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Mana

versión impresa ISSN 0104-9313versión On-line ISSN 1678-4944

Mana vol.25 no.2 Rio de Janeiro mayo/ago. 2019  Epub 05-Sep-2019

http://dx.doi.org/10.1590/1678-49442019v25n2p337 

Artigos

Reconocimiento estatal e identificación étnica: el caso de la “Coordinación de Pue-blos Originarios de Almirante Brown” de la Región Metropolitana de Buenos Aires

Reconhecimento estatal e identificação étnica: o caso da "Coordinación de Pueblos Originarios de Almirante Brown" da Região Metropolitana de Buenos Aires

State recognition and ethnic identification: the case of the "Coordinación de Pueblos Originarios de Almirante Brown" in the Metropolitan Region of Buenos Aires

Juan Manuel Engelman Garreta1 
http://orcid.org/0000-0002-9642-4945

1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Buenos Aires, Argentina

Resumen

El presente trabajo tiene por objetivo problematizar los procesos de reconocimiento y participación estatal de las nuevas generaciones de dirigentes indígenas al interior de los gobiernos locales de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA). Para el caso aquí abordado, se retomará la experiencia de la “Coordinación de Pueblos Originarios de Almirante Brown”(2015 - 2018) a fin de ejemplificar un conjunto de formatos novedosos de negociación entre los pueblos indígenas y el Estado, así como de gestión administrativa y legal que la población indígena lleva adelante a la hora de disputarse mejores condiciones de vida, reclamos por el territorio e identidad en el ámbito urbano.

Palabras Claves: Indígenas Urbanos; Reconocimiento Estatal; Gobiernos Locales; Etnicidad

Resumo

O presente trabalho objetiva problematizar os processos de reconhecimento e participação estatal das novas gerações de lideranças indígenas dentro dos governos locais da Região Metropolitana de Buenos Aires. Para o caso aqui abordado, será retomada a experiência da “Coordinación de Pueblos Originarios de Almirante Brown” (2015 - 2018), a fim de exemplificar um conjunto de formatos inovadores de negociação entre os povos indígenas e o Estado, além da gestão administrativa e legal que a população indígena realiza ao lutar por melhores condições de vida, reivindicações por território e identidade no meio urbano.

Palavras-chave: Povos Indígenas Urbanos; Reconhecimento do Estado; Governos Locais; Etnia

Abstract

This article discusses processes of recognition and state participation of the new generations of indigenous leaders in the local governments of the Metropolitan Region of Buenos Aires. In the case here addressed, the experience of the "Coordinación de Pueblos Originarios de Almirante Brown" (2015 - 2018) will be investigated in order to exemplify a diversity of negotiation formats between indigenous peoples and the State, as well as the legal and administrative management that takes place in the indigenous population’s demands for better living conditions, territory and identity in urban contexts.

Key Words: Urban Indigenous People; State Recognition; Local Governments; Ethnicity

Introducción

En el día 15 de marzo del año 2017 asumió su posición el actual coordinador de “Pueblos Originarios de Almirante Brown”, en el salón Bordo del “Instituto Municipal de las Culturas” ubicado a dos cuadras de la estación de trenes de la localidad de Adrogué, ciudad cabecera del partido de Almirante Brown de la zona sur de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA en adelante). El evento contó con la presencia de diversos dirigentes indígenas locales, funcionarios municipales y vecinos, quienes en el contexto del nombramiento presenciaron un espectáculo de música folklórica, el recitado de coplas norteñas y la presentación de una banda sonora de sikuris. Seguido a ello, se efectuó una pequeña ceremonia en la que, por un lado, se buscó “convocar a la energía de la Pachamama” y, por el otro, sembrar un conjunto de obligaciones y responsabilidades en torno al rol y función del nuevo coordinador. En palabras generales, tanto la mujer como el hombre que llevaron a cabo la ceremonia -bajo el respeto de la dualidad andina-, hicieron fuerte hincapié acera de que “son muchas las necesidades que transitan los hermanos y hermanas de las comunidades de Buenos Aires, y más aún la falta de territorios y viviendas de los últimos años”. Si bien dicho testimonio impactó en la audiencia, la importancia del evento estuvo definida en que -por segunda vez- “un indígena”, desde la creación del área1, había sido designado como coordinador en el municipio.

La “Coordinación de Pueblos Originarios de Almirante Brown” (CPOAB en adelante) no es un espacio de participación etnopolítica novedoso2. Forma parte del organigrama del municipio desde el año 2007, y es el resultado de la organización etnopolítica de un grupo de dirigentes locales que, desde mediados de la década de 1990, iniciaron una plataforma de lucha basada en la articulación de demandas étnicas y de clase (Engelman 2017). En cuanto a su breve historia, podemos mencionar que el vaivén y la discontinuidad al tiempo que caracterizaron su funcionalidad dinamizaron un conjunto de alianzas políticas interculturales débiles y un alto nivel de conflicto intraétnico; en el marco de un ejercicio asimétrico y constante de una discriminación política al interior de la estructura municipal (Engelman 2016a). Sin embargo, más allá de las características internas que, a nuestro entender, tuvieron el proceso de formación y funcionamiento del área municipal desde sus comienzos, en el presente trabajo, nos interrogamos acerca del “tipo de indígena” que la participación -al interior del gobierno local- definió. Este debate es particularmente relevante, ya que en la actualidad se encuentra polarizado entre quienes sostienen que la participación de la población indígena en la estructura estatal alcanza un carácter transformador, de aquellos que se posicionan de forma escéptica al respecto. Con el objetivo de evitar este tipo de oposiciones, expondremos a continuación múltiples líneas argumentativas que abordan críticamente las instancias de participación etnopolítica en las estructuras estatales, y el impacto que el aparato administrativo y burocrático posee sobre las trayectorias de formación de las nuevas dirigencias indígenas de la RMBA.

El presente trabajo tiene como eje ordenador el siguiente interrogante: es decir que, si las estructuras estatales y los gobiernos neoliberales tienen formatos específicos para regular la diversidad, ¿hasta qué punto ese tipo de explicaciones no termina invisibilizando, por mínimas que sean, un conjunto de prácticas resistivas que las dirigencias indígenas llevan adelante? Para trazar un camino posible, resulta fundamental puntualizar y visibilizar, en términos analíticos, aquellas acciones cotidianas y resistivas, con el objetivo de evitar argumentaciones reproductivistas puesto que ¿no estaríamos frente a un escenario donde la participación etnopolítica estatal, por un lado está limitada, pero por el otro, y acorde con su funcionamiento administrativo, socializa indirectamente mecanismos que en términos de gestión operativizan y revierten límites por parte de la acción de esta nueva capa de dirigentes?

Para adentrarnos en una respuesta posible a tales interrogantes, algunas posturas y estudios recientes parten en considerar que las demandas indígenas en la actualidad, además de focalizarse en el reconocimiento étnico, territorial e identitario, implican la búsqueda y la ampliación de los derechos ciudadanos. Así, el contenido de las reivindicaciones no refiere únicamente a la elaboración de políticas indigenistas o a la búsqueda de autonomías, sino más bien a la necesidad de modificar las posibilidades efectivas de participación de los líderes indígenas en las estructuras estatales -a través del ejercicio del poder político- (Bengoa 2009). En este sentido, las autonomías étnicas implican nuevos formatos de convivencia humana y no de aislamiento o separación. Se trata de contribuir a desarrollar sistemas de relaciones interétnicas basados en la articulación de la diversidad, donde la ciudadanía se concibe de forma colectiva y no individual, ya que “la afirmación de la condición étnica no pasa necesariamente por la negación de la ciudadanía estatal” (Bartolomé 2008: 45). Nos encontramos en una coyuntura política donde los movimientos indígenas comienzan a desarrollar “estrategias de poder” (García Linera 2007), a través del surgimiento y fortalecimiento de movimientos etnopolíticos que superan las situaciones de cooptación estatal y cuentan con la elaboración de agendas políticas que dejan atrás los meros reclamos asistencialistas y las actitudes defensivas (Radovich 2014: 141).

Otra línea de argumentación parte en considerar que la participación de los indígenas en el Estado se encuentra atravesada por un discurso multicultural que, al tiempo que define “ciudadanías de segunda clase”, reproduce antiguos lazos coloniales (Rivera Cusicanqui 2010). Bajo esta tónica argumentativa, podemos ubicar la categoría política de “indio permitido” que define Charles Hale (2004). Este autor destaca que, si bien existe una mayor participación numérica de indígenas en los Estados Latinoamericanos, ello no implica un incremento garantizado de las posibilidades políticas de quienes transitan en esas estructuras estatales. Es decir que, la acción etnopolítica encuentra sus límites pre-figurativamente en una estructura institucional que “define” aquello que entiende como indígena. O en otras palabras que “autoriza” y “permite” que forme parte de las negociaciones con las elites políticas locales, ya que, parafraseando al autor, el “indio permitido” no protesta, sino que propone y maneja el lenguaje dominante del Estado (2004: 8). Esta línea además destaca que el proyecto cultural del neoliberalismo contemporáneo al tiempo que amplía los espacios de participación, genera límites a las aspiraciones transformadoras (Boccara 2010), y legitima que los gobiernos utilicen los derechos culturales para dividir y neutralizar las demandas indígenas desde una práctica estatal que termina definiendo “identidades políticas globales” (Segato 2007).

En el caso de Brasil, si bien las posturas acerca de la participación de las poblaciones indígenas en procesos de consulta o de intervención estatal difieren, coinciden al mismo tiempo en que la administración pública -o la norma- instala limites más que libertades (Acserlad y Bezerra 2007; Nuñez Viégas 2016). Barretto Filho habla de “coerción armónica” (2017) para referirse a aquellos mecanismos democráticos que reconocen derechos indígenas, y que como herramientas son utilizados para controlar o encapsular los reclamos. Es decir, se trata de envolver las partes asimetrías del conflicto en un discurso que hace foco en la garantía de derechos. No obstante, Gallois (2007) describe cómo en la Amazonía Oriental las poblaciones indígenas a través de nuevos formatos de relacionamiento -interculturales- utilizan tales mecanismos para llevar adelante reclamos por los territorios en disputa. Este marco de posibilidades que se entroncan a través de reconocimientos específicos, plantea disrupciones en torno a las voluntades políticas que reconocen y aplican dichos derechos. Por ello es que Stephen Baines asume que, muchas veces, parece que son procesos de autodeterminación indígena, cuando en realidad lo que sucede es todo lo contrario (1993). Igualmente, y como veremos más adelante, se trata de reparar en aquellos momentos donde el conflicto dinamiza los procesos de participación, así como de negociación. Baniwa (2007) destaca que es a partir del inicio de la década del 2000 en que se consolidan los espacios de representación del movimiento indígena en Brasil, en las esferas públicas, a nivel internacional y mediante la gestión de recursos gubernamentales. Esto no sólo traza nuevas conquistas, sino que dinamiza otros desafios y conflictos de la relación entre los pueblos indígenas y el Estado, que más allá de ser condenada, ha de ser repensada puesto que en la actualidad el reconocimiento y las modalidades de participación suceden en un contexto de relaciones interétnicas complejas (Barbosa da Silva 2009, 2016).

En términos estructurales, estos procesos de transformación o transición neoliberal tampoco poseen explicaciones únicas. La politóloga Débora Yasher sostiene que el aumento de la participación política indígena ha sido un resultado inesperado, que surge de tres factores o procesos amplios. Primero, el impacto de la ola de democratización en la región latinoamericana que logró la apertura de nuevos espacios sociales; segundo, la implementación de las reformas neoliberales que contribuyeron a eliminar el control corporativista sobre la autonomía indígena -aunque agudizó sus problemas económicos-; y, finalmente, el impacto de las redes transcomunitarias de comunicación y asociación (Yashar 2005, 2007). Esta tendencia a una mayor participación de los indígenas, y que aparentemente no fue deliberada como parte de la agenda pública por los estados de la región latinoamericana, permite analizar estructuralmente el impacto que el mercado neoliberal posee sobre las condiciones en que las poblaciones indígenas protagonizan, y se disputan, un proceso de toma de conciencia acerca de sus derechos y reivindicaciones. A esto último, Milka Castro Lucic lo ha denominado como la “universalización de la condición indígena” (2008: 22), al hacer foco en la potencialidad que las organizaciones han adquirido posteriormente a los reconocimientos constitucionales de las últimas décadas. Por otra parte, la transformación de los escenarios locales ha fijado un mapa heterogéneo de grados de organización, en el marco de diversas modalidades de tenencia territorial donde se definen demandas que articulan clase y etnia según las necesidades, las proyecciones a futuro y el grado de intervención estatal.

Donna Lee Van Cott (2000) representa otro foco de análisis, al aseverar que los esfuerzos de transformación legislativa, sucedidos en países como Ecuador y Bolivia, responden a una crisis de representación, participación y legitimación de la política en la región. La coyuntura conflictiva de los últimos años provocó que las élites se vieran forzadas a acompañar los procesos de reforma, al tomar conciencia de que el costo político por mantener el status quo sería demasiado alto. Desde su perspectiva, el reconocimiento del fracaso del proyecto nacional y criollo sentó las bases para legitimar el reconocimiento de los derechos indígenas, el cual conllevó la necesidad de renovación simbólica y la búsqueda de un nuevo pacto social. Ideas tales como “la fuerza y la unidad en la diversidad” delinearon el camino para un “constitucionalismo posnacionalista” que supone el reconocimiento de los indígenas mediante la aplicación de mecanismos democráticos de participación.

Ahora bien, ese constitucionalismo al tiempo que aparenta ser un avance sobre el reconocimiento y la participación etnopolítica, se entronca en un contexto regional que un grupo de intelectuales ha denominado “posneoliberal” (Postero 2007; Hoffman French 2009; Escobar 2010). Entre sus principales características se destaca, una práctica política donde el Estado tiene una mayor intervención en la economía y la sociedad; la protección de los mercados internos contra la competencia internacional; la reversión de algunas leyes neoliberales así como el incremento en el uso de fondos públicos para la gestión y aplicación de políticas sociales (Martínez Novo 2014).

En este “clima de época”, es donde se vuelve insoslayable analizar la participación estatal de la dirigencia étnica de la RMBA. Si bien el caso argentino contrasta con las experiencias andinas -Ecuador y Bolivia- destacamos cierta tendencia alentadora en cuanto a que la organización etnopolítica y la participación de las dirigencias indígenas en el Estado, son marcas pragmáticas de una realidad contemporánea, y que, como tal, se han consolidado como insumo a la hora de desnaturalizar el relato historiográfico que legitima la construcción de un ciudadano argentino “blanco”, de origen europeo y “descendiente de los barcos” (Balazote 2015). Aunque el incremento en las últimas dos décadas de la visibilidad y organización etnopolítica en nuestro país puede ser considerado como parte de una reforma conservadora en materia de derechos indígenas (Valladares de la Cruz y Escobar Ohmstede 2014), cabe interrogarnos acerca de cómo esas reformas han reorientado tanto las demandas étnicas como las trayectorias de las nuevas dirigencias en el marco de políticas sociales y de una estructura administrativa y burocrática lejana de concepciones plurinacionales o interculturales. Consideramos que la organización política de las poblaciones indígenas da cuenta de la pluralidad cultural existente, frente al discurso monoétnico y nacionalista que propone como vector la homogeneización. Esta organización política, que se propone tanto la revalorización identitaria, así como el reconocimiento de la diversidad ha sido denominada por varios investigadores como la “identidad politizada” (Büschges 2007), o considerada también en términos teóricos como la etnicidad, es decir, la identidad puesta en acción (Bartolomé 1997, 2006), entendida como un discurso y acción política de vastos sectores indígenas en clara confrontación con la cultura nacionalista. Es por ello que, proponemos hacer foco en las estrategias resistivas que definen la práctica etnopolítica actual, de dirigentes formados en contextos donde la relación con el Estado difiere de décadas pasadas

En esta tónica, un dirigente indígena de la zona sur de la RMBA -con una vasta trayectoria etnopolítica- mencionaba que las demandas de los miembros comunitarios se habían visto redireccionadas en los últimos dos años y medio. En Argentina, el 10 de diciembre del año 2015, asume como presidente el Ingeniero Mauricio Macri, quien da comienzo a un proceso de retracción del Estado a partir del recorte3 de diversos programas y políticas públicas que incentivaban la incorporación y participación de un vasto sector de la población nacional a diversos circuitos económicos, políticos y sociales. Es decir que el avance de una política territorial que implementó el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el tejido periurbano de la RMBA4, recientemente encontró su cuello de botella al verse reducidos los límites en que el Estado canalizaba las demandas sociales. Las familias indígenas, nos mencionaba el dirigente, “necesitan alimentos, remedios, chapas y colchones porque las cosas están más complicadas”. Este escenario, en el que nuevamente han surgido espacios colectivos para la redistribución de alimentos tales como comedores, copas de leche, etc., ha generado las condiciones para reorientar la acción etnopolítica hacia la resolución de necesidades básicas, en un contexto donde estratégicamente la etnicidad se encapsula en labores locales. Pero, este repliegue de la acción etnopolítica no es casual. Los municipios, como unidades de gestión administrativa5, también han sufrido el recorte y el alcance de sus recursos ante la dinámica de un contexto económico caracterizado por una fuerte devaluación monetaria e inflación de precios. Lo que refiere en otras palabras, a que los funcionarios poseen un capital económico y político menor -programas sociales-, en un contexto donde las necesidades de la población ya no pueden ser canalizadas a través del entramado del Estado. Y es esa falta de canalización que por un lado hace que la acción etnopolítica se encapsule a lo local, pero que paradójicamente se diversifique y fortalezca como veremos más adelante.

Con cierta prudencia podríamos señalar la importancia que tiene focalizar los trabajos antropológicos en la complejidad cultural e identitaria de los pueblos indígenas, a la hora de cimentar argumentaciones políticas e ideológicas en contextos donde éstas disputan su reconocimiento cultural y/o territorial ante terceros. Pero quizás, a ese tipo de argumentaciones, le deberíamos sumar el hecho de que la diversidad étnica y las circunstancias históricas de cada pueblo se constituyen actualmente en torno a estrategias de mercado, alianzas políticas interculturales y novedosas modalidades de comunicación que, en conjunto, caracterizan a las nuevas generaciones de dirigentes indígenas dentro y fuera de la estructura estatal. Se trata de enriquecer aquellas explicaciones o posturas que destacan como factores limitantes, la situación de pobreza de las poblaciones indígenas, o su “cualidad fragmentaria” a la hora de llevar adelante un proceso de organización y de demanda. Es decir que, y como hemos adelantado al comienzo del trabajo, partimos en fomentar una perspectiva de análisis en la que la participación y reconocimiento indígena sea caracterizada por sus virtudes y no por sus falencias. De este modo, por un lado, intentaremos iluminar un camino que, aunque refleja las asimetrías y constricciones, por el otro, de cuenta del impacto que tiene el lenguaje administrativo y burocrático, hoy en día, en la formación de la dirigencia indígena urbana.

En primer lugar, y a continuación, presentaremos un apartado descriptivo con el objetivo de focalizarnos en el proceso de organización de la población indígena de Almirante Brown en torno al reconocimiento estatal. Se trata de apuntar aquellos mecanismos que dispone el Estado y que caracterizan su relación con las poblaciones indígenas, mediante los cuales se accede tanto al manejo de recursos como a los espacios de participación en los gobiernos locales. En segundo lugar, puntualizaremos la importancia que tiene el lenguaje estatal, así como su impronta burocrática y administrativa, para repensar los actuales contextos de formación de las nuevas dirigencias indígenas urbanas, y como ello afecta a los procesos de organización etnopolítica y a las modalidades de negociación de los reclamos por la identidad cultural, los territorios y la mejora en las condiciones de vida. Finalmente, el presente trabajo se dispone a analizar la experiencia de la CPOAB entre los años 2015 hasta 2018, independiente de que el trabajo etnográfico tenga una profundidad temporal más amplia (2008). Tal recorte temporal y espacial, si bien refiere a la necesidad de pensar los procesos de reconocimiento y participación de la población indígena en los ámbitos urbanos, busca avanzar y continuar con el análisis efectuado en publicaciones anteriores (Engelman 2016a).

Burocracia y tramas administrativas: la tramitación de la identidad para el reconocimiento estatal

En el año 2015, durante una entrevista etnográfica, un dirigente indígena Tupí-Guaraní de la localidad de Glew -partido de Almirante Brown- nos expresó la siguiente frase: “yo fui una herramienta para que ellos pudieran surgir, pero ellos buscaban vivir del Estado”. La construcción y percepción del Estado como sujeto, es parte del discurso de los pueblos indígenas de la RMBA, como también lo es para una multiplicidad de actores que no necesariamente se auto adscriben como indígenas (Manzano 2013). En otras publicaciones hemos abordado el impacto que tuvo el trabajo barrial, la militancia política y las relaciones clientelares de la década de 1990, y de los primeros años del 2000, a la hora de modelar un escenario donde las poblaciones indígenas de la RMBA disputaron demandas y negociaron procesos de reconocimiento (Engelman 2017). Si bien no vamos a profundizar en ello, deseamos destacar la naturalización, por no decir institucionalización, de un conjunto de nociones administrativas que se han replicado en las entrevistas a lo largo del trabajo etnográfico. Entre los términos más utilizados, por un lado, están los de: “Personería Jurídica”, “Actas”, “Asambleas”, “Reglamentos”, “Estatutos”, “Expedientes”, “Leyes”, “Mesa de Entrada”, “Notas”, “Planillas”. Y por el otro: “Políticas Públicas”, “Proyectos” y “Programas”. A simple vista, este vocabulario nos habla de una dirigencia indígena altamente socializada, en contextos donde los procedimientos institucionales son parte de su acción etnopolítica cotidiana, pero también del poder que la trama administrativa y burocrática posee a la hora de modelar los patrones mediante los cuales esa acción se encausa (Tiscornia 2004). Es así que el Estado, a través del reconocimiento y la reforma constitucional del año 19946, al tiempo que categorizó a los indígenas como sujetos de derecho, inició un proceso de diálogo marcado por una fuerte intervención sobre las formas de organización etnopolítica. Esto último, en el caso de la RMBA y de la provincia de Buenos Aires se ve reflejado en el incremento cuantitativo de personerías jurídicas indígenas -nacionales o provinciales7- que expone el siguiente gráfico:

Fuente INAI y CPAI. Elaboración Propia.

Número de Comunidades y Asociaciones indígenas de la provincia de Buenos Aires, que solicitaron su reconocimiento ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas. 

La información sistematizada en la tabla enseña las diversas figuras jurídicas mediante las cuales la población indígena puede ser reconocida ante el Estado, y de la situación administrativa de aquellas que iniciaron el trámite y que aún no ha finalizado. Para la provincia de Buenos Aires, y según los últimos datos publicados, de un total de 113 comunidades: 33 poseen su respectivo número de personería jurídica nacional, tramitada ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); mientras que 3 poseen tal inscripción a nivel provincial tramitada en el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas de la provincia de Buenos Aires (CPAI). En ambos registros (nacional y provincial) 17 están “archivadas”; lo que refiere a cierta falta de documentación que de curso normal al trámite. Finalmente, otra figura jurídica de reconocimiento es la de la “Asociación Civil”, figura que no depende de organismos institucionales específicamente indígenas -como los mencionados- cuyo número asciende a 16. Finalmente, del total, 20 comunidades de la provincia no poseen inscripción alguna, pero se auto adscriben a diversos pueblos.

Ahora bien, aunque hay un crecimiento exponencial de personerías jurídicas, en el marco de un aparente “reconocimiento estatal”, resulta pertinente reflexionar acerca del impacto que localmente posee sortear el entramado burocrático e institucional, desde la cotidianidad de los sujetos indígenas. A partir de diversos testimonios y el análisis de fuentes secundarias, en esta sección del trabajo, intentaremos caracterizar bajo cuales condiciones se produce esa “naturalización” del proceder estatal en general, y en las nuevas dirigencias etnopolíticas de la RMBA en particular.

Eulogio Frites -reconocido abogado indígena-, en su libro titulado “El derecho de los pueblos indígenas”, describe diferentes experiencias personales en torno al arduo trabajo que implicó, desde la lucha indígena nacional, la introducción del Derecho Indígena en el Derecho Positivo Republicano del país (2001). Del conjunto de testimonios que destaca el autor, deseamos puntualizar sobre aquella tarde del año 1953 cuando el Coronel Juan Domingo Perón lo recibió, junto a Jerónimo Maliqueo8 y a un pequeño grupo de indígenas, en su despacho. Si bien no recuerda las palabras del Presidente de la Nación con exactitud, destaca de su mensaje los siguientes puntos:

“Nos mandó a llamar porque nosotros somos los padres de la Patria. Se había enterado que nos estábamos capacitando por nosotros mismos y que ello era muy importante; que debíamos transformar la tierra donde habíamos nacido para nuestro propio sustento y que, para ello, debemos estudiar (…); que debíamos organizarnos para luchar por nuestras tierras (…); que esa era la única forma de sacudir el paternalismo, el pobrismo, el pordioserismo, que nosotros teníamos la misión de llevar adelante el sueño de tantas comunidades o tribus indígenas de este país, que la única garantía es la organización y el permanente estudio de las políticas a seguir, pero con el protagonismo indígena; que debíamos capacitarnos para el destino de nuestras comunidades (…). Señores, la cuestión indígena la ponen en marcha las organizaciones indígenas o no la encarrila nadie. Así hermanos, el indio salva al indio” (la negrita es nuestra) (Frites 2001: 13).

La organización comunitaria, la capacitación de la dirigencia, la lucha por los territorios y la identidad, sembraron el inicio de lo que posteriormente serían, diversas organizaciones indígenas de la década de 19709. “El indio salva al indio” no refiere solamente a colectivizar demandas y luchas, sino también a la capacitación como proceso de aprendizaje para garantizarlas a futuro. La “formación” y “educación” de los indígenas en instituciones, resultarían ser “la base” para viabilizar su participación al interior como exterior de las estructuras estatales. El desarrollismo de la época significó la consolidación de un discurso estatal que enfatizó los conceptos de aculturación e integración de las poblaciones indígenas a la sociedad nacional, a través de la articulación de ideas basadas en la justicia social y el trabajo (Lenton 2013). Quebrar lazos asistenciales y/o paternalistas perfiló el horizonte de una dirigencia indígena que buscó la definición de espacios de militancia específicamente etnopolítica, caracterizados por cierto nivel de autogestión.

Aunque dichos espacios aunaron en promover una mayor visibilidad étnica, la lucha por los territorios y la organización de un sector de la población indígena nacional, también dinamizaron la recopilación de tratados preexistentes -entre el Estado y los pueblos indígenas- a la hora de consolidar argumentos suficientes para exigir el reconocimiento de la personería jurídica. La mayoría de esos tratados nucleaban disputas territoriales en provincias tales como Tucumán, Córdoba, Salta, Jujuy, entre otras. La documentación contempló la Cédula Real de Amaicha del Valle y Quilmes del año 1716, la Encomienda del Virrey Sobremonte al Cacique Tulián Comenchingón de San Marcos Sierra de 1806, así como otras figuras institucionales que daban cuenta del vínculo y del reconocimiento histórico de territorios indígenas en tiempos coloniales y republicanos. En ese contexto, la labor de un grupo de juristas y referentes indígenas, participantes en su mayoría de organizaciones tales como el Centro Indígena de Buenos Aires (1968) o de la Comisión Coordinadora de Instituciones Indígenas de la República Argentina (1970), propusieron una mayor organización de los grupos familiares arribados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con el objetivo de ampliar las instancias de participación etnopolítica. En ello fue fundamental la realización del “Futa Traun” -Gran Parlamento Indígena- de abril de 1972 donde se delinearon los principales preceptos de lo que en 1985 sería la Ley 23.302 de Política Indígena, promulgada y publicada en el Boletín Oficial del 1º de noviembre de ese año. Cabe destacar que, por primera vez, después del 25 de mayo de 1810, el Estado Argentino reconoció la personería jurídica de las comunidades indígenas existentes en el país (Frites 2001). Esta aparente conquista, es un hecho fundamental para comprender el vínculo actual entre la población indígena, el Estado y las formas en que circulan y se organizan demandas y recursos. Puesto que, en términos legales,

“con la personería jurídica, se podrá plantear en forma directa o con abogados apoderados la posesión tradicional de los territorios (…), esas tierras tradicionales deben ser de dominio y propiedad comunitaria (…), y así debe ser inscripto en el Registro Inmobiliario de la jurisdicción que corresponda en los términos del art. 75, inc. 17 C.N. Este se debe aplicar, ante los desalojos de tierras tradicionales de pueblos indígenas por parte del Ejército Argentino o terceros con títulos de propiedad, pero sin posesión real, sobre los inmuebles que se reclama” (Frites 2001: 53).

Es así como, a partir de 1985, los pueblos indígenas disponen de un marco jurídico y de garantías nacionales y provinciales para formalizar la organización comunitaria a través de su carta o estatuto en el marco tradicional de las normas vigentes en su seno, y con las autoridades debidamente designadas. De esta manera, a partir de la presentación de la documentación pertinente en el INAI -organismo de inscripción- se extiende una resolución, con un número de registro comunitario.

Frente a lo anterior, y con motivo de ahondar sobre la potencialidad que tiene la agencia estatal en la construcción de sujetos, es que deseamos destacar la relevancia, a nuestro parecer, de dos de sus múltiples dimensiones. En primer lugar, la categorización de lo indígena, y en segundo lugar la forma en que esa definición es operativizada a través de las burocracias estatales y su administración. Específicamente retomaremos la estrategia administrativa que llevó adelante un conjunto de dirigentes indígenas del distrito de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, para crear la CPOAB oficina que hasta el día de hoy funciona en la Casa de Cultura Municipal, y que desde el año 2007 depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos del municipio homónimo.

“Fuimos a capacitarnos como técnicos”: aportes para el análisis de las burocracias indígenas en el contexto urbano

En Almirante Brown, distrito de la RMBA ubicado a 25 kilómetros con dirección sur de la CABA, convive una amplia diversidad de pueblos originarios. Entre ellos se destaca la presencia de familias de origen guaraní, toba (qom), moqoit, diaguita-calchaquí, mapuche y kolla. Este contexto caracterizado por alta heterogeneidad de identidades indígenas expresa una realidad que, muchas veces, es desconocida para la RMBA. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en dicha región el número de población indígena asciende a 186.640 (INDEC, 2015), y los pueblos con mayor densidad poblacional son: el guaraní (21,2%); toba (qom) (19,0%); mapuche (11,3%); quechua (10,5%); diaguita-calchaquí (7,6%), y kolla (3,6); mientras que los de menor presencia urbana son los pueblos aymara, pampa, wichí y comechingón (INDEC, 2015). Para el caso de Almirante Brown, la mayoría de las familias proviene de las zonas del Noroeste y Noreste del país, y en menor número de la Patagonia. El grueso de las familias indígenas migrantes arribó al tejido periurbano entre las décadas de 1960 y 1980 en busca de mejores condiciones de vida, acceso al trabajo y a la vivienda. A su llegada, y en el nuevo contexto de recepción, una de las principales dificultades fue la auto adscripción como indígenas. La negación consciente acerca del origen, y la represión de un conjunto de prácticas culturales imprimieron la reproducción de una “identidad clandestina”10 al interior del tejido de relaciones primarias (Bartolomé 2003). Una segunda dificultad, fue visibilizarse en un escenario donde su reconocimiento implica reproducir una imagen tradicional acerca de lo indígena. Ambas situaciones definen el marco en que se insertan las poblaciones indígenas en los contextos urbanos, y que hemos denominado doble negación (Engelman 2016b). Es decir que, los procesos de organización étnica son cuestionados desde el exterior, a partir de un conjunto de “censores de indianidad” (Tamagno 1991) que legitiman y deslegitiman tanto a las autoridades indígenas urbanas, así como a sus familiares y por extensión a los grupos comunitarios. Respecto a esto último, cabe mencionar que en Almirante Brown toma relevancia un proceso de organización etnopolítica desde el año 1991 en adelante, por consecuencia de un conflicto territorial11 protagonizado por una de las primeras comunidades indígenas en ser reconocidas distritalmente por el INAI. A través de ello, se inicia un recorrido caracterizado por una mayor institucionalización de la organización de las familias indígenas, que comienzan a tramitar sus personerías jurídicas y a formar espacios de reunión y cohesión etnopolítica con el objetivo de garantizar la consulta y participación en el gobierno municipal (Engelman 2017).

Antes de comenzar a analizar el impacto que la burocracia y la administración estatal ejerce sobre la formación de las nuevas dirigencias étnicas en el contexto urbano, es necesario destacar que las siguientes reflexiones son producto del contenido de los expedientes 15358-06; 15488-07 y 15639-07, pertenecientes al Honorable Concejo Deliberante de Almirante Brown. Aunque el uso de este tipo de documentos expresa una parte de la dinámica que define a la etnicidad actual, su contenido no se reduce a la multiplicidad de acciones que, en definitiva comprende. Analizar este tipo de fuentes es parte de una estrategia metodológica que da cuenta de cómo el Estado y sus estructuras, al tiempo que codifica un lenguaje, dinamiza relaciones y sentidos que la población indígena replica a la hora de operativizar diversas demandas como los requisitos formales y legales. Coincidimos con que la etnicidad supone una trayectoria y un origen y que su actualización histórica no anula el sentimiento de referencia al origen, sino que lo refuerza (Pacheco de Oliveira 2010: 26).

El listado de expedientes mencionado líneas atrás reúne el material probatorio que la dirigencia indígena del distrito de Almirante Brown presentó, ante los concejales locales, a la hora de legitimarse y legitimar la creación de lo que en el año 2007 sería la CPOAB. Por otra parte, la documentación fue elevada por la Mesa de Entradas del municipio en tres oportunidades. El primer expediente, fue presentado el 29 de noviembre del año 2006; el segundo, el 9 de mayo y, finalmente, el tercero, el 5 de septiembre, ambos del año 2007. Este proceder administrativo, como veremos a continuación, refleja un trabajo de etnopolítica local que la dirigencia indígena del distrito llevó adelante durante varios años. Así lo enseña el siguiente testimonio:

“Nos encontramos con una ordenanza en el distrito [Nº 8647], que habíamos armado el proyecto nosotros, porque los concejales carecían del conocimiento del derecho indígena en la Argentina. Herrero Pons, que en aquel momento tenía una trayectoria jurídica, que había sido funcionario en el distrito, llegó en un momento en el que dijo “Susana” entra, danos la información porque los concejales tenemos la voluntad de votar pero no tenemos el conocimiento de cómo cerrar esto. Y se había estudiado todo el convenio 169, acá todos los hermanos estuvieron presentes y tuvimos que hacer una mesa de trabajo paralela previa a la sesión para dar la información. Por eso, este es un ejemplo de que hay veces donde no sólo basta la voluntad política ¿no cierto?, sino como vos decías, en llegar hasta el final, en poner en la mesa toda la información, todo el conocimiento, y que en ese conocimiento no solamente tiene que ver el trabajo técnico, ni la trayectoria, ni la lucha histórica, sino también con empezar a entender y no ver como tan extraño la cultura que llevamos adelante” [Susana, Referenta de la comunidad kolla “Guaguajni Jallpa” de la localidad de Glew, 21 de junio 2018].

El trabajo de etnopolítica de los dirigentes indígenas locales además de estar vinculado entre sí, implicó la relación con funcionarios y concejales del distrito. Las labores barriales, la organización en centros vecinales o, mismo, la militancia partidaria en torno a transitar por las viviendas y conversar con los vecinos, constituyó la base para disputarse el rol de autoridad tanto al interior como al exterior del espacio etnopolítico. La elaboración de un “proyecto de ordenanza” no surgió espontáneamente, sino que alude a procesos anteriores de discusión, organización y decisión. Entre los motivos que refieren acerca de la necesidad de crear una oficina, o un espacio específico en el municipio, se destaca en primer lugar, el de decidir al interior del Estado municipal. No se busca generar espacios autónomos, sino que la gestión de diversos tipos de programas y políticas estatales debe hacerse “desde adentro” y por los propios pueblos. En segundo lugar, la CPOAB implica el manejo de una cifra de recursos económicos -mínima- para la realización de talleres, eventos, etc. así como el sueldo para quien lleve adelante la función de coordinador. Y, por último, pertenecer y participar en tal espacio legitima una práctica etnopolítica localmente, hecho que si es efectiva puede replicarse a nivel provincial e incluso nacional.

Ahora bien, y retomando los objetivos del presente trabajo, resulta relevante apuntar que el mencionado proyecto de ordenanza fue estratégicamente “encuadrado dentro del marco del derecho, la constitución nacional, y las leyes nacionales e internacionales” (expediente 15358 2006: folio 4). La importancia de la norma, así como su legitimidad nacional e internacional implicó que además de adjuntar la Ley 23.302, el Artículo 75 inciso 17, el Convenio 169 y su ratificación por Ley 24.071; sean incorporados datos demográficos relevados por el INDEC. Esto último, constituyó un núcleo de “material probatorio” - recabado por un organismo estatal- el cual justificaba que “en el distrito existen comunidades organizadas de distintos pueblos étnicos, y una importante porción de la población que reconocieron su identidad étnico cultural” (expediente 15358 2006: folio 4). A ese dato estadístico se le anexó la copia de una planilla -de elaboración propia- en la que 340 vecinos indígenas firmaron el siguiente petitorio:

“Los abajo firmantes solicitan al honorable concejo deliberante y a sus diferentes bloques, de la municipalidad de Almirante Brown, la creación del “Instituto municipalidad de gestión de los pueblos originarios”. Basamos este pedido en el marco del derecho de la constitución nacional Art. 75 inciso 17, en la ley 23302, y en el convenio 169 de la O.I.T. ratificado por la Argentina con la ley 24071. Apelamos más que al derecho que nos asiste, a la hermandad y a la justicia que debe primar entre argentinos, para realizar esta reparación histórica” (Expediente 15358 2006: folio 29).

Entre los objetivos que destaca el documento, se enlista el de crear un espacio físico -una oficina-, el de contar con recursos para el área municipal, y el de inscribir el funcionamiento de la misma a partir de una modalidad autárquica y descentralizada del gobierno local. El expediente 15358-06 está compuesto por 42 folios, y la mayoría de los documentos adjuntados son fuentes primarias elaboradas por la dirigencia indígena local.

El proyecto de ordenanza y las leyes están acompañadas por notas modelos dirigidas a los funcionarios y concejales -que acompañan la propuesta-; múltiples planillas de aval firmadas por miembros indígenas del distrito; un reglamento de ética y moral de trabajo de los pueblos originarios; notas de difusión periodística; y por último, una copia del Decreto 1252/CD/200312 del Concejo Deliberante de Esteban Echeverría por el cual la “Dirección de Gestión de los Pueblos Originarios”, de ese municipio, es declarada de interés municipal y público. Es decir que, en términos administrativos, la estrategia del año 2006 fue recopilar las leyes; presentar la propuesta de creación del área y justificar la presencia de población indígena de Almirante Brown, así como incluir una experiencia previa, y ya reconocida, de una dirección indígena ubicada en un distrito vecino.

La documentación que compone tanto al segundo -15488-07-, como al tercer expediente -15639-07- contrasta respecto a lo recién analizado. Durante el año 2007, y unos meses previos a la creación de la CPOAB, las y los dirigentes presentaron una mayor cantidad de documentos que podemos categorizar como de “origen estatal”. Es decir que, una vez presentado el marco jurídico y específico de derechos indígenas, la estructura municipal requirió tanto de las normativas como de los reglamentos internos que regularían las funciones del área solicitada. En el expediente 15488-07 (presentado en el mes de mayo), compuesto por 15 folios, se detallan tres documentos: a) el acta de creación del “Consejo Indígena de Almirante Brown”13 por Asamblea General; b) los fundamentos para la creación del área indígena municipal, y c) los objetivos generales y específicos, la estructura, las actividades y proyectos en torno a la educación intercultural, las tierras, la cultura e identidad indígena en calidad de propuestas para ser llevadas adelante en conjunto con el distrito. A simple vista, la carpeta que contienen la documentación enseña un alto grado de intervención estatal tanto en el funcionamiento del área, como con relación al conjunto de requisitos solicitados para su creación. Otro hecho para destacar es que los escritos reflejan claramente el impacto que el lenguaje estatal posee sobre las instancias de participación indígena. Esto último resulta aún más evidente, si consideramos que el expediente 15639-07 (presentado en el mes de septiembre) incluye copia de la inscripción en la Dirección Provincial de Personerías Jurídicas de la “MESA de Organización de Comunidades de Pueblos Originarios”14 de Almirante Brown, y su resolución 6322-06 e inscripción Nº 10526. Dicha Asociación Civil -sin fines de lucro-, al igual que el CIAB, implicó un trabajo de años donde las y los dirigentes elaboraron y presentaron un conjunto de documentos pertinentes15 con el objetivo de garantizar el reconocimiento del organismo provincial y del INAI. Este ejercicio, caracterizado por la realización de múltiples trámites, la elaboración de estatutos y reseñas históricas (de las familias migrantes), si bien fue parte de las tareas para obtener los reconocimientos estatales, también impactó en la formación y socialización de las dirigencias indígenas locales. Al menos tres hasta el año 2007, de las siete comunidades que se encuentran en el distrito, fueron reconocidas por el INAI. Es decir que, el expediente 15639-07 incluye la personería jurídica de la comunidad Tupí-Guaraní “Cacique Hipólito Yumbay” Nº 1083 del año 1999; la de la comunidad Toba “Migtagan” Nº 0212 del año 2000, y la de la comunidad Kolla “Guaguajni Jallpa” Nº 0691 del año 2008. A dichas resoluciones, se adjuntan, en primer lugar el reglamento del área indígena distrital, y en segundo lugar el Decreto 3631/07 que crea el “Consejo de Pueblos Originarios de la Provincia de Buenos Aires” por Resolución 158/06 y bajo la Ley Provincial 11.33116.

Es este tipo de documentación, es decir de asociaciones civiles indígenas, comunidades y consejos provinciales indígenas con sus respectivos estatutos, reglamentos y resoluciones, el que permite sostener que una parte del campo de acción etnopolítica enseña un alto nivel de institucionalización, por un lado, y que impacta en los procesos de socialización de las y los nuevos dirigentes por el otro. No obstante, el carácter burocrático y administrativo que el Estado impone es fuertemente repudiado como lo enseña el siguiente testimonio:

“Nuestra comunidad ¿una personería jurídica? No es algo que a nosotros nos guste o estemos de acuerdo. Obligadamente tenemos una personería jurídica en cada comunidad, nosotros no necesitamos una personería jurídica que nos reconozca como comunidad, sabemos cómo estamos organizados, nuestra manera de organizarnos es anterior al Estado. Fuimos gobierno, nos organizamos, distribuimos la tierra, vivimos en familias y en comunidad mucho antes de la fundación de este Estado. Como nosotros decimos, somos naciones preexistentes al Estado, naciones que lamentablemente no somos respetadas. Nosotros tuvimos siempre la voluntad política y social de tratar de hacer esa convivencia con el Estado actual porque no podemos negar que hoy compartimos la misma sociedad” [Susana, Referenta de la comunidad kolla “Guaguajni Jallpa” de la localidad de Glew, 21 de junio 2018].

En este sentido, el uso de este tipo de estrategias entendemos que legitima tanto una presencia, como una dinámica de organización fuertemente marcada por altos niveles de gestión administrativa y burocrática. La relación bajo la cual el Estado-Nacional reconoce a las poblaciones originarias del país en general, y de los contextos urbanos en particular, es ejecutada a través de una dinámica donde las autoridades étnicas terminan por replicar estructuras y formas de organización externas con el objetivo de generar instancias de participación y consulta. No obstante, si bien las “nuevas burocracias indígenas” replican las estructuras del Estado, para luego ser etnizadas (Burguete Cal y Mayor 2011), destacamos que su acción no se limita solamente a ello, ya que discurre en un campo de múltiples actores y contextos. Este campo a su vez es transitado por los y las dirigentes indígenas desde un alto grado de conciencia que discurre en un entramado de negociaciones constantes, compuesto por sus familiares, vecinos, referentes políticos barriales, funcionarios, concejales locales, así como autoridades del municipio, gremios y/o sindicatos.

De modo que el uso de la norma como estrategia etnopolítica no resulta extraña, sino más bien complementaria. Es decir que, si el contexto está caracterizado por una multiplicidad de actores -que pugnan por su reconocimiento y su participación al interior de la política local-; la estrategia de negociación de los y las dirigentes indígenas permite delinear una frontera étnico/jurídica respecto de los vecinos y sus necesidades socioeconómicas. Se trata de señalar que la ley y su reconocimiento como población indígena, muchas veces, permite reposicionar una demanda de un sector invisibilizado y negado en un contexto compuesto también por otros grupos vulnerables. Por ejemplo, en el caso analizado, la estrategia estuvo definida a partir de los siguientes términos: el primero de ellos fue de tipo jurídico ya que en el expediente se recopiló la vigencia de leyes nacionales y tratados internacionales, con el objetivo de poder legitimar a la población indígena como sujeto de derecho local frente a sus vecinos. El segundo, fue de tipo demográfico, por cuanto buscó visibilizar y justificar tanto una presencia como una organización en el contexto urbano. Y, en tercer lugar, uno de tipo etnopolítico, dado que las y los dirigentes indígenas definieron las obligaciones que el Estado municipal debía poseer respecto de las condiciones de participación y consulta de la CPOAB.

Reflexiones Finales

Hasta aquí hemos recorrido diversas posturas acerca del carácter efectivo que la participación estatal de las nuevas capas de dirigentes indígenas posee en torno a transformar las condiciones de vida, y de llevar adelante avances específicos y concretos sobre reclamos etnopolíticos y territoriales. Aunque en Argentina los ejemplos de participación son escasos, algunos municipios de la RMBA a partir del año 2007 han comenzado a abrir en sus organigramas, secretarías, coordinaciones y/o consejos consultivos específicamente indígenas. Uno de estos casos, ha sido abordado en el presente trabajo con el objetivo de analizar el impacto que la estructura estatal posee tanto en la formación de las nuevas capas de dirigentes indígenas urbanos, como en la consolidación de un conjunto de estrategias de negociación donde la estructura del Estado resulta cardinal para fomentar la participación y consulta. En el caso de la CPOAB la etnización de la política local implicó llevar adelante un conjunto de reconocimientos institucionales, por un lado, y de reunir diferentes documentos probatorios para favorecer la visibilidad de las familias indígenas y así fundamentar, por el otro, la presencia indígena urbana. Este devenir burocrático, y que hemos expuesto durante el análisis de los expedientes, entendemos que refiere a una práctica etnopolítica cuyo ejercicio de gestión administrativa es insoslayable. Pero dicho ejercicio no tiene un carácter novedoso, por cuanto se remonta a experiencias de organización del movimiento indígena de décadas pasadas. La búsqueda de jurisprudencia en torno a los territorios indígenas, durante 1960 y 1970, fue una experiencia fundamental para comprender las modalidades de negociación de la dirigencia indígena en general, así como de la RMBA en particular. Es decir que el Estado, mediante documentación probatoria, habilita el ingreso de demandas -expedientes- en los circuitos de su propio engranaje administrativo. Esa modalidad de categorización, que repliega lo cultural por lo burocrático nos permite repreguntarnos si la participación de la población indígena en el Estado debe ser evaluada en términos “efectivos” o “no-efectivos”. Valorar la acción etnopolítica en grados de eficacia ¿no sería en todo caso trasladar el “normal” funcionamiento estatal, o mismo ese triunfalismo democrático en modalidades de organización que si bien se entroncan con la dinámica del Estado tienen por objetivo dinamizar diálogos horizontales y colectivos?

Por otro lado, enjuiciar el accionar desde las ciencias sociales de dirigentes indígenas que han formado o forman parte de las estructuras del Estado, no hace más que reforzar cierta esencialidad de la cuestión étnica, al menos en términos políticos. Pretender que la organización etnopolítica contemporánea, así como de los espacios de formación y socialización de las demandas, es el reflejo presente de un pasado nutrido de tradicionalismos, es reproducir un equívoco epistemológico de la antropología social (Ramos 2011). Es así como, y respondiendo en parte al interrogante del presente trabajo, nos encontramos frente a la construcción de novedosas modalidades en que se expresa la etnicidad, cuya particularidad es no estar centrada solamente en el manejo de recursos económicos o instrumentales, sino sobre todo en la reapropiación de las dimensiones subjetivas e identitarias de la cultura. De este modo, es que perviven y se reconfiguran aquellos principios étnicos en cuanto a la forma de percibir y concebir el poder como un servicio, la política como una obligación y las diferencias como un componente positivo y deseable para la unidad (Vallardes de la Cruz y Escobar Ohmstende 2014). No se trata de recuperar aquello que diferencia a las poblaciones indígenas, que caracteriza su acción etnopolítica o su devenir cultural a lo largo de la historia, sino que más bien se trata de reparar e iluminar sobre lo que las “nuevas burocracias indígenas” comparten y aportan a los escenarios estatales y no estatales mediante su participación y reconocimiento.

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1Cabe resaltar que de los doce años en que existe el puesto de coordinador, solo cuatro de ellos fueron ocupados por un funcionario indígena local.

2De acuerdo al organigrama municipal las funciones del área son “desarrollar programas nacionales, provinciales y municipales tendientes a la inclusión, revalorización y asistencia a los pueblos originarios del Distrito”.

3De acuerdo con el Ministerio de Hacienda de la Nación, y bajo el supuesto de cumplir con las metas fiscales, el Gasto Público Nacional con relación al porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) recaudado debería bajar del 42,2% del año 2015, al 36,1% en el año 2020.

4Luisina Perelmiter expone que, a partir del año 2003, una vez electo Néstor Kirchner, el Ministerio de Desarrollo Social expandió el conjunto de sus intervenciones destinadas a proteger a los grupos más vulnerables como respuesta estatal. Esa modalidad con el correr de los años, y profundizada por Cristina Fernández de Kirchner hasta 2015, se masificó e institucionalizó como una dinámica más de funcionamiento del aparato estatal (2017).

5Todos los años el gobierno de la provincia de Buenos Aires publica en base a un conjunto de criterios el Coeficiente Único de Distribución (CUD), el cual determina la cantidad de recursos económicos destinados a los municipios bonaerenses en el marco de la coparticipación federal reglamentada por Ley 10.559. Si tomamos como caso específico el CUD del municipio de Almirante Brown veremos que en 2015 recibió 2,15%, en 2016, 2,14%; en 2017, 2,15% y en 2018, 2,07%. La Ley 10.559 establece que el 16,14% del total de ingresos provinciales será destinada a la coparticipación.

6La reforma de la Constitución Nacional del año 1994 a través del artículo 75º inciso 17º, dispone reconocer, entre otros aspectos, la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, así como garantizar el respeto a su identidad; reconocer la personería jurídica y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan.

7En el año 1989 junto con la creación del INAI inicia su funcionamiento el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RE.NA.C.I). Dicha dirección tiene por objetivo promover la inscripción de las comunidades indígenas, y asistirlas para que realicen el trámite pertinente a la hora de obtener su personería jurídica a nivel nacional. Por otro lado, en el año 2014 y en el marco de un convenio entre el INAI y el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI) de la provincia de Buenos Aires es que se dispone a éste último como autoridad de aplicación del reciente Registro Provincial de Comunidades Indígenas (RE.PRO.C.I).

8Jerónimo Maniqueo, cacique Mapuche del Alto Río Mayo de la provincia de Chubut, fue Director General de Protección al Aborigen en la década de 1950. Esta dependencia institucional, que sustituyó a la vieja Comisión Honoraria de Reducciones de Indios, formó parte de las políticas indigenistas oficiales de los gobiernos de Juan Domingo Perón (Gordillo y Hirsch 2010).

9Para profundizar las condiciones en que se desarrollaron las experiencias primarias de organización indígena nacional se pueden consultar los trabajos de Andrés Serbín (1981), Osvaldo Cloux (1991) y Miguel Bartolomé (2003), entre otros.

10Miguel Bartolomé entiende por “identidad clandestina” a la estrategia que las poblaciones indígenas llevaron adelante para rebatir el alto nivel de estigmatización étnica en el marco de una sociedad envolvente que se presume blanca y donde las mentalidades racistas aun perviven (2003: 180).

11La comunidad tupí-guaraní “Cacique Hipólito Yumbay” a partir de la recepción de un escrito judicial en el año 1991, se le notificó el desalojo de los terrenos donde se habían asentado desde su llegada a la localidad de Glew en la década de 1980.

12En el año 2003 la “Comunidad Monte Grande Pueblos Originarios” elevó por Mesa de Entradas una solicitud similar a la aquí analizada, con el propósito de solicitarles a los concejales del distrito de Esteban Echeverría, la creación de la Dirección de Gestión de los Pueblos Originarios para que dicho organismo procure recursos de orden nacional e internacional, destinados a financiar planes y proyectos de desarrollo sustentable.

13El Consejo Indígena de Almirante Brown es una instancia de decisión etnopolítica local. Inicia formalmente su trabajo en el año 2007, y en la actualidad está formada por las siguientes comunidades y asociaciones: comunidad indígena del pueblo kolla “Guaguajni Jallpa”; comunidad indígena del pueblo toba “Migtagan”; las comunidades indígenas de los pueblos toba/moqoit “Nogoyin Ni Nala” y “Cacique Catan”; comunidad indígena avá guaraní “Cuimbae Toro”, la tupí-guaraní “Cacique Hipólito Yumbay”, y la Asociación Civil kolla “Fuerza y Dignidad”.

14La “MESA de Organización de Comunidades de Pueblos Originarios” de Almirante Brown surge como espacio formal y reconocido por el Registro de Asociaciones de la provincia de Buenos Aires. Esta instancia administrativa es creada en el año 2007, al igual que el Consejo Indígena, para habilitar otros recorridos administrativos que éste último no puede llevar a cabo dada su informalidad ante los diversos organismos estatales.

15Entre la documentación elaborada podemos mencionar el Acta de Constitución de la Asociación; el Estatuto, el Certificado del Juez de Paz, la Certificación del Estatuto Social y su Instructivo.

16La relevancia de haber adjuntado el decreto de la provincia no estuvo solamente definida por su carácter formal, sino porque implicó una fuerte disputa durante los últimos meses del año 2006. Diversos dirigentes tanto de Almirante Brown, como de otros distritos de la RMBA y del interior del país, se reunieron en múltiples ocasiones en la ciudad de La Plata. Tras un esfuerzo colectivo, y de permanencia en el ámbito público, es que finalmente se logra la firma del gobernador.

Recibido: 16 de Enero de 2019; Aprobado: 24 de Junio de 2019

jmengelman@hotmail.com

Juan Manuel Engelman Garreta es Doctor en Antropología Social por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (FFyL-UBA), y becario posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con sede de trabajo en la Sección Antropología Social del Instituto de Ciencias Antropológicas (ICA) de la mencionada casa de estudios.

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