“El espíritu de contrabando que reina por estas partes”. Comerciantes portugueses, misioneros y comercio ilícito en el piedemonte andino-amazónico, 1730-1790

“O espírito de contrabando que reina por estas partes”. Comerciantes portugueses, missionários e comércio ilícito no espaço andino-amazônico, 1730-1790

Resumen:

Este artículo busca analizar las formas de interacción que los miembros de las ordenes misionales, especialmente franciscanos y jesuitas de Quito y Popayán, tuvieron con los comerciantes clandestinos venidos desde los dominios portugueses de América del Sur en el piedemonte andino-amazónico durante los años 1730 y 1790. De acuerdo a la desprotección militar de esta área de frontera, los misioneros tuvieron que buscar posibilidades para subsistir aunque sus actuaciones fueran claramente en contra de las políticas reformistas para la erradicación del contrabando. Según casos específicos se muestran cuáles fueron los desarrollos y las consecuencias del comercio ilícito y cómo la participación de los comerciantes portugueses en estas dinámicas ilegales nunca fue posible de erradicar debido a la complicidad de los misioneros.

Palabras clave:
misioneros; comerciantes portugueses; piedemonte andino-amazónico

Resumo:

Este artigo busca analisar as formas de interação que os membros das ordem missionárias, sobretudo franciscanos e jesuítas de Quito e Popayán, tiveram com os comerciantes clandestinos oriundos dos domínios portugueses da América do Sul na região andino-amazônica entre 1730 e 1790. Dada a vulnerabilidade militar desta área fronteiriça, os missionários tiveram que buscar meios de subsistência que descumpriam abertamente as políticas reformistas para a erradicação do contrabando. Através da análise de casos específicos, apresenta-se como o comércio ilícito era praticado, quais as suas consequências e como a participação dos comerciantes portugueses nestas atividades ilegais manteve-se graças à cumplicidade dos missionários.

Palavras-chave:
missionários; comerciantes portugueses; espaço andino-amazônico

¿Por dónde pues se comunican los religiosos con los portugueses? Yo señor no lo sé, sino es que digamos que es por el aire. No me he hecho cargo porque no es medio de la enorme distancia de más de 700 leguas sembradas de varias naciones de indios, bárbaros, sangrientos y belicosos, en donde cada paso había de ser un peligro. (Fray Fermín Ibañez, Informe presentado a la Real Audiencia de Santa Fe, 1791)

Introducción

En À margem da história, el mítico periodista brasilero Euclides da Cunha plasmó sus impresiones sobre la Amazonia, región a la que adjudicó el epíteto ya trillado de “Tierra sin historia”. Entre sus observaciones sobre la relación del hombre - ese “intruso impertinente”- y la selva, el carioca agregó un curioso pasaje en el que sintetizó las desavenencias que en el temprano siglo XIX subsistían a causa de los lusobrasileros presentes en el territorio amazónico de la entonces embrionaria república del Perú. Acudiendo a diferentes fuentes de época Cunha rescató lo siguiente: “los brasileros más próximos al Perú, que tienen la bárbara costumbre de armar expediciones militares con objeto de hacer correrías sobre los indios Maynas, atropellando muchas veces las autoridades”, y “hacen lo que quieren metiéndose por los ríos, extrayendo zarza, manteca, salado y otras especies.” (Cunha, 1967 {1909}, p. 88). Este pasaje no era más que una referencia para ilustrar un temprano conflicto internacional que venía incubándose desde tiempos virreinales: invasiones territoriales encabezadas por vasallos de los monarcas ibéricos en el septentrión occidental de la Amazonia, cuyos distintos propósitos estaban mediados en parte por el afán de ejercer el contrabando.

¿Cuáles fueron los impactos del contrabando en la cuenca amazónica, especialmente en aquellas áreas adyacentes al piedemonte andino? ¿Es posible que el comercio clandestino haya logrado vincular en términos mercantiles las tierras selváticas con los mundos andino y atlántico a lo largo del siglo XVIII? A pesar de sus limitaciones, por tratarse de un fenómeno económico y social en una región de frontera, ¿puede considerarse importante aunque no vital para las instituciones y sociedades asentadas en las tierras bajas? ¿Qué ideas para su erradicación suscitó este comercio fraudulento en el contexto fronterizo de la Amazonia hispano-lusa en tiempos del reformismo borbónico y pombalino? Con este artículo pretendo responder a tales interrogantes mediante el uso de fuentes primarias vinculadas al problema y que, además, permitan observar algunas de sus características distintivas durante el siglo XVIII.

Comercio clandestino y contrabandistas de la selva

Pocas fundaciones civiles y misionales, pocas encomiendas y pocos destacamentos y fortificaciones militares fueron el caldo de cultivo para el desarrollo del comercio y del contrabando en las jurisdicciones amazónicas hispano-lusitanas. Los dominios portugueses contaron con un respaldo militar mucho mayor en comparación a sus homólogos hispánicos, cuyas preocupaciones defensivas solo se activaron a raíz de los amagues de sus enemigos ibéricos (Viana, 2015, p. 103-105). Desde Quito, atendiendo las disposiciones metropolitanas, la administración de la Real Audiencia parecía mucho más adherida a un modelo de ocupación basado en las posibilidades de operación de la Compañía de Jesús, aunque no por ello menospreció radicalmente la fundación de ciudades ni el establecimiento de encomiendas en jurisdicciones orientales como Quixos, Macas y Maynas, asuntos que a su vez servían para la ocupación más o menos efectiva del espacio y el control de la navegación por los ríos (Porras P., 1987, p. 74-80). Asimismo ocurría con la ciudad de Popayán, cuyos flancos orientales se escurrían hasta la Amazonia, detentando las cuencas altas de los ríos Putumayo y Caquetá junto a sus ríos tributarios; mientras que desde Belém, bajo los influjos políticos de Lisboa, se concibió un modelo expansionista, en cierta medida espontáneo, pero mucho más ceñido a estrategias militares que posibilitaron la construcción de fortificaciones y la ubicación de destacamentos armados.

Estas decisiones garantizarían todo un proceso de expropiación territorial y de comercio clandestino resentido con mayor agudeza en las jurisdicciones hispánicas a lo largo de todo el siglo XVIII (Rezende, 2006, p. 131-172). En este tipo de procesos fueron diversas las circunstancias y los protagonistas que atestiguaron el surgimiento del contrabando a la luz del exiguo comercio legal y de los intercambios que brotaban en los múltiples, aunque endebles, circuitos económicos que conectaban las tierras bajas de la selva con las áreas cordilleranas, circuitos que no se debían únicamente a la presencia europea. Siglos antes del contacto europeo con la Amazonia, los intercambios de bienes de consumo, articulados con base en el piedemonte, fueron indispensables para la subsistencia de las sociedades originarias, pioneras en el trazado de rutas vinculantes entre los diferentes espacios (Uribe, 1986, p. 34-41). Tanto Quito y Popayán, así como Belém, ciudades portadoras de cualidades económicas y de realidades geográficas y sociales distintas, terminaban enfrentándose en lo más remoto de sus puntos cardinales de Oriente y Occidente a raíz de operaciones de compra-venta e intercambios que defraudaban los derechos monopólicos reservados a sus metrópolis. (Bastos y Lopes, 2015, p. 86). No obstante, para un habitante de la gobernación de Maynas o de la capitanía de Rio Negro, las posibilidades de alcanzar el agua salada no eran tan viables de acuerdo a las dificultades de la navegación, según lo afirmaba el padre jesuita Pablo Maroni, “peligrosa por las tempestades que se arman con frecuencia en el Marañón”.²

Por tratarse de economías bastante aisladas de sus núcleos comerciales principales con exiguas posibilidades de poner bienes en circulación, en la alta Amazonia el contrabando también significó una especie de azote para los criterios monopólicos que durante el siglo XVIII acariciaron los monarcas europeos en sus dominios de ultramar bajo cánones reformistas. El comercio clandestino desarrollado en los dominios españoles y portugueses en sus jurisdicciones tocantes a la región amazónica noroccidental, especialmente en la región comprendida entre las cuencas de los ríos Ucayali y Caquetá, se desplegó a la luz de un problemá por los límites de los territorios detentados por ambos imperios: límites que lejos de separar dos modelos imperiales más bien se acercaron gracias a las ventajas ofrecidas por los tráficos clandestinos. Las invasiones territoriales, amén de las expropiaciones, saqueos, embestidas militares y resgates furtivos de indios para la esclavización, fueron moneda corriente a lo largo del siglo, suponiendo circunstancias particulares para el desarrollo del comercio ilícito sobre las cuales se advertían dificultades que redundaban particularmente en los itinerarios civiles y misionales (Santos, 1992, p. 162-169). Las fricciones, a pesar de esporádicas, no dejaban de causar revuelo: desde la primera década del siglo, alrededor de 1707 (Herzog, 2015, p. 82-83), ya se tenía noticia de que algunos residentes de Grão Pará remontaban el río contracorriente alcanzando la red misional del gobierno de Maynas, una amplia jurisdicción quiteña que se extendía al oriente del río Yavarí. Francisco Xavier de Cantos y Navarrete, un vecino de la ciudad de San Francisco de Borja, lo había atestiguado en más de una ocasión:

{…} en el pueblo de Omaguas a un capitán del Pará, en el pueblo de {Santiago de} la Laguna a un sargento mayor quien le dijo que había subido con intento de introducir comercio con los castellanos, más supo que el padre Juan Bautista Julián que a la sazón fue superior se opuso con palabras y razones al intento de d{ic}ho sargento mayor y asi se volvió.³

Desde las perspectivas civiles y eclesiásticas -especialmente para los jesuitas- el contrabando representaba, una consecuencia de los funestos alcances portugueses sobre los territorios españoles en detrimento de la soberanía que pretendía resguardarse para el virreinato del Perú. Tres décadas más tarde, Andrés de Zárate, padre ignaciano que hizo carrera misional en Maynas, explicó hacia 1737 que la complicación territorial hispano-portuguesa en la Amazonia, donde “las muchas tierras que usurpan subiéndose más de mil y cuatrocientas leguas por este marayñon arriba, y la ofensión que causan a nuestro rey, pretendiendo tocarles todas estas tierras”,⁴ no solo revelaba las ignominias padecidas por los jesuitas a manos de soldados luso-brasileros y carmelitas descalzos, sino también porque poseía una estrecha relación con los tráficos ilegales de mercancías (Cotrina, 2000, p. 50). De hecho, un par de años después, el mismo Zárate insistió:

{…} por la carta que yo había escrito al gobernador del Pará pidiéndole que me restituyese los treinta y ocho pueblos que tenía usurpados a las misiones castellanas y que desembarazase todo el terreno perteneciente a la Corona de Castilla para que yo pudiese enviar misioneros que doctrinasen en la Fe a los habitadores y aunque satisfice a mi general debo decir que estos son sacrificios con que los portugueses intentan alzar la única defensa que su M{a}g{esta}d Católica que dios Gu{ard}e tiene en aquellas partes que son los padres misioneros porque no hay otra escolta ni guardia que impida los contrabandos, ni haga frente a las violencias y a las entradas.⁵

Zárate aseguraba que uno de los objetivos portugueses era “asentar algún camino o correspondencia para introducir ropa y mercaderías por este gran río de las Amazonas en el Perú”,⁶ algo que en efecto se llevó a cabo porque las precariedades militares a fin de contener las avanzadas portuguesas que después de remontar el Amazonas podían venir contracorriente por los “ríos colaterales del Marañón”, implicaban que los jesuitas sirvieran como custodios, no solo de las misiones y los indios que adoctrinaban, sino también de los derechos monárquicos para evitar las ilícitas transacciones de compra y venta cuyos alcances geográficos podían llegar hasta los Andes. Aunque cabe precisar que la lealtad a los monarcas, asunto que se mantuvo en entredicho con respecto a una institución como la Compañía de Jesús (Höpfl, 2004, p. 6-7), al menos en el sentido de velar por el menoscabo al contrabando, no estaba del todo clara entre los misioneros que oficiaron en la frontera amazónica. En ese sentido, ¿era el contrabando una prueba de los desencuentros entre la monarquía y los cleros secular y regular? ¿Qué había detrás del incumplimiento de las leyes y el contrabando practicado por los padres en las misiones amazónicas?

En 1728 se hablaba de un camino que comunicaba a las ciudades andinas de Popayán y Almaguer con Mocoa, fundación del piedemonte amazónico; una ruta utilizada para el tránsito y los aprovisionamientos de las misiones franciscanas y no exenta de incursiones portuguesas (ver Figura 1). Por ello, con el objetivo de impedir el contrabando portugués del cual se aprovechaban algunos misioneros, el gobernador de Popayán mencionó la necesidad del “descubrimiento de otro camino más breve, menos fragoso y costoso” para vincular Popayán con las misiones del piedemonte, a fin de inhabilitar el que llegaba hasta la ciudad de Pasto y suprimir las posibilidades “que con pretexto de introducir alimentos para los padres misioneros, herramientas y ropas de la tierra para proveer a los indios, comunicaren con los portugueses que se introducían por el río Marañón a vender géneros prohibidos”.⁷ Sin embargo, a principios de la década de 1730 en San Miguel de Sucumbíos, jurisdicción con atractivas características mineras, ubicada en el piedemonte y vinculada directamente con el espacio amazónico oriental (Jara, 1996, p. 71-100), tales propósitos no mostraban efectos radicales con respecto a librar la región de las operaciones ilícitas: de hecho los portugueses habían efectuado algunos contrabandos y, a decir de los jesuitas, poco les faltó para llegar a Pasto; muestra de la capacidad que tenían para franquear geografías accidentadas motivados por las ganancias que prometía la ilicitud.⁸

Entre la agenda de aspiraciones lusas relativas al contrabando con los españoles, y además del oro que podría extraerse de los ríos, también se encontraba la obtención de la plata andina. Si bien este asunto ya se había contemplado como medida administrativa en el reino de Portugal desde tiempos de la unión ibérica (Cardoso, 2012, p. 200-215), para el siglo XVIII el mineral transitaba por la vía cordillerana siguiendo una ruta alterna a la que comunicaba por el océano Pacífico con Panamá, y al sur, a través del Alto Perú, con Buenos Aires. La plata se conducía parcialmente cruzando la ciudad de Pasto en dirección al norte surcando buena parte del Nuevo Reino de Granada para alcanzar la ciudad-puerto de Cartagena de Indias. Incluso a principios de la década de 1730 el entonces gobernador de la capitanía de Maranhão, Alexandre de Souza Freire, propuso un Regimento consistente en varios puntos, entre los cuales, amén de orquestar un plan para traficar con canela y de esperar que los castellanos adquirieran productos portugueses a cambio del mineral, la conducción de este, ligada al sistema de galeones que transitaban por el océano Pacífico, podía vincularse desde la cordillera con la cuenca del río Amazonas para llegar hasta Belém; todo un cándido programa que, a decir del gobernador, debía desarrollarse con “cautela y disimulo”.⁹

Figura 1
El piedemonte andino-amazónico hacia 1760.

Algunos de los jesuitas aseveraban que los portugueses dedicados a los resgates e interesados en la plata peruana también diversificaban sus actividades con el contrabando, que llegó a facilitarse gracias al concurso de “viracochas”, es decir, mestizos generalmente quiteños u oriundos de las tierras bajas, que residían en las misiones y que fungían como clientes menores o simplemente colaboradores en relación a los tráficos portugueses.¹⁰ Efectivamente, y sin ocultar el recelo por las transacciones ilegales que se desarrollaban en la selva, el padre Zárate relató que “un mestizo nuestro”, entonces forajido, había encontrado refugio entre los portugueses, con quienes había navegado por el Amazonas remontando los ríos Napo y Aguarico hasta llegar a las misiones de a Sucumbíos. Una vez allí, los lusitanos habían hecho un negocio que ascendía a 4.000 pesos en ropas traídas desde Grão Pará. Pero lo que en realidad alarmaba al jesuita era que los extranjeros podían llegar fácilmente a Pasto, ciudad distante tan solo a ocho días de camino (Zárate, 1998, p. 433). 4.000 pesos en ropa transportados desde las capitanías portuguesas de la Amazonia no era, evidentemente, un logro menor para esos pequeños intercambios que se establecían gracias al esfuerzo de trasegar por un “malísimo camino, sin permitir tránsito a caballerías de carga”, amén de ríos parcialmente navegables.¹¹

Tanto la desembocadura, así como la región drenada por el Aguarico constituían un espacio promisorio para las transacciones clandestinas. Pablo Maroni, jesuita que conoció de cerca las problemáticas hispano-portuguesas, observó que los luso-brasileros de Grão Pará no ocultaban su fuerte interés en comerciar furtivamente con los asentamientos hispánicos adyacentes a las cuencas de los ríos Aguarico y Payamino. Y aunque ese no era su único interés, las “violencias y pretensiones de los portugueses”, estaban cifradas por dos propósitos: el primero, monopolizar la navegación del Amazonas y adueñarse del recorrido del Napo para asegurar su comunicación con las jurisdicciones de Ávila y Sucumbíos, “donde tienen noticia que hay minas abundantes de oro”; mientras que el segundo tenía un claro y ambicioso vínculo con el contrabando:

{…} entablar comercio no solo con los de la misión, más también con Borja, Jaen, Lamas, Moyobamba, Archidona, Quito y Lima. Según consta por cartas escritas a algunos vecinos de esos lugares. La causa impulsiva de esta pretensión es la suma pobreza y falta total de plata que tienen en el Pará y San Luis de Marañón cabeza de ese estado en donde se sirven de ovillos de algodón y granos de cacao para comprar lo necesario.¹²

Un caso fechado en 1736, cuyo principal protagonista fue un caleño llamado Jerónimo Barahona¹³ es un ejemplo sintomático de las circunstancias, pero también de los problemas que el contrabando, suponía para los dominios españoles en la región del piedemonte y su relación con los asentamientos de los Andes. Barahona, quien a decir del jesuita Nicolás Schindler, “era capaz de discurrir su malicia” contra las misiones de la Compañía de Jesús, había llegado hasta Sucumbíos acompañado de “sus camaradas portugueses” con quienes cometía vejámenes entre la comunidad. No obstante, la maldad de Barahona en contra de los jesuitas y sus neófitos no era la única preocupación. El caleño también poseía interesantes iniciativas relacionadas con el comercio clandestino: si bien en Sucumbíos había hecho negocios y luego decidió regresar a sus escondites del oriente, se decía además que junto a los portugueses tenía planes de armar un barco “de los más grandes” para regresar a las misiones franciscanas de Sucumbíos y era posible que incluso ya contara en la ciudad de Pasto con socios interesados en participar de los negocios amazónicos.¹⁴ Aquellos “desleales proyectos”, efectuados gracias a la confianza que suscitaba Barahona entre los comerciantes de Grão Pará, revelan que las redes fluviales de la región alto amazónica, imprescindibles para las dinámicas del comercio ilegal, eran circuitos de larga distancia que debido a su desprotección militar permitían que la vulnerabilidad de los supuestos monopolios españoles en sus propios dominios fuera un hecho persistente.

Hacia 1751, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, gobernador de Grão Pará y Maranhão confirmó que los jesuitas quiteños poseían un interés claramente unido al contrabando, asunto más que necesario para el parcial sustento económico de las misiones. Si bien el gobernador tenía claro que los jesuitas que oficiaban en las jurisdicciones portuguesas practicaban el contrabando, hecho por el cual los persiguió llegando a recibir insultos por parte de los religiosos (Mendonça, 2005, p. 297), su confirmación también se relacionaba con la supuesta confianza depositada en los ignacianos desde el gobierno civil y eclesiástico de Popayán, gracias a la mediación que desde Europa efectuaba Tomás Nieto Polo, un prestigioso jesuita payanés que había ocupado el cargo de procurador general para la Compañía de Jesús. En una carta fechada en 1752 el presbítero José Beltrán de Caicedo mencionaba algo que podía alimentar suspicacias sobre la fe mercantilista de los “Soldados de Dios”: a su decir, Nieto Polo le sugería con frecuencia al rey Fernando VI “que el único medio de cesar la introducción de ropa prohibida por el Marañón es que todas las misiones corran solo al cuidado de la Compañía”,¹⁵ y por los mismos años, fray Joseph Campino insistía en la necesidad de abandonar uno de los caminos que desde Pasto conducía a las tierras amazónicas, dado que “la malicia de los mercaderes” incitaba a los misioneros a participar de los matutes, por lo cual era preciso “librarse de la fea nota de que abastecen y dan avío los misioneros a los tratantes de ilícito comercio”.¹⁶

Por este tipo de razones no era de extrañar que en las dinámicas sociales originadas a raíz del comercio clandestino los religiosos misioneros también comulgaran activamente con las introducciones ilícitas. Así lo sugirió el jesuita José Chantré y Herrera, al apuntar que en la Amazonia la reputación de sus correligionarios estaba mancillada a causa de indudables lazos con el comercio ilegal. Fuera cierto o no, un caso en el que “padeció no poco el crédito de los misioneros del Marañón y el buen nombre de la Compañía”, indicaba que un padre residente en la ciudad de Archidona había sido señalado de auxiliar a un par de contrabandistas que navegaban por el río Napo. Los contrabandistas, seguramente portugueses, fueron ayudados por el padre que, según Chantré y Herrera, era inocente y su actuación se debió a que lo habían amenazado “echando mano a las armas” si no escondía en su casa unos fardos repletos de ropa, por lo cual había sido desterrado “a lo más retirado del Marañón” (Herrera, 1901, p. 411).

Naturalmente este tipo de acciones que vulneraban las pretensiones de control fiscal mantenidas por la Real Hacienda eran claramente negadas por los propios misioneros, tanto jesuitas como franciscanos, cuando alguna autoridad civil o religiosa se refería a sus extralimitados quehaceres apostólicos, que ya venían cuestionándose frente al Consejo de Indias desde poco tiempo atrás (García, 1999, p. 140). Si bien los padres se desempeñaban en una realidad diferente a la de sus colegas de las ciudades andinas, realidad donde la carencia de recursos materiales para el funcionamiento de los pueblos era crítica, es posible que su reputación de ejercer el comercio ilícito fuera un detalle contemplado recelosamente y transmitido a manera de reproche entre los regentes del fisco. En la ciudad de Popayán, por ejemplo, llegó a acusárseles de ser “receptáculos de ropas y géneros de ilícito comercio”,¹⁷ lo que permaneció por décadas como una preocupación asociada a los planes reformistas. Incluso cuando las regulaciones borbónicas de estímulo a la producción y comercio textil estaban en pleno vigor de acuerdo los edictos contemplados para el Comercio Libre (Rodríguez, 2010, p. 99-100), en una Real Orden de 1786 se mencionaban los prejuicios con que “muchas de las ordenes religiosas de estos dominios y los de América, vistiéndose de géneros extranjeros, perjudican notablemente a este ramo de industria sin advertir tal vez que privan a muchos pobres de su subsistencia y al reino de las crecidas sumas que se llevan otras naciones.”¹⁸

Las preocupaciones que encarnaba el contrabando no eran monopolio exclusivo de los oficiales borbónicos en sus afanes por contener los desórdenes y contribuir a la estabilidad o el crecimiento financiero del maltrecho imperio español (Santos, 2011, p. 157). A juicio del gobernador Mendonça Furtado, los jesuitas que laboraban en el alto Amazonas “fazerem o negócio entre si, em fraude de ambas as Coroas e sem que do grande contrabando que ali se há de fazer possa resultar bem algum ao público, porque todo o cabedal há de ficar dentro da Companhia” (Mendonça, 2005, p. 205). De hecho, casi seis años después el gobernador reveló en una carta dirigida al Ministro de Marina de Portugal parte de los pormenores sobre la prosperidad del comercio ilícito desarrollado de forma mancomunada por los jesuitas españoles y portugueses. Desde la ciudad de Belém hasta el margen más oriental de la jurisdicción misional hispánica, es decir, la cuenca del río Yavarí donde, como parte del expansionismo lusitano se había fundado una nueva misión por parte de la Compañía de Jesús, las actividades clandestinas de los padres arrojaban utilidades suficientemente pingües. A decir de Mendonça:

Esta aldeia do rio Javari não só é sumamente importante, mas de grandíssimas conseqüências, porque aquela é a porta por onde se faz o comércio clandestino que aqui há com os Castelhanos. Por aquele rio têm não só os Padres do Carmo, mas muitos particulares, tirando infinita prata e outro aos ditos Castelhanos, que me consta recebem os nossos gêneros com muito boa vontade por lhos largarmos, por menos de metade do preço por que lhe introduzem os seus nacionais. (Mendonça, 2005, p. 258)

El gobernador aseguraba que en el colegio jesuita de Belém existían sendas bodegas donde se almacenaban las drogas do sertão, mismas con las que se efectuaban jugosas transacciones en una feria comercial donde los padres portugueses vendían al por mayor y reservaban para sí solo una parte de los productos autóctonos extraídos de la selva. Por ello el gobernador calculaba que, en los treinta años que iban de 1726 a 1756, las utilidades obtenidas por los jesuitas pudieron ascender a 159:898,600 réis. Claramente, aquella cuantiosa suma confirmaba las sospechas oficiales sobre su naturaleza clandestina:

Importando o pequeño negocio uma tão consideravel quantia, quanto sommará o grosso commercio dos generos mais preciosos do Estado, que a estes padres são privativos? como ambar, tartarugas, baunilha, dos quaes não acho manifestó mais do que de uma caixa, que mandaram o anno de 1747, e creio que todos os outros introduziram sempre por alto, porque elles são os senhores de quasi todos estes preciosos generos. Tambem deve acrescer, ao negocio oculto, o que estes religiosos fizeram no Javary, no contrabando, que havia entre elles e os jesuitas castelhanos, o qual deixando o excesso que aqui chego, e regulando-me pelas mais prudentes informações, é sem a menor duvida que lucram nelle mais de cem mil patacas liquidas, segundo o sobredito calculo dos homens mais prudentes, e que maior voto tinham nesta materia. (Carta de Francisco Xavier de Mendonça Furtado…, 1901, p. 339-340)

Si para las autoridades portuguesas el contrabando que se llevaba a cabo en sus jurisdicciones representaba un exceso que debía erradicarse, para un burócrata como Sebastián de Eslava, entonces virrey del Nuevo Reino de Granada, los luso-brasileros radicados en Grão Pará, aprovechaban las circunstancias de desprotección del alto Amazonas, derivadas de la ínfima presencia militar y de las pocas posibilidades que los jesuitas poseían para enfrentar este flagelo que fluía por los cauces del río, a pesar de que su navegación estuviera prohibida.¹⁹ Eslava, que como muchos de los funcionarios apoltronados en las capitales andinas no conoció personalmente la realidad socioeconómica de la Amazonia, tampoco erraba en sus opiniones. La mayor porción territorial en términos de la división geopolítica del Nuevo Reino de Granada la detentaba la gobernación de Popayán, cuya jurisdicción se extendía, de Occidente a Oriente, desde las tierras bajas del Pacífico hasta los indeterminados confines con la capitanía portuguesa de Rio Negro. Y a pesar de ser una periferia agreste para cualquier vecino de los asentamientos costeros o interandinos, hubo quienes se atrevieron a echar mano de las posibilidades mercantiles que solo el comercio clandestino podía brindarles.

Portugueses, misioneros y el contrabando en el piedemonte andino-amazónico

Antonio Mola de Viñacorba, un privilegiado y activo gobernador de Popayán (Sanz Tapia, 2006, p. 62-63), ofreció un testimonio revelador sobre una realidad presente en el espacio misional ubicado en las áreas drenadas por los ríos Putumayo y Caquetá, sobre todo en aquellas regiones cercanas a la cordillera andina, segmentadas políticamente entre las jurisdicciones de la Real Audiencia de Quito y el Nuevo Reino de Granada: en 1747, Domingo de la Lastra, acaudalado comerciante avecindado en la ciudad de Cali pero residente en Popayán, protagonizó un proceso judicial que se concretó en la ciudad de Pasto. Lastra participó en una operación de comercio clandestino en contubernio con unos portugueses de Grão Pará, y a juzgar por los bienes traficados, no se trataba de un contrabando menor, mucho menos si se estiman las cualidades del hecho en el cual también estaban involucrados otros sujetos, entre ellos el obispo de la ciudad de Trujillo, virreinato del Perú. Este recorrido establecido entre la Amazonia, el oriente de la gobernación de Popayán y el centro-occidente del Nuevo Reino de Granada es algo que, quizás, solo pueda comprarse con los itinerarios clandestinos de aquellos barones del matute que operaban en el Atlántico o en las rutas intérlopes del Golfo-Caribe. No por nada Lastra fue denominado por las autoridades con el epíteto de “ilícito introductor y vulnerador de las leyes y pragmáticas”.²⁰ “Veynte y cuatro cargas de fardos y cajones”, venidos desde Grão Pará, muy posiblemente despachadas en Belém, eran el saldo de la incautación que el fisco monárquico, mediante sus tentáculos policivos del occidente del Nuevo Reino de Granada, había logrado decomisarle.²¹

Aunque la operación clandestina no se concretó totalmente, es preciso señalar que no se trataba de utilidades menores. En Cali, importante núcleo comercial de la gobernación de Popayán, fue donde Domingo de la Lastra pudo introducir 500 libras de pólvora, paños, alfombras, bayetas azules, un sillón, imágenes religiosas, una olla de cobre, garbanzos, lentejas y 180 marcos de plata labrada. Este contrabando, transportado a lo largo de las jurisdicciones de Mocoa y Sucumbíos, se había ajustado previamente en Quito donde el contrabandista adquirió unas imágenes religiosas y los marcos de plata labrada - posiblemente traída desde el Alto Perú-, artículos devocionales y ornamentales “{que} para el uso de su casa le mandó el Ilustrisimo señor obispo de Truxillo”.²² Posiblemente, el resto de los bienes traficados procedían de los negocios fraguados por los comerciantes paraenses y sus agentes en diferentes puntos cardinales del Atlántico portugués; negocios que tenían amplias posibilidades de vincularse gracias a redes transoceánicas que estimulaban la circulación de productos y la acumulación de capitales entre los negociantes de la selva. (Disney, 2009, p. 283-285). Al año siguiente, el gobernador Mola de Viñacorba volvió a informar que a las misiones regentadas por los franciscanos en las jurisdicciones de Mocoa y Sucumbíos había llegado “una canoa portuguesa cargada de ropas de las de aquel reyno, cuyo comercio como ilísito está prohibido por aquellos parajes por ser en prejuicio del de España y la Corona Real”, aunque también se refirió a “las personas que hubieren concurrido a su comercio” para dar cuenta de que el problema requería de una solución orientada no únicamente a la persecución de los portugueses.²³ Ese mismo año, en un informe pormenorizado compuesto por el tesorero de la Real Hacienda de Popayán, se contabilizó que de los géneros ilícitos decomisados por los oficiales de la ciudad de Pasto, géneros que procedían de las provincias amazónicas originados en los tratos con los portugueses, ascendían a 5.795 pesos, valor nada pírrico que sugería alertas a la oficialidad borbónica frente a esas jugosas evasiones.²⁴ Sin embargo, esa es una sola faceta de la policromía que un hecho de esta naturaleza pudo originar. Las 24 cargas tuvieron que ser transportadas por cargueros; tuvo que disponerse de canoas y bogas para transportarlas por el río Caquetá a fin de arribar a Sucumbíos y Mocoa, y luego procurar su transporte hacia la ciudad de Pasto, posteriormente a Popayán y luego de varias jornadas de camino alcanzar Cali, lugar donde el contrabando fue interferido. No obstante, el plan que sustentaba el negocio fraudulento era mucho mayor. Un testigo fundamental en el proceso seguido a Domingo de la Lastra aseguró que las 24 cargas del contrabando pensaban ser distribuidas entre diferentes clientes, principalmente del centro y occidente del Nuevo Reino de Granada. Un tal don Antonio Panisa, al parecer perteneciente al notablato santafereño, recibiría 14 cargas, entre las cuales había fardos que contenían paños y el resto eran los cajones con las 500 libras de pólvora; mientras que Juan Antonio de Rivas, también vecino de Santa Fe, recibiría tres de la cargas. Cinco cargas más tenían como destino la ciudad de Honda, puerto principal del gran río de la Magdalena, y serían conducidas hasta allí por un vecino de La Plata cuya tarea sería velar por que las costosas mercancías llegaran en buen estado a la distante provincia de Antioquia, de la mano de un tal Gaspar de Perea.²⁵

Esto sugiere que los cauces ribereños que son afluentes del Alto Amazonas desde el oriente andino, en especial los caudalosos ríos Napo, Putumayo, Caquetá y Orteguaza, sumándole el Río Negro que fluía desde los imprecisos confines orientales de la gobernación de Popayán, eran corredores integrantes de una red hídrica que proporcionaba las posibilidades necesarias para el contrabando. Por ello, los funcionarios de las cúpulas monárquicas que desde las cortes metropolitanas y virreinales llegaron a enterarse de este tipo de quebrantos consideraban vagamente la vigilancia y la restricción de sus puertos y demás desembarcaderos como infraestructuras para una clandestinidad que conllevaba a que los contactos entre españoles y portugueses fueran frecuentes y que existieran oportunidades de amasar pequeñas fortunas o simplemente mantener cierta comodidad material por fuera de los mandatos que preservaban los reales fiscos. En efecto, en 1744 un oficial llamado Joseph Basabe, mencionaba que desde la Real Audiencia de Quito se había proyectado “un Castillo a costa de S.M. para impedir los contrabandos que del Pará han tomado su camino por esta vía para la ciudad de Quito”,²⁶ y solo cinco años después se emitió una Real Cédula dirigida a los burócratas quiteños, específicamente para contrarrestar con mayor robustez los contrabandos que se fraguaban desde Grão Pará.²⁷ Pero no eran solo las gobernaciones amazónicas más cercanas a los Andes los epicentros donde se engendraban los tráficos clandestinos en detrimento de las reales haciendas. De hecho, el Tratado de Madrid fue un importante documento en el cual el contrabando también fue un problema que atender. Al principio del artículo XIX se planteó lo siguiente: “En toda la frontera será vedado y de contrabando el comercio entre las dos naciones; quedando en su fuerza y vigor las leyes promulgadas por ambas Coronas que de esto tratan” (Tratado firmado en Madrid…, 1836, p. 10). No obstante ni los armisticios del rey o las disposiciones de los virreyes y presidentes aposentados en Lima, Santa Fe y Quito hacían mella frente a este fenómeno. Por ello, los oficiales quiteños estimaban que eran los jesuitas quienes propiciaban el merodeo de los portugueses en la provincia de Maynas dado que en ocasiones, secundados por los traficantes de Grão Pará, los religiosos solían adquirir textiles, armas, pertrechos y alimentos para suplir las necesidades apostólicas y defensivas de las misiones.

De hecho, pocos años más tarde, en octubre de 1761, el gobernador de Grão Pará Manuel Bernardo de Mello e Castro, respondiendo a una misiva de su superior sobre las instrucciones para “o politico uzo de commercio, e correspondencia que se pode interter cautellozamente com os padres castelhanos” informaba sobre las posibilidades con las cuales los comerciantes paraenses podrían lucrarse del comercio con los jesuitas de Maynas. Un intercambio mercantil que beneficiaría los intereses de españoles y portugueses en tanto que los padres quiteños podían pagar con oro los bienes ofrecidos “debaixo das prohibiçõens” por sus vecinos lusitanos, y aquellos podrían vender los géneros comerciales y demás producciones agrarias de las capitanías. En aquella carta, Mello expuso que se serviría de dos oficiales que fungirían como agentes para perseguir contrabandistas a fin de “entrar nesta particular e misterioza negociação debaixo dos pretextos, segredos, e cautellas q V.Exa adverte”.²⁸ Si bien este gobernador poseía una noción muy certera sobre la orfandad militar que se padecía en la red misional de Maynas, para la década siguiente, tiempos en que ya se sentían con rigor las consecuencias de la expulsión de los jesuitas a manos del rey Carlos III y el Marqués de Pombal, la idea sobre el lucro ilícito que obtenían tanto los religiosos de San Francisco, así como los comerciantes portugueses, se mantenía vigente. Fray Fernando de Jesús y Larrea, un visitador de las misiones manifestó aquellos inconvenientes que para ese entonces ya eran de vieja data. En una suerte de informe escrito en 1771 explicó a sus superiores lo que debía llevarse a cabo para combatir el contrabando de manera radical, no sin excusar de paso a sus correligionarios justificando sus inclinaciones hacia los negocios:

{…} que ningún misionero comunique con los portugueses, ni los admita en la jurisdicción de su misión; de donde deberá con sus indios hacerlos salir por fuerza; y si necesario fuere, bien escarmentados. Esto es impracticable; porque solo misionero con cuatro indios mostrencos quienes tienen mucho miedo a los portugueses, no tiene fuerza para hacerlos salir por fuerza, ni menos para escarmentarlos con el castigo. Prohíbe esa comunicación con tanto rigor, que aunque le faltase al misionero vino u hostias para decir misa, no se debe valer de los portugueses. Esto es muy difícil teniendo a los portugueses por vecinos. Lo que puedo decir es que el comercio con las naciones para las cosas de la vida humana, nunca se prohíbe. Vese esto en Cartagena pues siendo los ingleses enemigos tienen con ellos los de Cartagena comercio franco y reciben de ellos las harinas, jamones y otras cosas comestibles. Como será dable que hallándose el misionero en extrema necesidad no se valga de sus vecinos para las cosas necesarias a la vida humana.²⁹

La despótica medida de expulsar de los dominios españoles a la Compañía de Jesús en 1767 había trastornado de manera vital la configuración del endeble esquema de protección de la Amazonia cediendo mayores posibilidades a las iniciativas portuguesas que persistieron en quebrantar las aspiraciones españolas, así como las nuevas expectativas misionales acerca del predominio territorial y el apostolado entre los indios, aunque fuera en manos inexpertas (Taylor, 1992, p. 224). A pesar de no contar con misioneros versátiles, especialmente aquellos recién venidos de Europa, la orden de San Francisco, entonces encargada de relevar a los jesuitas, no tardó en resentir las agresiones lusitanas y, en efecto, sus operarios también sucumbieron a las tentaciones del comercio fraudulento (Aguilar, 1999, p. 53-55).

El río Putumayo siguió siendo durante lustros uno de los hitos geográficos más utilizados a propósito de enfrentar a los intrusos. Así lo atestiguó fray Juan de Santa Gertrudis para quien los recelos hacia los portugueses y el temor que causaban a los indios era un hecho común relacionado con la navegación por el Putumayo (Santa Gertrudis, 1970, p. 43). A lo largo de la década de 1760, frailes como Francisco Joaquín Berrutieta, Joseph Carbó o Vicente de San Antonio, reclamaban la ubicación de una escolta consistente en “gente blanca” para contener las invasiones con que los portugueses “insultan” y “alborotan” a los indios (Cuervo, 1894, p. 236); y así “reprimir la osadía portuguesa que ha vuelto a introducirse a sus correrías, faltando al respeto a nuestra nación y misioneros”.³⁰ Efectivamente, aquello se llevó a cabo hasta que los portugueses doblegaron a la escolta (Otero, 1869, p. 527). Así, se trataba de un asunto no menos preocupante cuya dependencia del contrabando era evidente, por lo cual fray Joseph de la Concepción y Vicuña había reiterado en 1774 la necesidad de erigir nuevamente un poblado de españoles escoltado por soldados para fundar una “colonia” en la desembocadura del Putumayo en el Amazonas, precisamente en el sitio de San Joaquín, donde se contendría el paso de los portugueses quienes, ingresando a la red misional “en falúas bien pertrechadas de municiones de guerra”, capturaban a los indios so pretexto de “rescatarlos”, por lo cual sugirió que el asentamiento debía contar con gente reclutada en la ciudad de Timaná.³¹ Lo expresado por el franciscano, es decir, lo que solía conocerse como “los excesos conque con usurpación de los límites y dominios de nuestro Católico Monarca proceden individuos portugueses”,³² no era precisamente una sugerencia innovadora, pues desde comienzos del siglo XVIII y bajo los efectos de las disputas por los límites geográficos, las incursiones lusas navegando el Putumayo contracorriente, “abrazando insensiblemente más ventajas tan perjudiciales al reino como útiles a la nación lusitana” (Cuervo, 1894, p. 429), ya habían originado ideas semejantes entre jesuitas y otras personas avecindadas en los pueblos.

Fray Ramón de la Trinidad ofreció en 1774 una visión todavía más compleja sobre las circunstancias desatadas a causa de la presencia lusitana. Para este franciscano, la desmesura del territorio y la porosidad que los ríos determinaban en aquella frontera constituían el motivo de mayor peso para iniciar una empresa defensiva, tanto a favor de los indios como en contra de los portugueses y sus contrabandos. No obstante, el padre sabía de antemano que los desplazamientos militares no eran una opción efectiva debido a la precariedad de las tropas disponibles, y por ello indicó que la solución podría venir de la mano de un plan de poblamiento consistente en fundaciones que sirvieran de “antemural y frontera a sus invasiones”; plan que, curiosamente, no se financiaría con dineros de la Real Hacienda sino con las utilidades que obtuvieran allí unos encomenderos especialmente designados para la conversión de los indios y la “conquista” de sus tierras. Solo así podría asegurarse en parte el orden anhelado desde antaño, aunque el mismo padre Trinidad era consciente de que su plan no era tan fácil de llevarse a cabo: “sin embargo de ser sospechosa la comunicación por la ciudad de Pasto, por el riesgo de el comercio ilícito con los portugueses, pues este recelo pudiera remediarse con la ejecución y observancia de las leyes que imponen la pena de muerte a los vasallos de el Rey que trataren con extranjeros”.³³

Poco tiempo después, en un extenso informe fechado en 1776, el promotor fiscal y general del obispado de Quito suscribió la preocupación por el hecho de que si bien la presencia portuguesa implicaba agresiones y oportunidades de efectuar contrabandos, los padres tampoco menospreciaban los productos ilegales infiltrados desde las capitanías lusas. Este asunto, que desde el gobierno de Grão Pará se pretendía mantener “com os vezinhos espanhoes”,³⁴ redundaba en que los religiosos practicantes de este tipo de comercio tuvieran implicaciones legales mucho más complejas desde la perspectiva eclesiástica:

{…} se procura, persuadir, que todas las providencias de su nuevo gobierno se han dirigido a estorbar el comercio de los missioneros, en perjuicio de los indios, y á serrar toda comunicación, con los portugueces, por lo que mira al comercio de los missioneros, no ignora el Promotor Fiscal, la prohibición rigurosa de el Derecho Canónico, en todo el título. Ne clerici vel Monachi secularibus negotüs se imnuscaut. Las leyes municipales contra los curas de indios que exercen, la mercancía, y la Bula de Urbano Octabo, en el año de mill seiscientos treinta y tres, mandando á los religiosos y demás personas eclesiásticas, que fueran a la India oriental a combertir almas, pena de excomunión mayor se atribuyan de mercancías, tratos y contratos con los neophitos. (Goulard, 2011, p. 137)

Ese mismo año, Francisco Requena y Herrera, ingeniero militar comisionado para la demarcación de los límites territoriales de los imperios ibéricos en la Amazonia, y quien también fue acusado de mantener junto a varios de sus amigos “un comercio avierto con las ropas de Portugal” mientras se desempeñaba en sus funciones delimitadoras,³⁵ declaró que la proximidad del enemigo en el territorio alto amazónico no solo tendría consecuencias directas por las amenazas de expoliación que podían llegar hasta los propios minerales ubicados en el valle del Chota y por los ya comprobados merodeos lusitanos en las cuencas de los ríos Putumayo, Caquetá, Huallaga, Napo y Pastaza, amén del Pongo de Manseriche. Se trataba entonces de una adversidad que erosionó en parte los intentos de ejercer las medidas reformistas dirigidas a extirpar el comercio ilícito y a preservar el monopolio fiscal del imperio en una tosca frontera de la selva ecuatorial. Requena, experto en límites, pero también en matutes, así lo advirtió: “se llevarán las riquezas del Perú sin necesidad de entrar en la Mar del Sur y sin poder nosotros estorbárselo; pues teniendo tantas entradas será imposible contener el espíritu de contrabando que reina por estas partes”.³⁶

Lo mencionado por Requena con respecto a las múltiples posibilidades de ingreso con las que contaban los portugueses para entrar en contacto con los pequeños mercados de los dominios amazónicos de España se había mantenido, prácticamente, como una constante cuyas consecuencias se sintieron con mayor agudeza en los extremos noroccidentales de la región. El mismo Requena lo había explicado asegurando que “la condescendencia por nuestra parte a tolerarlos por espacio de cerca de un siglo, los ha hecho cada vez más insolentes, y atrevidos”, agregando, no sin exagerar, que era posible que los portugueses pudieran arrebatarle a España “todas las riquezas del Perú”.³⁷ Con esto también coincidía Joseph Diguja, el entonces presidente de la Real Audiencia de Quito, quien informó al Consejo de Indias que “el fin de los portugueses es sin duda apoderarse de la navegación de el todo del Marañón, para lo que procuran ir ganando la boca de los caudalosos ríos que desembocan en él”.³⁸ Aunque para el burócrata lo verdaderamente dañino con respecto a estas posibles tentativas era que los portugueses “se acerquen a las elevadas serranías de esta provincia” y tejieran intercambios con los mineros acantonados en los yacimientos andinos. Para ello, en una Real Cédula de 1772 se sugería la instauración para el gobierno de Maynas de las mismas precauciones que la oficialidad de las provincias platenses había determinado para las cuencas de los ríos Uruguay y Paraná, espacios que en materia de incursiones y contrabandos portugueses no eran ejemplos menores.³⁹ De hecho, a finales de la década de 1750, en el famoso Directorio que se debe observar nas povaçoens dos indios do Pará e Maranhão se estableció que el comercio de los efectos extraídos de la selva, “os frutos, que cultivarem, e todos os mais generos, que adquirirem pelo virtuoso, e louvavel meio da sua industria, e do seu trabalho”, debía ser todo un parámetro reformista para estimular la “civilización” de las naciones indias que habitaban las capitanías amazónicas (Directorio…, 1758, p. 16). Aquello estaba en perfecta consonancia con los comentarios de Francisco Xavier Ribeiro Sampaio, un oidor portugués, que justificó que era preciso avivar el comercio de las capitanías lusas con las diferentes jurisdicciones de la Amazonia española sin perder de vista la utilidad de las rutas fluviales, especialmente el Napo y el Putumayo, que conectaban las tierras más orientales con enclaves andinos como Quito, Pasto y Popayán, respectivamente. (Bastos, 2014, p. 10-11).

Desde las ocupaciones jesuíticas del temprano siglo XVIII, hasta los tiempos donde operaron los franciscanos en los estertores de esa misma centuria, los rumores sobre el contrabando en cabeza de los portugueses y la participación activa de los misioneros para asegurar su subsistencia, oscilaron entre murmuraciones y hechos comprobados. El piedemonte andino-amazónico, espacio que llegó a acopiar varias misiones franciscanas, no perdía atractivos para los portugueses que buscaban vender efectos introducidos desde las capitanías de Rio Negro y Grão Pará en detrimento de la Real Hacienda. Ya para 1790, unos padres franciscanos que oficiaban en los pueblos de San Jerónimo de la Bodoquerita y San Joseph de los Canelos, dos entre las ocho misiones fundadas en la segunda mitad de la década de 1780 y cercanas al río Orteguaza,⁴⁰ se quejaban de la inclemencia con que un corregidor los acusaba. Entre soldados e indios, este funcionario - de quien se decía que no era capaz de “gobernar una gallina con doce pollos”- no vaciló en esparcir calumnia asegurando que los padres, amén de vivir amancebados y ser crueles con los indios, eran contrabandistas.⁴¹ Su prueba era que los religiosos contaban con “un almacén de las ropas y que había hallado a V.P. enfardelándolas”.⁴² ¿Estaba el funcionario diciendo la verdad? ¿Tenían sus acusaciones validez, o simplemente se trataba de algún recelo institucional hacia los franciscanos? Lo cierto es que el prontuario de los misioneros con relación al comercio clandestino no poseía, al menos en esta parte de la cuenca amazónica, un carácter impoluto, algo que podía, en efecto, demostrarse con solvencia. No obstante, fray Fermín Ibáñez, un franciscano que gozaba de cierto prestigio en las atmósferas arzobispales del Perú (Soule, 2014, p. 180-181), apeló a varios argumentos para contradecir las imputaciones que recayeron sobre el honor de sus correligionarios al año siguiente.

“¿Contrabandistas o comerciantes con los portugueses?”. Tal era la pregunta que Ibáñez trató de resolver explicando que todo se trataba de simples habladurías y recurriendo a sugestivos razonamientos geográficos que desmentían las recriminaciones oficiales (Villanueva, 1922, p. 41-42). A su decir, la comunicación por la vía fluvial era impracticable debido que los pueblos estaban situados en la márgenes del río Caquetá, que:

{…} es el origen o fuente principal del Orinoco, hasta ahora se ignora si este comunica sus aguas con las del Marañón: si no se comunican estos dos grandes ríos V.E. sabe mejor que yo que en el Orinoco no hay portugueses establecidos con quienes puedan tratar los religiosos; y si se comunica que es lo más verosímil, aun todavía permanece la misma imposibilidad por los dos enormes saltos del río Caquetá, el uno entre las bocas del Caguán y Payoya, y el otro entre la boca de este, y la de Macaya, ríos todos que entran a Caquetá por la banda del norte. Son estos saltos tales que hacen absolutamente imposible e intransitable la navegación.⁴³

Conclusión

Determinar las cantidades o incluso la frecuencia de los contrabandos introducidos por los portugueses en la Amazonia española, o incluso tratar de comprender las dinámicas mutualistas que el mismo comercio clandestino alcanzó a conformar entre comerciantes portugueses y misioneros del piedemonte andino-amazónico, al menos en términos de pérdidas a los erarios de los imperios español y portugués, o incluso de acuerdo a las ganancias amasadas por los contrabandistas, es una tarea que requiere de esfuerzos interpretativos apoyados en fuentes, sobre todo seriales, mucho más amplias. El contrabando, así como los afanes monárquicos para su extirpación, fueron dos elementos recurrentes a lo largo del siglo XVIII en la región drenada por el alto Amazonas, especialmente en las áreas de este tipo de piedemonte, de acuerdo a su vinculación con los asentamientos andinos. Es posible interpretar e historizar este fenómeno socioeconómico de larga duración a la luz de los conflictos imperiales desarrollados según los variables intereses de las monarquías ibéricas para la administración de sus posesiones de ultramar. Comprender la manera en que esta práctica se desarrolló, quiénes fueron sus agentes y cuáles sus motivaciones, alcances políticos y limitaciones materiales, así como sus implicaciones económicas, eclesiásticas y militares, es un asunto que debe observarse empleando mayor proporción de documentación primaria, no solo por examinar las particularidades que revelan su complejidad en un contexto geográfico de frontera, sino porque es posible entender que el comercio clandestino fue un hecho vital para el pasado de una región como el alto Amazonas; además es posible reconocer que sus consecuencias constituyeron una de las más sonadas preocupaciones dentro de los itinerarios reformistas que pretendieron resolver dificultades surgidas desde el siglo XVII conforme se desarrolló el expansionismo territorial de los imperios ibéricos en sus regiones fronterizas de América del Sur.

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• 2
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• 3
  AGI. Quito 158, ff. 265v-266r.

• 4
  AGI. Quito 158, f. 565r.

• 5
  AGI. Quito 158, ff. 271r-271v.

• 6
  AGI. Quito 158, f. 277v.

• 7
  Archivo Central del Cauca (de aquí en adelante ACC). Colonia 9041, f. 1v.

• 8
  AGI. Quito 158, f. 250v.

• 9
  Arquivo Histórico Ultramario (de aqui en adelante AHU). Conselho Ultramarino. Brasil-Pará, caja 13, doc. 1207, ff. 3r-3v.

• 10
  Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit (de aqui en adelante BEAEP). leg. XI, doc. 982, f. 2r.

• 11
  Archivo General de la Nación-Colombia (de aquí en adelante AGN-C). Miscelánea de la Colonia, t. II, f. 512r.

• 12
  AGI. Quito 158 f. 543v.

• 13
  AGI. Quito 158 f. 561r.

• 14
  AGI. Quito 158 f. 561v.

• 15
  ACC. Colonia 9249, f. 2r.

• 16
  ACC. Colonia 9242, f. 1v.

• 17
  ACC. Colonia 4228, f. 1r.

• 18
  ACC. Colonia 9052, f. 1r.

• 19
  AGI. Quito 127, f. 609r.

• 20
  ACC. Colonia 4114, f. 17r.

• 21
  ACC. Colonia 4114, ff. 1r-4r.

• 22
  ACC. Colonia 4114, f. 4v.

• 23
  ACC. Colonia 7394, ff.1r-1v.

• 24
  ACC. Colonia 4193, f. 1r.

• 25
  ACC. Colonia 4114, f. 4v.

• 26
  AGN-C. Miscelánea de la Colonia, t. II, f. 531r.

• 27
  Archivo Nacional del Ecuador (de aquí en adelante ANE). Cedularios 2, doc. 11, ff. 122r-123r.

• 28
  AHU. Conselho Ultramarino. Brasil-Pará, caja 50, doc. 4618, f.1r.

• 29
  ACC. Colonia 9501, f. 1v.

• 30
  AGI. Quito 288, f. 4r.

• 31
  ACC. Colonia 5714, f. 82v.

• 32
  ACC. Colonia 9381, f. 1r.

• 33
  AGI. Quito 305, doc. 37, f. 27v.

• 34
  AHU. Conselho Ultramarino. Brasil-Pará, caja 76, doc. 6348, f. 3r.

• 35
  ANE. Gobierno 44, doc. 13, f. 1r.

• 36
  AGI. Quito 400, f. 9r.

• 37
  AGI. Quito 400, f. 135r.

• 38
  Archivo Histórico Nacional (de aquí en adelante AHN). Estado 3410, Exp. 9, f. 3r.

• 39
  AHN. Estado 3410, Exp. 9, 19r.

• 40
  ACC, Colonia 9391, f. 1v.

• 41
  ACC. Colonia 9396, f. 2.r.

• 42
  ACC. Colonia 9390, f. 2.r.

• 43
  ACC. Colonia 9391, f. 8v.

• Este artículo es resultado del proyecto “Contrabando, guerra y sociedad en el Nuevo Reino de Granada, siglo XVIII” (código: 1767-2014), financiado por el Comité para el Desarrollo de la Investigación (CODI) de la Universidad de Antioquia. Agradezco las críticas y sugerencias de los evaluadores de la revista Tempo y de mis compañeros del Grupo de Investigación en Historia Social (GIHS)

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  Sep-Dec 2017

Histórico

• Recibido
  08 Mar 2017
• Acepto
  24 Abr 2017