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Sociedade e Estado

Print version ISSN 0102-6992

Soc. estado. vol.29 no.2 Brasília May/Aug. 2014

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-69922014000200004 

ARTIGOS DO DOSSIÊ

 

Sociología y política del feminicidio; algunas claves interpretativas a partir de caso mexicano

 

 

Teresa Incháustegui Romero

Profesora-investigadora en el Posgrado en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autonónoma de la Ciudad de México (UACM). <terinro@gmail.com>

 

 


RESUMEN

El presente artículo propone una relación entre crisis del orden patriarcal y el cuestionamiento a las formas de la dominación masculina por la emergencia social de las mujeres y el incremento en la violencia feminicida. Esa violencia hacia las mujeres y los feminicidios estarían jugando como un dispositivo de poder masculino para restablecer o mantener, simultáneamente tanto en lo individual como en lo colectivo, las posiciones de dominio varonil. Además, la violencia funciona como un instrumento de control para contener el cambio, las transgresiones de las mujeres a los tradicionales regímenes de género, que estarían experimentando marcadas transiciones producidas por la emergencia de las mujeres en el espacio cultural-simbólico, la vida pública y el mercado de trabajo. Para mostrarlo, conceptos son aclarados en sus sentidos teóricos y políticos, como son presentados en una perspectiva histórica. La base empírica para pensarlos fueron los datos del registro de Estadísticas de Mortalidad de 1985-2010 en México.

Palabra-claves: violencia hacia las mujeres, feminicidio, orden patriarcal, México.


ABSTRACT

This article proposes to establish a relation between the crisis of the patriarchal order and questioning to the forms of male dominance in the social emergence of women and the increase of femicide violence. That violence against women and the femicides are being used as male power devices to restore and to maintain, simultaneously, both individually and collectively, the positions of male dominance. It also function as an instrument of control to contain changes and transgressions to traditional gender regimes, which would be experiencing transitions caused by the emergence of women in the cultural-symbolic spaces of the public life and the labor market. To show this, concepts are clarified in its theoretical and political senses, as presented ina historical perspective. The empirical basis for thinking them the data were log Mortality Statistics in Mexico 1985-2010.

Word-keys: violence against women, femicide, patriarchal order, Mexico.


 

 

El concepto feminicidio, en todas sus variantes, abre un campo de análisis en torno de la violencia extrema que priva de la vida diariamente a mujeres de todas las edades en el mundo. Los ubica en el marco de la dominación masculina orientada por el deseo sexual y de control sobre el cuerpo y la libertad de las mujeres. E identifica la complicidad del orden legal del Estado y de otras instituciones hegemónicas (medios de comunicación, cosmovisiones religiosas) que lo disimulan, toleran, justifican o incluso atenúan su gravedad mediante la prevalencia de legislaciones penales que justifican estos crímenes, cuando no los amparan incluso, en las leyes del matrimonio civil que mantienen todavía una fuerte carga patriarcal.1

En este artículo deseamos proponer que existe una relación entre la crisis del orden patriarcal y el cuestionamiento a las formas de la dominación masculina por la emergencia social de las mujeres, y el incremento en la violencia feminicida. Por lo que en esta sección agregaremos algunas precisiones conceptuales que espero contribuyan a mostrarlo.

En lo que hace a México las evidencias y el registro sobre el feminicidio se han venido realizando de manera más sistemática desde 1993 cuando afloraron en Ciudad Juárez (Chih.) como un problema recurrente.2 Los datos y las hipótesis que orientan el análisis que aquí presentamos están basadas en la sistematización de datos forenses sobre muertes violentas de mujeres integrados a partir de los Certificados de Defunción en todas las entidades de la República mexicana desde 1985 a 2010.3

La sistematización del registro forense de muertes violentas en las que se presumió un asesinato como causa de muerte en hombres y mujeres, que es la base empírica de estas reflexiones, permitió identificar rasgos y tendencias muy claramente diferenciadas en el comportamiento de la mortalidad por esta causa entre hombres y los de mujeres, suficiente para demostrar que la violencia letal que se ejerce sobre la mujeres tiene toda la legitimidad para calificarse como una forma de violencia basada en el género, que cuadra en los términos de la definición de violencia feminicida.

La información indica, igualmente, desplazamientos geográficos y rasgos regionales del fenómeno, que apuntarían hacia la existencia de contextos sociales, culturales, normativos, favorecedores de la violencia hacia las mujeres en sus modalidades más agresivas. Sin descontar la concurrencia de factores propulsores como la violencia social, la violencia criminal, la proliferación de armas y la impunidad extendida en casi todo el país, que son buen caldo de cultivo para la expansión de estas prácticas violentas. Sin duda, el mayor escándalo y la mayor indignación a que están asociados estos eventos, la tienen las autoridades responsables de perseguir y castigar estos delitos cuya actuación acusa en la mayoría de los casos no solo omisión, sino incluso falta de sensibilidad y desprecio. Por ello la indignación y el pasmo que suscitaron los feminicidios en Ciudad Juárez, no hubiera sido tan extendida, ni hubiera hecho tan tristemente famosa esa región, si no hubiera sido por la indolencia, resistencia y cara dura de las autoridades responsables de aclarar esos delitos y resarcir a las víctimas, quien hasta hoy día permanecen ciegas, sordas y mudas ante la presencia permanente de feminicidios.

 

Construcción y sentido político del concepto feminicidio

La constitución de la violencia feminicida como problema social ha ido in crescendo en América Latina, al tenor del reclamo de organizaciones civiles feministas y defensoras de los derechos humanos de sus víctimas y familiares. Ha contribuido también el empeño de destacadas académicas que ante la insensibilidad de los gobiernos, el desdén de la prensa grande y los prejuicios sexistas de la sociedad en su conjunto, han logrado construir evidencia sociológica de la gravedad de estos hechos; incluyendo abundante literatura en torno casos, donde se aborda tanto la actuación de las autoridades, como las motivaciones de los agresores y sus modus operandi. Esto ha ido abonando, no sin resistencias de por medio, el terreno a intervenciones más asertivas para atender el problema en el ámbito de la justicia a partir de la tipificación del delito, pero también en las acciones preventivas como es el caso enfoques como: Ciudades seguras y movilidad segura para las mujeres.

Las evidencias están por doquier. De acuerdo a la OMS (2013), América Latina es la segunda región más peligrosa para las mujeres ya que solo contando los asesinatos de mujeres por sus parejas o ex parejas, tenemos una tasa de 40.5 por ciento de feminicidios, solo 18.3 por ciento menos que en los países del sureste asiático (58,8%) donde el feminicidio se practica desde el nacimiento, y muy por encima de África (40.1%) donde guerras interétnicas han estado acompañadas de prácticas genocidio feminicidas. Ostentamos también en ese marco el oprobioso segundo lugar en porcentaje de violencia sexual en contra de las mujeres (10.7%) por varones que no son sus parejas.4

La trayectoria del proceso de construcción de los homicidios de mujeres como un problema social ha tenido un claro sentido político para su abordaje y tratamiento a partir de demostrar que se trata de un tipo específico de crimen, tanto por sus motivaciones, como sus manifestaciones, cambios coyunturales y comportamiento a largo plazo.

Los pasos de esta trayectoria de construcción política han seguido puntualmente la secuencia descrita por Sue Wise y Liz Stanley (1986) para el maltrato en el matrimonio (Inglaterra S. XIX) y el acoso sexual (S. XX).5

La construcción de la violencia hacia las mujeres como problema público ha partido de la experiencia propia y del conocimiento reunido por autoras y luchadoras feministas, desde de la primera y segunda ola como en la actualidad.6

Como aseguran K. Araujo, V. Guzmán y A. Mauro (2000), la construcción de la violencia hacia las mujeres como problema público, así como la caracterización del uso de esta violencia como recurso de control y dominio masculinos, está estrechamente ligado a la lucha por el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos. De suerte que la sucesión de términos, conceptos y formas de abordaje da cuenta de una trayectoria que en sus variantes, enfoques, e incluso en sus tensiones internas, evidencia los trazos de este proceso de constitución de las mujeres como sujetos políticos (Osborne, 2002; Incháustegui, 2009).7

Las líneas fundamentales de este proceso la argumentación se han centrado en establecer:

1. el vínculo estrecho entre una vida libre de violencia y la libertad y autonomía de las mujeres como sujetos plenos de derechos;

2. la definición de la violencia sexual como la expresión más clara de la dominación masculina sobre la mujer;

3. la violencia de pareja o violencia conyugal, como la forma más típica en que se expresan los conflictos de género.

4. la demanda por el reconocimiento del ámbito privado como un campo de violaciones constantes a sus derechos;

5. la intervención del Estado para la vigilancia de los derechos de las mujeres a través de la judicializar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en leyes y normas especiales, códigos civiles y penales;

6. la penalización como modelo de política para castigar y erradicar la violencia al considerarse delito contra sus derechos;

7. las omisiones y fallas persistentes del Estado en la protección garantía de estos derechos, como violencia institucional y por ende complicidad con los agresores.

En el caso de los asesinatos de mujeres considerados la forma de violencia más extrema y cruenta, entre las diversas formas de control naturalizadas y por mucho tiempo invisibilizadas del patriarcado (Caputi, 1992: 205) en torno al cuerpo, las libertades y la vida de aquellas, este pasaje comienza con la construcción del término femicidio y su conceptualización.

El femicidio (voz castellana del inglés femicide) tiene una matriz feminista y por lo tanto política. Se debe a propuesta de Diana Rusell (1976) en ocasión de un foro de feministas de 40 países bajo el nombre de Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres, celebrado en Bruselas.8

El tema había emergido al calor de la discusión de las sentencias penales internacionales contra criminales de la Segunda Guerra en Oriente, que sacó a la luz la masacre de civiles, en su mayoría mujeres vejadas y asesinadas con lujo de crueldad durante la ocupación japonesa en el sur de China (1937). Aunque la querella feminista en torno a estos eventos incluía las violaciones masivas de niñas y jovencitas ocurridas en Bangladesh (1971) y la matanza de jóvenes universitarias en Montreal.9 Con este fondo, Russell define los femicidios como: "los crímenes perpetrados contra las mujeres por el simple hecho de serlo".

Tres años mas tarde Mary Anne Warren abordaría, bajo el título Generocidio: las implicaciones de la selección por sexo (1985), la exterminación masiva y deliberada de las mujeres y niñas en eventos como la mortalidad materna, las violaciones masivas de mujeres, pero también el infanticidio moderno, equiparándolos a las cacerías de brujas de la época medieval europea.

Posteriormente, Diana Russell y Jill Radford (1992: 24) vuelven sobre el término en su obra Femicide. The politics of woman killing, para definirlo como: "el asesinato misógino de las mujeres por mano de hombres". En esta formulación las autoras no solo incluyen sucesos como los anteriormente referidos, sino también las muertes violentas que miles de mujeres sufren en la vida como una especie de castigo capital que funciona como un recurso de control para mantener el status quo patriarcal.

El feminicidio y en estos coinciden señalan tanto Radford (1992: 40) conlleva un doble mensaje: "para las mujeres establece los límites que el patriarcado no está dispuesto a que sean transgredidos". Por este costado el mensaje es: "si saltas la línea te puede costar la vida". Mientras que para los hombres el mensaje es de poder, dominio y posesión: "puedes matarla y seguir tan campante". Caputi (1989: 439) completa esta expresión del poder masculino señalando que estos crímenes trazan un vínculo entre violencia-control-placer sexual como "la expresión mas extrema de fuerza patriarcal".10

El giro posterior al término feminicidio, propuesto por Julia Monárrez (2009) se realiza a partir de un criterio simplemente etimológico: feminiscidum viene del latín fémina mujer y caeso, caesum matar, proponiéndolo en consecuencia en lugar de femicidio, que a su juicio es un barbarismo sin raíz etimológica precisa ya que el termino mujer fémina queda incompleto en femicidio.

El sentido político del concepto (femicidio o feminicidio) queda plenamente establecido, permitiendo no solo distinguir el asesinato de mujeres de otros homicidios, sino además ubicarlo como consecuencia de un orden de dominación patriarcal. Al tiempo que resalta el carácter de crimen de odio - o de poder - por lo que sus perpetradores por comportamientos de las mujeres que consideran violaciones o transgresiones al orden patriarcal.

Pero mostrar el sello patriarcal de estos delitos por como bien ha señalado Rita Segato (2006: 8) "no solo es importante develar la naturaleza de estos crímenes derivados de la violencia patriarcal, en la prensa diría y en recuento oficial, sino poner en evidencia el modus operandi de cada tipo y elaborar una caracterización lo más precisa posible de las diversas modalidades de asesinatos de mujeres. Ya que con esto se puede contribuir a la identificación de los agresores y la resolución de casos".

Esto último permite además poner en evidencia la naturaleza de los riesgos, amenazas y conflictos que están enfrentando las mujeres en su camino a la conquista de todas sus libertades y derechos.

A partir de las modalidades, motivaciones y características que se han ido identificando en estos crímenes de odio, la literatura sobre el tema ha venido proponiendo varias definiciones, que son por lo demás resultado de la evidencia construida en la denuncia, registro y seguimiento de los casos que surgen diariamente, lo mismo en Ciudad Juárez que en la capital Guatemala, que en Sao Paulo, El Salvador o en Lima. Algunas de estas definiciones son las siguientes:

1. El feminicidio íntimo. Asesinato de mujeres cometidos por hombres con quienes las víctimas tenían o tuvieron una relación de conocimiento, familiar, sentimental, de convivencia u otras afines. Son el tipo más frecuente, y por lo general son la culminación de relaciones de violencia y maltrato sostenidos por años o meses.

2. El femicidio sexual. Asesinato de mujeres por quienes las víctimas no tuvieron relación sentimental o familiar, pasada o presente, precedidos o secundados por actos de violencia sexual y en los que estuvo presente la privación de la libertad de las víctimas (rapto, secuestro).

En esta segunda variante, Julia Monárrez (2009) ha introducido un matiz que identifica como feminicidio sexual sistémico. Aunque la propia autora considera que no se trata propiamente de una definición sociológica. Es una forma de feminicidio que se da en forma continua y con marcas de violencia similares en los cuerpos. La autora supone que hay un patrón de violencia "copiado", "reproducido" por diversos asesinos. El carácter sistémico deriva de la suma de la impunidad de los agentes del Estado y la violencia de la explotación capitalista sobre los cuerpos de las mujeres, quienes son simultáneamente: expoliadas por la maquila y destrozadas por la violencia machista. Se refiere también a una especie de ambiente social feminicida, donde el color de la piel, la clase social, la violencia patriarcal y las ilegalidades permitidas a las empresas, prohíja un clima de violencia y desprecio hacia las mujeres. Es decir el concepto delimita un campo de relaciones que combina diversas lógicas de poder patriarcal.

3. El feminicidio corporativo o de Segundo Estado (Segato 2006). Asesinato por venganza o "disciplinamiento" de las mujeres, en una especie de crimen vicario, en tanto se realiza a cuenta de otras personas o de lógicas de poder colectivas instaladas en algún espacio o territorio, entre las que se pueden contar organizaciones del crimen organizado, mafias secretas, grupos de poder juramentados etc. Puede implicar secuestro, tortura, mutilación ante o pos mortem. Sus víctimas pueden ser también mujeres vinculadas o conectadas con hombres que participan en organizaciones criminales, pandillas, bandas, o de mujeres secuestradas o reclutadas por organizaciones de trata con fines de explotación sexual. También puede motivarse por acciones de "disciplinamiento" y/o represión por parte de las fuerzas de seguridad hacia mujeres activistas o mujeres de varones activistas. Se trata de una variante mas abiertamente instrumental de la violencia feminicida, en el sentido de marcar territorios de poder.11

4) Feminicidio infantil. Asesinatos de menores de edad con relación de familiaridad, cuidado o conocimiento entre el sujeto pasivo y activo.

 

Hipótesis propuestas para la interpretación de los feminicidios

De acuerdo a las teorías del género (G. Rubín, 1975; J. Scott, 1986; J. Butler, 1990; 1993; T. de Barbieri, 1993) el orden social que pauta tanto las relaciones de las mujeres y los hombres entre sí, como las relaciones entre mujeres y hombres, se construye como un conjunto de estructuras, usos, significados, normas, prácticas cotidianas y rituales sociales, que establecen las formas específicas que adquiere la organización social de la diferencia sexual sobre las cuales se erigen las identidades y relaciones de género en cada sociedad. Así lo que implica ser hombre o ser mujer, en un lugar y tiempo determinados está construido por roles, valores, expectativas, actitudes y apariencias que deben tener o adoptar las mujeres y los hombres para ser "apropiados" en cada sociedad.

La violencia patriarcal directa como la indirecta, visible e invisible, opera en este marco como un dispositivo de control y represión contra todo lo que amenace o ponga en riesgo dicho orden. En esta racionalidad juegan tanto la violencia estructural a través de la reiterada segregación de las mujeres a la esfera reproductiva y doméstica; como la violencia simbólica que refrenda sus roles y funciones o los reifica, bajo modalidades menos restrictivas pero esencialmente subordinadas o excéntricas socialmente hablando. Contribuye también a ello la violencia institucional que le deniega sus plenos derechos, regateando incluso las decisiones sobre su propio cuerpo, a través de legislaciones anti-aborto.

En ese marco, la violencia feminicida y la violencia sexual contra las mujeres no son un problema reciente.12 Se puede en cambio sí señalar su crecimiento en los últimos cincuenta o sesenta años (OMS, 2013) y quizá, lo que es más importante, identificar un nuevo uso instrumental y estratégico. Sostendríamos aquí que este nuevo uso derivaría no tanto de la naturaleza y características de estos eventos casi intemporales por su larguísima presencia, sino porque se dan en un contexto de claro avance de las mujeres y en el marco de sociedades políticamente más igualitarias en las cuales se condena crecientemente el uso de la violencia hacia ellas.

Gracias a estos avances las mujeres han poblado masivamente las calles, los sitios de trabajo, las escuelas, las universidades, los centros deportivos, los parlamentos, los medios de comunicación, otrora privilegiados cotos masculinos. Han modificado radicalmente sus maneras de vivir, de vestir;13 han poblado la noche y ganado el espacio público.

La violencia letal hacia las mujeres se presentan así en un contexto psicosocial que podríamos identificar como post-liberalización o post-revolución sexual (Sorokin, 1958) donde las mujeres han ganado creciente autonomía física y económica y cuando han logrado establecer una relación con su cuerpo, sus deseos y su sexualidad, con un claro sentido de empoderamiento y apropiación.14

Se inscriben igualmente, en una etapa histórico-cultural donde los roles, rasgos, identidad, apariencia y características asignados por siglos al género masculino y femenino, han explotado literalmente en pedazos, al menos en el espacio simbólico, por la presencia cada vez más ubicua de identidades y corporeidades bisexuales, homosexuales, lésbicas, transgénero, transexuales etc.

En este orden de reflexión, afirmaríamos que el incremento en la libertad física, sexual, corporal y la creciente participación económica de las mujeres, atisba un cambio psíquico-político (Touraine, 2006; Lipovetsky, 1997) semejante a otros momentos o coyunturas históricas donde se han jugado las posiciones estructurales e institucionales entre mujeres y hombres.15 Es un momento culmen en su proceso de emancipación en los últimos doscientos años: su identificación masiva - más allá de todas la contradicciones - como sujeto con derechos propios y capacidad de autonomía a partir de conquistar ser en sí y para sí (de Beauvoir, 1948).

Estos cambios de identidad experimentados por las mujeres, sobre todo las más jóvenes, respecto a sus roles y expectativas personales y sociales, estilos de vida etc. han sido considerados por diversos autores (Touraine, 2006; Lipovetsky, 1999; Arteaga, 2010) como una auténtica ruptura histórica de profundas consecuencias económicas, políticas y culturales (algunos la comparan incluso con el cambio en el sistema sexo-género originado por el descubrimiento de la agricultura, aunque en sentido contrario) ya que estaría presionando, en consecuencia, transformaciones políticas entre los sexos, además de plantear desafíos económicos y del orden civilizador en gran escala (Esping-Andersen & Palier, 2010).

En efecto la salida masiva de las mujeres de su nicho estructural (el trabajo doméstico; para el autoconsumo familiar y el cuidado) hacia las actividades remuneradas, el ejercicio de profesiones, oficios y cargos diversos, que se ha producido en América Latina, sobre todo a partir de la última década del siglo veinte, no solo plantea un reto político, económico y cultural de gran envergadura para las políticas públicas sino también en lo que hace al funcionamiento del mercado y la organización espacial, en términos de reconciliar las racionalidades y el funcionamiento de esferas sociales hasta ahora sólo vinculadas por la mediación del consumo como son el trabajo y la familia.

Propulsados por los cambios que en nuestras sociedades y territorios está provocando la globalización económica, estamos inmersos en un contexto de hibridación cultural también en materia de género, que mezcla formas y tendencias diversas: sexualidad adolescente, transexualidad, trangéneros, fecundación in vitro, uniones y familias entre personas del mismo sexo, en una palabra perfomatividad de la sexualidad y las identidades de género (Butler, 2002) por un lado versus militancias religiosas pro abstinencia sexual, sexualidad pro-Vida, o pro heterosexualidad normativa, iconología mediática anclada en la vida rural y en mandatos de género que apelan a "leyes de la naturaleza ancestral".

Como señala Ivonne Szasz:

Dentro de cada grupo, y hasta en cada persona, conviven los valores de la Iglesia católica medieval, el discurso científico-racional tecnocrático, los medios masivos de comunicación y los mensajes de la economía global (Szasz, 1997: 16).

Pero tanto para los hombres como para las mujeres "las cosas ya no son como eran antes". Los hombres buscan y esperan de las mujeres comportamientos que carecen ya de base material donde se anclaba la otrora mujer doméstica. Mientras las nuevas mujeres (Lipovetsky, 1999) desean parejas masculinas con disposiciones psico emocionales más afines con sus aspiraciones, funciones, necesidades y nuevos estilos de vida.

La hipótesis central para una sociología de la violencia de género y del feminicidio sería que la brecha generada entre un modelo de género normativo centrado en la subordinación de las mujeres y la emergencia social de la figura femenina, como una figura con poder y autonomía, está presente en las diversas vertientes de las relaciones cotidianas que sostienen hombres y mujeres entre sí. Ya sea en el plano de las relaciones interpersonales (parejas, ex parejas; en el ámbito laboral o escolar) como en el de las relaciones simbólicas y de poder que se juegan en el espacio púbico.

Afirmamos que la violencia hacia las mujeres en general y los feminicidios en particular estarían jugando como un dispositivo de poder masculino16 para restablecer o mantener, simultáneamente, tanto en lo individual como en lo colectivo:

i. las posiciones de dominio varonil, entre varones, en un mundo que les resulta cada vez más incierto y peligroso;

ii. funcionar como un instrumento de control para contener el cambio y las transgresiones de las mujeres a los órdenes y regímenes de género, (Connell, 2002; Walby, 2000) que estarían experimentando marcadas transiciones producidas por la emergencia de las mujeres en el espacio cultural-simbólico, la vida pública y el mercado de trabajo.17

En este sentido, tanto el acoso como el hostigamiento sexual de los varones hacia las mujeres en los ámbitos públicos, en el transporte y en los centros escolares o de trabajo, así como las diversas formas de violencia de pareja y las que se dan en medio familiar hacia las mujeres (hermanas, hijas, sobrinas etc.) son expresiones de una respuesta emocional reactiva (acting out), instrumentalizada de los varones para mantener o recuperar las fronteras de género socialmente establecidas, manteniendo o defendiendo las prerrogativas y privilegios masculinos, ante el rebasamiento que representan los márgenes de empoderamiento físico, económico y político, ganados por las mujeres en los últimos veinticinco o treinta años.18

 

El contexto social de los feminicidios en México: cambios sociodemográficos y de género; la emergencia de la mujer trabajadora, jefa de familia

El panorama de análisis que permitió la sistematización estadística del registro de Mortalidad (Certificados de Defunción) que sustenta estas notas, permitió observar a los feminicidios perpetrado en México en transcurso de una generación.

Veintiséis años para hacer exactos; entre los años ochenta y noventa del siglo XX y las dos primeras décadas del XXI. Lapso de tiempo en el que confluyen hombres y mujeres nacidos al menos entre 1930 y 1990; generaciones que vivieron el nacimiento, esplendor y crisis del Estado desarrollista, como los que nacieron con las políticas del cambio estructural, la apertura y la globalización, los nuevos medios de comunicación. Son tanto los que se moldearon emocionalmente con las canciones Emilio Tuero y la cinematografía de Pedro Infante o de Juan Orol, los que enamoraron bailando con las grandes bandas de Luis Arcaráz, Pablo Beltrán Ruíz o Pérez Prado; como lo que se liberaron con el rock y los que vibran hoy con los corridos y las quebraditas de los Tigres del Norte, los raperos y el hip-hop.

Todos viven en medio de transformaciones dramáticas desde el punto de vista demográfico, político, económico, social y cultural. Es el México con la mayor cantidad de generaciones jóvenes en toda la historia; el del mayor movimiento migratorio interno e internacional experimentado en el país.19

En plano social y urbano, experimentan el crecimiento de las periferias urbanas en las ciudades medias, principalmente en las de la frontera norte;20 junto al crecimiento de nuevos polos turísticos y la megalopolización de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Un crecimiento urbano transido de grandes desigualdades, desordenado y fragmentado: entre grandes zonas precarias o deterioradas y cinturones emergentes con edificaciones modernas y zonas restringidas para los grupos privilegiados.

En el norte, son los años del auge de las plantas maquiladoras en que arriba un gran número de mujeres jóvenes - madres solteras, separadas, viudas o abandonadas - que se lanzan solas o con su prole, en busca de empleo y mejores ingresos y oportunidades para ellas y sus familias.21 Cuando crece de manera inédita el empleo femenino, por encima incluso de la ocupación masculina, originando un cambio de género en la ocupación que mereció más de una reflexión respecto a sus consecuencias en los hogares, al confrontar esta tendencia económica a la cultura patriarcal prevaleciente y a la falta de servicios sociales para la atención y cuidado de los miembros menores o dependientes.22

En el centro, sur y sureste del país son los años de la crisis de la industria paraestatal, de la privatización de empresas públicas y la caída de la inversión petrolera. Los decenios de agudización de la crisis de la agricultura temporalera, del aumento en las importaciones de maíz; los años de la intensificación de la migración de zonas indígenas o rurales dispersas hacia las ciudades medias en crecimiento o a ciudades de los Estados Unidos, primero de hombres jóvenes y después de las mujeres.

En lo político, es el México de la alternancia partidista en los gobiernos que se desplazó desde las localidades del norte en 1983, hasta alcanzar la capital del país en 1997 y el poder federal en 2000.

Como podrá observarse desde el punto de vista de la cultura y las relaciones de género, estos son también años de profundas transformaciones. Empezando por incremento en el uso de métodos anticonceptivos que pasó de 12 por ciento de las mujeres en edades fértiles en los años setenta, a 75 por ciento en los noventa (Palma, Figueroa & Cervantes, 1990). Cambio aparejado con mudanzas en las concepciones y usos sobre la sexualidad, el amor y la vida en pareja, las reglas para el cortejo, las percepciones sobre el cuerpo; la formación de uniones; pero también las maneras de vestir y los estilos de vida de las mujeres. La magnitud de estos cambios es tal que una de las académicas más destacadas en el estudio de los usos de la sexualidad en México, Ivonne Szasz (1997) afirma que en estos años, la vida de las mexicanas cambió más dramáticamente de lo ocurrió en la vida de las mujeres europeas en todo el siglo XX.

Los cambios se refieren en buena medida a la escolaridad de la población femenina que pasa de 3.5 años de escolaridad en los setenta, a 7.8 años en el 2000. Lo que asociado a la contracepción modificó intenso y rápidamente los patrones reproductivos y en la participación económica.23

El crecimiento de la jefatura femenina es, sin duda, uno de los cambios más relevantes, no sólo por su magnitud sino por la carga cultural y simbólica que representa el hecho, de cara a las concepciones que prevalecen sobre el arquetipo de familia patriarcal (López, 2007). En consecuencia, los hogares modificaron sus patrones de género en la proveeduría; la contribución económica femenina en los hogares pasó de poco más de 18 por ciento a 21 por ciento en promedio entre fines de los años 80 y el 2000, aunque en las zonas urbanas más pobladas paso a representar 44 y 51 por ciento de las mujeres trabajando de manera remunerada.

 

El clima social y la violencia hacia las mujeres

No se pueden estudiar los feminicidios sin referirse a la cultura de la violencia que goza todavía por desgracia de una amplia aceptación en nuestro país. Así es corriente la violencia entre varones por razones de género (defensa de honor, prestigio, manifestación de poder, valentía etc.). Lo mismo en el espacio público, las calles, que en lugares de trabajo, centros deportivos, que al interior de los hogares.

Pero si tomamos la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes que es el indicador usado internacionalmente para medir y comprar el clima de violencia social, los años que transcurren entre 1985-2010 son en gran medida parte del proceso de pacificación que venía experimentando el país desde los años cincuenta. En consecuencia, la mayor parte del periodo se caracteriza por una tendencia a la baja en la tasa de homicidios de 50/100 mil hab., que cae de 25 homicidios/100 mil hab., en los años setenta, 8 /100 mil hab. en el año 2005. Toda una proeza en el proceso civilizatorio mexicano.

Pero en 2007 se produce un ascenso vertiginoso en estas tasas para regresar en 2010 a los niveles de los años setenta. En este sentido el clima de violencia en el país da un salto dramático para atrás de poco más de cuarenta años y en ese contexto, la emergencia de feminicidios en Ciudad Juárez (1983) son un anticipo de la violencia que se disparará, década y media más adelante, en el estado de Chihuahua y el resto del país.24

Ahora bien, considerando datos del registro de la Secretaría de Salud que contabiliza a personas lesionadas por violencia25 se advierte que prevalece en México un uso de la violencia con un fuerte sesgo de género, tanto entre varones, como de éstos hacia las mujeres (Gráfica 1). Ya que el ejercicio de la violencia y las diferencia de víctimas y agresores de la violencia familiar y violencia no familiar se distribuyen casi ejemplarmente según el género de las personas. Así de un total de 339 mil 135 casos atendidos en 2010, los varones fueron 60.3 por ciento y las mujeres 39.5 por ciento, con un promedio de 929 casos de lesionados diariamente.

 

 

Este patrón generizado se refrenda porque en el polo de la violencia no familiar (que se produce en espacios públicos) los jóvenes varones entre 18 y 30 años de edad, son a la vez víctimas y agresores en más del 60 por ciento de las lesiones atendidas. Aunque en los varones de 24 años de edad, esta cifra se eleva a 82.3 por ciento hombres. Es decir por cada mujer atendida en casos de violencia hay 8.2 varones en este grupo.

En el otro polo, el de la lesiones producidas en vivienda, casa hogar, asilos, internados, etc. (violencia familiar), 92 por ciento de los atendidos son mujeres y solo 7.1 por ciento son hombres. Las mujeres y niñas entre 15 y 35 años son más del 90 por ciento.

En ocho de cada diez casos de mujeres atendidas por violencia familiar la agresión proviene de un varón. En 76.3 por ciento el agresor era la pareja de la víctima; en 11.2 por ciento otro varón, familiar de la víctima; en uno de cada veinte casos, el padre y en uno de cada treinta, la madre. El cónyuge masculino el autor de 70 por ciento de las lesiones que tiene lugar en las viviendas, mientras la cónyuge femenina participa como sujeto activo de la violencia en 3.81 por ciento de las agresiones que lesionan a la pareja.

La repetición de las agresiones muestra igualmente un sello generalizado. En 7.2 de cada 10 mujeres lesionadas por eventos de violencia familiar, habían ocurrido anteriormente al servicio por lesiones del mismo origen. Mientras solo 3.3 de cada 10 víctimas masculinas estaban en la misma situación. No deja de ser alarmante, que 94.5 por ciento de las victimas de violencia familiar hayan sido multiagredidas por un agresor único.

En siete de cada diez lesiones masculinas producidas en la vivienda el que interviene como agresor es otro pariente de sexo masculino (hermanos, primos, cuñados, concuños, tíos). Y el padre es el agresor en 12.6 por ciento de los casos de lesiones masculinas originadas en las viviendas.

En conclusión, el panorama que muestran estos datos señala claramente los niveles de violencia que viven las y los mexicanos tanto entre los muros de las familias, como en espacios públicos: vías peatonales, áreas y centros deportivos, transporte público y escuelas. Situación que se ve favorecida por factores contextuales, a nivel macro y micro social.

Es todavía una asignatura pendiente en los estudios de género, incluyendo los relacionados con la seguridad ciudadana, el conocimiento de los vínculos e interacciones entre las diversas formas de la violencia social y la violencia hacia las mujeres. Pero no hay duda de que contextualmente, la criminalidad, con su cauda de violencia armada y muerte, potencia la cultura de la violencia entre varones y hacia las mujeres. La operación de bandas criminales ligadas a la trata o la esclavitud de personas incrementa la participación de jóvenes en bandas delictivas toda laya, y sin duda alguna aumenta las desapariciones, los delitos sexuales y los homicidios de mujeres.

Este es el contexto que rodea el crecimiento de los feminicidios en México, cuyas tendencias y nuevas expresiones sintetizamos a continuación.

 

Rasgos, tendencias y nuevas expresiones del feminicidio en México

El análisis de los datos del registro de Estadísticas de mortalidad de 1985-2010 refrenda algunas de las hipótesis planteadas en líneas anteriores.

Primero, el comportamiento de la serie permite afirmar que hay una especie de piso social de violencia feminicida que se mantiene a lo largo del periodo (Gráfica 2A) ya que los feminicidios se reducen poco durante los años de baja la tasa general de homicidios (1986-2003). Esto indicaría que hay una cierta independencia de la fuente de la violencia hacia las mujeres respecto de la violencia social. Conforme a la notable estabilidad de la curva, se puede presumir la existencia de una especie de sustrato social de violencia en contra de las mujeres muy estable a lo largo de los veintiséis años de la serie (Gráfica 2B)

 

 

 

 

Su reducción se da en porcentajes menores que los homicidios en general. Ya que mientras el homicidio en general, baja entre 1985 a 2006 casi a la cuarta parte de lo que traía tendencialmente en 1985 (de 25 a 7 hom/100 mil ha) los feminicidios se reducen solo la mitad de su nivel tendencial.26 Incluso en los años de más baja incidencia de homicidios, entre 1997 a 2007, los asesinatos de mujeres suben como proporción de los asesinatos perpetrados en la República mexicana (de 10 a 12 por ciento) Es decir su incidencia es contracíclica respecto a la violencia social, mostrando rigidez a la baja.

 

 

Los homicidios masculinos en cambio muestran una mayor elasticidad a la baja que los de las mujeres, ya que responden más rápidamente a los cambios contextuales, sean estos positivos o negativos. En cambio, los feminicidios son rígidos a la baja en los momentos en que la violencia social se reduce, pero reaccionan rápidamente a la alza cuando la violencia social se incrementa.

Este resultado permite afirmar contundentemente la existencia de una fuente propia en la violencia feminicida que puede ampliar su incidencia en la vida y la seguridad de las mujeres, si se ve favorecida por factores ambientales, coyunturales o institucionales que lo propulsen.

 

 

Como muestra de que los climas de violencia social entre varones impactan sensiblemente a las mujeres, los feminicidios reaccionan rápidamente cuando sube la violencia social. Los datos de la serie indican incluso una especie de contagio o convergencia espacial tanto de los homicidios como de los feminicidios, que suele extenderse entre localidades vecinas. Aun cuando en comparación con los homicidios masculinos, los feminicidios se incrementan más rápidamente en localidades rodeadas de municipios violentos (Valdivia, 2012).27

 

 

En 2007, a raíz de la emergencia de la violencia social desatada por la criminalidad y las disputas entre bandas criminales, los feminicidios recuperan rápidamente el nivel de ocurrencia que tenían al inicio de la serie en 1985 alcanzando en solo 3 años, las cifras más altas de las que se tenga registro, con 2 mil 335 mujeres asesinadas al año en 2010 y en 2012 alcanzan 2 mil 590. Su tasa de victimización pasa así de 2.9 por cada 100 mil mujeres en 1990 a 4.4 en 2012.

2) Relacionado con la firmeza del sustrato de violencia feminicida, se identifica un núcleo duro histórico de estados del país con fuerte incidencia de feminicidio y otro que podríamos calificar de emergente integrado por entidades donde este fenómeno es más reciente que se suma al primero. Esto podría indicar la extensión de la violencia feminicida en el país pero también el cambio de contextos sociales de ocurrencia.

El primer grupo está integrado por siete entidades con tasas por arriba de la nacional a lo largo de la serie, concentrando 55 por ciento de la incidencia de estos decesos hasta antes de 2000. Este núcleo histórico lo conforman estados del centro, sur y sureste del país entre los que están: el Estado de México, Oaxaca, Morelos, Guerrero, Nayarit, Michoacán, Quintana Roo, el Distrito Federal.

En términos de población y territorio, lo anterior significa que entre 1985 a 1999, donde vive poco más de la tercera parte de la población femenina, ocurren casi las dos terceras partes de los asesinatos. Indicado que en esta etapa el riesgo de ser asesinada siendo mujer en estos estados era más que alto, que en los estados del norte. En contraste en las entidades y municipios donde se ubicaba más de 60 por ciento de la población femenina, solo ocurría uno de cada tres asesinatos de mujeres. Es decir, los feminicidios son en ese periodo un problema regionalizado en la franja Centro y Sur del país y las entidades de Norte se encuentran por debajo de la tasa nacional (Gráfica 3).

 

 

Después del 2000, la mayor incidencia de los feminicidios se desplaza de estas zonas, en general con mayor número de pobres y población indígena, hacia regiones del norte caracterizadas por mayor desarrollo social y económico.28

Entre 1987 a 1994, Chihuahua por ejemplo, ocupaba el lugar quinceavo entre treinta dos entidades, con tasas muy por debajo de la media nacional. En algunos de estos años ocupa el lugar 23º y 28º entre las 32 entidades. Para 1995, salta al segundo lugar, y para 2001 llega el primer sitio de donde no ha salido prácticamente en catorce años.

Después del año 2000, las entidades norteñas ascienden en la tabla y en 2007 pasan a los primeros cinco lugares (Chihuahua, Baja California, Durango, Sinaloa, Sonora y Nuevo León) mientras las zonas de arraigo histórico continúan en los primeros diez lugares. En nivel riego para las mujeres se invierte: de 2007 a 210 las mujeres entre 20 a 24 años de edad tiene 39 veces mayor riesgo de morir por homicidio que una mujer de la misma edad de la zona centro del país.

En los últimos cuatro años otros estados de la federación con tasa medias han comenzado a abonarse a ominosa lista: Veracruz, Guanajuato, Hidalgo.

La guerra contra el narcotráfico declarada por el Presidente Felipe Calderón (2006-2012) contribuye a consolidar esta nueva geografía en los feminicidios, ligada ciudades medias con más de un millón y medio de habitantes y las zonas metropolitanas.

En todo caso, el análisis del comportamiento de los feminicidios muestra rasgos de distribución y dinámica espacial, probablemente ligados con la dinámica de los patrones territoriales de la violencia criminal.29

La geografía del feminicidio en México se complejiza si consideramos los municipios. Tomando las cifras absolutas, los feminicidios parecen experimentar un proceso alterno de difusión y concentración. Entre 1985, 20 municipios concentraban 40.4 por ciento de los feminicidios. En los noventa, cuando estos delitos se incrementan, el número de municipios donde ocurren, pasa de 40 en 1990, y a 60 municipios en 1995.

A partir del año 2000 y hasta 2010 se reconcentran pasando de 58 en el primer año a 35 municipios en el segundo. Sin embargo en solo 20 municipios - en su mayoría integrados a zonas metropolitanas - se concentran 25 por ciento de los feminicidios ocurridos en 2010.

En síntesis, el feminicidio se extiende a mas entidades, en sinérgica negativa con el crecimiento de la violencia criminal y otros fenómenos ligados a las transformaciones sociales ocurridas en el último decenio, mientras se mantiene alto en las entidades con la más larga trayectoria histórica.

3) Los datos refrendan la tesis de que los feminicidios son crímenes de odio hacia las mujeres que exhiben el poder y dominio de los hombres sobre las mujeres. De esta suerte tienen rasgos específicos respecto a los homicidios de varones. Tanto en las edades de estos decesos como en cuanto a los lugares de ocurrencia, así como en los medios usados para provocar la muerte, de manera que se acredita con toda evidencia empírica que la condición de ser mujer, está en el origen de estas agresiones.

En cuando a la edad, los homicidios de varones se concentran entre 18 y 30 años de edad comenzando a declinar a los 40, siguiendo un comportamiento que es internacional.30 En cambio los feminicidios se producen en todas la edades, adoptando un comportamiento multimodal.

Una vigésima parte de las víctimas de estos asesinatos (5.2%) son niñas entre cero y cinco años de edad; son feminicidios infantiles. Esta cifra contrasta fuertemente con el número de infanticidios masculinos que no llegan al uno por ciento (0.73%). En este sentido el riesgo de ser privado de la vida en los primeros años de su existencia habiendo nacido mujer en México, es 7.1 veces más elevada para las mujeres que para los varones. En conjunto las menores de edad asesinadas (entre 0 a 17 años y once meses) suman 17.2 por ciento de total de estos delitos.

El pico más pronunciado en los decesos femeninos empero, se ubica entre los 15 y los 29 años donde se concentra 18 por ciento de los mismos. Entre los 30 años y hasta los 40, los asesinatos de mujeres se estacionan en una meseta alta (de 15% a 18%), pero los asesinatos de mujeres adultas mayores y ancianas tienen tasas que casi duplica el de los homicidios de varones de la misma edad.

A tono con su carácter de actos de "disciplinamiento" o "corrección", los feminicidios se caracterizan por el uso de formas brutales para privar de la vida. El ahorcamiento, ahogamiento, estrangulamiento, ahogamiento, son responsables de la muerte de poco más del 18 por ciento de las mujeres asesinadas entre 1985-2010 (Tabla 1). Estas categorías, así como el uso de objetos cortantes, son tres veces más frecuentes que en los asesinatos de hombres (en 20% del total de defunciones femeninas) (Gráfica 4). También se advierte una proporción tres veces más elevada de utilización del envenenamiento y de las quemaduras con sustancias diversas o con fuego. Pero hay incluso muertes debidas directamente a los golpes, que no tiene la misma frecuencia entre los decesos masculinos.

 

 

Finalmente el uso de armas de fuego para privar la vida solo es causa atribuida de muerte para 30 por ciento de las mujeres, mientras que en el caso de los varones es la vía por la cual se priva al 60 por ciento. Sin embargo las formas más crueles también elevaron sus frecuencias. La muerte a golpes pasó de 8.2. a 18.7 y el ahorcamiento, el ahogamiento y la estrangulación crecieron de 8.1 a 12.4 por ciento.

De acuerdo al estado civil, los feminicidios se producen de manera más frecuente en mujeres separadas, divorciadas, viudas, que son más de 60 por ciento de las mujeres privadas de las vida a lo largo del periodo. Si se considera que en estos estados civiles se encuentra solo entre 15 y 20 de la población femenina, se puede afirmar que hay una sobre representación de mujeres algunas veces unidas, entre las víctimas de feminicidios.31

En cuanto a los lugares de ocurrencia se encuentran igualmente diferencias notables entre los asesinatos de mujeres y hombres. Entre estos últimos la muerte en vía pública representa 60 por ciento del total. En cambio sólo 40 por ciento de las mujeres es privada de la vida en este tipos de lugares; pero aun cuando en los últimos años han crecido los feminicidios en espacios y vía pública, lo más importante es la persistencia de los asesinatos de mujeres cometidos en la vivienda a lo largo de los 26 años, periodo durante el cual alcanza un promedio entre 40 y 50 por ciento del total.

4) Merced a los cambios en las tendencias de feminicidios en México durante la última década, podríamos identificar una especie de nueva epidemiología en estos crímenes. Los indicadores mas sugerentes para este aserto son: la tasa de incidencia según edad que muestra el incremento de los decesos de mujeres entre los 15 y los 34 años; lo que estaría indicando una especie de "enjuvenecimiento" de las víctimas. Asociado a la baja de la edad se ha elevado el número de mujeres solteras

El segundo rasgo que podría estar ligado a la mayor presencia y circulación de las mujeres en el espacio público, lugares de trabajo, o esparcimiento, centros educativos, etc., es el crecimiento de los feminicidios en la vía pública (calles, parajes, parques, centros comerciales, deportivos, transporte urbano etc.) sobre todo en las concentraciones urbanas mayores a 100 mil habitantes. Una diferencia sustantiva respecto a lo que ocurría hasta antes del año 2000. Los asesinatos de mujeres en la vía pública se duplican, pasando de 26.1 por ciento en 2004, a 42.5 por ciento en 2010. Y de la combinación de estos dos rasgos, a partir de 2004, se explica la cresta en el grupo de mujeres entre 20 a 24 años de edad del último trienio.

Un tercer rasgo es el uso creciente de arma de fuego como medio para privar de la vida, ya mencionado que sube notablemente tanto en los feminicidios en vivienda como en vía pública, sobre todo después de 2007. Las armas de fuego que se usaban solo en uno de cada tres casos antes de 2000, muestran un incremento sostenido desde este año 2000 pasando a ser la forma de la agresión mortal en 54.6 por ciento de 2007 en adelante.32

El crecimiento de los feminicidios en las áreas públicas debe vincularse por su parte, como resultado de las nuevas funciones de las mujeres que participan actualmente lo mismo en actividades productivas, escolares, deportivas y otras más, en espacios públicos. Este tipo de feminicidio ocurre mayormente en áreas comerciales o de servicios, escuelas, oficinas, parques, áreas deportivas, que están concentrando dos tercios de los asesinatos de mujeres.

 

 

Pasada por el filtro del lugar donde ocurre el deceso esta nueva epidemiología, se precisa espacialmente marcando tendencias muy claras. Así, correlacionados los 208 municipios que dan cuenta de los feminicidios en vía pública y los 250 de los sucedidos en la vivienda (correlación 0.946) se puede considerar una hipótesis sólida asegurar que cuando se eleva la frecuencia el feminicidio íntimo, puede tender a extenderse hacia la vía pública.

Por lo demás esta expansión no sería explicable sin considerar la escasa atención que la violencia feminicida recibe de parte de las autoridades de seguridad y procuración de justicia en las entidades federativas donde ocurre. Por ello se ha terminado por asociar a todo tipo de feminicidio con la impunidad.

5) Finalmente, la violencia feminicida no hubiera adoptado una característica cuasi epidémica en México, sin la omisión en los deberes públicos de los diferentes gobiernos involucrados en investigarla y castigar a los responsables.

Por diversas causas, todas atingentes a las autoridades, la mayoría de los casos de violencia hacia las mujeres - sean: feminicidio, violación o lesiones - , generalmente concluyen en la impunidad de los responsables y en la indefensión o total ausencia de garantías y derechos humanos de las víctimas. De esta suerte a la violencia que ejercen parejas, ex parejas, conocidos y familiares o perpetradores desconocidos, hacia las mujeres, se le agrega la violencia institucional.33 Por ello la impunidad de estas muertes es tema de preocupación ampliamente referida en casi una treintena de informes internacionales de observadores y relatores de Naciones Unidas, en materia de derechos humanos, dirigidos al Estado mexicano desde 2002.

La falta de persecución y castigo a esto delitos incentiva comportamientos similares en personas que tal vez, en otros contextos de justicia, se verían desalentados a cometerlos. En este sentido la impunidad respecto a la violencia letal en contra de las mujeres, actúa como una especie de agente de contagio que facilita la comisión de feminicidios, creando incentivos para delincuentes oportunistas.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el Caso González y otras, también conocida como Campo Algodonero (2009) fue muy enfática al señalar estos fallos del Estado debidos tanto a:

La falta de medidas de protección a las víctimas; la falta de prevención pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que ha dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición [...]; la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos [...], así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada.

 

Tabla 2

 

Elementos todos que fundamentaron la responsabilidad del Estado mexicano en el caso de tres asesinatos, de los miles ocurridos en Ciudad Juárez, Chih., de los cuales se lograron probar fehacientemente, las identidades de la, víctimas a partir del hallazgos de sus restos humanos.

Parafraseando a Hannah Arendt, la banalidad de la impunidad de los feminicidios en México está tramada cotidianamente por finos hilos de acciones fallidos en la investigación de los delitos; falta de capacidades en equipos científicos y técnicos para la investigación; fallas en la escrupulosidad del personal para cumplir los procedimientos establecidos en el manejo de indicios, lugares del crimen, indagaciones y también conflictos de competencia entre autoridades locales, estatales y federales, debido al abigarrado compendio de legislaciones penales desarmonizadas, fueros y competencias desarticuladas.

Así, de acuerdo a información proporcionada por 22 Procuradores de un número igual de estados de la República, a la Comisión de Feminicidios de la Cámara de Diputados entre 2010 y 2011, solamente entre 57 y 74 por ciento de las defunciones femeninas con presunción de homicidio que registran los forenses a través de las certificaciones de defunción son investigadas. Lo que significa que de entrada un 30 por ciento de los casos no recibieron ninguna atención, contraviniendo los dispuestos por los códigos de procedimientos penales respectivos.

El panorama se ensombrece aún más considerando los casos que culminan en sentencia, ya que de acuerdo a esta misma fuente de información, los casos sí investigados que habían llegado a sentencia entre 2000 y 2010, contabilizan únicamente 600 en total; cifra equivalente a 24.61 por ciento de las averiguaciones previas iniciadas, pero equivalente solo a 9.98 por ciento del total de las muertes por violencia feminicida asentadas en los certificados de defunción durante el periodo.

Esto significa que la impunidad cubre al 90.02 por ciento de los feminicidios. Un claro premiso para matar a las mujeres que otorgan las autoridades a los feminicidas.

Un buena parte de la ominosa impunidad que cubre a estos delitos deriva de las malas prácticas de los agentes ministeriales y peritos en la recogida de los cuerpos, la recolección de pistas y el tratamiento de evidencias. De ahí deriva el que información que es crucial para la investigación y procuración de justicia, como los que se refiere al lugar donde ocurrió la privación de la vida; el tipo de medios se usaron para procurar la muerte; así como el estado civil de las víctimas; o la referencia a si existían o no antecedentes de violencia familiar, no se asiente en los registros y buena parte de los casos los expedientes se pongan "en reserva" por falta de elementos para continuar la investigación.

La información faltante en algunas de estas variables es 10 por ciento en el caso del lugar donde se supone ocurrió el deceso; pero en lo que hace a los medios utilizados para privar la vida, la falta de información es del 35 al 20 por ciento a lo largo de los 26 años de la serie.

En los casos de presuntos asesinatos de mujeres que ocurren en la vía pública este dato es todavía más desalentador, ya que la falta de identificación del arma utilizada tiene un promedio de 30 por ciento en todo el periodo. Solo el incremento del uso del arma de fuego que se ha dado a partir del año 2000, ha ido reduciendo la carencia de información en esta variable, sobre todo para el caso de los feminicidios públicos.

La información respectiva a antecedentes de violencia intrafamiliar como dato es muy importante para determinar móviles o causas de estos decesos pero es el menos atendido de toda la información requerida por el formato, ya que en promedio entre 80 y 90 por ciento de los casos este registro queda sin información.34

Esto quiere decir que a lo largo de una generación, la mejora en la recolección de información que es estratégica para establecer el móvil de las indagaciones, no es sustantiva. Y que la omisiones o resistencias de las autoridades en el marco de un problema que crece y victimiza a siete mujeres al día, no tiene otro significado mas que el de sostener una suerte de complicidad con quienes de esta manera siegan la vida de las mujeres.

 

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Recebido: 06.05.14
Aprovado: 23.07.14

 

 

1. Se les toma como crímenes pasionales, resultado de estados de "emoción violenta" provocados y justificados por supuestas o reales infidelidades o "insubordinaciones" femeninas.
2. Julia Monárrez (2009). En las diversas representaciones del feminicidios y los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez 1993-2005, en Sistema socioeconómico y geo-referencial sobre la violencia de género en Ciudad Juárez (v. II), El Colegio de la Frontera Norte integra el primer registro sistemático de estas muertes, pero restringido a Ciudad Juárez. Entre 2003 y 2006, la Comisión Especial para el Seguimiento de los Femincidios, presidida por Marcela Lagarde, integra un Informe nacional de feminicidios en la República Mexicana (IXL Legislatura Federal, 2003-2006) con información de los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sonora y Veracruz. En una segunda etapa, la información sobre las 32 Entidades Federativas. Desde 2007 el Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidios, integrada a través de redes de monitorio y registro realizados por organizaciones feministas, un seguimiento puntual de estos delitos en todo el país.
3. En este sentido son parte de la Estadística de Mortalidad que registra la Secretaría de Salud en México. La investigación fue realizada por la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, presidida por quién esto escribe. Los reportes bajo el título Violencia Feminicida en México. Tendencias y nuevas expresiones en la República Mexicana están disponibles en: <http://www.google.es/url?sa=t&rct =j&q=&esrc=s &source=web& cd=1&cad=rja& uact=8&ved= 0CCIQFjAA&url= http%3A%2F%2F>; <www.unwomen.org%2Fes%2Fdigital-library%2Fpublications%2F2013%2F2%2Fviolence-and-femicide-in-mexico-characteristics-trends-and-new-expressions-in-the-states-of-mexico&ei=yz64U_ugG5KSqAat-4KwCA&usg=AFQjCNGujENPTERmPaZdL1yRM4S7vt09tA&sig2=aAKoxs1v-nBbuIvBcNq5ug>.
4. Aunque este último porcentaje sube hasta 36.1 considerando el total de la violencia sexual en las mujeres mayores 15 años. Ver OMS (2103: 19) En la región hay sin embargo países con tasas muy por encima de este promedio. Por ejemplo en El Salvador los feminicidios se ubican en 113.8 mujeres por cada 100 mil; por encima de Ciudad Juárez donde la tasa es de 38 por cada 100 mil mujeres (si bien casi diez veces más alta que el promedio de la tasa nacional en México de 4.4 por cada 100 mil mujeres en 2011.
5. Según Sue Wise y Liz Stanley (1986: 32), siguiendo la propuesta de Spector y Kitsuse (1977), un "problema social se construye cuando cualquier hecho considerado 'natural' es reconocido como indeseable y por tanto merecedor de ser objeto de investigación y medidas correctivas de uno u otro tipo". Identificando diversas etapas que son a. descubrimiento; b. reconocimiento o denominación; c. consecución de pruebas (evidencia); d. obtención de publicidad; e. formación de un núcleo activo de partes interesadas; f. medidas correctivas; g. transformación o declinación.
6. Sue Wise y Liz Stanley (1986) refieren la experiencia de Frances Power Cobbe y Mary Carpenter en la Inglaterra victoriana. La primera periodista y autora de Wife torture in England (1878) que aborda por primera vez el problema del maltrato de la mujer casada y fue soporte para la primera iniciativa de ley promulgada en la que se reconoce el maltrato femenino como un problema social. Ambas construyeron este proceso a partir de su experiencia como reformadoras sociales en escuelas para niñas y niños de clase trabajadora en Bristol, percatándose de lo extendido que eran en los hogares la presencia de la violencia y el maltrato hacia las mujeres y la escasa protección que tenían. En la segunda ola del feminismo fue justamente el tema del acoso de las mujeres en el trabajo remunerado creciendo a la par de su mayor participación laboral en los años 70 y 80ss en Inglaterra como los Estados Unidos. Lo interesante es que abordaron el tema como parte de una especie de ofensiva masculina frente al desbordamiento de las fronteras de género establecidas en la primera modernidad XVIII-XX con la mujer ama de cada dependiente y el varón como autoridad y proveeduría en el hogar, que se expresaba en el terreno sexual.
7. Es interesante analizar bajo esta luz, el campo de comprensión e intervenciones distintas que abren definiciones tales como violencia intrafamiliar, violencia de pareja, violencia de género y violencia basada en el género, en tanto pasos de esta formulación.
8. Se atribuye el término a Russell, aunque ella misma señala en Russell (1992: 24) que quién primero lo formula es Carol Orlock, en 1974, para una antología que estaba preparando y que nunca se publicó.
9. Los eventos de violencia feminicida referidos son: Nanjing 1937; Bangladesh 1971 y Montreal 1989. El 31 de agosto de 1971, un comando de soldados pakistaníes arriba a una población costera de Bangladesh llamada Sriramshi iniciando una cruenta matanza y violaciones masivas de jovencitas. La llamada Masacre de Montreal (6 de diciembre de 1989) da cuenta de un asesino solitario, Marc Lépine, quien, armado con un rifle semi-automático, ingresó a la Escuela Politécnica y dio muerte a 28 mujeres que tomaban clases en uno de los salones. El asesino declaró que lo hizo "luchando contra el feminismo" que le había "arruinado la vida". Ver: <www.genercide.org>.
10. Jane Caputi, "The sexual politics of murder". Gender and society, special issue: violence against women, Sage Publications, Inc, v. 3, n. 4, Dec., 1989, p. 437-456. <http://www.jstor.org/stable/189762>.
11. De acuerdo a Rita Segato, estos crímenes de estado paralelo o Segundo Estado, estos crímenes conllevan la perversión de proceso investigativo a partir de la mezcla o extravío de pistas, evidencias, amenazas y atentados contra periodistas, abogados de víctimas etc.
12. Vigarelo (1998), da cuenta, en su obra Historia de la violación (1998), de la extensión y naturalización de esta práctica en la Francia del Antiguo Régimen ampliamente legitimada por la consideración del género femenino no como sujetos morales y civiles (el ciudadano racional y con derechos y liberales kantiano) sino como "mujeres".
13. Ver en Historia política del pantalón (C. Bard, 2010) la relación entre el cambio en la identidad y roles de las mujeres y el uso de esta prenda que desde el Renacimiento y hasta el siglo XVII. Las bragas entalladas de los Caballeros de Armas venecianos o florentinos, eran usadas con el fin de facilitar sus movimientos, realzar su poder y su figura, contribuyendo también a erotizar el cuerpo masculino. Según esta autora, las mujeres comenzaron a usar el pantalón desde el siglo XVI - durante la Revolución Francesa se permitió a las mujeres usarlo aunque el Directorio (1795-1799) prohibió expresamente el uso de esta prenda por parte de las mujeres. A partir de ese momento se volvió símbolo de la emancipación femenina. Actualmente la bragas entalladas al estilo mallas que llevaban los jóvenes Caballeros en el siglo XVI-XVIII, son usadas masivamente por las mujeres sobre todo las más jóvenes. Esta prenda entallada exalta el cuerpo femenino, simbolizando libertad física y dominio de su cuerpo y de su sexualidad.
14. El estudio de Jean-Claude Chesnais (1981) sugiere que pasadas las décadas de entronización del modelo de familia nuclear patriarcal (1815-1950) se recupera en los años sesenta, el crecimiento de las violaciones y los ataques sexuales,. En el estudio histórico demográfico referido donde analiza el comportamiento de la violencia física y la incidencia de la violaciones sexuales en siete países: Estados Unidos; Suecia; la otrora República Federal Alemana, Francia, Japón, Inglaterra e Italia entre 1977 a 1979 el autor señala la existencia de un vínculo entre el crecimiento de las violaciones sexuales y la industrialización, el ingreso al trabajo urbano de jóvenes obreros solteros que dejan el hogar rural y no tienen parejas sexuales. Según sus conclusiones se habría producido primero un periodo de crecimiento de violaciones sexuales infantiles entre 1825 y la Primera Guerra como parte de un periodo de transición y tensiones entre una des-moralización sexual y una moralización progresiva, con gran número de uniones de hecho relacionado con el frecuente abandono familiar. En el segundo periodo con posteridad a los sesenta, el autor refiere la incidencia de la liberalización sexual y el crecimiento de la pornografía como acicate para los asaltos sexuales de varones sobre mujeres jóvenes. En suma se trata momentos marcados por transiciones de género.
15. Por ejemplo, en el Renacimiento, la Ilustración, la Revolución Francesa; la Revolución Industrial.
16. El crecimiento de las violaciones y los ataque sexuales, en los años sesenta por su parte, fue documentado por Jean-Claude Chesnais (1981) en un estudio histórico donde analiza el comportamiento de la violencia física y la incidencia de la violaciones sexuales en siete países: Estados Unidos; Suecia; la otrora República Federal Alemana, Francia, Japón, Inglaterra e Italia entre 1977 a 1979. Este autor señala la existencia de un vínculo entre el crecimiento de las violaciones sexuales y la industrialización, el ingreso al trabajo urbano de jóvenes obreros solteros que dejan el hogar rural y no tienen parejas sexuales. Según sus conclusiones se habría producido primero un periodo de crecimiento de violaciones sexuales infantiles entre 1825 y la Primera Guerra como parte de un periodo de transición y tensiones entre una desmoralización sexual y una moralización progresiva. Es también este un periodo de uniones de hecho relacionado con el frecuente abandono familiar. En suma, se trata de un momento de transiciones de género.
17. Una tesis semejante a la expuesta, que relaciona el incremento en la autonomía física, psíquica y económica de las mujeres, con el crecimiento de la violencia sexual y los feminicidios, es sugerida por Judith Walkowitz (City of dreadful delight,1992) en su investigación sobre el peligro sexual en la ciudad de Londres durante la época victoriana, cuando se producen los horrendos asesinatos de mujeres atribuidos a Jack El Destripador (1888), justo cuando las mujeres habían comenzado a tomar el espacio público y salir solas para trabajar en la fábricas, hoteles, teatros y bares o a mirar las "vidrieras".
18. En las diversas circunstancias en que se juegan estas relaciones desde el compañerismo, la convivencia escolar, convivencia deportiva, al flirteo, las relaciones amorosas y sexuales, hasta viajes en el transporte, encuentros en la calle, en el trabajo y en el hogar. "Desobedecer" las órdenes del marido o cónyuge; "ser cuestionados por sus relaciones de infidelidad con otras mujeres"; "negarse a tener relaciones sexuales"; ser "sospechosa de infidelidad", o aún "vestirse o comportarse de manera descarada" son algunas de las motivaciones referidas por víctimas de la violencia en contra de la mujer.
19. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más de cincuenta por ciento de la población es migrante, ya sea porque se ha desplazado de las áreas rurales a las urbanas; del sur del país hacia ciudades medias del centro norte, o hacia las penínsulas dentro del país, cuando no lo ha hecho hacia ciudades de los Estados Unidos de América.
20. De 1990 a 2000 la tasa de crecimiento anual de la población en las ciudades del norte fue en promedio de 2.7 por ciento. Pero Tijuana creció a 5.5 por ciento anual; Ciudad Juárez a 4.2 por ciento; Reynosa a 4.3 por ciento y Nogales a 4 por ciento (Asuad, 2010). Sin embargo, los gobiernos locales no ampliaron la cobertura de los servicios urbanos básicos: agua, drenaje, basura, alumbrado, transporte, en los nuevos asentamientos urbanos donde habitaba la mano de obra proveniente de otros estados, que terminaron por ser sumamente precarizada.
21. El periodo del estudio corresponde a las décadas del incremento de la Inversión Extranjera Directa (IED) en la industria maquiladora de exportación, que entre 1994 e 2006 se duplicó en seis entidades fronterizas del norte: Chihuahua, Baja California, Sonora, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. La Industria Maquiladora de Exportación crecía 10.9 por ciento entre 1990 y 2000. La intensa contratación de personal femenino en la industria de exportación (Cruz, 1993), sin descontar la importante participación de las mujeres en los servicios y el comercio asociados a esta industria. Llevó que las y los especialistas hablaran de feminización del empleo, dado que por momentos el empleo femenino desplazó la contratación de mano de obra masculina (Grijalva et alii, 2009). Así, entre 1997 y 2006 las mujeres llegaron a ser entre el 25 y el 30 por ciento de la PEA ocupada en las entidades de la frontera norte.
22. El cambio de género en el crecimiento del empleo llamó la atención de numerosas investigaciones académicas, algunas de las cuales señalaban los riesgos y oportunidades que esta creciente participación femenina podía tener en la vida de las mujeres, modificando sus necesidades y condiciones de vida inmediatas en lo concerniente a su salud y a los riesgos en el trabajo. Ello sin dejar de referir las implicaciones sociales más amplias asociadas al fenómeno, como la necesidad de atender los vacíos que la mano de obra femenina dejaba en el cuidado de los hijos e hijas y en la administración del hogar, sobre todo por la ausencia de programas sociales públicos que se hicieran cargo de compensar esta salida. Y esto a pesar de que la migración a las zonas norteñas provocó un relativo incremento de la población menor de edad, respecto a la estructura de edades de la pirámide nacional. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, entre 1990 y 2000 la población de 0-9 años en la región fronteriza del norte era de 11.4 por ciento y la de 15-19 de 11.1 por ciento.
23. Paz López (2007) subraya la disminución del número de hijos: de 6.5 hijos en 1972 a 2.4 hijos en 2000, como la condición propicia para el ingreso de las mujeres en el mercado de trabajo. Así, la participación en el trabajo entre las que tenían más de 12 años pasó de 17 por ciento en 1970 a 42.5 por ciento en 2006. Para 2009, la crisis afectó principalmente a las mujeres, cuya participación promedio nacional decayó a 38.9 por ciento de la PEA ocupada. La mayor disponibilidad de las mujeres para emplearse y la necesidad de más perceptores de ingreso para las familias, catapultaron a las mujeres al trabajo remunerado.
24. Rita Segato, en su artículo, titulado "Territorio, soberanía y crímenes de segundo estado: la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez", escrito después de visitar Ciudad Juárez, en 2004, plantea la hipótesis de la existencia de un eje horizontal de significación de estos delitos, donde las víctimas son el desecho de un proceso comunicativo entre varones, la fratría mafiosa, donde el sentido del acto marcado sobre el cuerpo de las mujeres asesinadas, víctimas sacrificiales en realidad en este proceso es producir y reproducir un clima de impunidad.
25. Se trata de datos de los Servicios especializados de atención a la violencia establecidos a partir de la NOM 046-SSA2-2005, que integran un Subsistema Automatizado de Lesiones y Causas de Violencia en 2010 incluye lesionados de ambos sexos y todas las edades atendidos por eventos de violencia. Excluye a víctimas de la seguridad social de los asalariados, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así a los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex); a los atendidos por hospitales o médicos privados, a las fuerzas armadas.
26. De acuerdo a reportes de la Secretaría de Salud, de 1895 a 2000 las tasas de feminicidio ya se situaban por encima de los niveles que se habían presentado entre los años de 1960 a 1975, cuando fluctuaron entre 2.7 a 2.9 por cada 100 mil mujeres (Lozano & López, 2003). Sin embargo, a partir de 1985 inician un largo descenso que las reduce a poco más de 25 por ciento, al situarse en 2.5 en 2001. Todos los años del periodo, a excepción de 1995 y 1998 en que el número de feminicidios se elevó en términos absolutos por encima de la cifra base de 1985, las cifras muestran una tendencia decreciente, año tras año. La caída de la tasa no solo es debida al aumento de la población femenina, sino también a la disminución de los homicidios en cifras absolutas.
27. Ver resumen de la investigación de Marcos Valdivia disponible en <http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q =&esrc=s&source= web&cd=1&ved= 0CCIQFjAA&url= http%3A%2F%2F www.saree.com.mx%2 Funam%2Fsites%2Fdefault% 2Ffiles% 2FVALDIVIA_B2. pdf&ei=AMi9U4S qL4qw8AHz9 oDYDg&usg =AFQjCNFwO9Qmn 4dCPh9TLGs4 rKSC9DRK3Q&sig2= aChyjqjwbfjFRioQ5UKP3A>.
28. De acuerdo a un estudio realizado en 2004, por la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C, con la misma fuente de datos que esta investigación, se indica que los municipios donde la incidencia es varias veces superior a la nacional, coinciden con aquellos donde hay población que habla lengua indígena y se norman por el régimen de usos y costumbres. La sugerencia de este estudio es que son las normas del género de la cultura más tradicional y autóctona las que propician y justifican los asesinatos de las mujeres. Sin embargo los datos no refrenda este aserto, debido a que si bien en estas comunidades son frecuentes los feminicidios, no alcanzan las altas tasas de las zonas urbanas mas aglomeradas de población y las normas de género más laxas para las mujeres.
29. M. Valdivia, trabajando sobre esta misma base de datos, asegura que el comportamiento de la tasa de asesinatos de mujeres tiene un rezago de un año en relación a la de hombres por lo que sostiene que hay un efecto arrastre hacia la violencia en contra de las mujeres ya que los feminicidios son más susceptibles de incrementarse rápidamente en municipios que rodeados de municipios violentos. Ver Conavim (2012).
30. Las tasas más altas de homicidios en el mundo correspondieron a los hombres de 15 a 29 años de edad (19,4 por 100,000), seguidos de cerca por los de 30 a 44 años (18,7 por 100,000). Ver OPS/OMS, 2003.
31. De acuerdo a Inegi y según datos del Censo de población 2010, para este años había 18.4 por ciento de mujeres que se declararon en unión libre; 15 por ciento dijo estar separada, divorciada o viuda, mientras son 60 por ciento de las mujeres asesinadas.
32. El giro hacia el arma de fuego en los feminicidios públicos se presenta a partir de 2003 y en los feminicidios íntimos a partir de 2007. La proliferación del tráfico de armas por la frontera norte, hace muy fácil la adquisición de armas; lo que ratifica la influencia que ejerce la violencia social que contextualiza a los feminicidios de 2007 en adelante. La muertes de mujeres por el uso de armas de fuego, ha sido considerado por las autoridades como resultado de ejecuciones - calificación equívoca que opera como una suerte de justificación de los asesinatos, ya que se toman estos crímenes como un signo de la eventual participación de las víctimas en grupos del crimen organizado. Apelando a uso y abuso de este término, las autoridades concernidas se permiten no investigar los crímenes ni hacer justicia a las víctimas mujeres u hombres, de esta suerte las autoridades de seguridad y de justicia tienden a considerar estos asesinatos como parte de la ola de homicidios criminales, descontándolos de la violencia feminicida.
33. Conviene aquí traer a la reflexión, que la impunidad es "la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, a que sean condenados a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas" (Naciones Unidas, 2005). Por ello la impunidad implica en los hechos la disolución de la función punitiva del Estado, lo que de alguna manera atenta contra su propia razón de existencia.
34. Es de destacarse en esta imperdonables omisiones de las autoridades el caso del estado de Chihuahua, por ser el caso más emblemático de la omisión del Estado y la impunidad frente a estos delitos, ya que de acuerdo al análisis realizado por entidades, Chihuahua tiene un porcentaje de mujeres solteras de 15 años y más de edad con incidentes de violencia comunitaria a lo largo de su vida, por arriba del promedio nacional ocupando el cuarto lugar en el contexto nacional ver Tabla 2). Además se ubicó en la primera posición en el país en lesiones por violencia familiar donde la víctima es mujer con 93.6 por ciento, mientras que el promedio nacional fue de apenas 12 por ciento. El estado también tuvo el primer sitio en las lesiones por violencia familiar en mujeres menores de edad con 83.1 por ciento, mientras que el promedio nacional alcanzó apenas 3.6 por ciento. Esta variable en varones menores de edad fue menor en el estado con 72.1 por ciento, pero mucho mayor que en el ámbito nacional donde sumó 0.7 por ciento. Sin embargo las autoridades en Chihuahua sólo en 5.7 por ciento de los casos de lesiones en mujeres por violencia familiar atendidas en la Secretaría de Salud se dio aviso al MP, con lo que el estado ocupa el último lugar entre todas las entidades. Chihuahua tuvo la primera posición en ocurrencia de lesiones por violencia familiar en mujeres y niñas y el último en dar aviso al MP. Esto es grave si consideramos que en la medida en que no se da aviso y quedan impunes las agresiones siguen ocurriendo estos hechos y las mujeres continúan en un riesgo constante.

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