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Revista Katálysis

On-line version ISSN 1982-0259

Rev. katálysis vol.22 no.2 Florianópolis May/Aug. 2019  Epub Aug 26, 2019

http://dx.doi.org/10.1590/1982-02592019v22n2p284 

ESPAÇO TEMÁTICO: CONFLITOS SOCIAIS, IDEOLOGIA, CULTURA E SERVIÇO SOCIAL

Memoria profesional y Trabajo Social chileno. Derechos humanos y dictadura cívico militar

Memória profissional e Serviço Social chileno: direitos humanos e ditadura cívico-militar

Professional memory and Chilean Social Work: Human rights and civic-military dictatorship

Patricia Castañeda Meneses1 
http://orcid.org/0000-0002-4676-5872

Ana Maria Salame Coulon2 
http://orcid.org/0000-0001-6650-7507

1Universidad de Valparaíso, Escuela de Trabajo Social, Valparaíso, VA, Chile

2Universidad de La Frontera, Departamento de Trabajo Social, Temuco, AR, Chile


Resumen

El presente artículo forma parte de un proyecto de investigación interuniversitario que contribuye a rescatar la memoria profesional del Trabajo Social chileno durante el período 1973-1990, en el contexto de la dictadura cívico militar. En forma específica, se presenta un análisis respecto de la participación de Trabajo Social en el proceso de Defensa de los Derechos Humanos como integrante de equipos interdisciplinarios en organizaciones no gubernamentales, considerando los principales aportes que representa para el desarrollo profesional su desempeño en contextos de resistencia, en el marco de un país en permanente estado de excepción.

Palabras clave: Trabajo Social chileno; Dictadura cívico militar; Memoria profesional; Derechos humanos

Resumo

Este artigo é parte de um projeto de pesquisa interuniversitária que ajuda a resgatar a memória profissional do Serviço Social chileno durante o período 1973-1990, no contexto da ditadura cívico-militar. Especificamente, é apresentada uma análise sobre a participação do Serviço Social no processo de Defesa dos Direitos Humanos como integrante de equipes interdisciplinares em organizações não governamentais, considerando as principais contribuições que seu desempenho em contextos de resistência representa para o desenvolvimento profissional, no âmbito de um país em permanente estado de exceção.

Palavras-chave: Serviço Social chileno; Ditadura cívico-militar; Memória profissional; Direitos humanos

Abstract

This article is part of an interuniversity research project that helps to revisit the professional memory of the Chilean Social Work during the period 1973-1990, in the context of the civic-military dictatorship. The study presents an analysis on the participation of the science of Social Work, which was included in the practice of non-governmental organizations’ interdisciplinary teams, in defending human rights. The article emphasizes the main contributions of the Social Work in contexts of resistance for the professional development of Social Workers within a country in a permanent state of exception.

Keywords: Chilean Social Work; Civic-military dictatorship; Professional memory; Human rights

Introducción

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1948), los Derechos Humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Fueron promulgados oficialmente el 10 de diciembre de 1948 a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948), en donde los Estados firmantes se comprometieron a asegurar que todos los seres humanos, ricos y pobres, fuertes y débiles, hombres y mujeres, de todas las razas y religiones, son tratados de manera igualitaria. La Declaración establece que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que tienen derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona, a la libertad de expresión, a no ser esclavizados, a un juicio justo y a la igualdad ante la ley.

La misma Declaración reconoce los Derechos a la libertad de circulación, a una nacionalidad, a contraer matrimonio y fundar una familia así como a un trabajo y a un salario igualitario (ONU, 1948). Desde su promulgación, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948) se ha traducido a más de 360 idiomas y ha sido fuente de inspiración para las constituciones de muchos Estados que se han independizado recientemente y para muchas democracias nuevas. Aunque no forma parte del Derecho Internacional vinculante, vale decir, de aplicación obligatoria, gracias a su aceptación por países de todo el mundo ha adquirido un gran peso moral.

En Chile se considera que hasta antes de la instalación de facto de la dictadura cívico militar, el tema de Derechos Humanos era relativamente desconocido, siendo manejado a nivel especializado en el ámbito legal y asumido como consecuencia de la participación como Estado asociado a las Naciones Unidas, y que en tal calidad ratificó las declaraciones que a este respecto había emitido el organismo internacional (Garretón, 1978). Es con ocasión del golpe militar de 1973 y la posterior instalación del régimen dictatorial, que tuvo como práctica habitual y sistemática la violación de los Derechos Humanos de sus opositores políticos, tomando la forma de desaparición forzada de personas, ejecuciones sumarias, presidio, tortura, delación, relegación y exilio, que el tema de violaciones a los Derechos Humanos se instala progresivamente como referente colectivo para definir conceptualmente la dura realidad política, social y económica que enfrentó el país en esos años. Con el fin de documentar esta verdad histórica, buscar justicia y ofrecer reparación a las violaciones ocurridas, es que junto con el retorno a la democracia se conformó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, 1996) y posteriormente la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (2004), las que en su trabajo recopilatorio confirmaron que en el período entre septiembre de 1973 hasta marzo de 1990, un total de 2.115 personas perdieron la vida por violaciones a los Derechos Humanos, 164 personas murieron por violencia política y 38.254 personas fueron afectadas por apremios ilegítimos y prisión política, formalizando una dolorosa verdad histórica inapelable y reconocida formalmente desde el Estado.

En este doloroso marco histórico, a Trabajo Social le correspondió formar parte de equipos profesionales y de acción social, que realizaron importantes aportes a lo largo del país en la acogida, contención y denuncia de los Derechos Humanos conculcados en el período, a través de organizaciones no gubernamentales y organizaciones solidarias, que fueron apoyadas en su tarea por agencias de cooperación internacional, la Iglesia Católica y otros credos, partidos políticos en el exilio o autogestión de recursos desde organismos locales. La memoria colectiva de Trabajo Social rescata estas experiencias como testimonios invaluables de compromiso social y de aprendizajes profesionales que aportan en la resignificación directa de la dimensión ética de la profesión, enriquecida a partir de la incorporación explícita de los Derechos Humanos en su desempeño cotidiano.

Metodología

El presente artículo es el resultado de una investigación interuniversitaria que busca rescatar y valorizar la memoria colectiva del Trabajo Social chileno en el contexto de la dictadura militar (Castañeda & Salamé, 2013). El objetivo específico analizado en esta oportunidad, corresponde a la configuración del desempeño de trabajadores/as sociales en torno a la defensa de los Derechos Humanos en el contexto del período dictatorial 1973-1990. Considerando el objetivo específico propuesto, la metodología utilizada es de carácter cualitativo. La estrategia de recolección de información correspondió a entrevistas biográficas. Los sujetos participantes fueron contactados a través de redes profesionales de trabajadores y trabajadoras sociales en ejercicio y en situación de jubilación.

El principal requisito de inclusión en la muestra era haber trabajado en una organización de defensa de derechos humanos entre los años 1973-1989. Posteriormente, los contactos se realizaron a través del procedimiento de snowball o, bola de nieve, manteniendo el mismo criterio de inclusión. Las entrevistas fueron grabadas en audio, trascritas y remitidas a las personas entrevistadas para que diesen su aprobación de la versión final. La información recogida en las entrevistas se complementó con la revisión documental de archivos de las escuelas universitarias tradicionales, cuerpos legales vinculados a la profesión y publicaciones profesionales de la época. La revisión documental aportó información relevante sobre los contextos en los cuales se desarrollaron las experiencias relatadas. Con fines analíticos, la información se organizó a partir de un relato cronológico que va enlazando los principales eventos sucedidos en los años de la dictadura, con la memoria profesional de trabajadores y trabajadoras sociales sobre su desempeño. Cada entrevista fue realizada conforme los protocolos establecidos en la Declaración de Helsinki (Asociación Médica Mundial, 1964/2013).

Resultados

Una vez sucedido el Golpe Militar del 11 de Septiembre de 1973, las condiciones institucionales asociadas a la plena vigencia del Estado de Derecho en el país fueron suspendidas, para dar paso a condiciones de excepción constitucional que limitaron el ejercicio de derechos y garantías ciudadanas, permitiendo a las Fuerzas Armadas asumir el control total en todo el territorio. Estas condiciones se expresaron a través de sucesivos Bandos Militares que decretaron Estado de Sitio y designaron a los jefes militares de zonas en estado de emergencia (Vicaría de la Solidaridad, n.d.-b). En este marco, se comienzan a producir las primeras acciones de control masivo a través de enfrentamientos, allanamientos, detenciones arbitrarias y ejecuciones sumarias que evidencian la ocurrencia de acciones vinculadas a violaciones a los Derechos Humanos en el país (Ahumada et al., 1989). Esta situación se prolonga en el tiempo, profundizando y especializando estas acciones a lo largo de los 17 años de dictadura, sumando posteriormente métodos selectivos de amedrentamiento, tortura y secuestro, junto con las dramáticas situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, presos políticos, relegamiento y exilio (Cavallo, Salazar, & Sepúlveda, 1997).

Lo anterior configuró una situación sin precedentes para la realidad nacional en general y para Trabajo Social en particular. En su carácter de profesión social plenamente comprometida con los procesos de transformación estructural que se desarrollaban a septiembre de 1973 en Chile en las áreas industrial, sindical, agrícola, universitaria y poblacional, Trabajo Social se encontraba en una posición de primera línea para recibir los devastadores efectos que la represión política generó en el mundo social y en su propio desempeño profesional (Castañeda & Salamé, 2014). La Iglesia Católica junto a diversos credos organizó las primeras respuestas frente a la contingencia, sumando a Trabajo Social como parte de sus equipos de intervención. Sin embargo, los desgarradores relatos que refieren a las situaciones de represión, violencia y muerte que se sucedían sin descanso a lo largo del país, superaron las respuestas profesionales conocidas a la fecha y generaron un desconcierto inicial que dio paso a una delicada artesanía de urdimbres de respuestas caso a caso que comenzará a develar un nuevo diseño de urgencias en el tejido social.

Fueron las viejas estrategias individuales asistencialistas de Trabajo Social, cuestionadas durante la reciente etapa de la reconceptualización sucedida a lo largo de la década de 1960, las que reaparecieron como el marco de trabajo inicial, permitiendo otorgar una secuencia lógica a las situaciones inéditas con las que se enfrentaban los equipos profesionales. Así entonces, se desplegó la experiencia de atención asistencial hacia personas y familias afectadas por situaciones de violaciones a los Derechos Humanos, avanzando desde las primeras respuestas exploratorias a través de calificación y diagnóstico social hasta el trabajo especializado en registro de denuncia, educación en derechos y motivación a la participación (Taibo, 1987).

Las principales respuestas profesionales de Trabajo Social se entrelazaron con la asistencia jurídica en defensa de derechos fundamentales suprimidos o severamente restringidos por actuación de los organismos de seguridad. Las acciones de mayor recurrencia del período correspondieron a interposición de recursos de amparo o habeas corpus, denuncias por desaparecimiento de personas, defensas en Consejos de Guerra, denuncias por detención ilegal, violencia innecesaria, apremios ilegítimos y secuestro, defensa de personas despedidas por razones ideológicas, defensa de personas procesadas por delitos políticos, solicitudes de indulto, solicitudes de ingreso al país de personas exiliadas, solicitudes de conmutación de penas, apelaciones a relegamientos y otras gestiones asociadas (Gonzáles, 1981). Dado que estas situaciones afectaban a un importante número de personas, Trabajo Social inició incipientes esfuerzos de contención y acompañamiento a las situaciones de trauma individual y familiar por las que atravesaban las personas afectadas, a través de la acción en pequeños grupos, los que más tarde dieron origen a valerosas organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y presos políticos, que se enfrentaron temerariamente a la dictadura a través de actos de protesta y denuncia pública:

El tratamiento individual por sí solo era ineficaz, la represión era masiva y las situaciones se prolongaban e institucionalizaban, como era el arresto sin proceso y el desaparecimiento. . . . Una de las formas de trabajo social más importante que ha desarrollado la Vicaría de la Solidaridad en relación con las situaciones que trata, es el trabajo con las organizaciones que los propios afectados se han dado, fundamentalmente por medio de sus familiares . . . . Sin la organización el familiar solo actuaba por la defensa y libertad de su caso; cuando esto no se lograba, producía grandes frustraciones que a veces le impedían seguir actuando. El organizarse les permitió actuar para buscar soluciones de conjunto, y muchas veces sus acciones lograron resultados - que aunque no siempre resolvían todos los casos, solucionaban parte de ellos, y en definitiva beneficiaban al conjunto. (Vicaría de la Solidaridad, n.d.-b, pp. 3-5)

A partir de este marco inicial de respuesta a la emergencia, en los años inmediatamente siguientes se fueron conformando diversas organizaciones no gubernamentales y organizaciones solidarias a lo largo del país, que integraron acciones de protección de los Derechos Económicos y Sociales, que se encontraban seriamente amenazados debido a las profundas crisis económicas que se sucedían en forma permanente. Lo anterior, era resultado del abrupto giro hacia el modelo de libre mercado a ultranza que impulsaban grupos económicos tecnocráticos vinculados al poder político militar vigente y que impactaron en la estabilidad de la economía nacional, afectando duramente las condiciones de subsistencia de la población general, especialmente la de menores ingresos. En una mirada panorámica, las actividades implementadas por las organizaciones no gubernamentales y por las organizaciones solidarias en las que participaba Trabajo Social, pueden organizarse a partir de la siguiente lista ilustrativa de áreas de protección de Derechos Humanos y Derechos Económicos y Sociales realizadas por las organizaciones no gubernamentales chilenas en el período dictatorial (Chateau et al., 1987; García-Huidobro, Martinic, & Ortiz, 1989; Vicaría de la Solidaridad, n.d.-a, pp. 26-33):

  • a) Área Alimentación: Ayuda asistencial familiar. Ollas comunes. Comedores Infantiles. ComedoresPopulares. Comedores Solidarios. Comprando Juntos. Despensas comunitarias. Ayuda fraterna. Huertos Familiares.

  • b) Área Salud: Policlínicos solidarios. Educación sanitaria. Formación de monitores de salud. Atenciónen Salud Mental en familias víctimas de la represión. Atención en Salud mental infantil afectada por acciones de represión de su familia y/o su entorno comunitario. Intervención en psicopatologías asociadas a la represión política. Uso de hierbas medicinales. Tecnologías alternativas. Tecnologías apropiadas.

  • c) Área Producción rural, campesina e indígena: Horticultura. Bancos de semillas. Crianza de aves.Artesanías. Transferencia tecnológica y capacitación productiva agrícola. Agricultura orgánica. Bienes de producción cooperativos. Rotación de cultivos. Tecnologías campesinas. Monitores en salud animal. Apoyos productivos. Cursos de telar, tejidos y manualidades. Sistema de crédito preferente. Formación en conservación de alimentos, quesería, pautas de alimentación. Asistencia jurídica a las familias campesinas asignatarias de la Reforma Agraria. Asistencia técnica a pescadores artesanales.

  • d) Vivienda: Ampliación de viviendas. Reconstrucción de viviendas post terremoto de 1985. Construcción deviviendas por ayuda mutua. Fondo rotatorio de materiales o recursos económicos con fines habitacionales. Construcción de áreas verdes. Construcción de sedes comunitarias. Organización de convenios colectivos de repactación de deudas de servicios básicos. Organización de convenios colectivos de repactación de deudas de viviendas o sitios. Organizaciones de allegados. Organizaciones de comités de vecinos sin casa. Ocupaciones de terreno individuales y silenciosas o masivas en situaciones puntuales.

  • e) Ámbito Educación: Salas Cunas y Jardines infantiles solidarios. Centros de apoyo escolar. Huertosescolares. Bibliotecas comunitarias. Bibliotecas populares. Campamentos de verano. Colonias urbanas. Becas de estudios. Talleres socioeducativos. Educación Popular.

  • f) Ámbito Trabajo: Escuelas Sindicales. Talleres Laborales. Formación en oficios. Bolsas de Cesantes.Comité de Cesantes. Bolsas de Trabajo. Programa Trabajo para un Hermano. Grupos de Autogestión. Amasanderías populares. Baratillos.

  • g) Ámbito Cultura: Actos homenaje. Peñas folclóricas. Jornadas. Talleres de Teatro. Talleres de Músi-ca. Talleres de Folclore. Talleres de Poesía. Paseos. Convivencias. Festivales. Ferias de artesanía. Exposiciones de arpilleras. Encuentros zonales. Organización de festividades culturales indígenas.

  • h) Ámbito Información: Folletos. Boletines. Materiales educativos. Prensa popular. Radios comunitarias.Cassettes y Videos informativos. Revistas.

  • i) Ámbito Organización Social: Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. Agrupación de Familiares de Presos Políticos. Agrupación de Familiares de Relegados y ex Relegados. Agrupación de ex Presos Políticos. Comités de Derechos Humanos. Coordinadoras poblacionales. Organizaciones Pastorales. Formación de líderes. Escuelas de Dirigentes.

  • j) Acciones de Denuncia: Marchas. Concentraciones. Manifestaciones relámpagos en lugares neurálgicos de la ciudad. Protestas. Velatones.

En este marco, los objetivos de Trabajo Social se redefinen en torno a:

Una modalidad de trabajo que responde a las necesidades de las personas afectadas directamente por la represión y a un trabajo de extensión con la comunidad; que en esta coyuntura pone el énfasis en la perspectiva de educación y prevención en Derechos Humanos. (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, 1975, para. 2)

Las características del nuevo contexto nacional impusieron nuevas exigencias al desempeño:

De ser una respuesta rápida y eficaz a una necesidad sentida y urgente que afecta a los grupos más necesitados. . . . El problema surge de improviso y es grave: no se puede perder el tiempo. Hay que pensar rápidamente y planificar sobre la marcha. Más adelante se implementan y perfeccionan los programas. Se miden los riesgos que se correrán, pero no se teme asumirlos. (Aylwin, 1979, p. 8)

Las condiciones de solidaridad que simbolizaban estas estrategias de trabajo, eran expresadas a partir de las características de participación grupal o comunitaria que lograban implementarse en algunos de los proyectos de acción social en curso, a pesar de las fuertes restricciones impuestas por las autoridades militares a la libre asociación. En este marco, fue revalorizado el aporte especializado de Trabajo Social en torno a la organización social, especialmente en sus esfuerzos por recomponer un tejido social fuertemente reprimido y traumatizado:

La dictadura había creado mucho miedo por juntarse. En las comunidades había familias que habían sufrido represión, tortura, desapariciones y también asesinato y eso estaba muy presente y marcado en las personas. El control era ejercido por los municipios que vigilaban quien llegaba a los territorios y también la vigilancia de carabineros. También hay que señalar que la iglesia católica en ese tiempo daba garantías de seguridad y protección. Convocar a reuniones era muy difícil. Implicaba que había que hacer un trabajo caso a caso, reforzando la importancia de volver a trabajar juntos como mapuche, como comunidad. (Trabajador Social en una organización no gubernamental rural entre los años 1987-1990)

La acción social se organizó principalmente en torno al concepto de Educación Popular, concepción pedagógica propuesta por el educador brasileño Paulo Freire y que en la década de 1960 había aportado en forma central a los procesos de alfabetización de adultos impulsados desde el Estado en zonas urbanas populares, campesinas y rurales del país. Así entonces, se retomaron sus estrategias metodológicas, orientándolas a posibilitar una mayor y mejor participación de la población y se redefinieron sus objetivos en torno a la toma de conciencia crítica o concientización, búsqueda de organización popular y fomento del trabajo comunitario, a fin de contribuir a la generación de un sujeto crítico, creador y solidario capaz de enfrentar el desafío de redemocratizar la sociedad chilena (García-Huidobro et al., 1989). Las acciones realizadas por la profesión en las organizaciones no gubernamentales o solidarias dieron origen al concepto de Trabajo Social Alternativo, diferenciándole de esta forma del Trabajo Social Oficial que se enseñaba en las aulas universitarias y se ejercía en los organismos y servicios públicos, en el marco de las políticas oficiales del régimen dictatorial (Castañeda & Salamé, 2012). El Trabajo Social Alternativo destacaba por:

Su carácter integral, que ha dado lugar a formas nuevas de enfrentar la acción social y educativa con los sectores populares, una elevada flexibilidad y poder de adaptación frente a situaciones diversas y cambiantes; un especial empeño en potenciar el desarrollo de la sociedad civil, aglutinando la iniciativa social a nivel local. (García-Huidobro et al., 1989, p. 22)

Es imposible concebir el desempeño de Trabajo Social en las organizaciones no gubernamentales o solidarias fuera del trabajo en equipos. Más que un desempeño distintivo especializado por campo disciplinario, la experiencia en acción social se caracterizaba:

Porque los profesionales (médicos, asistentes sociales, abogados, enfermeras, profesores, etc.) entregan su aporte específico totalmente integrado al resto de sus compañeros, sin constituir subgrupos especiales, lo que contribuye a la mayor unidad y espíritu del equipo del grupo total. (Aylwin, 1979, p. 9)

Lo anterior es recordado por una profesional de organización no gubernamental que ejerció su labor en equipos de acción social con diversidad de filiaciones y marcos valóricos:

Trabajábamos todos juntos. Había personas de iglesia, personas que venían del mundo social, otras que venían de partidos políticos o de grupos poblacionales. Algunos eran profesionales, otros eran líderes poblacionales, agentes pastorales, monitores o educadores populares. A pesar de las diferencias que eso significaba, sabíamos que todas nuestras formas de pensar, que eran legítimamente diferentes, se encontraban en la lucha por la defensa de la dignidad del ser humano. (Trabajadora Social en una organización no gubernamental urbana entre los años 1987-1989)

Dentro de los largos años dictatoriales, destaca el período comprendido entre mayo de 1983 y julio de 1986, en donde la oposición política y social contra la dictadura convocó una serie de movimientos y acciones de protesta nacional, que tuvieron alta convocatoria y adhesión en los ámbitos laborales, estudiantiles y poblacionales, impulsadas por el descontento derivado de la crítica situación económica que afectaba en forma transversal a distintos sectores de la sociedad y por la incesante acción represiva de los organismos de seguridad del régimen. Estas movilizaciones sociales fueron conocidas como protestas pacíficas y se expresaron en manifestaciones callejeras masivas de descontento social, que fueron incrementando progresivamente sus niveles de represión militar, lo que ocasionó como contrarrespuesta mayores acciones de resistencia marcadas por la violencia social (Weinstein, 1989). Las organizaciones no gubernamentales y solidarias aportaron con estas acciones de resistencia, facilitando su infraestructura y recursos para difundir las acciones de protesta en los ámbitos nacional y local y reflexionando en torno a las consecuencias de estos actos en el proceso de redemocratización. Asimismo, brindaban atención médica de emergencia, acogida, protección y defensa material, jurídica y social a los grupos de jóvenes y adultos pobladores que participaban directamente en las jornadas de protestas o eran afectados por las brutales acciones de represión con fines de amedrentamiento realizadas en las mismas fechas convocadas a manifestaciones, o en los días previos o inmediatamente siguientes, las que correspondían a allanamientos y ocupaciones militares de las poblaciones, ocasionando en muchas oportunidades heridas o muertes por acción de armamento castrense, detenciones masivas, secuestros, tortura, relegación o exilio:

En las protestas los chiquillos salían a protestar y hacían barricadas a la avenida principal. Apenas aparecían los milicos, salían corriendo a esconderse en la sede parroquial que quedaba abierta para que pudieran protegerse. Los camiones con militares se paraban delante de la iglesia y esos minutos eran eternos. Muchas veces tuvo que salir el padre a tratar de convencer a los militares que se fueran o salir derechamente a defender a los chiquillos. (Trabajadora Social en una organización no gubernamental urbana entre los años 1982-1989)

A fin de atesorar el valor de los aprendizajes de la acción social realizada por Trabajo Social en el campo de los Derechos Humanos, comenzaron a producirse importantes procesos de reflexión profesional y de sistematización, destacando en el período los esfuerzos realizados por el Colectivo de Trabajo Social conformado a contar del año 1981, que tradujo su proceso de análisis de la realidad nacional y el aporte profesional a la publicación especializada denominada Apuntes de Trabajo Social que se editó durante esa década. Asimismo, otras instituciones como el Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación (PIIE), el Colectivo de Atención Primaria y el Centro el Canelo de Nos, entre los de mayor referencia del período, aportaron renovados repertorios conceptuales y metodológicos e instancias de encuentro y jornadas de trabajo nacionales, que nutrieron a la diezmada formación oficial de Trabajo Social de esos años, respecto de las perspectivas de raigambres comprensiva y socio-crítica, absolutamente vedadas en la academia, permitiendo analizar los nuevos despliegues profesionales realizados en el tema de Derechos Humanos en las organizaciones no gubernamentales o solidarias.

A partir del fracaso del atentado contra Pinochet en septiembre de 1985, se hizo cada vez más patente que la vía de salida de la dictadura chilena forzaba una salida pacífica, negociada y formal, conforme la ruta trazada por las propias autoridades militares, siendo su primer hito el plebiscito del 5 de octubre de 1988, en donde se jugaban como alternativas la continuidad del régimen, que apostaba a proyectarse por ocho años más; o la redefinición de la ruta, considerando la celebración de elecciones libres y democráticas en un período no superior a un año de efectuado el plebiscito. Esta situación fue consolidando progresivamente, a nivel de equipos de trabajo de las organizaciones no gubernamentales y solidarias, la convicción de que se debía jugar la carta de conseguir la derrota política del régimen en las urnas. Ello implicaba importantes tareas, en las que se incluían la educación cívica de la población, abandonada en los largos años sucedidos a contar de 1973; motivar la obligatoria renovación de la cédula nacional de identidad para proceder a la inscripción en los nuevos Registros Electorales, decretada para obstruir la inscripción expedita con la cédula vigente; impulsar la participación efectiva como votante en el plebiscito de 1988; preparar apoderados de mesa; y, realizar un trabajo de motivación permanente que garantizara el triunfo masivo de la oposición - simbolizada en la opción NO - para forzar el que se anticipaba como un difícil reconocimiento de los resultados de parte de las autoridades de la época.

Si bien este esfuerzo implicó la colaboración de múltiples actores y fuerzas sociales y políticas a nivel nacional e internacional, no puede desconocerse que el trabajo realizado por los equipos de las organizaciones no gubernamentales y solidarias a lo largo del país, de los que Trabajo Social formaba parte, constituyó un importante punto de apoyo que contribuyó a legitimar la estrategia política del plebiscito en vastos sectores de la población y a fomentar la participación ciudadana requerida para alcanzar las cifras que permitieran la derrota electoral de la dictadura. El triunfo de la opción NO en el plebiscito del 5 de octubre de 1988 se reconoce como el hito inicial de un largo y forzado camino de retorno a la normalización democrática, cuyas implicancias y efectos siguen siendo reconocibles hasta la actualidad en la sociedad nacional, y en las que Trabajo Social ha aportado también sus aprendizajes, cuestionamientos y reflexiones generadas en la época dictatorial.

Reflexiones Finales

En el marco de la dictadura cívico militar chilena, Trabajo Social participó de las organizaciones no gubernamentales o solidarias, cuyo financiamiento se sustentaba en la presentación regular de proyectos sociales a las diversas fuentes de financiamiento disponibles. Ese flujo bidireccional incluía por una parte, las propuestas de acción social con sus respectivos reportes evaluativos; y por otra parte, presupuestos para financiarlas, permitiendo el reconocimiento explícito por parte de los equipos de trabajo, del amplio manejo metodológico de la profesión en esas materias. Así entonces, en muchas ocasiones la responsabilidad del diseño, monitoreo, registros y evaluación de los proyectos recayó en profesionales de Trabajo Social, quienes aportaron directamente a los procesos de promoción y defensa de los Derechos Humanos desde la impronta tecnocrática entregada por la formación profesional, a través de la metodología de proyectos sociales aprendida en la academia.

Las acciones de las organizaciones no gubernamentales alcanzaban presencia local, regional o interregional y realizaban contrapuntos específicos con las políticas sociales de la época. A pesar que las políticas oficiales contaban con cobertura nacional, estaban inspiradas en los principios del Estado subsidiario y no lograban resolver las necesidades más urgentes de los grupos más vulnerables, especialmente en lo relacionado con las necesidades sociales de alimentación, salud, vivienda, educación, trabajo y empleo. Como resultado, los equipos en los que participaba Trabajo Social fueron progresivamente desarrollando desde la propia experiencia, líneas de especialización en Derechos Humanos vinculadas a la visibilización de sujetos diversos con necesidades específicas, tales como infancia, jóvenes, mujeres, pobladores o pueblos indígenas. Asimismo, promovían Derechos Económicos vinculados a sectores productivos territoriales, como campesinado, población rural, obreros forestales, pesca artesanal, pequeña minería, junto a trabajadores urbanos de baja calificación laboral; y Derechos Sociales en áreas de salud, salud mental, vivienda, trabajo y educación. En este marco, también fue posible apoyar el desarrollo de centros de estudios e investigación en materias de educación, desarrollo económico, desarrollo social o desarrollo agrario, desde perspectivas alternativas comprensivas y socio críticas, abandonadas forzosamente por las ciencias sociales académicas durante los años dictatoriales.

Todo este aprendizaje fue transferido como la base de las políticas sociales que aportó la transición democrática iniciada a contar de 1990, especialmente en las líneas de desarrollo social en las que se crearon o redefinieron nuevos ministerios y servicios como lo fueron el Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN), heredero legal de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN), Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) con rango ministerial, Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) y la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI) que dio origen a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).

En el ámbito universitario, los aportes en Derechos Humanos de las organizaciones no gubernamentales y solidarias no encontraron oportunidades de desplegarse durante el período 1973-1990, debido a la permanente represión y censura que enfrentaba la formación de Trabajo Social en dicho ámbito. Una vez producido el retorno a la Democracia, estos aportes fueron acogidos con mayor evidencia en la generación de escuelas universitarias públicas que se reabrieron y en las nuevas escuelas privadas que se crearon. En las escuelas históricas que no interrumpieron su proceso de formación en el período dictatorial, se considera que los aportes del Trabajo Social alternativo resultaron complementarios o marginales, en atención a la fuerte influencia de la tradición formativa tecnocrática en sus decisiones académicas.

El trabajo realizado en el marco de los Derechos Humanos resignificó la dimensión ética de Trabajo Social aportando nuevos referentes en su actuar y un concepto de mayor amplitud e integralidad en su comprensión. Actualmente, su indiscutible aporte se evidencia en la presencia de los Derechos Humanos como materia distintiva en la formación de pregrado y en la condición de garante de Derechos que asume el desempeño de Trabajo Social en el marco de la implementación de las políticas públicas. Así, entonces, el legado forjado en las horas más oscuras de la historia reciente nacional se reactualiza permanentemente a través del inclaudicable compromiso por la defensa de la dignidad de la persona humana, demostrado plenamente por la profesión, aún en las extremas condiciones de resistencia, represión y violencia política que caracterizaron a la dictadura chilena.

Referencias

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Agencia financiadora No se aplica.

Aprobación por Comisión de Ética y consentimiento para participación Se aplicó consentimiento informado donde se estableció participación libre y voluntaria de los sujetos de la investigación, análisis confidencial de los datos y consentimiento para publicación de fragmentos en anonimato. Dada la naturaleza interuniversitaria del proyecto de investigación y la reglamentación vigente no se aplica comité de ética.

Consentimiento para publicación No se aplica (porque los datos personales de los encuestados no son revelados).

Received: July 11, 2018; Accepted: November 20, 2018; Revised: May 06, 2019

Patricia Castañeda Meneses

patrícia.castaneda@uv.cl Doctorado en Ciencias de la Educación por la Universitat de Barcelona (UB) Académica e Investigadora en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso (UV)

UV

Escuela de Trabajo Social Avda. Colón, 2128 Valparaíso - Región de Valparaíso - Chile CP: 2363050

Ana Maria Salame Coulon

ana.salame@ufrontera.cl Doctorado en Ciencias de la Educación por la Universitat de Barcelona (UB) Académica e Investigadora en el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de La Frontera (UFRO)

UFRO

Avda. Francisco Salazar, 1145 Temuco - Región de La Araucanía - Chile CP: 4811230

Contribuciones de las autoras

El artículo se elaboró en forma conjunta. El aporte de las autoras es equivalente.

Conflicto de intereses

No hay conflicto de intereses.

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