el alejamiento del conocido político Ope Pasquet de sus filas políticas. Con esto, se diseñaba un movimiento interno de inflexión política significativo, en la búsqueda por tornar posible un renacimiento de la “tradición batllista”. Se ha comprendido, evidentemente, que el Partido Colorado debería transitar hacia una recuperación de una identidad política pedida (o abandonada), diagnosticándose que habría sido el Frente Amplio quien estaría ocupando “su” espacio electoral, sus bases sociales, que alguna vez fueron “coloradas” y “batllistas”. Así, parece evidente que el fracaso “colorado” es el resultado del desplazamiento hacia el Frente Amplio del “aura socialdemócrata” histórico del Uruguay; aunque no únicamente esto: el Frente Amplio no simplemente desplazó al Partido Colorado de su lugar tradicional en el eje izquierda-derecha, sino también que lo vació de sus bases sociales clásicas, de las preferencias de la población urbana, de aquellos menos favorecidos de las periferias, de todos aquellos que permanentemente hacen referencia a la vocación por justicia social en el protagonismo del Estado.

Con el ciclo político de gobiernos del Frente Amplio desde 2005 pareció instalarse un dilema analítico significativo, y que tiene en el centro de las preocupaciones al Partido Colorado y al propio Frente Amplio. Qué sector político y electoral ocupa aquel espacio que estaría materializando la “matriz institucional” del país se convierte en el punto de partida para comprender el presente y destino político de Uruguay. Por el momento, todo indica que es el Frente Amplio quien encarna la narrativa constitutiva de un “ser nacional” coadyuvante a una narrativa sobre el Estado que aún se presenta legítima frente a las miradas de la ciudadanía uruguaya. Se trata, ciertamente, de un dilema que se vincula con aquella sentencia de que la construcción de la sociedad se dio desde el Estado, y las formas de inclusión social vistas “desde arriba”. Como afirma Rico (2005, p. 176), el paradigma estadocéntrico es una forma de institucionalizar la sociedad y sus sujetos a partir de las narrativas del Estado, de construir discursivamente el sentido social a través de la capacidad de limitar la autonomía social en los marcos de la autoridad de lo estatal-instituido. Rico continuaría diciendo que:

Tal “estatalización” de lo social, lejos de ser un mero posicionamiento teórico, incidirá directamente en los procesos políticos reales, a la hora de determinar y limitar, por el Estado y la clase gobernante, los márgenes de la protesta social, la capacidad instituyente de los sujetos no estatales, los límites de la politización y el conflicto social. Así sucedió en los años sesenta y setenta del siglo pasado, camino al autoritarismo; y así sucedió, luego, a la salida de la dictadura, hacia fines de los años ochenta y principio de los noventa […] (Idem, p. 177).

Conflictos sociales diversos no faltaron durante estos últimos años en Uruguay. Los gremios de la educación, entre otros sindicatos del país, por ejemplo, se han movilizado y demostrado descontentos en varias situaciones políticas vividas en el país. Más allá de una evaluación sobre la pertinencia o no de estas iniciativas y críticas originadas al desempeño del gobierno del Frente Amplio, interesa observar como la actuación de la izquierda política en el Ejecutivo Nacional actuó alineándose a la tarea por redireccionar, disciplinadamente, a la sociedad que se moviliza contra las reglas del juego que históricamente pautaron el comportamiento en los conflictos y demandas sociales. Reglas que no únicamente evidencian la legitimidad de un orden democrático estrictamente representacional por parte de “políticos profesionales”, sino también cómo, para la ciudadanía uruguaya, todavía pervive la idea de que todo conflicto emergente se interpretaría como siendo “contra el Estado”, en lugar de adjudicarle una crítica directa al gobierno. Esto evidencia la internalización que tuvo la “batllistización” en la cotidianeidad. Para ser más claros: todo conflicto social que se dirigiría contra determinada posición o acción del gobierno sería, en realidad, comprendido como sintomático de un cuestionamiento al Estado, históricamente “construido por todos”, a una crítica visceral de la “autoridad de lo estatal-instituido”, como diría Rico (Idem). Y esto el Frente Amplio inmediatamente lo digirió y asimiló a su forma de gestión de gobierno. Por eso, resulta poco importante, bajo esta “matriz”, quien ocuparía, coyunturalmente, el espacio político del gobierno. Importa sí, si el interés es observar medidas políticas concretas, matices sobre formas de conducción política sobre temas puntuales. Fundamental es comprender que toda acción gubernamental, incluso las menos legítimas a los ojos de la ciudadanía, como, por ejemplo, cuando las fuerzas policiales son accionadas para reprimir conflictos sociales que estarían “fuera de control”, adquiere su legitimidad al encarnar la defensa de un Estado de Derecho que se sustenta en el viejo imaginario “batllista”: en un Estado que ha sustituido la ausencia de una “nación fundacional” y, fundamentalmente, en un “ideal de democracia” que se define a partir de la articulación de los espacios políticos y sociales con el Estado, y no en base a su eventual autonomía. Así, la “matriz institucional” uruguaya, el Estado y la sociedad de funden en un mismo contenido político, aquel que nació con José Batlle y Ordoñez, con el Partido Colorado en el siglo XX. Tal vez, entonces, ya sea el momento de comprender que ese contenido político ha adquirido su forma actual en una nueva fuerza política, el Frente Amplio, la “izquierda a la uruguaya” del Partido Colorado.

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• 1
  Gobernó Brasil en dos períodos presidenciales: de 1930 hasta 1945, y de 1951 hasta 1954.
• 2
  José Batlle y Ordoñez fue presidente de Uruguay entre los años 1903 y 1907, y entre los años 1911 e 1915.
• 3
  Todos los datos citados se obtuvieron del Banco de Datos de Política y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República Oriental del Uruguay – UdelaR. Agradezco la gentileza por cederlos al dr. Daniel Chasquetti.
• 4
  La gestión financiera (creación de Bancos), industrial (creación de empresas de energía eléctrica y teléfonos en 1912) y comercial del Estado se constituyó en un elemento definitivo de la relación entre la sociedad y el Estado a comienzo del siglo XX. En el ámbito social, la “ley del divorcio” es del año 1913, la de “ocho horas de trabajo” del año 1915 y la que otorga el derecho al sufragio femenino es de 1932. Entre otras acciones de gestión de gobierno, ese perfil político e ideológico se conoce, históricamente, como “batllismo”.
• 5
  Luis Batlle Berres (sobrino nieto de José Batlle y Ordoñez) gobernó el país entre los años 1947 y 1958, recordándose su gestión en el ejecutivo nacional como “neo-batllista”.
• 6
  Se trata del nombre del conocido movimiento político armado de izquierda que actuó en el Uruguay en los años de 1960 e comienzos de los de 1970.
• 7
  Esta “integración” al discurso institucionalista no se dio sin antes haberse producido conflictos políticos y armados considerables. Se destaca el levantamiento armado liderado por Aparicio Saravia (del Partido Blanco o Nacional) en el año 1904, a un año de la asunción a la presidencia de José Batlle y Ordoñez.
• 8
  Parte del discurso del líder y fundador del Frente Amplio, General Líber Seregni, el 26 de marzo de 1971. Ver “El Pueblo unido”, Portal montevideo.com.uy. Disponible en http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?11365, acceso en 20 ago. 2015).
• 9
  Zabalza, Jorge: “El proyecto que llevó al Frente Amplio al gobierno se agotó”, Radio El Espectador, 10 sept. 2015. Disponible en http://www.espectador.com/politica/322992/zabalza-el-proyecto-que-llevo-al-frente-amplio-al-gobierno-se-agoto, acceso en 21 ago. 2015.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  2018

Histórico

• Recibido
  21 Abr 2016
• Acepto
  29 Jun 2017