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Ambiente & Sociedade

versão impressa ISSN 1414-753Xversão On-line ISSN 1809-4422

Ambient. soc. vol.20 no.4 São Paulo out./dez. 2017

http://dx.doi.org/10.1590/1809-4422asoc0145v2042017 

Articles

BOSQUE Y POBREZA: UNA EVIDENCIA HISTÓRICA ACERCA DE LA RELACIÓN ENTRE LA DESIGUALDAD SOCIAL Y EL DETERIORO AMBIENTAL1

JUAN RAMÓN NÚÑEZ PESTANO2 

2. Departamento de Geografía e Historia. Universidad de La Laguna (Islas Canarias). Profesor titular de universidad en historia moderna. Docencia en la Facultad de Humanidades, grado en Historia y en el programa de doctorado internacional “Islas Atlánticas: Historia, Patrimonio y Marco Jurídico- Institucional” de la Universidad de La Laguna, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidade da Madeira y Universidade das Açores. E-mail: jrnupe@ull.edu.es.

Resumen

Este estudio de caso analiza la relación entre las políticas de gestión forestal y la sostenibilidad de los bosques a largo plazo. Nuestra investigación se basa en el análisis de las decisiones adoptadas por el Concejo de Tenerife para la administración de los montes públicos de la isla entre los siglos XVI y XVIII, y describe el empobrecimiento de las comunidades rurales en el siglo XVIII, como resultado de la crisis de las exportaciones vitícolas y la grave deforestación causada por la sobreexplotación forestal. El trabajo confirma la necesidad de investigar la relación entre la gestión de los recursos naturales y la sostenibilidad, desde un enfoque “micro” para especificar cómo los intereses de las instituciones que gestionan los recursos públicos afectan decisivamente a su evolución. Atribuir la deforestación de las montañas de Tenerife a la población rural pobre, como se ha venido haciendo, no sólo es injusto, también es erróneo.

Palabras clave: Monte público; administración forestal; deterioro medioambiental.

Introducción.

Este trabajo analiza un problema tratado insistentemente por las ciencias sociales durante los últimos 40 años: la sostenibilidad de los recursos naturales de propiedad pública. Los montes públicos de Tenerife pertenecían al Concejo de la isla con el título jurídico de “montes de propios”, es decir bienes privativos de la corporación destinados preferentemente a servir como fuente de ingresos para financiar al municipio. Por lo tanto, la administración de los montes estaba en manos del Concejo, un organismo oligárquico compuesto por regidores perpetuos procedentes de las familias terratenientes más importantes de Tenerife. Aunque el fin primordial de los “montes de propios” era su explotación comercial para sostener la hacienda concejil, las ordenanzas reconocían a los vecinos ciertos derechos al disfrute gratuito de los recursos forestales. A pesar de que estos usos tenían la apariencia de un derecho comunal, en la práctica, el aprovechamiento que realizaban los usuarios de estos recursos comunes consistía en un verdadero régimen de libre acceso, pues los controles de la institución sobre el aprovechamiento vecinal de los bosques y su distribución eran muy ineficaces, sobre todo en el caso de los usos a pequeña escala, (COLE & OSTROM, 2012).

La evolución histórica de la relación bosque-comunidad en Tenerife durante los siglos XVI-XVIII culminó en una crisis medioambiental desencadenada por la sobreexplotación del bosque, situación que se perpetuó durante todo el siglo XIX y comienzos del XX. Este caso parece una evidencia más a favor de la teoría que planteó Garret Hardin, en su famoso trabajo The tragedy of the commons, (HARDIN,1968) pero, tal como fue objetado hace ya muchos años, el concepto propiedad común fue empleado por G. Hardin demasiado a la ligera y en contra de su verdadero significado, asimilándolo a una situación de libre acceso (CIRIACY-WANTRUP. & BISHOP, 1975; FORD RUNGE, 1992). En el caso de los “montes de propios” de Tenerife, aunque las ordenanzas definían los derechos de los vecinos a la explotación del bosque en términos similares a la propiedad comunal, esta apariencia no debe confundirnos, la gestión de los montes no estuvo nunca en manos de las comunidades locales, ni se dieron jamás las condiciones de información, autonomía y control de la comunidad sobre el uso de tales recursos. Estas condiciones fueron planteadas hace más de dos décadas por (E. OSTROM, 1990), quien señaló que las instituciones de propiedad común que lograron resolver el problema de la eficacia en la gestión de los recursos comunales y hacerlos duraderos en el tiempo, eran aquellas instituciones “robustas” capaces de fijar límites a su explotación, en las que participaban activamente los usuarios, con un sistema eficaz de supervisión, sanciones graduales para quienes no respetaban las reglas y disponían de mecanismos para la superación de conflictos.

El estudio del problema de la desforestación ha estado dominado por dos enfoques diferentes durante los últimos 50 años. Por un lado, la teoría “Naïve” de los derechos de propiedad presupone que tras este problema se esconde simplemente la ineficiencia de un sistema arcaico de propiedad de los recursos y concibe que a la larga los derechos de propiedad tienden a definirse de manera cada vez más exclusiva, a medida que los recursos resultan más escasos, hasta llegar finalmente a la propiedad privada, una visión simplista que ha sido duramente criticada (KLINK, 1991; RAMOS GOROSTIZA, 2012). Por otro lado, la desforestación ha sido estudiada mediante el análisis de factores estructurales de nivel macro, como la presión demográfica, la tecnología o la política gubernamental. Sin embargo, en las últimas dos décadas, se ha ido extendiendo la noción de que para explicar tal fenómeno conviene apartarse del nivel de análisis nacional adoptado en los trabajos convencionales y “efforts to identify the relationship between forest conditions, individual, and institutions at local level”, (GIBSON, MCKEAN, & OSTROM, 2000). Se considera que los intereses que están detrás de la institución que gestiona los recursos comunales son una variable determinante para entender la evolución del recurso y el éxito o fracaso a largo plazo de su sostenibilidad, (MOOR et al, 2002; VIVIER, 2007).

En esa línea, el presente trabajo pretende demostrar que la gestión de los bosques de Tenerife entre los siglos XVI y XVIII estuvo orientada por los intereses prioritarios de la clase terrateniente representada en el Concejo de la isla y que la presión sobre los recursos que ejercieron los campesinos que vivían del monte, fue más bien el resultado de su propia ruina y miseria y no el producto un juego de decisiones libres de sus protagonistas, orientadas por la consecución de la máxima utilidad.

Contexto institucional.

La concesión de los “montes de propios” y la regulación de los aprovechamientos forestales.

Algunas descripciones del siglo XV sugieren que Tenerife era entonces una isla boscosa en la que los montes llegaban hasta el nivel del mar. Sabemos poco acerca del impacto de la población aborigen sobre los bosques, pero ciertas evidencias arqueológicas sugieren que los “guanches” habían alterado el medio natural en las zonas más pobladas mediante incendios, provocados para producir mejores pastos para sus rebaños. La acción de la comunidad aborigen parece que se centró más en el bosque termófilo, situado entre los 300 y 500 mts. de altitud (palmas, sabinas, dragos), afectó en menor medida al bosque de laurisilva y tuvo poco impacto sobre los extensos montes de pinos. (YANES, et al., 1997; FERNÁNDEZ PALACIOS, 1998).

Tras la conquista de Tenerife, terminada en 1496, se inició el repartimiento de tierras a los conquistadores y colonos, un proceso que duró hasta 1525. Desde comienzos de la colonización castellana, el Concejo se apropió de los pinares de la isla, imponiendo un arancel sobre la fabricación de brea y comenzó a dictar ordenanzas sobre el aprovechamiento de los montes. La confirmación definitiva del dominio municipal sobre los montes se produjo en 1512 cuando el Gobernador convocó a los regidores para adjudicar nuevas tierras y rentas a la corporación, conforme había ordenado la Corona de Castilla. Este acuerdo adjudicó a la corporación los montes de la isla con el título legal de “montes de propios”, es decir, bienes de libre disposición, destinados a contribuir a la financiación del municipio. Esta concesión fue confirmada formalmente por la Corona en 1520. La adjudicación de 1512 establecía que la corporación podía vender la leña y la madera para exportarla fuera de la isla, pero garantizaba el derecho de los vecinos a utilizar gratuitamente los “montes de propios” para abastecer sus necesidades de madera y combustible.

Figura 1 Los montes públicos de Tenerife concedidos por la Corona en 1512. 

Las ordenanzas aprobadas por el Concejo durante los años siguientes acabaron por dar forma definitiva a los derechos de los vecinos para usar los “montes de propios”. Tras numerosas regulaciones y correcciones, las ordenanzas aprobadas en 1542 establecían que los vecinos podrían cortar gratuitamente la madera que necesitasen para sus edificaciones o para construir embarcaciones, aunque debían pedir licencia al Concejo, además se permitían ciertos aprovechamientos menores sin necesidad de licencia (cortes de leña para combustible y de palos para fabricar aperos, cercas y chozas).

El Concejo de Tenerife y la gestión de los montes.

Desde comienzos de la colonización, el Concejo fue la institución propietaria que controló la gestión de los montes, una atribución que mantuvo hasta 1824, cuando la pasó a la comandancia de Marina. El Concejo de Tenerife estaba formado por un Gobernador nombrado por la Corona, que presidía las sesiones, numerosos regidores y un representante elegido por los vecinos, el “síndico personero”, oficial que perdió su independencia en la segunda mitad del siglo XVI, cuando los regidores acabaron controlando su elección. Dado que los Gobernadores eran oficiales de paso, renovados por la Corona cada cierto tiempo y sometidos a un duro escrutinio de su gestión donde era decisivo el apoyo de los regidores para salir bien parado, el auténtico núcleo de poder en el Concejo estaba formado por los regidores, una verdadera oligarquía que representaba los intereses de los grandes propietarios de Tenerife.

Gracias a la venta masiva de oficios concejiles, enajenados por la Corona desde mediados del siglo XVI, las familias ricas y poderosas (terratenientes y comerciantes ricos), al tiempo que se iban ennobleciendo acabaron por formar una verdadera oligarquía concejil. Además, no solo obtuvieron estos oficios de por vida sino, sino que compraron el privilegio de trasmitirlos hereditariamente (FERNÁNDEZ, 2014). Durante el período comprendido entre los siglos XVI y XVIII, los regidores fueron el núcleo de poder del Concejo, aunque las reformas realizadas por la monarquía borbónica desde 1770 tendieron a erosionar su autonomía. Por esta razón, a fines del siglo XVIII, el Concejo atravesó una crisis institucional que lo convirtió en una institución inoperante. Esta situación se prolongó hasta la guerra de la Independencia (ARBELO, 1996; NÚÑEZ, 2001). A pesar de que la isla se dividió en 31 ayuntamientos independientes en 1812, el Concejo mantuvo el control de la gestión forestal de toda la isla durante más de una década. Fue solo a partir de 1824 cuando la gestión forestal quedó bajo el control de la comandancia de Marina, situación que se prolongó hasta 1834. Este período resultó ser uno de los más destructivos y corruptos en la historia forestal de las Islas Canarias.

La supervisión de los montes públicos de Tenerife.

A comienzos del siglo XVI el Concejo de Tenerife estableció dos sistema de control de la explotación forestal: el primero nombrar consistía en un alguacil encargado de vigilar las talas en los montes cercanos a la capital y el segundo eran los guardas situados en los puertos principales (Santa Cruz, La Orotava y Garachico) para impedir la exportación de madera y brea sin pagar el gravamen a la hacienda concejil. Los Gobernadores eran los responsables de la supervisión de los daños en los montes del resto de la isla. Debían realizar una visita ordinaria de inspección de los pastos, montes y otros bienes comunes cada tres años, acompañados por una delegación de miembros del Concejo. Esta “visita de términos”, cuando se cumplía, era poco eficaz, como se comprueba por las escasas denuncias sobre daños y usurpaciones de terrenos públicos que se tramitaban. Mientras tanto, el asunto esencial de a quién correspondía juzgar los daños en los montes fue un motivo de conflicto entre los Gobernadores (los jueces ordinarios nombrados por la Corona) y los regidores. Entre 1521 y 1565 se siguieron diferentes pleitos en la Real Audiencia de Canarias y en la Chancillería de Granada acerca de esta atribución jurisdiccional, hasta que finalmente la Corona confirmó el derecho de los regidores a juzgar las denuncias sobre daños en los montes, y por lo tanto a imponer los castigos y cobrar las multas. Estos procesos se sentenciaban por los “regidores diputados” que se turnaban cada mes para ejercer las funciones jurisdiccionales del Concejo sobre mercados, montes, pastos y otras competencias reguladas en las ordenanzas. Estos procesos eran juicios verbales, por lo que no se registraba la sentencia, ni se consignaba en documento alguno la pena impuesta a los infractores y el importe de las multas. Por lo tanto, la forma de ejercer la justicia concejil era absolutamente opaca y no podemos saber a quienes se juzgaba, cuál era el motivo, ni como se les castigaba. Lo que sí parece evidente, dado que hay numerosas denuncias en ese sentido, es que el ejercicio jurisdiccional por parte de los “regidores diputados” estaba fuertemente condicionado por el espíritu de clase de los regidores, que evitaban importunar a otros colegas de corporación, o a sus familiares, criados y deudos.

A mediados del siglo XVII, la situación de las reservas forestales era ya un asunto preocupante en algunas zonas de Tenerife, por lo que el Concejo acordó otorgar una comisión especial a uno de sus regidores para que se encargase exclusivamente de vigilar el cumplimiento de las ordenanzas sobre montes. En 1642 se nombró el primer “guarda mayor de montes” un regidor con un mandato de un año, que solía nombrar alguaciles de su confianza para que actuasen como “guardas menores”, realizando las inspecciones y comunicándole las denuncias. El atractivo de este cargo, que garantizaba a quien lo ejercía unos ingresos importantes en concepto de multas y sobornos, provocó que en el siglo XVIII comenzaran a producirse conflictos entre los regidores que intentaban perpetuarse en el cargo, de modo que en 1712 la Real Audiencia de Canarias prohibió la reelección por más de dos años consecutivos.

El cargo de guarda mayor de montes se convirtió en un oficio corrupto, interesado únicamente en obtener el mayor lucro posible durante su mandato. Tal como denunció el síndico personero de Tenerife en 1761, los guardas mayores solían realizar grandes redadas entre los leñadores y carboneros con el objeto de cobrar sobornos. Algunos pleitos del siglo XVIII indican que los montes de “Anaga” eran el verdadero patio trasero donde solían desplegar su acción los guardas mayores de montes. La población de los pequeños caseríos dispersos por aquellos valles, vivía de los montes, realizando pequeñas rozas para sembrar en las zonas altas de la montaña, vendiendo palos y horquetas para viñas, o fabricando carbón. Esta zona de “Anaga” era muy accesible para los alguaciles de montes, que con un recorrido de un día podían regresar con un buen puñado de denuncias y comenzar las detenciones de los procesados, que no solían oponer resistencia porque sabían que todo era cuestión de dinero: pagar el soborno y seguir con su actividad.

Los ingresos que comportaba el oficio de guarda mayor de montes volvieron a encender el antiguo conflicto entre jueces ordinarios y regidores por el derecho a juzgar las infracciones forestales. A partir de 1765 se inició un enconado enfrentamiento judicial que la Corona intentó resolver mediante la creación de un nuevo oficio de guarda mayor de montes, elegido por el Concejo entre vecinos que no pertenecieran a la corporación, dotado de salario y exento de jurisdicción, dado que sólo podrían investigar los daños, elevando luego la denuncia ante el juez ordinario que sería el encargado de juzgar la causa. Aunque los guardas mayores de montes fueron desprovistos desde entonces de funciones jurisdiccionales, el empleo siguió siendo atractivo para la oligarquía concejil, dado que contaba con un salario y permitía acomodar a parientes y allegados que necesitaban de algún acomodo.

A partir de la década de 1770 y en paralelo con una situación crítica en el estado de los bosques de Tenerife, el control de los recursos forestales se convirtió en un foco de conflictos en varios frentes, los alcaldes pedáneos de los pueblos, las autoridades militares y la Marina Real intentaron hacerse con el control de los montes. Durante el periodo 1814-1820 la Real Audiencia de Canarias intentó resolver estas luchas por el control de los montes ordenando el establecimiento de una Junta de Montes, que era en realidad una comisión especial del Concejo presidida por el Corregidor y formada por algunos regidores. La Junta de Montes estaba encargada de autorizar las licencias de tala y nombrar a los guardas celadores, procurando acabar con las corruptelas, ahora bien, su funcionamiento no logró terminar con la corrupción, un mal enquistado en la sociedad canaria. Finalmente, en 1824 el Concejo de Tenerife perdió el control de los montes a favor de la Comandancia de Marina.

El análisis de las prioridades establecidas por el Concejo en la gestión de los “montes de propios” indica que, si bien muchas de sus disposiciones procuraban contener las formas de explotación más destructivas, la principal prioridad para los regidores consistía en asegurar la disponibilidad de materias primas para la agricultura de exportación, representada en la primera mitad del XVI por los ingenios azucareros y posteriormente por las haciendas de viñedo. De este modo, el grupo oligárquico que controlaba el Concejo, formado principalmente por grandes propietarios, definió la relación bosque-gran propiedad como una función económica esencial de la que dependía la prosperidad general de toda la isla, a modo de ley económica “natural” e incuestionable.

Resultados: procesos históricos y evidencias documentales.

El proceso histórico no puede ser observado directamente por el historiador que sólo puede basarse en evidencias documentales. La explicación histórica es un proceso metodológico donde los documentos son sujetos de estudio que permiten deducir los hechos, y estos hechos son interpretados por el historiador para deducir los procesos (la relación causa-efecto entre unos hechos y otros) este proceso es muy largo y complejo, por lo que la narrativa historiográfica tiende a reducirse, en muchos casos, a la simple enunciación de los procesos, como si esas explicaciones estuvieran todavía presentes en los documentos originales. El lector interesado puede encontrar más información en la Historia de los Montes de Tenerife, un libro que publiqué hace algunos años con varios colegas de la Universidad de La Laguna (QUIRANTES el al, 2011), aunque la formulación teórica de este artículo es el resultado de una reflexión reciente.

El tiempo de los montes inacabables.

La explotación de los montes de Tenerife por parte de los europeos se había iniciado antes de la conquista, gracias a los pactos con algunas comunidades indígenas que les permitían explotar la madera y la brea de los pinares en sus territorios. Una vez terminada la conquista, la explotación de la madera para la exportación y la fabricación de brea, comenzaron por todas partes. Sabemos que estas industrias extractivas, que al principio se realizaban sin ningún control, tuvieron una gran importancia durante los primeros años de la colonización. Entre 1497 y 1505, el Concejo intentó aprovechar la abundancia de recursos naturales para atraer pobladores, permitiendo la explotación libre de los bosques a quien quisiera, a cambio de asentarse en la isla con su familia, si bien en el caso de la elaboración de la brea los fabricantes debían pagar un pequeño canon. Una vez que la colonización empezó a consolidarse y comenzó a llegar un flujo apreciable de nuevos colonos (entre 1507 y 1512) el Concejo restringió los derechos de aprovechamiento forestas, cobrando aranceles para autorizar las exportaciones de madera y obligando a los fabricantes de brea a pedir licencia para su explotación y a desplazar sus hornos a los pinares más apartados, para así reservar el suministro de materiales de construcción y leña a las nuevas poblaciones.

A partir de 1512 el Concejo comenzó a explotar comercialmente los “montes de propios” regulando la fabricación de brea y las exportaciones de leña y madera. La brea se fabricaba mediante la quema de troncos de pino en hornos excavados en la tierra. Con esta técnica se conseguía que destilasen la resina, que se fundía luego en bloques para su comercialización. Aunque las ordenanzas de 1542 prohibían la tala de pinos para la fabricación de brea, obligando a utilizar sólo los árboles derribados por el viento o los restos de talas madereras, todo el mundo sabía que era imposible fabricar la brea de esa manera y que los hornos talaban grandes cantidades de pinos, por lo que debían trasladarse periódicamente de una zona a otra, a medida que arrasaban con el pinar más cercano. La primera medida adoptada por el Concejo para rentabilizar la explotación de la brea, consistió en duplicar el arancel que venía cobrando por cada quintal de brea exportado. No obstante, este sistema de aranceles a la exportación que se cobraba en los puertos principales era muy ineficiente porque la brea podía embarcarse en las numerosas playas y caletas de la isla, donde el Concejo no tenía control alguno sobre las exportaciones (VIÑA, 2001). La explotación de la brea fue regulada de forma más precisa por el Concejo en la década de 1540 con el objetivo de desplazar los hornos a aquellos montes donde hiciesen menos daño a la población y al mismo tiempo rentabilizar esta actividad. Se inició así un sistema de explotación de la brea que duró más de 150 años y que consistió en concentrar los hornos de brea en los pinares más extensos de la isla (pinar de Icode y pinares de Agache y Abona), sacando a subasta la explotación de cada uno de estos pinares y dejando la supervisión de la fabricación clandestina al arrendador, que ostentaba el monopolio de su venta en toda la isla. Teóricamente, este sistema de arrendamiento trataba de limitar los daños en el pinar, porque establecía que sólo podía emplearse un horno a la vez, pero una inspección que se realizó en 1574 demostró que los arrendadores empleaban hasta 4 y 6 hornos de brea simultáneamente, situados en varios lugares, con lo que la destrucción del pinar avanzaba muy deprisa. La estimación que hemos realizado a partir de datos aislados correspondientes al periodo 1533-1593 calcula un consumo medio anual de 32.000 m3 de madera de pino para la fabricación de brea. La explotación de la brea continuó durante el siglo XVII y sólo fue abolida por el Concejo en 1699, cuando el importe de esta renta era ya muy bajo.

En cuanto a la exportación maderera, en los primeros tiempos el Concejo cobraba en los puertos un arancel por tipo y unidad de producto, pero pronto se vio que la exportación clandestina era incontrolable, por lo que en el año 1522 se intentó implantar el arrendamiento de los derechos de explotación. Este sistema se utilizó entre 1522 y 1559, cuando se sacaron a subasta varias licencias de exportación de leña para quemar, producto muy demandado por los ingenios azucareros de Gran Canaria, que encontraban ventajas en el aprovisionamiento de combustible para la fabricación de azúcar por vía marítima, más barato que el combustible local extraído en sus propios bosques. El volumen total de leña vendida por el Concejo durante este periodo sumó un total de 122.000 m3, aunque la cantidad real de leña exportada por los arrendatarios seguramente fue mucho mayor que lo establecido en sus contratos. Mientras tanto, las ventas de madera aserrada para la exportación se siguieron realizando mediante la concesión de licencias de tala a petición de los tratantes de madera. Es imposible cuantificar el volumen de las ventas de madera aserrada, pero su impacto en los “montes de propios” debió ser muy importante porque en 1563 el Concejo acordó prohibir la exportación de madera, debido a los daños que se estaban produciendo en los montes.

Cuando analizamos los acuerdos adoptados por el Concejo durante los primeros años de la colonización comprobamos que la reserva de los montes más cercanos a los ingenios era una prioridad de primer nivel. Los ingenios azucareros requerían grandes volúmenes de madera aserrada para construir sus instalaciones y canalizaciones de agua de riego, pero sobre todo requerían de un suministro anual de leña para la fabricación del azúcar mediante la cocción del jugo de la caña. Las ordenanzas de 1542 garantizaban el derecho de los propietarios de ingenios a suministrarse gratuitamente de madera y leña en los “montes de propios”. En teoría la leña para quemar debía tomarse de desechos del monte, sin talar árboles, pero los ingenios azucareros necesitaban grandes cantidades de troncos gruesos pues la cocción del azúcar requería un combustible de alto potencial energético y por lo tanto el suministro de leña se hacía a costa de grandes talas de árboles que se almacenaban de un año para otro a fin de secarla y obtener mejores rendimientos en la cocción. Aunque no disponemos de series de producción de azúcar en Tenerife durante el siglo XVI, podemos estimar que el gasto de los ingenios, entre 1507 y 1520 supuso un consumo anual de combustible de 44.000 m3 de leña. El periodo de apogeo de la industria azucarera duró aproximadamente hasta 1560. Esta actividad entró en decadencia a partir de entonces, a medida que el azúcar de Canarias fue desplazada de los mercados por la producción antillana y brasileña (VIÑA & RONQUILLO, 2009).

La gestión mercantilista de los “montes de propios” llevada a cabo por el Concejo durante el siglo XVI, unida al proceso imparable de usurpación de terrenos forestales para ampliar los campos de cultivo, provocaron un grave retroceso del monte público que resulta apreciable a partir de la década de 1570. Por lo que respecta a la ocupación de tierras ganadas al monte mediante títulos fraudulentos, el proceso se aceleró a partir de 1561, cuando el Concejo facilitó los trámites para la ocupación de terrenos vírgenes. Mientras tanto, la población de la isla se incrementó de forma espectacular gracias a la llegada masiva de colonos. Según los datos más fiables, el crecimiento demográfico de Tenerife entre 1531 y 1585 fue del 2,6% anual, pasando en este intervalo de apenas unos 5.766 habitantes a 23.471. El incremento de la demanda de materiales de construcción y de combustible doméstico, junto a la formación de nuevos pueblos y la ocupación de terrenos forestales para el cultivo, fueron factores que comenzaron a preocupar a la oligarquía concejil en el último tercio del XVI. En los libros de actas del Concejo percibimos indicios de preocupación por las reservas forestales. A partir de 1564 se prohibieron las exportaciones de leña y madera, en 1574 hubo un primer debate sobre la prohibición de la fabricación de brea en los montes, en 1582 se prohibió la recolección del fruto del laurel porque esta práctica estaba deteriorando el arbolado y finalmente, en 1585, la denuncia de talas masivas en los montes de “Icode” y en las cercanías de la ciudad capital, impulsó al Gobernador a proponer al Concejo un plan de deslinde de los “montes de propios” que contuviese nuevas roturaciones y facilitase la persecución de las infracciones forestales. Según las estimaciones del Gobernador Juan Núñez de la Fuente, en 1585 se había perdido ya un tercio de los montes que habían sido adjudicados en al Concejo 1512, sobre todo a causa de la exportación de madera y las usurpaciones de tierras. Los regidores, que eran los principales implicados en las usurpaciones de tierras concejiles, rechazaron de plano el proyecto de deslinde de montes de propios y se limitaron a solicitar la ratificación real de la nueva ordenanza que prohibía las exportaciones de madera, que fue confirmada por la Corona en 1586.

Derechos comunales y “montes de propios”.

Tal como hemos indicado, los “montes de propios” estaban sujetos a ciertas servidumbres vecinales. En cuanto a la madera para la edificación, no disponemos de datos significativos sobre el consumo local, pero debió ser un ramo considerable, pues el modelo constructivo impuesto en Tenerife utilizaba con profusión la madera (sobre todo la madera de tea que se obtenía de los bosques de pinus canariensis) por ser un material barato y de gran duración. Las ordenanzas prohibían el corte de ejemplares de pino que tuvieran menos de 40 cms. de diámetro y obligaban a los beneficiarios a plantar 10 pimpollos por cada pino talado. El empleo de la madera para numerosos usos, que iban desde la canalización de aguas, hasta las techumbres y los pisos de los edificios o la fabricación de lagares, comportó una explotación maderera muy importante de los “bosques de propios” que se incrementó en el siglo XVIII como consecuencia del crecimiento urbano.

La construcción naval constituyó otra actividad importante durante los siglos XVI y XVII. Desde comienzos de la colonización, los bosques de Tenerife fueron utilizados para la construcción de embarcaciones de pequeño y mediano porte, que en ocasiones llegaron a las 400 toneladas de arqueo. Un registro de licencias de corte de madera para embarcaciones que comprende el periodo 1618-1652 recoge un total de 92 licencias de tala. El corte de madera para la carpintería de ribera se realizaba en los montes más cercanos a los puertos, de modo que la explotación forestal tendía a arrasar las masas forestales cercanas a las localidades más grandes y pobladas de la isla, como sucedió con los montes del valle de La Orotava a fines del siglo XVII. La fabricación naval continuó durante el siglo XVIII, pero en 1764 el Concejo acordó no otorgar nuevas licencias de construcción de navíos, salvo para el caso de pequeñas embarcaciones de pesca y cabotaje, pues los montes ya estaban demasiado esquilmados.

El aprovechamiento de los montes como fuente de suministro de combustible para los hogares es otro ramo del que tenemos escasa información. Las ordenanzas de 1542 garantizaban el derecho de los vecinos a cortar madera para aperos y combustible para sus hogares sin pedir licencia, siempre que se limitasen a usar ciertas especies del monte verde como la faya y el brezo, aunque obligaban a solicitar la licencia para la fabricación del carbón. Ahora bien, ya desde finales del siglo XVII se empieza a notar en algunas zonas el agotamiento de estos recursos, de modo que los vecinos se veían obligados a recurrir a montes cada vez más alejados para surtir sus necesidades domésticas.

Otra de las servidumbres comunales de los montes públicos era el pastoreo de ganados de los vecinos. La utilización de los “montes de propios” como área de pastoreo libre de los rebaños fue una práctica establecida desde los primeros momentos de la colonización. Desde 1500 una ordenanza del Concejo ordenó el traslado estacional de los rebaños entre los pastos de costa y los montes, en las zonas de Anaga, Tegueste y Tacoronte y en 1503 estableció que los montes de Anaga se convirtieran en una dehesa para ganados menores. Estas primeras medidas acabaron por asentar el principio de que los montes constituían la principal zona de pastoreo comunal de isla. El cronista Juan Núñez de la Peña advirtió en 1676 que el derecho de explotación de los “montes de propios” concedido por la Corona en 1520 no incluía “los pastos, hierbajes y abrevaderos que están en los dichos montes… que son para los ganados de los vecinos” (NÚÑEZ DE LA PEÑA,1994).

A mediados del XVI, a medida que la roturación de tierras fue reduciendo los pastos libres en las tierras bajas, se fue imponiendo el sistema de desplazamiento estacional de rebaños entre costas, montes y cumbres. En aquellas áreas donde el desarrollo del viñedo había ocupado la mayor parte del territorio en la costa y las medianías el pastoreo de cabras y ovejas se concentró exclusivamente en los montes, como sucedió en la comarca de Daute. El aprovechamiento de los “montes de propios” como área de pastoreo comunal se convirtió en un derecho inmemorial de los pastores de la isla, que pervivió incuestionado hasta fines del XVIII, cuando el pastoreo de monte fue prohibido para favorecer la regeneración forestal. Desde comienzos del siglo XIX, la condena generalizada de los pastores, identificados como enemigos del arbolado, que fueron marginalizados y estigmatizados, hasta su completa expulsión de las áreas forestales y las cumbres en la segunda mitad del siglo XX.

El ciclo del viñedo y los cambios en la relación bosque-agricultura.

Aunque el cultivo de la vid se inició en Tenerife desde comienzos de la colonización, su expansión se vio frenada en la primera mitad del siglo XVI debido a las restricciones a la exportación. A partir de 1549 la Corona eliminó todas las barreras legales a la libre exportación de los vinos canarios, favoreciendo su penetración en el comercio internacional de vinos y se inició el gran ciclo de expansión del viñedo. A comienzos del siglo XVII los vinos de Canarias habían conquistado importantes cuotas en los mercados del noroeste europeo. El cultivo de las vides se extendió considerablemente, desplazando a la caña de azúcar en retroceso, reduciendo dehesas y pastos hasta hacerlos desaparecer, reemplazando en muchas zonas al cultivo cerealístico. La expansión del viñedo llegó a ser tan importante que la Corona ordenó en 1640 el descepamiento de las plantaciones más recientes de viñas, preocupada por la reducción de los campos de cereal y los riesgos de desabastecimiento de la población local.

Este proceso de expansión del viñedo abarcó a numerosos grupos sociales que se beneficiaron del auge vitícola, pero estuvo protagonizado sobre todo por las haciendas pertenecientes a las familias terratenientes, que disponían de las mejores condiciones de suelo y de aguas de riego para producir los vinos más demandados y de mayor calidad, los famosos vinos de malvasía. Desde el punto de vista demográfico, el ciclo del viñedo favoreció el crecimiento de la población de Tenerife, pues el cultivo vitícola requería de una abundante mano de obra estacional para mantener el rendimiento. Entre 1585 y 1688 la tasa de crecimiento demográfico de Tenerife fue de 0,77% anual, un valor muy alto que contrasta con el ciclo demográfico depresivo del contexto europeo del XVII. Desde el punto de vista social emergió un grupo muy numeroso de jornaleros sin tierras, que vivían exclusivamente del trabajo estacional en las haciendas vitícolas y que durante las temporadas de paro debía procurarse otras fuentes de ingreso para subsistir.

La expansión vitícola de 1550-1640 supuso un cambio importante en la relación entre aprovechamientos forestales y gran propiedad. Los sistemas de cultivo del viñedo utilizados en la gran propiedad, se basaban en parrales altos que requerían de gran cantidad de horcones y palos para sostener las ramas. En las zonas donde se producían los vinos de vidueño, de menor precio y calidad, se usaban horquetas más pequeñas, pero en gran abundancia. Estas necesidades de recursos forestales del cultivo vitícola, provocaron un cambio en la valoración de los tipos de bosque más útiles para la economía insular. En la época de la colonización la madera considerada más valiosa eran los troncos gruesos de pino y de algunas especies arbóreas del monte verde, como el barbusano, palo blanco y viñático, apropiados para la construcción, ahora las horquetas y palos para las viñas demandaban especies menos valiosas, procedentes del monte de brezal-brezal, justamente aquellas especies cuya libre explotación sin licencia estaba garantizada por las ordenanzas. De esta manera, la población jornalera de las principales comarcas vitícolas del norte de Tenerife disponía de un recurso adicional para emplearse en las temporadas de paro estacional, cortando palos y horquetas y vendiéndolas en las haciendas.

Figura 2 Viñedos de malvasía en “carreras altas”, (grabado de J. J. Williams, 1836). 

El papel fundamental que adquirieron los derechos de explotación comunal de los montes para la subsistencia de la población más pobre, acabó afirmando la creencia popular de que los montes de propios eran el “patrimonio de los pobres”. Es comprensible, por lo tanto, la dualidad de lenguajes que usaban los oficiales del Concejo y los campesinos para referirse a los “montes de propios”, mientras que para los primeros los montes de Tenerife eran montes del Concejo, para los segundos siempre fueron montes del rey, concedidos a los vecinos como gesto de magnanimidad real.

Usurpaciones, sobreexplotación y devastación de los montes públicos.

Ya desde la década de 1670 se detecta la preocupación de las autoridades por el agotamiento de los recursos forestales de Tenerife, sobre todo en los montes cercanos a las principales comarcas vitícolas como Tacoronte, Acentejo y La Orotava. En los procesos instruidos durante esos años para perseguir las talas de montes y las usurpaciones de terrenos forestales, se señalaba que “ya se había llegado al extremo de faltar la madera que llaman horcones para las viñas de malvasía, en cuya conservación consistía el único trato y comercio (exterior) de esta isla”. (QUIRANTES el al, 2011).

El principal factor de desforestación del siglo XVIII fue la usurpación de terrenos forestales, utilizados para extender el área cultivada. Este fenómeno era muy antiguo, pues desde la época de la colonización se detectan denuncias aisladas acerca de la ocupación ilegal de terrenos de pasto y montes concejiles por parte de algunos poderosos, pero el proceso de expansión de los campos cultivados a costa de los montes se intensificó durante el siglo XVIII. Ante la evidencia de la oleada de usurpaciones y la implicación de muchos grandes propietarios, la Real Audiencia ordenó al corregidor de Tenerife en 1716 el deslinde general de los montes de la isla, a fin de establecer linderos fijos que delimitasen el territorio forestal. Los deslindes que se realizaron entre 1717 y 1718 fueron paralizados por la gran cantidad de recursos judiciales planteados por los grandes propietarios, incluidos algunos regidores. Las roturaciones afectaban a todos los montes de la isla, tanto a los montes de laurisilva de la vertiente norte, como a las tierras altas del sur, donde sólo existía el bosque de pinos. Un ejemplo bien documentado nos puede dar una idea de la magnitud que alcanzaron las rozas de terrenos forestales en aquella centuria. Los montes del valle de La Orotava habían sido deslindados desde el siglo XVII. Por lo tanto, a comienzos del siglo XVIII se disponía de un referente para realizar la medición de la superficie usurpada. Una detallada investigación realizada en 1734 estableció que las tierras ocupadas al monte suponían unas 482 hectáreas, pero en 1772 se calculó que las usurpaciones abarcaban ya entre las 1.300 y las 1.600 hectáreas.

La pérdida de los expedientes y mapas que se elaboraron en la década de 1780 para legalizar estas usurpaciones de montes nos impide realizar una estimación general de la superficie forestal roturada, pero las evidencias que aporta la documentación del Concejo son tales que no cabe dudar de su impacto sobre la cubierta forestal.

Junto a los efectos de las usurpaciones de terrenos forestales, las talas y el tráfico de productos forestales fueron el segundo factor de desforestación durante el siglo XVIII. Este comercio comprendía desde la madera aserrada y el carbón, hasta la brea, fabricada clandestinamente, o el comercio de rajas de tea. Los expedientes del periodo 1720-1740, una época en que un grupo de regidores del Concejo se empeñó decididamente en perseguir los daños en los “montes de propios”, indican que el principal destino de este tráfico eran los pueblos principales y sobre todo al puerto de Santa Cruz, que en el siglo XVIII conoció su gran momento de despegue demográfico y urbanístico. Pero a partir de la década de 1770 el tráfico clandestino de productos forestales se intensificó. La expansión económica de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, gracias al ciclo de prosperidad que generó la exportación de la barrilla, provocó una importante demanda de leña, materiales de construcción y carbón, que sustentó un activo comercio clandestino a fines del XVIII y comienzos del XIX.

Ya dese comienzos del siglo XVIII se aprecia cierta preocupación del Concejo por el alcance de la desforestación en algunas áreas sensibles, de modo que en 1707 consiguió que la Audiencia decretase la veda por 15 años de los montes donde nacían los manantiales que abastecían a La Laguna y La Orotava. El periodo 1720-1740 fue una etapa muy activa de denuncias y persecución de las talas y del tráfico clandestino de maderas, pero cuando la situación se volvió realmente preocupante fue a partir de 1770. Este periodo se inició con un ciclo de sequía prolongado que duró desde 1768 hasta 1772. En esa coyuntura, las masas de monte verde que aún se conservaban eran precisamente las que protegían los manantiales que surtían de agua de regadío y abasto público a los pueblos, de modo que la acción de los carboneros y leñadores clandestinos tendió a concentrarse en estas zonas. A partir de 1770 la acción de los guardas mayores de montes y de los fiscales sustitutos, impulsó la represión de los aprovechamientos y el tráfico clandestino de productos forestales. En 1772, 1778, 1779 y 1790 los guardas mayores de montes enviaron a los guardas menores de montes a realizar inspecciones exhaustivas en todo el perímetro de los montes de Tenerife. Sus informes fuern estremecedores. La extracción clandestina de productos forestales era una práctica generalizada, las autoridades locales estaban implicadas en estos negocios, se organizaban grandes operaciones de comercio de madera sin licencia, que incluso comportaban el traslado de grandes troncos de los pinares de Arico hasta La Orotava utilizando los penosos caminos de Las Cañadas con gran cantidad de yuntas de bueyes y a la vista de todo el mundo. Estos datos dieron al Concejo por primera vez una visión detallada de la situación de los “montes de propios” a todo lo largo de la isla, aunque ello no supuso una reorientación de políticas y programas de acción, pues por entonces la corporación se encontraba sumida en otras guerras (NÚÑEZ, 2001). La avalancha de datos provocó una serie de informes detallados de los guardas mayores de montes, alertando al Concejo de la grave situación de las reservas forestales de Tenerife. En el informe que realizó en 1772 el guarda mayor de montes, Antonio José Eduardo, describía un panorama devastado, afirmando que “finalmente, la isla, camina a su desolación, pues está a la vista que en menos de una decena de años no habrá leña para el uso de las cocinas” (QUIRANTES el al, 2011).

En 1785, el regidor Lope de la Guerra señalaba que la escasez de horcones estaba obligando a muchos propietarios a adaptar sus viñedos a “carreras bajas”, sustentadas por horquetas pequeñas, con la consiguiente pérdida de calidad de los vinos. En 1797 en un informe titulado Reflexiones económicas sobre los montes que presentó el guarda mayor de montes Antonio de Monteverde y Molina, estimaba que las masas forestales de Tenerife en aquel momento eran sólo una dieciseisava parte de las que existieron a comienzos de siglo. Sus cálculos indicaban que la progresión de la desforestación había sido la siguiente: de cada 16 árboles que existían a comienzos del XVIII, en 1738 subsistían 8, en 1776 sólo se conservaban 4 y dado que el precio de la madera se había duplicado durante los últimos diez años, siendo el consumo básicamente el mismo, debía entenderse que el recurso se había reducido en la misma proporción, es decir se habían destruido 15 de cada 16 árboles maderables en el transcurso de un siglo. De nuevo se llega a la misma conclusión la subsistencia de la agricultura vitícola depende de la relación bosque-agricultura. Si montes que proveyesen las horquetas para las vides no habría viñedos ni vinos para exportar.

Debate: pobreza y deterioro medioambiental.

El ataque masivo a los bosques durante el siglo XVIII no puede atribuirse a un efecto directo del crecimiento demográfico. Los datos censales, más seguros que para periodos anteriores, indican que el crecimiento demográfico de Tenerife durante el periodo 1688-1802 fue apenas un 0,25% anual. La explicación del fenómeno habría que buscarla, en todo caso, en los factores de orden social que provocaron que una parte cada vez mayor del campesinado dependiera de los montes para subsistir, roturando alguna parcela o talando madera y leña para su venta clandestina. Como a partir de 1770 se intensificó la represión de las rozas y talas, disponemos de mucha documentación para valorar socialmente a los actores principales de este proceso. Los alguaciles detenían a gran cantidad de campesinos pobres que en el mejor de los casos sólo tenían un burro como único patrimonio. Aunque estos campesinos declaraban ante el juez el nombre de los propietarios de las tierras que habían roturado o de los traficantes que les compraban el producto, lo cierto es que jamás se llamó a declarar a un alcalde real, a un rico propietario y mucho menos a un miembro del Concejo. Como es comprensible en una sociedad sustentada sobre el principio del privilegio, la represión se dirigía sólo contra los actores directos y no sobre sus promotores. Este sesgo privilegiado de la justicia concejil, unido a la consideración de los montes como el “patrimonio de los pobres”, provocaba una actitud cada vez más destructiva de leñadores, pastores y carboneros, como apreciamos en la gran oleada de incendios forestales que se desencadenó entre 1775 y 1784.

Figura 3 Leñador de La Orotava (dibujo de Alfred Diston, 1824). 

El perfil social de los actores directos que asolaron el monte en el siglo XVIII (los campesinos pobres) enlaza las teorías recientes sobre la relación entre pobreza, desigualdad social y deterioro medioambiental. Tal como se ha indicado “the total magnitude of environmental harm depends of the extent inequality” (Boyce, 2008). La correlación entre pobreza y deterioro medioambiental ha llevado a plantear que “the poor do not initially or indirectly degrade the environment. The response is qualified, because it is contingent upon the activities of the other groups” (DURAIAPPAH, 1998).

A ese respecto los estudios disponibles sobre la economía vitícola de Tenerife en el siglo XVIII indican que en aquella centuria se agravó la pobreza del campesinado en las áreas vitícolas. Ante el descenso de los precios de los vinos canarios en los mercados exteriores, llevó a los grandes propietarios a ahorrar en los costes de explotación. Esta estrategia de abaratamiento de costes redujo la producción de las haciendas, pero también condenó a una masa muy importante de jornaleros a una situación de paro crónico (MACÍAS HERNANDEZ, 1988). La pobreza en las comarcas vitícolas se agudizó a medida que los precios de los alimentos comenzaron subir rápidamente a fines del siglo XVIII. La miseria de los jornaleros del campo acabó por degenerar en el problema endémico de los millares de campesinos pobres que cada día recurrían al monte como único medio de subsistencia. Sabino Berthelot, un naturalista francés afirmó en 1868: “en Canarias, más que en otra parte, los montañeses viven del monte, han vindicado el monopolio de la leña para quemar y del carbón vegetal como un derecho de necesidad” (BERTHELOT, 1868). La reiteración de esta idea en los textos de viajeros y cronistas del siglo XIX indica que la relación entre miseria campesina y ruina medioambiental, era una evidencia incuestionable.

REFERENCIAS

ARBELO GARCÍA, A. Elite social y poder político en Tenerife a fines del Antiguo Régimen. Los regidores del concejo de La Laguna. XI Coloquio de Historia Canario-Americana (1994). Las Palmas de Gran Canaria. concejo de Gran Canaria, vol. I, p. 427-488, 1996. [ Links ]

BERTHELOT, S. Árboles y bosques. Páginas de un libro inédito. Revista de Canarias, 19, 1868. [ Links ]

BOYCE, J. K. Is inequality bad for the environment. Research in Social Problems and Public Policy, 15, p. 267-288, 2008. [ Links ]

CIRACY-WANTRUP, S. V. & BISHOP, R. C. Common property as a concept in natural resource policy. Natural Resource Journal, 15, p. 713-727, 1975. [ Links ]

COLE, D. H., & OSTROM, E. The variety of property systems and rights in natural resources. In Cole, D. H., & Ostrom, E. (Eds.). Property in land and other resources. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy, 2012. [ Links ]

DURAIAPPAH, A. K. Poverty and environmental degradation: a review and analysis of the nexus. World development, 26(12), p. 2169-2179, 1998. [ Links ]

FERNÁNDEZ-PALACIOS, J. M; LEA DE NASCIMENTO, K; WILLIS, R. J. W. “El impacto de los aborígenes sobre la naturaleza canaria. Makronesia: Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, 10, p. 66-79, 2008. [ Links ]

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, L. La formación de la oligarquía concejil en Tenerife 1497-1629. La Laguna. Instituto de Estudios Canarios, 2014. [ Links ]

FORD RUNGE, C. F. Common property and collective action in economic development. In Bromley, D. W. (Ed.) Making the commons work. Theory, practice and policy. San Francisco. Institute for Contemporary Studies, p. 17-39, 1992. [ Links ]

GIBSON, C. C, MCKEAN, M. A. & OSTROM, E. eds. People and forests: Communities, institutions, and governance. MIT Press, 2000. [ Links ]

HARDIN, G. The tragedy of the commons. Science, 162 (3859), p. 1243-1248, 1968. [ Links ]

KLINK, F. A. ¿La tragedia de la propiedad común o la tragedia de la malinterpretación en economía? Agricultura y sociedad, (61), p. 157-183, 1991. [ Links ]

MACÍAS HERNÁNDEZ, A. Explotación directa o medianería en el viñedo canario durante el siglo XVIII: estrategias para una crisis. Revista de Historia Económica, 6, p. 43-71, 1988. [ Links ]

MOOR, M. D., SHAW-TAYLOR, L. & WARDE, P.. The management of common land in north west Europe, c. 1500-1850. Turnhout, Belgium, Brepols, 2002. [ Links ]

NÚÑEZ DE LA PEÑA, J. Conquista y antigüedades de las islas de la Gran Canaria y su descripción [1676]. Las Palmas de Gran Canaria. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 1994. [ Links ]

NÚÑEZ PESTANO, J. R. La Nivaria triunfante y su capital gloriosa o los orígenes del pleito insular. La Laguna. Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna, 2001. [ Links ]

OSTROM, E. Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press, 1990. [ Links ]

QUIRANTES GONZÁLEZ, F., NÚÑEZ PESTANO, J. R. & GARCÍA MESA, D. A. Historia de los montes de Tenerife. La Laguna. Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna. 2 vols. 2011. [ Links ]

RAMOS GOROSTIZA, J. L. La escuela de los derechos de propiedad: análisis crítico de la teoría naïve de los derechos de propiedad. Información Comercial Española, ICE: Revista de economía, (865), p. 91-106, 2012. [ Links ]

VIÑA BRITO, A. & RONQUILLO RUBIO, M. Canarias en el primer ciclo del azúcar. En Luxán Meléndez, S. & Viña Brito, A (dir). La empresa azucarera en Canarias. Siglos XV-XIX. Destilerías Arucas - Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, 2009. [ Links ]

VIÑA BRITO, A. La pez. Su contribución a la economía de Tenerife (Primera mitad del siglo XVI). Anuario de Estudios Atlánticos, 1(47), p. 313-331, 2001. [ Links ]

VIVIER, N. Los intereses en torno a la propiedad colectiva en Francia. Siglos XVIII-XIX. Investigaciones sociales, 18, p. 565-583, 2007. [ Links ]

YANES, M. D., DEL ARCO AGUILAR, M. C., VERNET, J. L., & OURCIVAL, J. M. Man and vegetation in northern Tenerife (Canary islands, Spain), during the prehispanic period based on charcoal analyses. Vegetation History and Archaeobotany, 6(3), p. 187-195, 1997. [ Links ]

1. Agradezco a Judit Gutiérrez de Armas su ayuda inestimable en la revisión del manuscrito y a Nicolás Martín Viña por la traducción.

Recibido: 20 de Junio de 2016; Aprobado: 25 de Septiembre de 2017

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