El centro clandestino de detención como producto histórico: una propuesta de abordaje del dispositivo represivo dictatorial en Argentina (El Vesubio, 1976-1978)

O centro clandestino de detenção como produto histórico: uma abordagem do dispositivo repressivo ditatorial na Argentina (El Vesubio, 1976-1978)

Resumen:

El ejercicio de la represión durante los años de la última dictadura en Argentina (1976-1983) tuvo como herramienta fundamental a los denominados centros clandestinos de detención (CCD). Si bien su operatoria cotidiana se basó en una serie de elementos permanentes - la práctica del secuestro clandestino, la tortura y el destino final de desaparición, asesinato o liberación de los cautivos -, los CCD experimentaron cambios significativos en su accionarcon el transcurso del tiempo. A partir del estudio del caso de “El Vesubio” entre 1976 y 1978, este artículo pretende contribuir a un abordaje de los CCD que contemple su condición de productos históricos y que, en consecuencia, tome en cuenta las modificaciones que experimentó la actividad represiva en estos espacios a lo largo del período dictatorial.

Palabras clave:
Dictadura argentina; Centro clandestino de detención; El Vesubio

Resumo:

O exercício da repressão nos anos da última ditadura na Argentina (1976-1983) teve como ferramenta principal os denominados centros clandestinos de detenção (CCD). Apesar do seu funcionamento cotidiano ter se baseado em uma série de elementos permanentes - a prática de sequestro clandestino, a tortura, e o destino final de desaparecimento, assassinato ou liberação dos sequestrados - ao longo do tempo os CCD passaram por mudanças significativas no seu funcionamento. A partir do estudo do caso do “El Vesubio”, entre 1976 e 1978, este artigo pretende contribuir para uma abordagem dos CCD que contemple sua condição de produtos históricos e que, consequentemente, considere as modificações que a atividade repressiva experimentou nesses espaços no decorrer do período ditatorial.

Palavras-chave:
Ditadura argentina; Centro clandestino de detenção; El Vesubio

Introducción¹

El ejercicio de la represión durante los años de la última dictadura en la Argentina tuvo como herramienta fundamental a los denominados centros clandestinos de detención (CCD). En estos lugares, diseminados a lo largo y ancho del territorio nacional, los “desaparecidos” - categoría novedosa con la que se identificó a las personas cuyo secuestro no era reconocido por ninguna autoridad oficial - experimentaban un cautiverio que no reconocía límites en su duración. Desprovistos de cualquiera de las garantías otorgadas a los presos legales, los hombres y mujeres alojados en los CCD fueron objeto de un amplio espectro de torturas cuya finalidad última, aunque no exclusiva, era la obtención de datos que permitieran realizar nuevas detenciones, en un ciclo que reiniciaba con cada nueva captura. Los destinos posibles para los secuestrados una vez que los interrogadores extraían toda la información útil se reducían a la muerte o, en un porcentaje significativamente menor, la liberación.

El papel desempeñado por los CCD en el plan represivo dictatorial fue expuesto públicamente y de forma detallada en los años de la transición democrática. Primero fueron las evidencias presentadas de forma inconexa, morbosa y descontextualizada por la prensa durante los meses iniciales de 1984, fenómeno conocido como el “show del horror” (Feld, 2015). Luego, las investigaciones desarrolladas en el marco del informe Nunca más (1984) y del Juicio a las Juntas (1985) probaron de manera incontrovertible la existencia de cientos de espacios de cautiverio ilegal a cargo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, las crueles condiciones a las que eran sometidos los secuestrados y los vínculos entre dependencias ilegales de distintos puntos del país, entre otras cuestiones. En este contexto, los CCD se consagraron socialmente como la pieza clave del plan represivo estatal que se desarrolló a escala nacional entre los años 1976 y 1983 (Crenzel, 2008).

Debido a su rol preponderante en el aparato represivo dictatorial y al lugar de privilegio que ocuparon en la memoria social temprana de dicho pasado, los CCD se configuraron como un objeto de interés para la producción académica sobre la historia reciente. El primer trabajo sobre la temática, que con el tiempo asumió el estatus de interpretación canónica, fue el libro Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina de Pilar Calveiro (1998). La investigación, basada en los testimonios de sobrevivientes de los principales lugares de cautiverio del país, indagó en el papel de los CCD como tecnología represiva al servicio del proyecto de poder diseñado por la Junta Militar. Para ello, examinó los diversos actores que habitaron los espacios de reclusión dictatoriales, el tipo de relaciones entabladas entre ellos y las lógicas que atravesaron sus prácticas y discursos durante del cautiverio.

El trabajo pionero de Calveiro fue continuado por otros que se plantearon o bien profundizar el análisis del papel de los CCD en el marco del despliegue represivo dictatorial o bien examinar los procesos de memoria desarrollados a propósito de la experiencia concentracionaria. La investigación más afín a la mirada de la autora de Poder y desaparición fue la de Daniel Feierstein (2015). Su propuesta, enmarcada en su teoría de las “prácticas sociales genocidas”, consistió en entender a los espacios de cautiverio dictatoriales - llamados indistintamente CCD o “campos de concentración”, estableciendo así el parentesco con la experiencia nazi - como “dispositivos de destrucción de lazos sociales” al servicio del proyecto refundacional de la Junta Militar.

Otros trabajos, en cambio, revisaron algunos de los postulados centrales de la obra de Calveiro. Entre este grupo se puede incluir la investigación de Claudia Feld en torno a las “fronteras” de la ESMA, en la que por medio de un análisis de los vínculos establecidos entre el “adentro” y el “afuera” del lugar de cautiverio se discutió la concepción del CCD como “espacio de encierro” (Feld, 2010y 2019). Desde otra perspectiva, las investigaciones de Santiago Garaño (2008) y Débora D’Antonio (2010) sobre la prisión política durante la dictadura también contribuyeron a desmontar esa misma idea al exponer el carácter poroso de las fronteras que separaban a los CCD y las cárceles legales. Gabriela Águila (2008 y 2013) y Pablo Scatizza (2016), por su parte, realizaron sendos estudios de caso centrados en la ciudad de Rosario y en la región del Comahue, respectivamente, donde expusieron las limitaciones del modelo propuesto en Poder y desaparición para explicar el funcionamiento de la lógica concentracionaria en las distintas regiones del país. Por último, Pamela Colombo (2017) cuestionó con una investigación sobre los procesos de memoria la imagen del CCD “como articulador y epicentro de la experiencia de la desaparición”. Al contrario, entendió a esta última como el resultado de una “constelación de espacios” que trascendió el lugar físico de reclusión (Colombo, 2017, p. 22).

Más allá de sus enfoques divergentes, estos estudios confluyen en un aspecto: en mayor o menor medida, todos concibieron al CCD como una entidad estable en el tiempo, cuyo funcionamiento no habría experimentado variaciones sustanciales durante el período que duró su actividad.² Si bien su operatoria cotidiana se basó en una serie de elementos permanentes - la práctica del secuestro clandestino, la tortura y el destino final de desaparición, asesinato o liberación de los cautivos -, los CCD atravesaron cambios significativos en su actividad represiva con el transcurso del tiempo. Una aproximación a los espacios de cautiverio clandestino que no contemple estas transformaciones corre el riesgo de perder de vista su condición de productos históricos y ofrecer una visión esencialista de su funcionamiento. El objetivo de este artículo consiste en contribuir a un abordaje de los CCD que incorpore su evolución histórica a lo largo del período dictatorial.

En este marco, el trabajo examina el funcionamiento del dispositivo represivo del CCD “El Vesubio” entre marzo de 1976 y octubre de 1978, período que comprende el tiempo de actividad de ese espacio de cautiverio. Ubicado en la zona oeste de la Provincia de Buenos Aires, más precisamente en el partido de La Matanza, este CCD funcionó bajo el control operativo del Primer Cuerpo de Ejército. De acuerdo con los datos recopilados en la investigación judicial por los crímenes cometidos en el lugar, la cantidad de personas que permanecieron en El Vesubio ascendió a poco menos de cuatrocientas, cifra que lo ubica como uno de los mayores espacios de reclusión clandestina del país.³

A partir del análisis de un corpus diverso de fuentes en el que sobresale la instrucción del último tramo de la causa judicial por los crímenes de El Vesubio, fue posible identificar tres fases al interior del período de funcionamiento del CCD: una primera durante la cual se sentaron las bases del dispositivo represivo, otra caracterizada por el aumento exponencial de la actividad represiva y por su focalización en la organización Montoneros y, finalmente, una tercera en la que la persecución se concentró en grupos políticos periféricos y que terminó en el desmantelamiento del espacio de cautiverio.

La distinción entre una y otra fase de la actividad de El Vesubio se realizó a partir de los cambios observados en una serie de variables constitutivas de la dinámica represiva, entre las que se incluyen la intensidad y distribución geográfica de los operativos de secuestro, las identidades políticas de los cautivos, la organización interna del lugar de cautiverio, los vínculos entablados entre el CCD estudiado y otros espacios de reclusión clandestina y los porcentajes relativos de desapariciones, asesinatos y liberaciones. Las transformaciones que se registraron en cada uno de esos rubros a lo largo de los 3 años que separaron el inicio de la actividad en el lugar de cautiverio de su desmantelamiento definitivo permiten afirmar que el ejercicio de la represión en El Vesubio no fue estático en el tiempo.

La opción por la escala de análisis reducida no supone una renuncia a la explicación general del fenómeno analizado.⁴ Por el contrario, el desafío mayor de este trabajo consiste en identificar los aportes que el estudio del caso seleccionado puede realizara la comprensión de la dinámica de los CCD y del dispositivo represivo en su dimensión macro. Es en el ida y vuelta entre lo local, lo regional y lo nacional - ese “juego de escalas” al que hace referencia Jacques Revel (2015) - donde reside la posibilidad de alcanzar una mirada más profunda de la realidad social. En síntesis, se trata de explorar en qué medida las tendencias que surgen del examen del caso de El Vesubio pueden ofrecer claves para avanzar en una conceptualización de los CCD que contemple su carácter histórico y, de manera más amplia, en una reflexión sobre la dimensión temporal del fenómeno de la represión durante la última dictadura.

Por último, una aclaración de orden metodológico. A pesar de la cantidad y calidad de la información disponible en estas fuentes, la reconstrucción no deja de ser fragmentaria dado el carácter clandestino del grueso de la represión y el silencio posterior de la mayoría de sus ideólogos y ejecutores. Esta dificultad, presente en toda investigación sobre la temática, se potencia en un análisis como el que proponen estas páginas, donde la dimensión cuantitativa ocupa un lugar significativo. Aun así, el cruce de fuentes diversas permitió componer un cuadro que, sin ser completo, resulta al menos ilustrativo de las tendencias generales que marcaron el ejercicio de la represión en El Vesubio. Este trabajo, en buena medida, pretende llamar la atención sobre las posibilidades que abre el empleo de la metodología cuantitativa incluso en contextos de persecución política y represión clandestina como el de la última dictadura en Argentina.

Un centro clandestino de detención camino a Ezeiza

El 18 de junio de 1962, por medio del Decreto del Poder Ejecutivo n. 5.595/62, el entonces presidente de facto José María Guido cedió a diferentes reparticiones de las Fuerzas de Seguridad un amplio predio dentro del partido de La Matanza, en la zona oeste de la Provincia de Buenos Aires.⁵ El terreno, ubicado en la localidad de La Tablada, se extendía a la vera de la principal vía de acceso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la autopista Teniente General Pablo Ricchieri, a la altura de su intersección con la Ruta Provincial n. 4 - más conocida como “Camino de Cintura”. En ese lugar se instalaron, de acuerdo con las disposiciones de la ley, diversas dependencias de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PBA).

Un sector de poco más de cuatro hectáreas y media - unos 46 mil metros cuadrados - fue otorgado a la entonces Dirección Nacional de Institutos Penales (DNIP), antecesora del actual Servicio Penitenciario Federal (SPF). El objetivo era que allí funcionara una escuela para la formación, especialización y perfeccionamiento de los agentes penitenciarios.⁶ No obstante, al contrario de lo que estipulaba la ley, el predio - que contaba con tres casas de tipo chalet de una planta y una pileta de natación - se puso al servicio de la recreación de la oficialidad penitenciaria, que lo utilizó como un espacio de esparcimiento de fin de semana. Allí funcionaría, en tiempos de la última dictadura en la Argentina, uno de los mayores CCD del país: “El Vesubio”.

Los antecedentes represivos del lugar se remontan, de acuerdo con algunos testimonios, a los años previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Según esas versiones, las tres edificaciones habrían servido como espacio de cautiverio ilegal durante el tramo final de la presidencia de María Estela Martínez de Perón (1974-1976). Conocido entonces con el nombre de “La Ponderosa”, el lugar habría sido utilizado por grupos afines a la “Triple A” para el alojamiento de opositores políticos a lo largo de 1975. Esta etapa de funcionamiento del lugar no será abordada, ya que excede los límites de esta investigación, que tiene como eje el ejercicio de la represión luegodel golpe de Estado de 1976.

Una vez instalada la Junta Militar en el gobierno, el Ejército asumió el control operativo del espacio y, en ese marco, subordinó al personal del SPF a sus necesidades y directivas. El complejo, que a partir de entonces adquirió el nuevo y definitivo nombre de “El Vesubio”,⁷ fue automáticamente incorporado al esquema que las Fuerzas Armadas habían delineado para llevar adelante la represión en el país. Dentro de este diseño, el CCD de autopista Ricchieri y Camino de Cintura quedó inscripto en la jurisdicción delimitada por la Zona 1, la Subzona 11 y el Área 114.⁸

Dentro de la órbita de influencia del Primer Cuerpo de Ejército, El Vesubio tuvo como máxima autoridad formal al general Carlos Guillermo “Pajarito” Suárez Mason.⁹ Inmediatamente debajo suyo en la jerarquía de mando se encontraba el responsable de la Subzona 11, puesto que ocuparon sucesivamente los generales de brigada Adolfo Sigwald y Juan Bautista Sasiaiñ. El esquema de responsabilidades del CCD de autopista Ricchieri y Camino de Cintura se completaba con el titular del Área 114. En esa función se desempeñaron los coroneles Hugo Ildebrando Pascarelli, primero, y Antonio Fischera, después.¹⁰

Más allá de este organigrama formal, la conducción de los asuntos cotidianos de El Vesubio era llevada adelante por oficiales que cumplían funciones en el territorio. Esta responsabilidad le cupo de manera sucesiva al mayor Pedro Alberto Durán Sáenz, conocido como “Delta”, y al capitán Gustavo Adolfo Cacivio, apodado “El Francés”.¹¹ El primero se desempeñó como jefe de El Vesubio presuntamente desde marzo de 1976 hasta el 5 de diciembre del año siguiente, cuando según su legajo de servicio fue relevado de sus funciones en el CCD y reubicado en otro destino.¹² Entonces, fue reemplazado por Cacivio, oficial de inteligencia del Ejército procedente de la ciudad de La Plata, quien permaneció al mando de El Vesubio hasta su desmantelamiento y posterior demolición a fines de 1978.

El espacio de cautiverio propiamente dicho funcionó en las tres edificaciones del predio, bautizadas en la jerga represiva como “casa 1”, “casa 2” y “casa 3”. El extenso parque aledaño, que muchos de los sobrevivientes recordarían por sus frondosos árboles de eucaliptus, también se incorporó a la actividad represiva: por ahí transitaban los secuestrados cuando eran conducidos desde una edificación a otra y, en algunas ocasiones puntuales, fue escenario de “recreos” al aire libre. Los contornos del CCD estaban delimitados por una cerca provista de dos entradas, una orientada hacia la autopista Ricchieri y la otra que permitía el ingreso desde el Camino de Cintura. Esta última, recordada en muchos testimonios por la tranquera que la franqueaba, oficiaba de acceso para los recién secuestrados.¹³

El motor de la actividad represiva en El Vesubio fue la denominada “Central de Reunión de Información” (CRI). Esta usina de inteligencia, al frente de la cual se desempeñó el coronel Jorge Raúl Crespi, funcionó inicialmente en la Brigada X de Infantería Mecanizada con asiento en el barrio porteño de Palermo, cuyo Primer y Segundo Comandantes eran, respectivamente, los generales de brigada Sasiaíñ y Héctor Humberto Gamen.¹⁴ Vinculada a la División 2 de Inteligencia, esta dependencia se encargó de aportar todo lo necesario para optimizar el ejercicio de la represión en El Vesubio: además de la información obtenida por medio de la tortura de los cautivos, la central proveyó al CCD de hombres y recursos logísticos para llevar adelante tanto las capturas como el funcionamiento cotidiano de sus instalaciones. En la práctica, los operativos de secuestro estaban a cargo de los miembros del denominado “Grupo de Tareas 2” (GT2), dependiente de la CRI y, a través de esta, de la principal usina de inteligencia del Ejército: el Batallón 601.¹⁵

La práctica del secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición de personas en El Vesubio fue posible gracias a la combinación de diversos factores que, en su conjunto, modelaron el dispositivo represivo de ese CCD. Esos factores, y con ellos la actividad represiva, evolucionaron a lo largo del período en que funcionó el espacio de cautiverio. Para apreciar estas transformaciones es necesario reconstruir la historia de la represión en El Vesubio, empezando por sus orígenes.

Represión, modelo para armar (marzo de 1976-enero de 1977)

Los inicios de la represión en El Vesubio se remontan al comienzo mismo de la dictadura, el momento de mayor cohesión interna y legitimidad social del actor castrense. Entonces, tal como lo señaló Paula Canelo (2008), estaba en plena vigencia el “consenso antisubversivo” que aunaba a las distintas facciones de las Fuerzas Armadas en su cruzada contra las diversas expresiones militantes de la época y, especialmente, contra su vertiente armada. El año 1976 fue, también, el momento de mayor respaldo social a la dictadura, cuando el proyecto autoritario conducido por la Junta Militar gozaba de una legitimidad considerable entre un variado espectro de actores políticos y entre amplias capas de la sociedad civil, en parte como producto de la grave crisis política y económica que había caracterizado al último bienio constitucional (Novaro y Palermo, 2003).

De acuerdo con la investigación judicial, los primeros secuestros confirmados en El Vesubio se remontan a abril de 1976, es decir, al segundo mes de la jefatura del mayor Pedro Durán Sáenz.Durante el tiempo que duró su gestión del CCD se corroboró el cautiverio de 223 personas, lo que representa aproximadamente los dos tercios del conjunto de casos registrados durante los casi 3 años de funcionamiento del espacio de reclusión. De esa cifra total, 46 personas fueron asesinadas y otras 98 permanecen desaparecidas.¹⁶

Un análisis de la distribución de los secuestros durante la “etapa Durán Sáenz” pone de manifiesto su reparto desigual a lo largo del período. En lo que respecta a 1976, conviven meses donde los secuestros superaron la decena de casos (mayo y septiembre) con otros en los que, hasta el día de hoy, no se registró captura alguna (marzo, agosto, diciembre). La tendencia predominante durante el primer año de funcionamiento del CCD pareciera haber sido, a la luz de esas cifras, la de una actividad represiva dispersa, cuyo despliegue se habría producido según “espasmos” y no de manera sostenida en el tiempo. Podría arriesgarse, a modo de hipótesis, que esta operatoria irregular era expresión de un momento preparatorio en la dinámica represiva de El Vesubio.

Esta distribución heterogénea de los operativos de secuestro que caracterizó al primer año de funcionamiento del CCD de autopista Ricchieri y Camino de Cintura, paradójicamente, se daba en el momento de mayor intensidad represiva de todo el período dictatorial (Novaro y Palermo, 2003). De acuerdo con los cálculos del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), a lo largo del año 1976 fueron desaparecidas 3147 personas, mientras que otras 672 fueron asesinadas en diversas circunstancias.¹⁷ Las cifras, actualizadas al año 2015, confirman las tendencias que se habían insinuado ya en el informe de la CONADEP.¹⁸ Este despliegue masivo de los secuestros y desapariciones durante el primer año de dictadura motivó que tempranamente se multiplicaran las denuncias por violaciones a los derechos humanos en el país y fuera de él.¹⁹ Una de las consecuencias de ello fue el envío de una misión a la Argentina por parte de Amnistía Internacional (AI) en noviembre de 1976, cuyos resultados fueron sumamente negativos para el gobierno dictatorial.²⁰

El contrapunto entre la dinámica represiva nacional y la actividad en El Vesubio durante 1976 se refuerza al abordar las identidades políticas de los secuestrados en el CCD analizado durante esos primeros meses de dictadura. Con los límites que imponen la clandestinidad de la represión y de la militancia de la época, fue igualmente posible reconstruir un cuadro provisorio de las adscripciones políticas de los cautivos. Del mismo surge un espectro amplio de militancias, aunque sin que sobresalga ninguna expresión política en particular. Entre las personas cautivas había miembros de grupos tan diversos como la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO), el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), la Juventud Peronista (JP), la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), el Peronismo de Base (PB), Montoneros, el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) e, incluso, la organización uruguaya Tupamaros.

No sucedió lo mismo con la distribución geográfica de los operativos de secuestro, donde sí se observa una tendencia a la focalización sobre un área específica durante el período marzo de 1976-enero de 1977. Entonces, las acciones del grupo de tareas tuvieron como epicentro la Capital Federal, jurisdicción dentro de la cual se realizaron 32 de los 58 secuestros registrados para ese período. Lo que sí llama la atención es la transgresión de la jurisdicción formalmente asignada a El Vesubio: el área 114 no incluía el ámbito capitalino que, aun así, quedaba dentro de la esfera de influencia más amplia del Primer Cuerpo de Ejército.

Durante esta etapa se produjo, además, un activo movimiento de secuestrados entre El Vesubio y diversos CCD del ámbito capitalino y del conurbano bonaerense, lo que dio como resultado la conformación de un conjunto de circuitos represivos en pequeña escala o “microcircuitos”. De acuerdo con los datos de la pesquisa judicial, de las 58 personas secuestradas en El Vesubio entre marzo de 1976 y enero de 1977, al menos 33 permanecieron cautivas también en otros espacios de reclusión ilegal. A la luz de esta elevada proporción, es posible suponer que durante una primera fase el CCD de autopista Ricchieri y Camino de Cintura no había adquirido todavía un funcionamiento del todo autónomo, sino que se desenvolvía como una pieza de un engranaje represivo más amplio que abarcaba lugares de cautiverio de la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires bajo dependencia del Primer Cuerpo de Ejército.

En la estructuración de los microcircuitos en los que se repartió la actividad represiva de El Vesubio ocupó un papel destacado el CCD “Garage Azopardo”, espacio que funcionó dentro de la Jefatura General de la Policía Federal, en el barrio porteño de Monserrat. Allí permanecieron cautivas 15 personas que también estuvieron secuestradas en el CCD de autopista Ricchieri y Camino de Cintura durante 1976. Una dimensión menor alcanzó el vínculo con “Coordinación Federal”, otro lugar de reclusión ilegal del ámbito capitalino, que albergó un total de 5 secuestrados con paso por El Vesubio. Un tercer circuito, por el que pasaron al menos 4 personas, tuvo como eje la zona oeste del conurbano bonaerense e incluyó a los CCD montados dentro de la base aérea de Morón, de su homóloga en El Palomar y de la Comisaría 3era de Castelar.

Finalmente, durante febrero de 1977 se desarrolló una articulación aceitada entre El Vesubio y el CCD “El Infierno”, ubicado en dependencias de la Brigada de Investigaciones de Lanús, al sur de la Provincia de Buenos Aires. Los “préstamos” de cautivos entre uno y otro espacio de reclusión alcanzaron los 10 casos en el mes considerado. Este vínculo entre ambos lugares se gestó en paralelo al aumento del número de operativos de secuestro en el CCD de autopista Ricchieri y Camino de Cintura. Para nada casual, esta conexión anticipaba algunas de las tendencias que caracterizarían el funcionamiento de El Vesubio durante el siguiente año y medio.

El salto adelante en la represión (febrero de 1977-abril de 1978)

A comienzos de 1977 tuvo lugar un evento fundamental para el devenir de la represión en El Vesubio. Durante el mes de marzo se produjo el desplazamiento de la central de inteligencia de su asiento inicial en las dependencias militares del barrio de Palermo a las instalaciones del hospital del Regimiento III de Infantería “General Belgrano”, ubicado en la localidad bonaerense de La Tablada. En esta unidad residía la máxima autoridad del Área 112.²¹ Ese cargo fue ocupado por el coronel Federico Antonio Minicucci entre octubre de 1975 y octubre de 1977, cuando ingresó en su reemplazo el también coronel Faustino José Svencionis.²²

El propio jefe de la subzona se explayó sobre las razones de este desplazamiento en un sumario instruido por el Ejército en febrero de 1984.²³ Allí, el general Sasiaíñ sostuvo que el traslado de la CRI se había producido debido a que en la mencionada área de la Provincia de Buenos Aires se encontraba “el sector más comprometido” de la jurisdicción a su cargo. El objetivo que se perseguía con el movimiento de la central de inteligencia, en consecuencia, era “ejercer la conducción directa y cercana de las operaciones en desarrollo, asegurando así una mayor coordinación en el esfuerzo y la máxima capacidad de reacción”.²⁴

Los eufemismos del militar, tendientes a desdibujar su participación en la actividad represiva clandestina, no resultan difíciles de decodificar al echar una mirada al territorio a su cargo.²⁵ Los partidos correspondientes al Área 112, ubicados al sur del conurbano bonaerense, poseían una elevada concentración industrial que se tradujo tempranamente en un importante activismo sindical. Esta organización de los trabajadores no pasó desapercibida para las fuerzas represivas: ya desde antes del golpe se registran secuestros de delegados en distintas fábricas en un espacio que abarca desde Avellaneda hasta La Plata, práctica que se intensificó con el inicio de la dictadura y en la que se vieron involucrados personal e instalaciones legales y clandestinas de distintas fuerzas.²⁶

La zona era, además, el territorio de acción de uno de los últimos bastiones de Montoneros en el país: la “Regional Columna Sur”. Esta estructura militante, una de las tres en las que la organización había repartido su accionar en la Provincia de Buenos Aires, había logrado - no sin grandes pérdidas humanas y con la incorporación de integrantes de la organización de otras jurisdicciones - sostener un mínimo arraigo territorial a pesar de la intensa represión de 1976.²⁷ Ante este panorama, no parece casual que los responsables de la represión decidieran establecer una usina de inteligencia que les permitiera obtener y procesar in situ la información extraída a los secuestrados. Tampoco lo parece que, con el traslado de la CRI al ámbito provincial, se produjeran una serie de cambios profundos en la actividad represiva de El Vesubio.

Desde una perspectiva cuantitativa, febrero de 1977 marcó un quiebre en la dinámica previa que se expresó en un aumento considerable en la intensidad y la cantidad absoluta de secuestros en El Vesubio. A partir de esa fecha, la cifra de personas cautivas igualó en tan sólo 3 meses a la acumulada durante los 11 meses previos (59 en febrero-abril de 1977 contra 58 de marzo 1976-enero 1977). La tendencia se confirma si la cuestión se enfoca desde la distribución mensual de los secuestros: si hasta enero de 1977 sólo dos veces la cantidad de capturas en un mes había superado la decena - mayo (17) y septiembre (12) -, a partir de febrero de 1977 y hasta septiembre de ese año el número no descendió nunca por debajo de las dos cifras, con la única excepción del mes de julio (8). Este salto notorio en la intensidad de los secuestros permite pensar a febrero de 1977 como un primer momento de inflexión en el devenir de la represión en El Vesubio, punto de partida de una segunda fase al interior de la jefatura de Durán Sáenz.

El cambio en la operatoria del CCD se corrobora también en el recorrido que realizaron los secuestrados en El Vesubio. La actividad represiva dispersa en distintos microcircuitos dio paso a una lógica de tipo concentracionario que tenía como eje al CCD de avenida Ricchieri y Camino de Cintura. De las 195 personas secuestradas durante esta segunda fase represiva, un total de 154 - es decir, casi las cuatro quintas partes - atravesaron su cautiverio exclusivamente en El Vesubio. El contraste con lo sucedido durante el año 1976 resulta notorio.

Las transformaciones producidas en esta fase involucraron también la organización del espacio interno del CCD. Durante la primera fase de la represión, la denominada “casa 1” había sido utilizada para el cautiverio de los secuestrados, quienes eran alojados en un sótano de la construcción. Esta situación se modificó en torno al año 1977, cuando el lugar dejó de alojar secuestrados y se convirtió en la “jefatura” del CCD. A partir de entonces, “casa 1” albergó una sala de reuniones-comedor destinado al personal de El Vesubio y se constituyó en la residencia del mayor Durán Sáenz. Por su parte,“casa 3”, que hasta ese momento había desempeñado un rol menor en el ordenamiento cotidiano del lugar de cautiverio, comenzó a alojar una cantidad mayor de secuestrados.²⁸ Es difícil pensar estos cambios por fuera de los que estaban sucediendo entonces en la operatoria represiva de El Vesubio.

Este despegue de los operativos de secuestro en el CCD de autopista Ricchieri y Camino de Cintura se producía en una coyuntura en la que, desde algunos sectores de la Junta Militar, comenzaban a esbozarse alternativas para encontrar una salida política al régimen que dejara atrás la etapa más dura de la represión.²⁹ Mucho tuvo que ver en esto el ascenso de Jimmy Carter a la presidencia de Estados Unidos en enero de 1977. Desde un inicio, el candidato demócrata promovió la defensa de los derechos humanos como una consigna de gobierno.Esto se tradujo pronto en amenazas de sanciones económicas e interrupción de ayudas militares a los gobiernos que los violaran, medidas que pronto se implementarían en contra de la Argentina.

Ese mismo mes, en lo que configuraba una muestra del crecimiento de las posturas “politicistas” al interior de las Fuerzas Armadas, la dictadura dio a conocer el primer documento que planteaba una salida de corte político para el régimen militar: las Bases para la intervención de las Fuerzas Armadas en el Proceso Nacional (Canelo, 2008, p.51). El distanciamiento público de la estrategia represiva por parte de un sector de la Junta Militar llegó a su punto culminante en el mes de mayo, cuando el general Videla, en ocasión de su viaje a Washington, esbozó por primera vez la explicación que atribuía las desapariciones en el país a los “excesos” en la represión (Novaro y Palermo, 2003; Canelo, 2016; Franco, 2018).

Si a simple vista lo que sucedía en El Vesubio a partir de febrero del 1977 podía resultar contradictorio con este espíritu “clausurista” en ascenso entre diversas figuras del régimen, el análisis de la dinámica represiva general durante el período pone de relieve lo aparente de la contradicción. En primer lugar, porque los esfuerzos realizados desde las filas castrenses para elaborar una salida política y los pronunciamientos públicos en ese sentido no significaron, al menos no automáticamente, el abandono de la estrategia represiva. Esto queda en evidencia a partir de las estadísticas del RUVTE para 1977, que refrendan los cálculos más antiguos de la CONADEP: las desapariciones confirmadas para ese año fueron 2.569, mientras que los asesinatos totalizaron 291 casos.³⁰

Un análisis detallado de la dinámica inaugurada en El Vesubio a partir de febrero de 1977 muestra todavía mejor la compatibilidad entre lo que sucedía en el CCD de autopista Ricchieri y Camino de Cintura y el despliegue general de la represión durante el período. En sintonía con el traslado de la central de inteligencia al Regimiento de La Tablada, la actividad del GT2 se reorientó geográficamente hacia el conurbano bonaerense y, en particular, hacia los partidos de la zona sur de esa jurisdicción. La distribución territorial de los operativos de febrero y marzo de 1977 es elocuente en este sentido: de las 20 personas secuestradas en el primero de esos meses, 17 fueron capturadas en distintas localidades del sur del conurbano bonaerense. Marzo, con 11 de un total 15 secuestros en la misma jurisdicción, terminaría de consolidar la tendencia.

La dinámica represiva en El Vesubio durante los meses subsiguientes pondría en evidencia que lo sucedido a comienzo de 1977 no había sido una excepción, sino que configuraba una nueva tendencia en la operatoria del CCD. En efecto, la concentración de los operativos del GT2 en los partidos de la zona sur del conurbano bonaerense se mantendría sin mayores modificaciones hasta abril de 1978. De los 194 secuestros registrados para ese período, 106 tuvieron lugar en una extensa área del sur de la Provincia de Buenos Aires. Las localidades más afectadas por las acciones represivas fueron Quilmes (11), Avellaneda (11), Berazategui (9), Temperley (8), Bernal (7), Adrogué (7), Lanús (7) y Lomas de Zamora (7). En comparación con estas cifras, los 37 secuestros realizados dentro del ámbito de la Capital Federal durante el mismo período representan una minoría.

El análisis de las identidades políticas de los secuestrados confirma los cambios operados en la lógica persecutoria durante esta segunda fase de la represión en El Vesubio. La heterogeneidad que había caracterizado la fase inicial del funcionamiento del CCD dio paso a una lógica represiva que tuvo como núcleo las estructuras militantes montoneras en la Provincia de Buenos Aires. Según una reconstrucción propia a partir de fuentes de distinta procedencia, se constató la presencia de al menos 52 integrantes de la organización político-militar peronista entre los secuestrados durante los operativos realizados por el GT2 a lo largo del conurbano bonaerense.³¹

La descomposición de estas cifras permite profundizar todavía más en el análisis de la lógica que guió la persecución a la militancia montonera desde El Vesubio durante esta fase represiva. Del total de integrantes de la organización secuestrados, al menos 32 lo fueron en localidades del sur de la Provincia de Buenos Aires. Teniendo en cuenta la vigencia de las estructuras de Montoneros en esa jurisdicción, no sería descabellado pensar que las acciones represivas en la zona se enmarcaban en un operativo que tenía como finalidad última desmantelar a la Columna Sur.³² Aun cuando no existe una correspondencia automática entre la localización de las capturas y el territorio de militancia de las víctimas, es posible pensar que ello fue así dado que la mayor parte de los operativos se realizó en los domicilios de los secuestrados. La presunción se refuerza a partir del protagonismo que asumió el grupo de tareas de El Vesubio en el asesinato de Alberto Miguel Camps, entonces jefe militar de la Columna Sur, ocurrido en la localidad de Lomas de Zamora en agosto de 1977.³³

La intensificación y la especialización serían, en suma, las características salientes de la segunda fase de la represión en El Vesubio, que hacía caso omiso de la frontera entre las jefaturas del mayor Durán Sáenz y el capitán Cacivio. A pesar de su pervivencia más allá del cambio de liderazgo, esta lógica no se mantendría inalterada hasta el desmantelamiento del CCD. A partir de mayo de 1978, se producirían nuevas transformaciones en la dinámica persecutoria.Comenzaba, así, una nueva etapa - la última - en la historia dela represión en El Vesubio.

De la represión a los grupos periféricos al desmantelamiento del CCD (mayo de 1978-octubre de 1978)

Los primeros meses de la jefatura del capitán Cacivio prolongaron la dinámica represiva desarrollada durante la conducción del mayor Durán Sáenz. No obstante, en el mes de mayo comenzaron a gestarse cambios profundos en la operatoria del CCD, que involucraron la distribución geográfica de los operativos de secuestro, las identidades políticas y el destino final de las personas cautivas. La profundidad de estas transformaciones configuró a ese mes de 1978 como el mojón de inicio de una tercera fase de la represión en El Vesubio.

En términos geográficos, las acciones del GT2 se enfocaron nuevamente en el ámbito capitalino. Según los datos recopilados en la investigación judicial, de las 103 capturas que se corroboraron para el período, un total de 64 tuvieron como epicentro esa jurisdicción. Esta reorientación espacial de los operativos marcó el retorno hacia el área de influencia “original” del CCD de autopista Ricchieri y Camino de Cintura. No parece casual que dicha reorientación se produjera luego del desmantelamiento de las estructuras montoneras de la zona sur de la Provincia de Buenos Aires.

La vuelta al territorio de la Capital Federal, sin embargo, no replicó de manera exacta la lógica represiva de la primera fase de El Vesubio. Por el contrario, la etapa en ciernes se caracterizó por una nueva redefinición dela fisonomía del “enemigo subversivo” a combatir. A partir de mayo de 1978, y hasta el desmantelamiento del CCD, las organizaciones armadas - y, en especial, Montoneros - cederían su protagonismo como blancos del accionar represivo del GT2 en favor de agrupaciones no directamente vinculadas con la práctica político-militar. No es de extrañar que esto fuera así en una coyuntura signada por la desarticulación o, en el mejor de los casos, el repliegue hacia el exterior de las primeras.

El primer objetivo del grupo de tareas en esta tercera fase fue un conjunto de militantes de la estructura de la UES en la Capital Federal. Incluida dentro de las organizaciones de “superficie” del peronismo, esta agrupación sufrió el secuestro de unos veinte militantes en El Vesubio entre fines de abril y los primeros días de mayo de 1978.³⁴ En su gran mayoría, eran jóvenes de entre 17 y 18 años que cursaban su último año de estudios secundarios o habían terminado hacía muy poco la escuela media en diversos establecimientos educativos porteños con una larga tradición de militancia estudiantil. Los vínculos existentes entre los cautivos tornaron evidente, más que en las fases previas de la historia de El Vesubio, la lógica colectiva que guiaba la represión.³⁵ El secuestro de 14 de ellos en una misma jornada durante un operativo que abarcó diversos barrios porteños constituyó una demostración palmaria de que las capturas individuales cobraban sentido en el marco de la persecución de un grupo político. El objetivo, presumiblemente, era desmantelar lo que quedaba o, más bien, lo que los responsables de la inteligencia militar creían que se mantenía vigente de las estructuras de la UES en la Capital Federal.

La demostración más ostensible de la lógica colectiva de los secuestros, no obstante, se produciría dos meses después y tendría como víctimas a los militantes del partido Vanguardia Comunista (VC).³⁶ Durante los meses de julio y agosto de 1978, más de sesenta integrantes de esa agrupación de tendencia maoísta fueron apresados en distintos puntos de la Capital Federal y, más tarde, conducidos a El Vesubio. Las mujeres y los hombres secuestrados reunían trayectorias de militancia y jerarquías partidarias disímiles, que iban desde la mera colaboración hasta las más altas responsabilidades en la dirigencia nacional.³⁷

Los secuestros de los militantes de VC se produjeron en consonancia con los dos picos máximos de capturas mensuales en toda la historia del CCD: fueron 31 casos en julio y 44 en agosto. Es llamativo que los secuestros en El Vesubio alcanzaran esta intensidad en un momento en el que esa práctica declinaba a lo largo y ancho del país. Si bien no existen al momento registros públicos de víctimas que incluyan también a los sobrevivientes de los CCD, los cálculos de desaparecidos y asesinados en todo el país del RUVTE dan indicios de la progresión en los ritmos represivos: las 675 desapariciones y 48 asesinatos corroborados durante el transcurso de 1978 quedaban muy lejos de las cantidades contabilizadas para ambas categorías en los dos años anteriores (3.147 desapariciones y 672 asesinatos en 1976 y otros 2.569 y 291, respectivamente, en 1977).³⁸

Esta disminución pronunciada del número absoluto de secuestros a lo largo del territorio nacional cobraba sentido en la coyuntura política del año 1978. Las manifestaciones favorables al desarrollo de una alternativa que dejara atrás los momentos más duros del despliegue represivo ganaron espacio al interior de las filas castrenses conforme crecían las presiones del gobierno norteamericano y las denuncias en el extranjero contra la Junta Militar (Novaro y Palermo, 2003; Quiroga, 2004; Canelo, 2008 y 2016; Franco, 2018). Este progresivo predominio del sector “político” de las Fuerzas Armadas por sobre el ala “dura”se apoyó, además, en la seguridad que muchas figuras del arco castrense manifestaban en torno a la consumación del triunfo sobre el principal exponente de la “subversión”, esto es, las organizaciones armadas.

Si a simple vista estas tendencias parecían dibujar un escenario político nacional que iba a contramano de la intensa actividad represiva en El Vesubio, una mirada pormenorizada de lo sucedido en el CCD de autopista Ricchieri y Camino de Cintura matiza esa impresión inicial. En primer lugar, habría que considerar las identidades políticas predominantes entre los secuestrados. Ni VC ni la UES pertenecían al universo de las organizaciones armadas, más allá de las conexiones que podían existir entre algunos integrantes de la agrupación estudiantil peronista y Montoneros. La constitución de ambas como blanco del GT2 no era, en consecuencia, del todo incompatible con el discurso triunfal de las Fuerzas Armadas, el cual al tiempo que proclamaba la derrota de las organizaciones armadas advertía sobre la necesidad de permanecer alerta y de mantener la iniciativa ante posibles “rebrotes subversivos” (Canelo, 2008, p.53).

La decisión de mantener con vida a una parte importante de los secuestrados durante esa tercera fase de la represión en El Vesubio era otro elemento que sintonizaba con la coyuntura política nacional del año 1978. A diferencia de lo que había ocurrido en el CCD de autopista Ricchieri y Camino de Cintura durante las dos fases represivas previas, a partir de mayo de 1978 se produjo un incremento notable en términos absolutos y relativos de las liberaciones: fueron un total de 76 las personas que salieron con vida del espacio de cautiverio, cifra que superó ampliamente la de desaparecidos (27) y asesinados (1). Esta actitud de los responsables de El Vesubio, encabezados por “el Francés” Cacivio, era compatible con la intención del sector “político” del Ejército de ofrecer una inclinación “legalista” de parte del régimen militar puertas afuera de la Argentina.

Refuerza esta hipótesis el método empleado en la mayoría de las liberaciones efectuadas luego de mayo de 1978: la legalización. Este procedimiento, que con un total de 51 casos durante ese año alcanzó en El Vesubio su máxima expresión a nivel nacional, comportaba el paso de los cautivos por un Consejo de Guerra y, luego, por la justicia civil como etapas previas a la liberación. Los desaparecidos, de este modo, abandonaban esa condición para convertirse en detenidos legales. El recurso al “blanqueo” respaldaba la imagen de unas Fuerzas Armadas que, contrario a lo que decían las numerosas denuncias en su contra, apostaban a los mecanismos legales para llevar adelante su combate contra la “subversión”. Lo que no registraban los expedientes, claro, era el contexto de ilegalidad en el que se habían producido las detenciones de los procesados.

La imbricación entre el devenir de la represión en El Vesubio y la dinámica general del período se estrechó todavía más en el ocaso del CCD. Ante las presiones internacionales crecientes sobre la dictadura por las violaciones a los derechos humanos en el país, al interior del sector “político” de las Fuerzas Armadas creció el consenso en torno a la idea de convocar a un organismo internacional para que constatara en el territorio la supuesta falsedad de las denuncias contra la Junta Militar. Este impulso decantaría, finalmente, en una invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) por parte del propio Videla en el mes de diciembre.

Pero antes de que esto sucediera, dada la certeza que reinaba en las filas castrenses respecto de la inminencia de la visita de algún organismo internacional, la Junta Militar emprendió una política de desmantelamiento o remodelación de los CCD más expuestos (Seoane y Muleiro, 2001; Águila, 2013; Canelo, 2016). Como parte de las medidas de “acondicionamiento”, se realizaron cambios edilicios en diversos espacios de cautiverio ilegal, siendo el caso más conocido el de la ESMA.³⁹ En este contexto, cobraron un sentido diferente las denuncias que mencionaban la existencia de un lugar de reclusión clandestina en las inmediaciones del cruce entre la autopista Ricchieri y el Camino de Cintura.⁴⁰ Los primeros testimonios con información al respecto habíam sido publicados en el ámbito del exilio entre fines de 1976 y 1977. Si bien ninguno de ellos mencionaba explícitamente el nombre de El Vesubio - incluso algunos referían a un espacio de cautiverio aledaño, la “Brigada Güemes” - la referencia a las dos vías rápidas, la concurrencia de la zona y la gran visibilidad de las edificaciones desde el exterior del predio parecieran haber sellado la suerte del CCD.

Según la reconstrucción judicial, los secuestros en El Vesubio se interrumpieron a finales de septiembre de 1978. De acuerdo con la declaración testimonial de la última persona que salió con vida del CCD, cuya liberación se produjo el día 11 de octubre, para ese entones el lugar estaba casi vacío de cautivos y la actividad en general era escasa. A partir de entonces se pierde el rastro de lo que sucedió con el espacio de cautiverio hasta que, en los primeros días de diciembre de 1983, un grupo de sobrevivientes vinculados a VC identificó el predio y lo denunció judicialmente. Para entonces, sólo quedaban los escombros de lo que fuera El Vesubio. Durante la inspección ocular al predio, un empleado de una parrilla vecina al CCD afirmó haber visto a personal militar llegar al lugar en camiones y, acto seguido, emprender la demolición de las construcciones. Según este mismo testigo, el evento se produjo en una fecha imprecisa a finales del año 1978.⁴¹

Consideraciones finales

Este trabajo examinó históricamente y con base en determinados indicadores cuantitativos el desarrollo de la dinámica de la represión en El Vesubio entre marzo de 1976 y octubre de 1978­. Durante el transcurso de este período, se produjeron transformaciones sustanciales en la lógica represiva del CCD. Estas involucraron, entre otros aspectos, la intensidad y distribución territorial de los operativos de secuestro, las identidades políticas de las personas capturadas, la organización interna del lugar de cautiverio, los modos de articulación con otros espacios de reclusión clandestina y los destinos finales de los cautivos.

En base a estas modificaciones se distinguieron tres fases en la historia represiva de El Vesubio. Una primera, de corte “preparatorio”, se extendió desde el comienzo de la actividad en el lugar, en marzo de 1976, hasta febrero del año siguiente. La característica saliente durante esta fase fue la dispersión de la actividad represiva. Esto se reflejó en la intensidad variable y la distribución irregular a lo largo de los meses de los operativos de secuestro, en la diversidad de pertenencias políticas de los cautivos - sin predominio de ninguna en particular - y en los vínculos establecidos entre El Vesubio y un conjunto de espacios de reclusión ilegal de la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires.

La segunda fase, desarrollada entre febrero/marzo de 1977 y mayo de 1978, marcó el “salto adelante” en la dinámica represiva del CCD. Entonces, se produjo un incremento en la intensidad de los operativos de secuestro, cuyo despliegue mes a mes superó ampliamente las cifras de la etapa precedente. Además, durante esta fase represiva tuvo lugar una relocalización de las capturas, que se focalizaron en el territorio de la Provincia de Buenos Aires y, dentro de esta, particularmente en los partidos de la zona sur. Esta reorientación geográfica vino de la manode ciertas transformaciones del aparato represivo - el adelantamiento de la central de inteligencia al territorio provincial - y respondió, en buena medida, a una definición más precisa de los contornos del “enemigo subversivo” a aniquilar: entre los secuestrados predominaron los militantes de la Columna Sur de Montoneros.

Finalmente, una tercera fase que podría denominarse “periférica”caracterizó la dinámica de la represión en El Vesubio entre mayo y octubre de 1978. En este período, los operativos del grupo de tareas experimentaron una nueva reorientación espacial que fue acompañada de otra redefinición de los blancos a perseguir. Tal como había sucedido durante 1976, los secuestros se focalizaron en el territorio de la Capital Federal. Este cambio tenía como objetivo la desarticulación de dos colectivos políticos que actuaban en el ámbito capitalino: la UES y VC. Ambos compartían - en diverso grado - la ajenidad al universo armado, lo que marcaba una diferencia con la lógica de la represión durante 1977. Esta tercera fase, a su vez, fue escenario de un aumento marcado de las liberaciones de cautivos por medio del procedimiento de la legalización, lo que implicó la articulación aceitada entre El Vesubio y distintas dependencias militares y penitenciarias de existencia oficial. El recurso al “blanqueo” se aceleraría en el tramo final del funcionamiento del CCD.

Estas transformaciones en la dinámica de la represión en El Vesubio resultaron de la combinación variable de desarrollos a escala local y nacional, cuyo peso específico se modificó en cada coyuntura particular. Como consecuencia, el despliegue represivo en el CCD de autopista Ricchieri y Camino de Cintura siguió por momentos el ritmo del proceso general del país, mientras que en otros ensayó un camino autónomo y alejado de las tendencias dominantes en el escenario nacional, aunque siempre guiado por los principios y objetivos básicos de la “guerra contra la subversión”. Esta oscilación en el funcionamiento de El Vesubio pareciera encontrar su fundamento último en la concepción centralizada con ejecución descentralizada que animó al plan represivo de las Fuerzas Armadas.

Las grandes diferencias registradas en la dinámica y el ejercicio de la represión durante los casi tres años de actividad de El Vesubio invitan a pensar a los espacios de cautiverio dictatoriales como productos históricos y, por eso mismo, sujetos a transformaciones a lo largo del tiempo. A través del análisis de un caso particular, este trabajó pretendió subrayar la pertinencia de incorporar la dimensión diacrónica al análisis de los CCD, desdibujada en las producciones especializadas que los conciben de un modo estático. Los hallazgos realizados abonan a un abordaje metodológico que examine los espacios de cautiverio clandestino dictatoriales en sus múltiples configuraciones históricas, con sus actores, dinámicas y modalidades de funcionamiento específicas. La propuesta, en última instancia, pretende contribuir a una comprensión más acabada del dispositivo represivo montado por las Fuerzas Armadas durante el último golpe de Estado en la Argentina.

Referencias

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• WATTS, Jorge. Memoria del infierno: relato testimonial de un sobreviviente del Centro Clandestino de Detención “El Vesubio” Buenos Aires: Continente, 2009.

• 1
  Este artículo constituye una versión corregida de la ponencia presentada en las IV Jornadas de la Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política (RER) — III Coloquio Internacional de Violencia Política en el siglo XX, evento realizado en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario los días 24, 25 y 26 de abril de 2019. Agradezco los comentarios realizados al trabajo por el comentarista, Santiago Garaño, y por el público asistente, que contribuyeron a enriquecer el texto final. Hago extensivo el agradecimiento también a los evaluadores o evaluadoras convocados por la revista.
• 2
  Esto no significa que ninguno de estos autores haya reparado en la necesidad de periodizar el ejercicio de la represión durante la historia reciente argentina, algo sobre lo que insistieron varios de ellos. No obstante, esta preocupación se focalizó principalmente en el análisis del fenómeno de la acumulación represiva durante los años previos al golpe y en el proceso de conformación del dispositivo represivo dictatorial. Como consecuencia, en estos trabajos quedó en un lugar secundario el análisis de la evolución histórica del funcionamiento de los CCD propiamente dichos.
• 3
  Al día 4 de diciembre de 2015, fecha de cierre de la instrucción, se había acreditado el paso de 359 personas por El Vesubio (“Resolución causa n. 14.216/03 ‘Suárez Mason Carlos y otros sobre privación ilegal de la libertad”, 4 de diciembre de 2015). El número se elevó a 370 en la etapa de juicio, cuyas audiencias orales y públicas comenzaron en los tribunales federales de Comodoro Py en noviembre de 2019 y todavía se encuentran en desarrollo. De acuerdo con los cálculos realizados por diversos organismos de derechos humanos, sin embargo, el número de cautivos podría ascender a cuatro veces la cifra contabilizada en los tribunales.
• 4
  Sobre esta cuestión, véase Giovanni Levi, “Sobre microhistoria”, en Peter Burke (Ed.). Formas de hacer historia, Madrid, Alianza, 1994; Carlo Ginzburg, “Microhistoria: dos o tres cosas que sé de ella”, en El hilo y las huellas: lo verdadero, lo falso, lo ficticio, Buenos Aires, FCE, 2014.
• 5
  Poder Ejecutivo de la Nación, decreto n. 5595/62.
• 6
  Memoria Abierta, “Centro clandestino de detención ‘El Vesubio’”, CD-Rom interactivo, 2004. La superficie del predio difiere, según la información recabada en el expediente judicial por los crímenes cometidos en El Vesubio, donde se menciona un área de 12 mil m² (“Resolución causa n. 14.216/03 ‘Suárez Mason Carlos y otros sobre privación ilegal de la libertad’”, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n. 3, Secretaría n. 6, 4 dic. 2015).
• 7
  El nombre “El Vesubio” fue mencionado por primera vez públicamente en el testimonio de Cecilia Vázquez, producido en Francia el 6 oct. 1979 (Testimonio de Cecilia Vázquez, 6 oct. 1979, en causa n. 1800/83, “Armando Benet, Titular de la Fiscalía n. 2 s/denuncia”, Juzgado en lo Penal n. 7, Secretaría n. 13, Provincia de Buenos Aires, fs. 389).
• 8
  Para llevar adelante su estrategia represiva, las Fuerzas Armadas dividieron el territorio nacional en cinco zonas que se correspondían cada una con uno de los Cuerpos de Ejército existentes en el país. La Zona 1 comprendía originalmente la Capital Federal, parte de la provincia de Buenos Aires y la totalidad de La Pampa. Dentro de la misma se encontraba, entre otras, las Subzona 11, cuya jurisdicción se extendía sobre las localidades de San Andrés de Giles, Exaltación de la Cruz, Campana, Zárate, Luján, Mercedes, General Rodríguez, Marcos Paz, General Las Heras, Navarro, Lobos, Cañuelas, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Avellaneda, La Matanza, Quilmes, Florencio Varela, Berazategui, Almirante Brown, La Plata, San Vicente Brandsen, General Paz, Monte Grande y Lanús. El Área 114, por su parte, albergaba los partidos de La Matanza, Marcos Paz, Las Heras y Lobos (Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, “Informe de investigación sobre víctimas de desaparición forzada y asesinato, por el accionar represivo del Estado y centros clandestinos de detención y otros lugares de reclusión clandestina”, p. 1587; Proyecto Desaparecidos,http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/zonas/zonas.htm. Última fecha de consulta: 7 mar. 2018).
• 9
  Carlos Guillermo Suárez Mason fue un general de división que durante la última dictadura tuvo a su cargo la jefatura del Primer Cuerpo de Ejército, jurisdicción que albergó algunos de los mayores CCD de la entonces Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires. Bajo su autoridad operó también el Batallón 601, principal usina de inteligencia del arma terrestre. En la interna que dividía al actor militar, Suárez Mason ocupaba el sector de los “duros”, compuesto por los oficiales con mayor responsabilidad en la labor represiva: Comandantes, 2º Comandantes y Jefes de Estado Mayor de los distintos Cuerpos de Ejército. Dentro de este grupo existía la convicción de que la guerra contra la “subversión” debía ser llevada hasta sus últimas consecuencias. Con la reapertura de los procesos judiciales por los crímenes de lesa humanidad, Suárez Mason fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua. Falleció en 2005 en el penal de Devoto, donde cumplía su condena.
• 10
  El coronel Pascarelli se desempeñó en esa función desde octubre de 1974 hasta el 26 de noviembre de 1976. Su reemplazante, el coronel Fischera, permaneció a su vez hasta enero de 1979 (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n. 3, Secretaría n. 6, op. cit., p. 31).
• 11
  Para más información sobre “el Francés”, véase la nota periodística “Un francés que perdió el anonimato” (Página 12, 4 ago. 2010, https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-150676-2010-08-04.html. [última consulta: 7 mar. 2018]).
• 12
  Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n. 3, Secretaría n. 6, op. cit., p. 42.
• 13
  Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n. 3, Secretaría n. 6, op. cit.; Jorge Watts, Memoria del infierno: relato testimonial de un sobreviviente del Centro Clandestino de Detención “El Vesubio”, Buenos Aires, Continente, 2009.
• 14
  Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n. 3, Secretaría n. 6, op. cit. En septiembre de 1979, el Comando de la Brigada X de Infantería se trasladó a la ciudad de La Plata , donde funcionó hasta 1992 (https://es.wikipedia.org/wiki/Brigada_Mecanizada_X. Última fecha de consulta: 27 mar. 2019).
• 15
  Este nexo fue confirmado inicialmente por uno de los encargados de realizar los secuestros en el CCD de autopista Ricchieri y Camino de Cintura, el ex agente del SPF Néstor Norberto Cendón, quien realizó una declaración ante la CONADEP mientras cumplía una condena por delitos comunes. Su testimonio fue utilizado como prueba en el Juicio a las Juntas y, más recientemente, en los procesos judiciales por los crímenes de lesa humanidad (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n. 3, Secretaría n. 6, op. cit.). Luego, la vinculación entre El Vesubio, el Grupo de Tareas 2, la CRI y el Batallón 601 sería corroborada en el marco de la investigación desarrollada por los miembros del Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (Programa Verdad y Justicia. El Batallón 601, Buenos Aires, Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2015).
• 16
  Para evitar reiteraciones a lo largo del trabajo, se realizará en este punto una aclaración respecto a las fuentes utilizadas en esta investigación. Las cifras en las que se basa la reconstrucción que aquí se propone fueron extraídas de la ya citada resolución de la instrucción del tercer tramo de la causa judicial por los crímenes de lesa humanidad en El Vesubio. En lo que respecta a las identidades políticas de los secuestrados, se recurrió también a la base de datos pública del Parque de la Memoria y a la reconstrucción realizada de manera personal por Roberto Baschetti sobre las y los militantes peronistas desaparecidos y asesinados por la represión.
• 17
  Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado. “Informe de investigación sobre víctimas de desaparición forzada y asesinato, por el accionar represivo del Estado y centros clandestinos de detención y otros lugares de reclusión clandestina”, 2015, p. 1566.
• 18
  CONADEP. Nunca más: informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Buenos Aires, Colihue, 1984, p. 298.
• 19
  Una de las más tempranas denuncias contra la dictadura en el ámbito internacional tuvo como escenario a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Allí, en las audiencias del Comité de Relaciones Internacionales que se desarrollaron los días 28 y 29 de septiembre de 1976, dieron su testimonio sobre la represión en la Argentina dos abogados argentinos vinculados a la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU), Lucio Garzón Maceda y Gustavo Roca. A ellos se sumó también el relato de un sacerdote norteamericano, James Weeks, detenido en la provincia de Córdoba durante unos días y, luego, liberado.
• 20
  Amnistía Internacional, “Informe de una misión de Amnistía Internacional a la República Argentina”, Barcelona, Blume, 1977; Daniel Gutman, Noviembre de 1976: una misión en busca de la verdad, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2015, p. 98.
• 21
  La jurisdicción del Área 112 comprendía los partidos bonaerenses de Almirante Brown, Esteban Echeverría, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, San Vicente y Cañuelas
• 22
  “Resolución causa n. 14.216/03”, 16 jul. 2010, op. cit., p. 11; http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/zonas/a112.htm (Ultima fecha de consulta: 26 mar. 2019).
• 23
  El sumario fue iniciado por pedido del propio general Sasiaíña raíz de una serie de artículos periodísticos que denunciaban la existencia de un lugar de cautiverio ilegal en el predio de autopista Ricchieri y Camino de Cintura durante los años de dictadura.
• 24
  Juzgado de Instrucción Militar n. 29, “Sumario militar s/CDC”, 3 feb. 1984.
• 25
  La naturaleza clandestina del ejercicio y los métodos implementados por las Fuerzas Armadas para llevar adelante la represión se expresó en la ausencia de referencias a este tipo de prácticas criminales en los documentos oficiales. Esta es una de las dificultades que se les plantean a funcionarios judiciales e investigadores al momento de reconstruir las modalidades y cadenas de responsabilidades que estructuraron el ejercicio de la represión, dado que la transmisión de las órdenes para la actividad clandestina se realizaba de manera oral. En consecuencia, la indagación de los documentos militares exige una lectura atenta que, detrás de un lenguaje técnico propio del ámbito castrense, pueda vislumbrar las huellas de la actividad represiva ilegal. Para más información al respecto, véase Pontoriero (2016).
• 26
  Victoria Basualdo et al., Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado, Posadas, Edumam; Buenos Aires, Centro de Estudios Legales y Sociales, 2016.
• 27
  Para más información sobre la actividad de Montoneros en la zona sur de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura, véase Hernán Confino, “Volver sin haberse ido: el caso de las ‘Tropas de Agitación Sur’ durante la Contraofensiva Estratégica Montonera de 1979’, en Revista Universitaria de Historia Militar, v. 7, n. 14, 2018; Mariano Pacheco, Los Montoneros silvestres (1976-1983): historias de resistencia a la dictadura en el sur del Conurbano, Buenos Aires, Planeta, 2014. Un informe elaborado por la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) de septiembre de 1977 identificaba entre doscientos y 210 militantes como parte de la Columna Sur de Montoneros, que superaba así a sus homólogas de las zonas Oeste y Norte, las cuales no superaban entonces los ciento cincuenta miembros cada una (DIPBA, Mesa “D(s)”, Carpeta Varios, Legajo 13.431). Otro informe del organismo, fechado el 3 de mayo de 1979, ofrecía algunos indicios del nivel de destrucción alcanzado por la Columna Sur en los dos años que separaban ambos documentos. Por ejemplo, destacaba que 67 militantes habían sido asesinados o secuestrados por las Fuerzas Armadas, quedando tan sólo 23 miembros activos de aquella estructura para el momento del informe. El escrito, a su vez, afirmaba que “la capacidad de regeneración de sus cuadros es mínima e implicaría un aumento de la vulnerabilidad de la columna en la infiltración […] puede decirse que la capacidad operativa de la organización ha quedado limitada a la realización de panfleteadas aisladas, sabotajes fabriles y de servicios públicos y en menor escala a la posibilidad de atentados con explosivos, descontándose momentáneamente la ejecución de acciones de cierta envergadura” (DIPBA. “Mesa “D(s)”, Actualización BDT Montoneros, ene. 1980).
• 28
  Memoria Abierta, op. cit., 2004; Watts, op. cit., 2009.
• 29
  Las primeras muestras de esta voluntad de elaborar una salida “política” para el régimen se habían insinuado ya a finales del año 1976: en noviembre, el general Albano Harguindeguy, a la sazón ministro del Interior, había afirmado públicamente que las Fuerzas Armadas se aproximaban “al éxito final contra los subversivos”. Esta declaración, que todavía constituía una manifestación aislada al interior del actor castrense, fue recuperada por el periódico La Nación del día 11 de noviembre de 1976 (citado en Canelo, op. cit., 2008, p. 50).
• 30
  Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, op. cit., p. 1566; CONADEP, op. cit., p. 298.
• 31
  Las fuentes utilizadas fueron la instrucción judicial del último tramo de la causa por los crímenes de lesa humanidad en El Vesubio, la base de datos de consulta pública del Parque de la Memoria (http://basededatos.parquedelamemoria.org.ar/) y la minuciosa reconstrucción realizada por Roberto Baschetti disponible en su página web personal (http://www.robertobaschetti.com/uno%20x%20uno.htm).
• 32
  Esta hipótesis es sugerida también por Jorge Watts (2009), cautivo en El Vesubio durante 1978, en su libro de memorias sobre la experiencia en el CCD de autopista Ricchieri y Camino de Cintura. Allí, el sobreviviente afirma haber tenido contacto durante su cautiverio con numerosos integrantes de la estructura de Montoneros en la zona sur del conurbano bonaerense secuestrados en El Vesubio en una etapa previa a su ingreso al CCD. Cita, además, el caso de una sobreviviente del año 1977 que le confió haber visto durante su secuestro en El Vesubio un organigrama en el que constaban las identidades y jerarquías de numerosos integrantes de la Columna Sur.
• 33
  Alberto Miguel Camps — apodado “Quique”, “Felipe” o “Gervasio” — comenzó su militancia en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), para luego integrarse a la organización Montoneros. Sobreviviente del fusilamiento de prisioneros llevado a cabo en la base “Almirante Zar” de Trelew el 22 de septiembre de 1972, fue amnistiado por el gobierno de Héctor Cámpora la madrugada del 26 de mayo de 1973. Ante el aumento de la represión paraestatal durante el gobierno de Martínez de Perón, en 1975 se exilió, retornando al país al año siguiente para hacerse cargo de la jefatura militar de la estructura de Montoneros en el sur de la Provincia de Buenos Aires (Roberto Baschetti, “Camps, Alberto Miguel”. Disponible en: http://www.robertobaschetti.com/biografia/c/55.html. Última fecha de consulta: 7 mar. 2018).
• 34
  Las llamadas organizaciones “de superficie” eran las diversas agrupaciones de funcionamiento legal vinculadas a alguna de las expresiones político-militares que funcionaron en Argentina en las décadas de 1960 y 1970. Con la sanción de la ley n. 20.840 de “Seguridad Nacional”, sin embargo, estas organizaciones fueron ilegalizadas y, en consecuencia, sus integrantes fueron perseguidos por el régimen militar.
• 35
  Los secuestrados pertenecían a los establecimientos educativos de nivel medio Juan José Paso, Normales N.4 y N.6, Domingo Faustino Sarmiento, Colegio Nacional de Buenos Aires y Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini.
• 36
  La fundación de Vanguardia Comunista se produjo el 5 de abril de 1965 y estuvo a cargo de un conjunto de militantes disidente del Partido Socialista Argentina de Vanguardia (PSAV), uno de los diversos desprendimientos del Partido Socialista Argentino (PSA). El nacimiento de la nueva organización, de orientación maoísta, supuso un nuevo capítulo en la historia de dicha corriente en el país. Su primer Secretario General fue Elías “El Turco” Semán. Otros dirigentes de renombre de la organización fueron Roberto “El Cabezón” Cristina — máximo dirigente al momento de los secuestros de militantes de VC en El Vesubio —, Rubén “El Ruso” Kriscautzky y Jorge Montero (Rupar, 2016). A lo largo de su historia, VC asumió diversos nombres, tales como Partido Comunista (marxista-leninista) [PC (m-l)], denominación adoptada poco antes del golpe de Estado de marzo de 1976, y Partido de la Liberación (PL), nombre con el que se conoció a esta fuerza política en la etapa alfonsinista. Actualmente, la organización existe bajo el nombre de Partido Revolucionario Marxista Leninista (PRML). Para facilitar la lectura, a lo largo del artículo se utilizará solamente la denominación VC, el más difundido de los distintos nombres que asumió la organización a lo largo de su historia.
• 37
  El golpe para la organización resultó devastador, aunque con el tiempo logró reponerse y convertirse en unos de los bastiones de la denuncia de los crímenes en El Vesubio. Para más información al respecto, véase González Tizón, 2018.
• 38
  Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, op. cit., p. 1566. Estas cifras replican en buena medida las tendencias esbozadas en el informe Nunca más (CONADEP, op. cit., p. 98).
• 39
  En este caso, se llegó al extremo de reubicar momentáneamente a los secuestrados en una isla de la localidad bonaerense de Tigre para “esconderlos” durante la visita de la CIDH en septiembre de 1979 (Verbitsky, 2005).
• 40
  Ya en el informe de Amnistía internacional se hacía mención a la existencia de un CCD aledaño al predio de El Vesubio: la “Brigada Güemes”. Poco después, en marzo de 1977, el informe Argentina: proceso al genocidio de la CADHU incluía un testimonio que también hacía referencia a ese espacio de cautiverio — ubicado en las dependencias de la División Cuatrerismo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires -, señalando una ubicación que por la cercanía entre un lugar y otro coincidía con la de El Vesubio (CADHU, 2014 [1977]). Un tercer testimonio, correspondiente al sobreviviente Juan Enrique Velázquez Rosano y publicado en Holanda en octubre de 1977, volvía sobre la presencia de un espacio de reclusión clandestina en las inmediaciones de Puente 12. Estas son sólo algunas de las muchas menciones a la zona de emplazamiento de El Vesubio que surgen de las denuncias que por entonces recorrían el espacio exilar.
• 41
  Causa n. 35.040/ 78, “Ávalos de Guarido s/ denuncia de privación ilegal de libertad en perjuicio de Guarido, Paulino Alberto y Piñeiro, Mónica Haidée”, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción, n. 3, Secretaría n. 10, fs. 286.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  16 Nov 2020
• Fecha del número
  Sep-Dec 2020

Histórico

• Recibido
  19 Abr 2019
• Acepto
  27 Set 2019