La financiarización de los hogares bajo el prisma de otras crisis

The financialization of households observed through the prism of other crisis

Resumen:

Basado en una investigación sobre los conflictos producidos respecto de las deudas hipotecarias en dólares durante la crisis argentina de 2001, este trabajo se propone contribuir a la reflexión sobre la importancia que las finanzas adquirieron en la vida de los hogares en las últimas décadas. La hipótesis que sostendremos aquí afirma que esos conflictos son reveladores del modo en que en un período de reformas neoliberales se produjo la extensión de la llamada financiarización en la Argentina y de su impacto en la vida económica de los hogares. En primer lugar, mostramos las modalidades y ritmos variables que el proceso de financiarización asumió en contextos nacionales que no siempre son considerados en los análisis existentes sobre el fenómeno, en general exclusivamente centrados en la experiencia de los países centrales. En segundo, abordamos uno de los efectos más relevantes de aquel proceso: la conformación de colectivos sociales (aquí, de deudores hipotecarios) producidos en interacción con ese desarrollo de las finanzas. El tipo de composición, demandas e interacción con los poderes públicos sostenidos por esos grupos son parte central del análisis.

Palabras clave:
Financerización; Crisis; Hogares; Hipotecas; Argentina

Abstract:

Based on research on conflicts produced with respect to mortgage debt in dollars during the Argentine crisis of 2001, this article intends to contribute to the reflection on the importance that Finance has acquired for households during the last decades. We assert that these conflicts are indicative of the ways in which the extension of financiarisation was produced in Argentina, during a period of neoliberal reforms, and of its impact on families’ economic lives. First, we show the modalities and variable rhythms that the process of financialization took on in national contexts that are not always considered in the existing literature on financialization generally focused exclusively on the experience of developed countries. Second, we address one of the most important effects of that process: the formation of collectives (here, mortgage debtors) produced in interaction with such development of finance. The type of social composition, demands and interaction with the public authorities sustained by these groups are a central part of the analysis developed in this work.

Keywords:
Financialization; Crisis; Households; Mortgages; Argentina

Introducción

En los últimos años, la crisis de las subprime y el derrumbe de las economías europeas que la siguieron, llamaron la atención de las ciencias sociales sobre un aspecto hasta ahora poco explorado de los procesos de financiarización: la relación de los hogares con el universo las finanzas (Fligstein y Goldstein, 2015; Pellandini-Simányi, Hammer, y Vargha, 2015; Halawa, 2015; Moiso, 2015). ¿Cómo ingresan las economías familiares en el mundo de las finanzas? ¿Con qué recursos y saberes participan de él? Y sobre todo: ¿qué sucede cuando los bancos u otras instituciones prestan dinero a familias cuyos ingresos son inestables y/o escasos?, son algunas de las preguntas que captaron la atención de los especialistas.

No se trataba, sin embargo, del primer episodio que motivaba este tipo de preguntas. Antes de la crisis financiera de 2008, otras crisis, esta vez en la periferia, también pusieron en escena la cuestión de la financiarización de los hogares, aunque en muchos casos aquellos interrogantes quedaran relegados detrás de otras consideraciones, macroeconómicas y políticas.

Podemos encontrar en la crisis argentina de 2001 un buen ejemplo de estos procesos. La caída del régimen de currency board que había regido entre 1991 y 2001 fue seguida por una serie de conflictos que tuvieron en el centro el funcionamiento del sistema financiero local. Entre ellos, se destacan aquellos referidos al tratamiento que debían recibir, tras la devaluación decidida en enero de 2002, los depósitos y las deudas establecidos en moneda extranjera (correspondientes a un 64% y un 80% del total de los depósitos y créditos en el sistema bancario, respectivamente).

Este trabajo se propone analizar los conflictos referidos a las deudas hipotecarias, los cuales involucraron tanto a los deudores -organizados en una serie de asociaciones a lo largo del país- y sus acreedores como a los distintos poderes públicos que intentaron un ordenamiento de las deudas por medio de legislación específica, medidas de gobierno y decisiones judiciales producidas a lo largo de un período de más de 5 años. Para ello nos apoyamos en una investigación realizada en las ciudades de Buenos Aires y Córdoba entre 2005 y 2009, la cual articuló la realización de entrevistas y observaciones con la conformación y análisis de un corpus integrado por material de prensa, legislación, archivos judiciales y documentos producidos por organizaciones de deudores hipotecarios.

La hipótesis que sostendremos aquí es que, más allá de lo que estos diferendos nos enseñan respecto de cómo fue procesada la crisis de 2001 y sus consecuencias, ellos son reveladores del modo que asumió la extensión de la financiarización en la Argentina en un período de reformas neoliberales y de su impacto en la vida económica de los hogares.

Así, el artículo busca contribuir en primer lugar a la reflexión sobre la importancia que han adquirido las finanzas en la vida las familias. En particular, nos proponemos mostrar cómo el llamado proceso de financiarización asumió modalidades y ritmos variables en diferentes contextos nacionales, los cuales no siempre son considerados en los análisis existentes sobre el fenómeno, por lo general exclusivamente referidos a los países centrales.

En segundo lugar, el análisis de la financiarización de los hogares argentinos a través del prisma de la crisis de 2001 nos permitirá dar cuenta también de uno de los efectos más relevantes de aquel proceso: la conformación de colectivos sociales (en este caso, de deudores hipotecarios) producidos en interacción con ese desarrollo de las finanzas. El examen de la composición, las demandas y el vínculo con los poderes públicos sostenidos por esos grupos será así otro de los objetivos de este trabajo.

La crisis de 2001: deudas y deudores en el ojo de la tormenta

Los años ’90 fueron un período de fuertes transformaciones en Argentina. Como en otros países de la región, reformas inspiradas en los lineamientos del Consenso de Washington cambiaron radicalmente la organización de la economía y el funcionamiento del estado. Políticas de estabilización monetaria, apertura económica, desregulación del mercado de trabajo, privatización de empresas de servicios públicos, reforma fiscal y procesos de descentralización administrativa marcaron a fuego una década cuyas consecuencias en términos de aumento del desempleo, la pobreza y del deterioro de la distribución del ingreso fueron enormes (Altimir y Beccaria, 1998; Altimir, Beccaria y González Rozada, 2002).

Aunque su liberalización se había producido años antes, durante la dictadura militar, el sistema financiero no estuvo ajeno a estos cambios. En primer lugar, en esos años el sistema bancario registró un marcado aumento de la concentración y la extranjerización. En segundo, y en directa relación con los efectos del régimen de currency board implementado en 1991,¹ se observó una importante dolarización tanto de sus depósitos como de sus préstamos (Aronskind, 2001; Bleger, 2004; Cibils y Allami, 2010).

La evolución del crédito, y en particular del de largo plazo (como el hipotecario), merece especial atención. Durante las más de dos décadas de alta inflación que desembocaron en las hiperinflaciones de 1989 y 1990, la oferta de financiación bancaria se había vuelto escasa y muy costosa. En consecuencia, uno de los efectos más notables de la estabilización conseguida con el Plan de Convertibilidad fue el aumento del crédito del sistema financiero. Este estuvo acompañado de una importante redistribución al interior del sistema bancario, en virtud de la cual los bancos públicos, que en 1990 reunían el 65,3% de los préstamos, pasaron en 2000 a concentrar sólo el 28,6% (ABA, 2000).

Si consideramos en particular la evolución de los créditos otorgados a los hogares, observamos que la proporción de los mismos respecto del crédito total registró variaciones moderadas a lo largo de la década. Mientras que en 1990 los préstamos a empleados u obreros representaban el 21,7% del total, en 1999 representaban el 28,3% (Cefidar, 2010, p. 99). Sin embargo, si se evalúa su evolución en relación con el PIB, vemos que mientras que en 1990 las financiaciones a las familias equivalían a 0,5% del PIB, en 1999 representaban el 7,8% (Cefidar, 2010, p. 100).

Dentro de ellos, los préstamos hipotecarios fueron los que más variaciones registraron respecto del período anterior: entre 1990 y 2000 se triplicaron, creciendo a una tasa promedio de 12,4% anual (Cristini y Moya, 2004, p. 5). Por otro lado, esas hipotecas reflejan las características generales del sistema bancario argentino en el período. Mientras que en 1995 los bancos públicos representaban el 62% del mercado de los préstamos hipotecarios, en 2001 sólo alcanzaban el 34%. A su vez, los diez principales bancos concentraron a lo largo de la década entre el 75% y el 80% de los créditos. Y hacia el final de la década, el 78,5% de las financiaciones hipotecarias estaban nominadas en dólares. El peso de la dolarización de los préstamos se acentuaba en las financiaciones no bancarias. Así, las llamadas “hipotecas privadas”, pactadas entre particulares a través de agencias inmobiliarias, compañías financieras y/o escribanías, estaban en general fijadas en dólares.

Dadas estas características, la crisis de finales de 2001, y en particular el anuncio del abandono del régimen de convertibilidad a comienzos de enero de 2002, puso en alerta a quienes tenían deudas hipotecarias. La mayoría de los que habían obtenido préstamos en dólares sólo podían pagarlos en tanto la relación 1 a 1 entre el peso y la moneda norteamericana se mantuviese. Además, tanto para ellos como para quienes debían pesos, la crisis planteaba un serio interrogante sobre el reembolso de los préstamos. Si la inflación retornaba - y ese era el gran fantasma que sobrevolaba los anuncios del primer mes de 2002 - y las cuotas aumentaban, ¿seguirían siendo capaces de cumplir con las obligaciones pactadas?

En enero de 2002 una ley del Congreso dispuso el abandono de la paridad fija entre el peso y el dólar y estableció un primer criterio para resolver la cuestión de las deudas pactadas en dólares entre 1991 y 2001. En el caso de los individuos -no de las empresas- que hubieran solicitado préstamos bancarios de hasta 100000 dólares para la compra o modificación de la vivienda familiar y única, sus préstamos serían convertidos en pesos al tipo de cambio de 1 peso = 1 dólar. Por su parte, los préstamos con el sistema bancario superiores a 100000 dólares se mantendrían en dólares. En el caso de las deudas pactadas por fuera del sistema financiero, la ley disponía la apertura de un período de negociación de 180 días entre deudores y acreedores, al cabo del cual éstos podrían recurrir a la justicia para resolver las diferencias.

Tras la sanción de esa ley, tuvieron lugar intensas negociaciones entre el gobierno y los representantes de distintas actividades económicas (esencialmente, la industria y los bancos), a lo largo de las cuales se fueron definiendo los costos que la salida de la convertibilidad implicaría para cada uno de ellos. En esas discusiones la política referida a las deudas pactadas en dólares con el sistema bancario ocupó un lugar central, hasta que un decreto presidencial de febrero de 2002 puso fin al conflicto más importante: todas las deudas en dólares con el sistema financiero serían convertidas en pesos a su valor nominal, sin distinciones de monto o tipo de crédito, y los bancos serían compensados por el estado, mediante la emisión de títulos de la deuda pública, por el desajuste que aquella medida produciría en sus balances. De este modo, se licuaban las deudas de un grupo importante de grandes empresas, que automáticamente veía sus deudas reducidas a la mitad o más, al tiempo que el estado absorbía una parte importante de las pérdidas resultantes (Cobe, 2009). El decreto ponía fin también a la mayor fuente de incertidumbre para las familias endeudadas con los bancos, aunque también abría para ellos una nueva preocupación referida a la aplicación de coeficientes de ajuste de las deudas convertidas en pesos, algo que en un contexto de inflación creciente podía volverse una amenaza importante.

En cuanto a los llamados “deudores privados”, la medida no los dejaba al margen de la pesificación, pero permitía el reajuste del precio del contrato entre las partes, lo cual podía hacerse recurriendo a la Justicia. De hecho, fue lo que hizo la mayoría de los acreedores, reticentes a aceptar la conversión en pesos de los contratos y la consiguiente reducción de sus acreencias. En la gran mayoría de los casos, la respuesta de los jueces fue favorable a los acreedores: la pesificación era considerada inconstitucional en tanto ella afectaba contratos preexistentes y los deudores debían continuar pagando en dólares. Se iniciaba así un largo recorrido judicial, hecho de sentencias y apelaciones, que culminó varios años más tarde con la aplicación de lo que se conoció como la “doctrina del esfuerzo compartido”, respaldada por la Corte Suprema. Esta suponía el reconocimiento del derecho de los acreedores a reclamar dólares, a la vez que la consideración del impacto extraordinario que la devaluación había tenido sobre los ingresos de los deudores. En función de ello, los jueces dictaminaban que ambas partes se repartieran el costo de la diferencia entre el valor del dólar al momento de establecer el contrato y al momento de la negociación (alrededor de 3 pesos), lo cual resultaba en un recálculo de las deudas a un valor cercano de 2 pesos por dólar.

Con el correr de los meses, un problema adicional volvió el escenario más complejo aún: en el contexto de la crisis, con tasas de desempleo cercanas al 25% de la población activa y el retorno de la inflación, para muchos deudores el problema central fue la imposibilidad de cumplir puntualmente con los pagos correspondientes a sus préstamos, lo cual traía aparejado el riesgo de pérdida de la vivienda. Según la ley de financiamiento de la vivienda vigente desde mediados de los ’90, cuando se registran retrasos superiores a los 60 días en los pagos correspondientes a hipotecas, los inmuebles pueden ser rematados sin la necesidad de juicio previo. En consecuencia, la mora en el pago de las hipotecas deriva en poco tiempo en el riesgo de desalojo y remate de la vivienda, amenaza que se cernió rápidamente sobre los endeudados a partir de 2002.

Consciente de los riesgos que una sucesión de ejecuciones hipotecarias traería aparejada para la actividad económica y las condiciones de vida de la población, el Congreso incluyó en la ley que modificaba transitoriamente el régimen de quiebras, la suspensión de todos los remates hipotecarios por 180 días. Si bien la medida fue fuertemente resistida desde distintos sectores - fundamentalmente vinculados con la actividad financiera, ese período fue extendido en varias oportunidades ante la presión de los deudores.

En 2003, y en respuesta a las demandas que analizamos más abajo, el Estado nacional dispuso la creación de un Sistema de Refinanciación Hipotecaria (SRH), consistente en un fideicomiso para la refinanciación de hipotecas referidas a la vivienda familiar, con sede en el principal banco público del país. Pero, aunque contribuyó a la renegociación de un cierto número de deudas, evitando así los remates, el impacto del SRH fue muy relativo, en la medida en que el universo de deudores que comprendía era bastante restringido y que pocos acreedores aceptaron la refinanciación que proponía.

Resulta muy difícil precisar la cantidad de hogares implicados en el conflicto. En el caso de los “deudores privados”, al tratarse de contratos establecidos entre particulares, no existe estadística oficial que los tenga en cuenta. Respecto de los deudores bancarios, informaciones de prensa afirmaban que a comienzos de 2002 existían en el país 3500000 créditos hipotecarios tomados en dólares, aunque probablemente se tratara del universo de los créditos hipotecarios bancarios, de los cuales sólo una parte corresponden a préstamos para vivienda familiar. Por su parte una de las primeras asociaciones de deudores declaraba a fines de 2002 que 180000 acciones judiciales habían sido iniciadas por los bancos, entre las cuales se contaban 53353 sentencias de remate. Finalmente, según un informe del Comité Directivo del Fondo Fiduciario para la Refinanciación Hipotecaria, en junio de 2006 se habían recibido más de 12000 solicitudes de admisión al SRH; pero sólo 8581 deudores cumplían con los requisitos formales para ser aceptados, de los cuales más de la mitad tenían deudas con acreedores particulares (CDFFRH, 2006, p. 3-4).

El conflicto por las hipotecas como prisma para pensar financiarización en Argentina

En una revisión reciente de la literatura sobre financiarización, Van der Zwan identifica tres usos diferentes del término, referidos a otras tantas dimensiones del fenómeno. En primer lugar, aquel que predomina en los trabajos de los economistas políticos, interesados por describir los cambios en el régimen de acumulación capitalista operados desde la década de 1970; en segundo, aquel que refiere a la transformación en la estructura de las corporaciones y su gestión, progresivamente orientada por la redistribución de beneficios hacia los accionistas; finalmente, aquel que recuperan sobre todo los sociólogos de la economía y que pone el acento en el modo en que las finanzas se expanden al nivel de los individuos, penetrando en la vida cotidiana de millones de familias en el mundo desarrollado (Van der Zwan, 2014). Tal como lo señala la autora, los principales exponentes de este modo de entender la financiarización sitúan en el giro conservador de los años 80 y las reformas neoliberales que le siguieron (desmantelamiento de la legislación protectora del trabajo, privatización de los sistemas de seguridad social y salud, etc.) el inicio de un proceso que ante todo empuja a los individuos a tomar en sus manos protecciones y garantías que anteriormente eran provistas por el Estado, en un contexto de crisis del empleo y estancamiento de los salarios (Knights, 1997; Langley, 2004; 2008). La expansión de los servicios financieros y el aumento de la participación de los hogares en ellos (a través de fondos de pensión, seguros, y diferentes formas de crédito al consumo) son entonces la contracara del declive del Estado de Bienestar, a la vez que la expresión de nuevas formas de individualización y subjetivación (Van der Zwan, 2014).

De acuerdo con estos estudios la creciente vida financiera de los hogares se expresa ante todo en un crecimiento de la bancarización de los particulares, para quienes los bancos se convierten cada vez más en una institución “inevitable” (Lazarus, 2012); en la difusión de los seguros y fondos de pensión privados como expresión de un proceso de privatización e individualización de la gestión del riesgo y en la expansión de las tarjetas de crédito y otras formas de financiación del consumo, con el consiguiente aumento del endeudamiento de los hogares. Centrados en el mundo anglosajón (Langley, 2004, 2008; Montgomerie, 2006; Marron, 2009), estos estudios aciertan al describir tendencias generales observables en una parte del mundo occidental desarrollado, pero no dan cuenta de las particularidades que este tipo de procesos asume en otros países.

Ahora bien, ¿qué sucede con la vida financiera de los hogares por fuera de ese mundo? Si observamos el proceso de reformas neoliberales que atravesó la Argentina en la década de 1990, veremos que muchas de las tendencias señaladas por esta literatura se observan también allí. En efecto, los ’90 fueron años marcados por la privatización del sistema de jubilaciones y pensiones;² la desregulación del sistema de cobertura de salud para los trabajadores (las obras sociales), que redundó en un crecimiento del mercado de los seguros de salud (las compañías de “medicina prepaga”); la imposición del pago obligatorio de salarios a través del sistema bancario;³ la expansión del crédito destinado a los hogares y la redefinición de la legislación referida al financiamiento de ciertas actividades, promoviendo por ejemplo mecanismos de titulización de créditos.⁴

El crecimiento observado en el período de la bancarización de los particulares y del mercado de las tarjetas de crédito dan buena cuenta de alguno de los resultados de este proceso (del Cueto y Luzzi, 2016). Ahora bien, todas estas transformaciones tuvieron lugar en el contexto de una economía donde más del 40% de los ocupados no estaba registrado, y donde el desempleo llegó a alcanzar a más del 18% de la población económicamente activa, sin que existiera un seguro de desempleo capaz de protegerlos de manera efectiva y duradera. En consecuencia, resulta difícil hablar de un proceso de financiarización en el sentido en que lo hacen las investigaciones citadas más arriba: aunque se observen cambios que avanzan en la dirección que ellas señalan, estos parecen afectar directamente sólo a una parte de la población, aquella que accede al sector financiero formal.

Es en este punto que la crisis de 2001 se vuelve un momento especialmente fecundo para el análisis. Esa crisis se destacó por el lugar que en ella tuvieron los conflictos referidos a la actividad financiera, que nunca antes habían alcanzado la envergadura y visibilidad que alcanzaron a partir de 2002. Hemos mostrado en otros trabajos que esas disputas pusieron por primera vez en el centro de la escena a la institución bancaria, y al vínculo de ésta con sus clientes particulares (Luzzi, 2008; 2012). Pero también dejaron al descubierto otros aspectos y otros actores de la vida financiera de los hogares a los que hasta el momento ni la política pública ni las ciencias sociales habían prestado atención.

Los particulares se endeudaban y también realizaban inversiones por fuera del sistema financiero formal. En escribanías de la ciudad y la provincia de Buenos Aires y en agencias inmobiliarias del centro y de los barrios, empleados en negro, pequeños comerciantes y trabajadores por cuenta propia con ingresos irregulares o insuficientes y personas con una historia crediticia complicada accedían a los préstamos que los bancos les negaban. Aunque muchas veces esas transacciones eran facilitadas por contactos personales, lo que garantizaba el acceso a la financiación era el inmueble que se ofrecía como garantía. Y pese a que no se realizaban en el marco de una institución regulada por el Banco Central, no se trataba de arreglos informales: las deudas tenían la forma de un contrato entre particulares, rubricado por un escribano y legalizado ante la Justicia. Los prestamistas, por su parte, no eran sino otros individuos con un capital generalmente pequeño que buscaban fructificar y que encontraban en las hipotecas una alternativa ágil y segura. La clave de bóveda del sistema eran los notarios, que no sólo aseguraban la legalidad de las operaciones, sino que además funcionaban como intermediarios, conectando oferentes y demandantes de crédito y generando con ello un negocio en beneficio propio.

Así, la estabilidad económica garantizada por el régimen de convertibilidad no había contribuido únicamente a la expansión del crédito bancario, sino que también había creado las condiciones para la proliferación de otro tipo de créditos que, a un precio más alto y plazos más cortos, satisfacían la demanda que los bancos no estaban dispuestos a absorber.⁵

A través de manifestaciones callejeras y de la multiplicación vertiginosa de los juicios de desalojo, el estallido de ese régimen dejaba entonces al descubierto una dimensión de la vida financiera de los hogares que iba mucho más allá de lo que la expansión reciente del sistema bancario permitía adivinar, y que llamaba a complejizar la comprensión sobre el modo que la financiarización progresaba en la Argentina.

En primer lugar, si es posible hablar de financiarización en el sentido de una expansión de los productos financieros destinados a los hogares y, en consecuencia, de una mayor vinculación de las economías de los hogares con las finanzas de mercado (Lazarus y Luzzi, 2015), es a condición de admitir que se trata de un proceso que se despliega bajo diferentes modalidades y que avanza, por así decirlo, a diferentes velocidades. En el caso particular del crédito, el aumento de la oferta de préstamos para los hogares se explica sólo en parte por el aumento de la bancarización (entendida como el crecimiento del número de hogares que acceden a la cuenta bancaria) y en buena medida por la multiplicación de productos y servicios financieros que corresponden a lo que la literatura anglosajona denomina fringe banking (compañías financieras, mutuales, etc.). El resultado es el desarrollo de una oferta de servicios financieros que crece al mismo tiempo, pero de manera segmentada, proponiendo productos en condiciones muy disímiles a distintos grupos sociales, y de la cual sólo una parte está sujeta a las regulaciones públicas.

En segundo lugar, este crecimiento de las finanzas no supone únicamente el desarrollo de formas novedosas (como las diferentes formas de securitización de activos) sino también la articulación con formas previas (como las “hipotecas privadas”), que el contexto macroeconómico contribuye en determinados períodos a difundir. De este modo, el conflicto por las hipotecas producido en la crisis de 2001 constituye un prisma no sólo para analizar la manera en que la financiarización progresó en un período de reformas neoliberales, sino también para cuestionar el carácter radicalmente nuevo de esa financiarización, permitiendo reconstruir las raíces que ella encuentra en configuraciones económicas y políticas del pasado (Lazarus y Luzzi, 2015, p. 18).

Deudores organizados: ¿colectivos que nacen de la financiarización?

Tal como ha señalado la abundante literatura existente sobre la crisis de 2001, ésta se caracterizó por la articulación de la debacle económica con una crisis de representación política de profundas consecuencias (Pereyra, Pérez y Vommaro, 2013). La manifestación más clara de ese proceso fue el despliegue, desde finales de 2001 y durante al menos los dos años que siguieron, de un amplio ciclo de movilización en el que confluyeron actores tradicionales con nuevos protagonistas. Entre los segundos, se destacan los colectivos de ahorristas (depositantes bancarios) y deudores hipotecarios afectados por el abandono de la convertibilidad y las medidas que lo acompañaron. No se trataba de la primera vez que clientes bancarios salían a la calle; lo había hecho durante las décadas de 1980 y 1990 ante la quiebra o el vaciamiento de sus bancos. Tampoco eran completamente novedosas las protestas organizadas para frenar el remate de propiedades, algo que organizaciones de productores rurales había hecho a lo largo de los ’90 en diferentes puntos del país. Sin embargo, en este caso no se trataba de los clientes de un banco específico ni de empresarios o productores en crisis: las movilizaciones reunían a quienes se reconocían como “ahorristas” o “deudores” más allá de la actividad económica que desempeñaban o de la institución financiera a la cual estaban vinculados. Lo que los definía era precisamente ese vínculo financiero entendido en un sentido general, como acreedores o deudores de instituciones u organizaciones (aún de particulares) con distinto grado de formalización. ¿Qué características tenían esos colectivos que nacieron al calor de la crisis y que en buena medida sobrevivieron casi toda la década siguiente, hasta que los conflictos por los depósitos bancarios y las deudas lograron una resolución judicial relativamente estable?

Las primeras protestas de deudores hipotecarios se produjeron a comienzos de enero de 2002, cuando las radios difundieron el llamado a una concentración de deudores hipotecarios en una plaza de Buenos Aires. En vísperas de la salida de la convertibilidad, miles de endeudados preocupados por el futuro de sus viviendas se movilizaron en la capital, exigiendo que el Estado contemplara su situación en el momento de anunciar la devaluación del peso. Esas protestas, nacidas como “llaverazos”, continuaron a lo largo de 2002 y al calor de ellas una veintena de colectivos de endeudados fueron surgiendo en las distintas provincias del país. Ellos nucleaban personas en distintas situaciones: en algunos casos -sobre todo en la ciudad de Buenos Aires- se trataba de deudores privados que reclamaban que sus créditos se convirtieran en pesos a la relación 1 peso = 1 dólar, tal como había sucedido con las deudas bancarias; en otros, eran deudores bancarios que rechazaban la anunciada actualización de las cuotas según inflación⁶ y reclamaban una solución institucional para evitar que se remataran las viviendas de quienes, en un contexto de grave crisis del empleo, se atrasaban en sus pagos. Al margen de sus diferencias, todos compartían la exigencia de la suspensión de los remates hasta tanto fueran resueltas las que consideraban las “cuestiones de fondo”.

A lo largo de nuestro trabajo de campo tomamos contacto directo con cinco grupos de deudores, cuatro de ellos radicados en la ciudad de Buenos Aires y uno en la ciudad de Córdoba, en el centro del país. A través de ellos, y del relevamiento realizado en distintas fuentes, reconstruimos la existencia en todo el país de un total de 26 asociaciones que nucleaban a deudores hipotecarios. Salvo una asociación integrada por usuarios de servicios bancarios en general y con representantes en distintas provincias del país, en todos los casos se trataba de grupos integrados exclusivamente por los deudores de una ciudad o provincia. Los deudores hipotecarios estaban organizados en 13 de los 24 distritos del país, existiendo en algunos de ellos más de una asociación referida a la cuestión de las deudas contraídas durante la convertibilidad. Más allá de las denominaciones, el nivel de formalización de los diferentes grupos fue variable, desde colectivos de “deudores autoconvocados”, que funcionaban con una dinámica asamblearia, sin sedes fijas ni representantes designados, hasta organizaciones registradas como asociaciones civiles, en las que los participantes cotizaban una cuota mensual y elegían autoridades periódicamente. Dentro de estos grupos se incluyen también cinco asociaciones integradas por antiguos deudores del Banco Hipotecario Nacional, fundadas tras la privatización de éste, antes de la crisis de 2001.

En muchos casos, estos agrupamientos ofrecieron una primera base organizativa para la protesta de los deudores, así como también un acervo de experiencia y contactos que se reveló muy valioso en la construcción de una relación con los legisladores y la negociación con las autoridades. En el origen de la organización de los deudores hipotecarios argentinos, este antecedente directo se suma a la influencia ejercida por otros movimientos de endeudados, tanto del país como de la región. Entre ellos sobresale en Argentina el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha, creado en 1995 con el objetivo de frenar los remates de los campos de pequeños productores y de lograr la renegociación de sus deudas con los bancos. Aunque resulta difícil identificar vínculos directos entre los colectivos de deudores surgidos durante la crisis y el MML, es innegable que para el momento de la crisis, esa experiencia no era sólo reciente, sino que había pasado a integrar los repertorios de protesta disponibles en el país. Asimismo, la movilización de los deudores locales fue eco del movimiento mexicano conocido como El Barzón (de Grammont, 2001, p. 157; Leal, 2016), con el que estableció vínculos concretos desde 2002 y cuyo lema “Debo no niego, pago lo justo” retomaron las organizaciones de algunas provincias. Ahora bien, la activación de estas influencias no puede ser comprendida por fuera del ciclo de movilización inaugurado a fines de 2001, en el que se destacan tanto la pluralidad de actores intervinientes como el carácter nacional de la protesta surgida con la crisis.

Como en el caso de las organizaciones de ahorristas que hemos analizado en otros trabajos (Luzzi, 2008; 2012), si bien fueron las manifestaciones las que otorgaron mayor visibilidad a los reclamos de los deudores, las acciones de éstos se desplegaron en varios frentes a la vez. En primer lugar, en las concentraciones frente a ministerios, oficinas de gobierno y legislaturas - en la capital y en las provincias; en segundo, en el terreno judicial, “dando batalla en los juzgados” donde los acreedores iniciaron acciones legales para hacer efectivo el pago de las deudas; en tercero, en el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales, promoviendo proyectos de ley que suspendieran los remates, así como también intentando generar apoyos para una ley específica que posibilitara la renegociación de las deudas entre acreedores y deudores.

Estos dos últimos escenarios de confrontación convirtieron a los abogados en piezas claves de la movilización de los deudores. A lo largo del país, cada una de las organizaciones contó con uno o más abogados que los representaron jurídicamente, los asesoraron en la elaboración de proyectos de ley y eventualmente les proveyeron información valiosa del ámbito judicial. Como en el caso de los colectivos de ahorristas, muchas veces los abogados excedieron ampliamente el rol de asesores expertos, para convertirse en activos militantes de las organizaciones, y en poderosos facilitadores en la conformación de los grupos (Luzzi, 2012).

La sanción en distintas provincias de leyes que declararon la “emergencia hipotecaria” y suspendieron temporariamente los remates que tenían por objeto a la vivienda familiar da cuenta a la vez de la importancia del problema y del rol ejercido por la presión de los deudores a nivel local. Al mismo tiempo, los vínculos construidos en el nivel provincial se tradujeron en contactos en el Congreso Nacional, donde los deudores continuaban su trabajo de negociación y presión.

El contacto entre asociaciones de deudores de diferentes lugares del país fue mucho más fluido y constante que en el caso de los ahorristas, donde los encuentros se limitaban casi exclusivamente a la participación de representantes de grupos del interior en manifestaciones convocadas en la capital. Uno de los hitos en la historia de aquellos contactos fue la realización en abril de 2006 de un Congreso Nacional de Asociaciones de Deudores Hipotecarios en la provincia de Mendoza. Organizado por la principal asociación local de deudores, participaron del encuentro 14 asociaciones de diferentes provincias. Los primeros vínculos entre ellas habían ido construyéndose a través de internet y, sobre todo, en los encuentros en el Congreso nacional. Estas relaciones no estuvieron, sin embargo, exentas de conflictos. Ellos se produjeron tanto entre los grupos de un mismo distrito (en competencia por la captación de adherentes) como en entre los del interior y la capital, cuya localización los llevaba a ocupar un lugar de privilegio en el contacto con los poderes públicos a nivel nacional.

Hacia finales de la década de 2000, el conflicto por las deudas hipotecarias encontró, si no una solución, al menos una vía de estabilización. Una serie de sentencias dictadas por la Corte Suprema en aplicación de la doctrina del “esfuerzo compartido”, en las cuales los costos entre acreedores y deudores se distribuían de modo diferencial en función de la finalidad y el monto inicial de los préstamos, permitió la resolución de muchos de los juicios pendientes, evitando al menos parte de los desalojos en trámite.⁷ Para ese momento, la actividad de las organizaciones de deudores se había desvanecido casi por completo; el ciclo de movilización abierto con la crisis se había cerrado también para ellos.

Pese a que como hemos visto las arenas en las que se desplegó el conflicto por las hipotecas fueron múltiples, y a que durante los primeros años las organizaciones creadas por los deudores cumplieron un rol fundamental en la colectivización de sus demandas, la resolución judicial de las disputas volvió a centrar el eje de las mismas en el plano individual. Al dictaminar sobre las deudas en cuestión, las cortes no decidían sobre bienes colectivos, ni sobre grupos o clases sino sobre contratos establecidos entre sujetos privados. Eran individuales las obligaciones, y también el reparto de las ganancias y las pérdidas.

En las últimas décadas, las ciencias sociales han hecho hincapié sobre las formas de individualización de los riesgos y los beneficios que el avance de las finanzas estimula, dando origen a nuevos modos de subjetivación. El desarrollo del litigio por las deudas hipotecarias en la crisis argentina desafía esas tesis, sin necesariamente negarlas. Por un lado, muestra que esos procesos de individualización no son contradictorios con el surgimiento de colectivos capaces de promover la discusión pública de los condicionamientos de mundo financiero y sus consecuencias. Por otro, deja en evidencia las limitaciones a las que se enfrentan esos grupos, constituidos por la tensión entre el carácter individual de sus obligaciones y la necesidad de desingularizar sus demandas para volverlas legítimas en el espacio público.

Palabras finales

Este artículo se propuso contribuir al análisis de los procesos de financiarización, al menos en uno de sus sentidos - la creciente conexión de las economías de los hogares con las finanzas de mercado. Poniendo el foco en una experiencia en muchos sentidos lejana de aquellas en las que la literatura sobre el tema suele concentrarse, el trabajo buscó llamar la atención sobre las diferentes formas y ritmos que la financiarización ha asumido en distintos contextos nacionales. Al mismo tiempo, y más allá de las especificidades del caso abordado, hemos intentado mostrar la productividad del estudio de las crisis para dar cuenta tanto de las modalidades específicas de expansión de las finanzas como de sus consecuencias.

Así, por un lado, el examen del conflicto por las hipotecas producido durante la crisis argentina de 2001 dejó al descubierto los alcances de la financiarización desarrollada al calor de las reformas liberales, al tiempo que nos permitió evidenciar el carácter profundamente segmentado de ese avance de las finanzas. Por otro, la consideración de esos litigios contribuyó a visibilizar, a la vez que problematizar, la naturaleza de los colectivos nacidos de aquellos procesos.

La expansión las finanzas y su penetración en la economía de las familias constituye una marca del capitalismo contemporáneo a nivel global. En ese sentido, y más allá de las particularidades que hemos abordado aquí, la Argentina no constituye de ningún modo un caso aislado. Sin embargo, tal como lo muestran los resultados de este trabajo, el análisis de ese desarrollo general no puede prescindir de una observación cuidadosa a nivel local, atenta a la vez a sus condicionamientos institucionales, sus configuraciones prácticas y sus efectos sociales y políticos.

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• 1
  La ley de convertibilidad establecía la paridad fija 1 a 1 entre el peso y el dólar (de allí la posterior designación del régimen creado como “el 1 a 1”), al tiempo que habilitaba el uso de la moneda norteamericana para la realización de pagos en el país. Al mismo tiempo, obligaba al Banco Central a sostener un nivel de reservas en divisas y/o en oro equivalente a la masa monetaria en circulación, lo cual limitaba al extremo el recurso a la emisión monetaria como instrumento de política económica.

• 2
  En 1994, luego reestatizado en 2008.

• 3
  Iniciada en 1997 para las grandes empresas, generalizada para todos los trabajadores registrados en 2001 (del Cueto y Luzzi, 2016).

• 4
  Es el caso del régimen de financiamiento para la vivienda, modificado en 1994.

• 5
  A diferencia de lo que ocurriría una década más tarde en EEUU o en España, la existencia de esta demanda no derivó en la Argentina en el desarrollo de un mercado de hipotecas subprime, que las tecnologías de titulización de créditos habrían podido estimular. Entre los factores que pueden explicar este rasgo, algunos autores han señalado la preferencia de los inversores institucionales, durante el período analizado, por títulos del sector público con mejores relaciones entre redimientos y riesgos (Cristini y Moya, 2004; Cefidar, 2010).

• 6
  A mediados de 2002, el gobierno dispuso la aplicación de un “Coeficiente de Estabilización de Referencia” (CER), basado en el índice de precios al consumidor, en la actualización de las cuotas de los préstamos que habían sido pesificados y en el rendimiento de los bonos de la deuda pública nominados en pesos.

• 7
  Para un análisis detallado del proceso, cfr. Luzzi (2012).

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  Jan-Apr 2017

Histórico

• Recibido
  31 Ago 2016
• Acepto
  15 Dic 2016