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Revista Estudos Feministas

Print version ISSN 0104-026XOn-line version ISSN 1806-9584

Rev. Estud. Fem. vol.26 no.1 Florianópolis  2018  Epub Jan 15, 2018

http://dx.doi.org/10.1590/1806-9584.2018v26n141972 

Artigos

Los feminismos jurídicos en Argentina. Notas para pensar un campo emergente a partir de la década de 1990

Legal feminisms in Argentina. Notes to reflect on an emerging field from the 1990s

Romina Carla Lerussi1 

Malena Costa2 

1Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Buenos Aires, Argentina

2Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

Resumen:

Nuestra propuesta se inscribe en el campo de los feminismos jurídicos, área que surge en la década del setenta en la academia estadounidense bajo la denominación Feminist Jurisprudence, Feminist Legal Studies o Feminist Legal Theory. En América Latina y El Caribe este área es aún incipiente; encontramos en dicha región una gran cantidad de investigaciones no necesariamente situadas en términos del pensamiento jurídico/legal feminista, pero sí conectadas íntimamente con dicho campo y como parte de las denominadas perspectivas de género en el derecho. En el presente artículo desarrollamos algunas notas para abonar a la reflexión acerca de los feminismos jurídicos en la Argentina con proyección latinoamericana, fundamentalmente a partir de la década de 1990.

Palabras clave: feminismos; derecho; investigación; Latinoamérica; Argentina

Abstract:

Our proposal is in the field of legal feminisms, an area that emerged in the 1970s in the US academy under the denomination Feminist Jurisprudence,Feminist Legal Studiesand Feminist Legal Theory. In Latin America and the Caribbean, this area is still incipient; there is, in this region a great deal of research not necessarily situated in terms of a juridical/legal feminist thinking, but connected intimately with that field and as part of the so-called gender perspectives in law. In this paper, we present some notes to support a reflection on legal feminisms in Argentina and Latin America, mainly from the 1990s.

Keywords: feminism; law; research; Latin America; Argentina

1 Introducción

Nuestra propuesta pretende inscribir la comprensión conceptual de los feminismos en el campo de los feminismos jurídicos/legales, área que surge como tal en la década de 1970 en la academia estadunidense bajo la denominación Feminist Jurisprudence, Feminist Legal Studies o Feminist Legal Theory.1 Se trata de un conjunto de conocimientos heterogéneos y de diversas recepciones disciplinarias (sociales, filosóficas y políticas) y teóricas, conectado a su vez con debates en torno a casos judiciales, al pensamiento y activismo feministas, y atravesado por las diferentes agendas políticas y marcos institucionales según el contexto. Es decir, encontramos dentro de los feminismos jurídicos una variedad de perspectivas y líneas de trabajo que en lo central se plantean cuestiones críticas de la relación entre la vida de las mujeres y otras identificaciones no hegemónicas (Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Queer - LGTBQ), con el fenómeno jurídico, el derecho y las instituciones legales.

En América Latina y El Caribe este área es aún incipiente en dichos términos. Las investigaciones que vinculan el derecho con el género y los feminismos en la región latinoamericana estuvieron íntimamente vinculadas con la emergencia del accionar del movimiento de derechos humanos desde los años ochenta en adelante. Es a partir de los noventa que este conjunto de investigaciones comienza a adquirir más fuerza a través de leyes que reglamentan a favor de las mujeres en múltiples aspectos de sus vidas, además de la adhesión previa a tratados internacionales y de la región, tales como la Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará). De este modo, se han desarrollado en Argentina y en la región latinoamericana una gran cantidad de investigaciones no necesariamente situadas en términos del pensamiento jurídico/legal feminista, pero sí conectadas íntimamente con dicho campo y como parte de las denominadas perspectivas de género en el derecho. En este sentido, desde la década de 1990 comienza a hablarse en términos de Género y Derecho o de Derechos Humanos y Género (según el contexto) como áreas de investigación, y más recientemente, y aún de manera incipiente, de Feminismos y Derecho.

En este artículo presentamos algunas notas para abonar a la reflexión acerca de los feminismos jurídicos en Argentina con proyección latinoamericana, particularmente a partir de la década de 1990. Para ello, analizamos primero las condiciones de producción de estas intervenciones sobre el derecho, a partir de las características generales de los escenarios en los que se constituyen y articulan. Luego mencionamos aquellas publicaciones sobre género y derecho que asisten para pensar los contornos iniciales de un área del pensamiento feminista jurídico/legal en Argentina. Es en este recorrido donde situamos algunos aportes y claves para una agenda feminista jurídica. A continuación, introducimos los términos centrales de un debate jurídico y feminista en el área penal. Finalmente, en las consideraciones de cierre, retomamos los puntos centrales del texto y planteamos algunos desafíos y líneas de trabajo en el campo.

2 Desarrollo

2.1 Argentina: movimiento feminista, género y derecho

En Argentina, el vínculo entre los feminismos y el movimiento de mujeres con el derecho presenta una particular solidez. La segunda mitad del siglo XX impone al país una sucesión de violaciones a los derechos más básicos por medio de las continuas dictaduras.2 La transición democrática durante las décadas de 1980 - 1990 está marcada por la tensión entre un proceso de expansión de derechos -ligado a la tendiente internacionalización del sistema de derechos (Flavia PIOVESAN, 2000) - y un creciente deterioro de las condiciones de existencia para amplias mayorías, efecto de la implementación de políticas de corte neoliberal (Josefina BROWN, 2005; Luisa CABAL y Cristina MOTTA, 2006). Es entonces cuando, a través del movimiento de derechos humanos, emerge en Argentina la política de derechos con un ímpetu inusitado. De esta manera, la sociedad se ve involucrada con el lenguaje de los derechos, condición que facilitará la recepción de cuestiones propuestas desde los feminismos y, con posterioridad, la implementación de disposiciones para la igualdad de género (Virginia VARGAS, 2002).

El activismo del movimiento de derechos humanos impacta en la población y contribuye a producir una extendida movilización en torno a los derechos.3 De manera que, hacia la década de 1980, la restitución democrática se sustenta en una apropiación social del lenguaje de los derechos, en consonancia con la búsqueda de fortalecer la política del Estado de derechos recobrada.

En líneas generales, entonces, la década de 1970 se caracteriza en nuestro país por un proceso de militarización y la de 1980 por la transición democrática.

La década de 1990 se cifra en su movimiento contradictorio. La consolidación de políticas neoliberales y el subsiguiente incremento de la pobreza se contrapone en la Argentina de esta década con la consolidación del lenguaje de los derechos (ya presente desde mediados de los ochenta), de la mano del movimiento de derechos humanos y otros movimientos sociales y políticos como el movimiento de mujeres en sentido amplio, los feminismos y la creciente organización de colectivos reunidos hoy bajo la sigla LGTBQ (Mabel BELLUCCI, 2010), entre otros actores.4 En ese escenario, los feminismos y el movimiento de mujeres hallan el momento propicio para focalizarse en las problemáticas relativas a los derechos de un modo que resultaba impensable en los escenarios políticos anteriores presididos por la violencia extrema.5

Las agendas políticas se centran en gran medida en las desigualdades socioeconómicas producto de las políticas neoliberales. Se produce una fuerte reconfiguración del Estado en paralelo con una tendencia internacional hacia la denominada ONGización, es decir, la instauración, para nuestro caso, de colectivos de mujeres y feministas en modos de organización no gubernamental, con personería jurídica y solicitud de financiamiento externo (Francesa GARGALLO, 2004). Esta propensión es un efecto de la relación contradictoria entre el proceso de democratización, marcado por la restitución de derechos civiles y políticos, y la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales que se produce en paralelo, como consecuencia de las lógicas neoliberales en el marco de la reconfiguración del Estado.

La articulación entre la transición democrática, las políticas neoliberales y el ascenso de los movimientos sociales completa la década de 1990 con las Convenciones y acuerdos regionales promulgados por la Organización de Naciones Unidas (ONU). En este sentido, como momento político relevante en Argentina destacamos la reforma constitucional de 1994, que incorpora una serie de convenciones y tratados (como la CEDAW) y les otorga jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional Argentina). Estos encuentros y documentos confieren mayor pujanza al lenguaje de los derechos y están en sintonía con la internacionalización del movimiento de mujeres y los feminismos, los cuales trabajan a su vez en articulaciones regionales.

La red latinoamericana no se sustenta solo en el plano de las instituciones públicas, sino que es también una característica decisiva de las organizaciones activistas. Así, el accionar feminista latinoamericano en general, y en Argentina, en particular, se sustenta en el discurso jurídico a través de una combinación entre presión/confrontación/diferencia y trabajo conjunto con el Estado.

El paralelismo entre la tendencia internacionalista del movimiento feminista y el proceso de internacionalización del derecho confluye para que la categoría de género, introducida y resignificada por feministas de Estados Unidos durante la década de 1970, se instale en las universidades de América Latina, y a la vez en el lenguaje del derecho internacional, particularmente con posterioridad a la conferencia de Beijing (1995). Hacia la mitad de la década de 1990, distintas normativas y estatutos legales relativos a las mujeres refieren al género en sus promulgaciones -en temas como violencia doméstica, acoso sexual, participación política y derechos sexuales y reproductivos (María del Carmen FEIJOÓ y Mónica GOGNA, 1985; María Alicia GUTIÉRREZ, 2000; Nélida ARCHENTI y María Inés TULA, 2008). Desde entonces, la categoría de género se integra como un término habitual en los discursos jurídicos de la academia y de la política en Argentina (Yanira ZÚÑIGA AÑAZCO, 2009).6

2.2 Feminismos jurídicos en Argentina: entorno latinoamericano y publicaciones

Una primera característica imposible de obviar en relación con los feminismos jurídicos en Argentina es su inscripción en una más amplia corriente de pensamiento latinoamericano. Las investigaciones jurídicas feministas de América Latina se gestan en varios puntos del continente y problematizan diversos temas desde distintos enfoques; configuran un conjunto de textos e intervenciones respecto del conocimiento jurídico, sin confluir en una institución feminista específica. En efecto, el reconocimiento de los feminismos en tanto corriente de pensamiento no se corrobora en los programas universitarios de la región. En cambio, es la categoría de género la que encuentra mayor recepción para su reconocimiento en las investigaciones y los centros académicos. A partir de la década de 1990, dicha categoría se extiende por las universidades de América Latina, dando nombre a los programas, departamentos e institutos donde abrevan las investigaciones feministas.

A su vez, el pensamiento latinoamericano se construye desde su condición periférica respecto de Estados Unidos y Europa, los centros del Norte. Para nuestro caso, el pensamiento feminista latinoamericano se articula en la producción de conocimiento y enfoques originales en un movimiento doble de recepción/resignificación y diferenciación de las ideas de los feminismos estadounidenses y europeos. Esta relación centro-periferia es insoslayable para el conocimiento del derecho en estos temas, puesto que es en Estados Unidos donde se institucionaliza por primera vez un área de pensamiento jurídico feminista (Malena COSTA, 2015). En este sentido, la acogida en América Latina de los conocimientos del área estadounidense no se ofrece sin mediaciones críticas y diferenciaciones y se corresponde con una producción que destaca por su singular originalidad.

Hacia mediados de la década de 1990, la vinculación de la academia estadunidense con profesionales y juristas de América Latina es la llave para la publicación de un libro pionero del pensamiento jurídico feminista latinoamericano. El Programa de Derecho de la Mujer de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington inaugura en 1997 un proyecto que convoca a profesionales del derecho de América Latina para trabajar en torno a la discriminación de género en esta región. Como producto final del proyecto, se publica Género y derecho, compilación de artículos editada por Alda Facio, jurista feminista costarricense, y Lorena Fries (1999), abogada feminista chilena. En su presentación se señala su condición de libro inaugural: “este texto, el primero en su clase, escrito por eruditas del derecho de Latinoamérica” (Claudio GROSSMAN y Ann SHALLECK, 1999, p. 11). Allí se compilan artículos de profesionales de distintos países, en los cuales se ofrecen análisis basados en la categoría de género y el concepto de patriarcado, se cuestiona la neutralidad del lenguaje del derecho, la división público/privado, las mujeres y su lugar en las familias y se invoca al feminismo como praxis para pensar y hacer el derecho.7

En la Argentina, en materia de publicaciones, un conjunto de obras seminales que a nuestro juicio inauguran de algún modo (sin desconocer otros antecedentes dispersos quizás) lo que incipientemente podría llamarse pensamiento jurídico feminista argentino es la colección “Identidad, Mujer y Derecho”, publicada por una editorial local en el año 2000 y compilada en diversos ejemplares por Haydée Birgín y Alicia Ruiz, docentes y juristas feministas de nuestro país. La colección conformada por textos como: El derecho en el género y el género en el derecho (Haydée BIRGIN, 2000a); Identidad femenina y discurso jurídico (Alicia RUIZ, 2000), Las trampas del poder punitivo. El género en el derecho penal (BIRGIN, 2000b) y Ley, mercado y discriminación: el género del trabajo (BIRGIN, 2000c) incluye artículos sobre teoría y filosofía del derecho e indagaciones empíricas sobre derecho de familia, derecho laboral y derecho penal. Los compilados son escritos por conocidas intelectuales especialistas en las áreas, abogadas, juristas, filósofas y sociólogas feministas. También se incluyen traducciones de las pensadoras del derecho angloparlantes Frances Olsen (1990) y Carol Smart (1992/1993), de gran influencia en el pensamiento jurídico feminista en general.8

Como parte de la misma colección, en 2006 se publica Acceso a la justicia como garantía de igualdad. Instituciones, actores y experiencias compartidas (BIRGIN, 2006).9 Los textos allí compilados son, en su mayoría, escritos por profesionales de Argentina. Los artículos analizan distintas situaciones de género y/o socioeconómicas que condicionan a diversos sectores sociales para su acceso a la justicia; y se avanza sobre los resultados de las reformas judiciales, la importancia del activismo judicial, los servicios jurídicos gratuitos, el acceso a la justicia por parte de las personas detenidas por el aparato legal-policial, los derechos de las mujeres en Argentina respecto del sistema de denuncias y de monitoreo del derecho internacional.

Posteriormente, la Red Alas publica en 2008 una compilación en dos tomos editada por Cristina Motta y Macarena Sáez sobre justicia, género y sexualidades (2008a; 2008b). El primer tomo, La mirada de los jueces. Género en la jurisprudencia latinoamericana, contiene seis capítulos escritos por feministas argentinas, chilenas y colombianas, abarcando cada uno un área del derecho. El segundo tomo, La mirada de los jueces. Sexualidades diversas en la jurisprudencia latinoamericana, da cuenta del continuum del pensamiento feminista con los estudios de las sexualidades. Este tomo se compone de dos capítulos: el primero, a cargo de Juan Marco Vaggione (profesor e investigador argentino), analiza las legislaciones del derecho de familia respecto de las personas LGBTQ; y el segundo, a cargo de María Mercedes Gómez (investigadora colombiana), focaliza en la violencia y el prejuicio sexual contra la comunidad LGBTQ y las regulaciones e intervenciones legales para afrontar esas vulneraciones de derechos.

En 2010, la Red Alas publica dos compilaciones más. Una de ellas, Justicia, género y violencia, a cargo de la abogada e investigadora argentina Julieta Di Corletto (2010), avanza sobre el tema de la violencia desde posicionamientos feministas y analiza las limitaciones de los marcos jurídicos en su función de reconocer y resolver las situaciones de violencia que afectan a las mujeres. El libro contiene una presentación e introducción a cargo de la compiladora y otros cinco artículos, traducciones de textos originalmente en inglés, de feministas estadounidenses. La segunda publicación, Justicia, género y reproducción, editada por Paola Bergallo (2010), abogada e investigadora argentina, también contiene una introducción a cargo de la compiladora y otros cinco artículos, traducciones al castellano de textos escritos por pensadoras estadounidenses.

A nuestro juicio, los textos referidos conforman una plataforma con pretensión sistemática en Latinoamérica y Argentina en el campo del pensamiento jurídico feminista, plataforma que luego, y en paralelo, será fuente de inspiración para la heterogeneidad de producciones y eventos académicos que pusieran en relación al derecho con los feminismos en la región.

2.3 Recorridos, aportes y claves para una agenda feminista jurídica

A continuación presentamos en tres puntos las características de la producción jurídica feminista en nuestros escenarios. Esta caracterización nos permite pensar, además, en las contribuciones y potencialidades de esta red activa de ideas e intervenciones.

En primer lugar, el antecedente más inmediato de los feminismos jurídicos es el acervo ideario y activista del movimiento feminista; dicho en otros términos, la producción académica feminista se sustenta en su carácter eminentemente político, haciendo y concibiendo la investigación jurídica desde la inseparabilidad entre teoría y práctica. Por lo tanto, la investigación feminista jurídica se asume entonces en su carácter de praxis, es decir, en su hacer siempre situado y en la asunción de los efectos políticos de toda intervención jurídica y académica.9

En segundo lugar, como mencionamos anteriormente, los feminismos en Argentina se articulan con una red mayor de producciones a nivel regional. En América Latina, las investigaciones feministas jurídicas se propagan en centros académicos de distintos puntos de la región, en la combinación de elementos del área norteamericana con la instauración de novedosos enfoques críticos, revisiones conceptuales y originales creaciones.

Como tercera característica, los feminismos jurídicos norteamericanos constituyen sin duda un factor de referencia (no sin tensiones y diferencias), ofrecen puntos de diálogo y elementos conceptuales y metodológicos que pueden incorporarse a la investigación regional y local. La recepción por parte de investigadoras argentinas (y latinoamericanas en general) de aquellos elementos muestra un innegable éxito para zanjar las diferencias entre los distintos sistemas legales, brindando modalidades creativas y singulares modos de abordaje de los textos y los problemas jurídicos locales en claves feministas.

En este sentido, consideramos necesario avanzar en la producción de genealogías locales de las incursiones feministas en el campo del derecho. Para ello, resulta esencial promover el reconocimiento del pensamiento feminista en la institución academia, aunque no sólo en aquellos espacios específicos de estudios de género o de las mujeres (propagados extensamente en diversas universidades del país hacia fines siglo xx). Por el contrario, la llamada “transversalización de la perspectiva de género” -uno de los objetivos de la Plataforma de Acción de la Conferencia de Beijing, suscripto por Argentina- requiere que el pensamiento feminista se plasme en los contenidos básicos de los programas de estudio del Derecho, así como en la formación de quienes integran el Poder Judicial. De este modo, la integralidad de la “perspectiva de género” en el derecho supone que la formación de la judicatura esté sostenida en una enseñanza más básica e integral, que se inicie desde las carreras de grado. 10 Cabe decir que Argentina cuenta con una vigorosa red autónoma de producción feminista jurídica, sustentada en el trabajo de abogadas, investigadoras, docentes y activistas, cuyos heterogéneos posicionamientos respecto del derecho pueden nutrir las políticas institucionales (educativas, sanitarias, judiciales) y promover herramientas críticas en torno a la igualdad de género en el pensamiento y praxis legales.

2.4 ¿Un derecho penal de mínima o de máxima? Posiciones feministas en pugna

El derecho penal es un área que obtiene gran atención entre las investigaciones feministas del derecho en América Latina. Probablemente, la violencia que acecha a las mujeres de la región, la constancia de asesinatos dentro de los ámbitos domésticos, tanto como la tremenda serie de crímenes ocurrida en Ciudad Juárez, pone a las feministas latinoamericanas frente a la preocupación por los modos en que el derecho puede responder y aportar desde su singularidad a este campo de problemas. A su vez, el accionar de las instituciones represivas en América Latina genera inquietud y recelo, factor que conmina a un especial detenimiento en el derecho penal. El manto de sospecha que tiñe las instituciones represivas es efecto no sólo del pasado de militarización de la región sino también de su complicidad en las constantes violaciones de derechos contemporáneas.

En 1995, Alberto Bovino presenta un trabajo en el Congreso Universitario de Criminología organizado por estudiantes de la Universidad de Chile; el mismo se titula “Delitos sexuales y feminismo legal: [algunas] mujeres al borde del ataque de nervios”, y se publica luego, dos años más tarde, en la Revista Jurídica de la Universidad de Palermo (BOVINO, 1997) de Argentina. En ese texto, Bovino da cuenta de una tensión que atraviesa los debates del derecho penal, y que se produce entre las intervenciones feministas y la corriente abolicionista en lo penal.11 La presentación que Bovino ofrece del debate es pionera en la región, puesto que señala el curso de las discusiones feministas sobre criminalidad y derecho penal a partir de entonces. Según indica Bovino, la corriente jurídica abolicionista asume la concepción de la teoría del control social y afirma que la función punitiva del derecho penal es ineficaz en la resolución de los delitos y, además, perpetúa las condiciones de criminalidad. Desde otra perspectiva, ciertas filas de los feminismos jurídicos abogan por una mayor intervención penal, fundamentalmente respecto de los delitos sexuales y también en relación con la captura de mujeres por parte de las redes de trata y explotación. La oposición que Bovino esclarece y describe para Argentina, entre una postura de corte abolicionista y otra que puede denominarse feminismo punitivo o punitivista, se presenta en repetidas publicaciones del área penal feminista en otros puntos de América Latina. En efecto, en su artículo “La mujer en los códigos penales de América Latina y el Caribe Hispano”, publicado en Género y Derecho, Gladys Acosta Vargas (1999) advierte esa tensión entre la tendencia punitivista de los feminismos y el discurso del derecho penal mínimo, de corte abolicionista. Acosta Vargas sostiene que, en su versión actual, el derecho penal interviene frente a problemáticas sociales que no pueden solucionarse desde disposiciones punitivas. La autora se reconoce a favor del derecho penal mínimo, y sostiene que una justicia de género debe ser incorporada a dicho enfoque. La justicia de género por la que aboga Acosta Vargas se sustenta en la remoción del derecho de aquellos elementos arcaicos, a través de los cuales se construyen los tipos penales, basados en concepciones propias de la cultura del siglo XIX. En esa dirección, señala: “sería posible acortar la distancia que separa las nociones de los códigos penales latinoamericanos de los estándares internacionales de derechos” (ACOSTA VARGAS, 1999, p.622).

La investigadora feminista colombiana Julieta Lemaitre también retoma el debate entre abolicionismo o derecho penal mínimo y las tendencias punitivas feministas. Lemaitre define los términos de esa polémica como la paradoja de la penalización y sostiene que: “Para la criminología crítica […] un movimiento emancipatorio como ése [el movimiento feminista] no se debería aliar con el Estado en el ejercicio del poder punitivo, un poder que, por su estructura, no se puede ejercer sino en forma selectiva y necesariamente discriminatoria” (LEMAITRE, 2010, p. 554). Lemaitre abona a la evaluación del derecho penal latinoamericano como ineficiente para proteger a las víctimas, en particular a las mujeres. Y concluye que: “la idea no es rechazar de plano la reforma legal, sino ponerla en un contexto amplio de activismo, y pensar que ha llegado el momento de evaluar no sólo sus resultados sino también las dificultades para ponerla en práctica como estrategia de cambio social” (LEMAITRE, 2010, p. 555).

Es la misma formulación del debate derecho penal mínimo - derecho penal máximo o punitivo, la que diera cuerpo a la discusión entre Alberto Bovino y Marcela Rodríguez, abogada e investigadora feminista argentina, en torno a la reforma operada en 1999 sobre el Título III del Código Penal argentino, acerca de los delitos contra la integridad sexual.12 Dicho debate se publica en Las trampas del poder punitivo. El género en el derecho penal (BIRGIN, 2000b). Mientras que Bovino se ubica en las filas del derecho penal mínimo, Rodríguez apoya el aumento de las penas para los casos de violencia sexual. Afirma Rodríguez que la inoperancia del derecho penal para atender las necesidades de las mujeres reside en que el mismo es un producto del patriarcado. Siguiendo la teoría del dominio masculino de Catharine MacKinnon13, Rodríguez señala cómo la neutralidad del lenguaje del derecho no opera sino en tanto resguardo de dicho dominio. En sus términos:

Hasta el momento, ser una persona, un individuo abstracto con derechos abstractos, ha significado ser varón. En efecto, el paradigma de un sujeto de derecho es un varón blanco, de clase media, heterosexual, sin discapacidades y, en general, de la religión predominante. (Marcela RODRIGUEZ, 2000, p. 140)

Rodríguez advierte la necesidad de incorporar la categoría de género para desmantelar el androcentrismo que opera detrás de la neutralidad del lenguaje jurídico y que ocluye el punto de vista de las mujeres, en sus palabras:

El derecho ha contribuido activamente a la transformación de una perspectiva en una instancia objetiva de neutralidad. […] Así, el punto de vista de los varones se convierte en dominante, ocluido bajo la forma de un estándar objetivo. Dado que este punto de vista domina el mundo, no parece funcionar como un punto de vista. (RODRIGUEZ, 2000, p. 138)

Por su parte, Bovino arroja una advertencia en relación con la especificación de género, la cual emerge desde la consideración del derecho en su plano discursivo. Sostiene Bovino que a través de la especificación de los derechos, el discurso jurídico se dirige de forma diferencial y construye una noción de mujer. Así, hace uso de la categoría de mujer normativa para dar cuenta de la figura jurídica -en su análisis, la figura del derecho penal- que es resultado de una abstracción que homogeniza el amplio y complejo sector de las mujeres.

La clase social, el lugar de residencia o el estado civil de la víctima, por ejemplo, son variables que no pueden ser ignoradas […] estas diferencias generan la exigencia de demostrar que las soluciones propuestas en la nueva ley también serán idóneas para dar tratamiento a las agresiones sexuales en contra de personas distintas de la mujer urbana, educada y de clase media/media alta […]. Las expectativas y necesidades de la Mujer construida por las feministas partidarias del modelo represivo ¿son las mismas que las de la empleada doméstica abusada sexualmente por los hijos del hombre 'acomodado' de 'buena familia' que ejerce su poder como un señor feudal? ¿Son las mismas que las de la mujer obrera sometida a vejaciones sexuales por el jefe de personal, el gerente de producción o el dueño de la empresa? […] ¿En nombre de qué o de quién puede exigírseles que se sacrifiquen para complacer a quienes no piensan en ellas sino, en todo caso, en los intereses del movimiento o de las mujeres? (BOVINO, 2000, p. 206-207)

La unicidad de la mujer normativa no se corresponde con las diferencias y con las desigualdades entre las mujeres.14 La posibilidad de incorporar la perspectiva de las mujeres en el derecho se confronta con las experiencias de otras mujeres que son invisibilizadas mediante la pretendida universalidad de la mujer en la letra de la ley. Las figuras jurídicas procuran referir a un conjunto que es siempre diverso y dinámico. Mediante la figura normativa de mujer, el discurso jurídico ocluye a todas aquellas que no concuerdan con esa figura normativa.

3 A modo de cierre

A lo largo del presente texto pudimos, por un lado, reconocer la íntima relación que en América Latina, y en particular en Argentina, ha tenido el campo de los estudios feministas jurídico-legales con el movimiento de derechos humanos en contextos de post dictadura militar, configurando este área de manera singular y diferente respecto del contexto estadounidense principalmente a partir de la década de 1990. Por el otro, hicimos un recorrido por las principales publicaciones sobre género y derecho que de algún modo crearon el marco de lo que hoy puede denominarse pensamiento feminista jurídico/legal en Argentina, y latinoamericano en términos muy generales. Área, vale decir, en proceso de desarrollo, producción y articulación que ha adquirido fuerza y sistematicidad en los últimos años. Así, las investigaciones jurídicas feministas en nuestro país en la actualidad se han situado en la trama de debates presentada y en distintas incursiones académicas y activistas, abordando desde enfoques variados las diversas áreas del derecho y del sistema jurídico. Además, insistimos, el movimiento de derechos humanos ha sido y es una fuerte impronta insoslayable para estas investigaciones, como para cualquier incursión crítica en el campo del derecho argentino.

Por su parte, en el debate que presentamos hacia el final, es decir, el relativo a las posiciones penales de máxima o de mínima en casos de violencia hacia las mujeres, se pusieron sobre el tapete las limitaciones del discurso jurídico, en particular en la configuración de lo que se entiende como la mujer normativa. Pero también se dio cuenta de una polémica emergente, acaso tácita, en los feminismos locales. El área jurídica feminista encuentra hoy la posibilidad de conjugar una vasta herencia política y un sólido andamiaje epistemológico con un accionar crítico que pueda atender a los señalamientos de los sectores subalternizados por el derecho, pero también por los feminismos legitimados. El cuestionamiento de los mecanismos de subalternación del discurso jurídico supone un gesto reflexivo para asumir, señalar y deconstruir los privilegios que habilitan -y los condicionamientos que restringen- el acceso a los ámbitos académicos y a los centros de legitimación del conocimiento jurídico, incluida la educación legal.

Para finalizar, y recuperando una experiencia colectiva como propuesta para los feminismos jurídicos argentinos con proyección latinoamericana, nos planteamos los siguientes desafíos15:

  • Reconstruir genealogías de los feminismos legales/jurídicos en Argentina y Latinoamérica en general y reconocer el trabajo de los/las pioneras en la región. Es decir, indagar sobre nuestra historia intelectual en el campo jurídico y feminista.

  • Llevar adelante acciones en las instituciones educativas de Argentina, las cuales a veces son espacios de difícil acceso (tanto por las complejidades institucionales para la incorporación de voces diversas como por los prejuicios teórico-políticos que pueden presentarse). En este marco, abordar los planes de estudio de las facultades y escuelas de Derecho con vistas a generar iniciativas de modificación en clave jurídica y feminista.

  • Continuar con la proyección y creación de espacios de formación de grado y de postgrado donde se aborde la articulación entre Feminismos, Derecho y Política; en este sentido, potenciar iniciativas que puedan ser sustentables.

  • Conocer líneas e instancias de investigación y extensión universitaria en materia de feminismos jurídicos y afines, recuperar experiencias y desarrollar nuevas.

  • Articular al Derecho con las otras Ciencias Sociales donde hay un espacio enorme de diálogo teórico y de desarrollo de estrategias creativas.

  • Abonar la práctica del derecho con la reflexión conceptual y a la inversa, es decir, fortalecer la relación entre teoría y práctica. Dicho en otros términos, continuar abordando el derecho en la articulación con los activismos y los distintos espacios jurídicos feministas.

  • Conocer, fortalecer y articular estas acciones y debates que articulan los feminismos y el derecho en América Latina.

Si los feminismos nutren y se nutren al mismo tiempo (con debates, tensiones, diferencias y crítica) de diversas tradiciones de pensamiento y movimientos emancipatorios, las apuestas de investigación y acción en el campo de los feminismos jurídicos no son sino otra forma de asumir en la singularidad de cada intervención o práctica jurídica (en la creación, en la interpretación, en las aulas, en los tribunales y en lo que la gente hace con las normas) la dimensión política del derecho.

Referencias

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1En Estados Unidos, este área se articuló con los activismos feministas a partir de los setenta y en sus diversas expresiones teóricas: liberales, marxistas, radicales, poscoloniales, postmodernas, entre otras. Todas esas formas de activar y desarrollar teorías desde los feminismos generaron distintas estrategias en los activismos jurídicos, algunas convergentes y otras no.

2La generalización respecto del proceso de militarización supone pasar por alto las especificidades políticas de cada tiempo histórico y desconsiderar, entre otras cosas, que Argentina posee un historial de golpes de Estado muy previo a la década de 1970. Para los fines de este escrito, no obstante, queremos remarcar la militarización que afecta no sólo a nuestro país, sino a toda América Latina en general, cuyo epifenómeno son los golpes cívico-militares de la década de 1970.

3Un caso destacable en Argentina lo constituye el de las Madres y el de las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes adecuaron las exigencias de respeto a los Derechos Humanos a los reclamos por el derecho a la identidad de sus hijos, hijas y nietos/as.

4La producción académica y activista LGTBQ en cada una de sus singulares trayectorias es muy prolífica. Sin desconocerlo y asumiendo que hay cruces muy potentes entre los activismos que estamos mencionando en su faz teórica como práctica, en el presente artículo nos centramos en la producción académica y activista identificada como feminista y del movimiento de mujeres en sentido amplio.

5La historia del movimiento de mujeres en Argentina es, desde ya, muy anterior a la década de 1990. Este movimiento siembra sus simientes hacia los finales del siglo xix, en paralelo con la aparición de organizaciones autoproclamadas feministas, las cuales tejen acciones en complicidad con socialistas y anarquistas. Dichas acciones están marcadas por la diversidad de prácticas y recepciones, y se expanden de manera múltiple y continua durante todo el siglo, generando notables transformaciones políticas pero también sociales y culturales.

6Sin pretender ser exhaustivas en materia de legislación argentina (tarea que excede el objetivo de este trabajo), es de destacar en la década de 1980, específicamente entre 1985 y 1987, la obtención del divorcio vincular, la equiparación de hijos/as y la patria potestad compartida. Luego, en 1985 se destaca la ratificación de la CEDAW y, un año después, la aprobación del Convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras de la Organización Internacional del Trabajo.

7Cabe decir que en las tentativas genealógicas del pensamiento jurídico feminista, como es el caso de la compilación referida, es recurrente la referencia a las primigenias intervenciones de las mujeres en las revoluciones modernas, tales como el accionar revolucionario de Olympe de Gouges y la intensa labor en torno a los derechos de las mujeres de Mary Wollstonecraft.

8OLSEN y SMART fueron pioneras en introducir una lectura contemporánea de las diversas maneras de abordar el campo de los feminismos jurídicos, particularmente angloparlantes, aunque útiles para abonar la reflexión sobre los feminismos jurídicos latinoamericanos y argentinos en su singularidad. Muy a grandes rasgos, estas autoras coinciden en organizar este campo en tres grandes enfoques que no son lineales ni cronológicos y que se diferencian por sus supuestos y prácticas en lo que a la producción jurídica feminista concierne. Un primer enfoque de corte liberal reformista y que SMART reúne bajo el epítome el derecho es sexista. La misma es reconocida por las reivindicaciones legal-legislativas, estando sus antecedentes conectados con los movimientos sufragistas de fines del xix y principios del xx (también denominada primera ola feminista) y en continuidad con los movimientos por la igualdad en los feminismos a lo largo de la segunda mitad del siglo xx, hasta nuestros días. Un segundo enfoque que Beatriz KOHEN (2000) denomina el modelo de la dominación y SMART sintetiza con la expresión el derecho es masculino, parte de asumir el carácter racional, objetivo y universal del derecho y en tanto que tal, masculino y patriarcal y por lo tanto opresivo para las mujeres, lo cual supone un cierto pesimismo en lo que a las reformas legales concierne. Finalmente, un tercer enfoque en el que se ubica la propia OLSEN, próximo a los Critical Legal Studies estadounidenses y que SMART entiende como el derecho tiene género; área de recepción posmoderna por sus implicancias y supuestos teóricos, en donde el eje está puesto en el discurso y el lenguaje, es decir, en la retórica jurídica.

9Entre los espacios de encuentro de los activismos feministas y del movimiento de mujeres en América latina y el Caribe sobresalen los Encuentros Feministas, organizados desde 1981 cada dos o tres años, en distintos sitios de la región. En Argentina, los Encuentros Nacionales de Mujeres, organizados anualmente desde el año 1985, han sido instancias singulares a nivel local para la articulación, el encuentro, el activismo y la producción colectiva.

10 La formación de quienes integran el Poder Judicial en temas de géneros y feminismos es promovida con tesón y gran esfuerzo desde algunos espacios clave, como la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o los cursos impartidos por el Observatorio de Género del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros.

11A lo largo del presente apartado son presentados los rasgos principales de las corrientes abolicionistas y punitivistas en lo penal pertinentes para el debate que estamos introduciendo. De momento cabe decir que las corrientes abolicionistas abogan o por una reducción al mínimo del derecho penal y en circunstancias muy puntuales; o por abolir el derecho penal y buscar otras vías de resolución de situaciones de conflictividad social. En general, se considera al derecho penal ineficaz y criminalizante. Por su parte, las posturas punitivistas, consideran que el derecho penal a pesar de no ser óptimo, puede dar respuestas efectivas y garantistas en la protección de bienes jurídicos fundamentales, por lo que no solo debe existir sino que es vital para la sostenibilidad del Estado de derecho. Vale señalar que estamos frente a un debate aún abierto en el campo penal, no sólo en los feminismos jurídicos, sino en el derecho en general.

12Es importante decir que las reflexiones sobre feminismos jurídicos y derecho penal no se limitan a un problema de demandas por mayor punitivismo versus mínima intervención. Una de las cosas que hacen los feminismos es poner en cuestionamiento esta dicotomía, porque el feminismo jurídico es diverso, y no todo el espectro reclama por mayor punitivismo penal. Incluso las formas de actuar del derecho penal son también complejas y dinámicas. Muchos/as de los/las actores/as jurídicos que recurren al derecho penal como un campo de lucha pueden permanecer fieles a sus ideales de mínima intervención y sus reivindicaciones feministas.

13Como indicáramos anteriormente, esta posición en el campo de los feminismos jurídicos podría sintetizarse bajo el epítome el derecho es masculino. Es decir, se asume el carácter racional, objetivo y universal del derecho y en tanto que tal, masculino y patriarcal, por lo tanto opresivo para las mujeres. Pensadoras como OLSEN (1990) ubican la obra de Catharine MACKINNON (1987; 1989) en esta corriente. Para una lectura crítica a los planteos de OLSEN (1990) sobre MACKINNON (1989), véase Tamar PITCH (1998).

14Al respecto, pensadoras feministas como Celia AMORÓS (2000) y María Luisa FEMENÍAS (2000), sugieren deslindar la relación antinómica que se plantea entre diferencia e igualdad y pensar la diferencia como antinómica a la noción de identidad. Luego, establecer relaciones entre el término igualdad con el de desigualdad. Esta distinción no sólo recupera la idea de la diferencia como lo no idéntico, no jerarquizado ni jerarquizable sino que, además, visibiliza el hecho de que por razones de diferencia (en sentido ahora negativo, como lo inferior), se han construido relaciones de desigualdad.

15Estos apuntes han sido tomados de la reunión de trabajo “Los Feminismos Jurídicos en Argentina: perspectivas y debates”, primera vez que se realiza un encuentro en Argentina bajo esta denominación. Este evento ocurrió el 26 de septiembre de 2014 en la Universidad Nacional de Córdoba.

Recibido: 21 de Noviembre de 2015; Revisado: 07 de Junio de 2017; Aprobado: 29 de Junio de 2017

rclerussi77@gmail.com

malenacostaw@gmail.com

Romina Carla Lerussi. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Investigadora asistente en el CONICET. Miembro investigadora del Área de Feminismos, Género y Sexualidades, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina y miembro investigadora del Proyecto El Derecho ante las formas contemporáneas de Esclavitud, Universidad de Granada, España. Activista feminista. Integrante del Espacio de Feminismos Jurídicos en Argentina. Su área de investigación se sitúa en el pensamiento jurídico feminista.

Malena Costa. Profesora en Filosofía y Doctora por la Universidad de Buenos Aires con mención en Estudios de Género. Desarrolla su labor de investigación en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de esa Universidad. Becaria postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Integrante del Grupo de Estudio de Sexualidades y del Espacio de Feminismos Jurídicos en Argentina. Sus investigaciones se centran en el área del pensamiento jurídico feminista.

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