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Cadernos Pagu

Print version ISSN 0104-8333

Cad. Pagu  no.25 Campinas July/Dec. 2005

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-83332005000200004 

El trabajo sexual en la mira. Polémicas y estereotipos

 

Sexual labor in the mark. Polemics and stereotypes

 

 

Dolores Juliano

LICIT, Barcelona, Espanha. mdjuliano@hotmail.com

 

 


RESUMO

A partir de normas rígidas asignadas a los roles de género, hay muchas conductas posibles de las mujeres, que se consideran desviadas y son castigadas con estigmatización. La mayor estigmatización la padecen las trabajadoras sexuales. Aquí confluyen prejuicios de base religiosa, étnicos y condicionamientos de clase. El discurso estigmatizador es compartido por sectores políticos de derechas e izquierda y apoyado incluso por algunos sectores feministas lo que ha generado una gran polémica entre abolicionistas y defensoras de los derechos humanos de las prostitutas. Si bien la legislación internacional al respecto se está haciendo más matizada, el tema no está zanjado y la discriminación da las bases para que se ejerza violencia, simbólica y material, sobre estas mujeres.

Palavras-chave: Trabajo Sexual, Estigma, Feminismos, Legislación Internacional, Migración.


ABSTRACT

The rigid norms assigned to gender roles sanction some behaviors by women as deviant and punish them with stigmatization. The worst stigmatization falls on sexual laborers. Religious, ethnic and class prejudices converge in this situation. The stigmatizing discourse is shared by political sectors from both right and left. It is even supported by some feminist sectors and this generated an important polemic between abolitionists and defenders of the prostitutes' human rights. Although international laws on the matter are becoming more nuanced, the matter is not resolved and discrimination furnishes the bases for the exercise of symbolic and material violence against these women.

Key Words: Sexual Labor, Stigma, Feminisms, International Laws, Migration.


 

 

1 – Las mujeres desviadas de las normas

La desviación es una construcción social, una categoría peyorativa utilizada para controlar aquellos/as que desafían el status quo político.1

Cuando se trata el tema de la prostitución, parece que nos refirieramos a un ámbito separado de las otras conductas sociales, caracterizado por la marginalidad y la discriminación. Así, algunos artículos sobre el tema se centran en la violencia que puede ejercerse sobre las prostitutas y en la degradación que esta actividad significa, separando este fenómeno de las condiciones económicas de la sociedad en que se produce. Sin embargo muchas de las mujeres que trabajan en este campo, consideran que es simplemente una actividad laboral entre otras posibles y subrayan su carácter de opción económica (y no moral). Esto plantea el problema de elegir el ángulo desde el cual se planteará el tema.

La hipótesis de este artículo, es que se entiende mejor el fenómeno del trabajo sexual si se lo contextualiza y se lo considera como un punto extremo de estigmatización dentro de una secuencia que abarca los distintos roles familiares y profesionales que se asignan a las mujeres y cuya valoración social va de la aceptación al rechazo.

Puede partirse del supuesto de que las presiones socioculturales que se ejercen sobre las distintas mujeres se agrupan en un continuo, desde las encaminadas a empujar a las mujeres "correctas" a limitar "voluntariamente" sus opciones a aquello que se espera de las buenas hijas, esposas, madres y amas de casa, hasta la desvalorización que se ejerce sobre las que se apartan de los modelos impuestos: lesbianas, madres solas, mujeres que manifiestan interés en la experimentación sexual, mujeres conflictivas y cuestionadoras, y también y muy especialmente, trabajadoras sexuales.

De este modo puede verse que la desvalorización no es un problema que afecte sólo a los sectores estigmatizados, porque a través de la presión que se ejerce sobre ellos, en realidad lo que se procura, es disuadir a las restantes mujeres de apartarse de la norma. Es decir que la estigmatización de diferentes colectivos de mujeres es un eficaz mecanismo para controlar a las mujeres no estigmatizadas y disuadirlas de infringir los modelos vigentes..

En una sociedad en que la participación en el mercado laboral remunerado es el medio principal de adquirir derechos y deberes, es decir ciudadanía plena, la participación escasa o marginal de muchas mujeres en este sector, o el no reconocimiento de la condición de trabajo para sus actividades, se constituye en un obstáculo importante para el disfrute de sus derechos y el desarrollo de sus potencialidades. El problema afecta a todos los trabajos considerados tradicionalmente femeninos, aunque de una manera diferente. Las tareas de ama de casa -como limpiadoras, cuidadoras de niñas y niños y de personas enfermas o ancianas y prestadoras de afecto y servicios sexuales- tienen reconocimiento social, es decir se considera correcto y apropiado que las mujeres las realicen, pero cumplidas en el seno de la familia carecen de retribución económica. Esto margina a las mujeres dedicadas a "sus labores" del acceso a los recursos y genera bolsas de pobreza, que resultan más evidentes cuando separación, viudez o edad avanzada, limitan su acceso a recursos provenientes de otros miembros del grupo familiar.

Las mismas tareas, volcadas al mercado de trabajo, pierden su prestigio de actividad altruista, sin adquirir en compensación una retribución adecuada. Se mantienen como actividades desregularizadas laboralmente, con escasa cobertura legal y protección social y con salarios que no alcanzan los límites del mínimo interprofesional.

La correlación inversa entre logro económico y prestigio social, que se da en todas las tareas tradicionales femeninas, llega a su mayor expresión en el caso del trabajo sexual, en que las ventajas de unos ingresos medios ligeramente superiores a los salarios mínimos se anulan socialmente con un incremento enorme de la estigmatización, que incluye la violencia simbólica de negarle a su actividad, la condición y dignidad de trabajo. Así se sitúa una opción laboral que no implica delito, en el mismo campo de estigmatización que la sociedad reserva para delincuentes y personas afectadas por la drogadicción.

Así a las estigmatizaciones que acompañan para las mujeres la utilización de su sexualidad fuera de los marcos establecidos como correctos, se agrega la desvalorización de los sectores con pocos recursos económicos. En general, las prostitutas suelen ser mujeres pobres. La discriminación afecta diferentemente por clases, y es una barrera más que se agrega a la comunicación entre mujeres.

Las mujeres en situación de especial desventaja, suelen padecer además un déficit de medidas de protección legal e institucional. Esto va desde la pérdida legal de derechos económicos que afecta a las viudas, a la falta de reconocimiento a las parejas de hecho y a las parejas homosexuales y la falta de reconocimiento de su actividad como un trabajo, que padecen las prostitutas. La falta de estos reconocimientos aumenta la vulnerabilidad de cada sector y deja a las mujeres indefensas ante la arbitrariedad institucional. Si no se tienen derechos, se depende de la buena voluntad de los demás. Las personas a las que se "protege" pierden autonomía y capacidad de organización. Sólo una cobertura legal apropiada permite el empoderamiento.

En el caso de las trabajadoras sexuales, se las ve como víctimas, siempre engañadas o manipuladas, y se las marginaliza de los colectivos profesionales o de las asociaciones vecinales. Se habla sobre ellas pero sin escucharlas. Tampoco se respeta su imagen en los medios de comunicación, ya que sólo son noticia cuando su situación particular permite reforzar los prejuicios previos. De una manera perversa, se manifiestan contra ellas los prejuicios raciales o étnicos y las condenas moralistas, cubierto todo ello de un lenguaje proteccionista.

Sólo acabando con la estigmatización de los sectores más marginales, puede garantizarse una verdadera libertad de opciones para todas, lo que permitiría elegir las conductas independientemente de que éstas sean consideradas correctas o desviantes.

 

2- Las trabajadoras sexuales

Queríamos el respeto de los dueños de los prostíbulos, de las autoridades, de la sociedad en general, que nos respeten y nos vean como personas, como seres humanos… queríamos que nos conozcan, porque éramos mujeres también, pero con otro trabajo; que nos respeten como personas y como seres humanos.2

En este campo confluyen varias áreas de estigmatización, la que se refiere al trabajo sexual en tanto que tal, la que se refiere a las clases sociales más desfavorecidas (ya que mayoritariamente las prostitutas son pobres) y los prejuicios raciales cuando se trata de muchachas de color. Las bases de estos campos de discriminación son diferentes, pero las prácticas y los discursos en que se materializan tienden a solaparse y sumar resultados.

La fuerte discriminación social referente a la prostitución se apoya en las especificaciones de género imperantes en nuestra sociedad. Se han construido modelos de cómo deben ser los hombres y cómo deben ser las mujeres, y esto determina las expectativas, los premios y las sanciones. Sin embargo, estos modelos funcionan de acuerdo a lógicas diferentes, mientras el modelo masculino se apoya en elementos de autorrealización que tienden a hacerlo atractivo a sus destinatarios (es un modelo que se generaliza a partir de los premios que ofrece, tales como autoestima, logros económicos y poder) el modelo femenino implica un gran nivel de exigencias y pocas compensaciones, por lo que se impone a través de sanciones y castigos materiales o simbólicos. El principal de estos castigos es la violencia simbólica de la discriminación, aunque implica también violencia material escalonada desde el maltrato al asesinato.

La estigmatización social reservada a las mujeres que se apartan de la norma de brindar gratuitamente su tiempo y su trabajo a los hombres, se concreta en un fuerte rechazo a las prostitutas. Este rechazo tiene como función disuadir a las demás mujeres de abandonar sus "deberes" naturalizados como parte de sus características de género, amenazándolas con el desprecio social si actúan de manera que puedan ser confundidas con las trabajadoras sexuales. La desvalorización de este sector se mantiene así por la función pedagógica que cumple con respecto a las mujeres no prostitutas. Así por ejemplo un material didáctico elaborado en España para solicitar y justificar la penalización de la prostitución asegura que, de legalizarse,

La prostitución quedaría como una profesión y una posible oferta de trabajo para toda mujer en paro. Se mandaría el mensaje a las mujeres y nenas de que si algo fallase en sus vidas podrían recurrir a la alternativa de ser prostituídas.3

El mensaje es claro, son las condiciones de ilegalidad y el desprecio social los que actúan como disuasores para que las mujeres no se dediquen a una actividad, que sin estos castigos podrían considerar como una opción laboral a tener en cuenta.

Pero esta discriminación agresiva de las trabajadoras sexuales se apoya también en otro elemento ligado a la construcción social de los géneros. Me refiero al arquetipo viril.4 Según él, a los hombres, en tanto que tales les es debido amor y servicios gratuitos por parte de las mujeres. Cuando se enfrentan con las prostitutas que no dan amor y sólo prestan sus servicios por un precio convenido, encuentran que esta relación negociada mortifica su ego, y restablecen simbólicamente el equilibrio, despreciando y desvalorizando a sus interlocutoras en la relación pactada.

Desde el punto de vista de la discriminación por clases sociales, hay que tener en cuenta que la prostitución es un "mal trabajo", desagradable y mal pagado, pero que constituye una actividad refugio con la que se ganan la vida en cada país miles de mujeres con cargas familiares o necesidades económicas urgentes. Ante la pobreza de ofertas atractivas del mercado laboral femenino, el recurso al trabajo sexual es visto muchas veces como una forma dura de ganar dinero, pero algo más rentable que las otras opciones que están al alcance de mujeres pobres y/o con poca formación profesional. Hay que matizar, que si bien se da algunas veces la opción por vender sexo en mujeres de otros sectores sociales o en hombres, la estigmatización y el rechazo social más fuerte, va hacia aquellas con mayores necesidades económicas, más aún si a su condición de pobres se agregan otros elementos tales como pertenecer a alguna minoría étnica, tener piel oscura, o ser inmigrante sin papeles en regla.

A estas discriminaciones estructuralmente condicionadas esparcidas en el "sentido común" y que se manifiestan socialmente en lenguaje agresivo y oficialmente en legislación sancionadora, se agregan coyunturalmente otras desvalorizaciones, que toman forma de discurso paternalista de protección y que vienen de ciertos sectores religiosos, de una parte de la izquierda y hasta de algunos sectores del movimiento feminista, fundamentalmente del feminismo radical.5

No resulta necesario explicar que la Iglesia, con su énfasis en la caridad cristiana, ande a la búsqueda de pobres y abandonados para ejercer sobre ellos sus propias virtudes. Las prostitutas vistas como pecadoras que pueden ser salvadas o como víctimas a las que se debe ayudar, forman parte del imaginario de su clientela tradicional. Los militantes de izquierda, por su parte, suelen compartir con el modelo religioso algunos tics salvacionistas y una visión puritana del mundo, que los ha llevado a acercarse tarde y mal al problema de la variedad de las manifestaciones de la sexualidad y a la posibilidad de entender el sexo pagado. Considerar a la homosexualidad y la prostitución como taras pequeño burguesas, ha sido frecuente dentro del comunismo y del socialismo, salvo en sus concreciones disidentes, mientras que el anarquismo se ha mostrado, en general, más abierto con relación a estos temas.

 

3- La polémica dentro del feminismo

Estábamos convencidas de que estas mujeres (las feministas) tenían que estar con nosotras (las prostitutas), sencillamente porque nosotras habíamos estado con ellas.6

Más difícil de comprender es la existencia de voces, que desde dentro del movimiento feminista adhieren a este discurso de discriminación y desvalorización paternalista.

Algunas interpretaciones señalan que tanto el feminismo radical como el feminismo marxista están contra la prostitución, pero mientras el primero no la reconoce como trabajo, el segundo rechaza la explotación laboral que conlleva. Las corrientes feministas anglosajonas más comprensivas con respecto al trabajo sexual serían el feminismo liberal y la aproximación radical sexual que considera que puede llegar a ser un campo de experimentación y libertad sexual, aunque esta ventaja es principalmente para el cliente.7

La identificación de las trabajadoras sexuales como víctimas, carentes de proyectos propios y necesitadas de una intervención exterior que las salve de su triste situación, se corresponde entonces con el discurso de algunas corrientes del feminismo radical8, que asumen una idea demasiado general de las mujeres y se autoasignan su representación. Como señala Bárbara Hobson, apoyándose en Nancy Fraser, la lucha del feminismo por el reconocimiento ha implicado muchas veces extrañas alianzas, como la que se dio en EE UU durante la época de Reagan entre el feminismo cultural y sectores políticos ultra derechistas en su campaña antipornografía, alianza actualizada en la administración Bush y que se repite en otros países, entre sectores feministas y partidos políticos de derechas.

Grupos que han sufrido a lo largo de la historia ofensas y valoración negativa, que debilitaban sus posibilidades de acceder a una ciudadanía completa, suelen desarrollar una estrategia de reconocimiento que implica asumir la representación de otros sectores a los que a su vez se ignora o se reconoce de una manera distorsionada. Así la búsqueda de una voz propia, que caracteriza al feminismo, no garantiza que esta posibilidad de expresarse sea repartida entre todos los colectivos de mujeres que en teoría representan. "Hay una interacción constante entre las demandas de respeto y las demandas de redistribución" dice Hobson, que agrega "las luchas para el reconocimiento son actividades que instauran límites".9 Así la negativa de reconocer como interlocutoras válidas las mujeres de determinados sectores, como se dio con respecto a las afroamericanas en EE UU y se da en la actualidad en Europa con mujeres del tercer mundo, como las musulmanas y en todas partes con las prostitutas, refuerza el liderazgo de quienes organizan el discurso y evita la competición en el campo de la toma de las decisiones.

Si sumamos las estigmatizaciones estructurales y las coyunturales, vemos porqué las mujeres que se dedican al trabajo sexual, en mucha mayor medida que los hombres que se dedican a la misma tarea y que pueden calcularse en un 17% del colectivo, sufren una pertinaz negación de su derecho al reconocimiento. La verdadera cuestión no está entonces en establecer qué es lo que hacen los grupos estigmatizados, sino desde dónde se enuncia el discurso que les niega capacidad de decisión. Un paso fundamental en el reconocimiento de sus derechos, se realiza cuando se incorporan en la discusión, como interlocutoras válidas, sus propias organizaciones, que han proliferado desde 1975, aunque con discontinuidades, interferencias y problemas de liderazgo.10

 

4- Trata y prostitución

Si, nosotras hemos fregado pisos, hemos cuidado niños, cocinado, hemos trabajado de asistentas domésticas, obreras de fábricas, trabajadoras rurales. También hemos trabajado como prostitutas y no nos avergonzamos porque esta ha sido la forma por la que hemos sobrevivido durante generaciones.11

El problema se agrava si al campo de prejuicios socialmente construidos sobre la prostitución, se agregan las estigmatizaciones racistas y xenófobas.

En este ámbito, al menos en la Comunidad Europea, el Estado legitima y realimenta las fobias sociales, relacionando conceptualmente migración y delincuencia. En una profecía autocumplida pone condiciones que hacen muy difícil la inmigración legal, a través de leyes de extranjería cada vez más rígidas, y cuando constata que la migración se está encausando entonces por vías ilegales, la identifica con las mafias internacionales y le aplica medidas policiales. La sociedad receptora ve entonces confirmados sus prejuicios y puede al mismo tiempo discriminar y explotar a las personas que llegan del tercer mundo y sentirse depositaria de valores democráticos.

En el caso de la migración autónoma femenina confluyen los viejos prejuicios contra la prostitución y la nueva situación de los desplazamientos de población sin la suficiente cobertura legal, lo que las obliga a ganarse la vida en ámbitos de trabajo precario y economía sumergida, lo que incluye diversas formas de trabajo sexual. Esto da campo para nuevas elaboraciones victimistas, desarrolladas por asociaciones abolicionistas que con el discurso de salvar a las mujeres de la esclavitud y de la trata, realmente les niegan su capacidad de actuar y de decidir, con lo que dificultan objetivamente la persecución de las redes mafiosas, al medir todas las infracciones con el mismo rasero.

La ligazón conceptual del trabajo sexual con la migración femenina tiene una larga historia en la jurisprudencia internacional, además de sus reflejos en la opinión pública y en los medios de comunicación. Pero los contenidos de las sanciones legales y la ideología en que se apoyan han ido cambiando.

En la "Convención por la represión de la trata de seres humanos y de la explotación de la prostitución de otros", aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 2 de diciembre de 1949, que entró en vigor el 25 de julio de 1951, se ponía el énfasis en penar la prostitución o su incitación, aunque hubiera consentimiento de las personas afectadas (Art.1). Castigaba a quienes dirijan, financien o alquilen casas de prostitución y a quienes se beneficien económicamente de la prostitución de otras personas (Art.2). Además tendía a identificar prostitución con trata de personas y a centrar las medidas en el control de las fronteras y la repatriación (Art. 17 y 18). Detrás de estas medidas había una identificación entre mujeres y niños, sectores a los que se consideraba especialmente manipulables y para los cuales se esperaba: "que sean reclamados por personas que tengan autoridad sobre ellas" (Art. 19). El enemigo aquí era claramente el comercio sexual mismo y no se ponía ningún énfasis en la lucha contra la violencia. Como aspecto positivo de este convención, puede señalarse que promovía la abolición de todo tipo de inscripción en registros especiales de las personas que se dedicaban a la prostitución.

Cincuenta y tres años más tarde y después de más de 27 convenios, acuerdos y resoluciones internacionales sobre aspectos relacionados con el tema, el cuadro ha cambiado completamente. Esto se hace evidente si observamos la "Decisión Marco" del Consejo de la Unión Europea del 19 de julio de 2002 "Relativa a la lucha contra la trata de seres humanos" que se apoya en el Protocolo del 2000 de la ONU sobre el tráfico. No se trata solamente de que haya desaparecido la prostitución del título, sino que hay un vuelco en el sentido de penar las prácticas violentas y la extorsión, sea cual fuere la actividad a la que se dediquen las personas. El punto 3 de las consideraciones especifica:

La trata de seres humanos constituye una violación grave de los derechos fundamentales de la persona y de la dignidad humana e implica prácticas crueles, como la explotación y engaño de personas vulnerables, así como la utilización de la violencia, de amenazas, de la servidumbre por deudas y de la restricción de libertades.

Si bien en el punto 4, cuando habla de prevenir, reprimir y castigar la trata de personas, insiste en particularizarla en niños y mujeres (con lo que se mantiene el criterio anterior de considerar a éstas como menores) el punto 5 se centra en la infancia: "los niños son más vulnerables y corren, en consecuencia, un riesgo más grande de transformarse en víctimas de la trata de seres humanos".12

Este cambio de perspectiva puede apreciarse claramente en el articulado. El Art.1 considera punible el reclutamiento, transporte o alojamiento de personas sobre las que se haya hecho uso de amenazas, fuerza, presión o secuestro. También se castiga si se ha empleado fraude o engaño o si se ha hecho abuso de autoridad

Con el fin de la explotación del trabajo o de los servicios de esta persona, comprendidos bajo la forma de trabajo o servicios forzados u obligatorios, de esclavitud o de servidumbre, o con fines de explotación de la prostitución de otros y otras formas de explotación sexual, incluida la pornografía.

La prostitución se ha desplazado del centro de la campaña a constituirse en un campo, entre otros, en que la trata de seres humanos puede concretarse. Este desplazamiento es compatible con la consideración de la actividad sexual pagada como un trabajo, y permite poner el énfasis en la lucha contra la violencia, la coerción y el engaño, superando la confusión de campos del documento más antiguo.

La polémica sin embargo, dista de estar zanjada y los acuerdos internacionales reflejan un precario equilibrio entre opiniones contrapuestas. En el Informe del 15 de abril del 2004, que no es una resolución oficial sino un documento de propia iniciativa de la "Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades de la UE", se vuelven a incurrir en algunas de las confusiones anteriores. La ponente plantea que

la industria del sexo repercute negativamente sobre la igualdad de los sexos... representa a las mujeres como objeto de consumo, dominación y explotación... normaliza la violencia sexual.

Pero pese a esta definición claramente victimista, acepta que "esta producción y esta prestación de servicios pueden ser legales o ilegales, según las circunstancias" (p.8) y que el Tribunal de Justicia reconoce que la práctica de la prostitución puede realizarse como actividad autónoma ejercida por cuenta propia o como prestación de servicios. Sin embargo en seguida recae en cosificar a las trabajadoras de sexo que son "utilizadas" (el entrecomillado está en el informe), relaciona la prostitución con la esclavitud y señala que en los países pobres "este negocio se basa en los abusos sexuales, las violaciones, la privación de libertad, la enfermedad y la destrucción permanente de millones de mujeres" (p.9) descartando entender el trabajo sexual a partir de sus motivaciones económicas. El enfoque abolicionista se ve más claramente en la exposición de motivos, en la que se pone como ejemplo a seguir, la legislación sueca que considera delictiva la "compra o intento de compra de servicios sexuales" (p. 20). Las recomendaciones se centran en combatir la pornografía en internet y en la publicidad, pero reconocen la libertad de los estados miembros para legislar al respecto, la necesidad de contar con la participación de las personas implicadas y de evitar medidas que contribuyan a la marginación e ilegalización de las mujeres inmigrantes.

La ambigüedad de este documento ejemplifica bien cómo se ha evolucionado desde los discursos simplistas de mediados del XX y cómo en la actualidad, aún las declaraciones más abolicionistas necesitan hacer concesiones para tener credibilidad. De todos modos la diferencia de posiciones y la dificultad de llegar a acuerdos resulta evidente si se constata que incluso en el seno de esta comisión el informe se aprobó por un escaso margen de votos (once a favor y nueve en contra).13

 

5- Acuerdos y desacuerdos

Siendo el comercio sexual un simple intercambio económico sin mayor trascendencia que la que quiera otorgarle una sociedad donde todo servicio supone una contraprestación lucrativa.14

Detrás de estas controversias está la disputa entre dos líneas de pensamiento bien diferenciadas y organizadas en coaliciones internacionales, la abolicionista organizada en la Coalition Against Traffic in Women (CATW) que considera a la prostitución en si misma una esclavitud, enfrentada a quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos de las prostitutas, Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) que incluye en su seno algunas de las principales asociaciones de las trabajadoras del sexo (NSWP).15

Los principales puntos de diferencia entre las dos posiciones, están en la asunción por parte de las abolicionistas de los siguientes supuestos, que son matizados o rechazados por las legalistas o defensoras de los derechos humanos de las prostitutas16:

  • La no consideración de la prostitución como trabajo
  • La confusión conceptual entre tráfico y prostitución
  • La falta de distinción entre prostitución adulta e infantil
  • Considerar que es la prostitución en si misma (y no algunas de las formas en que puede ejercerse) una actividad degradante y una forma de violencia contra las mujeres

Los puntos en que están confluyendo las propuestas abolicionistas y las defensoras de derechos humanos son los siguientes:

  • Reconocimiento de la existencia de un ámbito de trabajo sexual voluntario
  • Reconocimiento de la autonomía de los estados para legislar al respecto
  • Necesidad de tener en cuenta las opiniones de las trabajadoras sexuales
  • Necesidad de evitar mediadas que aumenten la estigmatización y la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales inmigrantes
  • Necesidad de adoptar un enfoque basado en los derechos humanos.

Este puede parecer un plan de acuerdos mínimos, pero incluso referente a estos puntos hay diferencias en su interpretación. Así mientras los sectores más fundamentalistas del abolicionismo se muestran reacios a aceptar el primer punto, pues argumentan que aún la prostitución voluntaria es forzada, pues se realiza bajo presión económica (como si los restantes trabajos no lo tuvieran motivaciones monetarias) las asociaciones de trabajadoras sexuales, reunidas en NSWP, consideran que el hincapié en diferenciar prostitución voluntaria y forzada puede ser peligroso para las mismas trabajadoras, pues centra las políticas internacionales en prevenir la forzada, en lugar de defender y garantizar derechos humanos a la legal, al tiempo que incorpora un sesgo racista, al identificar el trabajo sexual voluntario con el que realizan las prostitutas del primer mundo, mientras que reserva las consideraciones victimistas y los conceptos "trata" y "esclavitud" a las mujeres del mundo pobre.17

Pese a la separación que la legislación internacional actual permite hacer entre trata y prostitución, el modelo anterior que confunde ambos términos se perpetua en las campañas abolicionistas actuales, con posiciones que se reflejan en la prensa y cuyo dramatismo oculta el hecho que las trabajadoras sexuales, pobres o inmigrantes tienen problemas comunes con el resto de las trabajadoras, al mismo tiempo que dificulta considerarlas como agentes activos de sus opciones y portadoras de proyectos específicos.

Al respecto comenta Jo Bindman:

Es evidente que los seres humanos no deben ser vendidos, sólo el trabajo humano, y no el ser humano mismo puede ser objeto de comercio. La esclavitud y sus formas contemporáneas, donde la gente es tratada como mercadería, son problemas reales en nuestro mundo en todos los sectores – incluida la industria del sexo – y en todos los continentes. Pero es simplemente insensato clasificar como "esclavitud" una industria entera, mundial, que incluye enormes variaciones en las condiciones de trabajo en el interior de cada país y entre diferentes países. Ello nos distrae de la tarea muy necesaria de hacer cesar la explotación en todos los sectores de actividad.... La lógica subyacente de una restricción de la industria del sexo para impedir las prácticas abusivas referentes a los inmigrantes clandestinos exigiría que intentemos eliminar o restringir las industrias textil y agrícola en los países más ricos de cualquier región, pues es en estas industrias en donde la explotación abusiva del trabajo inmigrante clandestino está más extendida.18

 

6- Los problemas de la migración

Así nos expresan algunas mujeres que trabajan en la prostitución que si los hombres viven para el sexo, ellas viven del sexo, ellos buscan dinero para el sexo y ellas utilizan el sexo para buscar dinero.19

Las actuales restricciones de la política migratoria desarrollada por los países ricos, sitúa en condiciones de ilegalidad a una parte importante de la población migrante, con lo que se facilita su explotación por parte de empresarios inescrupulosos y se la deja indefensa ante mafias y traficantes. A su vez las personas "sin papeles" padecen la arbitrariedad policial y se transforman en receptoras preferentes de la violencia institucional, ya que la maraña de disposiciones y reglamentaciones hace que estén siempre en infracción, lo que las deja en una posición muy débil para reclamar derechos. Así depende en muchos casos de las interpretaciones que los funcionarios locales den a la legislación, la posibilidad de que sean detenidas e interrogadas de manera más o menos sistemática, de que se las trate con mayor o menor consideración, que tengan que soportar actitudes abiertamente racistas o misóginas por parte de empleados públicos o que se tomen contra ellas medidas que vulneran gravemente sus intereses, como las deportaciones en que el coste del viaje de la expulsión se carga sobre la persona expulsada, que ve así frustrado su proyecto emigratorio y agrega una deuda más a las que antes había contraído para iniciar el viaje. Este conjunto de arbitrariedades se incluyen en la denominada "violencia institucional" que es una de las que más preocupa a la personas que llegan del tercer mundo.

Esta vulnerabilidad se agrava en el caso de las mujeres. En la actualidad, la posibilidad de legalizar la situación de las personas inmigrantes en el primer mundo, depende en gran medida de la obtención de contratos de trabajo. Esta situación se corresponde con el hecho de que las autoridades mantengan un imaginario de la migración como principalmente masculina, y que apoyen en él sus medidas legales.

La exigencia de contrato laboral previo es difícil de cumplir para todos, pero casi imposible en el caso de las mujeres, cuyas opciones de trabajo se centran principalmente en el sector servicios, con prestaciones a personas individuales (cuidado, sexo) o a familias (limpieza, cocina, atención de criaturas). Este ámbito laboral se caracteriza por su desregularización y no cuenta con una tradición de contratos laborales, ni aún en el caso en que la tarea la realicen mujeres autóctonas. A diferencia de lo que pasa en el mercado masculino de trabajo, en que las empleadoras son normalmente empresas que se desenvuelven en el sector agrícola o en la construcción, y donde la estrategia del trabajo "en negro" es una forma ilegal, aunque ampliamente extendida, de abaratar costos; en el caso del mercado femenino de trabajo, los empleadores potenciales no suelen tener la condición de empresas (son familias o personas individuales), en muchos casos no cumplen las condiciones legales para contratar, y no tienen tampoco hábitos al respecto ni la presión del control estatal. Ante estas condiciones imperantes en el mercado laboral, parece inútil tratar de legalizar a las inmigrantes a partir de sus contratos de trabajo, porque este requisito deja afuera a casi todas. No se trata de un problema que afecte sólo a algunos sectores, como sería el caso de las que se dedican al trabajo sexual, sino que abarca al conjunto de la migración femenina.

La otra opción prevista para regularizar la situación, acceder a ella mediante los mecanismos de reagrupación familiar, no ofrece mejores garantías, ya que coloca a las personas reunificadas (mujeres en un porcentaje importante) en situación de dependencia con respecto al que inmigró en primer término. No obtiene permiso de trabajo independiente, y pierde el derecho de permanencia si se rompe el vínculo familiar que se usó para la tramitación del permiso de residencia, con lo que es una situación que obliga a depender de otras personas, aún en casos de explotación o maltrato. Además con frecuencia se trata de matrimonios arreglados para conseguir los papeles, con lo que la situación de la mujer extranjera casada con un nativo es muy débil. Se ha denunciado que "en caso que la mujer elegida no cumpla las expectativas (los maridos) pueden utilizar su poder contra ella, la pueden golpear, encerrar o enviar de regreso a su país de origen".20 Pero la misma autora señala que aunque ese riesgo es real, resulta amplificado por el afán sensacionalista de la prensa, que sólo difunde los casos más graves. Ella matiza:

Es verdad que el hombre nativo tiene seguridad económica, ventajas lingüísticas y relaciones sociales y laborales, pero las mujeres suelen encontrar estrategias para arreglárselas con las dificultades, o sufrirlas con resignación ya que lo prioritario para ellas es escapar de las difíciles condiciones del país de origen, donde a veces ni siquiera tienen salida matrimonial... No se trata de víctimas pasivas sino de hacedoras, de sujetos que construyen y dirigen su vida a partir de sus valores, baremos e ideales.21

Dadas estas condiciones generales, sólo un cambio de la legislación existente sobre inmigración, que se apoyase en la residencia y no en el contrato de trabajo, podría garantizar que las mujeres obtuvieran sus papeles sin necesidad de recurrir a recursos ilegales y/o peligrosos. Hay algunas iniciativas al respecto, como la que se plantea en el "Informe-Propuesta sobre la ciudadanía europea".22

Si bien la aprobación de una legislación de este tipo, no solucionaría todos los problemas, pues no puede aplicarse en el caso de las personas recién llegadas, ni se refiere a las carencias económicas, supondría un paso importante para impedir algunas de las discriminaciones más evidentes que sufren las personas inmigrantes en general, y más específicamente las mujeres.

 

7- Los problemas de las trabajadoras sexuales

¿Por qué tengo que andar todo el tiempo ocultando cosas, mintiendo a diestro y siniestro, mordiéndome la lengua a cada paso?... ¡Que oficio es este, maldito de Dios, despreciado por la gente, olvidado por la fortuna!23

Casi cualquier persona que lea el párrafo anterior pensará que la profesión a que se alude es la prostitución, sin embargo la autora de la novela pone esas palabras en boca de un policía. Es que hay muchos trabajos estigmatizados, o que implican costes emocionales y conflictos de valores. El trabajo sexual es sólo uno de ellos. Como dicen Davis y Faith en un análisis jurídico sobre el tema:

Desde una perspectiva feminista, hasta que el estatus general de la mujer no se eleve y el empleo y las oportunidades de salario no sean iguales a las de los hombres, la prostitución continuará siendo una alternativa al trabajo mal pagado de muchas mujeres y debiera ser descriminalizada.24

Desde el punto de vista de la situación legal de las prostitutas inmigrantes, al problema de falta de reconocimiento social, se agrega la falta de reconocimiento legal de su actividad y las construcciones mentales según las cuales todas ellas son explotadas y traficadas sin proyecto propio, por lo que no reciben una atención como posibles ciudadanas sino como víctimas o cómplices de delitos. Esto permite que se ejerza sobre ellas, en mayor medida que sobre otros colectivos de inmigrantes, la violencia institucional: acoso policial, trato arbitrario, detenciones y deportaciones, sin que la sociedad civil reaccione (como lo hace a veces cuando se vulneran los derechos de otras minorías) e incluso permite que algunas personas de ingenua buena fe, crean que estas operaciones policiales benefician a las trabajadoras sexuales, pues las liberan de la esclavitud.

No se trata entonces solamente de que el trabajo sexual no es considerado actualmente como tal en la mayoría de los países y que por lo tanto no permite la regularización, es que aún cuando se reconozca, esto tendría consecuencias ventajosas (mejora en la autoestima, posibilidad de demandar servicios sociales y de organizarse en cooperativas, disminución de conductas arbitrarias) pero no solucionaría el problema del permiso de residencia para la mayor parte de las trabajadoras sexuales inmigrantes. Dada la diversidad de situaciones del sector, sólo afectaría a las prostitutas inscritas como tales en situación de dependencia en locales de alterne. Y aún en este caso tendría dos consecuencias negativas: dejaría constancia explícita del tipo de trabajo que se está realizando, cosa que la mayoría de las trabajadoras sexuales no desea, y aumentaría su dependencia con respecto a los empresarios, sector ya proclive a capitalizar todas las ventajas y a aumentar en lo posible la explotación. Parece entonces conveniente para las mujeres inmigrantes en general propender a una política que permita legalizar la permanencia a partir de la residencia y no del contrato laboral.

Las personas en situación especialmente desventajosa encuentran especiales obstáculos para hacer valer sus derechos y participar en los órganos de decisión. Además de los obstáculos genéricos, padecen de una discriminación activa que bloquea sus intentos de participación, y desanima sus esfuerzos en este sentido. Hay estudios, como el de Mathieu, que señala las dificultades que sufren las trabajadoras del sexo para organizarse, a partir de su estigmatización y la fragmentación del sector.25 Por este motivo algunos países pioneros, como Holanda, han centrado sus políticas al respecto en los dos ejes de participación y empoderamiento.26

Las mujeres marginadas a partir de su pertenencia étnica, requieren además el reconocimiento de su experiencia social y sus valores, en un intercambio hecho desde el diálogo.

Un cambio profundo de la percepción social de estos sectores, no será la consecuencia normal del transcurso del tiempo, implica y necesita el desarrollo de políticas concretas, del tipo de las que se han reconocido como necesarias para combatir el racismo y la xenofobia. En estos casos se trata también de restablecer una justicia básica y el respeto de los derechos humanos, pero al mismo tiempo de evitar agresiones y violencia, no sólo sobre estas mujeres en particular, sino contra cualquier mujer, puesto que el feminicidio que se está dando en nuestros días en todos los países, incluso los más desarrollados, se dirige principalmente a las mujeres que pretenden abandonar sus vínculos de pareja tradicionales, es decir a aquellas que se supone en situación de ingresar a los grupos infractores. La fuerza que pueden tener en los asesinatos de mujeres los estereotipos sobre los sectores marginalizados no puede desecharse a priori.

 

8 - Erradicar la violencia contra las mujeres

El objetivo de la tolerancia cero para la violencia de género debe cumplirse con respecto a todos los colectivos de mujeres. Cuando nos referimos a las prostitutas, esto implica extender la comprensión del fenómeno a otros tipos de violencia, además de la violencia familiar.

Violencia por parte de grupos delictivos. Afecta especialmente a las personas que tienen poco apoyo social y legal. En el primer mundo son víctimas especiales de esta violencia los inmigrantes, aunque no están libres de ella otros grupos como los formados por las trabajadoras del sexo. Esta violencia tiene su caldo de cultivo en la ilegalidad y falta de reconocimiento de estos sectores, que resultan así especialmente vulnerables. Desde el punto de vista de la administración pública es necesario garantizar mecanismos para que puedan plantear sus denuncias con las necesarias garantías de seguridad: anonimato, protección de las mafias o extorsionadores, seguridad que no serán expulsadas después del juicio a los delincuentes, atención de su denuncia en relación a los delitos que se hayan cometido contra ellas (amenazas, agresiones, estafas) independientemente de la actividad que ellas estén realizando.

Maltrato institucional. En muchas ocasiones los sectores estigmatizados reciben un trato desconsiderado (y a veces francamente agresivo) por parte de los funcionarios o funcionarias que deberían proteger sus derechos. Es necesario al respecto realizar campañas de formación para que las personas que atienden a estos colectivos aprendan a utilizar un lenguaje apropiado y manifiesten el respeto debido a todas las usuarias de los servicios públicos. También es necesario que la atención (sanitaria, policial, social o administrativa) la realicen mujeres, ya que muchas mujeres se sienten poco seguras si las atienden hombres, y las trabajadoras sexuales se sienten más cómodas contando sus problemas a sus congéneres. Es necesario extender a todas las mujeres los servicios de las casas de acogida (que con frecuencia no autorizan la permanencia de las trabajadoras sexuales) y de los teléfonos de denuncia del mal trato, para que puedan incluir las denuncias por maltrato institucional.

Maltrato de los medios de comunicación. La discriminación social se apoya en una imagen distorsionada que se da de estos sectores desde los medios de comunicación y desde distintos ámbitos académicos y sociales. El tratamiento distorsionado de sus problemas, el subrayado sistemático de lo que las diferencia de otros colectivos, en lugar de mostrar lo que tienen en común, su presentación sistemática como víctimas engañadas sin proyecto propio, son todos elementos que configuran la "violencia simbólica" que se ejerce sobre ellas y que da la base donde se asientan las otras violencias.

Es conveniente vigilar para que se cumpla con respecto a ellas los códigos deontológico que prohíben la utilización de las imágenes de las personas sin su permiso. Es frecuente en el caso de las trabajadoras sexuales, que se las fotografíe sin su autorización, o que se utilicen públicamente imágenes que se les había asegurado que no saldrían del ámbito privado. En cambio se cuida siempre de no dar imágenes de los clientes e incluso se camuflan las patentes de sus coches. La distorsión de las imágenes también se da en el caso de las inmigrantes.

Toda esta violencia se apoya en la marginación social previa. En mayo del 2000 se aprobó en el Parlamento Europeo el mencionado Informe sobre "Nuevas medidas en el ámbito de la luchas contra la trata de mujeres" En su enmienda 2 considera que

el régimen de prohibición directa e indirecta de la prostitución vigente en la mayoría de los Estados miembros crea un mercado clandestino monopolizado por la delincuencia organizada que expone a las personas implicadas, sobre todo a los inmigrantes a la violencia y la marginación.

 

9- Conclusiones

Establecer barreras entre unas mujeres y otras ha sido una estrategia habitual del patriarcado. A su éxito ha contribuido el hecho que las mujeres no formamos un colectivo homogéneo y estamos separadas por distintas situaciones de clase y pertenencia étnica. Pese a estas diferencias tenemos cosas en común, como es la discriminación general que sufrimos en tanto que pertenecientes a la mitad femenina de la población, y las también generales estrategias que implementamos para luchar contra la discriminación. Poner el énfasis en lo que tenemos en común más que en aquello que nos separa, puede ser una buena forma de acercarnos a las "otras mujeres", es la estrategia que propone Gail Pheterson para tratar con las prostitutas.27

Demandar para todas el cumplimiento de los derechos humanos, parece una reivindicación mínima, pero da la base para el empoderamiento de los sectores más desfavorecidos, lo que les permitirá actuar en la esfera política con una voz propia.

Es necesario darles oportunidad para que expresen sus reivindicaciones con sus propias palabras, pero mientras tanto, recogiendo sus protestas y sus expresiones reiteradamente manifestadas, podemos compartir con ellas la siguiente queja:

Estamos cansadas
Estamos cansadas de la discriminación social.
En las calles de la ciudad hay todo tipo de personas, hay delincuentes, borrachos, drogadictos, timadores, agresivos, violentos, ruidosos, sucios
Pero eso no inquieta a los vecinos
no molesta a la policía
no preocupa a los ayuntamientos
Legislan y actúan para terminar con las prostitutas callejeras
Que no están cometiendo ningún delito
que no se emborrachan ni se drogan
que no engañan ni estafan a nadie
que no son violentas, ni ruidosas
ni tienen aspecto desagradable ni ofensivo.

Estamos cansadas de la hipocresía social.
Los trabajos que se reservan a las mujeres son pesados y mal pagados, sin contratos laborales ni seguridad social.
Pero eso no preocupa a los políticos
no angustia a algunos sectores del feminismo
no quita el sueño a los organismos internacionales.
Sin preocuparse de modificar el mercado laboral, hacen propuestas para abolir el trabajo más rentable del que disponen muchas mujeres pobres y sin papeles en orden.
En lugar de ofrecerles mejores condiciones laborales
las acosan policialmente
las minusvaloran
las ignoran en tanto que agentes sociales

Estamos cansadas del doble patrón de moralidad
Que admite que haya prostitución, pero no quiere que se vea
Que habla de la esclavitud sexual femenina, pero nunca habla de la esclavitud sexual masculina cuando habla de hombres que hacen exactamente el mismo trabajo
Que favorece el negocio de los empresarios del sector, pero hostiga a las prostitutas autónomas
Que oculta sus estrategias especuladoras financieras, detrás de campañas moralistas de "limpieza de la ciudad"

Por todo ello, las persona y organizaciones que apoyamos el pleno reconocimiento de derechos humanos a las trabajadoras del sexo, nos hacemos eco de sus demandas cuando dicen
No queremos que nos salven, queremos que nos escuchen
[No nos rotulen, conozcannos]
No hablen por nosotras, dejennos hablar

 

 

Recebido para publicação em maio de 2005, aprovado em julho de 2005.

 

 

1 DAVIS, N. y FAITH, Karlene. Las mujeres y el Estado: modelos de control social en transformación. In: LARRAURI. (ed.) Mujeres, Derecho penal y criminología. Madrid, Siglo XXI, 1994, p.109.         [ Links ]
2 ASOCIACIÓN DE TRABAJADORAS AUTÓNOMAS, D.J. Trabajadoras del sexo. Memorias vivas. Machala, Mamacash, 2002.p.31.         [ Links ]
3 Tríptico "Corpos con dono".
4 MORENO, A. El arquetipo viril protagonista de la historia. Ejercicios de lectura no androcéntrica. Barcelona, La Sal, 1986.         [ Links ]
5 TOUPIN, L. La scission politique du feminisme international sur la question du "trafic des femmes": vers la "migration" d'un certain féminisme radical. Recherches féministes 15, nº 2, 2002, pp.9-40.         [ Links ]
6 CORSO, C. y. SANDRA, L. Retrato de intensos colores. Madrid, Talasa, 2000, p.149.         [ Links ]
7 WEATHERALL, A. & PRIESTLEY, A. A Feminist Discourse Analysis of Sex "Work". Feminism & Psychology 11, 2001, pp.323-340[         [ Links ]STANDARDIZEDENDPARAG]
8 BARRY, K. Esclavitud sexual de la mujer. Barcelona, La Sal, 1988.         [ Links ]
9 HOBSON, B. Género y luchas por el reconocimiento: Identidades en disputa, acción y poder. Paper presented at the Democracia, feminismo y universidad en el siglo XXI, Madrid, 2004.         [ Links ]
10 MATHIEU, L. The Emergence and Uncertain Outcomes of Prostitutes' Social Movements. The European Journal of Women's Studies 10, 2003, pp.29-50.         [ Links ]
11 JAGET, C. (ed.) Prostitutes. Our Life. England, Falling Wall Press, 1980, p.26.         [ Links ]
12 Aperçu sur la prostitution en Europe. Seine-Saint Denis, L'Observatoire départemental des violences envers les femmes, 2003.
13 ERIKSSON, M. Sobre las repercusiones de la industria del sexo en la Unión Europea (Informe de propia iniciativa): Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, Parlamento Europeo, 2004.         [ Links ]
14 SAIZ VIADERO, J. R. Conversaciones con la Mary Loly. Santander, Puntal, 1983, p.9.         [ Links ]
15 TOUPIN, L. La scission politique... Op. cit.
16 ACIÉN, E. & MAJUELOS, F. (Eds.) De la exclusión al estigma. Almería, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, 2003, pp.33-34.         [ Links ]
17 TOUPIN, L. La scission politique... Op. cit., p.16.
18 BINDMAN, J. Les travailleurs du sexe ne venden pas leur corps: ils vendent des services. Apercu sur la prostitution en Europe, 2003, pp.21-23.         [ Links ]
19 CARMONA BENITO, S. Ellas salen. Nosotras salimos. Mujeres en las calles Mohamed VI. De la situación de la mujer marroquí y su sexualidad a la prostitución en las calles de Casablanca. Universidad de Barcelona, Barcelona, 2004, p.155.         [ Links ]
20 BECK-GERNSHEIM, E. Mujeres migrantes, trabajo doméstico y matrimonio. Las mujeres en un mundo en proceso de globalización. In:BECK-GERNSHEIM, BUTLER & PUIGVERT. (Eds.) Mujeres y transformaciones sociales. Barcelona, El Roure, 2001, p.69.         [ Links ]
21 ID., IB., p. 75.
22 ID., IB., pp.106-108.
23 MARÍNINA, A. El sueño robado. Barcelona, Planeta, 2000, p.267.         [ Links ]
24 DAVIS, N. y FAITH, K. Las mujeres y el Estado... Op. cit., p.130.
25 MATHIEU, L. The Emergence and Uncertain... Op. cit.
26 GIL ARAUJO, S. ¿Inmigrantes versus nativas? Mugak, 27-28, 2004, pp.51-53.         [ Links ]
27 PHETERSON, G. El prisma de la prostitución. Madrid, Talasa Ediciones, 2000.
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