Capital social, crisis de la democracia y educación ciudadana: la experiencia chilena

Social capital, crisis of democracy and education for citizenship: the chilean experience

Capital social, cridse de la democracie et education du citoyen: l'experience du Chili

social capital; education; justice; Chile

capital social; éducation; justice; Chili

capital social; educação; justiça; Chile

Capital social, crisis de la democracia y educación ciudadana : la experiencia chilena¹

Social capital, crisis of democracy and education for citizenship : the chilean experience

Capital social, crise de la democracie et education du citoyen : l'experience du Chili

Patricio Valdivieso

RESUMO

O artigo faz um diagnóstico das dificuldades socioeconômicas e políticas na América Latina e sugere a necessidade de vincular os conceitos de "capital social" e "educação cidadã para a democracia". Para o autor, é necessário um trabalho de educação na área da justiça, uma vez que aí existem grandes oportunidades para a participação, o fortalecimento do capital social e o enriquecimento da democracia participativa.

Palavras-chave: capital social; educação; justiça; Chile.

ABSTRACT

This article makes a diagnosis of the political and socio-economic difficulties that Latin American is undergoing and suggests the need to link the concepts of "social capital" and "citizens' education for democracy". In the author's point of view, educational work in the area of justice is needed, since it is in the latter that significant opportunities for participation, the strengthening of social capital and the enrichment of participatory democracy can be carried out.

Keywords: social capital; education; justice; Chile.

RÉSUMÉS

L'article fait le diagnostique des difficultés socio-économiques et politiques en Amérique Latine et suggère qu'il faut mettre en relation le concept de capital social et celui d'éducation du citoyen pour la démocracie. Pour l'auteur, il est nécessaire de mener un travail d'éducation dans le domaine de la justice étant donné que les opportunités de participation, de renforcement du capital social et d'enrichissement de la démocracie participative y sont nombreuses.

Mots-clés: capital social; éducation; justice; Chili.

I. PRESENTACIÓN

Este estudio tiene la finalidad de presentar parte de los resultados de una investigación politológica de mayor alcance, cuyo propósito final consiste en generar instrumentos didácticos que signifiquen un aporte para enriquecer el desarrollo en democracia. En este artículo, el énfasis estará puesto en un diagnóstico sobre la difícil situación que atraviesan las sociedades latinoamericanas, concepciones sobre el capital social y la educación ciudadana en justicia para la democracia.

El trabajo comienza por tratar el contexto social y político de América Latina, por ser éste el escenario donde emerge la demanda por concepciones alternativas y al mismo tiempo complementarias al mercado y a la democracia representativa como axiomas del desarrollo. Después presenta la génesis y el contenido de concepciones teóricas sobre el capital social en Chile y que emergen en el proceso de búsqueda de orientaciones para enfrentar los desafíos de la pobreza, la indigencia, la exclusión social y la falta de participación en el régimen político democrático. A continuación es abordado el tema de la educación ciudadana como vía de inversión en capital social para la democracia, donde se especifican enfoques didácticos y didácticas concretas. Finalmente se aborda el área de la justicia como ámbito de aplicación.

II. PANORAMA DE CONTEXTO EN AMÉRICA LATINA

A pesar de enormes progresos económicos y la modernización de los estados latinoamericanos, los problemas sociales que han caracterizado la historia contemporánea del continente siguen sin solución, y las estrategias ejecutadas para la superación de este desafío no han dado los resultados esperados. A continuación se harán algunas observaciones del contexto latinoamericano que justifican la apreciación expuesta.

II.1. Contexto económico y social

En las últimas décadas se han producido una serie de transformaciones económicas y sociales que constituyen condiciones de contexto para la actualidad que está adquiriendo la reflexión en torno al concepto de capital social en las políticas de desarrollo en América Latina (CEPAL, 2000).

En los años noventa triunfaron a lo largo y ancho del planeta las tendencias y políticas que propician la internacionalización de las economías. Cabe destacar la aceleración de las innovaciones en transportes y tecnologías de las comunicaciones, el incremento de los mercados de bienes y servicios, la creciente movilidad de capitales y otros factores productivos, y las decisiones de los actores internacionales más poderosos, como el Banco Mundial y el FMI (Fondo Monetário Internacional). En el ámbito productivo, se ha ido incrementando la segmentación de la cadena del valor, esto es, del proceso de producción y de distribución de los bienes (CEPAL, 2001b, cap. 1-2). En fin, la globalización económica pareciera ser una megatendencia de largo plazo que influye decisivamente en las posibilidades y los límites del desarrollo (VALDIVIESO, 2000b).

Por las razones indicadas, resulta ser comprensible que los gobiernos latinoamericanos hayan optado por políticas liberales de equilibrios macroeconómicos, especialmente control de la inflación, liberalización comercial y financiera con el objeto de mejorar la inserción internacional, y privatizaciones, entre otras. En efecto, en un mundo crecientemente globalizado e interdependiente, y cada vez más regionalizado, donde las oportunidades para el desarrollo van de la mano con el grado de apertura e integración económica, es natural que los gobiernos se esfuercen por alcanzar el mayor grado de inserción internacional posible. En la práctica, ello se ha traducido en la introducción de reformas económicas que apuntan a una mayor apertura y liberalización de los mercados, y a la generación de mejores condiciones para atraer la inversión extranjera. Los gobiernos latinoamericanos han transformado drásticamente sus regímenes comerciales y cambiarios, reduciendo los promedios arancelarios y la dispersión en torno a los mismos (FOXLEY, 1988; CARDOSO & HELWEGE, 1993). Asimismo, en la década de 1990, ellos sumaron a sus políticas de liberalización acuerdos bilaterales y una participación activa en las negociaciones multilaterales. De este modo surgieron numerosos acuerdos bilaterales, plurilaterales e interregionales para liberalizar el comercio, y ello favoreció la expansión del mismo. A mediados de la década de 1990, la CEPAL difundió la noción de un "regionalismo abierto", donde se mezclarían la dinámica de los movimientos subregionales con la apertura unilateral y el movimiento hacia la integración hemisférica (CEPAL, 2001a, p. 35).

Durante el período se han verificado procesos de reestructuración productiva. El sector público, otrora de enormes dimensiones, ha ido cediendo espacios a otros protagonistas: las subsidiarias de empresas transnacionales, los grandes conglomerados de capital nacional, y también pequeñas y medianas empresas de capital local. La aplicación del principio de subsidiariedad del Estado, en conjunto con el proceso de privatizaciones, han dado por resultado la reducción de la participación de las empresas estatales en la oferta de bienes y servicios.

No obstante los magros resultados de los últimos años, debido a un escenario de crisis, el triunfo de la globalización en las últimas dos décadas tiene su correlato en buenos indicadores económicos: crecimiento promedio sostenido de las economías latinoamericanas; aumento de la inversión extranjera; incremento del comercio, en particular avance del comercio intrarregional; notable diversificación y aumento de las exportaciones, y, dentro de estas, especialmente de productos industrializados (actualmente representan aproximadamente el 20% del total); caída de la inflación (CEPAL, 2000). Por lo tanto, todo indica que, una vez superada la crisis actual, las economías debieran retomar su ritmo de crecimiento.

Paralelamente, las tendencias descritas han estado acompañados por una serie de problemas que afectan las economías latinoamericanas. La globalización económica, al ir conformando mercados mundiales, tiene la desventaja de ir restringiendo la autonomía de las economías nacionales, y puede dificultar las políticas económicas en tiempos de crisis. En las últimas décadas, las economías latinoamericanas han sido más vulnerables que en otros períodos históricos debido a las inestabilidades producidas por factores externos, que inciden en el comercio internacional y terminan por afectar las actividades productivas nacionales. La mayor vulnerabilidad queda de manifiesto en el hecho que el crecimiento económico de los países pase a depender del grado de intensidad y de la calidad de la inserción en la economía mundial (CEPAL, 2001a).

En el período contemporáneo se ha ido produciendo una mayor concentración de poder económico en manos de empresas internacionales y acreedores financieros, en detrimento de la autonomía de los gobiernos latinoamericanos. A esto han contribuido, entre otros factores, la falta de estabilidad de las políticas monetarias y de las tasas de interés, con alta volatilidad, un cierto grado de anarquía hobbesiana en el orden financiero internacional, particularmente en periodos de liberalización acelerada. Por otra parte, en el mercado financiero, progresivamente más segmentado, el acceso al crédito se ha ido dificultando para los gobiernos de los países en vías de desarrollo, y ello encuentra su reflejo en las dificultades que tienen las pequeñas y medianas empresas para acceder al crédito en sus mercados locales. Por el contrario, las empresas transnacionales han aumentado su campo de acción, con gran capacidad de acumulación y de movimiento de flujos de capitales (idem, p. 18-94).

El proceso de eliminación de barreras arancelarias en los países de América Latina, especialmente intenso entre fines de los años 1980 y principios de 1990, causó que las importaciones crecieran más que las exportaciones, generándose con ello desequilibrios, y en definitiva un incremento de la vulnerabilidad externa (ibidem).

La falta de regulación en los mercados financieros se traduce en crisis globales que no se presentaban desde tiempos de la depresión de los años 1929-1932. El comportamiento financiero internacional es extremadamente volátil, es decir, registra ciclos de auge y de pánico financiero, lo que puede resultar fatal para economías en desarrollo que demandan una alta tasa de inversión (piénsese en los ejemplos recientes de Brasil, Argentina y Uruguay). Adicionalmente, la mayor interdependencia financiera se traduce en procesos de contagio de crisis financieras que afectan negativamente todos los sectores productivos y el crecimiento de los países (ibidem).

La abundancia de capitales internacionales no siempre se traduce en inversión productiva. En la década de 1980 se produjo un brusco descenso del coeficiente de inversión fija de los países de la región (de 23 a 21%), y en los anos 1991-99, la inversión fija creció a una tasa anual de 4,9%, desde un punto de partida relativamente bajo. Además, el esfuerzo de inversión parece no haberse traducido en un aumento promedio de la productividad de la mano de obra de la región (CEPAL, 1998, p. 34).

Es cierto que ha habido un crecimiento promedio sostenido de las economías latinoamericanas. Sin embargo, el producto regional se ha expandido entre 1990 y el 2002 a un ritmo de 3,2%, frente a un 5,5% promedio en la década de 1980. Asimismo, el desempeño de los países ha sido bastante heterogéneo, siendo pocos los países (Chile, Guyana y República Dominicana) que han crecido a una tasa superior al 5% anual.

El desarrollo social en las últimas dos décadas se ha caracterizado por la consolidación de la transición demográfica y el progresivo envejecimiento de la población, el insuficiente dinamismo de las economías liberalizadas para la generación de empleo, una reducción moderada de la pobreza, y el claro aumento de las desigualdades.

Los niveles de fecundidad y de mortalidad son cada vez más reducidos, la esperanza de vida al nacer ha aumentado, la mortalidad infantil ha caído, y el crecimiento demográfico se sitúa entre el 1,6 y el 2%. La tendencia al envejecimiento, rasgo común, está dada por el aumento de la esperanza de vida y la disminución del numero de hijos. La caída en la fecundidad y la consecuente disminución del ritmo de crecimiento de la población en edad de trabajar es punto de partida de transformaciones importantes en la composición del mercado.

El gasto público social y diversas reformas de los servicios de salud, educación, previsión, justicia, y servicios sociales en sentido estricto, han sido, indiscutiblemente, medios relevantes para avanzar hacia una mayor justicia distributiva, para atacar las grandes distorsiones en la distribución del ingreso y combatir la pobreza (CEPAL, 1998, p. 183). Del incremento del gasto público, el 44% se destina a educación y salud (25% y 19%, respectivamente), y el 41% a seguridad social. Sin embargo, lo anterior no ha sido suficiente en la lucha contra la pobreza, la indigencia y las grandes desigualdades, y existe un descontento generalizado con respecto a la evolución de las condiciones sociales (PNUD, 2000).

El desempleo y la precariedad en el mundo laboral continúan siendo fuentes de malas condiciones de vida y desigualdades. El empleo ha crecido poco, en comparación con otros indicadores, por un conjunto de procesos que afectan el mercado del trabajo, entre los que cabe mencionar: efecto de crisis económicas, caída del empleo público debido a procesos de privatización y a políticas fiscales restrictivas (caída del gasto), baja demanda del sector empresarial privado debido a la incorporación de nuevas tecnologías en la producción (mayor capital, menos mano de obra). También ha influido en el aumento del desempleo formal la competencia de mujeres y niños. El empleo asalariado se concentra principalmente en el sector de las medianas y pequeñas empresas, que resultan ser las más afectadas por las crisis económicas periódicas (TOKMAN & O'DONNELL, 1999; KATZ, 2000).

América Latina es un continente con gran cantidad de población pobre, indigente, que cuenta con condiciones mínimas para cubrir necesidades fundamentales, tales como son alimentación, vivienda, vestuario, salud, educación. En las últimas décadas ha habido algunos avances, gracias al crecimiento económico y algunas políticas públicas bien diseñadas, pero aún queda mucho por hacer. La pobreza es como un círculo vicioso, pues hay mecanismos que favorecen su reproducción: elevado número de hijos, menores oportunidades de acceso al empleo productivo, a los servicios de salud, y en general a los frutos del progreso económico; trabajo infantil, maternidad temprana; falta de oportunidades en educación (VALDIVIESO, 1998a).

La distribución del ingreso no ha mejorado sustancialmente. La concentración del ingreso se debe a que los beneficios del crecimiento económico quedan en manos de pocos, a la disminución de actividades productivas intensivas en mano de obra, a la persistencia de una concentración extrema de la propiedad, los ingresos y las oportunidades educacionales en pocas manos. La mala distribución de los ingresos y de las oportunidades refleja, asimismo, importantes problemas de estratificación y exclusión social, que persisten de generación en generación, sin que haya hasta ahora una solución del problema (ALTIMIR, 1999).

En síntesis, a pesar de notables avances en la economía y el Estado, las sociedades latinoamericanas no han dado una respuesta adecuada para resolver cuestiones fundamentales para el desarrollo, como son la superación de la pobreza y la indigencia, la mala distribución del ingreso, los grandes desequilibrios del mundo del trabajo, y la falta de oportunidades para millones de seres humanos en el continente. Desde la perspectiva socio-económica, aquí tenemos una importante justificación para buscar conceptos e instrumentos alternativos para ayudar a salir de esta situación.

II.2. Crisis de la democracia

La democracia en América Latina atraviesa un período difícil de crisis de legitimidad, al igual que la actividad política y numerosas instituciones. En este contexto existe la necesidad de una reconceptualización de la democracia representativa, y ello es convergente con la necesidad de reconceptualización del desarrollo socio-económico.

Los cambios políticos mundiales de fines de los años ochenta otorgaron a la democracia una legitimación casi universal como sistema político (HUNTINGTON, 1991). Dicha legitimación coincidió en América Latina con un proceso de democratización iniciado a fines de los setenta y consolidado en los noventa. Los países latinoamericanos transitaron desde regímenes autoritarios de distinto signo a regímenes políticos democráticos. A diferencia de otros períodos históricos, y no obstante las crisis políticas y de gobernabilidad en algunos casos, el régimen democrático tiende a consolidarse. Sin embargo, simultáneamente, existe una creciente insatisfacción de la población con los resultados del régimen democrático. ¿Por qué se produce esta disonancia entre el régimen político y las percepciones de la población?

La democracia debiera ser un conjunto de instituciones, normas y prácticas que promuevan el desarrollo del ser humano con el mayor grado de libertad y participación social posible. Este imperativo se sustenta en el fundamento más básico de la democracia, el reconocimiento incondicional de la dignidad esencial del ser humano para autodeterminarse, ser responsable y desarrollarse en libertad junto a otros (VALDIVIESO, 2000a). Los principios de autodeterminación, responsabilidad y desarrollo social en libertad fundamentan la demanda por un alto grado de participación en el régimen democrático, y la participación es un pilar esencial de la democracia, pues a mayor grado de participación ciudadana, mayor legitimidad y gobernabilidad tendrá el régimen democrático (ibidem). Entonces, la participación debiera encontrar expresión en todas las instituciones y las decisiones que se toman en el régimen democrático.

La participación democrática debiera ser la participación soberana que genera las principales decisiones. Pero las democracias latinoamericanas parecieran ser cada vez menos capaces de resolver cuestiones esenciales para las sociedades, y muchas decisiones importantes parecieran estar resolviéndose fuera de ellas o dentro de ellas, pero por poderes fácticos que se imponen.

Precisamente porque todo lo anterior no ocurre en América Latina, ha ido en aumento el desencanto y desinterés de la población por la política y la democracia (GARRETÓN, 1994). Entre los factores que afectan la dignidad de las personas, el ethos de autodeterminación y responsabilidad, cabe tener presente los problemas socioeconómicos ya indicados en este trabajo. Además, entre los factores que restringen la participación o limitan el efecto de la participación en los procesos de toma de decisión, se debe considerar los siguientes (MOLS, 1987): falta de autonomía nacional (económica, tecnológica, política); bajo nivel de integración nacional (pobreza, indigencia, alto grado de marginalidad, exclusión social); factores socioculturales y legados históricos (conservativismo social, legalismo y formalismo, mentalidad trascendentalista y bajo sentido de responsabilidad, entre otros). A todo lo anterior se suman factores institucionales y legales, heredados de otros tiempos, que impiden el ejercicio de las libertades, y por lo tanto restringen la participación y la soberanía popular. En los países de América Latina hay una serie de limitaciones al régimen político democrático, cuya persistencia afecta el funcionamiento del Estado. A modo de ilustración, pensando en el caso chileno, cabe mencionar las siguientes: prerrogativas y autonomía de las Fuerzas Armadas; existencia del Consejo de Seguridad Nacional, senadores designados, quórum requerido para reformar o aprobar ciertas leyes. Todas esas disposiciones limitan el principio de la soberanía popular y generan dudas respecto a la calidad de la democracia en América Latina.

En los casos más críticos existen serias dificultades para alcanzar una gobernabilidad democrática, pues faltan consensos esenciales. Hay países con un escenario de crisis recurrente, donde los gobiernos no tienen capacidades suficientes para cumplir sus funciones de gobierno (capacidades de control del territorio y de la economía, para ejercer la soberanía, ejecutar políticas económicas y sociales, ampliar la participación).

En síntesis, todas las observaciones expuestas, en relación a la difícil situación que atraviesan la economía, la sociedad y la política en América Latina, constituyen un fundamento sólido para buscar conceptos e instrumentos que ayuden a mejorar. En efecto, hay que construir una sociedad más democrática, cohesionada, con el mayor grado posible de autonomía e integración nacional, donde los grandes problemas de pobreza y exclusión social puedan ser superados. Para que la democracia sea viable como proyecto, es necesario que la sociedad y el estado tengan la capacidad de tomar decisiones con alto grado de legitimidad.

III. CAPITAL SOCIAL EN LA DISCUSIÓN CHILENA

III.1. Los enfoques del desarrollo en perspectiva

El ejercicio de situar cronológicamente distintos modelos y estrategias de desarrollo en América Latina muestra el siguiente hecho: los modelos del período de la post-independencia y el siglo XIX, principalmente ilustrados y liberales, y más tarde, en el siglo XX, los modelos socialistas, corporativos, desarrollistas y los modelos estructuralistas (economicistas o institucionalistas) pusieron su énfasis exclusivamente en las condiciones normativas y estructurales para el desarrollo. Por esta vía, hubo diagnósticos errados, experiencias complicadas, fracasos, y retrocesos en algunos casos. En América Latina, en la década de 1980, se llegó incluso a diagnosticar la crisis de los modelos de desarrollo (SUNKEL & PEREZ, 1991).

La experiencia chilena ilustra bien la situación descrita. En las décadas de 1960 y 1970, las visiones sobre la modernización y el desarrollo – desarrollistas, estructuralistas, marxistas y neoliberales – enfatizaban la centralidad de las estructuras y leyes sociales y económicas, y la necesidad de planificaciones y reformas globales para salir del subdesarrollo. Las visiones podían diferir en cuanto a las etapas de la modernización y en cuanto a las prioridades, y de hecho los grandes debates se centraban en esas diferencias. Pero coincidían en una perspectiva general que enfatizaba la necesidad de llevar a cabo reformas estructurales, especialmente en el orden socioeconómico, y situaban al aparato estatal liderando el desarrollo. En las décadas de 1980 y 1990, adquirió gran fuerza el enfoque neoinstitucionalista, que, dejando de lado visiones extremadamente economicistas o sociológicas, puso su acento en las instituciones y su reforma para alcanzar la meta del desarrollo (NORTH, 1990). Muchos acontecimientos, que sería largo de enumerar y tratar aquí, tales como el enorme impacto de la crisis del endeudamiento, el fin de la Guerra Fría, y la crisis del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), ayudan a explicar el cambio de visión. En general, a la luz de la experiencia, los centros académicos y de decisión política en todo el mundo coincidieron en la idea que las reformas estructurales en economía y en sociedad no eran condición suficiente para emprender el camino del desarrollo. Era necesario, asimismo, realizar importantes reformas institucionales, que generaran condiciones políticas e instituciones coherentes con los procesos de modernización socio-económica. En este contexto, adquirieron nuevo brío aquellas visiones y paradigmas que vinculaban y correlacionaban estrechamente el desarrollo económico con el desarrollo político y de las instituciones. Más concretamente, en el caso de muchos países latinoamericanos, el desarrollo económico comenzaba a ser enfocado en relación con el gran tema de las transiciones desde el autoritarismo al régimen político democrático, y numerosas reformas institucionales que sería necesario abordar, tales como la reforma del estado y del sistema de administración de justicia. En la práctica, en casi todos los países de América Latina, el cambio de paradigma se operacionalizó en forma de políticas de desarrollo que integraron reformas económicas, sociales e institucionales (CASTRO, 2001).

En los últimos años, el fracaso de numerosas reformas y nuevos desafíos inducen a poner el énfasis en nuevos elementos para el desarrollo, particularmente la centralidad de la sociedad civil en todas sus dimensiones (productores y consumidores, pequeños y grandes grupos, ciudadanía, etc.). En la actualidad, según se ha observado, nos enfrentamos a un escenario de crisis recurrente, en economía, sociedad y también en los sistemas políticos. Fuera de las presiones y demandas socio-económicas, en la gestión y en la administración, los gobiernos latinoamericanos se ven enfrentados a la necesidad de buscar vías que involucren y hagan corresponsable a la sociedad civil en las políticas públicas. Y así va surgiendo un consenso en torno a la urgente necesidad de mejorar las condiciones de gobernabilidad democrática.

En América Latina, el gran desafío de promover la sociedad civil y modernizar al Estado en la dirección descrita, se conecta con un gran movimiento internacional, que promueve el desarrollo de la sociedad civil organizada, la redefinición del Estado y de las políticas públicas. En numerosos lugares del mundo se ha diagnosticado que las organizaciones de la sociedad civil son expresión de la sociedad civil organizada, que le representan, y por tanto pueden hacer aportes relevantes en la promoción de la participación y el desarrollo, y en consecuencia hay una voluntad política de apoyo al sector (OXHORN, 1995; DEL VALLE, 2000). Los programas de Naciones Unidas, el Banco Mundial, y otras organizaciones internacionales, han apoyado muy decididamente los proyectos orientados a promover la participación de la sociedad civil en las tareas del desarrollo. En esta misma línea, en Chile, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha elaborado diagnósticos y propuestas para la promoción del desarrollo humano y la participación (PNUD, 2000). Agencias internacionales han operado en la misma dirección: la Fundación Ford, por ejemplo, ha co-diseñado y auspiciado estrategias de diagnóstico y propuestas en la materia. El gobierno de Chile, por su parte, con la intención de fortalecer la "sociedad civil", adoptó diversas medidas con el objeto de promover al sector de las organizaciones no gubernamentales.

En síntesis, los enfoques del desarrollo en América Latina han ido cambiando con el tiempo. En la actualidad, el desarrollo es percibido como un proceso dinámico, que requiere la interacción del Estado, el mercado y la sociedad civil organizada. La inversión social es un factor favorable para el mayor protagonismo de la sociedad en la gestión y la implementación de modelos políticos y socio-económicos de desarrollo. Las sociedades latinoamericanas necesitan mejores condiciones para el desarrollo humano y la gobernabilidad democrática. El desafío consiste en buscar medios que signifiquen mayor inversión en sociedad civil, capital social, y, por cierto, paralelamente avanzar en la democratización de la sociedad y el Estado.

III.2. El capital social: dimensiones socio-económicas y políticas

En otros estudios ha sido demostrada la pertinencia de buscar en el concepto de capital social un apoyo teórico e instrumental para poder enfrentar los desafíos expuestos, focalizar mejor la inversión social y promover el desarrollo humano (BAQUERO, 2001; LIN, 2001). En este apartado, nos limitaremos a presentar una aproximación de la perspectiva chilena respecto al capital social. Aquí serán citados autores e ideas que encuentran difusión en Chile, y que por cierto participan en los debates actuales en torno a la definición de lo que es el capital social.

a) Génesis

En Chile, la conceptualización del capital social no es nueva, pues se ha dado en la Sociología y la Economía. En la Ciencia Política, en cambio, la discusión se está iniciando recién en los últimos dos años, en relación con otros conceptos relevantes para el desarrollo, tales como son desarrollo humano, redes sociales y educación ciudadana.

El concepto de capital social entra con gran fuerza en la discusión chilena durante el período de transición desde una economía mixta, con un acentuado perfil de planificación central (modalidad chilena del Estado de Bienestar), hacia una economía regulada por los principios del mercado, en las décadas de 1970 y 1980. La transición económica ocurrió bajo el gobierno de un régimen militar (1973-1989), y fue liderada por representantes del pensamiento neoliberal, quienes lograron el control de las políticas económicas durante la mayor parte del período². En la visión neoliberal chilena, el imperio de ciertos axiomas, postulados como principios naturales del orden económico, aproximarían a un mayor bienestar y a la justicia social. Complementariamente a la acción del mercado, una focalización eficiente del gasto público en políticas sociales debería reducir la pobreza y la indigencia. En el plano político, un gobierno fuerte sería necesario para generar un nuevo sistema político garante de la libertad, una vez que la sociedad funcionara según las reglas del mercado. En la práctica, bajo el imperio de políticas neoliberales, el problema de la pobreza, junto a otras numerosas dificultades sociales ya señaladas en este estudio, no mejoraron sustancialmente en Chile. En el contexto indicado, los críticos del modelo económico neoliberal chileno, en su mayoría economistas y sociólogos de oposición al régimen militar, buscaban alternativas de política económica, y entraron en un debate con los neoliberales.

Más adelante, en la década de 1990, la combinación de un conjunto de factores da nuevo impulso a la búsqueda de conceptos tales como el capital social para enfrentar de mejor modo las cuestiones del desarrollo. La combinación del modelo económico liberal, la globalización, el estilo de la transición política chilena – gradual, de consensos, con ganadores y perdedores –, y las reformas modernizadoras de los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, aceleran una serie de transformaciones sociales que se insinuaban desde antes, y ello tiene profundas repercusiones socio-culturales (VALDIVIESO, 2001). En este período, las tensiones ya habituales en la historia contemporánea de Chile, entre el crecimiento y el desarrollo socio-económico, el régimen político democrático y la falta de participación democrática real, las presiones de la vida moderna y la cultura tradicional resistente al cambio, mejores posibilidades económicas y creciente grado de insatisfacción, entre otras, se manifiestan cada vez con mayor nitidez. Estas circunstancias, sumadas a otras, motivan a los críticos del modelo liberal de desarrollo, y, en general, han alimentado una creciente preocupación en sectores del mundo político, intelectual y académico chileno en torno al futuro.

Aumenta la conciencia colectiva en torno a la necesidad de encontrar propuestas y vías alternativas para superar los déficits en la aplicación del modelo de desarrollo liberal, la necesidad de robustecer un orden socio-político estatal que de un marco de dirección nacional a las dinámicas de la globalización y los mercados, y la necesidad de reconocer el impacto de aspectos socio-culturales y político-institucionales en el desarrollo. El crecimiento económico y el régimen político democrático son condiciones necesarias, pero en ningún caso suficientes para avanzar hacia un desarrollo humanamente sustentable. Es necesaria la incorporación de conceptos de cooperación, confianza, amistad e identidad en el proceso mismo del desarrollo. Entonces adquiere nueva actualidad el concepto de capital social como uno de los conceptos que puede ayudar a superar la encrucijada que no logran trascender el mercado y la democracia por si solos.

b) Contenido

Numerosas ideas filosóficas, antropológicas y sociológicas sirven de antecedente al concepto de capital social (BAQUERO, 2001). Básicamente, ellas subrayan el hecho que entre los seres humanos los intercambios no se limitan a bienes y servicios de mercado, pues incluyen gentilezas, festines y ritos, y por cierto pequeños aportes para la realización de valores comunes o la protección de bienes colectivos. Las relaciones entre personas, en pequeños, medianos y grandes grupos, son mucho más ricas que la dimensión del intercambio económico entre individuos aislados que pretenden maximizar sus intereses, y dan lugar a compromisos colectivos que equivalen a un contrato más general y permanente. Piénsese por ejemplo en las relaciones en el ámbito de las familias, formas de relación que atraviesan generaciones, donde hay bienes individuales y colectivos que están en juego al mismo tiempo, donde se despliegan valores sociales de enorme importancia, tales como son la confianza, el sentido de cooperación y de reciprocidad.

Hay algunos autores destacados que se han ocupado con el capital social y que encuentran difusión en Chile durante las últimas dos décadas. Entre ellos cabe mencionar a Pierre Bourdieu, James Coleman, Robert Putnam, John Durston y Nan Lin (LIN, 2001). Bourdieu entiende el capital social como el conjunto de los recursos reales o potenciales ligados a la posesión de una red durable de relaciones más o menos institucionalizadas de reconocimiento mutuo. En Coleman (2000), el capital social son los recursos socioestructurales que constituyen un activo de capital para el individuo y facilitan ciertas acciones. En este autor, el capital social puede ser individual, en cuanto consiste en cierto grado de integración social, red de contactos y expectativas de reciprocidad, y puede ser colectivo en tanto sea actos, acuerdos o normas colectivas. Putnam (1994) entiende el capital social como aspectos de las organizaciones sociales, tales como las redes, las normas y la confianza que facilitan la acción y la cooperación para beneficio mutuo. Las colectividades con alto nivel de asociativismo tendrían capacidades para actuar cooperativamente, armar redes, concertaciones y sinergia de todo tipo en su interior. En Durston (2000) el capital social es un conjunto de normas, instituciones y organizaciones que promueven la ayuda recíproca, la confianza y la cooperación. Lin (2001) plantea más o menos las mismas ideas. En síntesis, los autores indicados identifican el capital social como recursos de individuos y colectividades, que incluyen redes sociales, confianza, normas comunes, acciones cooperativas, entre otras cosas. Estos recursos darían lugar a oportunidades (también existe la posibilidad de coacciones), y el acceso o el control de los mismos condicionaría la posición de cada actor en la estructura y su margen de maniobra respecto a los demás.

Al promover la ayuda recíproca, la confianza y la cooperación, entre otros, el capital social puede contribuir a la reducción de los costos de transacción, la producción de bienes públicos y facilitar la constitución de organizaciones de gestión de base efectivas, de actores sociales y de sociedades civiles saludables (DURSTON, 2000). El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, interesado en el desarrollo humano, es una de las organizaciones que mayor énfasis ha ido dando a estos aspectos en Chile (PNUD, 2000).

Según se ha indicado, en el contexto de síntomas de crisis de la democracia representativa, el concepto de capital social ha ido encontrando difusión en Chile también como un concepto válido para abordar problemas de naturaleza política. La difusión se ha verificado a través de los trabajos de R. Putnam (1994; PUTMAN & PHARR, 2000), quien ha realizado un esfuerzo por relacionar las ideas de democracia, ciudadanía, virtudes cívicas y niveles de asociatividad. La tesis es que existe un espiral, una interacción positiva, entre actividad ciudadana, la participación de personas en grupos de diversa naturaleza, y la confianza de los ciudadanos. Por lo tanto, donde hay mayores grados de asociatividad y de participación es mayor la satisfacción con el sistema democrático, y son menores los grados de corrupción. En este sentido, el recurso capital social (entendido como asociatividad, confianza) promueve la democracia. No obstante algunas diferencias conceptuales, Norbert Lechner (1999) argumenta en Chile de un modo similar, al reconocer el potencial del capital social para mejorar los flujos de información y disminuir la incertidumbre en las relaciones interpersonales, favorecer la coordinación de actividades y así reducir comportamientos oportunistas, dotar de continuidad a las relaciones sociales, favorecer la cooperación, y facilitar la toma de decisiones colectivas que beneficien a todos. En relación con la perspectiva política, el concepto de capital social está siendo usado también en el campo de la educación y en la historiografía marxista que, en su versión de la historia del movimiento popular, sus luchas y vaivenes, incorpora enfoques de la historia oral.

En cuando a la aplicabilidad del concepto capital social para describir, diagnosticar, proponer y evaluar, Durston (2000) sugiere distinguir los niveles de lo abstracto y de lo concreto. El primero estaría centrado en la búsqueda de medios para investigar normas, creencias y valores (niveles más abstractos del capital social). El segundo en la observación de relaciones sociales que incorporan actitudes de confianza, reciprocidad y cooperación. El estudio de redes sociales y sus características constituiría otra forma de aproximación para la observación del capital social (asociatividad, estrategias individuales y grupales con racionalidad económica para la movilización de recursos, etc.). En el nivel de lo concreto cabría observar también las características locales y regionales como escenarios promotores de identidad y capital social (BOSSIER, 2001).

Durston considera que una política pública de empowerment puede traducirse en la construcción de capital social, y ella debiese tener la intención de la igualación de oportunidades. Se trata de potenciar recursos ya existentes en individuos y grupos, promover la autogestión y eliminar el paternalismo. En la misma dirección, la promoción de redes sociales es considerada como vía válida para favorecer la generación de capital social en comunidades, pues ella potenciaría los recursos sociales a través de los cuales los agentes sociales elevan su nivel de vida y/o se integran en la sociedad, en la economía y la cultura. Por otra parte, la combinación de acceso a las instituciones, incentivos de las instituciones, y descentralización como vía para evitar el clientelismo, el paternalismo y todo tipo de trabas que inhiben la participación en el desarrollo con autonomía, podría generar capital social para la promoción de la participación ciudadana.

En síntesis, concluyendo este apartado, lo expuesto hasta el momento evidencia que, no obstante los debates, los matices y las diferencias en torno a la conceptualización, hay un contexto económico, social y político en América Latina que justifica plenamente la investigación del capital social, y el uso de este concepto como una categoría analítica válida en la búsqueda de respuestas frente a los difíciles desafíos que enfrentan los distintos países de la región en la actualidad (WORLD BANK, 2003). En el caso de Chile, en particular, existe una correlación entre problemas socio-económicos no resueltos, dificultades de la democracia representativa, por un lado, y el creciente interés en torno al concepto de capital social. Estamos ante un concepto rico en matices, operacionalizable en forma de conceptos de observación, y que puede brindar una buena base de apoyo para enfrentar problemas de la pobreza, indigencia, exclusión social y déficits de ciudadanía democrática. Obviamente, tanto la conceptualización como la operatividad del capital social pueden mejorar, en la medida que las políticas públicas y la investigación científica, en conjunto, arrojen mayores resultados. Por otra parte, la investigación científica de los últimos años en capital social refuerza una visión del desarrollo como proceso integral, con dimensiones económicas, sociales, políticas y culturales. Hay una sinergia entre capital social, desarrollo socio-económico y democracia; a mayor grado de confianza, cohesión, integración y participación social, mayor será el capital social de una sociedad, y viceversa.

El punto se puede ilustrar, asimismo, desde una perspectiva antropológica que debiera estar explícitamente formulada en la conceptualicación del capital social. El ser humano es individuo, unidad indivisible, y al mismo tiempo un ser que sólo se desarrolla en coexistencia con otros, como ser social. Como persona individual, cada ser humano es único, ningún individuo es totalmente igual en sus características corporales y espirituales, pero nosotros nos desarrollamos como individuos sólo en el contexto de relaciones sociales. Y esta dimensión social de las personas no es reducible a la dimensión de la interpretación que ellas dan a sus necesidades biológicas y materiales, también comprende las dimensiones más subjetivas, culturales y espirituales. Del reconocimiento de estos principios antropológicos se puede seguir que mientras más deficitarias sean las condiciones socio-económicas, político-institucionales y culturales, mayor dificultad tienen la personas para desarrollar su propia individualidad, y viceversa, y ello condiciona las posibilidades de desarrollo del conjunto.

IV. EDUCACIÓN CIUDADANA COMO INVERSIÓN EN CAPITAL SOCIAL

Este apartado tiene el propósito de presentar la educación ciudadana como una vía de inversión en capital social, en la medida que ella tiene los siguientes propósitos: estimular el discernimiento de los ciudadanos en las esferas política, económica y social; cultivar competencias cognitivas, procedimentales y asociativas en las personas, para que ellas sean protagonistas en sus relaciones sociales, con el Estado y el Mercado; sumarse a otras actividades y políticas que apunten a fortalecer el capital social. Primero serán presentados elementos centrales de la educación ciudadana, incluyendo sus modalidades de trabajo en la práctica.

Chile, al igual que otros países de América Latina, está transitando por una etapa de acelerada modernización, y en la actualidad se dan pasos en el campo de las reformas económicas, políticas e institucionales para avanzar hacia la meta del desarrollo con equidad en democracia. La educación y la capacitación, en todos los niveles, han pasado a ser temas prioritarios. Si las sociedades latinoamericanas quieren progresar, deben contar con una población integrada, cohesionada, bien educada y capacitada para asumir un rol activo en los procesos de desarrollo socio-político y económico del siglo XXI. Por lo tanto, la mayor parte de los gobiernos de la región ha adoptado el compromiso de mejorar sus sistemas educacionales y de capacitación, mediante reformas y numerosos programas especiales. Aquí se va abriendo un espacio que demanda la cooperación de todos los agentes del desarrollo (organizaciones e instituciones públicas, mercado, organizaciones de la sociedad civil, etc.) para invertir en capital social y democracia. En tal contexto se sitúan una ambiciosa reforma educacional y numerosos programas y actividades de educación ciudadana para la democracia.

¿Qué es la educación ciudadana? En sentido estricto es una actividad educacional o de capacitación que tiene por finalidad fomentar el despliegue de ciudadanos con competencias para integrarse en sus comunidades y ordenes socio-económicos y participar activamente en el régimen político democrático. Esto es entendido así en la mayor parte de los países del mundo.

Si las personas deben recibir educación o capacitación para tomar conciencia de su papel de ciudadanos y para cumplirlo en democracia, ¿en qué consiste ese papel? ¿Qué se espera del ciudadano promedio en democracia? Lo mínimo consistirá en informarse sobre política y participar en ella, y defender ciertos principios esenciales del régimen político democrático. Para ello son necesarios ciertos procesos cognitivos y habilidades de pensamiento (informarse, analizar, evaluar con autonomía). Además son necesarias ciertas disposiciones para actuar, en función de lo que se piensa, y a ello corresponden determinados comportamientos democráticos en el propio medio ambiente (comunicación, apertura, tolerancia, reconocimiento de los demás etc.). También se espera del ciudadano participación en distintas instancias que afectan la vida cotidiana suya y de su comunidad. En síntesis, todo lo anterior apunta al discernimiento autónomo de las personas, su capacidad de actuar, de demandar derechos y cumplir deberes, y su disposición para identificarse con la democracia y sus principios.

La educación ciudadana deberá estimular todas las competencias indicadas (información, análisis autónomo, evaluación razonada, acción con responsabilidad), y de esta forma será un vehículo para la reflexión viva sobre el significado de libertad, asociatividad, confianza, cohesión y democracia, y sobre las condiciones necesarias y posibilidades de la participación política. En este sentido, no cabe duda que se trata de una actividad de inversión en capital social.

¿Cómo se hace? ¿Cómo debe ser la clase de educación ciudadana adecuada para estimular competencias de ciudadanos en democracia? En nuestro tiempo, dada la magnitud y profundidad de los desafíos ya expuestos en este trabajo, es necesario partir por la reflexión en torno a los enfoques metodológicos que son más útiles para cumplir el objetivo de promover ciudadanos con discernimiento, competencias para la intervención y participación.

En las didácticas contemporáneas el paradigma objetivista del conocimiento ha ido dando paso a un paradigma constructivista, cuyo principal postulado es que el conocimiento se adquiere en el proceso mismo de la práctica intelectual, es decir, pensando en nuestro tema, participando en ese proceso informativo, analítico, evaluativo y productivo, y no por medio de la transferencia de contenidos objetivos desde un emisor a un re-ceptor. Dados los objetivos de la educación ciudadana, el paradigma constructivista debiera tomar la forma de una didáctica que forme para el discernimiento, la participación y la acción. La meta de la educación ciudadana, del aprendizaje de lo político (ver, informarse, evaluar, actuar) consistirá en promover la formación de una orientación política propia, que sirva de apoyo para intervenir y actuar en el medio sociopolítico local, regional o nacional. En consecuencia, se trata de una didáctica que facilite el despliegue de capacidades cognitivas de lo político, como actividad práctica junto a otros, y que promueva el trabajo autónomo, responsable, por ejemplo mediante juego de roles, planificaciones y/o actividades productivas. La experiencia enseña, aquello que se aprende y experimenta se entiende con facilidad y se retiene. Por esta razón, las concepciones sobre didácticas orientadas a la acción, con su acento en la actividad, han adquirido gran difusión y actualidad.

Hay muchas posibilidades de poder lograr la meta, por ejemplo simulaciones que tocan problemáticas cotidianas (mercado, participación, medio ambiente, trabajo, etc.), donde los participantes asumen roles, con una planificación previa participativa, que considere las fases necesarias para llegar a la acción responsablemente (información, análisis crítico, juicio razonado), y que incluya formas de evaluación del impacto de la actividad didáctica (impacto en relación con los objetivos). Otra posibilidad, por ejemplo para entender bien las dimensiones centrales de un problema político (polity, policy y politics), consiste en preparar una demanda ciudadana, en relación a un tema importante para la comunidad local (municipio) y trabajar en base a una planificación didáctica que incluya una fase de información en el grupo, otra en la misma municipalidad (en función del tema de interés), otra de análisis grupal, de elaboración de propuesta, consulta a expertos (representantes del Estado, de la empresa, de organizaciones de la sociedad civil, en fin, expertos en relación al tema de interés), votación, y finalmente presentación de la propuesta a las autoridades municipales. Pueden abordarse temas muy relevantes para la vida cotidiana de las personas en la comunidad, por ejemplo la planificación de la construcción de una calle y el proceso de toma de decisión sobre el plan. Existen asimismo otras opciones, por ejemplo directamente actividades de producción creativa y en grupo, donde los participantes producen algo que tiene relación con el desarrollo local, que demanda creatividad de cada uno, trabajo en grupo, y la propia obra puede ser presentada a otros en una exposición, lo cual constituye un incentivo para la autovaloración, la autoestima.

Estas didácticas demandan mayor trabajo que la transmisión de contenidos. Tienen la ventaja de ser motivantes, dinámicas, aproximar a la complejidad de los problemas que se dan en situaciones cotidianas, motivar para superar la tendencia a la pasividad y el conformismo. Las actividades didácticas persiguen responder a la cuestión fundamental: ¿cómo inducir en los participantes el trabajo autónomo, la comunicación, la cooperación, la producción y la exploración? En relación con los objetivos de la educación ciudadana (¿para qué?), estas didácticas son más próximas que otros métodos para vivenciar la democracia, experimentar ser ciudadano activo, practicar la autodeterminación y la participación. Aquí radica, asimismo, su alto potencial de inversión en capital social.

Ciertamente, las didácticas indicadas pueden combinarse con métodos tradicionales que han sido muy exitosos en la educación ciudadana. Se piensa en el trabajo con conceptos o categorías de análisis y la evaluación de asuntos políticos, y el camino de lo concreto a lo general, del caso a la política. En conjunto con didácticas ad hoc, por estas vías se puede motivar a quienes participan en actividades de educación ciudadana, y al mismo tiempo se puede alcanzar las metas indicadas.

V. EDUCACIÓN CIUDADANA: EL ÁREA DE LA PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA

En este acápite, la atención se centra en el área de promoción de la justicia, donde existe una demanda por educación ciudadana y donde es posible canalizar los esfuerzos.

v.1. Modernización de la justicia, ciudadanía y competencias

Determinados temas de prioridad social son espacios naturales para la educación ciudadana. Tal es el caso del sector justicia en la actualidad, puesto que los sistemas judiciales latinoamericanos están modernizándose aceleradamente, y se abren oportunidades importantes a nivel local, regional y nacional para un mayor grado de actividad e intervención ciudadana (VALDIVIESO & VARGAS, 2003). Las siguientes reflexiones sobre el particular se fundamentan en la experiencia chilena, pero aspiran a ser generalizables en otros contextos latinoamericanos:

Los sistemas judiciales latinoamericanos están experimentando transformaciones importantes desde hace dos décadas, y en particular el sistema de administración de justicia penal. Por lo tanto, hay desafíos similares en países como Brasil y Chile, no obstante numerosas particularidades.

La posibilidad que las reformas judiciales en marcha signifiquen realmente un cambio cualitativo depende no sólo de innovaciones normativas referentes a los procedimientos y nuevos actores dentro del sistema de administración de justicia. Una demanda particularmente importante es la mayor comprensión del sistema de administración de justicia en la sociedad (organizaciones de la sociedad civil, periodistas, abogados, entre otros). Son necesarias vías efectivas de educación ciudadana para la comprensión y el discernimiento en la justicia, para entender bien el papel de las instituciones del sistema de administración de justicia, el papel que cabe a los ciudadanos y sus organizaciones. Las acciones de interés público que se resuelven en los tribunales deben encontrar su complemento en actividades y métodos de capacitación y evaluación de resultados, que efectivamente se traduzcan en aportes a la mayor sintonía entre sociedad y sistema de administración de justicia.

Es necesaria una ciudadanía capacitada para interactuar con el nuevo sistema de administración de justicia, informarse, evaluar e intervenir, y participar activamente en el proceso de mayor acceso a la justicia. Una ciudadanía progresivamente más capacitada para la intervención podrá ir generando fuertes impulsos para que el sistema de administración de justicia cumpla su función de herramienta democrática y garante del estado de derecho. En este orden de cosas, hay desafíos y posibilidades: un desafío central, al mediano plazo, consiste en alcanzar la meta de la adecuada comprensión ciudadana del proceso de reformas, en particular sus objetivos, contenidos, los nuevos procedimientos y actores, y muy especialmente el importante papel que cabe a la ciudadanía en el nuevo sistema de justicia; las reformas judiciales ofrecen grandes posibilidades para la formación ciudadana y democrática, para la valoración práctica de bienes esenciales del estado constitucional democrático (representación de derechos y debido proceso, entre otros).

En el período actual hay buenas condiciones de aprendizaje y de apertura para las intervenciones que procedan de organizaciones de la sociedad civil; por ejemplo, se piensa en espacios para que las organizaciones cumplan funciones de representación y servicio social en el ámbito de la justicia – en particular, sistemas de mediación y resolución de conflictos, medidas alternativas a privación de libertad, desarrollo comunitario, entre otros-, en general en todo al servicio de asistencia judicial gratuito; para el trabajo en torno a los interlocutores del sistema de administración de justicia, especialmente defensoras y fiscalías; en relación a sistemas de seguimiento y evaluación; en procesos de capacitación y aprendizaje sobre el funcionamiento del sistema de administración de justicia; en relación a la modernización de servicios auxiliares del sistema de administración de justicia penal; en seguridad ciudadana, entre otros. En particular, en el área de educación ciudadana orientada a potenciar las competencias para la participación activa en el sistema de justicia se detecta un gran espacio de intervención social.

Queda abierta, así, una gran oportunidad para esfuerzos que tengan el propósito general de hacer aportes para actividades educacionales y de comprensión de las reformas judiciales en la sociedad. De modo muy concreto, hay una demanda en las organizaciones que trabajan en el sector justicia por didácticas e instrumentos metodológicos de educación ciudadana en justicia, fundamentados en una base científica sólida, que contribuyan a un buen impacto en sus actividades de promoción de la participación en la justicia. Aquí es pertinente vincular conocimientos politológicos, ético-políticos y didácticos de educación ciudadana con aprendizajes adquiridos de la praxis, y ponerlos al servicio de la educación ciudadana en justicia. Estos debrerán incluir: aclaraciones conceptuales, enfoques metodológicos y didácticos, metodologías y didácticas concretas, estudios de casos y sugerencias fundamentadas concretas de unidades didácticas, procedimientos de evaluación y validación de resultados. Estos modelos debieran beneficiar a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y personas que directa o indirectamente se ocupan con el tema.

En el caso chileno, hasta ahora, los principales actores del sistema de administración de justicia no han transmitido a la ciudadanía una visión clara de las reformas que experimenta el sector, y en la medida que el proceso avanza resulta ser muy necesario que lo hagan, y ello justifica esfuerzos para apoyar esa actividad. En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil dotadas de instrumentos didácticos para la educación y la información podrán cumplir una función clave, sin perjuicio de los esfuerzos oficiales de difusión que se hagan desde el Estado y el propio Poder Judicial (por ejemplo, recientemente se creó una oficina de comunicaciones, llamada a cumplir un papel muy relevante). Aquí los conocimientos politológicos sobre las reformas, la sociedad, ético-políticos, en forma de didácticas, métodos y sistemas de evaluación, pueden ser de gran ayuda.

¿Cuáles son las competencias que podrían estimular la educación ciudadana en democracia? ¿Cuáles son las competencias ciudadanas que generarían una mejor interacción de la sociedad con sus sistemas judiciales? Aquí se aplica todo lo indicado más atrás, respecto a objetivos y didácticas de la educación ciudadana en general. Si se piensa en el objetivo de educar ciudadanos con competencias para intervenir en el sector justicia, cabe tener presente que los resultados de investigación normativa y empírica conducen al reconocimiento de por lo menos tres competencias esenciales para la intervención de los ciudadanos en el orden institucional³: competencias cognitivas relacionadas con el contenido de asuntos y decisiones; competencias procedimentales o procesales, en relación con los medios y procedimientos que conducen a decisiones; competencias afectivas habilitantes relacionadas con confianza, sentido de responsabilidad respecto al propio interés y al interés común con otros⁴. La competencia cognitiva consiste en tener información técnica sobre contenidos de asuntos, por lo tanto capacidad de entender la naturaleza de los problemas, complejidades; en cierto modo, es comparable con la competencia del consumidor en la vida económica. A ella corresponde la capacidad de informarse sobre temas técnicos en discusión, de pronunciarse sobre los mismos con conocimientos, objetivamente. La competencia procedimental dice relación con conocimientos y capacidades estratégicas necesarias para poder alcanzar las propias metas en el contexto de reglas, normas y actores vigentes; pensado esto en relación con el sistema de administración de justicia, se trata de conocimiento sobre actores, procedimientos, cómo se toman decisiones, instancias y espacios con los cuales se puede interactuar. Los resultados de la investigación sugieren que la formación y práctica en esta competencia genera la capacidad de desarrollar un ethos estratégico, y, asimismo, la capacidad para poder evaluar la actividad funcionaria y de otros actores intervinientes en las instituciones y organizaciones, y por cierto optimizar las interacciones con ellos. En síntesis, ambas competencias son necesarias para un actor ciudadano, esenciales para que pueda intervenir e influir, y para que de este modo se vaya comprometiendo con el orden común. Las competencias afectivas habilitantes consisten en capacidades y disposiciones necesarias para realizar aquello que se reconoce como correcto y cuya realización se reconoce como posible. Se trata, por ejemplo frente a una situación problemática, del sentimiento que se debe intervenir, hacer algo, cuando se tienen conocimientos y capacidad estratégica. Base de esta competencia son la convergencia de metas e intereses más inmediatos de los ciudadanos, la experiencia de participación en unidades interpersonales de relación social y la mayor confianza, comprensión y voluntad de compromiso con ciertos valores esenciales para la coexistencia. En otras palabras, se trata de capacidades y disposiciones (motivaciones) de los individuos para penetrar en lo público, con sentido de deber y responsabilidad. Para esto, será de suma importancia que dicho deber y responsabilidad no estén alejados del interés real de la persona, pues, de lo contrario, la intervención será tenue o, simplemente, no se realizará. De esta forma, será fundamental que la acción de las personas dentro de la público esté íntimamente relacionada con sus intereses y expectativas; el deber ser no se debe contraponer al ser, al interés.

Sobre estrategias para el desarrollo de competencias, hay propuestas a nivel teórico y empírico (DETJEN, 2000a; 2000b). Una propuesta para tener buenos resultados consiste en una estrategia de pirámide, bajo el supuesto que los ciudadanos adquieren sus experiencias políticas centrales en el nivel local y después, progresivamente, van ganando interés en la participación hacia las estructuras nacionales; otra estrategia consistiría en generar condiciones que promuevan experiencias ciudadanas asociativo-participativas, generadoras de confianza ciudadana (PUTNAM, 1994).

Las didácticas y métodos para educación ciudadana consisten en estrategias elaboradas desde la Ciencia Política para el trabajo en formación de competencias. En la segunda mitad de la década de 1990 y entre el 2000-2002, las propuestas de literatura especializada con base empírica – diseños de investigación con grupos de control, por ejemplo –, se han ido incrementando (VALDIVIESO, 2001). El centro de interés radica en encontrar vías válidas y replicables para formar una ciudadanía con competencias, con capacidad de intervención en el ámbito público⁵. La didáctica de la educación ciudadana es entendida como educación para la participación en democracia, aspirando a la autonomía de cada persona. Las didácticas, además, requieren de una permanente interacción en el marco de la democracia y de una participación activa y constante.

Fuera de los ejemplos didácticos ya indicados, al introducir en la educación ciudadana, cabe hacer notar que hay numerosos programas destinados a fomentar la participación ciudadana con métodos específicos de estímulo y de aprendizaje en comunidad que favorecen una variedad de aproximaciones hacia el conocimiento, por ejemplo estrategias de deliberación y argumentación simples y replicables (PALLOF & PRATT, 1999; SHAPIRO & LEVINE, 1999). Hay estrategias que incluyen el aprendizaje a distancia vía computador como un mecanismo de educación y formación, incluyendo uso de internet y de video-conferencias (PALLOF & PRATT, 1999), otras que ponen su énfasis en técnicas simples de practicar que promuevan la apertura, tolerancia y capacidad de deliberación (SODER, 1996; BANKS, 1997; GUARASCI, CORNNEL & GRANT, 1997), en la construcción de redes de apoyo para resolver problemas, estímulo de compromisos, manejo con derechos y deberes (PEARL & KNIGH, 1999). Otras didácticas privilegian directamente la comprensión de lo que es la ciudadanía al igual que el entendimiento e importancia de los valores democráticos (AMADEO, 2002), diversas formas de simulación y producción que hacen las veces de laboratorio en formación ciudadana (MOSHER, KENNY & GARROD, 1994; LAKES, 1996; HAHN, 1998). Todas estas técnicas y métodos son susceptibles de ser adaptadas al objetivo de la educación ciudadana en justicia.

Los enfoques metodológicos y didácticos son coincidentes en favorecer ciertas competencias tales como el manejo de compromisos, tolerancia, racionalidad ante principios de mayorías, el principio de apertura y de la transparencia, actitud de deliberación, administración de conflictos, entre otros (OETINGER, 1951; DAHRENDORF, 1963; PARSONS, 1964; HABERMAS, 1981). En términos de contenido de las unidades didácticas, algunos autores señalan que la educación ciudadana debe dar prioridad al análisis de conflictos actuales, analizando los intereses y perspectivas en juego, pues de esta forma los participantes comprenderán la importancia de los mecanismos de toma de decisiones en el ámbito público y privado (GIESECKE, 1974). Hay ejemplos prácticos de modelos didácticos de formación política aplicados y evaluados.

Finalmente, respecto a las estrategias, el trabajo en redes tiene muchas potencialidades. Una red social es un espacio dentro del que coexisten varias visiones de mundo y experiencias, que tienen capacidad de enriquecer el proceso de aprendizaje individual y en común (GRIBAUDI, 1998). Respecto al uso concreto que se le da a la red social, existe una tendencia a establecer relaciones de distintos actores para intercambiar opiniones sobre un tema determinado, reemplazando el mecanismo del lobbying, que se limita a intentar persuadir a un determinado actor, por el networking, que implica la existencia de redes de trabajo entre distintas organizaciones, donde los foros y debates ocupan un lugar central. Esta fundamentación es muy relevante al momento de optar por participar mancomunadamente con distintos actores, organizaciones e instituciones de la sociedad civil que estén interesadas en la empresa de educación ciudadana en justicia. Existen experiencias notables de trabajo conjunto en el área del derecho, con muy buenos resultados (GONZÁLES & VIVEROS, 1999).

En fin, hay una buena base de conocimientos para ser incrementados y operacionalizados en forma de instrumentos didácticos y metodológicos al servicio del trabajo de educación y de la ciudadanía en la justicia. Esos instrumentos pueden dar un servicio para la gran tarea común de reforzar el sentido del efecto de la acción individual en lo público, y son considerados como recursos para la inversión en capital social y la promoción de una cultura democrática.

v.2. Papel de las organizaciones de la sociedad civil

Las organizaciones de la sociedad civil han ido incrementando su importancia en los procesos de desarrollo, en relación al Estado y sus instituciones, y algunas de ellas han demostrado estar en condiciones de asumir liderazgo en los procesos de articulación y canalización de intereses y demandas desde la esfera extra-estatal hacia la esfera pública. En efecto, ellas han sido actores relevantes en los procesos de modernización socio-económica, en el período de las transiciones desde regímenes autoritarios hacia la democracia, y han tenido una destacada participación en la génesis y ejecución de diversas políticas públicas. En América Latina hay una experiencia de emergencia de movimientos sociales y ciudadanos que han desempeñado un papel importante en procesos de ampliación de derechos civiles y sociales. Estas experiencias asociativas han tenido un rol especialmente relevante en situaciones conflictivas y de cambio social, por ejemplo la lucha por la defensa de los derechos humanos durante el período de los regímenes autoritarios – décadas de 1960, 1970 y 1980 (OXHORN, 1995). Asimismo, en tiempos más contemporáneos, las organizaciones de la sociedad civil han demostrado capacidad de desempeñar un papel importante en diversos países en torno a temas que movilizan el interés público y la ciudadanía (VALDIVIESO, 2003). Por lo tanto, reconocer que ellas tienen un papel en la educación ciudadana, y, asimismo, preguntar por sus condiciones actuales y las perspectivas futuras de intervención, resulta ser pertinente y necesario.

Las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel destacado en la generación de capital social y la promoción de la democracia. En Chile, por ejemplo, hay un conjunto de organizaciones que tiene por finalidad hacer aportes para la promoción de la democracia⁶ por medio del cumplimiento de objetivos muy concretos, tales como son los siguientes: cooperación público-privada; promoción de participación ciudadana en el desarrollo sustentable; la exigibilidad de derechos ciudadanos y el control ciudadano de la institucionalidad pública; promoción de la asociatividad; tolerancia y la no discriminación; desarrollo de acciones filantrópicas; despliegue de valores democráticos; innovaciones curriculares en la educación y mayor calidad y equidad a la educación misma; capacidad de reflexión y de debate crítico. Se trata de organizaciones que realizan intervenciones sociales, con el objeto de fortalecer la ciudadanía activa, la participación y la democracia. Dado que los objetivos de las intervenciones apuntan a influir en valores, actitudes y conductas ciudadanas, se puede afirmar que ellas trabajan en educación ciudadana para el fortalecimiento de la democracia. En otras palabras, ellas centran sus esfuerzos en hacer un aporte muy concreto en la educación ciudadana, pues educan para la cooperación público-privada, la participación ciudadana, el desarrollo sustentable, la exigibilidad de derechos ciudadanos y la fiscalización ciudadana de la institucionalidad pública, la asociatividad, la tolerancia y la no discriminación, el desarrollo de acciones filantrópicas, valores democráticos, innovaciones curriculares en la educación formal, la mayor calidad y equidad a la educación misma, la reflexión y el debate crítico. Todos estos propósitos y objetivos encuentran su correlato en programas e intervenciones. En síntesis, ellas constituyen una vía de inversión en capital social y de desarrollo de la democracia y por lo tanto ellas pueden desempeñar un papel muy importante en tareas de educación ciudadana.

Las organizaciones de la sociedad civil han ido incrementando su importancia en los procesos de desarrollo, en relación al Estado, las instituciones, y el mercado, y algunas han asumido liderazgo en los procesos de articulación y canalización de intereses y demandas desde la esfera extra-estatal hacia la esfera pública. Por lo tanto, ellas son actores que pueden desempeñar una función relevante en la promoción de una ciudadanía participativa y competente para interacciones con el sistema de administración de justicia. Además, al igual que en otros países de América Latina, donde se están verificando procesos de modernización, en Chile hay organizaciones sociales que se han ido especializando en temas de la justicia. Desde hace más de una década, algunas organizaciones han hecho de los temas judiciales el eje central de sus actividades de investigación, formación y capacitación, extensión e intervenciones (centros de estudio en universidades, corporaciones, fundaciones, institutos, entre otros). En ellas hay recursos humanos altamente calificados, determinados énfasis, métodos de trabajo, conocimientos y experiencia acumulada, entre otros, y, en consecuencia, un gran potencial de intervención para una mejor articulación entre demandas y aportes de la sociedad civil y sector justicia.

v.3. Experiencias prácticas para concluir

Este apartado tiene el objeto de describir un caso ejemplar, de los que se están dando en Chile, donde los conceptos de capital social y capacitación en justicia para la democracia encuentran una aplicación práctica, y desde donde es posible ganar aprendizajes importantes para actividades de educación ciudadana. Se trata de experiencias que están referidas al trabajo con la superación de la pobreza y la exclusión social, y lo hacen a través de programas sociales y extensionismo jurídico, incluyendo, por cierto, capacitación en justicia.

La Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza (FNSP), que funciona desde 1995⁷, es una organización social privada sin fines de lucro, con intereses públicos, que asume proactivamente la construcción colectiva de una cultura solidaria, para el desarrollo humano sustentable de las personas que viven en condiciones de pobreza y exclusión social. El "Servicio País" es el programa más conocido de la Fundación y consiste en que profesionales jóvenes realizan un año de trabajo en zonas pobres del país (sobre todo con las Municipalidades). "Adopta un Hermano" es otra experiencia de esta Fundación, que apunta al apoyo de adolescentes en condiciones de riesgo social. Por su parte, el programa "Redes" busca la generación y el fortalecimiento de redes sociales para la superación de la pobreza. Sus objetivos fundamentales son: 1) la creación y fortalecimiento de redes con el mundo de la pobreza en torno a líneas de acción, la discapacidad, la infancia, las mujeres, y la pesca artesanal (las primeras tienen un carácter de apoyo y derivación, mientras que las segundas serían mayormente productivas); 2) apoyar la gestión de Servicio País a través de archivadores temáticos y cartillas que nacen para ser aplicados en la práctica concreta, y 3) creación de un fondo concursable para iniciativas de desarrollo local. En relación a su aporte para la generación de capital social, es interesante destacar que el programa en sus acciones enfatiza las ideas de articulación, autogestión y autoevaluación, tratando de evitar cualquier tipo de imposición desde fuera de las metas y mecánicas de cada red, pues se trata de trabajar con la idea que la pobreza tiene potencialidades.

El área de Estudios y Coordinaciones Temáticas de la Fundación y el Programa de Servicio País han dedicado especial atención a los problemas que afectan a las comunidades rurales pobres en materia de justicia. Se pretende lograr un mayor acceso a la justicia de personas de escasos recursos. A través de la práctica se trabaja en dirección de una reingeniería de la forma de cómo se accede a la justicia. Además, se trabaja por una mayor educación de las personas en cuanto a las leyes y sus derechos, y por lo tanto por generar mayor conciencia ciudadana. Los recursos y capacidades principales son el voluntariado, profesionales de Servicio País existentes en la Fundación. Junto a otras organizaciones, desde 1997 impulsa el Programa "Acciones Ciudadanas por la Justicia y la Democracia", cuyo objetivo específico es la formación jurídica para dirigentes sociales en el territorio de las comunas con mayores dificultades de acceso a la justicia. Los extensionistas son capacitados en profundidad por profesionales Servicio País en siete temas básicos (familia, bienes, herencia, trabajo, ciudadanía y justicia comunitaria, políticas sociales, seguridad social) y en todas aquellas materias específicas de relevancia local o regional. La Asociación de Extensionistas Jurídicos realiza, además, en coordinación con las municipalidades, programas de difusión de derechos y programas sociales entre las organizaciones sociales y comunitarias, escuelas y en la comunidad en general. La línea de voluntariado profesional está destinada a convocar profesionales que cedan un poco de su tiempo en apoyo a estas asociaciones, transformándose en fuentes de consultas, de actualizaciones de los extensionistas jurídicos, que a la vez otorguen materiales de difusión de derecho. Otra línea está destinada a los universitarios, a través de la práctica.

Para la intervención o más bien para realizar el programa en una comuna o en un conjunto de comunas, deben estar dadas las siguientes condiciones básicas: deficiencias importantes en el acceso a la justicia de las personas, especialmente las más pobres; baja capacidad de atención del sistema de asistencia jurídica gratuita; lejanía de tribunales e instituciones relacionadas con la administración de justicia; falta de información y orientación jurídica; existencia de localidades y centros poblados que permitan y justifiquen el futuro funcionamiento de consultorios jurídicos vecinales; compromiso y apoyo de los municipios donde se realizará la capacitación y de aquellos que enviarán postulantes, compromiso que se formaliza en un convenio entre la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza y la Municipalidad⁸; existencia de al menos 15 a 25 personas interesadas y comprometidas para realizar la capacitación y que cumplan los requisitos de honorabilidad, espíritu de servicio, liderazgo y escolaridad exigidos, quienes deberán someterse a un proceso de evaluación y selección del equipo a cargo y de funcionarios municipales con amplio conocimiento de la comunidad local; condiciones y requerimientos para mantener en la comuna un equipo profesional adecuado que realice la capacitación de los postulantes y el seguimiento directo de la asociación una vez constituida (dos años).

En síntesis, estas experiencias son vías muy concretas de inversión en capital social y la promoción de una cultura democrática, y son un buen fundamento práctico para el desarrollo de actividades de educación ciudadana en justicia. En efecto, el concepto "extensionismo jurídico" ilustra lo anterior muy bien: es una experiencia de gran éxito, y se usa para identificar una manera de conocer y ejercer derechos, con el sentido de un aporte a los otros (individual y colectivo). El efecto esperado de la intervención no es sólo la calificación técnico-jurídica de personas vía capacitación, sino que esos individuos formen una asociación con existencia legal y jurídica. Actualmente hay treinta asociaciones de extensionistas, con más de 340 personas dedicadas a esta actividad en varias regiones de Chile. De este modo, se está haciendo un aporte concreto de inversión en capital social, participación y una cultura democrática.

VI. A MODO DE CONCLUSIÓN

En este trabajo hemos hecho un recorrido que parte por un contexto socioeconómico y político preocupante, continúa con la recapitulación de alternativas de desarrollo que han sido practicadas en América Latina, sin éxito, en la lucha contra la pobreza, la exclusión social, y la baja participación de la población en el régimen político democrático.

Lo anterior ha dado lugar a reconocer el enorme valor que tiene la búsqueda de conceptos para enfrentar los problemas del subdesarrollo y garantizar la estabilidad democrática. Hemos explorado, de modo muy concreto, por los significados del concepto de capital social.

Ante la pregunta por formas concretas de inversión en capital social, entendido esto como la inversión en un desarrollo más sustentable y democrático, hemos vinculado al tema con la educación ciudadana, en base a los conocimientos adquiridos por medio de la investigación normativa y empírica. La educación ciudadana es una vía de inversión en capital social, en cuanto tiene el propósito de formar ciudadanos con discernimiento, responsabilidad, y capacidad de asociatividad. No sólo es complementaria a otras actividades de inversión en capital social, sino que ella es un importante recurso. Aquí se ha puesto el énfasis en el enorme potencial que tienen las didácticas para fortalecer el capital social en individuos y comunidades.

Finalmente, centrando la atención en áreas temáticas y de políticas públicas, donde es necesario el trabajo en educación ciudadana, hemos identificado el área de la justicia, una dimensión esencial de la sociedad, por existir grandes oportunidades para la participación ciudadana, el fortalecimiento del capital social, y el enriquecimiento de la democracia participativa. Las observaciones hechas en torno al importante papel que cabe cumplir a las organizaciones de la sociedad civil, y los ejemplos observados en el contexto chileno de organizaciones que están trabajando en el tema, constituyen argumentos adicionales para reconocer que en el trabajo en educación ciudadana en justicia hay enormes posibilidades de inversión en capital social y en una cultura democrática.

Recebido em 14 de janeiro de 2003

Aceito em 17 de julho de 2003

Patricio Valdivieso ([e-mail]) é Professor Adjunto do Instituto de Ciência Política da Pontificia Universidad Católica de Chile

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1

Los resultados de este texto son parte integral del proyecto de investigación Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) n. 1030584, "Formación política en justicia para la participación de la sociedad civil" (2003-2006), del cual el autor es investigador responsable.

2

El pensamiento neoliberal encontró representación en Chile a través de un grupo de profesionales con estudios de postgrados en universidades anglosajonas, en especial en la Universidad de Chicago. Los autores de mayor influencia entre los chilenos que hacían una lectura autoritaria del neoliberalismo fueron Milton Friedman y Friedrich A. von Hayek. En la visión neoliberal, las leyes de la oferta y de la demanda están destinadas a ser los principios de orden en los mercados. Los individuos se relacionan para la satisfacción de sus necesidades, interactúan en los mercados, participando en las decisiones centrales (qué producir, cómo hacerlo, cómo distribuir). Los individuos, en la búsqueda del máximo grado de satisfacción de sus necesidades, se socializarían en mercados, entablando relaciones de intercambio, actuando según las leyes de la oferta y de la demanda, participando del sistema de la división del trabajo y de la competencia.

3

Dicho sea de paso, ha habido un debate importante sobre el particular: hay varias aproximaciones sobre las competencias ciudadanas, entendidas éstas como virtudes, numerosas variantes de diagnostico sobre crisis de moral individual, ligadas a efectos de instituciones, efectos negativos de individualización de aspectos esenciales de orientaciones comunes. Hay quienes ven las virtudes (competencias) como complemento necesario de instituciones democráticas (Robert Dahl por ejemplo), otros con valor en si mismas para la buena vida (siguiendo la tradición aristotélica Jürgen Habermans, Benjamin Barber, y anteriormente Hannah Arendt). Asimismo, las aproximaciones sobre hacia quién está dirigido el discurso de las virtudes varían: ciudadanos, pedagogos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, y lo mismo ocurre con las imágenes de ciudadanos (ciudadano conformista, reservado, informado, responsable, reflexivo, activo etc.). El esfuerzo de sistematización de competencias ciudadanas, desarrollado en este trabajo descansa fundamentalmente en resultados arrojados por la ejecución del proyecto FONDECYT n. 1030584.

4

El concepto de competencia política es un tópico trabajado en la Ciencia Política, y con resultados de investigación empírica. En la década de 1990, la discusión politológica en distintos lugares del mundo, especialmente Estados Unidos, estuvo concentrada en las cualidades o capacidades características que debían tener los ciudadanos en la democracia; el término clave en esa discusión era

civic virtue, virtudes públicas (la discusión se encuentra ya en la tradición politológica europea desde la década de 1950, en la discusión anglófona de la década de 1990). El motivo, en buena medida, radicaba en resultados arrojados por la investigación politológica empírica, según los cuales una gran parte de los ciudadanos, especialmente las generaciones jóvenes, progresivamente tomaban distancia del sistema político y no participaban. En Chile se desarolla el tema y la investigación politológica tanto normativa como empírica desde fines de la década de 1990 (Valdivieso, 1998).

5

En este punto encontramos una gran literatura emergente, sobre todo en Estados Unidos y Alemania. Los trabajos ofrecen orientaciones útiles sobre procedimientos para la comprensión de la política en el proceso de aprendizaje, entregando didácticas concretas aplicables a la educación y formación ciudadana.

6

Algunas de ellas: Casa de la Paz; Centro de Estudios para el desarrollo (CED); Centro de Estudios para el desarrollo de la mujer (CEDEM); Centro de Estudios de la Mujer (CEM); Centro de Estudios Sociales y Educación (SUR); Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDEM); Comisión Chilena Pro Derechos Juveniles (CODEJU); Corporación de Derechos del Pueblo (CODEPU); Corporación Forja; Corporación Justicia y Democracia; Corporación Participa; Corporación de Promoción Universitaria (CPU); Educación y Comunicaciones (ECO); Fundación Eduardo Frei M.; Fundación Jaime Guzmán E.; Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza (FNSP); Fundación Ideas; Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (ICHEH); Instituto de Ecología Política (IEP); Instituto de la Mujer; Programa de Acciones de Interés Público-Universidad Diego Portales; Programa de Economía del Trabajo (PET); Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación (PIIE); Programa de Investigación para la promoción humana (PROHUMANA).

7

En 1995 se crea la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, continuadora del Consejo del mismo nombre, dotada de una institucionalidad para la gestión y realización de programas y acciones de carácter social; mayor información sobre la entidad véase sitio

web; Síntesis Reunión con Programa Redes de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza (03.jul.2000) y Taller de Redes Sociales en

http://www.puc.cl/icp/eticapolitca.

8

Específicamente se requiere que la Municipalidad facilite un lugar adecuado para realizar las sesiones de capacitación (una o dos semanales), que costee la movilización necesaria para trasladar a los extensionistas desde y hacia sus localidades para que puedan asistir a las sesiones de capacitación, sin lo cual es imposible realizar el programa, y otorgue las facilidades y apoyo necesarios para que la Asociación de Extensionistas Jurídicos pueda cumplir su función una vez que se la constituya.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  30 Ene 2004
• Fecha del número
  Nov 2003

Histórico

• Recibido
  14 Ene 2003
• Acepto
  17 Jul 2003