CORPORATIVISMO Y POLÍTICA SOCIAL EN ESPAÑA. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN

Corporativismo e Política Social na Espanha: Origem e Evolução

Corporatism and Social Policy in Spain: Origin and Development

Resumen

En el último tercio del siglo XIX, se difunden en España dos propuestas que servirán de base al nacimiento de la legislación social: el organicismo como concepción filosófica sustentadora de un armonicismo social y la noción del Estado tutelar que interviene en el campo económico-social. En España, la propuesta corporativa se reflejará a fines del siglo XIX en tres grupos diferentes: liberal krausista, conservador y católicos sociales. Durante el siglo XX, estos planteamientos llegarán a convertirse en un proyecto político-social de alcance durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera (1923-1930). El proyecto corporativo del ministro Eduardo Aunós estaba influido por el catolicismo social, el movimiento krausista y los nacionalismos antiliberales de la Europa de su tiempo como acción francesa de Charles Maurras. Este modelo de intervencionismo social de Estado fue acogido mayoritariamente por la derecha española durante la Segunda República e igualmente por los pequeños grupos fascistas.

Palabras-clave:
Corporativismo; Política social; España

Resumo

Nas últimas décadas do século XIX, difundiram-se na Espanha duas propostas que serviram de base para o surgimento da legislação social: o organicismo como concepção filosófica mantenedora de uma harmonia social e a ideia do Estado tutelar que intervinha no campo econômico-social. Na Espanha, a proposta corporativa se refletiu no fim do século XIX em três grupos distintos: liberal krausista, conservador e católicos sociais. No século XX, tais abordagens se tornaram um projeto político-social de largo alcance durante a ditadura do general Miguel Primo de Rivera (1923-1930). O projeto corporativo do ministro Eduardo Aunós estava influenciado pelo catolicismo social, pelo movimiento krausista e pelos nacionalismos antiliberais da Europa daquele tempo como uma ação francesa de Charles Maurras. O modelo de intervencionismo social de Estado foi usado em sua maioria pela direita espanhola durante a Segunda República e também pelos pequenos grupos fascistas.

Palavras-chave:
Corporativismo; Política social; Espanha

Abstract

In the last two decades of the 19th century, two ideas which would serve as a basis for the arise of the social legislation in Spain spread: organicism conceived as a philosophical conception that would preserve social harmony and the idea of tutelar State which interfered in the socio-economic field. By the end of the 19th century, the corporate proposal reflected itself in three distinctive groups: Krausist liberals, conservatives, and social catholics. In the 20th century, those approaches became a large-scale sociopolitical project during the dictatorship of general Miguel Primo de Rivera (1923-1930). Minister Eduardo Aunós’ corporate project was influenced by social catholicism, the Krausist moviment, as well as the antiliberal nationalisms present in Europe at that time, as Charles Maurras’ French movement. The model of social interventionism was mainly used by the Spanish right-wing during the Second World War and also by smaller fascist groups.

Keywords:
corporatism; social policy; Spain

En el último tercio del siglo XIX, se difunden en España dos planteamientos que servirán de base al nacimiento de la legislación social: el organicismo como concepción filosófica sustentadora de un armonicismo social y la noción del Estado tutelar que interviene en el campo social y económico. Estos dos elementos se integrarán junto con las alternativas del catolicismo social en los orígenes doctrinales del corporativismo español.

La sustitución en el gobierno español del Partido Conservador por el Liberal, en los años 80 del siglo XIX, supuso el comienzo de un proceso de reformas sin precedentes que abarcaron el campo jurídico -la aprobación de los códigos de leyes, juicio por jurados-, la ampliación de las libertades -de imprenta de 1883, de asociaciones de 1888, sufragio universal masculino en 1890- y, por supuesto, el campo social -creación de la Comisión de Reformas Sociales en 1883.

El debate sobre el intervencionismo o no del Estado en cuestiones sociales, en línea con las propuestas teóricas europeas de aquellos años, y la política social de la Alemania bismarckiana, creadora del estado social, se reflejarán en tres grupos diferentes: liberal-republicano krausista, conservador y católicos sociales.

La nueva sensibilidad sobre la llamada cuestión social en España tiene que ver con una serie de factores desde la crisis económica de los 80 en el campo, la extensión de la industrialización y sus consecuencias sociales, la expansión del anarquismo y el socialismo que condujeron al nacimiento del sindicalismo moderno y el nacimiento del Partido Socialista Obrero Español, en 1879, o las grandes huelgas y manifestaciones de comienzos de los 90 que conmovieron y alarmaron a la burguesía industrial española.

El grupo liberal-republicano krausista, impulsor junto con el catolicismo social y el conservadurismo del nacimiento de la política social en España, estaba integrado por una burguesía intelectual vinculada a la universidad, centrada sobre todo en el campo del Derecho, Medicina e Ingeniería. Por otra parte, su actividad no se reducirá al ejercicio de la profesión -la mayoría ejercerá, además, diversos cargos políticos durante el período y actividades de difusión de las ideas a través de los mecanismos característicos del siglo XIX: la Academia de Ciencias Morales y Políticas, Ateneos, prensa, etc. En definitiva, el grupo krausista representaba a las élites burguesas del poder establecido que se acercaron al mundo obrero desde una óptica paternalista y de desconfianza.

El pensamiento de este grupo intelectual reformador se nutría mayoritariamente de la filosofía krausista, introducida en España por Julián Sanz del Río (1814-1869), catedrático de Historia de la Filosofía de la Universidad Central de Madrid, a partir de la obra de un filósofo postkantiano, el alemán Karl Ch. Krause (1781-1832), y de su discípulo Ahrens.

Esta filosofía se extendió mediante seguidores como Francisco Giner de los Ríos -fundador de la Institución Libre de Enseñanza-, Gumersindo de Azcárate, Vicente Santa María de Paredes, Adolfo Posada y muchos otros que jugarán un papel fundamental en la construcción de un modelo de reformismo social y educativo de raíz liberal de gran influencia en España, de ahí el nombre del movimiento español conocido como krausismo.

Para el krausismo, la sociedad es un organismo, un conjunto de órganos ordenados sistemáticamente que constituyen y representan una unidad vital. De donde se deduce que la solidaridad es un factor sustancial en la sociedad humana, una solidaridad que se expresa mediante la cooperación pacífica de todos sus miembros para el cumplimiento de las distintas finalidades sociales.¹

El organicismo krausista rechaza el automatismo social de raíz biologicista, defendiendo, en cambio, la libre iniciativa para transformar las instituciones sociales, por ello el krausismo se inscribe dentro del liberal-republicanismo reformador.

El krausismo español inspiró y participó en todos los proyectos de reformas sociales y de legislación obrera que se llevaron a cabo en España a partir de unos principios que ponían el énfasis en las reformas frente a la revolución, en una concepción armónica en las relaciones de capital y trabajo, en la defensa del sistema económico capitalista, en la necesidad de una reforma integral mediante la educación del hombre y la sociedad, y, finalmente, en una actitud moralizante respecto a la clase obrera.

Dentro de esta corriente muy relevante en la España del último tercio del siglo encontramos a Eduardo Pérez Pujol (1830-1894), catedrático de Derecho Romano desde 1856 y más tarde rector de la Universidad de Valencia, entre 1869 y 1873, ciudad en la que permaneció hasta su muerte. Pérez Pujol había tomado contacto con el grupo krausista madrileño en los años 50 y se adscribió desde entonces a esa filosofía social reformadora con posiciones liberales, participando en el proceso revolucionario iniciado en 1868 y más tarde en una serie de actividades sobre la llamada “cuestión social” que sirvieron de base a la Comisión de Reformas Sociales y a la primera encuesta social española de 1884, que permitió conocer la vida, el perfil y las opiniones de una serie de agentes sociales y económicos en la España de fin de siglo.

Pérez Pujol fue uno de los precursores que defendieron la restauración modernizada de los gremios como alternativa armonicista a los conflictos sociales. En ese empeño por acabar con las raíces del conflicto social, defendió la necesidad de la intervención tutelar del Estado, incluso la formación de un Parlamento corporativo.

Ya en 1872 publicó un discurso titulado “La cuestión social en Valencia”, en lo que desarrollaba las líneas maestras de un reformismo social basado en la superación del conflicto social mediante el armonicismo social, es decir, el principio de solidaridad del Estado y las instituciones que forman la sociedad, la constitución de los jurados mixtos como fórmula de cooperación voluntaria de patronos y obreros para resolver sus diferencias; la creación de sociedades cooperativas de producción, consumo y crédito -propuesta directamente inspirada en el inglés Robert Owen-; la beneficencia privada y la instrucción obrera. Y, junto a ello, la modernización de los antiguos gremios medievales.

Para él, los gremios debían ser sociedades voluntarias integradas por empresarios, oficiales y obreros para promover la concertación de los intereses industriales, creando un clima de armonía entre “fabricantes y obreiros”.

El gran reto del gremio era solucionar la llamada “cuestión social” a través del establecimiento de cauces orgánicos entre trabajadores y empresarios. De esta manera, los excesos de la industrialización, el trabajo de mujeres y niños y, en definitiva, la miseria de unos y el fasto de otros encontrarían una respuesta adecuada consiguiendo la consolidación del orden social.

Ahora bien en su pensamiento, los gremios no cumplirían únicamente una función de articulación social, protección de los obreros y eliminación de los conflictos sociales, sino que transformarían la vida política sobre la base de una estructuración gremial del Parlamento, es decir, el sufragio corporativo.

De esa forma, toda persona que tuviera una profesión, un trabajo o una propiedad podría elegir a los diputados que correspondieran a su gremio. “El Estado”, decía Pérez Pujol, “es el órgano de relaciones del individuo con la sociedad como de las instituciones sociales entre sí [...] la sociedad ha de ser siempre producto de la asociación voluntaria. [...] El Estado, tutor al presente de la sociedad en limitados órdenes, no debe olvidar que su poder es transitorio” (Romeu Alfaro, 1979, p.176 y ss).

En 1889, Pérez Pujol matizaba su propuesta defendiendo la existencia de un Parlamento bicameral: el Congreso de los Diputados elegido por sufragio universal y el Senado por sufragio corporativo.

Él fue importante no sólo como inspirador de los movimientos de reformas sociales de los años 80 y 90 del siglo XIX, origen de la primera legislación social española, sino también por la recuperación de algunos de sus planteamientos corporativos en la década de los 20 por parte del ministro de Trabajo de la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930) y, más tarde, ministro de Justicia en la dictadura de Francisco Franco, Eduardo Aunós, autor intelectual del primer proyecto gubernamental de un sistema corporativo, próximo al modelo fascista, que influyó en el modelo franquista (Aunós, 1944, p. 59 y ss.).

La Comisión de Reformas Sociales creada en 1883 para tratar la situación de la clase obrera -e integrada mayoritariamente por liberal-krausistas-, se esforzó, afirma la profesora Dolores Velasco, en “afianzar los estudios sociales. [...] Defensora de un intervencionismo más social que estatal, otorgaba al Estado la función tutelar de amparar a los débiles y corregir los desequilibrios sociales” (Velasco, 1997, p. 149).

Su gran trabajo fue la primera encuesta social de España realizada en 1883 con las aportaciones de todo tipo de asociaciones, desde las obreras y patronales hasta los grupos católicos y las organizaciones de agricultores, pasando por ayuntamientos e instituciones políticas y sociales, así como por la Iglesia católica.

Se pretendía con ese trabajo apoyar una política de reformas sociales de los liberales españoles que gobernaban en aquellos años, si bien los resultados fueron bastante escasos. En cualquier caso, este grupo se mantendría como el principal asesor gubernamental en materia social e influiría en el nacimiento del estado social en España en el primer tercio del siglo XX. El objetivo del grupo era rectificar los abusos del capitalismo mediante reformas sociales. Sin embargo, pretendían un cambio de valores en la sociedad sin tocar las estructuras desde la posición intermedia de unos intereses tan dispares como los de la oligarquía y el mundo obrero y propiciador de una armonía imposible o utópica (Velasco, 1989, p. 32).

Las propuestas sociales del conservadurismo español

Junto con el krausismo, el conservadurismo español representado por su líder Antonio Cánovas del Castillo y sobre todo por los llamados regeneracionistas conservadores como Francisco Silvela, Eduardo Dato -autor de las primeras leyes sociales a comienzos del siglo XX- y Antonio Maura se unirán a la corriente intervencionista en el campo social.

Para una parte del conservadurismo español era importante revisar los supuestos del liberalismo individualista en línea con las propuestas teóricas que se discutían en la Europa de entonces, desde la revisión de la economía clásica a cargo de la escuela histórica alemana -los “socialistas de cátedra”- y la extensión de las políticas proteccionistas hasta la corriente “solidarista” de raíz francesa que defendía el principio de la “solidaridad natural” frente al de “la lucha por la vida”, justificando así un nuevo concepto de Estado como elemento activo al servicio de un ideal social.

Por otra parte, sobre este grupo conservador influyen hechos tan notables como la recepción de la encíclica de León XIII Rerum Novarum, en 1891, si bien la repercusión inicial de ella no fue muy grande ni entre los políticos conservadores ni en el campo católico. Como señala el profesor Montero:

La reforma social en España se plantea y avanza muy estrechamente vinculada al reformismo social europeo. Una minoría de la élite gobernante e intelectual española conoce las leyes e instituciones sociales que se están implantando en Alemania, Francia, Bélgica, y participa en las instancias internacionales promotoras de la reforma social (1997, p. 61).

El conservadurismo de fines del XIX es decididamente partidario del Estado intervencionista en el campo social y económico, y algunos de sus miembros, como Silvela, son igualmente defensores del sufragio corporativo.

El intervencionismo conservador expresado por Del Castillo gira en torno a tres aspectos: en primer lugar, el proteccionismo económico; en segundo, la necesidad de una legislación social obrera en el marco de la libertad de contratación; por último, la necesidad de una contención de las acciones revolucionarias mediante la defensa del orden público.

Desde este ángulo, el intervencionismo estatal en forma de leyes obreras cumple el objetivo político conservador de contrarrestar la revolución socialista haciendo concesiones a los obreros para atraerlos a posiciones moderadas, aunque esas concesiones se alternarán con la represión.

El intervencionismo estatal se inscribirá, desaparecido el líder Del Castillo dentro de lo que se ha denominado el regeneracionismo conservador expresado por Silvela, Dato y Maura. Los tres plantearon dos propuestas importantes en el campo conservador español: 1) la necesidad de reformar el sistema político ahogado por el caciquismo y la corrupción mediante la reforma de la ley electoral y de la administración local, y 2) la exigencia de una política social del Estado que limitara las posiciones revolucionarias del movimiento obrero de entonces.

Por lo que se refiere al primer punto, el sistema político español de la restauración se basaba esencialmente, como es conocido, en el control caciquil del poder por camarillas de los dos partidos del turno, conservadores y liberales, en colusión de intereses con la nobleza terrateniente y la burguesía industrial, la cual propiciaba una amplia corrupción política.

La crisis desencadenada por la pérdida de las últimas colonias españolas en la guerra hispano-norteamericana de 1898 creará un ambiente favorable en la opinión pública española para las reformas políticas y sociales. Por ello, estos dirigentes conservadores intentarán realizar reformas con el fin de transformar el sistema político para evitar desde arriba la revolución desde abajo, en frase conocida de Maura. Eso explica, además de la propia recepción del positivismo, el culto por la moral política y el énfasis en la necesidad de acercar la política al ciudadano. Tanto Silvela como Maura entendieron la regeneración como una dignificación de la política más que como una verdadera modernización y democratización de la sociedad (Cortina, 2006, p. 154 y ss).

Efectivamente, la mayoría de los conservadores españoles no era partidario de una reforma democrática del sistema político y social, entre otras razones, porque, dado su pensamiento corporativista, tendían a reforzar la representatividad con el sufragio corporativo y una reordenación social nueva. Además, su estrecha vinculación con la ideología católica les impedía el avance y la comprensión de un mundo en trance de secularización, mientras el miedo al crecimiento del movimiento obrero les hacía mantener un sentido represivo del orden público.

Los intentos de reformas políticas sobre todo en la administración local y en el régimen electoral que llevaron a cabo los políticos citados anteriormente, el programa de descentralización administrativa que defendieron y el intento de introducir lo que se llamó la “representación de los intereses”, es decir, el sufragio corporativo, fueron los elementos más destacados de este conjunto de reformadores conservadores a fines del siglo XIX y comienzos del XX.

Sobre el sufragio corporativo como alternativa al universal, decía Silvela:

Con el sufragio universal se gobierna pero con el sufragio universal no se administra […] el ciudadano tiende a no valorar su derecho de voto y con facilidad lo vende por nada. En cambio, un mandato de un círculo, corporación o centro supone para el mandatario una mayor obligación, un seguro contra el fraude [...] utilizar para la construcción de los municipios, dentro del sistema electoral, el elemento colectivo, los gremios (Portero, 1997, p. 55).

En cuanto a las reformas sociales que pusieron en marcha como gobernantes, fueron el resultado del trabajo previo desarrollado por intelectuales krausistas y, en menor medida, por católicos sociales, conservadores y liberales, con una presencia reducida de sus verdaderos protagonistas: obreros y patronos.

El trabajo preparatorio se encauzó a través de la Comisión de Reformas Sociales y el Instituto de Reformas Sociales, creado en 1903, un organismo que dependía del Ministerio de la Gobernación, lo cual demuestra que en el fondo lo que subyacía en el reformismo social español era paternalismo, beneficencia y miedo a los grupos obreros.

En la política de reformas sociales podemos señalar tres fases. La primera, entre 1883 y 1903, caracterizada por el análisis y debates sobre el hecho y las causas de la cuestión social, estuvo dirigida por la Comisión de Reformas Sociales.

La segunda, entre 1903 y 1917, se inicia con la creación del Instituto de Reformas Sociales, en 1903, cuya misión era preparar la legislación de trabajo, cuidar de su ejecución y favorecer la acción social y gubernativa, y sigue en 1908, con la creación del Instituto Nacional de Previsión, que tenía doble finalidad: difundir la necesidad de una previsión popular, en forma de pensiones de retiro, y administrar la mutualidad voluntaria de asociados subsidiada por el Estado.

El tercer período, entre 1917 y 1926, responde a la necesidad de dar una respuesta a la creciente conflictividad social y a la propia crisis del sistema de la restauración- fruto de ello fue la creación por Dato del Ministerio de Trabajo, en 1920, que agrupó al Instituto de Reformas Sociales y al de Previsión con el fin de tener un mayor control gubernamental de las acciones de ambos organismos.

El creciente enfrentamiento que se manifestó entre los intereses de obreros y patronos dentro del Instituto de Reformas Sociales inducen a pensar que esa sea la razón de la sustitución, en 1924, de este instituto por un nuevo organismo, el Consejo de Trabajo, con representación patronal y obrera, pero mucho más controlable por el gobierno. Esta etapa culmina con la construcción de un modelo corporativo basado en comités paritarios, en 1926, en la dictadura de Rivera.

Del intervencionismo estatal moderado subsidiario de épocas anteriores, tal como habían defendido krausistas, conservadores y católicos, se pasará a un intervencionismo pleno, en el que el Estado y sus instituciones deciden en el campo económico y social. Con las leyes sobre accidentes de trabajo de 1900, sobre mujeres y menores del mismo año y sobre descanso dominical de 1904 se inaugura la legislación obrera en España, preparada y elaborada por el Instituto de Reformas Sociales, que se convierte en el instrumento de los liberales krausistas para encauzar las reformas sociales con el apoyo declarado de conservadores y católicos.

En este mismo período destaca la aprobación de las leyes de conciliación y arbitraje industrial y de tribunales industriales de 1908, germen del futuro modelo corporativo de la dictadura de Rivera.

A pesar del crecimiento de la legislación social desde comienzos de siglo -sólo entre 1900 y 1910 se aprueban 531 disposiciones de carácter social y laboral-, su virtualidad fue escasa por el propio rechazo y boicot de los empresarios españoles e igualmente por la actitud de oposición de los sindicatos y el partido obrero, lo cual llevó a la inoperancia de la legislación social española, como se muestra en las Memorias anuales de la inspección de trabajo que publicaba el Instituto de Reformas Sociales a partir de 1906 y en las que se constataba el grado de incumplimiento inicial de las leyes sobre el trabajo (Lopez, 1997, p.126).

Las alternativas del catolicismo español: catolicismo político y acción social

La restauración de la monarquía borbónica en 1875 en la persona de Alfonso XII fue acogida con bastantes esperanzas por los católicos españoles tras el período revolucionario iniciado en septiembre de 1868 caracterizado, según la prensa católica, “por la progresiva violación de todos los derechos de la Iglesia” (Benavides, 1978, p. 13).

Sin embargo, Del Castillo necesitaba negociar la permanencia del nuevo régimen con los grupos liberales que habían participado en los inicios de la Revolución de 1868. Uno de los pilares del nuevo régimen político era no caer en errores de regímenes anteriores creando un sistema pragmático y flexible que permitiera gobernar a conservadores y liberales sobre la base de la tolerancia y los derechos individuales. Pero para los católicos la unidad católica era irrenunciable y en consecuencia se opusieron a la libertad religiosa.

Pese a las presiones de la jerarquía católica y el propio Vaticano, Del Castillo mantuvo en su proyecto de Constitución, dentro de una declaración de confesionalidad del Estado, una tolerancia restringida hacia las demás religiones.

La aprobación de este proyecto que se convirtió en la Constitución de 1876 agudizó la división de los católicos españoles: por un lado, se situaron los católicos carlistas, que rechazaban la propia monarquía borbónica por liberal y añoraban la monarquía absoluta con unión del Altar y el Trono -este grupo contaba con un órgano de expresión de indudable influencia, el “Siglo Futuro”, y el apoyo de una parte de la jerarquía eclesiástica- y, por otro, se situaban los católicos integristas, escindidos del carlismo en 1888, que ponían el acento no en la vuelta a la monarquía tradicional, sino en una concepción estrictamente confesional de la política y el poder según la cual todas las acciones debían estar subordinadas a la norma religiosa y a la institución eclesial.

Por último, había una minoría católica prestigiosa que aceptaba el régimen constitucional liberal y proponía crear un partido católico, la Unión Católica de Alejandro Pidal y Mon, similar al Zentrum alemán, como medio para defender mejor los derechos e intereses de la Iglesia, partido que constituyó un sonoro fracaso.

La división de los católicos respecto a la actitud a adoptar ante al régimen liberal fue notable a pesar de los llamamientos papales a la unidad -ello explica la organización de congresos católicos a partir de los años 90 con la finalidad de ofrecer una plataforma unitaria a católicos de distintas tendencias. En estos congresos participaban los tres sectores del catolicismo español: los integristas, encabezados por Ramón Nocedal -el grupo más numeroso-; los unionistas, de Alejandro Pidal; y los carlistas, representados por el marqués de Cerralbo.

En realidad, los congresos católicos de fines del XIX representaron una posición defensiva y confusa respecto al liberalismo y a lo que se denominaba el mundo moderno y las nuevas ideologías obreras. Esto se explicita en el reglamento del congreso en el que se propone “defender los intereses de la religión, los derechos de la Iglesia y del Pontificado, difundir la educación e instrucción cristianas, promover las obras de caridad y acordar los medios para la restauración moral de la sociedad.

La propaganda y acción social del catolicismo español se orientó a defender y pedir al Estado una legislación adecuada sobre sus intereses dominantes: la defensa y protección de la familia, el descanso dominical, la institución del gremio como instrumento de armonía social, la defensa de la propiedad -sobre todo de la agraria- y la organización corporativa.

Como señala Montero, uno de sus más destacados especialistas, “el catolicismo social es en una gran medida una prolongación de la lucha contra el liberalismo. La verdadera clave de la superación del conflicto social está en la doctrina de la Iglesia. Reforma social y reconquista cristiana [...] son tareas coincidentes (1984, p. 58).

Las coordenadas teóricas del catolicismo español del momento se movían en torno a tres parámetros esenciales: la consideración de la propiedad como derecho natural, la afirmación de la desigualdad humana y la nostalgia de los gremios medievales. La aceptación de esa existencia “natural” de ricos y pobres lleva a dos cuestiones importantes defendidas por los católicos españoles, cuya finalidad era limar el escándalo social de los ricos: en primer lugar, el rechazo del afán desmedido de las riquezas y la importancia de la caridad cristiana, punto de partida de la llamada función social de la propiedad, y, en segundo, la defensa teórica de la pobreza.

En cuanto a la nostalgia de los gremios medievales, se mantenía como una constante en los planteamientos eclesiásticos sobre la llamada “cuestión social”.

El gran problema del catolicismo político y social español del siglo XIX y comienzos del XX fue, por consiguiente, enfrentarse a las consecuencias sociales y económicas de la industrialización y a los nuevos desafíos derivados del laicismo, la democratización política y el auge del intervencionismo estatal a partir de unos presupuestos teóricos fosilizados que les impedían comprender las nuevas realidades sociales, políticas y culturales.

En consecuencia, muchos católicos con sensibilidad social se encontraron, por un lado, coartados por las presiones conservadoras de la jerarquía eclesiástica y, por otro, sometidos a un pensamiento integrista que lastraba un mejor acercamiento a las nuevas realidades sociales y culturales.

La acción social de la Iglesia española se llevó a cabo mediante asociaciones mixtas de patronos y obreros que recordaban, y no por casualidad, los viejos gremios medievales arrumbados por el liberalismo y el capitalismo.

Estas asociaciones mixtas recibieron el nombre de círculos obreros y su principal impulsor, aunque no el único, fue el jesuita Antonio Vicent, quien se implicó en dicha tarea a partir de la publicación de la encíclica Rerum Novarum.

En la formación de los círculos obreros tuvieron un papel importante las experiencias social-católicas francesas -marqués de La Tour du Pin, Albert de Mun, etc.-, el pensamiento social alemán y austríaco -monseñor Ketteler, barón de Volgesang-, los congresos católicos celebrados en Lieja y Malinas a comienzos de los 90 y, por supuesto, la propia Rerum Novarum.

La cuestión fundamental para el catolicismo social español era determinar las causas del conflicto social, y, en este sentido, siguiendo el magisterio de León XIII, el padre Antonio Vicent las redujo a tres: la apostasía religiosa de las naciones que han abandonado los principios católicos; el individualismo liberal, destructor de los antiguos gremios medievales, enemigo del origen divino del poder e impulsor del constitucionalismo y parlamentarismo; y, finalmente, el socialismo, una ideología atea que rechaza la propiedad privada en favor de la colectiva y que está en contra del concepto tradicional de familia.

Para remediar la situación se crean los círculos de obreros, integrados por dos tipos de socios: los numerarios -es decir, obreros en activo- y los protectores, propietarios, industriales, etc. El gobierno del círculo estaba a cargo de una junta formada por representantes de los socios numerarios y protectores con un consiliario nombrado por el obispo del lugar. En cuanto a sus fines, eran cuatro: religioso, instructivo, económico y recreativo.

La extensión de los círculos obreros y los debates sobre la acción social católica llevados a cabo en los distintos congresos católicos de fines del siglo XIX plantearon la necesidad de una unión nacional de círculos, que tuvo lugar en 1893, en Valencia. En esta ciudad y al hilo de las orientaciones realizadas por la encíclica leonina se funda el Consejo Nacional de las Corporaciones Católicas, integrado por todos los presidentes de los consejos diocesanos.

Tres años después, en 1896, se elige un nuevo consejo nacional en una asamblea celebrada en la capital de España que estaba compuesto, entre otros, por el nuncio de Su Santidad y los arzobispos de Valencia y Madrid, junto con el marqués de Comillas, como presidentes honorarios, y el duque de Sotomayor -asesorado por Vicent- como presidente efectivo.

Como puede comprobarse por los nombres de los dirigentes del consejo nacional, éste resultó ser un organismo controlado por la aristocracia y la alta burguesía española junto al episcopado, en el que los obreros tutelados eran considerados menores de edad.

En 1901, un católico social, Maximiliano Arboleya, canónigo de la catedral de Oviedo, que defenderá el sindicalismo cristiano puro, comentaba:

Diríase que esos centros no tienen más objeto que ilustrar al obrero en cuestiones religiosas, darle una instrucción más completa en su arte, hacerle más sufrido y resignado con las injusticias de que es objeto. [...] A los obreros de nuestros círculos se les habla de religión, de moralidad, de resignación, de sus obligaciones [...] pero casi nunca se les habla de sus legítimos derechos (1901).

El crecimiento de las organizaciones socialistas en España a comienzos del siglo XX y la constitución en 1910 del sindicato anarquista CNT revelaron la insuficiencia de la alternativa católica, la cual llevó a su propio creador, Vicent (1904, p. 14), a subrayar el fracaso de los círculos con las siguientes palabras: “En la práctica, ¿qué hemos obtenido en tantos círculos católicos? [...] En realidad, ha sido muy poca cosa [...] los patronos han reclamado siempre la absoluta libertad de contratación, y los obreros han rechazado unirse con los patronos para conseguir el gremio cristiano”.

El proyecto corporativo de la dictadura de Rivera

La dictadura de Rivera no fue un mero interregno entre la restauración y la Segunda República, sino un período en el que se debatieron, elaboraron y experimentaron todo un conjunto de proyectos sociales y políticos, tanto de raíz autóctona como europea, que influyeron decisivamente en los años posteriores, época republicana y franquista. Si la dictadura de Rivera es la consecuencia del colapso del sistema de la restauración, conviene recordar que éste se produce en el marco de una crisis generalizada del modelo político, social y económico liberal, lo que explicaría las discusiones sobre nuevos modelos sociales alternativos al liberalismo que se extienden por España y toda la Europa dentro de lo que se definió como un intento de refundar la Europa burguesa.

Bien es verdad que aunque Rivera y los grupos que lo apoyaron pretendieran crear a partir de 1926 no sólo un modelo de corporativismo social, sino un modelo de corporativismo político cuyo reflejo será el proyecto constitucional de 1929, lo cierto es que no se daban las condiciones sociales y políticas para la realización de un proyecto político autoritario y nacionalista en aquellos años.

Como dijo su ministro de Trabajo, Aunós: “En aquella España de 1926 una estructura corporativa totalitaria hubieses chocado contra los prejuicios liberaloides de la burguesía [...] y de las clases obreras desorganizadas y sometidas al vasallaje de ideologías antinacionales (1935, p. 136 y ss).

No obstante, durante el período dictatorial se forjaron los argumentos doctrinales que serviran de base a la derecha radical en el período de la Segunda República: exaltación del mito del jefe y del papel del Ejército, estructuración jerárquica de la unión patriótica concebida como un movimiento político de tipo nacional al margen de los partidos políticos, teorías corporativas políticas y sociales y, sobre todo, un concepto de Nación-Patria dotada de una dirección moral por medio de un Estado coordinador y director de la economía y la vida social. Como afirmaba Rivera en su manifiesto al país:

Fracasado el sistema parlamentario en su forma actual [...] el gobierno y la unión patriótica tienen la concepción de un Estado de nueva estructura [...] célula principal de la nación ha de ser el municipio, y de él, la familia, con sus rancias virtudes y su moderno concepto ciudadano. Núcleo, la provincia, y vértebra principal que dirija todo el sistema, el Estado (1929, p. 34 y ss.).

En definitiva, la dictadura de Rivera supuso un experimento político nuevo, pues aun incorporando determinados elementos del pensamiento tradicionalista y católico español -antiparlamentarismo, defensa de la familia y de la religión, rechazo de la lucha de clases y de las ideologías obreras, corporativismo social y político-, introduce conceptos modernizantes, como el papel del estado nacional autoritario, coordinador y regulador de las actividades económicas y sociales.

La dictadura destruyó el sistema político liberal, impidiendo la estabilización política y social en un sentido democrático, e inició una propuesta corporativa y autoritaria que superase el viejo modelo liberal oligárquico.

El corporativismo primorriverista fue obra de Aunós, subsecretario y más tarde ministro de Trabajo, miembro de una familia conservadora acomodada de Lérida, de formación krausista, que había sido secretario del nacionalista catalán Francesc Cambó.

Aunós recibe la doctrina organicista a través de una triple fuente: el krausismo, el nacionalismo catalán y el catolicismo social francés y español. Su cultura francesa le condujo igualmente al conocimiento de los intelectuales nacionalistas y antiliberales, como Charles Maurras, que le facilitó el camino en la defensa de un nuevo Estado antiparlamentario y antiliberal. Aunós fue igualmente un gran estudioso de todas las fórmulas autoritarias y totalitarias que se extendían en la Europa de entreguerras. Sus relaciones personales con el gran teórico del corporativismo italiano Giuseppe Bottai prueban ese hecho, igual que sus lecturas e influencias de la Carta de Carnaro-obra del poeta fascista Gabriele D’Annunzzio-, los escritos del nacionalista Alfredo Rocco o de los escritores alemanes como O. Spann u Otto Gierke, inspiradores del nuevo derecho alemán, tras la asunción del poder por Hitler.

Su proyecto corporativo pretendía resolver uno de los grandes problemas de las élites gobernantes europeas: la resolución del conflicto social mediante fórmulas de armonía que redujeran los efectos del problema social y desactivaran al movimiento obrero organizado.

El experimento corporativo primorriverista se inicia con el decreto-ley de organización corporativa nacional, de 26 de noviembre de 1926, y culmina con el decreto-ley sobre organización corporativa de la agricultura, de 12 de mayo de 1928. El esquema doctrinal del corporativismo primorriverista parte de la necesidad de solucionar la llamada “cuestión social” mediante la intervención del Estado en los problemas sociales, encuadrando la clase obrera y patronal en estructuras -no sindicales- de conciliación obligatoria.

Se ha especulado mucho sobre la influencia católico-social en la estructura corporativa española a partir de las propias declaraciones de Aunós sobre las aportaciones del catolicismo social francés y español a su proyecto, pero un estudio completo de los textos corporativos escritos por los hermanos Aunós, sus relaciones personales, así como la trayectoria posterior en la República y el franquismo, no nos permite afirmar el carácter católico-social del corporativismo primorriverista.

Como hemos defendido en otros ensayos, el proyecto corporativo de la dictadura obedece a otros supuestos ideológicos. Si para el catolicismo social del siglo XX el principio básico era la subsidiaridad del Estado, el modelo primorriverista se basa, al contrario, en la preeminencia del Estado en la vida social y económica. “Corresponde al Estado una función ética en la que el moderno estado social tiende a superar los supuestos del estado liberal y abstencionista” (Aunós, 1930, p. 48 y ss).

El modelo de estado corporativo de Aunós partía de la idea de la estructuración del país como una organización de “productores” por parte de un Estado fuerte que armoniza intereses y controla todas las actividades humanas, desde las más espirituales hasta las más predominantemente manuales.

Dicho Estado se caracterizaría por el sentido de la disciplina, impuesta por un gobierno fuerte. La jerarquía, entendida como estructuración social de la ciudadanía, y la ordenación funcional, es decir, la sujeción de todos los organismos al Estado que coordinaría y planificaría la vida económica y social, atenderían al predominio de los intereses colectivos sobre los individuales.

El armazón del corporativismo social de Aunós comenzaba con el comité paritario, organismo de derecho público con funciones delegadas del Estado estructurado como una asociación mixta de patronos y obreros, con un presidente y un secretario designados por el Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, no había dependencia entre las instituciones paritarias y las agrupaciones sindicales y patronales. Estas se limitaban por ley a elegir a sus miembros en dichos comités que se convertían después en funcionarios públicos.

El comité paritario disponía de funciones legislativas, ejecutivas y judiciales en el ámbito laboral, sobre todo la fijación de los pactos colectivos de trabajo, que regulaban las relaciones de trabajo en determinado sector industrial.

Dichos pactos colectivos se diferenciaban de los acuerdos entre patronos y sindicatos por su generalidad, ya que afectaban a todos los obreros y a todos los patronos del sector, estuvieran o no representados en el comité y por su obligatoriedad, dado que era el Estado el que concedía una eficacia generalizada a los acuerdos celebrados. Por encima del comité funcionaban jerárquicamente las comisiones mixtas y los consejos de corporación que asesoraban al Ministro de Trabajo.

Entre las razones de esta peculiar estructura se encontraba el carácter marginal del sindicalismo en el modelo corporativo de Aunós, como éste subrayó repetidamente, y la inexistencia de unos sindicatos del régimen.

Por eso se insistió en la superación del sindicalismo, “residuo del liberalismo” en el marco el nuevo Estado Corporativo, en consecuencia, sería éste quien asumiría la defensa de los obreros, armonizando sus intereses con el interés general del Estado.

En 1928 se aprobó el decreto-ley de Organización Corporativa de la Agricultura, que pretendía dar cabida, según decía el preámbulo del decreto, a una institución mixta que agrupara a todos los intereses agrarios procurando armonizar el criterio de unidad con el de la variedad típica de la organización social de la tierra. La organización se estructuraba en tres grandes corporaciones, a su vez formadas por comités paritarios, como en la industria: la de trabajo rural, que agrupaba a patronos y obreros agrícolas; la de propiedad rústica, formada por propietarios y arrendatarios, colonos y aparceros; y, finalmente, la de la industria agrícola, integrada por productores de materias primas y los representantes de las industrias agrarias.

Fascismo y nacional sindicalismo en los años 30 del siglo XX

En la Segunda República, junto a la acción española, heredera directa del laboratorio de ideas de la dictadura de Rivera, se desarrolla el fascismo español en su doble vertiente: literario, representado por el escritor de la generación del 27 Ernesto Jiménez Caballero, y político, de Ramiro Ledesma Ramos, Onésimo Redondo y Rivera. De los tres impulsores originales del fascismo español, Ledesma y sus juntas de ofensiva nacional-sindicalista (JONS), Redondo y las juntas de acción castellana y Rivera y la falange española, el mejor preparado intelectualmente y el que elaboró la mayor parte de la ideología fascista fue Ledesma.

Un elemento clave de su ideología es la concepción corporativa basada en el rechazo a la lucha de clases y el control total de la economía por el Estado, representante del bien común. Ledesma diseña un modelo que denominó nacional-sindicalismo en torno a un fuerte nacionalismo económico industrial y agrario dirigido por un Estado nacional totalitario que integraría a obreros y empresarios en organismos sindicales, los cuales, coordinados jerárquicamente, se constituirían en corporaciones.

A este respecto, Ledesma y, más tarde, Rivera pretendieron unir el nacionalismo con el sindicalismo. De hecho, en su defensa del sindicalismo nacional, el máximo dirigente obrero de las JONS, Nicasio Álvarez de Sotomayor, subrayaba que

la corporación de sindicatos es letra muerta si no los une y los impulsa un espíritu juvenil y nacional de superación. [...] Sin ese sentido nacional que ha de agrupar fuerte y amorosamente a todos los ciudadanos [...] las energías individuales se dispersarían o anularían en los choques enconados entre los mismos miembros de la nación (apud Gallego, 2005, p.173).

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• 1
  A la filosofía social krausista se la define como “racionalismo armónico” y pretendía conciliar “la analítica de Kant, las aspiraciones reformadoras y humanitarias de Fichte, el panteísmo de Schelling y el sistema de nociones universales -categorías- de Hegel”. In: LÓPEZ MORILLAS, J. J. El krausismo español. Ciudad de México: 1956, p.31.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  May-Aug 2018

Histórico

• Recibido
  20 Ene 2018
• Acepto
  18 Jun 2018