Natalidad, soberanía y desarrollo: las medidas restrictivas a la planificación familiar en el tercer gobierno peronista (Argentina, 1973-1976)

Birthrate, sovereignty and development: the restrictive regulations to family planning in the third peronist government (Argentina, 1973-1976)

ARTIGOS TEMÁTICOS

CORPO, SEXUALIDADE E SAÚDE: POLÍTICAS, DISCURSOS E PRÁTICAS

Natalidad, soberanía y desarrollo: las medidas restrictivas a la planificación familiar en el tercer gobierno peronista (Argentina, 1973-1976)

Birthrate, sovereignty and development: the restrictive regulations to family planning in the third peronist government (Argentina, 1973-1976)

Karina Alejandra Felitti

Universidad de Buenos Aires

RESUMEN

El acelerado crecimiento de la población mundial durante la segunda posguerra expandió el temor de un inminente agotamiento de los recursos naturales y la desestabilización del sistema capitalista. Mientras la "explosión demográfica" se convertía en una seria amenaza en tiempos de Guerra Fría, en Argentina se presentaba el problema inverso, una tasa de natalidad en permanente descenso. El tercer gobierno peronista (1973-1976) incluyó este tema entre sus prioridades y la originalidad de su plan de acción fue la implementación, por primera vez en el país, de medidas coercitivas sobre el libre acceso a la anticoncepción. En este artículo nos proponemos analizar estas políticas, las contradicciones al interior del gobierno respecto a las medidas a seguir, sus repercusiones y las resistencias que generaron.

Palabras claves: población; control de la natalidad; Argentina; tercer gobierno peronista.

ABSTRACT

The intensive growth of the world population during the second postwar period expanded the fear of an imminent depletion of natural resources and the destabilization of the capitalist system. Meanwhile the "population bomb" became a threat in the Cold War context, in Argentina the situation was the opposite, with a persistent birth rate decline. The third Peronist government (1973-1976) included the problem of the demographic fall among its priorities and the originality of its plan of action was that, for the first time in this country, coercive regulations prevented the free access to contraception. In this article we propose to analyze these policies, the contradictions inside the government regarding the best way to proceed, its repercussions and the resistance they produced.

Key Words: Population; Birth Control; Argentine; Third Peronist Government.

Introducción

Desde mediados de los años '50, luego del momentáneo repunte de la segunda posguerra, Argentina experimentó una sostenida tendencia descendente de su tasa de natalidad.¹ Los temores por la suerte de un 'país vacío' que habían acompañado a las elites políticas desde mediados del siglo XIX, se vieron agudizados por el acelerado aumento de la población mundial y los pronósticos de una inminente escasez de recursos y agotamiento del ecosistema. En esos años, para frenar la 'explosión demográfica' y sus desestabilizadores efectos sobre el sistema capitalista, la regulación de la fecundidad en el Tercer Mundo se transformó en un asunto prioritario de la agenda internacional, y en especial para los Estados Unidos, bajo el argumento de que existía una correspondencia causal entre la cantidad de población y las posibilidades de alcanzar un desarrollo económico y social aceptable.²

Distintas instituciones se ocuparon de estudiar la situación demográfica de los países del Tercer Mundo y de propiciar medidas tendientes a controlar un crecimiento considerado negativo en términos económicos y sociales, y peligroso por sus consecuencias políticas, fundamentalmente luego del éxito de la Revolución Cubana y su opción pro soviética en plena Guerra Fría. Entre ellos se destacaron el Consejo de Población, creado en 1952 a instancias de John Rockefeller III; la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller y diversas oficinas de las Naciones Unidas, en especial, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), creado en 1969 por iniciativa del entonces presidente del Banco Mundial, Robert Mc Namara.³ La implementación de programas de planificación familiar en las poblaciones de bajos recursos en los países desarrollados y en las zonas subdesarrolladas del mundo fue pensada como la solución más efectiva y económica para evitar las consecuencias de la 'explosión demográfica'.⁴

No todos los gobiernos aceptaron este diagnóstico que vinculaba las variables de población y desarrollo sin tener en cuenta los factores económicos, sociales y culturales, ni la historia particular de cada país, especialmente en América Latina, que presentaba en conjunto una situación diferente de la de África y Asia. Muchos intelectuales, apoyados en la teoría de la dependencia, señalaron los condicionamientos estructurales que debía enfrentar la Región y vieron en las recomendaciones a favor de la limitación de los nacimientos una nueva forma de imperialismo que, lejos de solucionar los problemas de desarrollo, condicionaba la soberanía de los estados y las libertades individuales, respondiendo a las necesidades geopolíticas de los países centrales. Ciertos hechos abonaban estas tesis. Por ejemplo, las esterilizaciones forzosas realizadas en países africanos, en Asia y también en América Latina, que la película Yawar mallku (Sangre de cóndores) del director boliviano Jorge Sanjinés, estrenada en 1969, se encargaba de denunciar. También las elocuentes expresiones del presidente norteamericano Lindon Johnson, quien en ocasión del 20º aniversario de las Naciones Unidas, en junio de 1965, defendió los 5 dólares que debían gastarse en programas de control de natalidad contra los 100 que deberían invertirse en crecimiento económico.⁵

En paralelo, la cada vez más amplia difusión de la píldora anticonceptiva volvía viable el proyecto de controlar la natalidad de manera relativamente fácil y económica, al tiempo que respondía a las demandas de las propias mujeres y de gran parte del movimiento feminista que vio en la nueva tecnología reproductiva un signo de liberación pero también una nueva forma de responsabilizar a las mujeres del éxito y fracaso de las políticas demográficas.⁶ En mayo de 1960, la Food and Drug Administration (FDA) aprobó la comercialización de ENOVID, las primeras píldoras que se comercializaron como anticonceptivos producidas por el laboratorio G.D. Searle & Company. En 1961 el laboratorio Shering lanzó las primeras píldoras en el mercado europeo bajo el nombre de Anovlar.⁷ Al poco tiempo los anticonceptivos orales se difundieron en Argentina y dieron lugar a un intenso debate sobre sus efectos en la salud de las mujeres, sobre "la moral y las buenas costumbres", las necesidades demográficas del país y los programas de desarrollo económico propuestos por el estado.⁸

En 1973, cuando el peronismo luego de una larga proscripción volvió a conquistar el poder se ocupó del problema demográfico y fue más allá de las arengas pronatalistas y de las tibias disposiciones de incentivo aplicadas hasta ese momento. En 1974, por primera vez en el país, se pusieron en práctica medidas coercitivas que atentaron contra el derecho de las parejas a decidir libremente sobre su fecundidad. En este artículo nos proponemos iluminar este tema poco estudiado por la historiografía, reconstruyendo la cosmovisión de la época sobre el problema demográfico, las contradicciones al interior del gobierno sobre las políticas a seguir, las repercusiones que generaron en los medios de prensa las medidas implementadas y las estrategias de resistencia que se desplegaron en la sociedad. En primer lugar, analizaremos las medidas demográficas adoptadas por el gobierno peronista, las concepciones que las justificaron y la posición de la delegación argentina en dos eventos organizados por las Naciones Unidas de gran repercusión internacional: la Conferencia de Población de Bucarest (1974) y la Primera Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer de México (1975). En segundo lugar, presentaremos algunas de las repercusiones en la prensa, en la comunidad médica y en las primeras organizaciones feministas y de homosexuales de Argentina. Por último, considerando los legados de la experiencia peronista en la "cultura anticonceptiva" del país,⁹ indagaremos en la difícil relación que se establece entre las necesidades demográficas de los estados y los derechos individuales de los ciudadanos.

La política demográfica peronista: pronatalismo y defensa de la soberanía nacional

Durante la década del sesenta, la necesidad de diseñar una política demográfica propia que pudiera dar respuestas a las agresivas políticas norteamericanas fue una preocupación recurrente en escritos académicos y políticos. En 1969 el Simposio sobre política de población para la Argentina, organizado en Buenos Aires por el Instituto Torcuato Di Tella, dio la posibilidad de debatir esta cuestión. Un grupo selecto de especialistas, investigadores en demografía, economía, sociología, salud y administración pública, y responsables de organismos públicos abocados al diseño e implementación de políticas con efectos demográficos, discutieron propuestas para establecer una política de población nacional que planteara una solución a la caída de la natalidad e impusiera límites a las campañas de control que se promovían desde el exterior.¹⁰

Dos años más tarde, algunas de estas recomendaciones pasaron a formar parte del Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad para 1971-1975 del gobierno militar de la autoproclamada Revolución Argentina (1966-1973). Partiendo de un diagnóstico que acusaba una fuerte dependencia cultural y económica, la propuesta denunciaba el fracaso de la adopción de programas generales, concebidos fuera de la Región y adecuados a otras experiencias de desarrollo, en un país como Argentina marcado por la escasez de población.¹¹ Las menciones más específicas respecto a la cuestión demográfica se agregaron con el Decreto n. 558/1970, cuyo punto 14 proponía encarar un programa de crecimiento demográfico, objetivo que se relacionaba con la necesidad de afirmar la seguridad interna y el desarrollo. Específicamente, se instaba a aumentar la natalidad y proteger a la familia numerosa, disminuir la mortalidad infantil y atender a la inmigración con una política selectiva. Sin embargo, estas afirmaciones se presentaban como datos a tener en cuenta, factores exógenos que no daban origen a políticas claras, ni acciones concretas sobre fecundidad, inmigración, ni mortalidad infantil.¹²

En 1973 volvieron a realizarse elecciones democráticas, sin proscripciones, y el peronismo regresó al poder. Desde el principio de su gestión, el gobierno manifestó una posición clara sobre la cuestión demográfica. La necesidad de aumentar la población, ya fuera a través de un incremento de la tasa de fecundidad, la disminución de la mortalidad o el fomento a las inmigraciones, formó parte de los objetivos del Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional (1974-1977). En su capítulo V, "Distribución del ingreso, empleo y población", se advertía sobre el peligro de una tendencia demográfica declinante que contrastaba con la situación del resto de los países latinoamericanos. Aunque se asumía que reducir la cantidad de hijos era una "tendencia cultural" difícilmente reversible, el Plan proponía la implementación de una política de protección a las familias que les permitiera ampliar el número de sus retoños sin que esto resultara una carga. Además, se planteaba la necesidad de programas sanitarios, educativos y nutricionales para disminuir la mortalidad, fomentar y orientar a la inmigración, contener la emigración, repatriar a científicos y técnicos y corregir el desequilibrio regional, promoviendo migraciones hacia las zonas más deshabitadas. Todo ello debía colaborar para alcanzar el objetivo de contar con 50 millones de habitantes en el año 2000.¹³

Para el gobierno, la falta de población y su envejecimiento cuestionaban seriamente las posibilidades de desarrollo del país y la defensa de su soberanía. El futuro se consideraba incierto y se temía que ante una generalizada escasez de alimentos e insumos básicos, un país como Argentina, con amplios territorios fértiles y despoblados, fuera usurpado por otras naciones necesitadas de alimentos y espacio. Este pronóstico sombrío y las advertencias sobre los peligros de la "contracción demográfica" eran compartidas por algunos medios de prensa. Así lo exponía el diario Clarín en uno de sus editoriales que analizaba "la meta de los 50 millones": Argentina tenía muchos recursos en un mundo amenazado por la escasez, pero no contaba con la población suficiente para aprovecharlos. Además, se explicaba que el crecimiento poblacional de Brasil podría generar una presión demográfica sobre las fronteras y acentuar "la histórica tendencia de la población brasilera a refluir hacia zonas de clima templado".¹⁴

Otros textos de importante circulación en esos años también avanzaban sobre estos miedos, como el ensayo de Pedro J. Schang, Gobernar bien... es poblar con argentinos. ¿Limitaremos la natalidad?, escrito en los años '50 pero publicado al calor de los debates en 1968; el trabajo de Basilio Raymundo y su sugerente título Argentina 2000 ¿Una nación semidesierta? de 1969, y el de Enrique Martín, Malthus y el control de la natalidad/Política de población en la Argentina, editado unos años más tarde.¹⁵ Es decir, no sólo se trataba de una postura sostenida desde el gobierno, sino que desde distintos sectores políticos y sociales se extendía un clima de sospecha y recelo ante una posible invasión extranjera y la defensa del control de la natalidad que esgrimía el gobierno norteamericano. En este contexto, los discursos y acciones favorables a la planificación familiar aparecían como obstáculos para el cumplimiento de los objetivos demográficos del Plan Trienal y la defensa de la soberanía nacional; sobre ellos debía actuarse rápida y contundentemente para poder alcanzar en el 2000 la meta demográfica propuesta y volver realidad el slogan peronista de una América Latina unida y no dominada.

Las posiciones pronatalistas encontraron apoyo en la jerarquía católica que desde la publicación de la Encíclica Humanae vitae, en 1968, se expresaba en contra de toda tentativa de controlar la natalidad con métodos artificiales. Cuando se conoció este documento, el Episcopado argentino expresó oficialmente su adhesión con un telegrama que aseguraba su "decidida colaboración en la ardua tarea de salvaguardar la santidad del matrimonio, según las orientaciones pastorales impartidas"¹⁶ y el entonces canciller Nicanor Costa Méndez había hecho lo mismo ante la prensa: "La Argentina ha sostenido siempre en los foros internacionales una posición coincidente con la doctrina de la Iglesia, que acaba de confirmar la reciente encíclica papal".¹⁷ Ya bajo el peronismo, el Episcopado volvió a llamar la atención sobre los problemas que debía enfrentar la familia ante una moral corrompida, las relaciones prematrimoniales, la extensión de las casas de citas y los hoteles por hora, el adulterio y el concubinato. En la "Carta pastoral colectiva del episcopado argentino sobre matrimonio y familia", fechada el 26 de octubre de 1973, manifestaba su adhesión a una política que al favorecer la expansión demográfica defendía "el orden moral de la procreación" y de ese modo, "los valores que hacen a la construcción de la Iglesia y de la patria".¹⁸

Con este importante apoyo por parte de la Iglesia Católica, de muchos intelectuales y hasta de los sectores de la izquierda más revolucionaria que reivindicaban la posición peronista en tanto respuesta al avance norteamericano en la Región, el gobierno puso en marcha dos líneas de acción complementarias pero también contradictorias. Así lo señala Lelio Mármora, protagonista y testigo desde su puesto como director de Migraciones entre 1973 y 1974.¹⁹ El Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos y la Dirección de Migraciones, basaba sus acciones en el binomio "Población y Desarrollo", siendo la atención a las migraciones latinoamericanas y de países no tradicionales una de las principales líneas de acción.

El Ministerio de Bienestar Social, a cargo de José López Rega, en cambio, se concentró en la elaboración de disposiciones coercitivas, contrarias a la planificación familiar. El ejemplo más drástico de esta visión fue el Decreto n. 659, firmado el 28 de febrero de 1974 por Perón y López Rega, que disponía el control de la comercialización y venta de productos anticonceptivos mediante la presentación de recetas y la prohibición de desarrollar actividades relacionadas, directa o indirectamente, con el control de la natalidad. También recomendaba realizar un estudio sobre el tema y una campaña de educación sanitaria, que destacara a nivel popular los riesgos de someterse a métodos y prácticas anticonceptivas. Todas estas medidas hallaban justificación en la caída demográfica, "una amenaza que compromete seriamente aspectos fundamentales del destino de la República", resultado del accionar de "intereses no argentinos", que desalentaban la consolidación y expansión de las familias, "promoviendo el control de la natalidad, desnaturalizando la fundamental función maternal de la mujer y distrayendo en fin a nuestros jóvenes de su natural deber como protagonistas del futuro de la patria".²⁰

Finalmente, la campaña de educación sanitaria no se efectuó y el requisito de la receta por triplicado - una para la farmacia, otra para la paciente y la tercera para la Secretaría de Salud Pública, que debía explicitar nombre, apellido y diagnóstico de la paciente - no llegó a aplicarse sistemáticamente. Lo que volvió efectiva la prohibición fue el cierre de al menos sesenta consultorios de planificación familiar que funcionaban en los hospitales públicos. De ese modo, se suspendió la administración de anticonceptivos y de información sobre ellos, en las instituciones que dependían del Estado o eran supervisadas por él, incluyendo las obras sociales.²¹ Aunque no hubo una inspección que fiscalizara el cumplimiento de la normativa y algunos consultorios siguieron funcionando, esto dependió de la buena voluntad de los jefes de los servicios de Ginecología y Obstetricia de los hospitales públicos. Muchos sintieron temor por las consecuencias que podría generarles continuar con los servicios de planificación familiar y otros encontraron en el decreto la excusa perfecta para desentenderse de una cuestión que por motivos religiosos o morales no compartían.²² Esta situación implicó que la disposición no afectara a toda la población por igual: la medida obstaculizó la difusión de información sobre el control de la natalidad y el acceso a métodos anticonceptivos a los grupos sociales más desfavorecidos, precisamente aquellos de mayor tasa de fecundidad; quienes pudieron acceder a la medicina privada, lograron sortear la prohibición gubernamental y mantener la atención profesional en estos temas.

A un mes de la firma de esta polémica medida se creó la Comisión Nacional de Política Demográfica (CONAPODE) dentro del Ministerio del Interior, con la misión de "proyectar una política nacional de población e intensificar el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la población argentina y su más adecuada distribución regional".²³ La Comisión estaba presidida por el Ministro del Interior y conformada por representantes de distintos ministerios, secretarías y organismos. Entre sus funciones específicas se contemplaban la propuesta de metas y medidas demográficas, la coordinación de su implementación y su seguimiento, el asesoramiento al Poder Ejecutivo y Legislativo en estos temas y la coordinación de las actividades relacionadas con el Año Mundial de la Población y la Conferencia Mundial de la Población, que se realizaría ese año, 1974, en Bucarest.

La celebración de esta reunión respondía a la necesidad de una instancia internacional de discusión sobre las consecuencias económicas, sociales y políticas del crecimiento poblacional, que tuviera como corolario el diseño de un Plan de Acción a nivel mundial. Convocada por el Consejo Económico y Social de la ONU, en esta Conferencia participaron delegados de 149 países que elaboraron un Plan de Acción Mundial sobre Población con la "finalidad explícita de contribuir a armonizar las tendencias demográficas y las tendencias del desarrollo económico y social".²⁴ Este objetivo la transformó en un evento político de gran trascendencia, que buscaba coordinar el comportamiento individual en materia reproductiva con las necesidades y aspiraciones de cada sociedad. Además, desde la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Teherán, Irán, celebrada en 1968, la planificación familiar, definida como la libertad de decidir sobre el número de hijos y los intervalos entre sus nacimientos, había sido proclamada como un derecho humano que debía respetarse y defenderse.

El proyecto del Plan de Acción de Bucarest fue distribuido con anticipación a los países participantes y, por Argentina, fue la CONAPODE la encargada de estudiarlo y recomendar las modificaciones que considerase pertinentes. La Comisión llegó a plantear 68 enmiendas a este documento que pueden resumirse en los siguientes puntos: la política de población era un atributo soberano de cada país; América Latina, por su baja densidad, necesitaba un crecimiento demográfico que le permitiera ocupar todo su territorio; las recomendaciones no debían limitarse a controlar el crecimiento de la población, también debían incluirse medidas de tipo económico, comerciales y financieras que tendieran a un orden internacional más justo; las migraciones internacionales no podían considerarse sólo como un problema sino como una potencial salida al desequilibrio regional y al avance del control de la natalidad; era necesario aumentar la producción de alimentos y su justa distribución a nivel internacional; por último, debían fiscalizarse los organismos que promovían el control de la natalidad para evitar acciones indiscriminadas, incompatibles con el ejercicio de los derechos humanos.²⁵

Contando con el apoyo de la mayoría de los países latinoamericanos y del Tercer Mundo, que también cuestionaban que sus problemas de desarrollo sólo fueran considerados como resultado de sus estructuras demográficas, la posición argentina logró un importante apoyo. La totalidad de las enmiendas propuestas fueron aprobadas, aunque la intención de fiscalizar a las organizaciones dedicadas al control de la natalidad debió ser revisada.²⁶ Tal como había expuesto en su discurso el embajador argentino en Rumania, Julio Beltramino, se necesitaba actuar para suprimir las injusticias y no los seres humanos.²⁷ Estas discusiones no llegaron a cuestionar la legitimidad de la planificación familiar, que el documento final de la Conferencia definía como "la necesidad de asegurar que todas las parejas puedan tener el número de hijos que deseen, espaciándolos asimismo como lo deseen, y la necesidad de preparar las condiciones sociales y económicas para la realización de ese deseo",²⁸ ni su inclusión dentro de la categoría de derecho humano fundamental de mujeres y varones. Lo que sí se logró fue presionar para que también se asegurara el derecho de cada Nación a determinar su propia política de población, según sus necesidades económicas y sociales, su historia y cultura.

En este sentido, Argentina desempeñó un papel de liderazgo en esta Conferencia, defendiendo su concepción demográfica y logrando un amplio apoyo de otros países. En este espacio fue también donde se manifestaron claramente las tensiones y contradicciones que existían al interior del gobierno sobre el camino que debía seguir la política de población. La delegación argentina, de acuerdo con las convicciones antes expuestas, se había opuesto a los programas de planificación familiar orientados hacia la esterilización y el aborto, pero no a brindar información que permitiera a las familias decidir sobre el número de hijos, en sintonía con el Plan de Acción Mundial que rechazaba la implementación de medidas coercitivas en esta cuestión. Sin embargo, esta era precisamente la política que un sector del gobierno estaba llevando adelante.²⁹

Al año siguiente, durante la Primera Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, que se realizó en México, entre el 19 de junio y el 2 de julio de 1975, muchos de estos argumentos volvieron a reiterarse. Respecto a la planificación familiar, el nuevo Plan de Acción proponía respetar las voluntades individuales y las prerrogativas de cada Estado sobre este tema, reconociendo el derecho soberano de cada gobierno para determinar las políticas demográficas al tiempo que instaba a suprimir los obstáculos jurídicos, sociales y financieros que impedían el ejercicio del derecho a decidir el número y espaciamiento entre los hijos.³⁰ La delegación argentina reiteró allí su defensa del principio de soberanía nacional en esta materia, distinguiendo entre las necesidades y prioridades de los países superpoblados y los subpoblados.³¹

De este modo, Argentina daba a conocer sus concepciones en materia demográfica en ámbitos de discusión internacional, lograba amplios apoyos y también recibía advertencias sobre la necesidad de respetar los derechos individuales, poniendo en evidencia la contradicción de muchas de sus políticas.

Voces y acciones por el derecho a decidir: las repercusiones sociales de las medidas demográficas

Como hemos visto, las disposiciones coercitivas del Decreto n. 659/74 no lograron aceptación en los ámbitos de discusión propuestos por las Naciones Unidas, ni aun dentro del propio gobierno en el que existía un sector que prefería las medidas de estímulo para favorecer el crecimiento de las familias. Los cuestionamientos a la política demográfica peronista también tuvieron lugar en algunos medios de prensa escrita.³² Por ejemplo, el diario La Nación en uno de sus editoriales expresaba sus coincidencias respecto a los objetivos poblacionistas estatales pero no así con el camino elegido para alcanzarlos, considerando impertinente que la venta de anticonceptivos quedara supeditada a la prescripción médica, puesto que "el problema de tener o no tener hijos, ha de reiterarse, es de la esfera individual".³³ Por su parte, el diario La Opinión comparaba las medidas nacionales con las dispuestas en Dinamarca. Allí se otorgaban altos subsidios a las madres y funcionaba un programa sanitario de cuidados durante el embarazo y el parto costeado totalmente por el Estado. En este artículo pequeño ubicado en la contratapa, el diario mostraba las ventajas de las medidas de estímulo y de una manera no explícita, cuestionaba el decreto presidencial.³⁴

La revista femenina Para Ti también se ocupó de la cuestión, aunque no expresó en sus editoriales una valoración. Las voces críticas se dejaron para las secciones en donde el público lector opinaba, tanto a través de encuestas callejeras, como en su correo de lectoras.³⁵ En una entrevista realizada por La Opinión, la legisladora nacional María Cristina Guzmán, presidenta del bloque de la Alianza Popular Federalista y reconocida defensora de la patria potestad compartida, también señalaba que "nunca es el camino de la coerción el mejor", considerando que el decreto era "una falta de respeto a la libertad y responsabilidades íntimas de argentinas y argentinos".³⁶

Por su parte, la Asociación Argentina de Protección Familiar, entidad privada que funcionaba desde 1966 en Buenos Aires y que contaba desde 1969 con el apoyo de la International Planned Parenthood Federation, esgrimía la misma crítica a la intervención estatal en decisiones que correspondían a las familias. No permitir el acceso a métodos anticonceptivos era una manera de aumentar las posibilidades de abortos - que la solicitada cifraba en 300.000 anuales -, al considerar "imposible aconsejar a un matrimonio que no tenga relaciones sexuales si no desea tener un hijo". La Asociación defendía "un programa propio, argentino" en respuesta a las acusaciones de la que era objeto por su coincidencia aparente con algunas políticas "imperialistas". El objetivo de la entidad era que cada familia pudiera tener un hijo cuando lo deseara, evitar los embarazos no deseados y peticionar al gobierno para que actuara a favor de las familias numerosas y encarara directamente las acciones de planificación familiar.³⁷

Dentro de la comunidad médica el tema llamó la atención de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires (SOGIBA), entidad que funcionaba desde 1908 como un ámbito de representación de los más destacados profesionales de esas especialidades. Durante los años '60, la caída de la natalidad, la llegada de la píldora anticonceptiva, los modernos dispositivos intrauterinos, la extensión del aborto y los cambios en los roles de género fueron temas ampliamente debatidos en sus reuniones mensuales. Para algunos médicos de SOGIBA, los programas de planificación familiar que los organismos internacionales recomendaban y que Estados Unidos apoyaba financieramente, eran la manifestación de una nueva forma de imperialismo. La difusión de las píldoras anticonceptivas y del DIU no hacía más que colaborar con los objetivos de control social impuestos por los países desarrollados. Otros pocos profesionales, en cambio, entendían que los médicos debían atender todas las demandas, para tener o no tener hijos, y defendían la planificación familiar como un derecho humano de primer rango.³⁸

Esta opinión era compartida y defendida por Roberto Nicholson, un médico que había participado de los primeros programas de planificación familiar desarrollados en Buenos Aires que empleaban pastillas anticonceptivas y que en 1964, en el seno de SOGIBA, había presentado un trabajo académico pionero sobre el empleo de anovulatorios por parte de sus pacientes.³⁹ Lo mismo sucedía con Domingo Olivares, uno de los miembros fundadores de la Asociación Argentina de Protección Familiar y comprometido promotor de una revisión sobre la legislación vigente sobre el aborto. El Código Penal argentino consideraba al aborto un delito que sólo podía ser despenalizado si éste se realizaba ante un peligro para la vida o la salud de la madre, o cuando el embarazo provenía de una violación o un atentado al pudor a una mujer idiota o demente.⁴⁰ Para Olivares, se trataba de concepción injusta, arbitraria, que no daba cuenta de los múltiples factores que podían llevar a una mujer a querer interrumpir un embarazo.

Frente a las nuevas medidas demográficas impuestas por el peronismo, Olivares presentó un trabajo que señalaba el conflicto entre estas disposiciones y el derecho humano de los padres para decidir sobre el número de hijos.⁴¹ Aunque reconocía que Argentina pasaba por una situación distinta de la de otras naciones, con un crecimiento poblacional más lento, consideraba que el Decreto n. 659/74 era una medida clasista y contraria a los derechos humanos. Para Olivares, lo que debía implementarse eran beneficios sociales a las familias, que contemplaran el acceso a la salud, vivienda y educación, incluida la universitaria, la creación de nuevas fuentes de trabajo en el interior, la disminución de la mortalidad infantil y, especialmente, el fomento de la inmigración. Si los problemas de desarrollo no se solucionaban con campañas masivas de control de la natalidad, tampoco lo harían con las medidas contrarias. En la discusión posterior a esta ponencia, muchos socios defendieron esta posición, descontentos por haber sido responsabilizados de la caída demográfica. Desde su experiencia en el campo de la salud pública, preferían la utilización de un método anticonceptivo antes que el aborto y defendían su función y autonomía como profesionales de la salud, con la responsabilidad de brindar consejo a las parejas sin responder a ningún otro interés.⁴²

Las recientemente formadas agrupaciones feministas locales también se manifestaron contra los contenidos del decreto peronista. Las grupos que habían ido surgiendo desde principios de los años '70 incluían en su agenda de reivindicaciones la defensa de los derechos de las mujeres en materia de sexualidad, anticoncepción y aborto.⁴³ El regreso a sus funciones del comisario Luis Margaride, famoso por sus razzias en los hoteles alojamientos, cines y baños públicos, el aumento de la iluminación en las calles y espacios abiertos para evitar contactos efusivos, la impugnación a las minifaldas y el cabello largo en los varones y otros gestos de censura e injerencia policial en la vida privada durante la década del sesenta, reactualizaba la necesidad de esta defensa.⁴⁴ La liberación sexual, el derecho al control de la natalidad y el cuestionamiento del deber maternal fueron temas tratados por todas las agrupaciones. La crítica a la exaltación social y comercial de la maternidad ocupaba un rol destacado en las campañas, especialmente, el festejo del Día de la Madre. De este modo iba abandonándose una postura arraigada en el feminismo local desde fines del siglo XIX, que situaba a la maternidad como base de legitimación de la lucha por los derechos civiles y políticos de las mujeres.⁴⁵ El feminismo de los años '70, en cambio, articulaba sus reclamos desde las reivindicaciones de las mujeres como sujetos autónomos e individuales, más allá de su posición relacional.

A pesar de las diferencias de filiación política de muchos de estos movimientos y sus grandes discusiones internas sobre el camino que debía seguirse para lograr la emancipación femenina, la firma del Decreto n. 659/74 unió a algunas agrupaciones y las hizo salir a manifestarse. La Unión Feminista Argentina (UFA) junto a otras mujeres del Movimiento de Liberación Femenina (MLF), dos de las organizaciones más convocantes e influyentes, redactaron un volante con el mensaje: "No al embarazo no deseado, no a la esterilización forzosa (Plan McNamara) - Por una maternidad consciente. Firmado: MLF - UFA", que repartieron profusamente por las calles céntricas de la ciudad de Buenos Aires. Las feministas en su oposición al decreto que limitaba el control de la natalidad debían dejar en claro que su rechazo a las medidas peronistas no significaba avalar la creciente intervención norteamericana en la Región.⁴⁶ Como relata una de las protagonistas de estas campañas: "Cuando salimos a volantear la primera vez, las feministas y el FLH, el volante que habíamos hecho era tan confuso que nos atacó la izquierda y nos atacó la derecha. La izquierda nos acusaba de estar a favor del Plan McNamara y de querer esterilizar a todas las mujeres de América Latina, y la derecha de proabortista; me acuerdo que tuvimos que modificarlo".⁴⁷

En este y otros temas, las feministas no se movilizaron solas. Desde agosto de 1971, la comunidad homosexual había conformado su propio movimiento: el Frente de Liberación Homosexual de la Argentina (FLH). En la lucha contra la represión y el machismo, y la defensa del derecho a disponer del propio cuerpo, feministas y homosexuales encontraban importantes puntos de acuerdo. En la revista Somos, que la organización distribuía en forma personal y clandestina, se incluían noticias sobre el feminismo internacional y nacional, con notas sobre el MLF y la UFA. Tal como se afirmaba en los "Puntos Básicos de Acuerdo" del Frente, las mujeres y los homosexuales eran reprimidos e inferiorizados por el sistema dominante y en consecuencia, debían actuar juntos para revertir esta situación. Los homosexuales eran considerados peligrosos por la inversión del orden de género que practicaban, por su tendencia a establecer vínculos por fuera de sus clases de origen y, especialmente, por practicar una sexualidad no procreativa y contraria a los objetivos poblacionistas del gobierno. Lo mismo sucedía con las feministas que defendían el acceso libre y gratuito a la anticoncepción y el aborto, y promovían un tipo de mujer independiente y autónoma.⁴⁸

En estos años de apariciones fugaces de distintos grupos y espacios de militancia, algunas mujeres de UFA y del MLF, junto a jóvenes del FLH y otros tantos y tantas sin filiación previa declarada, dieron lugar, en 1972, al Grupo Política Sexual. Esta agrupación tenía una marcada vocación por la discusión teórica y la producción de documentos sobre la sexualidad humana y su vinculación con el sistema político y económico. El anuncio del Decreto n. 659/74 provocó la inmediata reacción de sus miembros, que constituyeron una Comisión contra la Prohibición de los Anticonceptivos.⁴⁹ Para captar la atención de la sociedad realizaron una volanteada en pleno centro porteño en la que también confluyeron otras militantes de UFA y el MLF:

La recepción era buena, con sorpresa al principio pero coincidía con lo que la gente pensaba, aparte causaba mucho asombro ver a los chicos del FLH volanteando por esto. Teníamos compañeras que hacían dramatizaciones públicas en la calle Florida. Me acuerdo de una compañera que era del MLF, una mujer muy petisa y muy gorda. Ella en su vida personal, real, tenía una hija única pero hacía escándalo en la calle Florida, llorando y diciendo que tenía nueve hijos y por eso el cuerpo que tenía, y que era pobre y que no podía comprar anticonceptivos y toda la gente decía 'tiene razón'.⁵⁰

A pesar de este apoyo que espontáneamente podía darse en las calles, en la prensa, o entre los médicos, como vimos antes, ya fuera por la influencia de la Iglesia Católica en el país, la asociación entre el desborde de la sexualidad juvenil y la revolución social, o por los fantasmas que agitaba la caída de la tasa de natalidad y las denuncias de los programas de planificación familiar como "herramientas neomalthusianas del imperialismo yanqui", hablar de sexualidad y anticoncepción no era una tarea fácil. Las demandas de las feministas y de los miembros del FLH eran cuestionadas por los grupos más conservadores en defensa del orden moral y las "buenas costumbres", pero también por los grupos más revolucionarios de la izquierda que consideraban estos reclamos como 'desviaciones culturales burguesas' que alejaban al pueblo del camino de la revolución.⁵¹ En este debate cruzado, las mujeres de sectores populares llevaron la peor parte, impedidas de acceder a los servicios de planificación familiar que hasta entonces funcionaban en los hospitales públicos o en centros de salud barriales, donde se colocaban dispositivos intrauterinos y se entregaban píldoras anticonceptivas de manera gratuita.

Estado, población y derechos humanos: ¿es posible la conciliación de intereses?

Como hemos podido analizar, el tercer gobierno peronista intentó fomentar la natalidad de manera coercitiva, al prohibir la venta libre de anticonceptivos y clausurar los espacios públicos de información sobre el tema, apuntalando a la familia como célula básica de la sociedad. Las consideraciones geopolíticas sobre los peligros de un país "vacío" justificaron estas políticas demográficas que continuaron vigentes durante la dictadura militar (1976-1983).⁵² En las argumentaciones se explicaba que Estados Unidos incentivaba la planificación familiar para retrasar el desarrollo económico y social del país, y así mantenerlo bajo su órbita. Además, ante la inminente crisis del ecosistema que la "explosión demográfica" mundial estaba generando, un territorio con gran variedad de recursos naturales y escasa población podría ser invadido por otros países necesitados de espacio y alimentos. De este modo, los objetivos demográficos del Plan Trienal se presentaban como parte de un plan de liberación y defensa de la soberanía nacional aunque sus contenidos no respetaban las libertades individuales en cuestiones de sexualidad y procreación.

La recuperación democrática en 1983 no trajo la inmediata derogación de la medida, hubo que esperar hasta 1986 para que el gobierno radical obrara en consecuencia con lo acordado en la Conferencia de Población de México (1984) y, mediante el Decreto n. 2.274, reconociera formalmente el derecho de las parejas a decidir libremente acerca del número y espaciamiento de los hijos.⁵³ La larga vigencia de esta normativa puede tener varias explicaciones. Por un lado, durante los años peronistas y especialmente durante la dictadura militar, la capacidad de movilización de la sociedad civil fue restringida, el movimiento feminista se desarticuló y pasó lo mismo con el Frente de Liberación Homosexual. La política del "terrorismo de estado" no dejaba lugar a la disidencia y postulaba el ideal de "la gran familia argentina": católica, nacionalista, autoritaria, sostén del orden patriarcal y del esquema político vigente.⁵⁴ A partir de 1983, ya en democracia, el peso de la deuda externa, la difícil situación económica y el papel de los militares en el nuevo contexto, fueron los temas más discutidos⁵⁵ y esta cuestión que afectaba especialmente la vida de las mujeres, no se consideró urgente ni prioritaria. Pero también podemos pensar que existían maneras de sortear los obstáculos que se imponían al acceso a la anticoncepción en la práctica. Un "sistema de doble discurso" pudo permitir que mientras se defendían o toleraban políticas represivas sobre los derechos sexuales y reproductivos, se recurriera a mecanismos "ilegales" para ampliar las opciones.⁵⁶

Esto podría explicar el 'olvido' en que cayó este decreto, aún durante la democracia e incluso para el movimiento de mujeres, ante una agenda de temas sin resolver realmente abrumadora. Sin embargo, aunque existieron maneras de eludir las medidas prohibicionistas de forma individual, la implementación de disposiciones de este tipo desde el estado afectaron el clima social y cultural sobre la anticoncepción.⁵⁷ Aunque han pasado más de veinte años de la derogación del Decreto n. 659/74, la falta de iniciativa de muchos profesionales de la salud que consideran los derechos sexuales y reproductivos como temas que están fuera de su agenda y el temor que manifiestan por las consecuencias legales de sus actos, indican hasta qué punto la prohibición ha dejado secuelas en el largo plazo. A ello se suma un comportamiento errático de la demanda en sus actitudes y percepciones que demuestra que, más allá de la legislación vigente, muchas mujeres no han logrado interiorizar que el acceso a la anticoncepción es un derecho humano consagrado y por eso ineludible.⁵⁸

En la actualidad, los derechos considerados legítimos se definen en un proceso conflictivo de deliberación en el espacio público. El reconocimiento de que el cuerpo de las mujeres no será sometido a prácticas sin su consentimiento, como la imposición de métodos anticonceptivos, y que tampoco se les negará el acceso a información y medios para regular la reproducción, si esa es su voluntad, pueden ser interpretados dentro de la categoría de los derechos humanos, como derecho a la vida y a la libertad. En la práctica estos enunciados se enfrentan con las políticas de población que llevan a cabo los estados y sus concepciones de soberanía y desarrollo, que pueden o no coincidir con los deseos y demandas de la sociedad.⁵⁹ En esta tensión, las mujeres deben encontrar su propio espacio y desde allí luchar para que sus voces sean escuchadas y sus cuerpos no sean considerados receptáculos a la espera de decisiones que otros toman por ellas.

Recebido em janeiro de 2007 e aceito para publicação em maio de 2007

• BALÁN, Jorge; RAMOS, Silvina. La medicalización del comportamiento reproductivo: un estudio exploratorio sobre la demanda de anticonceptivos en los sectores populares Buenos Aires, CEDES, 1989a.
• ______. Las decisiones anticonceptivas en un contexto restrictivo: el caso de los sectores populares de Buenos Aires Buenos Aires: CEDES, 1989b.
• BARBATO, Julio Cesar. Entrevista concedida en Rosario, Santa Fe, Argentina, 30 jul. 2008.
• CLARÍN. Buenos Aires, p. 13, 20 feb. 1974.
• CLARKE, Adele. Disciplining Reproduction: Modernity, American Life Sciences, and the Problems of Sex Estados Unidos: University of California Press, 1998.
• CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA. Lexis Nexis Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 2005. p. 32-33, artículo 84 al 88. Disponible en: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/ anexos/15000-19999/16546/texact.htm Acceso en: dic. 2006.
• CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA. Telegrama de la Comisión permanente al Santo Padre en adhesión a la encíclica Humanae Vitae Buenos Aires: Editorial Claretiana,1982a. p. 63.
• ______. Carta pastoral colectiva del episcopado argentino sobre matrimonio y familia San Miguel, 26 oct. 1982b. p. 207 y p. 215.
• COSIO-ZAVALA, María Eugenia. Changements de fécondité au Mexique et politiques de population Paris: L'Harmattan/IHEAL, 1994.
• FELITTI, Karina. "La revolución de los anticonceptivos modernos en los '60: el debate médico y las primeras experiencias de planificación familiar". In: JORNADAS NACIONALES DE HISTORIA DE LAS MUJERES Y CONGRESO IBEROAMERICANO DE ESTUDIOS DE GÉNERO, VIII/ III, 2006, Villa Giardino. Actas.. Villa Giardino: Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 2006a.
• ______. "En defensa de la libertad sexual: discursos y acciones de feministas y homosexuales en los '70". Temas de Mujeres, Revista del Centro de Estudios Históricos e Interdisciplinarios sobre las Mujeres (CEHIM), Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, n. 2, p. 44-63, 2006b. Disponible en http://www.filo.unt.edu.ar/centinti/cehim/temas_2.pdf Acceso en: dic. 2006.
• ______. "Cuerpos femeninos en la encrucijada: el control de la natalidad en la agenda de las Naciones Unidas y en las políticas públicas argentinas (1974-1985)". In: JORNADAS INTERESCUELAS/DEPARTAMENTOS DE HISTORIA, 10, 2005, Rosario. Actas.. Rosario: Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, Argentina, 2005a.
• ______. "Las políticas de población durante el tercer gobierno justicialista (1973-1976): sus repercusiones en la prensa escrita". In: ANDUJAR Andrea et al. (Comps.). Historia, género y política en los '70 Buenos Aires: Feminaria, 2005b. p. 433-457. Disponible en: http://www.feminaria.com.ar/colecciones/temas contemporaneos/007/4-TerceraParte.pdf Acceso en: dic. 2006.
• ______. "Una política demográfica nacional: debates y repercusiones del Simposio sobre Política de Población para la Argentina (1969)". In: JORNADAS ARGENTINAS DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN, VIII, 2004, Tandil. Actas.. Tandil: Asociación de Estudios de la Población Argentina (AEPA), 2004.
• ______. "El placer de elegir. Anticoncepción y liberación sexual en los 60's". In: GIL LOZANO, Fernanda; PITA, Valeria; INI, María Gabriela (Eds.). Historia de las mujeres en Argentina. Siglo XX Buenos Aires: Taurus, 2000. p 154-171.
• FILC, Judith. Entre el parentesco y la política. Familia y dictadura, 1976-1983 Buenos Aires: Biblos, 1997.
• GARCÍA, María. "Los principales lineamientos para una política de población en América Latina. Propuestas de las Naciones Unidas para el período 1960-1980". Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, Universidad Central de Venezuela, v. III, n. 1, p. 99-139, enero/jun. 2002.
• JELIN, Elizabeth. "Mujer, género y derechos humanos". In: JELIN, Elizabeth; HERSHBERG, Eric. Construyendo la democracia: derechos humanos, ciudadania y sociedad en America Latina Caracas: Nueva Sociedad, 1996. p. 193-212.
• LA NACIÓN. Buenos Aires, p. 3, 18 marzo 1974.
• ______. Buenos Aires, p. 4, 7 marzo 1974.
• LA OPINIÓN. Buenos Aires, p. 24, 1 marzo 1974.
• ______. Buenos Aires, p. 17, 14 marzo 1974.
• LLOVET, Juan José; RAMOS, Silvina. "La planificación familiar en Argentina: salud pública y derechos humanos". Cuadernos Médico-Sociales, n. 38, p. 25-40, dic. 1986.

1

Susana TORRADO, 2003.

2

The American Assembly, 1967.

3

María GARCÍA, 2002.

4

Adele CLARKE, 1998.

5

Textualmente afirmó: "Let us act on the fact that less than five dollars invested in population control is worth a hundred dollars invested in economic growth" (apud Mayone STYCOS, 1975).

6

Lara MARKS, 2001; Elizabeth SIEGEL WATKINS, 1998; y Andrea TONE, 2001.

7

MARKS, 2001.

8

Karina FELITTI, 2000, 2006a.

9

"El costo emocional de adoptar o no un comportamiento anticonceptivo o cierta técnica en particular es una función de cuán común sean ellos en el medio social donde esos individuos toman decisiones. En otras palabras, podemos concebir una 'cultura anticonceptiva', que se difunde a nivel internacional y se transmite, después de algún tiempo, de una generación a otra, legitimando las decisiones sobre reproducción como opciones aceptables" (Jorge BALÁN y Silvina Ramos, 1989b, p. 10).

10

FELITTI, 2004.

11

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 1971, p. 4.

12

Susana NOVICK, 1989, 1992.

13

PODER EJECUTIVO NACIONAL, 1973, tomo I, v. 27.

14

"Demografía y futuro nacional" (CLARÍN, p. 13, 20 feb. 1974).

15

Enrique MARTÍN, [19-]; Basilio RAYMUNDO, 1969; y Pedro SCHANG, 1968.

16

Conferencia Episcopal Argentina, 1982a, p. 63.

17

"Ratificó Paulo VI la oposición de la Iglesia al control de la natalidad" (Nicanor Costa MÉNDEZ, 1968, p. 11). Estas declaraciones también se transcribieron en el diario

La Nación del mismo día.

18

CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, 1982b, p. 207 y p. 215.

19

Lelio MÁRMORA, 1998.

20

PODER EJECUTIVO NACIONAL, 28 febrero 1974a, p. 2.

21

Juan José LLOVET y RAMOS, 1986.

22

Entrevista personal a Juio Cesar BARBATO. Rosario, Santa Fe, Argentina, 30 jul. 2008.

23

PODER EJECUTIVO NACIONAL, 28 marzo 1974b, p. 2.

24

NACIONES UNIDAS, 1975, p. 2.

25

MÁRMORA, 1998; y NOVICK, 1999.

26

NOVICK, 1999.

27

MÁRMORA, 1998.

28

NACIONES UNIDAS, 1975, p. 11.

29

FELITTI, 2005a.

30

NACIONES UNIDAS, 1976.

31

FELITTI, 2005a.

32

FELITTI, 2005b.

33

"Gobernar es poblar" (LA NACIÓN, p. 3, 18 marzo 1974).

34

"Prohíben la venta libre de píldoras anticonceptivas" (LA OPINIÓN, p. 24, 1 marzo 1974).

35

FELITTI, 2005b.

36

"Opinión de una legisladora" (LA OPINIÓN, p. 17, 14 marzo 1974).

37

"El Gobierno Nacional y la Planificación de la Familia" (LA NACIÓN, p. 4, 7 marzo 1974). Esta solicitada también fue publicada el día anterior en el diario

La Opinión. Sobre los comienzos de la AAPF en Argentina, ver FELITTI, 2006a.

38

FELITTI, 2006a.

39

FELITTI, 2006a.

40

CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA, 2005, artículo 86, incisos 1 y 2 (actualmente en vigencia).

41

Domingo OLIVARES, 1974.

42

OLIVARES, 1974.

43

FELITTI, 2006b.

44

FELITTI, 2000; y Valeria MANZANO, 2005.

45

Marcela NARI, 2005.

46

Las repercusiones de las experiencias de planificación familiar en América Latina han sido analizadas por Joana Maria Pedro, quien también señala esta tensión entre las necesidades de las mujeres, las demandas del movimiento feminista y las presiones de los organismos internacionales y los países centrales. Ver Joana Maria PEDRO, 2003.

47

Entrevista personal a Hilda RAIS. Buenos Aires, 16 marzo 2005.

48

FELITTI, 2006b.

49

Entrevista personal a Sara TORRES. Buenos Aires, 26 enero 2005.

50

RAIS, 2005.

51

TORRES, 2005.

52

Precisamente cuando aquí se redoblaron los esfuerzos para aumentar la población, en México comenzaba a implementarse una política opuesta. El nuevo Código Sanitario de 1973 derogó el artículo que prohibía la propaganda y venta de anticonceptivos y en 1976 se creó la Coordinación del Programa Nacional de Planificación Familiar. Esto nos permite comparar las distintas posturas que podían asumir los estados dentro de una misma región, en función de sus intereses, historia, posibilidades y relaciones internacionales (María Eugenia COSIO-ZAVALA, 1994).

53

La historia de las políticas públicas en relación a este tema comenzó en estos años: primero con leyes y decretos provinciales hasta que, en el 2002, se sancionó la Ley nacional n. 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, cuya implementación efectiva y eficiente aún tiene mucho camino para recorrer (Mónica PETRACCI y RAMOS, 2006).

54

Judith FILC, 1997.

55

Luis Alberto ROMERO, 2003.

56

Bonnie Shepard, 2000.

57

BALÁN y RAMOS, 1989a.

58

RAMOS et al., 2001.

59

Elizabeth JELIN, 1996.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  13 Feb 2009
• Fecha del número
  Ago 2008

Histórico

• Acepto
  Mayo 2007
• Recibido
  Ene 2007