La subnormalidad a debate: discursos y prácticas sobre la discapacidad intelectual en el segundo franquismo

Resumen

Durante las dos últimas décadas de la dictadura franquista, las personas con discapacidad intelectual se convirtieron en objeto de preocupación de la sociedad española y protagonizaron un debate en el que participaron el Estado, la Iglesia, algunos grupos profesionales y sus propias familias. Este debate estuvo alimentado por ideas que circulaban en el contexto internacional y que defendían el derecho de estas personas a incorporarse a la sociedad y a disfrutar de las mismas oportunidades que el resto de los individuos. El objetivo de este trabajo es identificar las circunstancias que favorecieron la aparición de esta preocupación y apuntar los elementos que sirvieron para configurar los discursos y guiar las prácticas sobre la discapacidad intelectual desarrolladas en el segundo franquismo.

historia de la discapacidad; personas con discapacidad intelectual; políticas sociales; segundo franquismo; España

Abstract

During the last two decades of the Franco dictatorship, intellectually disabled people became an object of concern on the part of Spanish society and the center of a debate involving the state, the church, certain professional groups and families of those affected. This debate was stoked by ideas circulating in the international setting about the right of the intellectually disabled to integrate into society and enjoy the same opportunities as other individuals. This article seeks to identify the circumstances that led to the emergence of this concern and to note the elements that helped construct the discourses and govern the practices on intellectual disability that developed during the later years of the Franco regime.

disability history; intellectually disabled people; social policies; late Franco regime; Spain

La discapacidad intelectual se convirtió en objeto de interés de distintos colectivos profesionales y de la administración española durante las primeras décadas del siglo XX. En ese momento llegaron al país ideas que circulaban en el contexto internacional y que hablaban de la existencia de unos niños que tenían dificultades para adaptarse a los ritmos y las normas de la escuela (Demoor, 1900; Binet, Simon, 1907). Fueron ante todo los psiquiatras y los pedagogos los que recogieron este discurso y se encargaron de reelaborarlo, adaptándolo a las circunstancias nacionales. Esta labor de construcción teórica de la discapacidad intelectual estuvo acompañada de propuestas dirigidas a solucionar lo que, entonces, comenzó a llamarse la “cuestión de los niños anormales” (Granell y Forcadell, 1907, p.5). Hubo un intento de organizar la formación de especialistas, se estableció un patronato y se abrieron algunos centros asistenciales (públicos y privados) en los que se puso en marcha la intervención médico-pedagógica recomendada por los expertos internacionales (Molina, Gómez, 1992; Álvarez Uría, 1996; Huertas, Del Cura, 1996; Del Cura, 2011). La falta de inversiones económicas y el escaso número de personas que pudieron beneficiarse de estas medidas fueron las principales rémoras de un proceso que se vio interrumpido al estallar la guerra civil en el año 1936.

Las preocupaciones del régimen surgido tras la contienda tenían poco que ver con la discapacidad intelectual. La dictadura necesitaba hacer frente a cuestiones más urgentes como los huérfanos de guerra, la extensión de la tuberculosis y de otras enfermedades epidémicas o la existencia de zonas donde la población estaba mal alimentada y sometida a unas condiciones de vida y trabajo miserables (Ysás, Molinero, 2003; Del Arco, 2006). Además, sus prioridades en relación con la infancia eran otras. El gobierno franquista necesitaba frenar las altas tasas de mortalidad infantil que había traído la guerra (143% en el año 1941), desarrollar herramientas destinadas a asegurar la salud y el desarrollo físico de los niños (Rodríguez Ocaña, 1998; Bernabeu-Mestre, Perdiguero-Gil, 2001) y configurar un modelo de escuela donde formar a los ciudadanos de la “nueva España” que comenzaba a construirse (Martí, 2002).

Las escasas medidas tomadas por la dictadura en relación con la discapacidad intelectual durante sus primeros años fueron, ante todo, gestos destinados a eliminar el recuerdo de la época republicana y a mostrar la cara amable de un gobierno que se autoproclamaba garante del bienestar de todos los españoles (Carasa, 1997; Molinero, 2006). Durante la década de 1940, el régimen se limitó a intervenir en los pocos centros educativos y asistenciales que habían sobrevivido a la guerra, reorganizándolos para adaptarlos a las consignas del bando vencedor y, en el caso de los centros públicos, sometiendo a su personal a un proceso de depuración cuyo objetivo era acabar con cualquier vestigio de oposición al gobierno. A esto sumó algún pequeño gesto en el ámbito legislativo. Al dictar la Ley de Sanidad Infantil y Maternal (Ley…, 28 jul. 1941) y poco después la Ley de Educación Primaria (Ley…, 18 jul. 1945), la dictadura incluía dos disposiciones relativas a la asistencia y educación de los niños con discapacidad.¹ En la primera establecía la creación de dispensarios y centros de tratamiento especializados, destinados a la recuperación de “niños inválidos y deformes, así como de los anormales mentales” (Ley…, 28 jul. 1941, art.22, p.11). Y en la segunda, la creación de aulas especiales para “niños anormales, deficientes mentales … sordomudos, ciegos y deficientes físicos” (Ley…, 18 jul. 1945, cap.III, art.33).

A pesar de que la documentación de esta época es escasa, los testimonios ofrecidos años más tarde por algunas de las personas involucradas en este tema ponen de manifiesto que la repercusión de estas pocas medidas en la esfera práctica fue mínima. La falta de inversión económica hizo que las pretendidas reformas del gobierno franquista no se pusiesen en marcha e impidió que las instituciones desempeñasen su actividad de manera efectiva. Las personas con discapacidad intelectual siguieron recluidas en sus casas o en instituciones de carácter benéfico-asilar, carentes de recursos y de personal cualificado (López Rosat, 1964). Fue durante la década de 1960 cuando la situación de marginación en la que se encontraba este colectivo empezó a cambiar. En el año 1968, un informe publicado por el Instituto de Sociología Aplicada, bajo el título Estudio sociológico sobre los subnormales en España (Instituto…, 1969, sobrecubierta delantera), se presentaba afirmando lo siguiente:

El deficiente mental, escondido hasta ahora como individuo y como problema, acaba de saltar al escaparate de la atención pública. Del ocultamiento familiar y del disimulo de una sociedad que afectaba ignorar su existencia, ha pasado en España, de repente, a constituir objeto de viva preocupación social. Los periódicos, la radio y la televisión hablan de él con más frecuencia. El Gobierno, por su parte, ha dispuesto algunas prestaciones destinadas a protegerle, exiguas por el momento, pero prometedoras de más eficaces ayudas. Y casi al mismo tiempo, como otro sano síntoma de que todo está maduro ya para afrontar socialmente sus problemas, el subnormal ha aparecido en la calle: hemos quedado sorprendidos al saber que nuestros nuevos vecinos o nuestras nuevas amistados no ocultaban tener un hijo deficiente.

En unos pocos años la discapacidad intelectual había sido “redescubierta” por la España franquista. Las personas con discapacidad intelectual se habían hecho visibles, convirtiéndose en objeto de preocupación social y, como veremos a lo largo del trabajo, en protagonistas de un debate en el que iban a participar el Estado, algunos colectivos profesionales, la Iglesia y sus propias familias. El objetivo de este artículo es analizar las circunstancias que explican la aparición de este renovado interés y apuntar los elementos que sirvieron para configurar los discursos y guiar las prácticas sobre la discapacidad intelectual durante el denominado segundo franquismo.²

Para reconstruir este proceso, y con objeto de dar voz a todos los actores sociales que participaron en él, se ha revisado un conjunto heterogéneo de fuentes. Textos legislativos y documentos emanados del gobierno; informes técnicos y recomendaciones procedentes de organismos internacionales; trabajos científicos escritos por médicos, pedagogos, psicólogos y otros profesionales implicados en este tema; literatura destinada a informar y orientar a religiosos, maestros y familiares de personas con discapacidad intelectual; y, finalmente, revistas editadas por el movimiento asociativo. Especialmente relevantes para este análisis, por aglutinar muchas de las ideas y de las propuestas presentes en esta etapa, han sido tres volúmenes en los que se recogen las ponencias y comunicaciones presentadas en las Jornadas Técnicas sobre Subnormales, organizadas en 1963, 1967 y 1969.

La apertura al exterior en la década de 1950

El punto de partida del cambio al que me he referido en la introducción se sitúa en los años 1950. El contexto de la Guerra Fría modificó la percepción que la comunidad internacional y, sobre todo EEUU tenían de España. Su situación estratégica en Europa la convirtió en un potencial aliado y la ayudó a salir del aislamiento internacional. Entre el año 1951 y el 1955, el régimen se incorporó a distintos organismos supranacionales (Organización Mundial de la Salud [OMS], Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco], Organización Internacional del Trabajo [OIT], Naciones Unidas [ONU]), firmó un Concordato con la Santa Sede – que le iba a ayudar a legitimarse frente a otros estados y a la opinión pública –, y suscribió tres acuerdos bilaterales de carácter económico y militar con los EEUU (Pardo Sanz, 2008). La entrada de capital externo y las rectificaciones hechas por el gobierno a su fracasada política autárquica, permitieron el inicio de la recuperación económica del país y facilitaron que el régimen impulsase nuevas medidas dirigidas a mejorar, entre otras cuestiones, la situación de las personas con discapacidad intelectual.

A mediados de la década aparecían dos corporaciones encargadas de organizar mecanismos asistenciales y de reactivar la institucionalización de la educación especial: el Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica (Ley…, 15 abr. 1955), al que se le encomendó la creación de centros de diagnóstico y de orientación terapéutica, dedicados a las deficiencias mentales (Fernández, 1964); y el Patronato para la Educación de la Infancia Anormal (Decreto…, 21 mar. 1953), una versión franquista del organismo creado en la etapa anterior a la guerra civil (Del Cura, 2012) que tan sólo dos años después de ser establecido volvía a reorganizarse y cambiaba de nombre (Decreto…, 2 ene. 1956). La nueva denominación, Patronato Nacional de Educación Especial, respondía al deseo de la administración de ajustarse más a la terminología manejada en el ámbito internacional y también a una demanda de las propias familias de las personas con discapacidad intelectual que consideraban el término “anormal” peyorativo y estigmatizante (García, 1958). A partir de entonces el Patronato asumía, en colaboración con otros organismos y cumpliendo lo dispuesto en la ley de 1945, la educación y la formación profesional de niños y jóvenes con discapacidad en edades comprendidas entre los 2 y los 20 años. Una amplia franja de edad que reflejaba un criterio moderno de educación que abogaba por acoger a los escolares en sus primeros años y tutelarlos hasta el momento en que pudieran insertarse en la vida laboral con una formación profesional adecuada (Baena, 1964). Los dos elementos que acabo de mencionar – el cambio terminológico y la amplia franja de edad de los niños tutelados – son una muestra de cómo la apertura de los años 1950 y el ingreso en los organismos especializados sirvió, además, para que la administración franquista y los profesionales españoles entrasen en contacto con las ideas sobre la discapacidad intelectual que circulaban en el ámbito internacional.

El discurso internacional

Prácticamente desde su creación, la Organización de la ONU había incluido entre sus objetivos el establecimiento de mecanismos destinados a defender los derechos de las personas con discapacidad y a asegurar su bienestar, centrando su actuación en la prevención y la rehabilitación. En el invierno de 1950, la ONU convocaba en Ginebra una conferencia en la que se acordaba la colaboración de los organismos especializados de cara a establecer normas internacionales para la educación, el tratamiento y la capacitación profesional de estas personas. Respondiendo a este llamamiento, la OMS publicaba, en colaboración con la Unesco y la OIT, dos informes sobre infancia y discapacidad donde se ratificaba el derecho de los niños a esperar la mayor protección posible ante la aparición de una deficiencia física o psíquica antes, durante y tras el nacimiento (WHO, 1952, 1954). Los textos insistían en la importancia de que los niños pudieran “satisfacer plenamente sus necesidades personales y llegar a ser, en la medida de lo posible, miembros independientes y útiles de la comunidad” (WHO, 1954, p.5). Para ello era necesario establecer una serie de medidas preventivas y correctivas durante la etapa infantil que debían llevarse a cabo en el marco de servicios integrados de salud, educación social, orientación vocacional y colocación profesional. La relevancia de la integración laboral era ratificada también por la OIT al publicar, en 1955, una recomendación donde se establecían las condiciones y las normas de rehabilitación vocacional que debían adoptarse a nivel internacional para este colectivo (ILO, 1955).

La España franquista hizo suyas las ideas acerca de la discapacidad intelectual defendidas por la comunidad internacional. Su aceptación tuvo que ver, sin duda, con la necesidad que tenía el régimen de legitimarse, acercándose a las políticas y los valores defendidos por el grupo de países del que volvía a formar parte,³ pero también sirvió para mejorar la situación de las personas con discapacidad en ese momento. Las relaciones establecidas con los organismos supranacionales, a través de los delegados permanentes, de la participación en reuniones científicas y sobre todo de la asesoría de sus expertos, tuvieron repercusión a nivel práctico. De hecho, el gobierno franquista usó los informes técnicos que estas instituciones emitieron durante las décadas de 1950 y 1960 como referente para acometer reformas, tanto en el ámbito de la discapacidad física (Ballester, 2012) como en el de la discapacidad intelectual. Uno de los expertos que visitó España en calidad de consultor fue Gunnar Dybwad, entonces director del Mental Retardation Project de la Unión Internacional de Protección de la Infancia de Ginebra (Díaz Arnal, 1966) y, con el tiempo, uno de los principales defensores del modelo social de discapacidad. Dybwad visitó el país en tres ocasiones: la primera en 1965, para asesorar a la Secretaria Técnica del Ministerio de la Gobernación sobre mecanismos de rehabilitación para personas con discapacidad intelectual; la segunda en 1966, como asesor de la Oficina Técnica de Educación Especial del Ministerio de Educación; y la última, en 1972, invitado por el gobierno para participar, junto a su mujer, Rosemary Dybwad, en una mesa redonda sobre “subnormalidad mental” (Tres…, 1972).

Los organismos supranacionales (y sus expertos) no fueron, sin embargo, el único referente externo durante la dictadura. La estrecha relación que se había creado con los EEUU y la repercusión internacional que iban a tener las políticas de discapacidad inauguradas por el gobierno de J.F. Kennedy en 1961, con la creación del President’s Panel on Mental Retardation (Berkowitz, 1980), explican el interés de los expertos españoles en la experiencia americana y su frecuente alusión a la misma. Aún más relevante fue la influencia de la postura que la Iglesia Católica adoptó ante la discapacidad intelectual. A principios de los años 1950, la creación de una Comisión Médico-Pedagógica y Psicosocial (1953) en el seno del Bureau International Catholique de l’Enfance (Bice), inauguraba un movimiento a favor de la atención y la formación religiosa de estas personas, que iba a ganar fuerza durante el Segundo Concilio Vaticano. Bajo el pontificado de Juan XXIII y sobre todo de Pablo VI, la Iglesia defendía su derecho a participar en la vida comunitaria y litúrgica, su capacidad para aportar cosas positivas a la sociedad, su derecho a desarrollarse como personas (accediendo a la educación, al empleo, a la vida social y al ocio), y el derecho de sus familias a recibir apoyo y ayuda de la comunidad (Díaz Arnal, 1965; Mensaje…, 1967). Esta nueva orientación conciliar se concretó en España en la creación de un Secretariado de Educación Especial de la Iglesia (1965), destinado a promover la educación religiosa y la integración en la comunidad eclesiástica de las personas con discapacidades intelectuales.

Los actores y la literatura de la nueva etapa

Las directrices internacionales y las pocas instituciones creadas por el gobierno franquista durante los años 1950 se convirtieron en el punto de partida de un proceso de “reconstrucción” teórica y práctica de la discapacidad intelectual. Sus protagonistas continuaron siendo los psiquiatras y los pedagogos (convertidos ahora en pedagogos terapeutas), aunque en esta nueva etapa estuvieron acompañados por otros actores que fueron ganando relevancia: los psicólogos escolares, que habían logrado consolidar su posición profesional en los años 1950; los asistentes sociales, que iban a conseguirlo en la década de 1970; y otros especialistas médicos, como los endocrinos, los obstetras, los neurólogos y los pediatras.

Junto a los profesionales hubo otros dos colectivos, ajenos al ámbito científico, que tuvieron un papel muy destacado: los sacerdotes y los padres de los niños con discapacidad. La psicopatología pastoral, encabezada por el psicólogo y religioso Henri Bissonnier (1964), proponía transformar a los sacerdotes en “terapeutas”, capaces de proporcionar apoyo psicológico a los padres y de colaborar con los “hombres de ciencia” en el proceso de recuperación o rehabilitación. Esta idea, asociada al discurso conciliar, animó a algunos religiosos españoles a convertirse en agentes activos del cambio que comenzaba a gestarse. De todos ellos el más destacado fue José Ignacio Eguía quien, además de escribir numerosos trabajos sobre el tema, se convertiría en director del Secretariado de Educación Especial y en miembro destacado del movimiento asociativo desarrollado en la década de 1960. Precisamente iban a ser estas asociaciones la herramienta utilizada por los padres para reivindicar el derecho de sus hijos a disfrutar de recursos educativos y asistenciales y de otras ayudas que les permitiesen mejorar su vida y su futuro. La mayoría de estos grupos no solo funcionaron como elemento de presión social sino que, además, participaron en la creación de centros educativo-asistenciales y en la instauración de otros servicios como talleres protegidos, cooperativas o actividades recreativas (Del Cura, Martínez-Pérez, 2016).

El aumento del número de actores y su variedad implicaron también cambios en el ámbito editorial. La producción científica creció considerablemente. Las cuestiones analizadas en los libros y artículos de los expertos fueron similares a las de la etapa anterior (etiología, diagnóstico, pronóstico, tratamiento, profilaxis, educación) aunque sus contenidos cambiaron bastante como consecuencia de los avances producidos en las distintas disciplinas que intervenían en el estudio de la discapacidad (De Moragas, 1962; Monsell, 1968; Moya, 1970). Esta literatura científica estuvo acompañada de otro tipo de textos inexistentes en la etapa pre-franquista. A mediados de los años 1960 comenzaron a circular obras religiosas sobre pedagogía catequética especial, escritas por sacerdotes y dirigidas a otros religiosos, a las familias y a los expertos relacionados con las personas con discapacidad intelectual (Bissonnier, 1968; Eguía, 1969). También aparecieron entonces textos educativos o divulgativos – redactados por profesionales, por personas vinculadas con el mundo religioso o, incluso, por los propios padres (Egg, 1967; Abad Caja, 1969) – cuyo propósito era el de educar a las familias y orientarlas para que pudieran “emprender una conducta rehabilitadora eficaz y ordenada” que permitiese al niño alcanzar esa integración familiar y social de la que hablaban los expertos (Cambrodí, 1967, p.54).

Viejas y nuevas ideas sobre los “subnormales”

A nivel discursivo los textos científicos y divulgativos que acabo de presentar incluían, como iremos viendo, contenidos coincidentes con la etapa anterior aunque también aportaban importantes novedades. Respecto a estas últimas, es necesario destacar, en primer lugar, la existencia de un cambio terminológico. Expresiones habituales antes de la guerra o en la inmediata postguerra para referirse a las personas con discapacidad intelectual, como anormal, tarado, disminuido, retardado, o débil mental, fueron desplazadas y sustituidas por otros términos, como oligofrénico, deficiente mental, insuficiente mental, subdotado y, sobre todo, subnormal. Una derivación de la expresión mental subnormality adoptada por la OMS en el año 1954 para referirse a un “desarrollo general incompleto o insuficiente de sus capacidades mentales” (WHO, 1954, p.6). El término subnormal iba a tener muy buena acogida en España no solo entre los expertos, sino también entre las familias de los afectados y el conjunto de la sociedad (Arbelo, 1968; De Azua, 1970). La mayoría de las asociaciones de padres incluyeron esta palabra en sus denominaciones, se hicieron campañas de prensa en nombre del subnormal, e incluso se estableció de modo oficial un Día del Subnormal (26 de abril). Cuando a finales de los años 1960, en un intento de unificar el lenguaje y hacerlo más inteligible, la OMS recomendó el uso de los términos mentally retarded y mental retardation (WHO, 1968), los expertos los adoptaron en su versión española (deficiencia mental y deficiente mental), pero el término subnormal continuó siendo el más popular.

Junto al movimiento dirigido a unificar el léxico hubo otro orientado a relativizar el valor de las clasificaciones. Las taxonomías, que habían interesado tanto en el periodo anterior a la guerra civil, ahora iban a ser consideradas injustas, insatisfactorias y mutiladoras, al encasillar y decir realmente poco de los individuos. Por ello, sin renunciar a su uso, los expertos recomendaron aplicarlas con cautela y sobre todo revisarlas en función de los cambios que presentasen los niños, subrayando de este modo el carácter dinámico de la discapacidad (Folch, 1964; Eguía, 1970).

Una de las cuestiones que apenas cambió en este momento fue la inexistencia de datos fiables sobre el número de afectados. El gobierno franquista tampoco fue capaz de llevar a cabo una estadística a nivel nacional y, a falta de cifras reales, se limitó a ofrecer estimaciones basadas en estudios parciales hechos en España y, sobre todo, en datos presentados por otros países y por la propia OMS. Tal como había ocurrido antes de la guerra, el gobierno y los especialistas españoles esgrimieron esas estimaciones para hacer hincapié en la magnitud que estaba adquiriendo el problema (Arbelo, 1968). Las razones que se usaron para explicar el aumento del número de personas con discapacidad intelectual o, al menos, el aumento de su visibilidad, no fueron muy distintas a las de la etapa anterior. En opinión de los expertos, eran cuatro las circunstancias que coincidían en ese momento: un incremento del nivel de escolarización que permitía ampliar el número de niños diagnosticados; un aumento de los movimientos migratorios del campo a la ciudad, un medio mucho más exigente en el que las limitaciones de las personas se hacían más evidentes; avances en el ámbito de la medicina que habían permitido identificar trastornos antes desconocidos y asegurar la vida de niños que en otra época no habrían sobrevivido; y, finalmente, un cambio de actitud por parte de las familias afectadas (De Azua, 1970).

Esta última circunstancia es otra de las grandes novedades de la época. Como se afirmaba en el fragmento que recogía al comienzo del trabajo, durante los años 1960 las personas con discapacidad intelectual y sus familias comenzaron a demandar apoyo de la administración y de la sociedad española, haciendo visible una realidad que hasta ese momento había quedado confinada a la esfera de lo privado o de lo asilar. A pesar de que las razones de este cambio de actitud no se identifican claramente en los testimonios de sus protagonistas, es lógico pensar que debieron influirles tanto la postura adoptada por los profesionales frente al pronóstico, mucho más optimista y centrada en las posibilidades de recuperación y de integración a nivel social (De Moragas, 1962); como las noticias que llegaban del extranjero acerca de las experiencias asociativas, protagonizadas por padres o familias de personas con discapacidad (Dybwad, 1963), y de las reuniones que la Comisión Médico Pedagógica del Bice o la Liga Internacional de Asociaciones Pro Deficientes mentales estaban organizando para reivindicar, a nivel internacional, el derecho a su integración social, familiar y religiosa (Díaz Arnal, 1965; De la caridad…, 1968).

Responder a estas demandas implicaba adoptar numerosas medidas que el Estado y la sociedad debían aceptar, a pesar del coste que entrañaban. Para convencerles, sus defensores usaron argumentos humanitarios – teñidos en este momento de caridad cristina (o de “deber católico”) – y económicos, pero nunca recurrieron a los argumentos defensivos que habían sido esgrimidos en la etapa anterior (Del Cura, Martínez-Pérez, 2009). Ya no era la sociedad la que tenía que ser protegida, sino las personas con discapacidad que, además, debían recibir esta protección por razones de justicia social y no de caridad. Ellas y sus familias tenían derecho a esperar que la sociedad les proporcionase los medios necesarios para adquirir una educación, una ocupación y una forma de vida integrada en la comunidad que les permitiesen alcanzar el mayor nivel de independencia (Segrelles, 1970; Gay, 1970).

En busca de esta integración social y de esta independencia, el proceso de intervención médico-pedagógica se enriqueció con los avances y las nuevas perspectivas aportadas por las distintas disciplinas involucradas en la gestión de la discapacidad. Cuatro elementos que ya se apuntaban antes de la guerra cobraron en este momento mucha más importancia: asegurarse de que la intervención desarrollada sobre el sujeto no implicaba desarraigarlo del medio familiar y social (Gayarre, 1970; Soriano, 1969); convertir la formación y orientación profesional en protagonistas del proceso de rehabilitación (Vázquez Velasco, 1964); utilizar el ocio como un elemento integrador y educativo (Gayarre, 1973); y, finalmente, desarrollar mecanismos orientados a prevenir la discapacidad. El incremento de los conocimientos sobre su etiología y la existencia de nuevas técnicas diagnósticas (bioquímicas, genéticas, bioeléctricas y morfológicas) permitieron identificar enfermedades desconocidas hasta ese momento y aumentar considerablemente las posibilidades de realizar una prevención exitosa (Suárez et al., 1968). También dieron argumentos a los especialistas para demandar, entre otras cosas, la creación de una red de maternidades y de clínicas infantiles, la generalización del consejo genético (Santesmases, 2014), la aplicación de tratamientos novedosos relacionados con alteraciones del metabolismo, o la puesta en marcha de campañas educativas destinadas a combatir prejuicios y extender conocimientos modernos con base científica entre la población general y los propios profesionales (Moya et al., 1969).

Igualmente nueva y, en cierto modo más importante, fue la constatación de un hecho que hasta ese momento no parecía haberse tenido en cuenta: con el paso del tiempo los niños con discapacidad intelectual se convertían en adultos. Como decía Carmen Gayarre, fundadora de un colegio de enseñanza especial para adolescentes, ya no era posible hablar solo de “niños subnormales”, era preciso considerar las otras etapas de la vida de estas personas (Egg, 1969, p.10-11). Cuestiones relacionadas con su vida afectiva (relaciones sexuales, matrimonio) y con su estatus jurídico (incapacidad, tutela) fueron objeto de debate en los foros internacionales y se convirtieron también en objeto de desigual preocupación a nivel nacional. Mientras las ideas relativas a su situación jurídica se trataron con frecuencia en las reuniones y en las publicaciones de la época (Azua, 1970; Segrelles, 1970), las que tenían que ver con su vida afectiva y sobre todo con su sexualidad apenas se discutieron (Fierro, 1974; De la Torre, 1972). Ni siquiera se tuvieron en cuenta al celebrarse el primer Simposio Nacional de Atención al Subnormal Adulto en el año 1971 (Editorial..., 1972).

Como afirmaba Jesús Raventós (1972), presidente de la primera asociación constituida en Barcelona, afrontar las necesidades de los adultos era mucho más complejo que ofrecer soluciones para los niños, entrañaba satisfacer unas demandas de autonomía y de independencia que iban más allá de la integración laboral y que implicaban tener en cuenta sus opiniones, permitiéndoles dejar de ser “objeto de cuidados” para alcanzar el nivel de sujeto activo con responsabilidades, deseos e iniciativas propias.

De las palabras a los hechos: las políticas de discapacidad del segundo franquismo

Las ideas que acabo de exponer estuvieron presentes, en mayor o menor medida, en la gestión de la discapacidad desarrollada por la dictadura durante las décadas de 1960 y 1970. El cambio de gobierno, producido en el año 1957, inauguró una etapa de reformas conducidas por un grupo de tecnócratas pertenecientes al Opus Dei y dirigidas a estabilizar el país, abrir su economía al exterior y alcanzar la definitiva aceptación de la dictadura en la escena internacional (Palomares, 2006). Como resultado de estas reformas España experimentó un proceso de modernización, caracterizado por una importante transformación socio-económica y cultural.

La nueva coyuntura favoreció el impulso de las políticas sociales iniciadas en la década anterior y trajo nuevas medidas (muchas de carácter normativo), dirigidas a mejorar la situación educativa, asistencial y laboral de las personas con discapacidad. Las disposiciones aprobadas por el gobierno sirvieron para: ratificar el papel que debían asumir los organismos públicos (nacionales y locales) a la hora de crear escuelas especiales y escuelas-hogar para los niños con discapacidad (Ley…, 23 dic. 1965); definir la labor del Ministerio de Educación a la hora de fundar centros de diagnóstico, orientación y enseñanza; designar al Patronato Nacional de Educación Especial como órgano encargado de asesorar al Ministerio a escala nacional (Decreto…, 16 oct. 1965); reglar de manera oficial las enseñanzas de pedagogía terapéutica; y crear, a través del Fondo Nacional para el Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades, unas becas destinadas a sufragar la educación de los niños en centros especializados.⁴ Todas estas medidas ayudaron a configurar el ámbito de la educación especial y culminaron en la aprobación de la Ley General de Educación (Ley…, 6 ago. 1970). Una disposición en la que se ratificaba el derecho a la educación de todos los niños españoles entre 6 y 14 años (incluidos aquellos con discapacidad) y se convertía la educación especial en un modelo educativo paralelo al de la educación ordinaria, regido por sus propias normas y con un currículo específico (Ley…, 6 ago. 1970).

En el ámbito asistencial, lo más destacado fue el progresivo aumento de los sanatorios y los centros piloto para el diagnóstico y la orientación terapéutica, dependientes del Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica (Segrelles, 1970); y la creación de un Programa de Ayuda a Niños Subnormales, dependiente del Fondo Nacional de Asistencia Social a través del que se ofrecían ayudas económicas a familias con pocos recursos e hijos con trastornos psíquicos o psicomotores (Ley…, 23 jul. 1960). El objeto de las ayudas era sufragar parcialmente los gastos derivados del reconocimiento en los centros de diagnóstico, el tratamiento ambulatorio, el tratamiento en régimen abierto y la asistencia en el hogar. También se pretendía financiar con ellas el internamiento en centros públicos, dependientes del Patronato o de las Diputaciones provinciales y en instituciones privadas reconocidas (Guía…, 1967).

En un intento de coordinar todas estas actividades, el Ministerio de la Gobernación creó, a mediados de los años 1960, una Comisión Interministerial de Asistencia y Educación de Subnormales Físicos, Psíquicos o Escolares (Decreto…, 18 mayo 1965) en la que estaban representados los organismos públicos, las asociaciones de padres, los profesionales y los directores de los centros educativos y asistenciales (Rubio Nombela, 1970b). El Ministerio de Trabajo quedó fuera de la Comisión a pesar de que en esa etapa llevó a cabo medidas orientadas a la integración laboral. Desde 1964, las personas con discapacidad, mayores de 18 años, pudieron disfrutar de los beneficios del Programa de Promoción Profesional Obrera destinado a la especialización en el ámbito del trabajo (Martínez et al., 1968). Además, se establecieron subvenciones para la creación o mejora de empleo protegido (Orden…, 30 nov. 1968) y se estableció un cupo mínimo para las personas con discapacidad en las plantillas de las empresas españolas (Decreto…, 15 sep. 1970). La última de las medidas protagonizada por este Ministerio fue la creación del Servicio Social de Asistencia a Menores Subnormales, un organismo destinado a atender “al bienestar y la rehabilitación” de los hijos de los afiliados a la nueva seguridad social (Decreto…, 7 oct. 1968) a través de la creación de centros (algo que no se puso en marcha durante la dictadura) y de la concesión de prestaciones económicas para gastos de educación, instrucción y recuperación.⁵

Consideraciones finales

A pesar de que el régimen presentó todas estas medidas a la opinión pública utilizando una retórica optimista que insistía en los logros alcanzados durante esta etapa (Editorial..., 15 jul. 1971), algunos representantes destacados de la administración fueron conscientes de que entre lo que “había de ser” y lo que “era” existía una gran brecha. Gregorio Rubio Nombela (1970a, 1970b), jefe de la Sección de Planificación Asistencial y de Auxilio Social de la Dirección General de Política Interior y Asistencia Social, reconocía la deficiente articulación del sector público, la ineficacia de la Comisión, la falta de apoyo técnico, el débil control de las instituciones existentes, la insuficiencia de recursos en el ámbito privado y la falta de coordinación entre la administración y las asociaciones de padres.

Estas últimas se habían extendido por el territorio nacional intentando compensar las carencias existentes en el sector público y esforzándose por hacer visibles los problemas a los que ellos y sus hijos debían enfrentarse (Vázquez, 1970). Colaboraron con el Servicio de Asociaciones Familiares en la organización de las Jornadas Técnicas que he ido citando a lo largo de este trabajo, participaron activamente en debates y programas de radio y televisión, y salieron a la calle, especialmente en el Día del Subnormal, para recaudar fondos y movilizar a la opinión pública. Algo que consiguieron en gran medida gracias al apoyo de los medios de comunicación y, sobre todo, de la prensa escrita que incluyó cada vez más a menudo artículos dedicados a informar sobre las actividades de las asociaciones y sobre las personas que representaban (Los subnormales…, 1971). También se volcaron en la creación de centros asistenciales (400 plazas), centros de educación especial (15.338 plazas), centros de formación profesional y talleres protegidos (1.800 plazas), clubs de tiempo libre (357 plazas), campamentos y colonias de verano (500 plazas) (Rey, 1973).

Los logros de las asociaciones fueron, sin duda, importantes, pero claramente insuficientes, considerando que la cifra de españoles con discapacidad intelectual ascendía según las propias agrupaciones y los expertos a más de 350 mil.⁶ A principios de los años 1970 muchos de ellos seguían viviendo en una situación de marginación. Solo un 8% recibía algún tipo de atención extra-familiar y todavía había muchas personas recluidas en establecimientos psiquiátricos (cerca de 11 mil). Los centros asistenciales y educativos eran insuficientes y en su mayor parte estaban destinados a niños con deficiencias de grado medio. Apenas había plazas para personas en otras etapas de la vida o con deficiencias graves. Las ayudas a las que podían optar las familias eran pocas, estaban mal dotadas y eran incompatibles entre ellas. Además, estaban supeditadas a la disponibilidad de plazas en los centros y tenían requisitos excluyentes en función del rango de edad, grado de deficiencia e ingresos.⁷ Este último criterio impedía que las familias de clase media accedieran a las ayudas y pudieran hacer frente a los cuantiosos gastos que implicaba la estancia en una institución (Las becas…, 15 mar. 1972). La situación de marginación se repetía, amplificada, en el ámbito laboral. Los prejuicios existentes en la sociedad unidos a la recesión económica de los años 1970 perpetuaron la exclusión de las personas con discapacidad intelectual del mercado trabajo. Las pocas que lograron trabajar lo hicieron en alguno de los talleres protegidos existentes, sin recibir en la mayor parte de los casos una compensación económica por su trabajo (Aguilar y Paz, 1970, p.327).

El panorama que acabo de presentar pone de manifiesto cómo, a pesar de la variedad y la cuantía de las medidas aprobadas en esta etapa, e incluso de la disposición mostrada por el gobierno a invertir en el ámbito de la discapacidad, la situación de las personas con discapacidad intelectual cambió mucho menos de lo que ellas y sus familias necesitaban. Muchas de las aspiraciones e ideas presentes en el discurso sobre la discapacidad nunca se convirtieron en realidad (no hubo políticas preventivas a nivel nacional, ni cambios en el Código Civil) y las que lo hicieron dieron lugar a un sistema protector insuficiente y subsidiario, en gran medida, de la iniciativa privada y de la familia. No obstante, es indiscutible que durante esta época hubo una evolución en la manera de entender y afrontar la discapacidad intelectual y una mayor implicación por parte de la sociedad y del Estado. Dos hechos vinculados, en mi opinión, a la labor de divulgación y concienciación hecha por la Iglesia, a través de su Secretariado de Educación Especial; a la visibilidad que adquirió la discapacidad intelectual a través del movimiento asociativo; y al uso que se hizo de los medios de comunicación como vía para que las preocupaciones y necesidades de las personas con discapacidad se hicieran un sitio en las casas de los españoles.

Además el hecho de que las familias y la Iglesia se convirtieran en sus portavoces contribuyó a producir ese giro hacia lo social que se estaba proponiendo en el ámbito internacional. A pesar de que el modelo de discapacidad dominante continuó siendo el médico (Shakespeare, Barnes, Mercer, 1999) y de que la mayor preocupación de las familias siguió siendo el acceso a los recursos, durante el segundo franquismo se produjo un cambio cultural y se avanzó en el reconocimiento de derechos y de igualdad de oportunidades de estas personas. Dos elementos indispensables para el desarrollo de las políticas de normalización y de integración social que no llegarían a España hasta el periodo democrático.

AGRADECIMIENTOS

Trabajo realizado en el marco de los proyectos de investigación PEII-2014-026-P (Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) y HAR2015-64150-C2-2-P (Ministerio de Economía y Competitividad).

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• 1
  Aunque la discapacidad se incorporó pronto a la agenda política del franquismo, las medidas adoptadas durante la postguerra fueron pocas y estuvieron sobre todo dirigidas a proteger a personas con deficiencias sensoriales y/o físicas (generalmente durante la etapa productiva). En 1939 se creaba la Organización Nacional de Ciegos (Once), un organismo de carácter público dependiente de la Dirección General de Beneficencia; en el año 1947, la Caja Nacional del Seguro de Vejez e Invalidez y, en 1949, la Lucha Sanitaria Nacional contra la Invalidez (Guía…, 1967). El modo en que el régimen afrontó la discapacidad y la rehabilitación durante sus primeras décadas ha sido analizado en Martínez-Pérez, Del Cura (2015).
• 2
  La expresión “segundo franquismo” ha sido acuñada por la historiografía para referirse al periodo comprendido entre el año 1959 (fecha en que se aprobaba el Plan de Estabilización) y el final del franquismo. Entre los muchos y muy interesantes trabajos que han analizado este periodo pueden verse: Soto Carmona (2005); Palomares (2006); Townson (2009).
• 3
  La transformación que se estaba produciendo a nivel internacional en la manera de enfocar esta cuestión era puesta de manifiesto a principios de los años 1960 en un interesante artículo, firmado por Elisabeth M. Boggs (cofundadora y presidenta de la National Association for Retarded Children de Estados Unidos y miembro del Panel on Mental Retardation del gobierno Kennedy), que llevaba por título “New Hope for the Retarded” (Boggs, jul. 1963). Entre los trabajos que han estado dedicados a analizar este proceso en otros países pueden verse Grossberg (2011); Bakker (2015).
• 4
  La creación de los “Fondos Nacionales para la aplicación social del impuesto y del ahorro”, en 1961, están relacionados con la institucionalización de la Asistencia Social durante el segundo franquismo. Un servicio público destinado a “auxiliar, con cargo a los fondos generales del Estado, a aquellos sujetos que no se encuentran en condiciones económicas para atender, por sí, las necesidades consideradas como básicas por la comunidad nacional” (citado en Cerdeira, 1987, p.140).
• 5
  Con la ley 193 de 28 de diciembre de 1963 (Ley…, 30 dic. 1963), el gobierno franquista ponía en marcha un plan de seguridad social que pretendía unificar el sistema de previsión del país y ampliar la protección a todos los trabajadores. La ley incluía prestaciones básicas y prestaciones complementarias que abarcaban los servicios sociales y asistencia social (Rodríguez Ocaña, 2001; Pons, Vilar, 2014). Casi al final de la dictadura, el gobierno fusionó el Servicio de Asistencia a Subnormales con el Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos (Decreto…, 20 mar. 1974) dando lugar a la primera agencia nacional encargada de desarrollar una política común para el conjunto de personas con discapacidad: el Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Físicos y Psíquicos (Jiménez, Huete, 2010).
• 6
  La Comisión de Seguridad Social, Sanidad y Asistencia Social del II Plan de Desarrollo del franquismo elevaba esa cifra a 670 mil. El Plan preveía una inversión en el ámbito de la discapacidad intelectual destinada a reformar centros, crear aulas de educación especial y fomentar la educación profesional (Comisaría…, 1967).
• 7
  Las prestaciones de la Seguridad Social cubrían solo a los hijos de asegurados con un CI por debajo de 50, las becas de educación estaban restringidas a niños entre 5 y 18 años con un CI entre 40-80, y las ayudas para sufragar los gastos asistenciales a niños y jóvenes entre 5 y 21 años con un CI inferior a 45. El coste de las instituciones oscilaba entre las cuatro mil y las ocho mil pesetas mensuales y las ayudas más cuantiosas (las del PIO) no pasaban de las 21 mil pesetas anuales.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  Oct-Dec 2016

Histórico

• Recibido
  Jun 2015
• Acepto
  Nov 2015