Entre la restauración y la fundación: la democracia protegida de la Declaración de Principios del Gobierno de Chile (1973-1980)

Entre a restauração e a fundação: a democracia protegida da Declaración de Principios del Gobierno de Chile (1973-1980)

Resumen:

En base a estudios del discurso, se analiza historiográficamente el desarrollo de las macroformas textuales de democracia en la Declaración de Principios del Gobierno de Chile (1974), y su influencia en documentos oficiales en el período fundacional del régimen cívico-militar en Chile (1973-1980), en sus contextos de situación, porque los proyectos del gremialismo, Doctrina de Seguridad Nacional y neoliberalismo establecen posiciones de poder. Se piensa que el discurso democrático posee un significado flexible, permeado por su utilidad en las disputas de producción de sentido político en dinámicas de poder cambiantes, y por valores nacionalistas, conservadores, religiosos, tecnocráticos militares y neoliberales ajenos a la democracia ilustrada. Permite, sin embargo, sustentar un régimen autoritario cuyo más importante dispositivo de poder fue principal, aunque no únicamente, el uso de la violencia.

Palabras claves:
Democracia; Declaración de Principios; Neo­liberalismo

Resumo:

Com base nos estudos do discurso, analisa-se historiograficamente o desenvolvimento das macroformas textuais da democracia na Declaração de Princípios do Governo do Chile (1974) e sua influência nos documentos oficiais da época da fundação do regime civil-militar no Chile (1973-1980), em seus contextos de situação, porque os projetos do sindicalismo, da Doutrina de Segurança Nacional e do neoliberalismo estabelecem posições de poder. O discurso democrático é pensado como tendo um significado flexível, permeado por sua utilidade em disputas pela produção de significado político na mudança da dinâmica de poder e por valores nacionalistas, conservadores, religiosos, tecnocráticos, militares e neoliberais estranhos à democracia iluminada. Permite, no entanto, sustentar um regime autoritário cujo mais importante dispositivo de poder era principalmente, mas não apenas, o uso da violência.

Palavras-chave:
Democracia; Declaração de Princípios; Neoliberalismo

Introducción

Desde el golpe cívico-militar (en adelante, GCM) el régimen se tensiona en la decisión entre imponer un sentido restaurador (exige como estrategia la pacificación represiva en un tiempo corto) o fundacional (exige la necesidad de una revolución, de generar dinámicas ideológicas de legitimación intensas), opción que surgió con anterioridad y que “no logró los niveles de articulación práctica e ideológica del bloque golpista amplio y heterogéneo” pues sus temas carecían “de eficacia cultural… porque no podía estar en el centro de un discurso de masas”. Por ello, las primeras semanas del régimen, se hizo referencia al pasado reciente, lo ocurrido en la Unidad Popular, predominando el sentido restaurador en “todas las declaraciones y documentos oficiales”, planteando la permanencia transitoria de los militares en el poder, sin cuestionar el sistema político anterior (Vergara, 1985, p. 18, 19). Los grupos de derecha percibían al régimen naciente como fundacional, lo que planteaba un conflicto al interior de la coalición inicial que, en una primera instancia, se resolvería con la Declaración de Principios del Gobierno de Chile (en adelante, DP).

Los aspectos políticos que expone son amplios: “El hombre tiene derechos naturales anteriores y superiores al Estado” (DP, 1974, p. 13); “El Estado debe estar al servicio de la persona y no al revés” (DP, 1974, p. 14); “El fin del Estado es el bien común general” (DP, 1974, p. 14-16); “Gobierno autoritario, impersonal y justo” (DP, 1974, p. 23); “Una nueva y moderna institucionalidad: tarea para el actual gobierno” (DP, 1974, p. 27-32). Su análisis estará en función de la alusión directa a la palabra democracia en la DP y su proyección en los restantes documentos. El objetivo de este trabajo es analizar la noción de democracia en fuentes oficiales del Gobierno del régimen cívico-militar (en adelante, RCM)¹ entre los años 1973-1980, estableciendo los elementos de corta y larga duración que operan en el período mencionado, determinando sus permanencias y/o variaciones. Se trabaja básica, aunque no exclusivamente, según criterios teóricos de los estudios críticos del discurso e historiografía reciente de Chile. El primero, porque se analiza el lenguaje como práctica social, considerando que el contexto de su uso es central para su comprensión, aquí, la relación entre lenguaje y acción política en un contexto autoritario, evitando establecer una relación determinista entre los textos y lo social en que los efectos del poder y de las representaciones de la producción de sentido queden oscurecidos (Wodak, 2003, p. 18). Historiográficamente se detallan los contextos de situación de los discursos, enfatizando las tensiones políticas en la disputa por hegemonías de poder en un pluralismo limitado, los que se segmentan para su análisis sincrónico y diacrónico. La gramática de texto que se aplica para cada documento busca determinar semejanzas referenciales (Kerbrat-Orecchioni, 1997, p. 43-150) estableciendo “coherencias locales” - relaciones semánticas de oraciones individuales de la secuencia - y “globales” para establecer macroformas, de la democracia en este caso, significado del todo que se ha especificado desde los significados de las oraciones del discurso y de su secuencia proposicional (Van Dijk, 1997, p. 9, 17-19). La coherencia pragmática de lo anterior se proyecta al analizarlas en un contexto de situación (Halliday, 1994, p. 42, 43). Es la necesaria semántica referencial o extensional. Finalmente, el análisis integrado de todos los documentos, su orientación histórica, puede realizarse mediante la práctica de varios cortes sincrónicos en un hilo discursivo otorgado por las macroformas construidas, pero también diacrónico del origen de sus transformaciones (Jäger, 2003, p. 44, 88). Los documentos son oficiales del RCM. La DP, redactada por el líder gremialista Jaime Guzmán, es dada a conocer el 11 de marzo de 1974. El Acta de Constitución de la Junta de Gobierno (en adelante, Acta) es publicada el 18 de septiembre de 1973. El Bando n. 5 (en adelante, Bando), es un edicto penal y administrativo que podía ser utilizado en tiempos de guerra (Barros, 2005, p. 68). Realidad y Destino de Chile (en adelante, Realidad) contiene el “Discurso del Presidente de la Honorable Junta de Gobierno en Edificio Diego Portales, el 11 de octubre”. El Mensaje de la Junta sobre la Labor del Gobierno. Formulación de Propósitos Para la Labor de Corto y Largo Plazo (en adelante, Mensaje) expone los intereses del mundo militar en función de la Doctrina de Seguridad Nacional. Es hecha pública un día antes que la DP. El Objetivo Nacional (en adelante, Objetivo), de origen militar, está fechado el 23 diciembre de 1975. El Discurso de Chacarillas (en adelante, Chacarillas) es un discurso de Augusto Pinochet de julio de 1977, redactado por Jaime Guzmán. Visión Futura de Chile (en adelante, VF) expone una clase magistral de Augusto Pinochet Ugarte en la Universidad de Chile en abril de 1979. Es redactado por Jaime Guzmán.

La disputa por la producción de sentido autoritario

Las preocupaciones de las FF.AA desde los años 1960 fueron la neutralización de la izquierda marxista y la necesidad de modernización económico-social, debate atravesado por los resabios del ibañismo, corporativismo y por la doctrina de la contrainsurgencia. Por ello, hacia el 11 de septiembre primaba una heterogeneidad conceptual, predominando en el bloque insurreccional un sentimiento de representación de toda la nación, uniendo FF.AA y patria (Valdivia, 2003, p. 246, 128). Existía un doble problema: evitar que el desafío de restaurar la “unidad nacional” los hiciera aparecer como voceros y reificadores de intereses sociales y políticos particulares. E impedir que la burocracia autoritaria en formación fuera permeada por el conflicto de mentalidades y convicciones existentes en la sociedad. Se quiere consolidar un estilo de acción basado en la coherencia, la cooperación y la neutralidad de la técnica. Por ello, la elite de potenciales colaboradores tenía que sincronizar con ciertos elementos de su mentalidad política global: poseer un intenso nacionalismo (armonía y unidad nacionalista respecto a la propiedad privada de los individuos); un sentimiento empático con los valores del integrismo; eficiencia y pragmatismo en la acción y jerarquía y disciplina en la organización. No todos los grupos adherentes al GCM fueron considerados. Los nacionalistas estaban en puestos marginales, sin peso alguno en las decisiones de trascendencia, salvo, tal vez, el caso de Álvaro Puga (Rojas, 1998, p. 29). Los oficiales más cercanos ideológicamente a ellos fueron tempranamente derrotados en el régimen. Por ello gremialistas y neoliberales se impusieron en medio de vacío programático (Valdivia, 2003, p. 205, 216).

El movimiento gremialista² había surgido como la principal organización de masas para oponerse al gobierno de la Unidad Popular. Fue el grupo más influyente entre los años 1977 y 1980, favorecidos por la presencia del general Sergio Covarrubias como jefe del Estado Mayor Presidencial y de Sergio Fernández como ministro del Interior (Valdivia, 2003, p. 212). Tenían un discurso político que provenía en lo principal del tradicionalismo católico de raíces hispanas, de carácter integrista. Su bandera era la lucha frontal contra los partidos políticos y, por lo tanto, contra el sistema político democrático, al que criticaban el sufragio universal como fuente de legitimidad, privilegiando un orden social jerárquico, inspirado en concepciones de nación, autoridad y “poder social” provenientes de las ideas de la filosofía española del corporativismo. Participan en la redacción de Realidad, la DP, Chacarillas, VF y la Constitución de 1980. Jaime Guzmán, su principal líder, es el asesor más cercano a Pinochet en el período (Rojas, 1998, p. 87). Poseía “una gran imaginación para orientar su accionar político en una perspectiva de largo plazo y fue pragmático para adecuar sus convicciones a las oportunidades que le ofrecía el momento”. En 1975, al ver la vulnerabilidad del autoritarismo de Franco después de su muerte, modifica sus ideas y trabaja por la instauración de una “democracia protegida y autoritaria”, asimilando de paso las ideas referidas a la Doctrina de Seguridad Nacional (Huneeus, 2000, p. 329, 342, 345). Es el principal redactor de la DP (Cristi, 2000, p. 37)³ y de la mayoría de los discursos más importantes. Sus recomendaciones políticas y propuestas ideológicas señalaban la orientación del régimen, aunque Gonzalo Vial afirma que actuó sobre Pinochet “intermediando y de consuno con Sergio Fernández… abarcando a los Chicago y al resto del equipo civil” (Vial, 2002, p. 375). Opera en el régimen por medio de asesorías directas, primero a la Junta y luego, al general Sergio Covarrubias, jefe del Estado Mayor Presidencial entre 1974 y 1979 (Huneeus, 2001, p. 17), “el único que se permitía representarle sus errores a Pinochet y el hombre más cercano a sus decisiones”; éste fue “una ayuda fundamental para contrarrestar las influencias que ejercían sobre Pinochet los nacionalistas y también para bloquear al general Manuel Contreras”. Guzmán también se convirtió “en el interlocutor entre Pinochet y el ex presidente Jorge Alessandri” (Osorio, Cabezas, 1995, p. 280).

Otro grupo de poder en la elite es el Comité Asesor de la Junta (COAJ), organizado a fines de 1973, dirigido por el coronel Julio Canessa. Forman parte del comité de oficiales de las instituciones armadas. Tienen asesoría israelita durante 1974. Su tarea es estudiar proyectos y programas. Posee rango ministerial, con áreas muy amplias dependientes de la Junta de Gobierno, atribuciones consultivo-técnicas y facultad de pedir ayuda a todas las entidades del Estado. Es formado por Pinochet para contar con gente de su estricta confianza en la revisión de las decisiones de gobierno e irá trabajando cada vez más directamente para él (Rojas, 1998, p. 32, 33).

Los gremialistas y el COAJ son los grupos de mayor influencia en la élite cívico-militar. Desde 1975 se suman los neoliberales. Desde 1978 se produce el auge del neoliberalismo. La transformación de la mentalidad militar para absorberlo fue relativamente rápida, debido a aspectos concretos como el impacto de los niveles de consumo ofrecidos por el modelo y el mayor presupuesto y capacidad de modernización de sus instituciones, pues con anterioridad las “planificaciones globales” de los gobiernos de Frei y Allende habían reducido el presupuesto de Defensa. Su política monetarista logra una estabilidad que les permite acceder a créditos externos para mantener el ritmo de modernización castrense. Sus éxitos se acentúan al desaparecer toda prensa opositora, salvo las revistas de la Iglesia Católica, de poco tiraje y al no existir un modelo alternativo al neoliberal. Sus elementos tuvieron arraigo en la cosmovisión castrense: la eficiencia, cumplimiento del deber, logro de un objetivo, relevancia de la modernización y preocupación por el tema del desarrollo. Además, desaparecieron los anteriores oficiales imbuidos en los antiguos paradigmas, siendo dados de baja o pasados a retiro desde 1974. Ahora, en la Academia de Guerra, en manos de los teóricos de la Doctrina de Seguridad Nacional y del neoliberalismo, son uniformados ideológicamente (Valdivia, 2003, p. 142-149). El mercado representa la impersonalidad en el mando y sus decisiones son sometidas a reglas objetivas e uniformes realizando en su esfera la igualdad de todos (Vergara, 1985, p. 93).

Para la Derecha, el neoliberalismo introduce modificaciones en su forma histórica de hacer política. Antes, los conservadores sólo defendían lo existente, rechazando la lógica revolucionaria, el cambio social, la modernización, sin valorar las funciones ideológicas de la política. El neoliberalismo es revolucionario, quiere refundar la sociedad, posee la visión utópica de una sociedad autorregulada por el mercado, otorgando gran importancia a la acción ideológica.

La restauración de la democracia

En la década de 1960 las Fuerzas Armadas comienzan a ver deterioradas sus relaciones con los civiles, comenzando un camino “de deliberación” que, junto con afectar la verticalidad del mando, tendía a hacerlas sensibles a irrumpir en el escenario político. Ello se veía reforzado no sólo por la larga tradición anticomunista del Ejército, especialmente sensible al gobierno de la Unidad Popular, sino por la política de provocación que los sectores civiles ejercían sobre los militares, en la medida que desde el bando oficialista y desde el bando opositor se los llamaba a resolver o arbitrar los problemas políticos que se habían desencadenado durante la administración socialista. Poco antes, la influencia de Viaux alimentó también la autoconciencia militar de su responsabilidad para la supervivencia de la patria, siendo movimientos nacionalistas como los estanqueros los primeros en plantear que las FF.AA debían ser incorporadas a la política nacional, revalorizando el sentido militar de la vida (Joxe, 1970, p. 154). Ello se potenció con la Tesis del Vacío de Poder en 1968, que sólo podía ser llenado por los comunistas o las FF.AA. Cuando se materializó el triunfo de la Unidad Popular en 1970, la opción que sostenía que las FF.AA eran la última reserva de la nación adquirió fuerza.

Desde el 11 de septiembre a fines de octubre 1973 el dispositivo de poder más importante es el ejercicio de la violencia, operando con objetivos prácticamente sólo militares, sin una planificación que contemple los restantes aspectos sociales. Se dan a conocer el Acta, el Bando y Realidad, sin predominio sistemático de las tendencias más extremas y violentas, lo que explicaría que en ellos no se prescinda del concepto de democracia liberal. Se procura, en medio de una orfandad programática, “restaurar” más que “fundar” al país, pero se transita a la tendencia “fundacional” y a una consolidación lenta de la hegemonía del poder personal de Pinochet, Alto Mando del Ejército y Junta de Gobierno.

Existe coincidencia en el Acta, Bando y Realidad respecto a que la “misión histórica” de las Fuerzas Armadas y de Orden comprende dar a Chile una “nueva institucionalidad”, pero no se alude a un plan político institucionalizador. Tampoco se menciona la palabra “democracia”, pero el Bando, al describir los “antecedentes” (punto 11) que aluden a lo realizado por el gobierno de la Unidad Popular (puntos 1 al 10), lo hace, indirectamente, con sus elementos constitutivos mencionando “los “intereses” “de su pueblo soberano” (punto 11), que depone a un gobierno “no representativo del gran sentir nacional” (punto 12), exponiendo así un marco legitimador basado en la voluntad general.

En Realidad, en el primer discurso, al legitimar la intervención de la Fuerzas Armadas refieren una valoración sustentada en elementos institucionales de la anterior democracia (el Estado de Derecho, la Constitución, el Parlamento, la Corte Suprema, la Contraloría General de la República, la Cámara de Diputados). La democracia se perfila indirectamente al apelar a la idea de la “generación popular” cuando se pide a la “ciudadanía” un “espíritu de responsabilidad” para que su “misión” sea un “éxito” (Realidad, 1973, p. 6). En el tercer discurso se afirma que “La superación de esta etapa de la vida nacional” “requerirá de grandes sacrificios y del patriótico concurso de toda la ciudadanía”, que “es la tarea de un pueblo entero, es la tarea de todos nosotros” (Realidad, 1973, p. 37).

Un nuevo sentido de democracia

Gremialismo y Doctrina de Seguridad Nacional

Desde diciembre de 1973 hasta inicios de 1976 se realiza una formalización inicial de los planes y tendencias del régimen con los documentos DP y Objetivo. Se consolida la hegemonía de poder mencionada y, ante el fracaso del modelo económico-social de tendencias estatistas con fines de justicia social, irrumpe el neoliberalismo. El gremialismo ha monopolizado la implementación de la “regionalización”, el manejo de la administración burocrática del régimen. La violencia ha pasado a un ejercicio más selectivo y socialmente menos abierto.

En el Mensaje de la Junta, un día antes de la DP, se sostiene que se propone “Establecer una democracia (…) orientada a brindar igualdad de oportunidades a todos los chilenos sin excepción y a lograr el más pleno desarrollo socioeconómico”. Como la DP, respecto a que la “nueva institucionalidad” es un “nuevo sentido de democracia, se sostiene que se instaurará, que es “clave para la democracia viva y depurada (…) abrirse paso hacia el futuro” por medio de “la participación consciente y responsable de la ciudadanía”, dándose “prioridad a los colegios, al profesional, a los gremios y a los trabajadores, para que en estrecho contacto con ellos reflejen el auténtico pensamiento del pueblo organizado en torno a sus actividades de trabajo o estudio” (Mensaje, 1974, p. 44). Pervive el anterior sentido de democracia junto a elementos de tendencia autoritaria, porque lo que describe es una estricta jerarquización desde la “municipalidad” hasta la Junta en el funcionamiento administrativo de la sociedad.

Siguiendo esta dirección, el Objetivo, sin mencionarla, alude a la DP. Se sostiene que pretende “configurar” “una nueva democracia”, “un nuevo sistema político-institucional” (Objetivo, 1975, p. 10). La DP deja claro que la “democracia” no es validada por su origen de generación popular. En el Objetivo, el elemento legitimador es de carácter democrático, pero no en términos de justificar un punto de origen político del documento sino de confirmar el carácter impuesto de este, pues menciona “[q]ue el conocimiento público, análisis y difusión de las referidas directrices que informan el documento mencionado se estiman de alto interés para posibilitar la participación activa de cada ciudadano en el efectivo logro de los Objetivos propuestos” (Objetivo, 1975, p. 4). Sin embargo, también se afirma que “[l]os órganos de decisión política se generarán preferentemente a través de un sufragio popular libre, secreto e informado...” (Objetivo, 1975, p. 11), lo que plantea un problema a resolver por cuanto, entre el origen del poder y su gestión, la soberanía popular deja de existir pues sus necesidades son pensadas por una elite y el “pueblo” sólo es consultado sin que esto adquiera un carácter resolutivo.

Se ven reiterados los mismos elementos políticos que se expusieron en la DP: ausencia de una democracia de origen popular; imposición de una planificación desde un régimen político autoritario centrado en la figura de Augusto Pinochet; pretensión, sin embargo, de dar cabida al ciudadano en este proceso. El Objetivo expresa que la “orientación” de los “esfuerzos” de la “República de Chile” se realiza “con la amplia participación de la ciudadanía en la construcción de su destino histórico” (Objetivo, 1975, p. 7); que la “nueva democracia” funciona “orientando (…) a una participación responsable, eficiente e integradora de todos los chilenos en la construcción del destino nacional” (Objetivo, 1975, p. 10). Agrega que el nuevo régimen político-institucional “se fundará en el ejercicio de las funciones legislativas, ejecutiva, judicial y contraloría, por órganos diversos e independientes entre sí, sin perjuicio de una adecuada interrelación” (Objetivo, 1975, p. 11). Es un enunciado que estaba lejos de convertirse en realidad, fundamentalmente por carecer el gobierno aun de un coordinado e integrado funcionamiento entre estos poderes y, especialmente, por la inexistencia de un marco constitucional formal y concreto. Sólo en el segundo semestre de 1975 se da un paso trascendental respecto a la Constitución, pues en su discurso el 11 de septiembre de 1975 Pinochet anunció que se promulgarían Actas Constitucionales, el primer semestre de 1976.

La democracia protegida

Desde 1976 a 1978 las críticas de la Iglesia Católica chilena e internacionales ante la masiva violación de los derechos humanos, la necesidad de internacionalizar la economía que, por lo anterior, experimentaba dificultades en su apertura al exterior y las tensiones generadas por las elites civiles gremialistas para obtener mayores espacios de poder en el régimen, llevan a modificar el ejercicio de la violencia, que disminuye, y a implementar la “institucionalización del régimen”. Chacarillas recoge estas tendencias. La hegemonía de poder se menoscaba por las acciones del general Manuel Contreras, jefe de la DINA, y por la disidencia decisiva de uno de los integrantes de la Junta Militar, el general Gustavo Leigh. Es el momento del triunfo del neoliberalismo, pues se piensa que la recesión económica ha quedado atrás.

Chacarillas, en julio de 1977, detallaría un régimen político y un cronograma institucional. Sigue la idea de la DP de instaurar una “nueva institucionalidad”, pues se expresa allí que la “exigencia histórica” que se “afronta” es “dar vida a un Nuevo Régimen político-institucional” (Chacarillas, 1977, p. 33). De facto, lo que se aprecia es un “pluralismo limitado” en que la ideología institucionalizadora o “aperturista” desplaza a la Doctrina de Seguridad Nacional presente en el Mensaje y Objetivo. El detonante fue la eliminación del recurso de protección en situaciones de emergencia, por la enmienda que se introduce al Acta Constitucional n. 4, en la que no participa la Comisión Constitucional ni el Consejo de Estado, lo que el gobierno justifica por el uso de criterios de Seguridad Nacional. Entre los sectores institucionalizadores se cuentan el diario El Mercurio, el gremialismo, la revista Que Pasa, algunos miembros de la Comisión Constitucional y el general Leigh. Pero también existen otras tendencias que presionan por espacios de poder. Se había configurado el primer año del régimen militar una corriente nacionalista corporativista, con la pretensión de representar el movimiento gremial y sindical que había luchado contra la UP. Eran denominados “duros”. Su principal vocero fue Pablo Rodríguez. Critican la democracia liberal y los partidos políticos. Desde mediados de 1976, presionan para que el gobierno defina un nuevo modelo político. Iniciar la transición era incrementar la participación ciudadana mediante una comunicación fluida del gobierno con los gremios, sin injerencia político-partidista (Vergara, 1985, p. 59, 107-109, 119).

Para la DP la “nueva institucionalidad” procurará no sólo “rectificar” sino crear. Chacarillas coincide sosteniendo que “No se trata pues de una tarea de mera restauración, sino de una obra eminentemente creadora, sin perjuicio de que dicha creación, para ser fecunda, debe enraizarse en los signos profundos de nuestra auténtica y mejor tradición nacional” (Chacarillas, 1977, p. 37). La DP sostiene que en el futuro el poder será entregado al “pueblo”. Chacarillas afirma que en la etapa de “consolidación” el poder “será entregado al pueblo”; que los “representantes regionales se elegirán ya por sufragio popular directo, de acuerdo a sistemas electorales que favorezcan la selección de los más capaces (...). Constituida la Cámara Legislativa en este período, es decir, con dos tercios de sus miembros elegidos popularmente, deberá corresponder a la propia Cámara el designar al ciudadano que a partir de esa fecha desempeñará el cargo de Presidente de la República por un período de seis años” (Chacarillas, 1977, p. 37).

La DP sostiene que la democracia no es validada por su origen de generación popular y sucesión constitucional de los gobiernos. En Chacarillas lo que se propone “es dar forma a una nueva democracia que sea autoritaria, protegida, integradora, tecnificada y de auténtica participación social, características que se comprenden mejor cuando el individuo se despoja de su egolatría, ambición y egoísmo” (Chacarillas, 1977, p. 37). Una democracia es Autoritaria, “en cuanto debe disponer de una autoridad fuerte y vigorosa, y hacer imperar un orden jurídico que asegure los derechos de las personas, con una adecuada protección de los Tribunales de Justicia independientes y dotados de imperio para hacer cumplir sus resoluciones”. Protegida, “en cuando debe afianzar como doctrina fundamental del Estado de Chile el contenido básico de nuestra Declaración de Principios, reemplazando el Estado liberal clásico, ingenuo e inerme, por uno nuevo que este comprometido por la libertad y la dignidad del hombre y con los valores esenciales de la nacionalidad”. Integradora, “en cuando debe robustecer el Objetivo Nacional y los Objetivos permanentes de la Nación, para que por encima de legítimas divergencias en otros aspectos más circunstanciales, los sucesivos gobiernos tengan en el futuro la continuidad esencial que les ha faltado en el pasado”. Tecnificada, “en cuando el vertiginosos progreso científico y tecnológico del mundo contemporáneo, no puede ser ignorado por las estructuras jurídicas, resultando en cambio indispensable que se incorpore a la voz de los que saben al estudio de las decisiones”. De auténtica participación social, “en cuanto a que sólo es verdaderamente libre una sociedad que, fundada en el principio de subsidiariedad, consagra y respeta una real autonomía de las agrupaciones intermedias entre el hombre y el Estado, para perseguir sus fines propios y específicos. Este principio es la base de un cuerpo social dotado de vitalidad creadora, como asimismo de una libertad económica que, dentro de las reglas que fija la autoridad estatal para velar por el bien común, impida la asfixia de las personas por la férula de un Estado omnipotente” (Chacarillas, 1977, p. 37).

Otro aspecto de la “nueva democracia” es la Cámara Legislativa, también “Cámara de Representantes”, uno de los “colegiadores” del Poder Legislativo, junto al presidente de la República, en la etapa de Transición (Chacarillas, 1977, p. 37). Su instalación debía hacerse en 1980 para regir 4 o 5 años. Cada integrante podía presentar proyectos de ley a través de la Presidencia de la República y pedir la revisión de cualquier ley antes de su promulgación por parte de la Junta de Gobierno (Chacarillas, 1977, p. 38), pero la Junta tiene un veto absoluto si considera que una ley a promulgarse atenta contra la seguridad nacional (Chacarillas, 1977, p. 38).

Un tercio de los miembros de esta Cámara corresponderá a “personalidades de alto relieve nacional, que integrarán por derecho propio o por designación presidencial”; los otros 2/3 serán representantes “de regiones o agrupaciones de Regiones”, según su número de habitantes (Chacarillas, 1977, p. 39) y, “dado que no es factible la realización de elecciones”, serán designados por la Junta de Gobierno (Chacarillas, 1977, p. 42) en su primer período para, posteriormente, ser elegidos por sufragio popular directo, “de acuerdo a sistemas electorales que favorezcan la selección de los más capaces” (Chacarillas, 1977, p. 43). Cuando esto último ocurra, esta Cámara designará “el cargo de Presidente de la República por un período de seis años” (Chacarillas, 1977, p. 44). No se aclara, respecto al primer tercio, qué significa “que la integrarán por derecho propio”, en cuanto a su acceso a la Cámara, ni cuáles son los criterios que determinarán a las “personalidades de alto relieve nacional”. Augusto Pinochet forma parte de la estructura principal de poder. El documento sostiene que “[e]l Poder Ejecutivo deberá permanecer siendo ejercido por el presidente de la Junta de Gobierno, en calidad de Presidente de la República, y con las facultades de que hoy está investido” (Chacarillas, 1977, p. 37).

La “civilidad” cumple papeles distintos en las etapas que contempla el plan de Chacarillas, diferenciados en el grado en que lo comparten con las Fuerzas Armadas (Chacarillas, 1977, p. 29). En la etapa de Recuperación su tarea sólo será de “colaboración” para, “más adelante”, compartir “los aspectos más contingentes” del “Poder Político”, pasando así a la “participación” (Chacarillas, 1977, p. 30). Sólo en la etapa de Normalidad o Consolidación ejercerá el poder “directa o básicamente”. “Expresiones ciudadanas” son las gremiales, laborales, estudiantiles, profesionales, y vecinales (Chacarillas, 1977, p. 46), es decir, apolíticas. Se otorga a los civiles un espacio de poder legalmente consolidado, pero en el largo plazo, en cuanto a efectos reales que les permitan estar en un plano de igualdad con los militares. El paso final que dará seguridad jurídica a los militares y real poder a los civiles es “aprobar y promulgar la nueva Constitución Política del Estado” (Chacarillas, 1977, p. 37). Pero se hace una última advertencia al afirmar que “La posibilidad de materializar íntegramente este plan está sujeta a la condición de que el país siga presentando los signos positivos que nos han permitido avanzar hasta la fecha” (Chacarillas, 1977, p. 37). Cuando los representantes regionales se elijan “por sufragio popular directo”, cuando la “Cámara Legislativa” esté constituida “con dos tercios de sus miembros elegidos popularmente”, entonces esta “designará” al presidente de la República que ejercerá el cargo por seis años (Chacarillas, 1977, p. 37). Es ya la etapa de “consolidación”, a la que no se pone un tiempo preciso, una fecha de realización.

Neoliberalismo y Doctrina de Seguridad Nacional

Desde 1978 desde la Derecha se diseñan y ejecutan estrategias para sensibilizar al hombre medio y a las elites por medio de un discurso racional sobre la construcción de una nueva sociedad por medio de políticas concretas y planes de reforma neoliberal. Se usaban medios de comunicación de masas (diario El Mercurio, revistas Qué Pasa, Ercilla), revistas de tipo ideológico-político (Realidad en 1979 y Estudios Públicos en 1980), y el Centro de Estudios Públicos en 1980. Se generan “corrientes de opinión”, como el Grupo Nueva Democracia (1979), ligado al gremialismo universitario, y la Corporación de Estudios Contemporáneos (1978), vinculada a la Derecha tradicional (Vergara, 1985, p. 173-175).

VF recoge este contexto. Reitera lo mencionado en Chacarillas, en cuando a relevar los elementos que buscan legitimar el camino “institucional”, exponiendo aquellos que son funcionales a una lectura neoliberal en sus consecuencias, apreciándose una ausencia de los gremialistas corporativistas en forma notoria. Coincide con la DP respecto a que la “democracia” no es validada por su origen de generación popular y sucesión constitucional de los gobiernos y se refiere extensamente al tema afirmando que es “imposible” “restaurar” la “convivencia e institucionalidad democrática (…) en los términos en que la habíamos conocido...” porque “La aplicación en Chile, durante casi medio siglo, de las fórmulas tradicionales del sistema clásico de la vieja democracia, de orientación liberal en la teoría política, y progresivamente socializante en los diversos experimentos económicos, condujo, en 1970, al advenimiento de un sistema estatista fuertemente centralizado y burocrático, que llegaba al poder por la vía electoral con respaldo minoritario, sin ocultar en momento alguno sus pretensiones de establecer una estructura totalitaria, similar al modelo soviético…” (VF, 1979, p. 17, 18).

También coincide con la DP en que la “misión histórica” de las Fuerzas Armadas y de Orden comprende dar a Chile una “nueva institucionalidad”. Afirma que la “obligación y deber” de las Fuerzas Armadas y de Orden “serían dar forma y vida a un nuevo sistema constitucional” que preserve “la verdadera esencia democrática que ha caracterizado nuestra República (VF, 1979, p. 20, 21). Existe similitud con la DP en cuanto a que la “nueva institucionalidad” procurará no sólo “rectificar” sino crear. Expresa que “La institucionalidad, es mucho más vasta, y su renovación exige modificaciones sustanciales en materias tales como el campo laboral, provisional, educacional, económico, de salud, viviendas, y otras igualmente determinantes...” y que “creemos que tal fin sólo puede alcanzarse a través de una forma de Gobierno verdaderamente democrática, distinguiendo claramente entre libertades esenciales y accesorias...”, porque “no atribuimos a la democracia el valor de un fin en sí mismo, sino que la concebimos como un medio apto para el logro de aquellos otros valores referidos, y que si no se realizan verdaderamente para todos los miembros de la comunidad, hacen de la democracia un mero título carente de contenido efectivo” (VF, 1979, p. 25-27). Se agrega que “El logro de estas metas es el presupuesto de la plena participación del pueblo en las futuras decisiones políticas” (VF, 1979, p. 51).

Existe una percepción instrumental de la democracia, evidenciada en la forma de proyectar el tema del “sufragio universal”. Se afirma que no lo “entendemos como un fin, sino como una técnica que, en determinadas condiciones, puede coadyuvar a dar concreción a esos valores, pero en modo alguna es una condición única para garantizarlos” (VF, 1979, p. 27), pues “[e]l sufragio universal no tiene por sí mismo la virtud de ser el único medio válido de expresión de la voluntad de la Nación y de constituir la fórmula que, necesaria y mecánicamente, dé origen a la autoridad” (VF, 1979, p. 29).

VF, sin embargo, busca legitimarse precisando el lugar que ocupa conceptualmente el régimen político que plantea, la “democracia protegida”. Sostiene que existe “una profunda y significativa diferencia entre la democracia protegida y los totalitarismos, pues mientras los segundos eliminan sistemáticamente los derechos esenciales del hombre, la democracia moderna que propiciamos procura, precisamente, defender por todos los medios legítimos esos derechos, señalando los términos dentro de los cuales puede desenvolverse la discrepancia, sin permitir que se abuse de ella para luego eliminarla” (VF, 1979, p. 30). El término “democracia protegida” define a “un sistema de autoridad firme e impersonal, verdaderamente participativo, en contraposición a los antiguos métodos de Gobierno por pequeños grupos partidistas, herméticos y alejados de las necesidades reales de la población” (VF, 1979, p. 32). Más adelante se agrega: “Una mirada a la presente realidad mundial muestra que en aquellos países donde la función de gobernar no está radicada primordialmente en la autoridad del órgano gubernativo propiamente tal, y se diluye en las controversias de una asamblea, sobreviene el estagnamiento y el retroceso, cuando no el caos o un estallido revolucionario. Por tal motivo, la nueva institucionalidad chilena prevé un firme fortalecimiento del presidencialismo (VF, 1979, p. 35).

La transformación va más allá, sin embargo, porque, se afirma, “como “[n]unca se postuló la perpetuación militar en el poder político”, “no queremos que renazcan los mismos vicios que hemos tratado de superar” (VF, 1979, p. 48). Por ello, “... la labor a realizar es profunda e involucra un cambio en la mentalidad oprimida y ahogada del cuerpo social”. En los jóvenes, “desarrollar y personificar hábitos cívicos renovados formados en el valor del esfuerzo y de la creación personal” (VF, 1979, p. 48). Durante la “etapa de transición” “deben surgir y desarrollarse hábitos cívicos renovados y sanos, configurando una tradición en las instituciones políticas que el nuevo esquema contemple” porque “No basta fomentar prácticas que confieran solidez a esas nuevas instituciones. Es igualmente indispensable estimular el desenvolvimiento de una nueva generación civil, impregnada de los referidos valores” (VF, 1979, p. 50).

VF no explicita el lenguaje de la DP que utiliza, otorgándole otro significado. Posiblemente se deba a la confianza que se tiene de que la elite gobernante esté suficientemente informada de su ideario y sepa establecer las diferencias, aunque es probable que, olvidando los contenidos de la DP o reinterpretándolos en una dirección neoliberal, o una combinación de ambos, esta sea capaz de realizar el ajuste. Los escritos de Jaime Guzmán en la revista Realidad de esos años son esenciales en esta transformación. Se tiene aquí la impresión de que es el carácter religioso de la DP el que no es considerado ni en Chacarillas ni en VF, privilegiándose elementos concretos, que aparecen como la base que sustenta el sistema, al expresar que la “nueva institucionalidad no es un fin en sí, sino un medio para la consecución de los valores ya citados”, lo que significa que es el sustento material proveniente del mercado el que origina los valores, no que estos provengan de un origen religioso Es en este sentido que la noción de democracia es meramente instrumental y no valórica ilustrada.

Consideraciones finales

El lenguaje es una práctica social que, entre otros aspectos, permite vincular significado y acción política al contextualizar la situación de emisión de los textos y su transformación, en este caso, en un RCM con constantes tensiones políticas en la disputa por hegemonías de poder en un pluralismo limitado. Puede sostenerse que en un contexto autoritario este discurso es parte del ejercicio de la violencia propio de estos regímenes, pues es socializado en forma exclusiva, sin contraparte. Un documento central en la producción de sentido, la DP, permite proyecciones sincrónicas y diacrónicas de las relaciones semánticas de sus oraciones individuales - las propias y aquellas que surgen de la relación de influencia con otros documentos - escalando a secuencias proposicionales globales y a macroformas textuales. Es ello lo que permite percibir el dinamismo histórico del discurso democrático analizado.

En los documentos del año 1973 predomina la tendencia restauradora por sobre la fundacional de la democracia. No existe coincidencia con la DP, que no valora la democracia por su origen de generación popular y sucesión constitucional de los gobiernos. La Comisión Constitucional instalada en octubre de 1973, controlada por Pinochet, experimentó la injerencia de Jaime Guzmán, desarrollando este antiliberalismo. El Mensaje en 1974 y el Objetivo en 1975, documentos de origen militar, mantienen esta tendencia. Ese año Pinochet anunció que se promulgarían Actas Constitucionales, dando la impresión que el RCM iniciaria un camino constitucional hacia la normalidad democrática, apertura que desplazaba, momentáneamente, a la Doctrina de Seguridad Nacional. Por ello, en julio de 1977, Chacarillas está enfocado en el futuro institucional, centrando en el derecho y jurisprudencia su organización y legitimación. Pero a inicios de 1979 el neoliberalismo consolida su posición de poder y Augusto Pinochet y su elite militar más cercana, superadas las tensiones de los años 1977 y 1978, adquieren seguridad suficiente para afianzar constitucionalmente su hegemonía. VF, en 1979, reitera lo mencionado en Chacarillas, en cuando a relevar los elementos que buscan legitimar el camino “institucional”, pero también expone en forma clara aquellos que son funcionales a una lectura neoliberal de sus consecuencias, apreciándose notoriamente una ausencia de nociones gremialistas corporativistas y religiosas. No sorprende que coincida con la DP respecto a que la democracia no es validada por su origen de generación popular y sucesión constitucional de los gobiernos y, aunque utiliza sus términos religiosos, le otorga una proyección inmanente. Existe una percepción instrumental de la democracia, evidenciada en la forma de entender el sufragio universal.

Ahora el sustento material proveniente de la ciencia económica y es el mercado quien origina los valores sociopolíticos. Esta diferencia es central con respecto a la DP, pues, entre otros motivos, el carácter de “cruzada” de 1974 ha desaparecido hacia 1979, derivándose consecuencias importantes para el funcionamiento del sistema. Por ejemplo, el carácter “solidario” que proyecta el “Bien Común” de la DP es distinto a la proyección de VF, que procura “desarrollar y personificar hábitos cívicos renovados formados en el valor del esfuerzo y de la creación personal”. Este proceso debía ser dirigido por un sistema educacional que, en apariencia, estaba abierto a todos pero que en realidad favorecía a quienes pudieran acudir a establecimientos privados que ofrecerían una mejor educación, dado su acceso a mayores recursos. Se mantenía la existencia de una elite conductora de la sociedad, pero en forma encubierta. Así, el neoliberalismo, al apropiarse de la democracia clásica, fundamentaba el autoritarismo político en un lenguaje que parecía cercano a las tradiciones políticas chilenas, a diferencia del tradicionalismo católico de la DP y la Doctrina de Seguridad Nacional militar (Timmermann, 2016, p. 45-68).

Sin embargo existen algunos disensos en las élites del RCM. Los neoliberales piensan que la estabilidad social depende de mecanismos propios de coordinación, los que son generados por el mercado, no por la pura fuerza (ejercicio de la violencia) o la voluntad política. Critican la ideología institucionalizadora (constitucionalista, decisionista), centrada en preservar el equilibrio político más que en establecer reformas para generar un orden nuevo. En cambio, VF, redactada por Jaime Guzman, que es quien también escribió mayormente la DP, insiste en la “institucionalización” de Chacarillas. Estas divergencias al interior del régimen se prolongarán hasta los últimos instantes en que se defina la Constitución de 1980, imperando finalmente los intereses de la Junta, del Alto Mando del Ejército y del neoliberalismo.

Lo que se impone finalmente es un autoritarismo con tutela militar, funcional al neoliberalismo, a la Doctrina de Seguridad Nacional militar y, en menor medida, a la DP. Si bien la Constitución se elabora con la participación de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política del Estado, el Consejo de Estado y la Junta de Gobierno, en junio de 1977 es el general Pinochet quien entrega las ideas básicas para su diseño final, sin una consulta ampliada, y es la Junta, quien decide, finalmente. En agosto Pinochet anuncia que se someterá a ratificación popular, plebiscito que se realizará el 11 de septiembre de 1980. Si se votaba “si”, se aprobaba la Constitución, las normas transitorias para establecer un régimen militar autoritario desde marzo de 1981 hasta marzo de 1990 y la permanencia del general Pinochet como presidente hasta 1989 o 1990. Si se vota “no” se rechaza lo anterior, sin que se tenga conocimiento de las consecuencias jurídicas y políticas.

Se opera ya vulnerando la soberanía popular en la instancia misma del plebiscito: las Mesas Receptoras son integradas por autoridades nombradas indirectamente por el presidente de la República, el país se encontraba en estado de sitio; las garantías constitucionales estaban suspendidas o restringidas; los partidos políticos estaban proscritos o disueltos; el régimen controlaba la televisión y la mayor parte de los restantes medios de comunicación; no habían registros electorales; existía un censo de la población actualizado, un Tribunal Calificador de Elecciones ni una instancia para fallar los posibles reclamos.

El carácter contrario a la democracia liberal tradicional que se impone con la Constitución de 1980 queda también en evidencia cuando se percibe el fortalecimiento jurídico del monopolio factual del ejercicio de la violencia que la elite cívico militar poseía con la Constitución de 1980, que otorga un amplio y decisivo espacio de poder a los comandantes en jefe de los institutos armados por medio del Consejo de Seguridad Nacional. Son evidentes otras contradicciones con la democracia liberal tradicional, pues la Constitución en su artículo 5 plantea que “[l]a soberanía reside esencialmente en la Nación”, sin establecer la soberanía popular, pese a que agrega que “[s]u ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece” y que “[n]ingún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio”. Ello significa que las autoridades pueden tomar las decisiones sin consultar al pueblo, en nombre de la nación. Se reducen, en comparación con la Constitución de 1925, de 150 a 120 los diputados, sin referirse a la proporcionalidad en la representación de mayorías y minorías. Varios artículos refuerzan el presidencialismo y las atribuciones militares (57, 60, 63, 81). El artículo 8º limita el pluralismo ideológico, necesario para la competencia, pues se autoriza jurídicamente sólo a determinados sectores a participar. El procedimiento de reforma de la Constitución, tratado en los artículos 116-119, es complejo y establece enormes dificultades para ello (artículo 118) (Gobierno de Chile, 1981). Sin duda, se busca mantener intacta la Carta Fundamental.

Los documentos existentes desde 1975 utilizan en no poca medida los mismos términos de la DP, los elementos simbólicos como el nacionalismo y la “concepción cristiana”, lo que les otorga continuidad ideológica, aunque en el nuevo marco conceptual neoliberal su significado es distinto. Ello marca una permanencia y una variación discursiva de la noción de democracia al mismo tiempo. El uso constante de elementos trascendentes en el Acta, la DP y VF otorga al RCM coherencia simbólica en el largo plazo, más allá de la coyuntura puntual. Es un soporte psicológico básico al que se apela cuando se está en una instancia de cambio más o menos radical del régimen y este necesita adecuar sus presupuestos doctrinales, lo que puede generarle disensos que perturben sus dispositivos de poder obedienciales. Se apela entonces a la coherencia simbólica por sobre la doctrinal para lograr consensos emocionales. Entonces, la percepción de la democracia se vincula a elementos trascendentes (“concepción cristiana” en la DP y nacionalismo en VF), reforzando de esta forma su aprehensión emocional relacionada con la inseguridad, con el miedo (Timmermann, 2015).

La DP es el principal referente ideológico del régimen militar, lo que significa que su noción de democracia es capaz de recepcionar plenamente los requerimientos del corpus ideológico de las elites militares y civiles. Si bien son los gremialistas los principales redactores, su apropiación fue más amplia, en cuanto a servirse de sus enunciados en función de proyectos propios y coyunturas de poder específicas. En este sentido, la DP, al otorgar una pertenencia al régimen cívico-militar a sus sostenedores, y con ello eliminar cualquier sospecha de disenso con éste, al mismo tiempo establece un marco legitimador capaz de amparar, sin embargo, alguna diferencia. Es en este sentido que con ella se pudieron intervenir las diversas coyunturas para ausentar así el juego de la variación histórica de sus estructuras sociopolíticas y culturales, y modificarlas, siempre en el marco de un pluralismo limitado que, en el fondo, apoya al régimen cívico-militar, aunque pueda discrepar en algunos puntos sobre él. Por supuesto, existió un límite para negociar hegemonías por algún espacio específico de poder; es decir, teniendo como fondo la DP, no se podía negar la existencia de una proyección fundacional, la ausencia del partidismo y la política, el antimarxismo, una democracia sin soberanía popular y otorgar a la Junta y FF.AA los espacios mayores de poder. Con ello se pueden intervenir las diversas coyunturas sin generar, como lo hizo el general Leigh, por ejemplo, una diferencia que genere la expulsión del ámbito del pluralismo limitado existente.

Acrónimos

• Acta: Acta de Constitución de la Junta de Gobierno. 1973.
• Bando: Bandon. 5. 1973.
• Chacarillas: Discurso de Chacarillas. 1977.
• DP: Declaración de Principios del Gobierno de Chile.
• FF.AA: Fuerzas Armadas.
• GCM: Golpe Cívico-Militar. 1973.
• Mensaje: Mensaje de la Junta sobre la Labor del Gobierno. Formulación de Propósitos Para
• la Labor de Corto y Largo Plazo. 1974.
• Objetivo: Objetivo Nacional. 1975.
• RCM: Régimen Cívico-Militar. 1973-1989.
• Realidad: Realidad y Destino de Chile. 1973.
• VF: Visión Futura de Chile. 1979.

Referencias

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• 1
  Con posterioridad al GCM el rol de los civiles iguala o sobrepasa al de los militares. El gremialismo fue el partido político no oficial y el neoliberalismo diseñó sus políticas económicas. Habría que agregar a ello entre otros, el rol de los civiles en el Poder Judicial, Ministerio de Educación y prensa etc.
• 2
  Nace en la Pontificia Universidad Católica de Santiago en 1967. Postula que debe existir un orden autoritario con seguridad, jerarquía, rango social, obligación de clase, tradición, protección; una catolicidad conservadora; propiedad privada; una despolitización de los cuerpos intermedios de la sociedad, y una universidad apolítica. Es anti-marxista desde 1970 (Moreno, 2010, p. 41-48).
• 3
  Se formó una comisión dirigida por Jaime Guzmán y en las oficinas de la Junta y de Pinochet se modificó (Cavallo, Salazar, Sepúlveda, 1989, p. 28).

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  13 Dic 2021
• Fecha del número
  Sep-Dec 2021

Histórico

• Recibido
  21 Jul 2020
• Acepto
  23 Oct 2020