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Revista Estudos Feministas

Print version ISSN 0104-026X

Rev. Estud. Fem. vol.18 no.3 Florianópolis Sept./Dec. 2010

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-026X2010000300006 

ARTIGOS

 

'Mujeres': destinatarias privilegiadas de los planes sociales de inicios del siglo XXI - reflexiones desde una perspectiva crítica de género

 

'Women': privileged targets for the early 21th century social programs - reflections from a critical gender perspective

 

 

Claudia Anzorena

INCIHUSA - CONICET

 

 


RESUMEN

Desde fines de los 1990 tanto en Argentina como en Latinoamérica, se han introducido planes sociales destinados a atenuar las condiciones de pobreza producto del modelo neoliberal. Estos procesos afectan de modo particular a las mujeres en cuanto las ubica como 'destinatarias' privilegiadas de estas medidas. En este ensayo buscamos explorar en que sentido en que algunos supuestos de la Nueva Economía de la Familia (NEF) promueven la naturalización del rol reproductivo y doméstico para las mujeres, y las define como funcionales a los objetivos de las políticas sociales paliativas de los 1990. Esta visión, que promueve el aprovechamiento de las supuestas 'virtudes maternales' de las mujeres, reproduce la discriminación de género y clases, y refuerza la supuesta naturalidad de la división sexual del trabajo.

Palabras clave: planes sociales; mujeres destinatarias; capital humano; Nueva Economía de la Familia.


ABSTRACT

Since the late '90s, social programs to ameliorate the poverty conditions provoked by the neoliberal model have been applied in Argentina and in Latin America. These processes particularly affect women, as they are the privileged 'target' of those measures. This essay explores the ways in which the New Economics of the Family (NEF), in 90's social programs, promotes the naturalization of women's responsibility as homemakers, and defines them as functional to the objectives of palliative social policies. Such a vision profits from supposed natural 'motherly virtues', and far from promoting more egalitarian relations between women and men, reproduces gender and class discrimination by reinforcing the supposedly natural sexual division of labor.

Key Words: Social Programs; Woman as Target; Human Capital; New Economics of the Family.


 

 

Desde fines de 1990, en Argentina, como en gran parte de Latinoamérica, se viene desplegando un amplio abanico de planes sociales 'compensatorios' destinados a paliar las difíciles condiciones materiales de existencia de amplios sectores de la población que han adquirido la modalidad de políticas focalizadas dirigidas hacia sectores vulnerados por el modelo económico. Estas políticas son producto de la necesidad de atenuar el conflicto que provocó la gran expansión del desempleo y la pobreza como consecuencia del modelo económico-político neoliberal implementado en los 1990. Lejos de ser una cuestión excepcional, estos procesos afectan de modo particular a las mujeres, en cuanto las ubica como 'destinatarias' privilegiadas de estas medidas paliativas.

Paradójicamente, a pesar de la clara direccionalidad de los planes sociales hacia las mujeres (madres y pobres sobre todo) y de la retórica de la presencia de 'componentes' de género en la planificación social, las políticas de atención a la pobreza se presentan como intervenciones sexualmente neutras dirigidas hacia las familias como un todo armonioso, invisibilizando el trabajo de las mujeres como receptoras y administradoras de los planes sociales.

El interrogante que da inicio a estas reflexiones es por qué algunas mujeres con determinadas características (ser pobres, sostén económico del hogar, tener personas dependientes a cargo, etc.) son las destinatarias privilegiadas de la aplicación de las políticas sociales.1 En este artículo intentaremos develar cómo algunos supuestos de la Nueva Economía de la Familia (NEF), aunque fueron fuertemente criticados por falaces y reaccionarios, son retomados, subyacen y son funcionales a los planes que toman a las mujeres-madres-pobres como foco de los programas sociales, brindándoles apariencia de eficiencia y legitimidad.

Abordaremos este tema desde una perspectiva crítica de género que pretende mostrar las formas en que los mecanismos de focalización y contraprestación de las políticas sociales neoliberales, lejos de promover el establecimiento de relaciones más igualitarias, reproducen la discriminación de género y de clase al reforzar la pretendida naturalidad de la división sexual del trabajo.

 

La inversión en capital humano en la esfera doméstica: un poco de historia

Durante los años 1960 desde la economía neoclásica se argumentó la relación directa entre capital humano y productividad.2 Esta tesis, introducida por la Teoría del Capital Humano, dio lugar a otras inquietudes en relación a las diferencias de capital humano entre los/as individuos/ as, ampliándose el análisis hacia la economías domésticas y a las diferencias salariales entre mujeres y varones, para determinar si la explicación de tal asimetría se encontraba en diferencias de productividad o en preferencias de las personas por determinados empleos.3

La Nueva Economía de la Familia (NEF) surge en este contexto, y su máximo representante es Gary Becker, quien intenta dar respuestas al comportamiento de la oferta laboral femenina desde la posición de los/as individuos/as, e introduce 'la unidad familiar' como tema de interés en la ciencia económica.4

La idea de 'familia' de la que parte Becker en los 1960 no parece muy alejada a la que encontramos actualmente en las políticas sociales. Se trata de un núcleo familiar pequeño (padre/madre e hijos/as) como lugar del cuidado y de lo afectivo, separado del lugar de la producción. Es una familia monogámica, heterosexual, donde la 'esposa' se dedica a las tareas domésticas y de cuidado, y el 'esposo' proveedor se dedica a actividades en el mercado. La considera el tipo de organización familiar más 'omnipresente' y con el grado más evolucionado en el desarrollo, y refuerza la concepción de la familia burguesa como universal, con la división del trabajo más racional y por tanto más eficiente.5

Por otra parte, la NEF traslada los supuestos de "conductas maximizadoras, estabilidad de las preferencias y equilibrio de los mercados",6 y se posiciona como la expresión de la teoría neoclásica para el estudio del comportamiento de la familia. En discordancia con la teoría del capital humano, señala que existe tiempo que aunque no esté dedicado al mercado también es productivo, diferenciando el tiempo de producción doméstica del tiempo de ocio. Becker considera que la inversión en capital humano afecta de la misma manera a la productividad del tiempo dedicado al hogar que al mercado; la diferencia es que las distintas personas (según sean varones o mujeres) se van a sentir más inclinadas a invertir en el tipo de capital que aumente el rendimiento de aquellas actividades para las que se dedica mayor tiempo.7

De este modo aplica la teoría de las ventajas comparativas para un reparto racional de las tareas en el núcleo familiar. Es decir, un hogar eficiente sería aquel donde cada miembro se especializa en el hogar o en el mercado según sus ventajas comparativas, y, una vez especializado, cada uno/a invertirá únicamente en capital de mercado o doméstico, produciéndose en el interior de la familia un equilibrio automático en la distribución del tiempo y los beneficios. Al ser complementarios los tiempos, los hogares compuestos tanto por varones como por mujeres serían más eficientes que los hogares formados por individuos de un único sexo.8

Para el autor, la división del trabajo se debe a las ganancias por las inversiones en capital humano como elección personal, pero estas elecciones están determinadas por características inherentes a cada sexo. Según las diferencias biológicas, el sexo es una característica distintiva importante en la producción y crianza de los/as hijos/as, y quizás también en la producción de otros bienes domésticos. Para Becker, es la mujer quien controla el proceso reproductivo a nivel biológico y, porque controla ese proceso e invierte tiempo en sus capacidades reproductivas, a la vez que mientras 'engendran' pueden alimentar y cuidar otros/as hijos/ as con mayor facilidad que realizar otras actividades.9 Es decir que la capacidad de procrear hace a las mujeres las más idóneas para realizar las tareas domésticas, como asignaciones naturales que aceptan voluntariamente para maximizar las utilidades, sin considerar las cargas sociales y culturales de la maternidad. En este sentido, las mujeres recibirían salarios menores, porque acumulan menos capital humano para el mercado, siendo más productivas para el trabajo doméstico y el cuidado.10

Por otra parte Becker sostiene que el principal objetivo del matrimonio y la familia es la crianza de hijos/as propios/as, entendidos como bienes de consumo, y la demanda de niños/as dependería del precio relativo de los/as mismos/as y de la renta plena, es decir, de un cálculo económico 'racional'. En este sentido, para las personas de zonas rurales (y, se puede agregar, las familias pobres) un aumento de los ingresos potenciales por niño/a aumentaría la demanda de hijos/as. Según los parámetros de Becker, las mujeres pobres o de zonas rurales, al tener facilidades para obtener subsidios tendrían más hijos/as porque el costo en tiempo dedicado a ellos/as disminuiría gracias a la ayuda del gobierno, y a su vez aumentaría el beneficio al recibir mayores aportes.11

 

Algunas consecuencias de los desarrollos de la NEF

Las ideas que propiciaron la noción de capital humano, en su versión limitada a la relación capital humano/ sistema productivo o en la versión que contempla especialmente la situación de capital humano/ámbito doméstico, afectan la vida de muchas mujeres. Estas teorías recibieron críticas desde diferentes ámbitos, inclusive desde la teoría económica neoclásica misma, críticas que fueron desde la falta de rigor científico hasta por sus efectos políticos e ideológicos.12

La NEF si bien reconoció la productividad del trabajo doméstico, no pudo superar el reduccionismo economicista del paradigma neoclásico. Sus supuestos tienden a reforzar las relaciones sociales desiguales existentes entre los géneros tanto en el mercado como en la vida doméstica, porque justifican y naturalizan la división sexual del trabajo, encubren la sobrecarga de tareas para las mujeres, y la mayor explotación en el sistema de producción.13

En cierta manera, la NEF parece constituirse en una reacción de los sectores conservadores a las grandes transformaciones de la segunda parte del siglo XX que llevaron tanto al ingreso masivo de las mujeres a las universidades y al mercado de trabajo, como al surgimiento de la Segunda Ola de los movimientos feministas. A su vez 'las mujeres', como grupo con características específicas, comenzaban a ser consideradas uno de los puntos claves en las discusiones en torno al desarrollo de los países del 'Tercer Mundo', lo que se materializó en las sucesivas Conferencias Internacionales que Naciones Unidas organizó desde 1975 en México. Mientras algunas feministas y planificadores/as habían comenzado a poner el acento en la necesidad de promover el rol productivo de las mujeres a través de la educación como forma de impulsar el desarrollo y no sólo centrarse en lo reproductivo, Becker publica su Tratado sobre la familia (1981) en el marco de una ola moralizante y de 'vuelta' a los valores tradicionales, incitada por la restauración del orden conservador de la Nueva Derecha, que hacia los 1990 gozaría de gran popularidad.14

Desde los años 1970, estas teorías brindaron a organismos internacionales (como el FMI, BM y el BID) y a los gobiernos adeptos un repertorio de supuestos útiles para legitimar, validar y por tanto crear consenso, alrededor de algunas acciones que implementaban en sus países y promovían hacia los países más pobres.15 Independientemente del precario consenso, tuvieron gran divulgación en Latinoamérica, producto de la difusión de los organismos internacionales a través de sus proyectos y 'recomendaciones'.16 Esta conexión estrecha entre educación y mercado de trabajo, así como la concepción de la eficiencia en tanto asignación de tiempo de acuerdo a las ventajas comparativas según el sexo, se constituyeron en discurso recurrente a la hora de diseñar políticas para los países considerados en vías de desarrollo.

En la última década del siglo XX, los presupuestos de estas teorías permanecen en el discurso hegemónico, en las políticas de los años 1990 subyacen muchos de los supuestos de la NEF, que bajo una auto-pretendida 'cientificidad', legitiman y justifican las políticas sociales focalizadas implementadas como paliativo de las consecuencias del modelo de ajuste estructural que impusieron en Latinoamérica los organismos internacionales de financiamiento, con la colaboración activa de las elites dirigentes.

 

Las mujeres en las políticas sociales: los planes compensatorios de los 1990

A fines de los años 1960 los organismos y agencias internacionales, gobiernos e investigadores/as identificaron a las mujeres como 'actoras' relevantes del 'desarrollo'.17 Las mujeres de clases populares de los países menos industrializados, por ser las encargadas de la subsistencia de las personas a su cargo (niños/as, ancianos/as, enfermos/ as), eran las más afectadas por la pobreza y las más dispuestas a 'solucionar sus problemas'. Entonces, mejorar la vida de las mujeres, o bien brindarles recursos para que lograran satisfacer sus necesidades, significaba recomponer la vida del hogar y la comunidad.18

'Las mujeres', paulatinamente desde entonces, se constituyeron en una población presente en las políticas sociales internacionales y nacionales. Muchas de estas políticas se centran en la necesidad de 'incrementar el capital humano' o el 'capital social' de las mujeres-madrespobres, y están marcadas por la tensión entre impulsar su rol productivo (lo que se traduce en más capacitación para obtener mejores empleos y mejorar la situación económica del hogar) o reforzar su rol reproductivo, la vuelta al hogar y a la comunidad (lo que significa más capacitación para que sean mejores madres, controlen su natalidad, se involucren con la comunidad y que el Estado de acceso a recursos en caso de que el varón esté ausente), como veremos ocurre en las políticas sociales en Argentina.

A fines de los 1990, la preocupación por los costos sociales del ajuste llevó a un creciente interés por la cohesión social y el capital social como elementos indispensables para la vida social; en estos debates sobre las políticas públicas asociadas con formas de cooperación identificadas con la 'comunidad' se comenzó a pensar en que era necesario introducir 'valores femeninos' sobre el argumento de que las mujeres tenían una superioridad moral en lo político y comunitario. Según explica Maxine Molyneux, en los procesos de reforma estructural que acompañaron la redemocratización, las agencias internacionales y los gobiernos se apropiaron de las ideas de 'ciudadanía activa' y 'participación desde abajo' - impulsado por las comunidades cristianas de base - y las transformaron en herramientas para la formulación de las políticas como forma de afrontar una serie de problemas sociales y políticos. Estas permitían inculcar un sentido de responsabilidad social compartida y una base sólida para la legitimidad política. En este sentido las agencias regionales de la ONU, el BM, BID y el FMI impulsaban en sus recomendaciones la necesidad de desarrollar redes comunitarias y lazos sociales, como forma de aliviar el peso de los Estados en la consecución de los bienes colectivos.19

En pocas palabras, el modelo neoliberal, al mismo tiempo que busca reducir su responsabilidad en cuanto a la asistencia y la seguridad social, promueve la optimización del rol reproductivo de las mujeres, como la actividad que éstas desempeñan con mayor eficiencia. Es decir que la asignación histórica de las mujeres al trabajo reproductivo les exige enmendar las carencias de los servicios públicos y los efectos destructivos del mercado laboral. En definitiva la responsabilidad del trabajo no remunerado de cuidado y doméstico es de los hogares, y dentro de ellos, de las mujeres.20

 

La crisis de 2001: la 'nueva' política social en Argentina

En Argentina a inicios de 2002, la trayectoria de las medidas 'de emergencia' que acompañaron la salida de la Convertibilidad ha profundizado la estructuración de la política social en un sentido poco alentador para el colectivo de mujeres: éstas, lejos de ser consideradas como ciudadanas o trabajadoras con derechos, se van posicionando como las administradoras de la asistencia para los hogares empobrecidos.21

La asistencia social está estructurada en función de las necesidades del modelo político-económico de contener el conflicto para garantizar la acumulación. A fines de 2001, la pauperización y el descontento social habían llegado a tal punto que si no se controlaban la pobreza (más de la mitad de la población) y la exclusión (los índices de desempleo pasaron el 20% de la población económicamente activa), se ponía en peligro la estabilidad del modelo, y tarde o temprano igualmente se tendría que invertir o en planes sociales masivos cuyo control sería más dificultoso o bien en la represión.22

En esta situación a inicios de 2002, de un país donde el conflicto social y la movilización popular hacían tambalear a un gobierno de transición débil,23 se implementaron políticas para disciplinar y reprimir la protesta, a la vez que se transfirieron grandes sumas de dinero a través de programas como el Plan Jefes y Jefas de Hogar (PJJHD) que alcanzó casi 2 millones de beneficiarios/as en 2003.24 Este plan fue creado como respuesta a la situación crítica en que se encontraban más de 2 millones de desempleados/as en el país. Su objetivo era brindar una ayuda económica para promover la 'inclusión social' y la 'empleabilidad'. Tenía como contraprestación la incorporación de los/as beneficiarios/as a la educación formal, la capacitación laboral, o a proyectos productivos y de desarrollo comunitario. El 70,5% de los/as beneficiarios/as eran mujeres, según datos del Ministerio de Trabajo.25 Según Rodríguez Enríquez y Reyes,

Aún cuando en el marco de su diseño se pensó que el beneficio sería reclamado principalmente por los jefes varones desocupados, en los hechos los requisitos existentes provocaron que se inscribieran en el mismo una gran cantidad de cónyuges mujeres que se encontraban inactivas. En efecto, según información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), más del 30% de quienes estaban ocupados a través de un plan de empleo en octubre de 2002 se encontraban inactivos en mayo del mismo año. Pero mientras entre las mujeres ese porcentaje asciende a 40%, se reduce a apenas 7,9% en el caso de los varones. O lo que es lo mismo, del total de beneficiarios provenientes de la inactividad, el 92% eran mujeres y el 8% varones.26

Chiroleu y Delfino coinciden:

El quiebre del modelo de acumulación, en diciembre de 2001, lleva a que el nuevo gobierno justicialista centre su accionar en el diseño de programas sociales como estrategia de estabilización de la vida social en los segmentos de riesgo. Surge de esta manera, a principios de 2002, el mayor programa de subsidio al desempleo de la historia argentina, el denominado Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. [...] Habían quedado atrás las épocas de ocupación plena del jefe de hogar y las lecturas que veían en el aumento de la participación laboral femenina un indicador de modernización, desarrollo o crecimiento; para este momento los ingresos de las mujeres (y en muchos casos el monto del subsidio) se convirtieron en centrales en muchos hogares.27

Como indican diferentes analistas, este programa, si bien significó un cambio en las formas de gestión de la asistencia en cuanto masificaron las prestaciones sociales en una coyuntura especialmente difícil, en lo concreto continuó con los criterios de los planes sociales neoliberales aunque a gran escala.28

En el año 2004, durante la gestión de Néstor Kirchner, se llevó a cabo una reforma de las políticas sociales. El gobierno consideró que si bien la emergencia ocupacional que dio lugar al PJJHD no había sido superada las evaluaciones realizadas, hacían 'aconsejable su reformulación' con los objetivos de promover

[...] una verdadera cultura del trabajo entre aquellos beneficiarios con condiciones de empleabilidad promoviendo su inserción o reinserción laboral, orientando hacia ello el actual programa [y de] disminuir la vulnerabilidad de las familias que se ubican en una situación estructuralmente más desventajosa, de tal modo que la sola mejora del ingreso no mejora sus perspectivas de desarrollo humano.29

Desde el punto de vista de Rodríguez Enríquez y Reyes el gobierno en parte modificó la estrategia de intervención social debido a la recuperación de la actividad económica y el nivel de empleo por un lado, pero sobre todo por el descrédito social y político del PJJHD, criticado por el manejo discrecional y por la falta de cumplimiento de la contraprestación por parte de los/as beneficiarios/as.30

De acuerdo a los objetivos de la reformulación se implementó una política asistencial de empleo o para desocupados/as, bajo la órbita del Ministerio de Trabajo (MT), y una política asistencial para la población 'pobre', 'vulnerable' y 'no empleable', bajo la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social (MDS). Esta modificación se planteó la transferencia de los/as beneficiarios/as del PJJHD a otros planes de acuerdo a la 'capacidad de empleabilidad':31 quienes se consideraba tenían posibilidad de ser empleados fueron trasladados/as a Seguro de Capacitación y Empleo, y quienes tenían 'déficit de empleabilidad', más precisamente las mujeres con hijos/as a cargo, fueron traspasadas al Programa Familias por la Inclusión Social, bajo la órbita del MDS.32 De acuerdo al informe del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,

El cambio de política y del instrumento se detecta cuando se verifica que se traspasaron al Programa Familias un 38,2 por ciento, se incorporaron al empleo registrado un 22 por ciento, y adhirieron al Seguro de Capacitación y Empleo un 15,8 por ciento de los "titulares del derecho".33

El Programa Familias, implementado en 2005, estaba dirigido a familias en situación de pobreza con niños/as y adolescentes menores de 19 años, o personas con discapacidades permanentes, y/o mujeres en estado de gravidez que no percibían subsidios por desocupación ni por asignaciones familiares. Su objetivo es

[...] promover la protección e integración social de las familias en situación de vulnerabilidad y/o riesgo social, desde la salud, la educación y el desarrollo de capacidades, posibilitando el ejercicio de sus derechos básicos, en el marco del Plan Nacional Familias.34

Por una parte realiza una transferencia de un ingreso monetario no remunerativo, que aunque está dirigido al hogar es la 'madre' o 'encargada del cuidado de los/as niños/as' la depositaria y titular del mismo. Tiene una contraprestación denominada familiar en educación y salud que no consiste en hacer actividades como en el programa antecesor, sino en certificar la permanencia en el sistema educativo y el control de salud de los/as hijos/as.

Según Levín y otras, las consecuencias políticas de no mencionar a las mujeres como las administradoras encubre la desigualdad de responsabilidades y de poder al interior del hogar, ya que se valora el trabajo que se hace en la familia en abstracto, cuando en realidad se trata de labores que o bien lo realizan las mujeres, o bien son las responsables de que sean realizado. Por otra parte, hay un trato desigual de mujeres y varones, porque promueve la permanencia de los varones en la esfera pública hasta que sean restituidos al lugar de jefe sostenedor, en tanto mantiene a las mujeres "madres" como encargadas del trabajo reproductivo y depositarias de los ingresos para el cuidado de la familia y del cumplimiento de las contraprestaciones necesarias para mantener el subsidio y el estándar de vida, de salud y de socialización de esa familia.35

Esta retórica de la promoción de la participación social de los sectores populares que promueven estos programas es fuertemente engañosa. Si bien se puede considerar un gesto 'progresista' porque implica la organización de los sujetos, en realidad se trata de una participación tutelada y condicionada a que atiendan a un sistema de expectativas predeterminado, que responden a la división patriarcal del trabajo: es decir varones productivos y mujeres domésticas.36 Por otra parte, el componente de gestión asociativa a nivel local para promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil deja en evidencia el proceso de tercerización de los servicios por parte del Estado, pero con una gestión asociada difícil de sostener por parte de las organizaciones.37 Además, parece ser que el ámbito social adquiere mayor relevancia; sin embargo, en el caso de las mujeres, sus intereses quedan fusionados con los de sus familias y de la comunidad y los problemas a resolver no son otra cosa que extensión de los problemas domésticos que ellas tienen en sus hogares, por lo tanto lo que se promueve no es la participación de las mujeres como ciudadanas sino como madres sociales, donde el barrio es una extensión de la familia.38

Es decir que, mientras por un lado el MT atiende la situación 'transitoria' de carencia de ingreso de 'los desocupados' y crea mecanismos de reinserción laboral, por otro el MDS realiza acciones dirigidas a 'la familia' para facilitar el acceso a los alimentos en forma directa o indirecta; para atender la situación de carencia de ingreso de las mujeres con niños/as a cargo; y para generar mecanismos de reinserción laboral, centradas en la promoción de emprendimientos productivos autogestionados de pequeña escala, mediante subsidios y microcréditos. La cuestión del empleo atraviesa las acciones de ambas jurisdicciones, marcadas por la idea de que los varones son los encargados de proveer recursos económicos y las mujeres de la organización y cuidado del hogar.39

Esta modificación de la estrategia de intervención en relación al desempleo está fuertemente signada por la división sexual del trabajo que determina qué tipo de trabajo y qué jurisdicción es más legítima para cada persona en función de su género sexual, siendo el empleo para los varones, y el trabajo doméstico, de cuidado y comunitario para las mujeres; el MT para los varones y el de MDS para las mujeres. La consolidación de la división sexual del trabajo llega a su punto cúlmine en la fusión de los intereses de las mujeres con los intereses de la familia que se produce en la distribución genérica de los ministerios y en el Programa Familia que las recluye nuevamente en el hogar.

Estos programas no otorgan un ingreso monetario al individuo en condición de ciudadano/a y como derecho, independientemente de sus rasgos personales, se trata de una fragmentación y un abanico de planes y programas que siguen con los criterios de la focalización y de categorización de la población en aras de la tan mentada eficiencia, que ponen en marcha una organización burocrática para la gestión y el control de la población que 'merece' el beneficio, pero también una forma de racionalizar la distribución del 'favor'. Ya no se trata de recibir o dar directamente el subsidio, sino de realizar una suerte de clasificación de la población de modo tal que el/a potencial receptor/a resulte ser considerado/a un objetivo de esa política. Esto se profundiza con la descentralización que refuerza y hace más oculto al clientelismo, a la vez que se legitima, en la medida en que aparece vinculado a la participación de la sociedad civil.40

En estas políticas que dicen incorporar componentes de género, se toma la noción sólo a nivel discursivo, pretendiendo hacer un uso correcto de la misma, sin embargo se la utiliza como equivalente a mujer, esto es, sin considerar los efectos sociales y políticos que la diferencia sexual promueve en el orden social. No sólo naturalizan los roles socialmente construido para las mujeres, sino que además utilizan una evidencia empírica - esto es que las mujeres son menos 'empleables' en terminos tradicionales, porque ocupan los puestos más precarios y flexibilizados - para justificar la reclusión doméstica de las mujeres en las tareas históricamente asignadas; en definitiva, para reproducir la división sexual del trabajo y las desigualdades que la sustentan. En el traslado de jurisdicción del Ministerio de Trabajo a Desarrollo Social, las mujeres no sólo son arrojadas a la 'inempleabilidad', sino que además son invisibilizadas, porque el verdadero foco de la política no son ellas, en cuanto individuas, sino los hogares que administran. Las mujeres quedan ubicadas como responsables de la domesticidad en el marco de las políticas para menores, minusválidos y minorías sociales (los/as cuales también son desvalorizados/ as y considerados/as como objeto de tutela y no sujetos de derechos).

En un contexto de asimilación creciente de las políticas sociales a las indicaciones de los organismos de financiamiento, el viraje en el sentido de las políticas sociales en Argentina de la postconvertibilidad, a pesar de la masificación, no hace hincapié en el significado de la prestación (universalización - ingreso ciudadano por ejemplo), sino que se mantiene la estructura de programas focalizados en los/as 'carenciados/as', pero modificando el sentido de la contraprestación. Ya no se trata de realizar algo socialmente útil hasta volver al mercado de trabajo, sino que para los varones se implementan formas de generar recursos económicos, y para las mujeres mecanismos que promuevan su permanencia en el hogar. Estas políticas impactan tanto en la organización del hogar como en las condiciones del mercado de trabajo, pero con perjuicios específicos para las mujeres en ambos espacios. A continuación abordaremos algunas ideas que legitiman estos procesos.

 

La NEF como legitimación de los planes sociales

El horizonte de las políticas sociales dirigidas hacia las mujeres está vinculado a un retorno neoconservador que tiende a reforzar el lugar de las mujeres dentro del hogar y que, bajo la retórica de la participación de las mujeres en el desarrollo, fundamentalmente trata de contener la presión femenina sobre el mercado de trabajo y paliar la pobreza. En este sentido, los planes sociales implementados en Argentina desde 2000 reproducen una tensión que se encuentra en las recomendaciones de los organismos internacionales: introducir algún componente de género a favor de las mujeres, al mismo tiempo que las considera como madres y responsables del cuidado de los otros/as, promueven el aprovechamiento de los lazos de solidaridad que se establecen entre ellas, en el marco de la privatización del cuidado y de la gestión de los recursos escasos para la supervivencia de los sectores excluidos.41

La condición de las mujeres en el mercado de trabajo y su exclusión/inclusión está determinada por las necesidades del sistema productivo, atravesado por las relaciones desiguales de género. Desde el punto de vista de los Organismos Internacionales que financian planes para los países del sur, en las condiciones actuales del mercado laboral, un camino para contrarrestar la dinámica expulsiva del mercado y contener el conflicto social es reafirmar los roles socialmente asignados, y hacer sentir a las mujeres excluidas que las tareas que realizan en 'casa' son 'productivas', es decir valiosas, y, en todo caso, que deben ceder el lugar para que sean los varones los que busquen empleo.

En este sentido podemos observar cómo se retoman supuestos de las neoclásicas Teoría del Capital Humano y Nueva Economía de la Familia, que brindan criterios incuestionables para una focalización 'eficaz' de destinatarios/as para los planes sociales. La noción de acrecentamiento del 'capital humano' para hacer más productivo lo doméstico a través de la educación o la formación como contraprestación en los planes sociales, brinda un repertorio de ideas para crear consenso, ocultar el efecto de reforzamiento de las desigualdades de género y de clase, y mostrar las políticas sociales paliativas como medidas 'equitativas' y 'eficaces' que promueven la igualdad de oportunidades y benefician a toda la sociedad, al subsanar los 'problemas' que acarrea la exclusión y la precarización de las condiciones de vida, encubriendo que es el mismo sistema el que las produce.

Basándose en la división sexual del trabajo existente, la planificación social, cuando se enfoca en el terreno doméstico, en las actividades de generación de ingresos, los requerimientos de vivienda y servicios básicos a nivel de la comunidad, se dirige generalmente a las mujeres. Estos requerimientos, aunque son de todos/as los/as integrantes del hogar y en especial de los/as niños/as, son identificados como 'necesidades' de las mujeres, tanto por quienes diseñan las políticas, como por ellas mismas que las demandan como propias.42 Un informe del Ministerio de Desarrollo Social de Argentina que trata el tema de los planes sociales indica: "La condición de jefas o jefes de hogar, con responsabilidades familiares, compone un doble riesgo: el de la subsistencia del menor a cargo y la propia subsistencia".43 Concluye que las mujeres son el grupo de mayor impacto porque,

En los contextos de pobreza urbana, la mujer tiene un lugar clave en la determinación de las estrategias de sobrevivencia de las familias más vulnerables. Su lugar es fundamental ya que constituye el nexo entre lo familiar y lo comunitario, debido a que la participación en instancias sociales tiene un componente mayoritariamente femenino.44

A diferencia del reconocimiento expreso realizado en 2001 respecto del papel de las mujeres (aunque acrítico), la publicación ministerial de 2007 elimina toda referencia a las mujeres tomando como unidad a la familia.

Una familia puede ser considerada pobre por percibir ingresos menores al costo de la canasta familiar básica, pero sin embargo, puede participar creativamente en el desarrollo de su comunidad y hacer que sus hijos participen de programas que hacen a la estimulación temprana y al desarrollo infantil. En cambio, otra familia puede tener ingresos superiores a la canasta básica, y tener gastos superfluos sin priorizar el desarrollo infantil de sus hijos.45

En pocas palabras, las políticas impulsadas en los últimos años por el Ministerio de Desarrollo Social identifican a las mujeres con sus familias y, a la vez que las invisibilizan, tienden a reforzar la división sexual del trabajo asignando 'naturalmente' a las mujeres el cuidado de sus hijas e hijos.

Este tipo de argumentaciones se encuentran respaldadas por el Banco Mundial, el BID, o Naciones Unidas.46 Promueven planes dirigidos a mujeres principal o único sustento del hogar tomando de hecho su situación, sin preguntarse por qué esos hogares caen frecuentemente bajo la línea de pobreza, tienen alto grado de dependencia, y acceso limitado al empleo y servicios básicos.47

Los planes compensatorios se basan precisamente en la familia considerada como una unidad armoniosa, maximizadora y racional, ajena a costumbres e ideologías, es decir, que se basan en una familia que difícilmente exista en la realidad.48 Estos supuestos sobre la familia, donde no hay desequilibrios de poder, donde el 'jefe' altruista busca maximizar las utilidades, y sus intereses son equivalentes a los intereses de todos/as sus miembros, no hace más que encubrir los conflictos y reforzar la estructura de poder establecida, enmascarando la subordinación de género al interior del hogar.

En cuanto al tema de la contraprestación, los supuestos de la NEF colaboran en hacer más aceptables las políticas compensatorias para la sociedad. Cuando se destina dinero en medidas paliativas de ciertos sectores sociales, el Estado - para justificar ese gasto como 'productivo' - solicita a cambio una 'contraprestación'. La contraprestación puede ser alguna actividad entendida como 'trabajo', generalmente algún servicio comunitario o empleo temporal, como barrido de calles, cuidado de plazas, etc., o bien asistir a alguna instancia de capacitación o formación. En ambos casos, se considera un gasto productivo en cuanto el/la beneficiario/a, a través del plan, incrementa su capital humano, ya sea adquiriendo formación en el ejercicio mismo de un trabajo, o por recibir capacitación, lo que le da mayor posibilidad de reinsertarse en algún momento en el mercado laboral y revertir la situación de 'exclusión'. El problema es que, en las condiciones actuales, la reinserción laboral para quienes quedaron fuera del sistema es bastante improbable, de modo que la productividad del gasto pierde sentido, tornándose en acciones cuestionables y políticamente perjudiciales.

Este escollo puede superarse, si se toma como beneficiarias a mujeres-madres-pobres, desocupadas y con niños/as a cargo. Es aceptable que se asigne gasto a este colectivo, aunque nunca se reinserten en el mercado laboral, por el alto impacto social que se le atribuye a su formación. Esto es claro en muchos documentos, sólo para ejemplificar:

Una mayor educación en la mujer no sólo está relacionada con mejores oportunidades de empleo sino que trae otros beneficios, como por ejemplo el descenso de la tasa de mortalidad infantil y de desnutrición, acceso a mayor información para defender sus derechos y el de sus hijos, elevando así los niveles de salud y bienestar de su familia.49

Los estudios han demostrado que al educar a las madres mejora también la salud de los hijos y se reduce la tasa de fecundidad y que cuando las mujeres tienen más control sobre el ingreso o los activos productivos de la familia, mejora la situación global del hogar.50

Educar a las mujeres y posibilitar que tengan sólo el número de hijos que desean redundará en familias más pequeñas y crecimiento más lento de la población. Así se aliviaría la presión sobre el medio ambiente y se ganaría tiempo para adoptar decisiones de importancia crucial.51

La apelación a los supuestos de la NEF son evidentes: las mujeres quedan ubicadas en función de su rol materno, como cuidadoras de su familia y de la comunidad. El objetivo es que las mujeres pobres acumulen 'capital humano doméstico' para ser madres más eficientes y al menor costo. Dar como contraprestación de los planes capacitación o educación para mujeres-pobres-con menores a cargo permite justificar esa asignación de dinero como una inversión y no como un gasto, que produce beneficios sociales indirectos crecientes: significa mayor retención de los/as niños/ as en el sistema escolar, disminución de los índices de delincuencia, de desnutrición, de mortandad gestacional e infantil, de la tasa de fertilidad. Se crea la imagen de que una madre educada es un beneficio social en sí mismo, porque aunque nunca logre reinsertarse en el mercado de trabajo, ese 'capital humano' acumulado ya es un bien para la comunidad.

En el tema de la contraprestación se presenta otro factor que la NEF contribuye a resolver: solicitar una contraprestación requiere la puesta en marcha de mecanismos de asignación de tareas y por tanto de presupuestos. Además, es muy difícil controlar su cumplimiento. De este modo surge la intención de reformular el diseño de estos planes, aunque la situación laboral no se haya modificado, y una forma que se plantea es transformarlos en 'subsidios familiares', como vimos en el apartado anterior.

Desde el punto de vista de los organismos financiadores, otorgar prestaciones y subsidios a las mujeres-madrespobres es la forma más conveniente y eficiente de intervenir en los hogares vulnerables. En este sentido se rescata la idea de promover la asignación del tiempo de acuerdo con las 'ventajas comparativas' para cada género en la división sexual del trabajo, con el objetivo último de promover familias más eficientes, donde cada miembro se especialice en aquella actividad para la que tenga mayor capacidad, y en el caso de que no haya un varón proveedor, el Estado reemplace el lugar del mismo para que las mujeres sigan dedicando su capital humano acumulado a las tareas domésticas y de cuidado. Basándose en una concepción según la cual las mujeres son cuidadoras y los varones proveedores, se puede distinguir aquellos hogares e individuos más 'vulnerables' y focalizar en grupos en los que una suma de dinero limitada tenga el mayor efecto paliativo posible. La ecuación es simple, si falta el proveedor, ese hogar no adquirirá los recursos necesarios para la subsistencia, si la cuidadora debe asumir el rol de proveedora, ese hogar no estará cuidado o estará deficientemente cuidado. Por tanto, no es de extrañar que los planes sociales a los que generalmente acceden mujeres busquen promover temas relacionados con mejorar la nutrición, prevenir enfermedades, fortalecer el vínculo familiar.

Si las políticas sociales consideran primordial la reinserción de los varones en el mercado de trabajo, o bien la realización de alguna actividad que sientan productiva, las mujeres pueden ser válidamente transferidas a la condición de inactividad. En el imaginario social hay una tolerancia mayor al desempleo femenino que al masculino, se piensa que la peor dolencia de los varones es no tener empleo y la de las mujeres es no tener recursos para cuidar a sus hijos/as.52 Mientras que a los varones parece afectarlos en su dignidad individual, a las mujeres las afecta más bien en su responsabilidad de garantizar la supervivencia de las personas a su cargo, incluido el varón desempleado. Por lo tanto, cuando se piensa en las consecuencias del desempleo y sus efectos al interior del hogar, mientras que la solución para el varón es acceso al empleo, para la mujer es acceso a recursos para garantizar la subsistencia o mejorar las condiciones de vida de la prole, ya sea a través de empleo o de subsidios estatales, ya sea a cambio de la mayor dedicación a sus tareas domésticas o de acceder a algún tipo de educación o formación que, aunque no las pueda reinsertar en el mercado, contribuya a hacerlas 'mejores madres'.

La intervención estatal, a través de las medidas que afirman para las mujeres el hogar y para los varones la reinserción en el empleo, promueve políticas que consideran que 'el trabajador' es el varón y las mujeres son las encargadas de la reproducción, es decir, se implementan políticas que contribuyen a garantizar a bajo costo, para los capitalistas, la reproducción ampliada del capital.53 En este sentido, como explica Moser, la planificación social en general hace una reducción de lo doméstico a una familia nuclear con una clara y justa división sexual de las tareas: un varón proveedor del sustento y una mujer, esposa y ama de casa, con la responsabilidad total del trabajo que implica la organización del hogar. Se supone, implícitamente, que dentro del hogar ambos tienen igual control sobre los recursos y el poder de toma de decisiones.54

En los momentos de crisis, cuando todas las relaciones se vuelven inestables, todas las medidas políticas tienden al restablecimiento o reforzamiento de las relaciones ya existentes. La exaltación de las 'virtudes' de las mujeres como foco para atribuir eficiencia a las políticas sociales produce un reforzamiento de la discriminación y de las relaciones desiguales tanto de género, de clase y de raza, a la vez que profundiza la dominación hacia las mujeres en cuanto refuerza su lugar en las tareas reproductivas55 y su desventaja en el mercado de trabajo.56

Como indica Molyneux el reconocimiento del aporte social de las tareas de cuidado de las mujeres ha contribuido a crear una serie de expectativas sobre su papel en los proyectos de desarrollo que ha tenido efectos perversos para ellas. Por una parte se considera que las mujeres están naturalmente predispuestas a servir a sus familias y comunidades, por ser menos individualistas y por la forma en que están incorporadas en los vínculos familiares y vecinales como consecuencia de su responsabilidad en el ámbito de la reproducción social. Esto hace que se termine considerando todo lo relacionado con lo comunitario, la salud y educación de la familia y la protección del medioambiente como terreno de las mujeres. De este modo tiene un elevado costo no reconocido para las mujeres, porque por una parte se aprovecha su trabajo voluntario impago para desarrollar los proyectos 'participativos' que desde los organismos internacionales y nacionales se promueven. Por otra, se considera que el 'capital social', esto es, las estrategias de supervivencias y formas de cooperación que las mujeres portan y aportan (y hacen que América Latina sea menos pobre en las mediciones), es la panacea para gestionar la pobreza, como si por sí sólo éste pudiera suplir los recursos y las políticas públicas. Para la autora, el 'capital social' se moviliza como una red de seguridad para unas políticas macroeconómicas irresponsables y una gestión estatal deficiente.57

Las visiones que reproducen el supuesto según el cual las mujeres tienden naturalmente a buscar el bienestar de los/as demás asumen que dirigir una política hacia ellas permite llegar con un costo reducido a todas las personas que tengan a cargo, de este modo se legitima la necesidad de que las mujeres vuelvan al hogar (o permanezcan allí), pero esta vez a ocupar el lugar de asistencia del que el Estado neoliberal se desligó, al mismo tiempo que se busca descomprimir la demanda de empleo en el mercado de trabajo y reducir las tasas de desempleo. Ese punto de vista, basado en relaciones desiguales de género, devenido en sentido común, oculta que la existencia de diferentes tipos de trabajos no implica en sí misma una asignación de acuerdo a habilidades naturales de cada sexo, sino que la división sexual del trabajo está dada por determinantes materiales, culturales e ideológicos, que establecen un tipo de trabajo más adecuado según el género.58

En síntesis, los supuestos que promueven los organismos internacionales como mecanismo para focalizar o justificar contraprestaciones, que retoman viejas teorías, son propicios para determinar y legitimar las actuales prioridades de los Estados, que se desentienden de los efectos negativos que produce el modelo que impulsan, responsabilizando a los/as individuos/as, y especialmente a las mujeres, por su lugar dentro del sistema, y eximiéndose de responsabilidades a través de políticas paliativas que no cuestionan el núcleo del problema de la pobreza ni de las relaciones desiguales de género.

 

Reflexiones finales

En las políticas sociales, implementadas como respuesta a los efectos del modelo de ajuste estructural, subyace la idea de la existencia de una familia universal con una natural división sexual del trabajo, y la complementariedad no jerárquica entre mujeres y varones. En el marco de esa idea, las mujeres se erigen como el grupo más idóneo para aplicar los planes paliativos y obtener mayor impacto.

La profunda vinculación entre capitalismo y patriarcado ubica a las mujeres en la relación entre economía y política en el lugar de las encargadas de mitigar, con sus labores domésticas o su propio activismo social, la retirada del Estado. La diferencia sexual en los planes sociales de la postconvertibilidad aparece como situaciones que escapan a las intenciones de la planificación, sin embargo sus efectos se orientan o bien en el sentido de reforzar el rol doméstico de las mujeres y consolidar los estereotipos de lo femenino o bien a considerar al 'beneficiario' como sexualmente neutro y de esa manera reproducir, de todas formas, lo que está establecido.

Aquello que define a las mujeres-madres-pobres como funcionales a los objetivos de las políticas sociales es la naturalización de la responsabilidad socialmente asignada como cuidadoras de sus hogares, lo que las sitúa como uno de los sectores más perjudicados por el modelo neoliberal excluyente. Se trata de una visión que busca sacar provecho tanto de las 'virtudes' maternales y domésticas que se supone tienen las mujeres, como de las redes de solidaridad que crean para la supervivencia.

La exaltación de dichas 'virtudes' como foco para atribuir eficiencia a las políticas sociales produce un reforzamiento de la discriminación y de las relaciones desiguales tanto de género como de clase. Pregonar que las mujeres educadas/ formadas son mejores madres por los beneficios indirectos para las sociedades es asumir que tanto la solución como la responsabilidad de los males que una padece son individuales (ya sea de una persona o de un colectivo como las mujeres), quedando condenadas a la exclusión. Para el imaginario neoliberal/neoconservador 'la madre' continúa siendo la encargada del porvenir de la sociedad, liberando de responsabilidad al sistema, sin preguntar por qué las mujeres ocupan determinado lugar en la división sexual del trabajo.

De esto se desprenden algunas inquietudes. A través de las categorías de capital humano se perpetúa la legitimación de un modelo que intenta poner como parámetro (inalcanzable) las condiciones de vida de la población con recursos de los países más ricos. Sin embargo, se oculta que, cuando las mujeres educadas tienen pocos/as hijos/as, los/ as cuáles sobreviven sus primeros años de vida, se nutren adecuadamente, van a la escuela y no necesitan delinquir, es seguramente porque esas 'madres' tienen condiciones de vida y acceso a recursos sociales, económicos y educativos adecuados, no brindados por subsidios paliativos.

 

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[Recebido em julho de 2009 e aceito para publicação em dezembro de 2009]

 

 

1 Estas consideraciones son parte de una investigación que busca establecer las tensiones en torno a las políticas sociales dirigidas hacia mujeres en Argentina, y está basada en el rastreo y análisis de diversos documentos escritos sobre planes sociales especialmente, pero no exclusivamente, dirigidos a mujeres principal sostén del hogar con niños/as a cargo, entrevistas a 'hacedores/as' de políticas públicas y observación no participante (Claudia ANZORENA, 2009).
2 En los años 1960 se introdujo la categoría económica de 'capital humano', entendida como la capacidad productiva que los/as individuos/as van adquiriendo a lo largo de sus vidas a través de sus inversiones en diferentes tipos de capitales como educación, formación, capacitación en oficio, migraciones y salud. En este sentido Schultz postuló que la educación, al servicio del sistema productivo, determina la productividad 'del trabajador', y la productividad 'del trabajador' determina el salario, entonces la diferencia en el crecimiento económico estaría dada por la cantidad y la calidad de inversión en capital humano (Theodore SCHULTZ, 1983).
3 Cristina BORDERÍAS y Cristina CARRASCO, 1994.
4 BORDERÍAS y CARRASCO, 1994; y Antonella PICCHIO, 1994.
5 Gary BECKER, 1987.
6 BECKER, 1987, p. 10.
7 BECKER, 1987.
8 BECKER, 1987.
9 BECKER, 1987.
10 BORDERÍAS y CARRASCO, 1994.
11 BECKER, 1987.
12 Se pueden consultar Mark BLAUG, 1996; Peter EASTON y Steven KLEES, 1990; y Lester THUROW, 1983.
13 Jane HUMPHRIES y Jill RUBERY, 1994; y PICCHIO, 1994.
14 Sara MORGENSTERN, 1990.
15 EASTON y KLEES, 1990.
16 Gaudêncio FRIGOTTO, 1988.
17 Es necesario mencionar, aunque no lo abordaremos en este artículo, que en esos años los movimientos de mujeres y feministas tuvieron un protagonismo en todos estos procesos que llevaron a que Organismos Internacionales y Estados asumieran un rol activo en la eliminación de la discriminación contra las mujeres.
18 Maruja BARRIG, 1991; Caroline MOSER, 1991; y Patricia PORTOCARRERO, 1990.
19 Maxine MOLYNEUX, 2003.
20 Corina RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ, 2007.
21 ANZORENA, 2009; Adriana CHIROLEU y Andrea DELFINO, 2007; Silvia LEVÍN et al., 2007; RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ, 2007; y Corina RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ y Fernanda REYES, 2006.
22 Ambas situaciones se registraron. A partir del 19 y 20 de diciembre 2001 y durante 2002 se sucedieron manifestaciones sociales, cuya represión dejó un saldo de centenares de heridos/as y decenas de muertos/as, hasta que, después del asesinato tomado por las cámaras de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, el presidente interino Eduardo Duhalde decidió adelantar las elecciones. Por otra parte, el mismo presidente implementó planes sociales, los cuales fueron fuertemente criticados por la opinión pública por la falta de control y el incumplimiento de los/ as beneficiarios/as de la contraprestación requerida.
23 José SEOANE, 2002.
24 Daniel CAMPIONE, 2003; y RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ y REYES, 2006.
25 ARGENTINA, 2002.
26 RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ y REYES, 2006, p. 17.
27 CHIROLEU y DELFINO, 2007, p. 341-342.
28 CHIROLEU y DELFINO, 2007; Laura PAUTASSI, 2003; y RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ y REYES, 2006.
29 ARGENTINA, 2004, p. 2.
30 RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ y REYES, 2006.
31 Empleabilidad entendida como "conjunto de características individuales que dotan a las personas de mayores posibilidades de inserción en el mercado de empleo" (RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ y REYES, 2006, p. 7).
32 Alicia KIRCHNER, 2007. Decreto nº 1.506/04 y Resolución MDS nº 825/05. Según Decreto nº 1.506/ 04, ambos Ministerios debían realizar para enero de 2005 "una clasificación de los beneficiarios del programa mencionado de acuerdo a las condiciones de empleabilidad que eventualmente, reúnan los mismos [...] Los beneficiarios con posibilidades de empleo continuarán percibiendo sus beneficios en la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y los que no cumplan con los requisitos establecidos quedarán incluidos dentro de los programas creados o a crearse en el Ministerio de Desarrollo Social" (ARGENTINA, 2004).
33 KIRCHNER, 2007, p. 103.
34 Art. 1, Resolución MDS nº 825/ 05 (ARGENTINA, 2005).
35 LEVÍN et al., 2007.
36 Esto es claro en el libro La bisagra elaborado por la Ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner en 2007 y disponible en la web donde describe y fundamenta su intervención en política social.
37 LEVÍN et al., 2007.
38 LEVÍN et al., 2007.
39 RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ y REYES, 2006.
40 Jules FALQUET, 2008.
41 Lourdes BENERÍA, 2007.
42 MOSER, 1991.
43 MDSyMA, 2001, p. 80.
44 MDSyMA, 2001, p. 80.
45 KIRCHNER, 2007, p. 215.
46 Estas ideas se pueden encontrar en una multiplicidad de documentos del BM, del BID, de NU, que son incorporados por funcionarios/as tanto nacionales como locales.
47 MOSER, 1991.
48 PICCHIO, 1994.
49 MDSyMA, 2001, p. 27.
50 THE WORLD BANK, 2005.
51 ONU ESPAÑA, 2001.
52 Margaret MARUANI, 2002.
53 María Jesús IZQUIERDO, 2001.
54 MOSER, 1991.
55 BENERÍA, 2006.
56 FALQUET, 2006; y MARUANI, 2002.
57 MOLYNEUX, 2003.
58 CARRASCO, 1995.

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