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Caderno CRH

versão impressa ISSN 0103-4979versão On-line ISSN 1983-8239

Cad. CRH vol.31 no.82 Salvador jan./abr. 2018

http://dx.doi.org/10.1590/s0103-49792018000100006 

Dossiê

DISPUTAS EN TORNO AL USO DEL ESPACIO PÚBLICO EN BUENOS AIRES

DISPUTAS SOBRE O USO DO ESPAÇO PÚBLICO EM BUENOS AIRES

STRUGGLES OVER THE USE OF PUBLIC SPACE IN BUENOS AIRES

CONFLITS SUR L'UTILISATION DE L'ESPACE PUBLIC A BUENOS AIRES

Mariano D. Perelman* 

Mariano D. Perelman – Doctor en Antropología por la Universidad de Buenos Aires (UBA), docente del departamento de Antropología de la UBA y del programa de doctorado en Ciencias Sociales de la UBA. Investigador Adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina). Ha publicado decenas de artículos académicos en revistas internacionales y capítulos de libros. Es editor de los libros Ciudades Latinoamericanas. Desigualdad, segregación y tolerancia (junto a Mercedes Di Virgilio), Disputas em torno do espaço urbano processos de produção/construção e apropriação da cidade (Junto a John Gledhill y María Gabriela Hita), y Fronteras en la ciudad: (re)producción de desigualdades y conflictos urbanos (junto a Martín Boy).

*Universidad de Buenos Aires (UBA). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Instituto Gino Germani. Uriburu 950, 6º piso of. 16. (1114). Buenos Aires – Argentina. mdperelman@conicet.gov.ar

RESUMEN

En este trabajo, me interesa centrar en la producción y pugna en torno a la ilegalidad de vendedores ambulantes y recolectores informales de basura. Abordar las actividades a partir de los ilegalismos, y ellos en relación a la desigualdad social, permite comprender los modos en que los sujetos legítimos se construyen en el espacio público. Ello permite repensar los procesos de legalidad o ilegalidad como algo dado, mostrando los juegos de poder existentes alrededor de actividades, pero sobre todo de sujetos legítimos. También permite comprender el entramado de relaciones sociales que no pueden entenderse como formas legales o ilegales estáticas. Atender a las dinámicas y a las acciones, el modo en que son presentadas, justificadas, nos da pistas sobre el modo en que ciertas actividades y ciertos grupos sociales luchan por el uso del espacio público y por acceder a la reproducción social en un sentido amplio, como formas dignas y legítimas de ganarse la vida.

Palabras claves: Buenos Aires; Recolectores de residuos; Venta ambulante; Ilegalismos; Disputas urbanas

RESUMO

Neste trabalho, meu interesse é focalizar a produção e a luta em torno da ilegalidade de vendedores ambulantes e coletores informais de lixo. Abordar as atividades a partir das ilegalidades e tais ilegalidades em relação à desigualdade social permite compreender o modo como os sujeitos legítimos se constroem no espaço público. Isso permite repensar os processos de legalidade ou ilegalidade como algo dado, mostrando os jogos de poder existentes em torno de atividades, mas, sobretudo, de sujeitos legítimos. Também permite compreender a teia de relações sociais que não podem ser entendidas como formais legais ou ilegais estáticas. Atender às dinâmicas e às ações, o modo como são apresentadas nos dá pistas sobre o modo como certas atividades e certos grupos sociais lutam pelo uso do espaço público e para ter acesso à reprodução em sentido amplo, com formas dignas e legítimas de ganhar a vida.

Palavras-chave: Buenos Aires; Coletores de resíduos; Venda ambulante; Ilegalidades; Disputas urbanas

ABSTRACT

In this article I focus on production and struggles around the illegality of street vendors and informal garbage collectors. Addressing activities from illegalism and the relation to social inequality allow us to understand the ways in which legitimate subjects are constructed in public space. This position allows thinking legality or illegality as a processes instead of something given and showing the existing power struggles around activities. It also allows understanding the network of social relationships that cannot be understood as static legal or illegal forms. Attending to dynamics and actions, and the way in which they are presented and justified, gives us clues of the way in which certain activities and certain social groups fight for the use of public space and for accessing social reproduction in a broad sense: as worthy and legitimate ways of make a living.

Key-words: Buenos Aires; Garbage collectors; Ambulant vending; Illegalisms; Urban struggles; Public space

ABSTRACT

Cet article centre son intérêt dans la production et le conflit autour de l'illégalité des collecteurs informels de déchets et vendeurs ambulants. Enquêter les activités à partir de ses illégalismes en relation avec l'inégalité sociale permet une compréhension des modes dans lesquels des sujets légitimes se construisent eux-mêmes dans l'espace public. Ainsi, nous pouvons réfléchir sur les procès de légalité ou d'illégalité comme quelque chose qui n'est pas donnée, en montrant les jeux de pouvoir autour des activités. Cela permet aussi comprendre le réseau des liens sociales qui ne peut pas être compris comme des formes légales ou illégales extatiques. Focaliser l'attention dans les dynamiques et les actions, dans les façons qu'elles sont présentées, justifiées, nous donne des éléments pour mieux comprendre les modes dans lesquels certaines activités et certains groupes sociaux luttent pour l'utilisation de l'espace publique et pour avoir accès à la reproduction sociale comme forme digne et légitime de gagner leurs vies.

Mots-clés: Buenos Aires; Collecteurs informels de déchets; Vendeurs ambulants; Illégalismes; Conflits urbains; Espace public

INTRODUCCIÓN

El espacio público es, para grandes sectores de la población, un componente central de la reproducción de la vida. En un mismo espacio, no todas las personas ni todas las actividades tienen la misma aceptación. Más aún, no todo trabajo callejero – por llamar de forma genérica a los modos de ganarse la vida en la que el uso del espacio público es central – suele visibilizarse socialmente como tal. Antes bien, existen pugnas por el uso del espacio público, que pueden incluir desde el transitar al habitar.

En otros trabajos me he centrado en la producción de la desigualdad a partir de las temporalidades espaciales (Perelman, 2017) y de los modos en que los espacios morales contribuyen a diferentes formas de estar en la ciudad (Perelman, 2011a). En este trabajo, me interesa centrar en la producción y pugna en torno a la ilegalidad de vendedores ambulantes y recolectores informales de residuos.1

Renoldi (2015, p. 419-420), retomando a Foucault, refiere a ilegalismos para dar cuenta de

la combinación de acciones, objetos y decisiones que permiten esquivar el orden punitivo a partir de estrategias que no necesariamente están por fuera del dominio de los instrumentos legales. Pero, forzando un poco esta primera idea, podemos pensar los ilegalismos como las prácticas que crean cierta autonomía en la tirantez explícita con los bienes jurídicos tutelados por la ley.

Los ilegalismos, continúa, “disputan diferentes órdenes, que pueden no responder a los modelos defendidos por el Estado de derecho y, sin embargo, se sostienen en las tramas de la administración estatal, aunque no siempre exista la conciencia de que tales prácticas son punibles (pues pasan como favores, cuando alguien que debería reprimir facilita ciertas iniciativas, o simplemente como emprendimientos rentables)” (Renoldi, 2015, p. 419-420). De esta forma, pensar en términos de ilegalismos para estos casos permite comprender el modo en que se regulan formas de vivir y de hacer uso de la ciudad. Centrarse en las relaciones entre lo legal y lo ilegal permite comprender una parte importante- aunque no toda - del modo en que se regulan estas actividades.

Los ilegalismos pueden producir inseguridad en los modos de ganarse la vida. Telles (2012, p. 29) ha marcado “essa ampla circulação de bens, produtos e populações que transitam nesses mercados depende, em grande medida, dos agenciamentos políticos que se fazem justamente nas dobras do legal-ilegal, formal-informal” y que no pueden comprenderse sin tener en cuenta los juegos de poder. Todo ello nos habla de

um mundo urbano alterado e redefinido por formas contemporâneas de produção e circulação de riquezas, que ativam os circuitos da chamada economia informal, que mobilizam as várias figuras do trabalho precário e se processam nas fronteiras incertas do formal e informal, legal e ilegal, também o ilícito (Telles, 2012, p. 27).

Si bien existen diferentes combinaciones de “legalidades e ilegalidades”, no todas las actividades suelen ser apreciadas a uno de los dos polos imaginarios. Digo apreciadas porque existen diferentes formas de construir lo ilegal o, su reverso, lo legal. Ello está basado no sólo en fundamentos legales. Los argumentos morales y (o) políticos son piezas claves en la construcción de estas formas de vida precarias.

Así, no todo el uso del espacio público está sujeto a cuestionamiento. Ahora bien, para un gran grupo de personas los (intentos de) negación de formas de ganarse la vida en el espacio público operan de diversas maneras. Más aún, algunas formas de estar, de vivir, de acceder a la reproducción social son ilegalizadas por las prácticas policiales y de otros actores, como lo demuestra Pita (2012b) para el caso de los vendedores ambulantes senegaleses en Buenos Aires. A la inversa, el uso del espacio público ilegal – como el que realizan cientos de comercios en la ciudad para promocionar productos, estacionar vehículos, instalar mesas, etc. – puede pasar desapercibido.

Cuando las relaciones se establecen como formas rituales de interacción (Cefaï, 2011; Feltran, 2016; Goffman, 1970; Perelman, 2010), las negociaciones se realizan de forma cotidiana. Pero, al mismo tiempo, plantean una forma específica de relación que contribuye a la inseguridad social de las personas. La inseguridad puede pensarse como una forma de gobierno, y también como un modo de diferenciar prácticas económicas (de L'Estoile, 2017). Algunas prácticas económicas – aun siendo “ilegales” – son permitidas. Otras prácticas económicas – aun siendo legales – son perseguidas. Las prácticas que no son vistas como tal generan inseguridad social en tanto son (o pueden ser) perseguidas.

Así, los ilegalismos generan y mantienen relaciones sociales específicas que, en algunos casos, producen una legalidad precaria (Pires, 2017). También producen fuertes relaciones de afinidad entre esas mismas personas. Los ilegalismos contribuyen a la apropiación desigual de bienes (Reygadas, 2008). Esto me lleva a no partir de una diferenciación tajante entre prácticas legales e ilegales. O prefijar actores, unos actuando dentro de la legalidad y otros fuera de ella. Me parece más fructífero, en todo caso, mostrar los usos del derecho en un sentido amplio. Ello posibilita mostrar la hechura de la producción de ilegalidades como campo de disputa en el que las relaciones sociales construyen – argumentativamente y prácticamente – a los sujetos en ilegales.

El discurso y la construcción de la legalidad aparecen como un argumento moral central en los modos de usar la ciudad y de las prácticas de obtención de dinero. Ellos, como ha desarrollado Telles (2012), es necesario analizarlo en el marco de un juego de poder.

Una mirada que cruce la desigualdad, los ilegalismos y las prácticas económicas (entendiendo los procesos de trabajo como parte de ellas) contribuirá a comprender los procesos de complejos de diferenciación social y desigualdad urbana en la actualidad.

Resulta difícil cuantificar la cantidad de personas que se ganan la vida vendiendo en el espacio público o recolectando residuos. Como han notado los investigadores que se dedican al tema, el crecimiento de ambas tareas ha sido notable. Ello ha sido producto de diferentes procesos. Las actividades requieren un importante grado de conocimiento y de relaciones entre los actores, así como la realización de las tareas implica elecciones y evaluaciones morales encargadas en marcos de experiencia, expectativas y formas de ver el mundo (de L'Estoile, 2014; Narotzky, Besnier, 2014; Perelman, 2011a). No es “entrar y salir” como, en algunos casos, suele decirse. Como desarrollaré, los ilegalismos son formas de relaciones sociales. Son ellas producto de disputas y negociaciones cotidianas constituidas en argumentos morales. En el apartado siguiente, referiré a la recolección informal de residuos para luego centrarme en la venta ambulante.

RECOLECCIÓN INFORMAL EN BUENOS AIRES

El crecimiento de la recolección informal de residuos comenzó con la crisis de trabajo, crecimiento de la pobreza y el aumento del precio de los materiales reutilizables a comienzo de siglo XXI. La presencia de personas dedicadas a la recolección informal se hizo evidente con la crisis de 2001 o, para ser más preciso, con los resultados de la aplicación de políticas neoliberales a partir de la última dictadura cívico-militar (1976-1983) y desarrolladas durante la década de 1990 con los gobiernos de Menem (1989-1999) y de De la Rúa (1999-2001). A ello debe agregarse la política de residuos implementada en la ciudad, que contribuyó y posibilitó la recolección informal de forma masiva (Paiva; Perelman, 2008).

El actual modo de recolección tiene su origen en 1977, cuando la dictadura cívico-militar cambió el sistema de incineración domiciliaria y de depósito en basurales a cielo abierto (conocidos como “las Quemas”) por el de enterramientos en rellenos sanitarios. A partir de entonces, la recolección formal se ha realizado – con ciertas modulaciones como la aparición de contenedores en la vía pública – “puerta a puerta”, de domingo a viernes, en el horario nocturno. Esto implicó una radical transformación de los comportamientos en el mercado informal de residuos. Hasta los tiempos de La Quema y la incineración, la basura debía buscarse en los márgenes de la ciudad. En la actualidad, en cambio, es en los barrios céntricos donde se recolecta. Más aún, es en los barrios con mayor densidad de población de clase media y alta en donde las basuras son “de mejor calidad” y más abundantes, provocando una mayor presencia de cartoneros.

La nueva localización de los residuos implicó el florecimiento de una serie de establecimientos de compra y venta apostados en lugares estratégicos, como las adyacencias de las estaciones de ferrocarriles (medio de transporte utilizado por una gran cantidad de cirujas para trasladarse desde sus hogares en el conurbano bonaerense y los barrios céntricos de la ciudad). Asimismo, promovió la generación de relaciones con los vecinos. Es innegable que, dentro del circuito de la recolección de materiales recuperables, los objetos y las personas cruzan las fronteras de lo legal y lo ilegal de diferentes formas. Y también pasan por diferentes regímenes de legitimidad. Los cartoneros venden lo recolectado a los depósitos que, a su vez, venden a otros comercios, hasta que el producto llegue a fábricas que los reutilizan. En este proceso, “las cosas” pasan de la recolección informal, luego son vendidas sin pagar impuestos (otras son cosas robadas), hasta llegar a la industria que produce bienes que son reintroducidos en el mercado formal. Se trata de diferentes tipos de informalidades e ilegalidades. La permisibilidad en los circuitos (y de los circuitos) depende de los juegos de poder. Este transitar por las calles en busca de residuos ha generado tanto “tolerancia” como conflictos entre vecinos y cartoneros a los que referiré más adelante.

Volviendo al comienzo del trabajo de campo en 2002, la actividad estaba prohibida. Entre varios cambios en el sistema de recolección, una ordenanza de 1977 declaraba que, una vez puestos en las veredas, los residuos eran propiedad de la empresa recolectora.

Tanto fue así que el actual presidente de la Nación, Mauricio Macri, y por entonces candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, declaró, en 2002, que a los cartoneros había que llevárselos presos por estar robando la basura.2 La ilegalidad de la recolección informal era esgrimida por el entonces candidato como un argumento legal. Durante ese mismo año, el legislador porteño Eduardo Valdés pidió la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza bajo argumentos en torno a que se estaba negando el derecho al trabajo. Según el legislador, en un contexto de crisis, los cartoneros no salían a robar, sino a “crear trabajo”. Aquí, el argumento era tanto legal como moral. Según el legislador, las ordenanzas 33581 y 39874 vedaban “a los recolectores informales, conocidos socialmente como cartoneros, valerse del material recuperable de las bolsas de basura susceptible de ser reciclada, como fuente importante de ingresos para este sector excluido del sistema formal de trabajo” (Audiencia, 2002) y colisionarían con el derecho a trabajar (art.14 y 14 bis, CN, art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 14 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y arts. 17 y 43 de la CCBA).3

El Fiscal General de la ciudad, en la audiencia en contra de este argumento, esgrimía uno moral: la prohibición del cirujeo4 no podía ir en contra del derecho constitucional al trabajo simplemente porque, para el fiscal, el cirujeo no era un trabajo. (Ver Perelman (2011a).

Las repercusiones del argumento legal de Macri generaron fuertes reacciones de diferentes actores. Si bien no existió un consenso general sobre la “legalidad” de la actividad, se cuestionó fuertemente la idea de que los cartoneros no robaban basura: ¿Quién podía “robar” algo que no tenía (supuestamente) valor y que era desechado? El argumento sobre el trabajo de los cartoneros, en cambio, fue puesto en el centro de la escena, no como un argumento legal, sino como uno moral: no toda actividad era digna de ser hecha para ganarse la vida. No cualquier tarea podía ser llamada trabajo. Simultáneamente, la “ilegalidad” de los cartoneros fue construida tanto por la policía como por un importante número de vecinos de los barrios en los que recolectaban.

Uno de los primeros espacios institucionales en los que hice trabajo de campo durante 2002 y 2003 fue la Mesa de Diálogo en la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad. Ella funcionaba como un espacio articulador entre los referentes de grupos cartoneros y el Gobierno de la ciudad. Uno de los problemas principales que surgía semanalmente era las dificultades que tenían para recolectar: “Sólo queremos que nos dejen trabajar en paz”, solía yo escuchar.

El dejar trabajar en paz era diferente según los grupos. Los carreros – las personas que se dedicaban a la recolección en carretas tirados por carros a caballo – reclamaban que los dejen circular en paz. La tracción a sangre5 estaba prohibida en la ciudad y, cuando no les negaban la entrada a la ciudad – cuestión relativamente sencilla de controlar en la zona sur, donde la ciudad está dividida de la provincia por un río – muchos recolectores eran detenidos e incluso los caballos confiscados. Esto fue particularmente problemático para los carreros –cartoneros que realizaban su actividad con carros tirados por caballos – que venían desarrollando la actividad desde hacía varios años, o incluso décadas, sin persecuciones. Si hasta ese entonces un modo de circular prohibido era permitido, la masividad de cartoneros en la ciudad hizo que los carreros empiecen a ser perseguidos. Con la masificación, se modificó la estabilidad de las relaciones en la recolección en su conjunto.

Para los cartoneros que recolectaban a pie, en cambio, existía otra construcción de ilegalidad. Si bien – como dije – la recolección de residuos en las aceras estaba prohibida, la mayor parte de las detenciones no referían a ello, sino a la aplicación de figuras de los edictos policiales como las de vagancia o merodeo (que refiere a la actividad caminar por las inmediaciones de algún lugar con el supuesto fin de robar algo). Podría resultar extraña la apelación a esas figuras laxas. Lo que me llamaba la atención era que los edictos policiales habían sido derogados en 1998. En la ciudad de Buenos Aires, hasta su derogación en 1996, los edictos policiales fueron una serie de figuras que describían con escasa precisión y castigaban con rigor tanto el desorden moral o político (Tiscornia, 2008).6 Es, entonces, el derecho de policía (Pita, 2012b; Tiscornia, 2008) el que transforma el accionar de los cartoneros, aunque mas no sea momentáneamente, en ilegales. La persecución continuó una vez derogada la prohibición de recolección.7

Ahora, como bien lo ha marcado Pita, es importante

mostrar que, antes que indagar en la legalidad o ilegalidad de ciertas prácticas […] de describir y analizar por una parte, los modos en que la gestión policial opera la administración de grupos de población, […] que implica la puesta en juego de regulaciones de lo más diversas en las que los procedimientos formales y legales son unos de tantos, siendo estos incluso en ocasiones, elementos de/en una negociación informal. Y por la otra, de dar cuenta de que esas formas de administración y regulación son las que hacen posible la configuración de espacios, ‘territorios’ que hemos dado en llamar territorios sociales y morales de control (Pita, 2012a, p. 185-186, grifo da autora).

Estos territorios sociales y morales de poder dan cuenta de la construcción de un “otro” en el espacio público, y permiten un uso diferencial y problemático de la ciudad. Los cartoneros no pasan desapercibidos en la ciudad. La persecución de la policía estaba dirigida a la actividad en sí, pero, sobre todo, a las personas que la realizaban. Eran personas que estaban “fuera de lugar”.

Esta intervención policial también se configuraba a partir de las relaciones con otros actores. Ello terminaba configurando una ilegalidad legal. De hecho, tanto el accionar policial como el de los otros actores iba configurando una defensa moral del espacio ante personas que no debían estar allí. Esta nueva geografía moral de la basura ha ido constituyendo lugares aceptados y otros impugnados para vecinos y cartoneros.

Analizando el caso de la ciudad de Buenos Aires, Whitson (2011) ha marcado que la geografía de la basura permite ver relaciones de poder, la construcción de identidades y sentidos. La presencia de cartoneros recolectando en los barrios porteños de clase media profundizó la idea de que la basura (y ciertos actores sociales asociados a ella) pertenece a “otro lado”. Los cartoneros buscan adecuarse a esos espacios morales en los que son vistos como extranjeros (Cosacov; Perelman, 2015; Perelman, 2010). Son las prácticas de afinidad con los vecinos los que van configurando formas de negación del uso del espacio no sólo denunciando sino también negando dar residuos con los que puedan sobrevivir. (Perelman, 2011b).

Muchos vecinos se quejaban de la mera presencia de los cartoneros y los culpaban de un presunto crecimiento de robos en el barrio. “Los cartoneros van mirando los autos, cuando ven la oportunidad te roban el estéreo”, “hacen de campana para los chorros”, “vienen a robar”, “lo que llevan en los carros es robado”, fueron algunas de las frases que hemos escuchado frecuentemente de algunos vecinos del barrio cuando hablaban de los cartoneros. Otros los acusaban de la creciente suciedad en las calles: “rompen las bolsas, dejan todo tirado, nos les importa nada”, suele escucharse por las noches o las mañanas. “Son sucios, esparcen mugre por todas partes ¡Mirá como está la vereda! Esto es un desastre” se quejaban otros. También los carros eran tema de disputa.8

Ahora bien, la idea de la geografía de la basura, como organizadora de relaciones sociales en donde es la basura el vector organizador, no permite ver las otras dinámicas presentes. Una lectura que cruce las diferentes formas de negación y negociación y que permite comprender que los territorios morales van más allá de la basura. No quiero decir, con ello, que la recolección no se pueda transformar en un argumento moral de negociación. De hecho, tiene un poder central. Sin embargo, la aplicación de los edictos aun derogados en vez de la apelación de la ordenanza (entonces vigente) y la persecución luego de ser ésta derogada, puede mostrarnos otras explicaciones. Por un lado, esa autonomía del poder de policía que reproduce formas y conductas instituidas. Por el otro, y por esa misma razón, iguala (construye) a los cartoneros a la par de otros grupos sociales “peligrosos” a partir de la construcción de territorios sociales y morales de control policial (Pita, 2012b). También las relaciones políticas y de poder, los negocios atrás de la basura están presentes. Por una parte, en la discusión pública, varios actores veían a la basura como un elemento sin valor alguno, como un simple deshecho. Por otra parte, otros actores sociales (como las empresas encargadas de la recolección) pugnaban por defender un negocio millonario.

En las acciones de los vecinos, de la policía, de recolectores y otros actores, existe un posicionamiento moral en torno a la actividad y a la presencia de los cartoneros. Todo ello terminó configurando la construcción del espacio de trabajo de los cartoneros como un espacio desigual.

Son los argumentos y los posicionamientos morales (en los que la legalidad e ilegalidad navegan) los que terminan construyendo el centro de las disputas por el uso del espacio público. Van configurando formas de acceder, permanecer y transitar por él. Se van sedimentando sobre formas presentes de acceder al territorio. Así, se van configurando temporalidades de la desigualdad espacial. O sea, las propias dinámicas y temporalidades de la espacialidad se van entrelazando con nuevos procesos.

Como he desarrollado en otro lugar (Perelman, 2010), los cartoneros no logran el derecho al anonimato que sí gozan los vecinos o transeúntes. Más bien todo lo contrario. Esos reconocimientos no sólo son inescondibles sino que son necesarios para la recepción de la basura y la generación de relaciones estables. Ello implica la visibilización ante la policía y los vecinos que generan rechazos y, a la vez, posibilita la generación de relaciones estables y predictibilidad del cirujeo en tanto modo de vida. Esto es: la visibilización produce rechazos al tiempo que reconocimientos para poder acceder a residuos y otros elementos que los vecinos quieren desechar. Más aún, con el paso del tiempo, esa visibilización fue exigida por la legislación.

Los recolectores buscan instalarse también ya sea como legales o como legítimos. Uno de los modos en que los recolectores buscan contrarrestar el discurso represivo o expulsivo es el de posicionarse de dos maneras. Por un lado, en contraposición con otras formas “ilegales” de vida, que, a su vez, serían también – para los recolectores – ilegítimas como el robo. Por otro lado, se configuran como personas con utilidad social: no son sólo cartoneros, sino también recuperadores de materiales reciclables que cuidan el medio ambiente.

He de marcar aquí una fuerte diferencia entre los vendedores y los recolectores. Como desarrollaré a continuación, mientras que la venta ambulante como problema público se inscribió en la línea de la ilegalidad, la recolección informal fue constituida en relación al cuidado del medio ambiente. Así, los sucesivos gobiernos fomentaron la organización de cooperativas de trabajo que funcionaron tanto como una forma de mejorar las muy precarias condiciones de vida de los recolectores, así como de condenarlas a ellas. Y digo condenarlas porque, a diferencia del caso de los vendedores, el cirujeo ha sido, para muchos, un camino no buscado que se ha ido naturalizando.

LA VENTA AMBULANTE

Si, en el caso de la recolección informal, el proceso ha sido buscar la “laboralización” y legalización de la actividad, desde hace tiempo algunos grupos han instalado la cuestión de venta callejera como un problema público ligado a la “ilegalidad”. La Cámara Argentina de Comercio (CAC), por ejemplo, realiza regularmente “informes de venta ilegal a nivel nacional”, confeccionando un “índice” en el que “mide” la cantidad de puestos “ilegales” en las calles. Algo similar realiza la Cámara Argentina de Mediana Empresa (CAME), quien también agencia en contra de “saladitas”, “puestos en saladitas” y “manteros”.9 Con la asunción de Mauricio Macri como presidente de la Nación, la persecución de los vendedores creció notablemente. Así, durante el 2016 y en los primeros días del 2017, la Ciudad de Buenos Aires fue objeto de desalojos masivos de personas dedicadas a la venta callejera en la ciudad.10

Si los cartoneros fueron apareciendo como parte de una crisis de trabajo, el caso de los vendedores ambulantes no remite solamente a ello. No se debe a los altos costos del empleo formal y no son sólo producto de la crisis del trabajo de comienzo de siglo. De hecho, el crecimiento de la venta ambulante se dio con el crecimiento del empleo y del consumo. Y, en parte, porque el crecimiento económico vivido durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015) fomentó el consumo masivo.

Visto en su conjunto, la venta ambulante no ha tenido el mismo nivel de persecución. Mi interés ha estado puesto en grupos de vendedores que han tenido otra forma de inscribirse en el espacio público urbano. Me refiero a los que venden en los trenes y en los ómnibus, donde la convivencia entre actores ha sido menos problemática que en la venta callejera.

Al igual que en el caso del cirujeo, los vendedores, sabiendo de las posibles persecuciones, generan relaciones en busca de generar formas de estabilidad. Así como en el caso de la recolección informal, los productos pasan por diferentes manos y “status”. Algunos salen de grandes fábricas del mercado formal, van a comercios mayoristas, donde los vendedores compran para luego vender “informalmente”. Otros son productos piratas y pasan por diferentes fases de “ilegalidad”.

En el caso de los que ofrecen productos en la vía pública, los comerciantes de locales se han quejado de una competencia desleal. También ha sido cuestionado el uso del espacio público para la venta de productos. Los que venden en los trenes están sujetos a otras relaciones y a otros discursos (y a otras disputas), aun cuando los productos ofrecidos puedan ser los mismos. Con esto quiero decir que no son las cosas ni las personas en sí las que dan cuenta de la legalidad o ilegalidad de la venta ambulante, sino las relaciones que se establecen y el modo en que se constituyen las actividades en tanto problema público.

Las diferentes formas de venta implican distintos tipos de arreglos con la policía, relaciones con otros vendedores, con los comerciantes o con los compradores.11 También los juegos de poder aquí son centrales, como lo documenta Pita (2012a, 2012b) en torno a la venta callejera.

Una tarde, mientras caminaba por un andén de una concurrida estación de trenes de la zona sur de la ciudad con un vendedor, dos policías, en bicicleta, frenaron en un puesto de diarios. La cara de Juan, el vendedor, decía todo. ¿Qué hacían esos policías a quién él no conocía? Luego me confesó que, cuando aparecen policías, tiene miedo de que vengan a pedir dinero o que no los dejen trabajar. Si bien en la actualidad los vendedores de los trenes raramente han estado expuestos a la persecución, la venta, como una forma de ilegalismo, contribuye a este derecho precario al que se refiere Pires (2017). Juan es un busca, un vendedor ambulante del grupo de personas que se jacta de no arreglar con la policía.12 Muchos buscas saben que la posibilidad de que aparezca la policía y confisque sus cosas es real. En otros tiempos, han vivido fuertes momentos de persecución. Ello repercute en formas organizativas y en la construcción de lealtades con otros actores (Perelman, 2013). Al igual que en el caso de la recolección, las relaciones personales son centrales.

A diferencia de la calle, los que se dedican a ofrecer no “compiten” con otros vendedores que se legitiman a partir de la legalidad. En las estaciones, existen vendedores que pertenecen a negocios concesionados, como los vendedores de alimentos. Ante ellos, los vendedores ambulantes tienen una relación ambivalente. Se consideran diferentes. No existe lealtad ante ellos. En cambio, sí existen obligaciones para con los otros vendedores ambulantes con los que negocian los espacios, los productos y el precio a vender.

Las relaciones exceden a los vendedores, que son parte de una configuración social en las que otros actores (los guardas, el personal de seguridad, los pasajeros) son parte.

Son los propios vendedores – entre los que se mantienen las lealtades – los que se construyen como personal que mantiene la seguridad en los trenes. Durante el trabajo de campo, varias veces escuché hablar a los vendedores ambulantes sobre el rol social que cumplen, tanto en la venta como en el modo en que “limpian” la línea de tren. “Acá no hay chorros, nosotros nos encargamos que no haya pungas. Si vemos a alguno, lo sacamos a patadas”. No todos los vendedores se dedican a “limpiar”, como algunos me decían. La espacialidad de la venta, las formas de organización y de relaciones entre los actores hacen posible esta forma de regulación de la actividad.

Estando en una actividad que es permitida, aunque la legalidad suele disputarse, los vendedores se construyen como parte del control del espacio. Ello genera, sin embargo, un efecto contradictorio. Para los vendedores, es una forma de reivindicar su lugar en la línea a partir de la construcción de una superioridad moral en relación a otros vendedores. Los vendedores, a partir de “limpiar” y controlar que nadie robe o se comporte indebidamente, logran constituirse como moralmente superiores a otros vendedores que sólo se dedican a ofrecer productos en la línea y, más aún, a los que se ganan la vida siendo carteristas.13

Para ello, deben buscar formas de “cerrar” el espacio. Y ello los vuelve a poner en un status de ilegalidad ante la mirada de otros. Una tarde, charlando con un vendedor ambulante, me habló de la existencia de mafias. Pero, a diferencia de la mirada de los medios de comunicación y de algunos usuarios,14 no era para referirse a las presentes en Buenos Aires, sino a las de la costa atlántica bonaerense, donde muchos de los vendedores van a hacer “temporada” de verano en las playas. Para él, las mafias eran las que cobraban a los vendedores para poder trabajar, las que, si uno no pagaba, no dejaban vender sus productos. Las mafias, me contaba, cobran un precio diferencial por la exclusividad para ofrecer un producto.

Son la generación de relaciones personales necesarias para la fijación de precios, diferenciar horarios y zonas de venta, dividir productos a vender, etc. que tiene efectos en la noción misma de legitimidad hacia fuera, que es transformada discursivamente en ilegalidad (como mafias). Nuevamente no es del todo importante si las relaciones son legales o ilegales en sí mismas, sino en el ámbito discursivo donde se inscriben. Como es sabido, las palabras tienen fuerza, el decir algo tiene una capacidad performativa que lo inscribe en una arena específica de discusión: hablar de mafias inscribe las prácticas organizativas en el ámbito de lo ilícito.

En la venta ambulante, estos pasos por las fronteras porosas y la transitividad de personas entre lo legal e ilegal, como plantea Telles (2009), son constantes. Y si bien las personas no suelen tener problemas en hacerlo, tienen efectos cotidianos en el modo en que se producen las interacciones y se constituyen sentidos que luego son reapropiados para interactuar.

Appadurai (2015) ha distinguido entre la circulación de las formas y las formas de circulación. Las formas darían cuenta de una “familia de fenómenos que incluyen estilos, técnicas o géneros que pueden estar habitados por voces, contenidos, mensajes y materiales específicos”. (Appadurai, 2015, p. 96). Appadurai está pensando en ciertos discursos y formas “globales”, como la nación, la novela, pero también la idea de violencia. Las formas de circulación, por su parte, refieren a los circuitos, las velocidades y las escalas en que las cosas, las personas, las palabras se mueven. Pensemos en la legalidad como forma y el modo en que ella circula. Pensemos, entonces, también, en que esa forma, al circular los discursos, las cosas y las personas, puede cambiar de status y de forma. Las formas circulan y se instalan de manera diferencial según quién las realiza y los entramados y luchas de poder existentes. Así, la venta ambulante en trenes tiene una configuración diferente a la de la venta en la calle, lo que posibilita las formas de trabajo, así como otros discursos entre lo que es lícito y lo que no lo es. Mientras la venta en las calles es configurada como ilegal, la que se realiza en trenes es configurada como informal. Atender a los juegos de poder permite apreciar los usos diferenciales de la legalidad,15 la ilegalidad y la legitimidad e ilegitimidad de las prácticas. Procesos que están constantemente en negociación y tensión, pero también producen formas de relación y creación del lazo social asimétrico16 que produce desigualdad social.

A MODO DE CIERRE

Pensar en ilegalismos exige, de alguna forma, centrarse en el plano relacional e interaccional.17 Abordar la venta ambulante y la recolección informal de residuos a partir de los ilegalismos, y ellos en relación a la desigualdad social, permite comprender los modos en que los sujetos legítimos se construyen en el espacio público. Ello permite correr el eje de los procesos de legalidad o ilegalidad como algo dado, mostrando los juegos de poder existentes alrededor de actividades, pero, sobre todo, de sujetos legítimos. También permite comprender el entramado de relaciones sociales que no pueden entenderse como formas legales o ilegales estáticas. Y, mucho menos, como formas privadas de moral (amorales) o de “mala moral” (inmorales). Antes bien, estas relaciones son re enmarcadas en un sentido ordinario de lo que es correcto y justo. Estas acciones se reconstruyen a partir de una percepción moral ordenada a partir de situaciones concretas mientras son ellas vividas y practicadas (Cefaï; Gardella, 2011).

Este texto buscó contribuir en la comprensión de la producción de la desigualdad a partir de indagar en las fronteras porosas que existen entre lo legal e ilegal, legitimo e ilegitimo, que son resultado de disputas sobre el espacio público. A su vez, estas disputas se van sedimentando en argumentos morales espacializados y generando nuevas disputas e ilegalismos. Se van constituyendo tolerancias e intolerancias, legitimidades e ilegitimidades.

A su vez, el escrito buscó contribuir a comprender las diferentes dinámicas que se producen en la disputa por el uso del espacio público y de la negociación que se genera cotidianamente más allá de los actos de negación extrema, de desalojo o de expulsión.18 Atender a las dinámicas y a las acciones, el modo en que son presentadas, justificadas, nos da pistas sobre el modo en que ciertas actividades y ciertos grupos sociales pugnan por el uso del espacio público y por acceder a la reproducción social en un sentido amplio, como formas dignas y legítimas de ganarse la vida.

Como dije, la recolección informal y la venta ambulante, en la ciudad, adquieren distintas formas e incluyen a diferentes grupos sociales. Los procesos descriptos contribuyen a los procesos de diferenciación social. Como desarrollé, la producción de (i)legalismos permite dar cuenta del modo en que una misma actividad puede o no ser perseguida o estar sujeta a intervención más allá de su legalidad, ya que ella está en juego. También mostré que los argumentos sobre la legalidad o ilegalidad se activan en función de juegos morales y de evaluaciones morales sobre lo que es lícito hacer y lo que no lo es. Pero estas relaciones y estos juegos de poder contribuyen a la construcción de la precariedad social en la que el uso del espacio urbano puede y tiene que ser justificado y que demarca cuáles son los cuerpos y prácticas apropiadas para cada territorio.

1En Brasil, se los conoce como catadores de lixo. La actividad de recolección ha recibido diferentes nombres en Buenos Aires: cirujeo, cartoneros urbanos, recuperadores de residuos. Si bien no concuerdo con la diferenciación entre formal e informal, utilizaré esta categoría para diferenciarlos de los empleados de las empresas contratadas para realizar la recolección de residuos.

2“A los recolectores informales de basura los vamos a sacar de la calle”, La Nación 27 de agosto de 2002 Reportaje a Mauricio Macri. (Rey, 2002).

3La audiencia pública se desarrolló el 11 de noviembre de 2002. Ver expediente nº 1542/02 “Valdés Eduardo Félix c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”.

4Durante varias décadas, se conocía como cirujeo a la actividad de recolectar informalmente residuos de la basura. Luego de la crisis de 2001, se fueron generalizado otras formas de nominar la tarea, en especial como cartonero.

5La tracción a sangre refiere a los vehículos sin motor, diferentes a la bicicleta, en los que se incluye a los carros tirados por caballos.

6Los edictos eran atribuciones de los jefes de policía (lo que daba cierta autonomía – avalada por el poder legislativo y judicial – a la política). La construcción de la peligrosidad a partir del análisis del poder de policía es importante en tanto, como dice Tiscornia (2008), “el poder de policía, hijo de la ilustración y del estado moderno – como bien lo señalara Foucault (1990) – es una forma de racionalidad, cuyo proceso de expansión en el campo social se imbrica en relaciones de poder locales, reconocibles en cada estado, nación o provincia, y en sus historias particulares. Como racionalidad, trasciende la institución policía, pero, al mismo tiempo, se encarna en ella, en sus prácticas, reglamentos e ideología. Así, en Argentina, los sistemas contravencionales – provinciales y federal – y las figuras afines, han concurrido en la creación progresiva de una especie particular de ‘derecho de policía’. En su origen, este poder administrativo coactivo es una técnica de gobierno. Como tal, prefiere, antes que el uso de la fuerza explícito, obligar al encauzamiento de conductas, ‘domesticar’ las relaciones entre los hombres, ‘civilizar’ las costumbres públicas y privadas.” (Tiscornia, 2008, p. 4-5).

7Los debates en torno al código de convivencia urbano dan cuenta de este accionar policial y de cierto sentido (común) en torno a la construcción y control de las poblaciones “peligrosas” (ver, por ejemplo, Boy, 2017; Tiscornia, 2004).

8Las prácticas que se generaron no pueden ser vistas sólo a partir del conflicto. Muchos vecinos comenzaron a separar residuos, buscaban ayudar a los cartoneros. Otros se sentían más seguros ante la presencia nocturna de los recolectores a los que comenzaron a conocer de forma personal.

9La idea de saladita hace alusión a La Salada, que es un complejo ferial ubicado en el conurbano de la ciudad, en el Partido de Lomas de Zamora. Se ha referido a él como el “mercado ilegal más grande de América Latina”. El predio donde funciona tiene alrededor de 20 hectáreas, se comercializan diferentes productos; la de manteros, por su parte, refiere al modo en que se establece el espacio de venta y colocan los productos sobre la acera, en una manta o paño.

10Las políticas del gobierno nacional de Macri han generado nuevas incertidumbres en el trabajo callejero. Los terribles y brutales desalojos desarrollados en 2016 y 2017 han generado trastrocamientos e incertidumbres que serán necesarios indagar. Ellos han mostrado – a diferencia de lo descripto aquí – los límites a ciertas negociaciones y modos de acceder a la ciudad.

11Sobre los arreglos y las coimas, ver Pires (2010).

12La distinción entre un busca y otros vendedores se produce a partir de una serie de prácticas y valores morales que hacen de la venta ambulante un modo de vida. Busca proviene de busca vidas. Muchos de estos vendedores comienzan todos los días solo con el dinero necesario para comprar mercadería para la venta. Los vendedores reivindican la falta de ataduras y la libertada de la tarea, el no “arreglar” con la policía (ver Perelman 2013).

13Carterista hace alusión al robo de billeteras de los bolsillos o de bolsos o carteras sin que el robado se dé cuenta.

14Es sintomático de ello una experiencia reciente. Una estudiante de periodismo en 2015 me contactó al leer mi trabajo sobre venta ambulante. Quería hacer un trabajo periodístico. Si bien me dijo que le había gustado mi trabajo, decía que “debía haber algo más” y que quería denunciar las mafias.

15El trabajo de María Pita sobre los vendedores ambulantes senegaleses en Buenos Aires es iluminador en ese sentido. En ese caso, la nacionalidad de los vendedores es central en la construcción de territorios sociales y morales de control policial que “falam de uma distribuição desigual da legalidade e dos direitos”. (Pita, 2012b, p. 132).

16Si bien los procesos son diferentes y la asimetría causada por los procesos de intervención – como formas de control y gestión del espacio público – así como los procedimientos “institucionales” son muy distintos, Esta idea es retomada del estudio del servicio de emergencia social de Paris, descripto por Cefaï, Gardella (2011).

17Para una crítica sobre el modo en que se piensa la desigualdad meramente como estructura, interacción o individualismo ver Reygadas (2004).

18Sobre esta perspectiva ver (Feltran, 2016)

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Recibido: 17 de Octubre de 2017; Aprobado: 21 de Noviembre de 2017

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