El proceso de transformación del sistema educativo en México: una experiencia en América Latina

The process of transformation of the Education system in Mexico: A Latin American experience

O processo de transformacao do sistema educacional no México: uma experiencia na América Latina

Resumen

Durante el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se pusieron en marcha sendas reformas legislativas y se ha avanzado en la definición de una nueva política pública en materia de Educación y de Educación Superior. En este trabajo se presenta el contexto en el que estas reformas están siendo discutidas en el país, la manera como se interpreta el avance que las mismas han alcanzado a la mitad del actual gobierno, así como las propuestas más importantes que se destacan en la intención de una reforma de gran calado en el sistema educativo nacional y universitario. Se plantea la tesis de que el contenido y proyección de esta reforma debe estar ahora concentrada en la conducción y orientación práctica de la misma y pasar a ser un componente estratégico del nuevo desarrollo nacional, tal y como se pretende en la orientación que se ha marcado para lo que resta (3 años) de este sexenio, así como para el futuro próximo del recambio y de la continuidad de lo que se denominado la 4ta transformación histórica del país.

Palabras clave:
Reforma Educativa; Educación en México; Transformación de la Educación Superior

Abstract

During the current government of President Andrés Manuel López Obrador, legislative reforms were launched and progress has been made in defining a new public policy on Education and Higher Education. This paper presents the context in which these reforms are being discussed in the country, how the progress that they have reached halfway the current government is interpreted, as well as the most important proposals that stand out in the intention of a far-reaching reform in the national and university education system. The thesis is raised that the content and projection of this reform must now be concentrated on the its conduct and practical orientation and become a strategic component of the new national development, as intended in the orientation that has been marked. for what remains (3 years) of this six-year term, as well as for the near future of the replacement and the continuity of what is called the 4th historical transformation of the country.

Keywords:
Education Reform; Education in Mexico; Transformation of Higher Education

Resumo

Durante o atual governo do presidente Andrés Manuel López Obrador, foram lançadas reformas legislativas e avançou-se na definição de uma nova política pública de Educação e Ensino Superior. Este trabalho apresenta o contexto em que essas reformas estão sendo discutidas no país, a forma como são interpretados os avanços que alcançaram na metade do atual governo, bem como as propostas mais importantes que se destacam na intenção de conseguir a reforma do sistema educativo nacional e universitário. Coloca-se a tese de que o conteúdo e a projeção desta reforma devem agora centrar-se na condução e orientação prática da mesma e tornar-se uma componente estratégica do novo desenvolvimento nacional, conforme pretendido na orientação que foi marcada. Pelo que resta (3 anos) deste mandato de seis anos, bem como, pelo futuro próximo da substituição e da continuidade do que se convencionou chamar de 4ª transformação histórica do país.

Palavras-chave:
Reforma Educacional; Educação no México; Transformação do Ensino Superior

1 Introducción

Desde el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se pusieron en marcha sendas reformas legislativas y se ha avanzado en la definición de una nueva política pública en materia de Educación y de Educación Superior. En este trabajo se presenta el contexto en el que estas reformas están siendo discutidas en el país, la manera como se interpreta el avance que las mismas han alcanzado a la mitad del actual gobierno, así como las propuestas más importantes que se destacan en la intención de una reforma de gran calado en el sistema educativo nacional y universitario. Se plantea la tesis de que el contenido y proyección de esta reforma debe estar ahora concentrada en la conducción y orientación práctica de la misma y pasar a ser un componente estratégico del nuevo desarrollo nacional, tal y como se pretende en la orientación que se ha marcado para lo que resta (3 años) de este sexenio, así como para el futuro próximo del recambio y de la continuidad de lo que se denominado la 4ta transformación histórica del país. Trató de una elección de alternancia entre ideologías similares o casi idénticas en sus intereses fundamentales, sino, como se ha mencionado de una ruptura.

Esto ha sido lo que ha posibilitado impulsar la propuesta y el proceso de una verdadera reforma educativa, sobre todo desde donde se ha logrado organizar y construir el nivel más alto de la inteligencia, del conocimiento, de la ciencia, de las humanidades y de la tecnología: en las escuelas, en las universidades públicas y en el conjunto de la Educación Superior. Se trata, a la mita de este gobierno del cambio, de una política educativa que dio inicio con la definición de una serie de leyes que han conducido a sendos programas de gobierno y que han permitido definir rumbos estratégicos en un espacio social e institucional, como lo es el educativo y el universitario, que requiere de visiones de largo plazo, y no de sólo de corto plazo determinado por un periodo de gobierno, o de facturas administrativas, ocurrencias o modas pedagógicas. Aquí se está inaugurando, a partir de 2018, una verdadera política de Estado en materia educativa.

Contar con las condiciones para una verdadera reforma en el sistema educativo, es una cosa y, otra, hacerla posible, y es esto lo que constituye el tema central de este trabajo: esto es, discutir la pertinencia y viabilidad de las bases sobre las cuáles se está llevando a cabo el proceso de transformación, como aquí se argumenta, de una nueva etapa de la historia del país respecto de los contenidos, la organización, los fundamentos, las metas, objetivos, principios y políticas de la Educación mexicana, en la perspectiva de una transición de corto, mediano y largo plazos, que está en marcha desde 2018 y que tiene como sustento el cambio de un tipo de régimen neoliberal a otro popular y democrático, en donde están puestas las bases de su transformación holística y sistémica, y en donde se requiere empezar a debatir y asumir una agenda de transformación de muy alto nivel y de gran altura de visión y de futuro. Y es eso en donde está concentrada ahora la discusión sobre la nueva política fundacional del actual periodo nacional, la que se enmarca en la denominada Cuarta Transformación (4T) del país.

La principal tesis que se sostiene, entonces, es que la gran transformación en el sistema educativo y universitario en lo particular, está directamente relacionada con el cambio de un régimen político, de una visión Estado y de las estrategias que componen el núcleo de prioridades y de atención de una determinada coyuntura política, económica y social que tiene una visión de futuro, y que busca y comprende, por supuesto, que las grandes transformaciones no ocurren en el periodo de un lapso gubernamental, por más relevantes que éstas se presenten, sino que deben estar estrechamente enraizadas y articuladas a una visión de nuevo país, de un proyecto de nación y de una nueva vinculación entre los factores centrales de una sociedad, así como de la comprensión del significado de que la Educación es un bien social y un bien público, esto es, un derecho humano, universal que debe ser garantizado por el Estado y que se debe directamente a la sociedad, a la resolución de sus grandes temas y problemas, tanto nacionales como planetarios, locales y regionales, en la perspectiva de que el conocimiento que se produce y difunde no tiene límites, sino solo puentes que rebasan las fronteras infinitas del saber.

2 La prioridad: superar la desiguladad social y educativa

Se plantea en este trabajo que la prioridad, en el actual contexto de desarrollo, debe ser la superación de los actuales niveles de desigualdad que se expresan en un sistema socialmente segmentado y profundamente inequitativo, y que esto se ha reproducido en el tiempo de forma cada vez más alarmante en donde intervienen e influyen las condiciones concretas de las familias, y de los capitales culturales que surgen de las condiciones socioeconómicas generales que salen y entran por y desde la escuela.

En México, el 51% de las niñas, niños y adolescentes viven en condiciones de pobreza, y entre ellos 4 millones sobreviven en la pobreza extrema¹ .Sus condiciones educativas son ínfimas y se encuentra fuera de sus posibilidades de acceder a ella o a permanecer entre sus diferentes niveles durante un tiempo largo, ya no digamos “durante toda la vida”. La Educación de la madre ha sido un factor clave para la reproducción de esta condición de atraso y segmentación social y educativa. Una madre con Educación de nivel superior hace posible que el 82.1% de sus hijas e hijos se mantengan en la escuela, mientas que más de la mitad de las cohortes generacionales cuya madre no cuenta con Educación se mantienen en riesgo de terminar su Educación básica o media superior, y esto se agudiza en el sector poblacional rural e indígena, como puede entenderse.

Como tendencia y trayectoria general, de acuerdo con los datos oficiales, de cada 100 niños y niñas en edad de cursar el nivel de Educación primeria, 98 ingresaban a su primer año, pero solo 86 concluyen grados del mismo² .De estos 86, sólo 62 concluían el tramo siguiente de Educación secundaria, 46 lograban ingresar al bachillerato (15-16 años de edad como promedio) y de ellos 13 concluyen el nivel de licenciatura o de Educación Superior (18-24 años de edad) 13 de cada cien (p. 14). Durante los años de la pandemia del Covid-19 (2020-2022) las cifras de esta trayectoria general se agravaron en los sectores de mayor vulnerabilidad y de situación socioeconómica más baja, y de manera especial entre los sectores de población que están en la periferia de las grandes y medias ciudades de la República mexicana. Como paradoja, el mayor nivel de Educación no garantiza el acceso a un mejor trabajo o a uno más estable y formal, por el contrario, entre la población con Educación Superior es relativa la posibilidad de encontrar un empleo y contar con mayores posibilidades de ascenso social: la reproducción de la segmentación entre las clases sociales es implacable³ .

Durante el periodo de 2021 a 2022, se contaba con 4 millones 685, 199 estudiantes en la Educación Superior del país, lo que significaba un aumento de 66 mil 428 estudiantes respecto del primer año mencionado. En las instituciones de Educación Superior (IES) de tipo privado había 1 millón 725 mil 20 estudiantes, y respecto de 2021 se tenía alcanzado una variación de 59,749 estudiantes⁴ , lo cual fue considerado como un aumento moderado durante estos años, con todo y el impacto de la pandemia del Covid-19 en las familias mexicanas. Sin embargo, respecto al tipo de instituciones, las que resintieron una mayor baja en su matrícula fueras las del tipo tecnológico y politécnico.

Respecto del crecimiento entre IES públicas y privadas, se pudo comprobar una tasa de incremento más o menos parecida, de entre 54 mil (públicas) y 52 mil (privadas) de diferencia. Esta relativa diferencia se incrementa cuando se observan las tasas de crecimiento en este periodo en el nivel de posgrado, en donde las IES privadas alcanzaron un mayor crecimiento (7,222 estudiantes más) que las públicas (4,3497), con todo y que en las IES privadas la tasa de abandono durante el ciclo 2020-2021 fue mayor (sólo con una diferencia de 1.9 puntos respecto de las instituciones públicas).

La desigualdad en México es alarmante. En lo particular, la tasa de desigualdad en la Educación Superior fluctúa entre un 60 y 70% de diferencia de oportunidades tan solo en el ingreso, en relación con los quintiles socioeconómicos respectivos, y esta condición de desigualdad abismal se ha profundizado durante las últimas décadas. Así, el 45% del grupo etario correspondiente a un nivel medio y medio alto de ingresos, tiene la posibilidad de acceder a la Educación Superior, mientras que solo puede hacerlo el 11% de los pobres de las zonas urbanas y el 3% del perteneciente Educación Superior.

Por ejemplo, entre 1990 y 2016, el número de instituciones públicas de Educación Superior creció en 114%, pero el de instituciones privadas fue de 450%: esto hace que México sea el país con la mayor expansión del sector privado a nivel mundial⁵ . No es que se tenga la tasa de concentración de la oferta privada más alta, porque esto ocurre en países como Brasil, Colombia, Chile u otros de América Latina, sino que se trata del país que ha tenido el mayor dinamismo de crecimiento de la mercantilización en la Educación Superior en tan sólo un par de décadas. Además, una importante cantidad de estas escuelas privadas no cuenta con el registro formal indispensable para impartir Educación Superior, ya no digamos para hacerlo con la calidad que se requiere: solo 3 mil programas de este nivel están registrados en la SEP, mientras que hay 20 mil que no lo están y operan de alguna manera fraudulenta o irregular.

Lo anterior, se agrava al relacionar estas condiciones de desigualdad en su relación con los distintos segmentos de mercado laboral, que afecta a los que solo cuentan con el bachillerato o con una licenciatura (terminada o no). Mejora la relación egreso-mercado laboral formal con quienes cuentan con relaciones sociales de los quintiles más altos del ingreso, con un mayor capital cultural, viven en zonas urbanas altas y cuentan con un posgrado.

México ocupa uno de los últimos lugares entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) en gasto por alumno en la Educación Superior Educación Superior⁶ ,y ello conlleva condiciones negativas en la permanencia y egreso: alrededor del 50% de quienes logran ingresar a este nivel educativo termina con el 100% de todos los requisitos exigidos en el plan de estudios de su área, y el resto se queda en el camino.

En términos de la organización de lo que se aprende y enseña, en lo general, la estructura de las instituciones, tanto públicas como privadas, mantienen una gestión de tipo profesionalizante y disciplinar, y las innovaciones académicas de tipo trans o interdisciplinario son escasas, así como la función de investigación que se concentra en unas cuantas universidades, sobre todo de tipo público, nacional, federal o estatal. La relación investigación-innovación en contexto de aplicación de alta complejidad también es pobre y muy limitada.

El universo de atención en la Educación Superior alcanza en la actualidad a 4.3 millones de estudiantes (66.5% en públicas y 33.5% en privadas), lo cual corresponde al 39% del grupo etario del nivel.

Las universidades públicas concentran el grupo de instituciones de investigación más importante. Estas se encuentran beneficiadas con el apoyo que brinda el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que cuenta con más de 30 mil académicos (21.5 personas por cada 100 mil habitantes). Este grupo pasó de 5 mil 700 personas en 1990 a 28 mil en 2018.

Como becarios de investigación se cuenta con 450 personas. Por áreas de investigación, de estos 30 mil sólo 6, 800 están en el área de ciencias sociales y humanidades.

Las capacidades de ciencia y tecnología por estados de la República son muy desiguales: el 50% de la inversión a programas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) (por ejemplo: laboratorios nacionales, becas al extranjero, becas a posgrados nacionales, investigadores en el SNI, programas acreditados en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad, Centros Conacyt o programas de estímulo a la investigación) se concentra en solo 5 o 6 estados.

El tema del financiamiento fue y sigue siendo uno de los principales temas de mayor conflicto en la relación Universidad-Estado, dado que el subsidio público que se concentra en las universidades que tienen un régimen de autonomía o dependen fuertemente de los recursos de los gobiernos estatales⁷ , han tenido que enfrentar durante décadas fluctuaciones en la cantidad que se les define por los distintos gobiernos, porque nunca se ha logrado alcanzar el 1% respecto del producto interno bruto (PIB) que fue acordado como necesario por la Cámara de Diputados desde hace años, y en algunos casos las condiciones de operación, año con año, han llegado a niveles a tal grado alarmantes que, en por lo menos unas 12 de estas universidades, sobre todo de tipo estatal, sufren una condición de crisis fiscal y de operación que las ha conducido a la parálisis y a una serie de crisis frecuentes.

Así, en este panorama, sin embargo, la capacidad del sistema de Educación Superior se presenta como segmentado de manera socio-institucional en relación directa a los distintos sectores poblacionales, vale decir, en donde el hijo o hija de un obrero o de un campesino tendrá algunas posibilidades de poder acceder a la Educación Básica o a una carrera técnica, pero en una menor medida podrá ingresar y mantenerse en estudios superiores, mientras e los vástagos de las clases medias altas o altas, podrán hacerlo de manera continua y ascendente en todos los niveles educativos que así lo deseen, haya gratuidad o no.

Este fenómeno de segmentación entre la generación de posibilidades de acceso versus la equidad y las condiciones de permanencia y de egreso, son reproducidas por el sistema educativo en el país, y aún no es posible verificar avances sustanciales de cambio en estas condiciones de desigualdad. Lo que si ha ocurrido es la tendencia en la tasa de crecimiento de la matriculación en la Educación Superior en los segmentos socioeconómicos de clase media y clase alta, por el incremento de la privatización y mercantilización que ha ocurrido en este nivel educativo.

3 La reforma educativa en el gobierno de AMLO

Superar los actuales niveles de desigualdad social es, por lo anterior, el principal reto para poder llevar a cabo una verdadera reforma educativa, y solo si esta llega a plasmarse de forma sostenida en una política de Estado de carácter alternativa, intercultural, de bien público, con equidad y sustentabilidad en el mediano y largo plazos.

En una perspectiva comparada y desde los cambios que se están presentando, deben ubicarse los esfuerzos que se están realizando para definir una nueva reforma educativa en México, al poder tener un nuevo gobierno de corte progresista y antineoliberal, desde donde se están impulsando nuevas leyes en materia de Educación Superior, de conocimientos, de ciencia y tecnología que están poniendo el acento en lograr una mayor accesibilidad con gratuidad, para emprender una nueva reforma educativa nacional y alcanzar una necesaria soberanía científica.

De acuerdo a la actual propuesta de reforma educativa en México, se consagra que el Estado debe garantizar el derecho a toda la Educación de carácter público, pero existen diferencias respecto de la manera como se ha legislado para alcanzar pasar de la fase de masificación a la de universalización de la Educación Superior, o en otras palabras, de la obligatoriedad de ofrecer este nivel educativo a todos los que lo demandan, tan solo por sus méritos, sin lograr superar la inequidad que existe respecto de sus condiciones socio- económicas o geográficas, de etnia, de raza o de condición de género.

Es por ello importante distinguir en las definiciones de política de Estado respecto de dos conceptos: el de obligatoriedad y el de gratuidad.

En el derecho internacional, se impone la obligación de parte del Estado de hacer accesible la Educación Superior, sobre todo cuando se ha alcanzado una cobertura deseable de universalización de la Educación básica y secundaria, bajo una figura que pone el acento en su “progresividad”, en donde la gratuidad aparece como el factor preponderante para que esta gradualidad pueda llegar a concretar un escenario de universalización.

En el contexto de México, esta secuencia de escalamiento se ha visto frecuentemente detenida o reducida, con ciclos de contracción y de altas y bajas en los recursos públicos y en la inversión hacia la Educación Superior, o bien por drásticos cambios en las orientaciones de política educativa de los últimos tres gobiernos del PAN y el PRI (Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto), que han propiciado que los acuerdos de responsabilidad para garantizar la vigencia de un derecho fundamental, se hayan conculcado y limitado.

Los términos en los que se presentan las leyes de reforma educativa, tanto a nivel de la modificación del Artículo Tercero Constitucional, como de la Ley General de Educación Superior (MÉXICO, 2019), se sustenta en principios y objetivos, en una visión y una política púbica, de reversión de las condiciones de atraso en el país, tal y como se han mencionado arriba, y que pretenden sustentar una gran transformación en el sistema educativo nacional.

En el mes de mayo de 2019, fue aprobada la reforma constitucional del Artículo Tercero, que deroga la anterior intención de reforma de tipo neoliberal que nunca logró concretarse, para bien del país, y en esta nueva formulación se establece la obligatoriedad de la Educación Superior, la progresividad de la gratuidad en todo el sistema educativo (como ya se establece en algunos países de América Latina), y se plantea que el nivel superior de Educación estará regido en los términos de las fracciones VII y X de este artículo constitucional.

Con el intervalo de la pandemia en donde, como ocurrió a nivel mundial, se pusieron en marcha los términos, conceptos y contenidos de lo que se ha considerado el marco curricular, de métodos y orientaciones para prefigurar una reforma educativa de gran visión, con lo propuesto en la legislación nacional al respecto, indicada con antelación.

De entrada, se afirma⁸ que la reforma educativa que se propone, debe definir y redefinir los saberes y conocimientos que las niñas, niños y jóvenes deben aprender para enraizarse en una sociedad de incertidumbre y de grandes cambios de todo tipo y nivel, para proyectar su futuro y su proyecto de vida, por encima y superando lo que fue establecido como un currículo que se sustentó en las competencias y en los estándares de realización que se enmarcaban en el individualismo y en una visión neoliberal de la persona y de la sociedad, con lo cual se subordinaba la diversidad, los aprendizajes significativos, la articulación del conocimiento por otro de fragmentación y de diversificación por condiciones socioeconómicos y culturales tanto para los estudiantes como para los profesores, con la reproducción de un currículo rígido basado en competencias y exámenes de tipo punitivito y de segmentación social, conductivista y eficientista.

Desde esta visión crítica, el 25 de febrero de 2013, se promulgó la reforma a los artículos constitucionales relacionados con la Educación y la práctica profesional docente (los artículos 3ro y 73vo), que permitió la construcción de una nueva estrategia de política educativa y de reforma en los contenidos, métodos y técnicas del aprendizaje y del conocimiento a nivel nacional. En esta perspectiva se plantea que, los nuevos planes y programas de estudio:

favorecerán el desarrollo integral y gradual de los educandos en los niveles preescolar, primaria y secundaria, el tipo media superior y la normal, considerando la diversidad de saberes, con un carácter didáctico y curricular diferenciado, que responda a las condiciones personales, sociales, culturales, económicas de los estudiantes, docentes, planteles, comunidades y regiones del país. Sus propósitos, contenidos, proceso y estrategias educativas, recursos didácticos y evaluación del aprendizaje y de acreditación, se establecerán de acuerdo con cada tipo, modalidad y opción educativa, así como a las condiciones territoriales, culturales, sociales, productivas y formativas de las instituciones educativas⁹ .

Se establecen como guías de operación del nuevo currículo, conceptos como el de la interculturalidad, la vinculación de la escuela con la comunidad, la escuela como un medio de formación democrática y ciudadana, la flexibilidad en los aprendizajes y los tiempos de estudio, la inter y la transdisciplinariedad, al investigación y la pertinencia en los procesos de evaluación, la elaboración de proyectos de intervención y de solución de problemas, y la vigencia del respecto a la diversidad, la igualdad de género, la formación del pensamiento crítico y decolonial y los derechos humanos (MÉXICO, 2022).

Se establece también que el aprendizaje permanente de la persona estará organizado desde campos formativos que rompan con el esquema disciplinar rígido, segmentado y competitivo:

Esto implica el desplazamiento de una Educación basada en asignaturas que propicia una fragmentación de la Enseñanza y el aprendizaje de los conocimientos, y la didáctica hacia un modelo que contempla la interacción en al que se generan , se discuten y se comparten diferentes saberes entre los integrantes de la comunidad para fortalecer sus lazos desde un horizonte plural, así como la perspectiva interdisciplinaria como elemento que permita la reorganización de los contenidos, construir redes entre conceptos, prácticas y procedimientos , de diferente orden y complejidad, así como la construcción de hábitos intelectuales para que las niñas, niños y adolescentes aprendan a mirar críticamente los fenómenos de la realidad desde diferentes perspectivas (MÉXICO, 2022).

4 La reforma en la Educación Superior

En la fracción X del Tercero Constitucional, se señala que:

La obligatoriedad de la Educación Superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.

En la Fracción VII se señala que

las universidades y las demás IES a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio […] las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del Artículo 123 de esta Constitución, en los términos y las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere.

Para el nivel superior, también, se da cuenta de distintos artículos transitorios en donde se establece que, “Las legislaturas de los estados…tendrán el plazo de un año para armonizar el marco jurídico de la materia, conforme a este decreto”, y en el transitorio décimo cuarto, se dice que,

Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad de la Educación Superior, se incluirán los recursos necesarios en los presupuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios, en términos de las fracciones VIII y X del Artículo Tercero de esta Constitución; adicionalmente, se establecerá un fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios a los que se refiere este artículo, así como la plurianualidad en la infraestructura.

Con esta iniciativa de reforma educativa, se debe considerar que la inversión que el gobierno de AMLO, deberá de considerar llegar al 1% en relación con el PIB al final de su sexenio, y además pasar del actual 39% del grupo etario correspondiente a ofrecer espacios al 55% de la población en este grupo, para ir acercando la tasa bruta de escolarización a un nivel de “universalización”.

Al nivel superior, en base, entonces, a la experiencia del pasado, los términos del debate alrededor de la universalización, de la coordinación de un sistema de Educación Superior y su gratuidad – tal y como se plantea son los ejes de la reforma en la Educación Superior del actual gobierno-, deben pasar del discurso a la acción, a través de programas de acción de mediano y largo plazos en medio de la actual incertidumbre general (ahora agravada por la pandemia del COVID-19).

Junto con la aprobación de un nuevo Artículo Tercero que deroga el ya referido del sexenio de Peña Nieto (PRI), así como de sus leyes secundarias, la Ley General de Educación Superior ( MÉXICO, 2021 ), se ubica como una de las iniciativas normativas y programáticas más avanzadas que se tienen a nivel de la historia del país, a nivel regional y de muchas similares en el mundo. En los términos en los que se presenta esta iniciativa que busca responder a la estrategia de una Cuarta Transformación histórica en el país, debe destacarse lo siguiente:

• Refrenda los principios discutidos de forma mayoritaria por los universitarios de América Latina y el Caribe en las Conferencias Regionales organizadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – Unesco, (las denominadas CRES de 2008, celebrada en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia; y de 2018, celebrada en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, en el marco de la conmemoración de los 100 años del movimiento Estudiantil por la Autonomía Universitaria de Córdoba), únicas en el mundo tanto por sus dimensiones de participación como por los consensos y contenidos alcanzado de que la Educación Superior es un bien público y social y un deber del Estado; la garantía de la soberanía autonómica de las universidades y de la integralidad de un sistema articulado y regulado. Asimismo, refrenda la convicción de que la Educación no es una mercancía, por lo que las instituciones privadas deben operar sin fines de lucro.

• El Estado es el garante de la progresividad de la inclusión para todas y todos a este nivel del sistema educativo y de su gratuidad, y que esto se lleve a cabo con el pleno respeto a los derechos humanos, a la equidad de género, a una formación que garantice un aprendizaje para toda la vida, la articulación de las ciencias, las tecnologías desde las humanidades, el deporte, la cultura y las artes, el diálogo de saberes y conocimiento y la responsabilidad social en el desempeño de la actividad académica.

• El compromiso de articular las funciones de las universidades con el desarrollo y el bienestar de las comunidades locales, regionales y nacionales, a través de una mejora continua de la calidad social de la Educación Superior, de su expansión y diversificación; de la promoción de programas afirmativos de inclusión y permanencia, de egreso, buscando la mejor y más estable inserción del egresado en el mercado laboral. Asimismo, se definen los recursos orientados al mejoramiento constante de la infraestructura y de la formación del talento humano.

• Garantiza de forma progresiva la universalización de la Educación Superior, su gratuidad y la obligatoriedad de su acceso y permanencia.

• Desde la perspectiva de sus fines y propósitos, se establece que todas sus funciones y tareas deberán orientarse hacia la coordinación horizontal a través de un sistema de Educación Superior y de investigación (este concepto de “coordinación” es el término que más aparece a lo largo y ancho de la Ley, pero como se ha visto, es el que resulta, de manera estratégica, más complicado).

De manera relacionada, y también de factura reciente, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (06/07/2020), el Programa Sectorial de Educación 2020-2024, alineado al Programa Nacional de Desarrollo 2019-2024, en donde se establecen seis prioridades, bajo el lema de llevar a cabo una “Educación para todas y todos, sin dejar a nadie atrás”.

Es de destacar el Diagnóstico contundente que se formula para caracterizar el atraso educativo que se vivía al inicio del actual gobierno: “Corrupción en el sistema educativo […] escuelas ficticias, diplomas falsos, carencia de manuales escolares, discrecionalidad en el otorgamiento de becas, venta de plazas, irregularidades en el ejercicio del gasto público y licitaciones a modo”.

De manera consecuente, se formula la iniciativa de construir “la nueva escuela mexicana”, orientada a la regeneración moral del país, con la formación de valores como la honestidad, honradez, ética, libertad y confianza y una Educación “de excelencia” para forma a “mexicanos incorruptibles”.

También se hace énfasis en los niveles de desigualdad regionales, socioeconómicos y culturales, y se da cuenta de los indicadores desfavorables en la calidad y la eficacia en la Educación en su conjunto, que se expresa en una población pobremente calificada y en el desbalance de lo aprendido respecto del tipo de trabajo en el que grandes sectores de la población se desempeñan. Se considera, por lo anterior, que una Educación sustentada en esos principios impulsará transformaciones sociales dentro de la escuela y la comunidad, en donde “los aprendizajes y conocimientos sean la piedra angular de la prosperidad y el bienestar de México” (idem).

Como estrategia se propone impulsar bajo la rectoría del Estado un Acuerdo Educativo Nacional, con la participación de todos los sectores y actores involucrados, para alcanzar un consenso social alrededor de un proyecto educativo para la transformación del sistema educativo en el país, y se establecen 30 estrategias articuladas a 274 acciones.

Respecto al nivel de Educación Superior, se proyecta pasar del 42.7% de la tasa bruta de escolarización (TBE) de 2020, al 50% para 2024, lo que representaría una población matriculada de 5.5 millones de estudiantes, y para 2040 llegar a alcanzar la tasa de universalización con el 65% de la TBE (6.7 millones de estudiantes).

5 Pasar de lo normativo a la acción estratégica

En términos comparados, no hay experiencia reciente en el país (y quizás tampoco en otras partes del mundo) en donde la puesta en marcha de una reforma educativa haya ocurrido tan solo con la expedición, discusión y aprobación de leyes y normas referidas al sistema educativo y a la Educación Superior y universitaria, por más avanzadas o dirigidas que se propongan. La tarea más difícil viene cuando se han aprobado las leyes, los reglamentos y programas y cuando se tiene claridad respecto de la manera como se puede emprender una estrategia de transformación en el sistema de producción de conocimientos, de docencia, de cultura, de ciencia y tecnología. Menudo asunto.

Con la aprobación de la nueva Ley de Educación y de la Ley General de Educación Superior, y aun contando con un contexto de política pública con una amplia aceptación y legitimidad, tal y como existe en México, para poder demostrar que la relación entre lo propuesto y la práctica puede ocurrir desde los marcos generales que se han definido y con una visión programática y estratégica de amplio alcance y altitud de miras, se requiere plantearse una estrategia de cambio desde los más amplios fundamentos y paradigmas de la Educación moderna, así como de programas que tengan factibilidad, operacionalidad e incidencia en el corto y mediano plazos. El horizonte prospectivo está planteado, falta la voluntad política y la acción organizada y social necesaria para construirlo.

Con el objetivo de crear un sistema articulado de Educación Superior, con la definición de una estructura de operación del mismo a nivel local, estatal y nacional, con objetivos que recogen experiencias que pueden llegar a ser útiles como referencias comparadas, el gran debate que se ha abierto en la política pública educativa, sobre todo en el nivel en el que se ha centrado este trabajo, necesita llegar a remontar décadas de fracasos persistentes, la inmovilidad de instituciones que por sus precarias condiciones, por sus contantes conflictos internos, por la falta de recursos financieros o por la falta de un liderazgo que va más allá de un cargo de funcionarios en turno, alcance la sustentación de los principios enunciados y se logre concebir una estrategia de corto, mediano y largo plazos, con los suficientes recursos para llevarla a cabo, y se puedan articular iniciativas en los ámbitos de la Enseñanza, del aprendizaje, de la organización y gestión de los conocimientos, de las estructuras curriculares, del modo contemporáneo de hacer la ciencia, del desarrollo de una verdadera coordinación nacional y de la iniciativa de las principales instituciones para asumir tareas de transformación, que pueda, por fin, poder contar en el país con un andamiaje interinstitucional en la Educación Superior, la investigación, la cultura y la ciencia que promueva una sociedad en donde los conocimientos sean una verdadera fuente de desarrollo compartido, inclusivo y colaborativo, intercultural y dinámico para alcanzar un nuevo desarrollo con bienestar, sin violencia y con la oportunidad de que los jóvenes y los adultos que lo quieran hacer cuenten con las posibilidades del llevar a formarse como ciudadanos de una amplia cultura y civilidad.

6 Conclusiones

En la perspectiva del impulso a una verdadera reforma educativa, y que este intento no vuelva a quedarse en el papel, en el discurso y sólo en las modificaciones de tipo formal y legislativo, se deberá garantizar y sustentar, con indicadores precisos de seguimiento y cumplimiento, de ahora al 2030, de los ODS (ONU, Objetivo No. 4) para garantizar una Educación inclusiva, equitativa y de calidad, y que se alcance a organizar una plataforma social amplia de un aprendizaje para toda la vida y para todas y todos. Esto implicará reorientar la epistemología de las instituciones, sobre todo en las universidades públicas e IES de todo nivel hacia la investigación, el posgrado y la innovación con incidencia social, y también poder favorecer el desarrollo de procesos (experimentales y de experiencias de buenas prácticas) que incidan en el cambio del actual paradigma de la Enseñanza, la disciplinariedad y la precariedad académica hacia el paradigma del aprendizaje, de la producción de nuevos conocimientos y la innovación académica, a través de un nuevo modelo de gestión del conocimiento de carácter interdisciplinario, flexible, intercultural y democratizador;

El sentido fundamental de las leyes que se han propuesto y que han empezado a proponerse un proceso de construcción de una nueva política de Estado deben ser acompañadas de una estrategia de articulación y fusión de instituciones y universidades, centros e institutos tanto a nivel local, regional como nacional, de carácter trans e interdisciplinarios, con fondos orientados al mejoramiento constante de su infraestructura, de su operación y de su régimen académico, con el fin de propiciar la transferencia de conocimientos, habilidades y formaciones a los mercados laborales, en la perspectiva de los cambios que ya están presentes en la relación egreso-movilidad laboral por el impacto de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y la redefinición y sustitución de puestos laborales profesionales.

De manera muy especial, se debe poner en el centro la acción colaborativa y transformadora de los docentes en el mejoramiento del conjunto del sistema educativo nacional, sobre todo para elevar las capacidades del sistema y de la calidad de los procesos de aprendizaje significativos de las nuevas generaciones. Esto implica la puesta en marcha de nuevos procesos de cambio en la formación de los profesores, de todos los niveles educativos; articular las Escuelas Normales dentro de un sistema colaborativo para promover una actualización permanente de un currículo de formación de los profesores y del magisterio nacional, junto a la dignificación de la carrera docente y de la elevación de sus niveles salariales a la par de los que existen en los profesionales mejor cotizados en el mercado laboral.

Referencias

• México. Secretaría de Educación Pública. Subsecretaria de Educación Superior. Ley General de Educación Superior. Diario Oficial, 18 de abril 2021.
• Didriksson, A. La Nueva Reforma Educativa en México. 2022. Mimeografado.

Notas

• 1
  México. Secretaria de Educación Pública (SEP). 2022.
• 2
  México. SEP; 2022.
• 3
  “En 2019, el porcentaje de ocupación de la población de 25 a 64 años sin Educación Básica fue de 62.8%, mientras que el porcentaje con Educación Superior fue de 79.8%. Entre jóvenes de 15 a 19 años, el porcentaje de la población ocupada fue de 50.9%, cifra ligeramente mayor que la de 2013, de 49.9%, pero sólo a partir de la Educación Media Superior, pues en las categorías sin Educación Básica y con básica el porcentaje de ocupación fue similar” (Idem, p. 17).
• 4
  México. Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior. Resultados preliminares de matrícula y cobertura de Educación Superior, ciclo 2021-2022. Documento de trabajo, s/p.
• 5
  Didriksson, 2022 , 76
• 6
  Brunner; 2017, 25.
• 7
  En México, las universidades públicas de todo tipo no generan ingresos importantes por concepto de matrícula, y por ello el sostenimiento depende de los factores de análisis que aquí se mencionan, dependientes del otorgamiento de los subsidios públicos.
• 8
  México. Secretaría de Educación Pública. Dirección General de Desarrollo Curricular. Marco curricular y plan de estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana. Mimeografado. p. 20.
• 9
  SEP, 2022; 75.
• Datos: Los datos que respaldan los resultados de este estudio se publican en el propio artículo.

• Financiación: Este trabajo se encuentra enmarcado dentro del proyecto de investigación: Análisis de las políticas educativas en México, adscrito a las líneas de investigación del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Disponibilidad de datos

Datos: Los datos que respaldan los resultados de este estudio se publican en el propio artículo.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  03 Jul 2023
• Fecha del número
  2023

Histórico

• Recibido
  12 Jul 2022
• Acepto
  02 Jun 2023