Diagnóstico situacional de seguridad alimentaria en Argentina, Brazil, Colombia e Inglaterra post Covid-19

Diagnóstico situacional da segurança alimentar na Argentina, Brasil. Colômbia e Inglaterra pós Covid-19

Situational diagnosis of food security in Argentina, Brazil, Colombia and England after Covid-19

Resumen:

El artículo analiza iniciativas para promover la seguridad alimentaria en Argentina, Brazil, Colombia e Inglaterra a partir del diseño de un diagnóstico situacional de los países en mención, en el periodo post-Covid-19. Se trata de datos secundarios recientes de agencias de investigación locales y multilaterales que cuestionan la gama de indicadores de riqueza y pobreza frente a la inseguridad alimentaria entre la población más vulnerable. También avanza sobre la forma de producir alimentos a gran escala, en especial la economía basada en commodities, cuestionando la soberanía en la producción de alimentos y la contradicción frente a las premisas para el desarrollo sostenible. Busca evidenciar sobre la implementación de algunos programas y políticas sociales. En los referidos países, para atender a las familias en situación de vulnerabilidad social.

Palabras-llave: Seguridad alimentaria; Prácticas de Seguridad Alimentaria; Producción de alimentos; Indicadores sociales

Resumo:

O artigo analisa as iniciativas de promoção da segurança alimentar na Argentina, Brasil, Colômbia e Inglaterra a partir do desenho de um diagnóstico situacional dos países em questão, no período pós-Covid-19. São dados secundários recentes de agências de pesquisa locais e multilaterais que questionam a gama de indicadores de riqueza e pobreza versus insegurança alimentar entre a população mais vulnerável. Avança também no modo de produzir alimentos em larga escala, principalmente a economia baseada em commodities, questionando a soberania na produção de alimentos e a contradição com as premissas do desenvolvimento sustentável. Busca evidenciar a implementação de alguns programas e políticas sociais. Nesses países, para cuidar de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Palavras-chave:
Segurança alimentar; Práticas de segurança alimentar; Produção de alimentos; Indicadores sociais

Abstract:

The article analyzes the initiatives to promote food security in Argentina, Brazil, Colombia and England based on the design of a situational diagnosis of the countries in question, in the post-Covid-19 period. These are recent secondary data from local and multilateral research agencies that question the range of indicators of wealth and poverty versus food insecurity among the most vulnerable population. It also advances in the way of producing food on a large scale, mainly the economy based on commodities, questioning the sovereignty in food production and the contradiction with the premises of sustainable development. It seeks to highlight the implementation of some social programs and policies. In these countries, to care for families in situations of social vulnerability.

Keywords:
Food security; Food safety practices; Food production; Social indicators

Introducción

Este texto hace parte del proyecto de investigación Interfaces da Covid-19: Políticas Públicas para Familias en Situación de Vulnerabilidad que cuenta con la participación de investigadores de la Universidad Nacional de Lanus en Argentina, Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Autónoma de Chile, Universidad Mayor de San Marcos del Perú, Universidad de Salamanca en España, Liverpool Hope University en Inglaterra y las Universidades Federales de Pará, Paraíba, Piauí y São Paulo en el Brazil, siendo esta última responsable por la coordinación. Atendiendo a las disposiciones de Ética en la investigación, este proyecto, sometido y aprobado por el Comité de Ética correspondiente y cuenta con los avales respectivos de su aprobación.

La situación pandémica originada por el virus Covid-19 viene dejando perdidas de diferente naturaleza: vidas humanas, empleos, puestos de trabajo, quiebras del comercio y de los servicios (academias, escuelas, recreo, etc) generando, por lo tanto, crisis económica, crecimiento de la pobreza y desigualdad, ampliando la brecha entre los países desarrollados y en desenvolvimiento, así como internamente en sus respectivos territorios. Pero lo más relevante en este escenario y que ha llamado nuestra atención, es la necesidad de alimentación para la población más vulnerable. Por esa razón, este texto pretende colocar en pauta un diagnóstico situacional sobre la seguridad alimentaria en Argentina, Brazil, Colombia e Inglaterra post Covid-19.

Partiendo de un diagnóstico situacional, es imperativo analizar las opciones adoptadas por los países para enfrentar la inseguridad alimentaria de su población, ya sea por la obstrucción del acceso a los alimentos, o por la insuficiencia de la calidad de los alimentos ofrecidos llevando a la desnutrición, al hambre o a la desnutrición asociada al sobrepeso.

El hecho de que este grupo de investigadores esté fuertemente integrado por miembros de Brazil y de países sudamericanos supone un peso significativo, cuyo aporte desde el Reino Unido puede parecer pequeño como contrapeso. Sin embargo, es una oportunidad para comprender el fenómeno de la soberanía de los países en la producción de alimentos.

La elección de la metodología para la presentación de este artículo considera datos de fuentes de referencia secundarias, específicas y oficiales en cada uno de los países analizados, así como la selección de datos de documentación de organismos multilaterales. Los datos fueron analizados con una perspectiva comparada con el fin de identificar similitudes y heterogeneidades de comportamiento en los indicadores de los países en estudio sobre prevalencia de desnutrición, obesidad y otros componentes de la seguridad/inseguridad alimentaria. Sin embargo, las políticas y programas se registraron en el contexto de la lucha contra la inseguridad alimentaria con énfasis en las poblaciones más vulnerables.

Este artículo trae los resultados de una primera fase de la investigación del mencionado proyecto, además permitió problematizar el alcance y perfeccionamiento de los indicadores sintéticos de riqueza y pobreza comparativa entre los países en estudio a la luz de la seguridad alimentaria que ahora presentamos.

La estructura de este artículo consiste en un diagnóstico situacional de Argentina, Brazil, Colombia e Inglaterra inicialmente, seguido de un análisis comparativo y sus consideraciones finales.

Panorama de la seguridad alimentaria coyuntural de:

1. a

   Argentina

El problema de la seguridad alimentaria en la Argentina sigue los mismos condicionantes que en el plano internacional se verifican en situaciones similares. La seguridad alimentaria es uno de los grandes problemas de la humanidad en este siglo y su agravamiento es consecuencia primordial de la reestructuración económica del Capitalismo hacia fines el siglo XX y las consecuentes transformaciones económicas y políticas que se desdoblaron a partir de esos cambios.

En ese sentido, las más significativas han sido la reestructuración de la economía, con la inserción de la economía argentina en la economía internacional, como país productor de materias primas. Si bien desde fines del siglo XIX la principal producción económica era de cereales y carnes, partir del siglo XXI productor de monocultivo: soja dirigida al mercado externo. Sin embargo, la diversificación de la producción de alimentos en Argentina y su potencialidad en términos de disponibilidad, permiten estimar un cálculo que refiere que la producción de alimentos podría abastecer, es decir asegurar seguridad alimentaria, a casi 400 millones de personas.

Asimismo, la hoja de balance de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) de (Miranda, 2008, p. 201) estima en 2.800 kcal y 3.200 kcal la disponibilidad alimentaria en Argentina, es decir casi al nivel de los países centrales, por la gran producción de proteínas al producir carnes y lácteos. Es decir, el problema alimentario en Argentina no tiene su raíz en la producción de alimentos, sino que radica en la distribución. Actualmente existe un 30% de la población que registra inseguridad alimentaria (ODSA, 2021), entendida como la imposibilidad de acceder a una comida diaria por una persona.

En ese sentido, es posible establecer que la cuestión alimentaria en Argentina sigue las tendencias regionales de los territorios de la cuenca del Plata: el problema no es de producción sino de distribución. Y en la distribución alimentaria operan en Argentina dos grandes factores, como lo son el mercado y las políticas alimentarias. Un breve examen del período 2020 al 2021 en la situación de la pandemia del Covid-19 se examinarán a continuación a partir de estos dos grandes efectores de distribución alimentaria.

Si se toma el análisis de la distribución del ingreso como posibilidad de medio para el abastecimiento alimentario, debe tenerse en cuenta que el mercado lejos de garantizar un acceso en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana, tal como lo ha definido la Cumbre sobre Alimentos en 1996, es un reproductor de las asimetrías y desigualdades que se instituyen producto de las desigualdades de poder adquisitivo en la población del país.

Según datos del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo) (INDEC, 2022) la canasta básica alimentaria, consistente en un cálculo de bienes de consumo alimentarios básicos se situaba en una cifra de U$S 52,90 la línea de indigencia para un adulto, en tanto la canasta básica total que incluye además otros servicios, ascendía a U$S 121,64 demarcando la denominada línea de pobreza. Por lo tanto, una familia de 3 miembros necesitaría para no ser indigente U$S 130,16 y U$S 298,06 para no ser pobre. Sin embargo, el salario mínimo asciende a U$S 157,14 en el mismo período por lo que casi el 40,6% de la población total no logra resolver sus necesidades básicas vía mercado (INDEC, 2022). Más aún, las restricciones impuestas por las políticas de enfrentamiento al covid han impedido el desarrollo de las actividades del denominado sector informal de la economía por lo que las personas que desarrollan esas actividades han visto disminuida gravemente sus posibilidades de garantizar el acceso a la alimentación agravando ese cuadro de situación. En suma, la seguridad alimentaria a través del mercado no solo se constituye en un débil distribuidor en la coyuntura, sino que, además, la pobreza alcanzó al 40,6% de las personas y al 31,2% de los hogares en el primer semestre de 2021(INDEC, 2022) agravando las condiciones de acceso a la cobertura alimentaria en el marco de la seguridad.

Atento al agravamiento de la situación planteada, las respuestas del gobierno argentino se han expresado en un conjunto de políticas asistenciales y sociales en materia alimentaria como respuesta a la contención y reversión de la inseguridad alimentaria planteada. Las políticas públicas del gobierno actual han constituido el segundo medio de cobertura de las necesidades alimentarias, dirigidas a la población en situación de pobreza e indigencia generando una serie de programas intersectorialmente relacionados por el Plan Argentina contra el Hambre. El Plan, se sustenta en la sinergia y consolidación del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que implica en la promoción y fortalecimiento del Acceso a la Canasta Básica de Alimentos.

Someramente, lo conforman los Programas: Pro Huerta, Tarjeta alimentar (transferencia directa vía bancaria), Fortalecimiento a Comedores y Merenderos. Fortalecimiento a comedores escolares, Asistencia alimentaria a familias y Educación alimentaria Nutricional. La puesta en marcha de este conjunto de Programas se inicia en 2020, como extensión del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria iniciado desde el 2003. Durante 2020 se acreditaron un total de 1.567.751 titulares de tarjetas, que alcanzan un total de 2.040.277 destinatarios y destinatarias (1.945.047 hijos e hijas, 45.710 embarazadas y 49.520 hijos e hijas con discapacidad). La inversión en todo el período fue de US$ 852.000,00.

Por otro lado, 18.490 comedores escolares, entre la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, han sido subsidiados con alimentos durante la pandemia. El monto total de los convenios firmados con gobiernos provinciales destinados a Comedores Escolares asciende a $7.301.361.155. Hasta el momento, se realizaron pagos por un monto equivalente al 94% de lo convenido. También, se otorgaron refuerzos extraordinarios durante el mês de diciembre el año en análisis, para dos provincias (Buenos Aires y Tucumán) por un monto de US$ 10.279.875,00 (MDS, 2020, p. 5-11).

Sin embargo, de acuerdo con el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, en la ciudad de Buenos Aires el 96% no se sufrió déficit alimentario durante el período en estudio y pasa a tener solo a partir de la pandemia el 1,2%. En tanto en el Conurbano o área circundante a la ciudad, el 85% no presenta déficit en ese lapso, pero es un 7,1% que comienza a registrar déficit alimentario. (ODES, 2020). Pero un corte según la composición de sector social de pertenencia de acuerdo con mediciones de INDEC, las personas que registran ingresos por encima de la línea de pobreza el 94% no presenta déficit y el 2,6% pasa a tener déficit. Mientras que quienes se encuentran por debajo de la línea de pobreza 75% no posee déficit en el período, pero si comienza a tenerlo el 12,5%.

Son estos sectores los que perciben mayoritariamente el beneficio del Plan por lo que evidencia un indicador que revela el escaso avance de las políticas frente a la magnitud del problema. Más aún si se considera que, percibiendo los beneficios del Plan, de cualquiera de sus programas, igualmente incrementado en un 25% las personas con déficit nutricional. La consecuencia de este análisis reside en que las tendencias internacionales se verifican en la imposibilidad de consolidar la plena seguridad alimentaria en el país. Una economía concentrada y en recesión que deviene en un proceso de concentración de riqueza y capacidad adquisitiva es incompatible con una distribución equitativa de los recursos alimentarios en la sociedad. Al mismo tiempo, las políticas alimentarias, aun necesarias, no logran modificar gravemente la situación de inseguridad que padecen millones de argentinos.

Los problemas de distribución implicarían una consideración estructural de la problemática, donde a las políticas alimentarias, lejos de concebirlas fragmentariamente, puedan ser acompañadas por medidas de redistribución del ingreso: reforma del sistema tributario, reasignación de recursos y control estatal de precios y de la distribución de bienes en el mercado interno, como primeras medidas tendientes a revertir las regresiones en materia de cobertura alimentaria de la población

1. b

   Brazil

Países de economía sustentada en commodities están cada vez más susceptibles a las reglas del capital que se sobreponen a los preceptos del desarrollo sustentable, impotente frente a la primacía del lucro rápido. Ese el caso de Brazil, además de muchos de los países vecinos en América Latina, pero también de África y de Asia. La producción agrícola y ganadera a gran escala, además de la exploración minera, son responsables de la pérdida de biodiversidad y de prácticas productivas tradicionales, orgánicas y ancestrales. La economía sustentada en esta operación transita por una lógica de producción en cantidad, cuando los pesticidas, el uso excesivo de agua y las buenas prácticas para la sustentabilidad del medio ambiente terminan siendo descuidadas.

Así, ha surgido en Brazil una práctica económica que exige la deforestación (por quema o explotación directa de madera) para la expansión de áreas cultivables, compatible con las demandas internacionales de carne, cuero, soja, maíz y caña de azúcar (biocombustible) en detrimento de frijoles, arroz y yuca, alimentos básicos para los brasileños. La variación de la producción en las últimas dos décadas (entre 1988 y 2020) fue con la disminución de la yuca (-16,0%), arroz (-6,1%) y frijol (8,1%) versus el aumento de la producción de soja (576,0%), maíz (320,1%) y caña de azúcar (193,0%). (PAM, IBGE, 2021).

Según el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales - INPE (2022) “ya se han deforestado unos 729 mil km² en el bioma amazónico, lo que corresponde al 17% de ese bioma. ¡De este total, 300.000 km2 han sido deforestados en los últimos 20 años!” (INPE, 2022) desde la constitución de la República, hace 200 anos. Es notoria la explotación depredadora de la Amazonía, especialmente a lo largo de sus fronteras, actualmente concentrada en el estado de Acre y el norte de Mato Grosso. En 2021, 274.4087 km2 de áreas fueron quemadas por incendios en Brazil (INPE, 2022).

A este efecto nocivo sobre el medio ambiente, con descompensación de biomas y sostenibilidad del medio ambiente, se suma un avance en la concentración de la renta y una expropiación de la población en el reparto de recursos y dividendos vinculados, manteniéndose una elevada tasa de Gini. índice en el país en casa de 53,4 puntos frente a 35,1 en el Reino Unido, por ejemplo (World Bank, 2022).

Otro punto claro en el contexto post-Covid-19 fue el aumento de la inseguridad alimentaria. Una investigación reveló que casi la mitad de la población brasileña, es decir, 125 millones de brasileños enfrentan inseguridad alimentaria leve, moderada o aguda. Durante los años 2020-2021 de la pandemia el 71,9% de los encuestados afirma tener ingresos familiares reducidos y se identifica la ocurrencia de inseguridad alimentaria en su hogar; lo que significó un aumento del 36,7% desde 2018, alcanzando la marca del 55,2% de los hogares. (Penssan, 2021).

En las zonas urbanas, el porcentaje de personas en situación de seguridad alimentaria es mayor que en las zonas rurales, según la Serie de Documentos de Trabajo Food for Justice de la Universidad Libre de Berlín (2021) donde la importancia de la Ayuda de Emergencia implica mejores condiciones de acceso a alimentos que quienes no recibieron la ayuda, ya que los entrevistados declararon que los ingresos de sus hogares han disminuido desde el inicio de la pandemia, evidenciando que se debe a la inseguridad alimentaria. (Galindo et al., 2021).

Por otro lado, Programas Sociales como la llamada Ayuda de Emergencia (Ley nº 13.982, de 2020) fueron una importante contribución del gobierno federal brasileño a la población más vulnerable durante la pandemia. Sumó montos de 3 a 6 veces superiores al valor promedio del beneficio ofrecido por el Programa Bolsa Familia hasta entonces.

Otra acción importante para promover la alimentación saludable fue el incremento del Programa de Adquisición de Alimentos (PAA), una política nacional en beneficio de agricultores, cooperativas y asociaciones -con incentivos a la agricultura familiar- para incentivar la venta de productos a organismos públicos. En 2019, el PAA alcanzó su mayor presupuesto, habiéndose incrementado también entre los años 2020 y 2021 como respuesta a los obstáculos de la pandemia.

El Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE, Ley nº 11.947, de 16 de junio de 2009.) es un complemento económico para la alimentación escolar, votado por el gobierno federal para todas las escuelas públicas. Las escuelas que se adhieran al programa deberán comprometerse a una inversión mínima del 30% del monto transferido por el PNAE en la compra directa de productos de la agricultura familiar, con el fin de estimular el desarrollo económico y sustentable de las comunidades aledañas, además de preservar la cultura local y producción y alimentación regional.

Esta es una muestra de los programas que permitieron apaciguar las exigentes demandas de alimentos en la población en situación de vulnerabilidad en el territorio brasileño, que van al encuentro de prácticas sostenibles de producción de alimentos.

1. c

   Colombia

Colombia es un país con 50 millones de personas, (DANE, 2022), y en el mes de enero del presente año, el derecho al alimento pasó a hacer incierto, en la voz de las familias “¿qué tenemos para comer hoy?”; ¿habrá alimento para mañana?”. Las cifras señalan que el 54% de la población sufre de inseguridad alimentaria, en números concretos, son 27 millones de personas, y más de medio millón de niños y niñas que padecen desnutrición crónica (DANE, 2022).

Las profundas desigualdades se observan en términos socioeconómicos, el salario-mínimo es de 250 dólares mensuales, sin embargo, el porcentaje más alto corresponde al 42.5% de la población colombiana que vive con 90 dólares mensuales para cubrir gastos de alimentación, vivienda, transporte y acceder a otros artículos de primera necesidad, y 7 millones de personas viven con menos de 30 dólares mensuales. (El País, 2022) Hablar de pobreza extrema, es evidenciar la negación al derecho al alimento y es la negación a la vida.

Colombia, es uno de los 20 países en el mundo que está en riesgo de enfrentar hambre aguda, así lo presentó el informe trimestral de la FAO-PMA (2022), en la cual se analiza cuidadosamente la problemática, equiparando la situación con países como Honduras y Haití en la Región de América Latina y el Caribe. (ONU Noticias, 2022).

Entre los principales causantes de la situación de hambre (aguda y crónica) se identifican: (i) la brecha de desigualdades sociales (concentración de la riqueza en unos pocos y aumento de la pobreza en la mayoría de la población), especialmente en zonas periféricas y contextos rurales. (ii) El impacto económico dejado por la Covid-19, que generó un aumento en el desempleo, llegando a niveles entre el 15.9% en el 2020 y 13.7% en el 2021 (DANE, 2021), siendo las mujeres y los jóvenes la población más afectada. Así mismo, se observa que la economía informal (ventas ambulantes) se ha ampliado en las grandes ciudades, siendo un fenómeno que no garantiza seguridad social ni estabilidad laboral.

Otro de los causantes de la crisis generalizada de pobreza y hambre en Colombia, se refiere a los procesos migratorios, especialmente la recepción de población venezolana, que supera 1.8 millones de personas (FAO-PMA, 2022) y tiende a concentrarse en las principales ciudades del país y en la zona de frontera. También, se reconoce que la debilidad por parte del gobierno de Iván Duque en la implementación de los acuerdos de paz de 2016, ha provocado desplazamiento interno de población indígena y campesina, así como violencia y muerte de lideres sociales.

Desde la Universidad Nacional de Colombia, el Observatorio de Seguridad y Soberanía Alimentaria (OBSSAN, 2022), su directora Sara del Castillo afirma que el informe que entregó la FAO-PMA (2022), "se constituye en puntos críticos de alertas y advertencias de situaciones de hambre, porque no se puede desconocer la mortalidad de niños y niñas indígenas de la Guajira [...] siendo una tragedia de 70 niños muertos por hambre en el 2020".

Se hace énfasis en la intervención porque "se debe abordar esta problemática desde un análisis multidimensional, como multidimensional es el problema de la inseguridad alimentaria y el hambre, lo cual implica abordar los múltiples factores de riesgo en el que se encuentra el país". Organismos internacionales como Human Rights Watch (HRW), hace un llamado permanente al gobierno nacional para que preste más atención a regiones que están apartadas y la población no cuenta con condiciones básicas (agua, saneamiento y alimentos) siendo la niñez la más afectada. Durante la pandemia y el confinamiento el pueblo indígena Wayuu, que habita al norte del país, en el departamento de la Guajira uniendo el territorio de Colombia y Venezuela, denunciaron en 2020, la muerte de 63 niños por desnutrición, y más allá del abandono gubernamental, también se observa la corrupción en contratos públicos con proyectos hídricos, contratos con programas de alimentación para educación y servicios de salud.

En los últimos dos años, se han complejizado las condiciones de vida en las familias Colombianas y se evidencia la disminución del consumo de alimentos, existe un brecha en inseguridad alimentaria; “uno de cada dos hogares tiene inseguridad alimentaria, consumo de dos alimentos al día”; confirma la profesora Del Castillo, “la desnutrición aguda y la desnutrición crónica se llama hambre, y los más afectados por la pobreza y el hambre son los niños, las niñas y las mujeres” (Universidad Nacional de Colombia, 2022).

Desde diversos sectores se hace un llamado para que se consolide una política estructural que garantice el derecho al alimento. Se requiere compromiso gubernamental articulado con las instituciones que acompañan el bienestar social, sin dejar de lado, alternativas de emergencia social con programas de asistencia alimentaria. En la agenda de los movimientos sociales se exige la necesidad de garantizar una renta básica para las familias, el cumplimiento de los acuerdos de paz, en especial, la reforma rural integral y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas, que les permita cualificar la producción de alimentos, garantizar el trabajo formal. Se hace un llamado a la sociedad colombiana para que consolide principios éticos y políticos que permitan erradicar la corrupción en todas sus formas.

1. d

   Inglaterra

Como a transformar el sistema de alimentos a un sistema sostenible que produce alimentos seguros, saludables y a un costo económico y de un modo que también repare y beneficie al medio ambiente y sea resistente a los ‘shocks’ climáticos en el futuro, fueron los objetivos principales de la reciente Estrategia Nacional de Alimentos (National Food Strategy, 2021) – una evaluación independiente y la primera del sistema de alimentos en los últimos 75 años en el Reino Unido (Westwater, 2021).

Hoy en el Reino Unido, 9 a 10% de la población vive en situación de ‘seguridad alimentaria’ ‘moderado’ o ‘grave’ que significa saltarse comidas, no consumir alimentos por un día o más, y reducir la cantidad de comida consumida, según la Health Foundation (2021). Y en 2020, había un incremento de 107% de niño/as que recibían alimentos de emergencia (Children Society, 2022). 2.3 millones de niño/as ya experimentan la inseguridad alimentaria y 4.3 millones de ellos/as viven en condiciones de pobreza en el Reino Unido – es decir uno entre tres niños/as (Health Foundation, 2021).

Las luchas para el derecho a los alimentos y para eliminar la pobreza y el hambre, durante la pandemia mobilizaron al ministro del parlamento, Ian Byrne, para una campaña con vistas para elaborar una ley de derecho a los alimentos junto con ‘las hinchadas de fútbol (de Everton FC y Liverpool FC) que apoya a los bancos alimentarios’ y que se organizaron en el distrito electoral para responder al incremento de la pobreza y a la mayor dependencia de las familias de las canastas de alimentos y de los bancos de alimentos. Ambos clubs de fútbol están ubicados en zonas más excluidas en la ciudad de Liverpool y en el noroeste de Inglaterra – una región más preteridos, desfavorecida y ‘excepcional’ en el Reino Unido (Belcham, 2006).

A partir de 2015 se creó ‘Feeding Liverpool’ – una alianza de organizaciones de base que se reunían para ‘enfrentar el hambre e inseguridad alimentaria’ y promover ‘el plan de buena comida’ de Liverpool a través de la ciudad. Hoy, las dispensas de cocinas forman parte de esta alianza y empoderan a los usuarios para que puedan tener dignidad y elegir los productos de alimentos debido a su gusto y dietas particulares y según su religión o necesidades de salud, como la diabetes, por ejemplo. Despensas de cocinas también intentan, no solo enfrentar, sino eliminar el hambre y establecerse como una intervención de largo plazo, a diferencia a los bancos de alimentos, en respuesta a las situaciones de emergencia.

Esta coyuntura de pobreza, hambre y desigualdad en el Reino Unido no solo es consecuencia de la pandemia, sino que lo es debido a la política pública neoliberal de austeridad que el gobierno británico, del partido Conservador, promovía por más que una década después de la crisis financiera global de 2008. La historia de las políticas de alimentos desde el inicio de neoliberalismo en el Reino Unido disminuyó el presupuesto para los servicios públicos, promovió la privatización y enfatizo aún más el individualismo y la responsabilidad del individuo inclusive para el ‘estilo de comer’ que se ‘elige’. Este énfasis en la agencia del individuo también se reflejan las estrategias y políticas públicas de seguridad alimentaria y nutrición en el Reino Unido durante los últimos 28 años, según Jennifer Dixon, la directora ejecutiva de ‘The Health Foundation’ (2021) quien destaca también que las estrategias siempre han sido de corto plazo, y se reemplaza cada dos años (Health Foundation, 2021).

Esto ha llevado a una política y sistema de alimentos distorsionada que se sigue de promover ‘un ciclo de comida basura’ por las promociones y organización de ‘ambientes de alimentos’ para favorecer el consumo de comida basura en los supermercados. La obesidad es un problema creciente en el Reino Unido y refleja las inequidades de salud y una frágil ‘cultura de comer’ en el Reino Unido (National Food Strategy, 2021; Health Foundation, 2021).

La Estrategia Nacional de Alimentos ha intentado a sugerir recomendaciones para renovar el sistema de alimentos en el Reino Unido, pero las recomendaciones son dirigidas a cambios y políticas que es más fácil y probable que el gobierno aceptara como la introducción de restricciones de promociones de alimentos ‘HFSS’ (de alta grasa, alta azúcar, y alta sal). En fin, la estrategia intenta corregir el actual sistema, no crear un nuevo sistema sostenible basado en los principios de agroecología y justicia climática.

Seguridad alimentaria se definió en la cumbre mundial de alimentación en 1995 y para reemplazar las explicaciones económicas de oferta y demanda que antes dominaba. Asimismo, la ‘seguridad alimentaria’ se planteó como el nuevo y mejor paradigma. No obstante, todavía tiene sus limitaciones. El concepto de ‘soberanía de alimentos’ desarrollado por la Vía Campesina (Desmarais, 2007), argumenta que tiene más potencial para lograr la transformación total y urgente y que necesitamos superar el sistema de alimentos neoliberal global. Esto es porque ‘la soberanía de alimentos’ toma en cuenta los siguientes factores: 1) Cómo se produce los alimentos (prácticas agroecológicas sin químicos, sin modificaciones genéticos, y que produce menos gases invernadero); 2) Donde se los produce (local en vez del otro lado del mundo) y 3) Quien produce los alimentos (los agricultores pequeños en vez de los agroalimentarios). Esta transformación implica una transformación desde la agricultura de monocultivos de gran escala - ya dominado por una cuantas de los mayores grupos agroalimentarios – hacia la agricultura de policultivos producidos a pequeña escala por múltiples agricultores a nivel local (Rosset y Altieri, 2018; Weis, 2007).

Esta transformación también cabe con la ‘agroecología’ – una fusión de ciencia, práctica y movimiento social (Gliessman, 2018, p. 600) que ‘...no solo es la ciencia que nos permita a diseñar agroecosistemas más sostenibles y justas - sistemas basados en los agricultores a pequeña escala – sino que también la agroecología actúa como un movimiento global para transformar el sistema alimentario global…’ (Jackson, 2021).

Agroecología tiene un rol importante en las estrategias de adaptación y mitigación a los cambios climáticos como por ejemplo en las practicas agroecológicas – como la diversificación de agricultura, la agro silvicultura, y la agricultura orgánica (Snapp et al., 2021). Una de las iniciativas que puede contribuir al movimiento para la ‘soberanía de alimentos’ son las despensas de cocinas y los nuevos sistemas de alimentos sostenibles que los dueño/as-usuario/as ya están formando con los pequeños agricultores locales que utilizan prácticas agroecológicas.

Similitudes y heterogeneidades a la luz de la seguridad alimentaria

Traer como pauta en la agenda de los gobiernos nacionales el incremento de la inseguridad alimentaria, especialmente debido al aumento de la obesidad en los países europeos, es información valiosa para comprender el fenómeno de la producción agroindustrial, los productos básicos y el acceso a los alimentos por parte de diferentes pueblos, ya sea en países en desarrollo o en vías de desarrollo. economía agraria, o de países desarrollados con una economía de sesgo manufacturero.

En nuestro estudio de caso, Argentina y Brazil son más similares en cuanto a la dificultad de romper los lazos de la economía centrada en las materias primas. Son países autónomos y soberanos en la producción de alimentos, pero su población vive una situación de hambre y desnutrición debido a la obstrucción del acceso a los alimentos a través del mercado, quedando su población sujeta a las políticas de seguridad, protección social y seguridad alimentaria disponibles para el acceso.

La práctica depredadora inherente a la producción agroindustrial a escala internacional oculta indicadores de ingresos brutos, como el PIB y el índice de Gini, pero no oculta el avance de la desnutrición y la inseguridad alimentaria en los países estudiados.

El aumento de la pobreza revela el desajuste en la producción de vida en el mercado de activos privados y la limitada capacidad pública para responder a las necesidades y deseos básicos de la población.

En el caso de Colombia, se presenta el incremento de la corrupción como fenómeno que genera pobreza y, en consecuencia, el empobrecimiento de la población, pero también violencia, sobre todo cuando se hace público el número muertes de niños indígenas a causa del hambre, en el último año agudizado por la pandemia.

En el Reino Unido, los niños están experimentando una ola de desnutrición e inseguridad alimentaria debido a la substitución del consumo de alimentos frescos, más saludables, pero también más caros, por alimentos ultraprocesados, más baratos y disponibles. El significado final, que puede verse en el impacto del gasto público en salud, y en el crecimiento exponencial de la demanda de acceso de emergencia a los alimentos, agravada -no directamente consecuencial- por la pandemia; al final, se plantea el avance de la pobreza sobre la población del Reino Unido y se pone en duda la vieja métrica del desarrollo de los países, sin considerar la soberanía en la producción de alimentos y el acceso a los bienes comunes.

La obesidad ha crecido una media del 4,4% en todo el mundo en la última década. Sin embargo, en Europa este porcentaje fue aún mayor, pasando del 17,2% (2000) al 23,3% (2016), denotando una clara substitución o subordinación de la producción agrícola del producto in natura, por el abastecimiento de la industria alimentaria. (FAO/ONU, 2021). Vea a seguir Tabela 1 sobre Indicadores de Seguridad e Inseguridad

Tabela 1
- Indicadores de Seguridad e Inseguridad Alimentaria

PAÍS	População do país	Salário mínimo nacional (em dólares)	População vivenciando situação de insegurança alimentar (em milhões)	População vivenciando situação de insegurança alimentar (em milhões)	Prevalência de desnutrição (2018-2020) (em milhões)	Prevalência de desnutrição por milhões (2018-2020) *	Prevalência de insegurança alimentar %	Prevalência de desnutrição em crianças menores do que 5 anos (-2020) *	Prevalência de sobrepeso em crianças menores do que 5 anos (2020)	Prevalência de anemia entre mulheres em idade reprodutiva (entre 15 e 49 anos) %	Percentual de obesidade entre adultos
Argentina	45,38	889,4	12,60%	5,7	3,9	1,7	12,6%	7,8%	12,9%	11,9%	28,3%
Brazil	212,6	217,40	3,5%	7,5	< 2,5	_	3,5%	6,1%	7,3%	16,1%	22,1%
Colombia	50,88	263,7	_	_	8,8	4,4	_	11,5%	5,8%	21,2%	22,3%
União Européia e Reino Unido	447,7	1708,7	_	_	_	7,1	12	2,8%	5,7%	13,5%	22,90%
	67,2

• ^*
  FAO/ONU - https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb7497en Latin America and the Caribbean – Regional Overview of Food Security and Nutrition 2021./

Alimentaria.

Consideraciones finales

Los indicadores analizados son insuficientes para caracterizar la seguridad alimentaria, porque afecta mucho más a la población en situación de pobreza.

Hay una disparidad entre los países analizados tanto por el valor del salario mínimo y el poder de compra, principalmente se evidencia en cuanto al acceso a alimentos en cantidades y calidad para una efectiva seguridad alimentaria.

La soberanía en la producción de alimentos no es un indicador de seguridad alimentaria, dado que hay países desarrollados en este estudio, que también poseen indicadores de inseguridad alimentaria.

Estos datos componen, parcialmente, un painel de indicadores de salud para la población en términos de provisión de alimentos, pero también son provocadores de la necesidad de complementación de informaciones correlacionados, por ejemplo, al costo de vida, impuestos, tributos, producto bruto interno, entre otros.

Por otro lado, el costo de vida y las respuestas objetivas de los gobiernos frente a las demandas sociales en esta combinación son esenciales para la manutención de la vida como derecho humano.

Se percibe, la importancia de un fortalecimiento de los programas locales de producción y consumo que fortalezcan la producción familiar, orgánica en los territorios, sin uso de pesticidas con prácticas sustentables comunes entre todos los países analizados, desde los más agrarios hasta los más industrializados.

Agradecimentos

A las Instituciones de Educación Superior vinculados a los autores.

• Agência financiadoraAna Rojas Acosta - Beca Productividad PQ2 - Proceso: 314877/2021-5 del Conselho Nacional de Desenvolvimiento Científico y Tecnológico – CNPq - Vigência: 01/03/2022 a 28/02/2025
• Aprovação por Comitê de ÉticaRegistro en el Conselho Nacional de Pesquisa – Plataforma Brasil CAAE: nº 47774321.6.0000.5505 / Parecer nº 4.848.186 e Parecer Final CEP/UNIFESP nº 0640P/2021.
  Consentimento para publicaçãoConsentimiento de las autoras para publicación.

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Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  19 Ago 2022
• Fecha del número
  Sep-Dec 2022

Histórico

• Recibido
  03 Mar 2022
• Acepto
  20 Mayo 2022
• Recibido
  30 Mayo 2022