Devenir habitante de calle en una ciudad fronteriza del norte de México: Deportación, consumo de drogas y violencias

Become a street dweller in a border city in northern Mexico: Deportation, drug use and violence

Tornar-se um morador de rua em uma cidade de fronteira no norte do México: Deportação, uso de drogas e violência

Resumen:

En este artículo se abordan los procesos estructurales y los factores contextuales de la frontera México-Estados Unidos que enmarcaron la decisión de algunos deportados para llegar a habitar las calles de la ciudad fronteriza de Tijuana durante las primeras décadas del siglo XXI. A partir de una investigación etnográfica y de la construcción de datos longitudinales, se observa que la deportación, el fácil acceso al consumo de drogas y la escalada de violencia en los escenarios fronterizos del norte de México, configuraron una situación para que algunas personas deportadas, carentes de redes sociales en la ciudad, se sintieran “atrapadas” en esta frontera. Sin posibilidad de cruzar de nuevo a Estados Unidos debido al reforzamiento del aparato geopolítico fronterizo, al endurecimiento de las políticas migratorias estadunidenses y a la violencia en torno al narcotráfico, en este artículo se argumenta cómo algunos deportados decidieron habitar las calles de Tijuana como alternativa extrema de subsistencia.

Palabras clave:
Vida en la calle. Frontera; Deportación; Precarización; Violencia

Abstract:

This article addresses the structural processes and contextual factors of the U.S.-México border that framed the decision of some deportees to live on the streets of the border city of Tijuana during the first decades of the 21st century. Based on an ethnographic research and the construction of longitudinal data, the article analyzes how deportation, easy access to drugs, and the increase of violence in the border areas of northern Mexico created a situation of entrapment at the border for those deportees with no social networks in the city. Lacking the possibility of crossing again to the U.S. due to the strengthening of the geopolitical border, the hardening of immigration policies, and violence surrounding drug trafficking, this article argue how some deportees decided to inhabit the streets of Tijuana as an extreme alternative to subsistence.

Keywords:
Homelessness; Border; Deportation; Precarization; Violence

Resumo:

Este artigo aborda os processos estruturais e fatores contextuais da fronteira EUA-México, que emolduraram a decisão de alguns deportados de viver nas ruas de cidade fronteiriça de Tijuana durante as primeiras décadas do século 21. Com base em uma pesquisa etnográfica e na construção de dados longitudinais, o artigo analisa como a deportação, o fácil acesso às drogas e o aumento da violência nas áreas de fronteira do norte do México criaram uma situação de aprisionamento na fronteira para os deportados sem recursos sociais na cidade. Sem a possibilidade de cruzar novamente para os Estados Unidos devido ao fortalecimento do aparato de fronteira geopolítica, ao endurecimento das políticas de imigração dos EUA e à violência em torno do narcotráfico, este artigo argumenta como alguns deportados decidiram habitar as ruas de Tijuana como uma alternativa extrema subsistência.

Palavras-chave:
Vida na rua; Fronteira; Deportação; Precariedade; Violência

Introducción

La vida callejera en la frontera norte de México obedece a particularidades contextuales muy distantes de las explicaciones generales dadas en torno a centros metropolitanos. De Verteuil et al. (2009) señalaron, en su momento, la tendencia analítica que daba por sentado que la vida en la calle devenía más o menos de la misma forma en todas las ciudades, dejando al margen la incidencia de las características geográficas y las determinaciones históricas en la composición y operación cotidiana de la problemática, lo que resultaba en productos similares para contextos completamente distintos. Suponer que la indigencia proviene de los mismos factores acarrea el “efecto involuntario de que las geografías del homelessness son prácticamente las mismas en ciudades tan disímiles como Atenas, Liverpool y Hamburgo, como lo son en Los Ángeles y Nueva York” (De Verteuil et al., 2009, p. 656).¹

En la ciudad de Tijuana, ubicada en la esquina más septentrional de América Latina y haciendo frontera con el estado más próspero de Estados Unidos, el proceso de devenir un habitante de calle se explica por una conjunción de violentos factores estructurales, contextuales y personales – más allá de los procesos de precarización laboral, gentrificación y especulación inmobiliaria neoliberal, tendencia analítica detectada por De Verteuil et al. (2009). Las experiencias de cruce clandestino, el involucramiento en el consumo de drogas y en actividades ilícitas, la violencia desatada en los escenarios fronterizos y, sobre todo, los procesos de deportación, se han colocado como elementos preponderantes que han operado para que ciertas personas hayan recurrido a las calles de Tijuana como una forma de subsistencia al carecer de redes sociales de apoyo.

En este artículo, se delinearán los procesos contextuales y los factores estructurales que han modelado el devenir del habitante de calle en la frontera norte de México. En primera instancia, se colocarán los procesos históricos que orillaron a estas personas a migrar hacia el norte y el paralelo reforzamiento del aparato geopolítico fronterizo y endurecimiento de la política migratoria a lo largo de las últimas décadas del siglo XX, lo que tuvo efectos directos en la precarización de los actuales indigentes de Tijuana. En segundo lugar, se abordarán los tres factores –deportación, consumo de drogas y violencias– que colaboraron para que estas personas se sintieran atrapadas en la frontera de Tijuana, sin poder cruzar de vuelta ni regresarse a sus lugares de origen, y habitando, por lo tanto, espacios callejeros de la ciudad. Se concluirá que la única posibilidad de salir de las violencias callejeras es tener redes socioafectivas vigentes o la beneficencia de una política integral de reinserción de poblaciones vulnerables –inexistente en la ciudad.

Breves notas teórico-metodológicas

Los resultados que se presentan en este artículo son parte de una investigación integral sobre la vida callejera en Tijuana. A lo largo de los años 2015 al 2018 realicé una inmersión etnográfica profunda en una cañada dentro de la ciudad de Tijuana habitada aproximadamente por 60 personas. Dicho espacio, avecindado entre las colonias El Soler y El Mirador, está bordeado por el muro fronterizo y rodeado por una vía rápida en forma de herradura que conecta el centro de la ciudad con la zona de Playas. En el acercamiento a este espacio se utilizaron una variedad de técnicas de recopilación de datos: observación acompañante, entrevistas con enfoque biográfico, grupos focales y técnicas audiovisuales (fotoelicitación, video documental y fotografía participativa).

Para el presente artículo, se recuperan los datos construidos longitudinalmente a partir de las entrevistas con enfoque biográfico que se realizaron a doce indigentes de este espacio pues a partir de ellas y de la observación cotidiana en campo, se retomaron las coordenadas contextuales que guiaron tanto la búsqueda bibliográfica para reconstruir históricamente los procesos que sientan las bases para la producción de poblaciones callejeras en Tijuana, así como la reconstrucción de los factores mesoestructurales que colaboraron en el hecho de que estas personas estén habitando las calles de la ciudad.

Antes de continuar es preciso colocar dos advertencias. En primer lugar, ahondar en especificidades contextuales desde un acercamiento etnográfico puede conducir al riesgo de presentar la anécdota sobre las dinámicas de un lugar específico como un estudio sociológico, desvinculándolo de procesos globales o estructurales que están operando en modelar esas dinámicas. A fin de evitar este contextualismo radical, a partir de la investigación en campo se discutieron y contestaron determinados términos teóricos –como precarización laboral o gentrificación– que se han venido utilizando de manera general para explicar el fenómeno de la situación de calle, como si en todos lados deviniera de la misma manera. Así, se reformuló a la precarización de manera amplia a partir del acercamiento empírico, entendiéndola más que como trabajos inseguros, como incertidumbre en la totalidad de la existencia y en la sobrevivencia digna de la vida (Lorey, 2016; Butler, 2010; Ettinger, 2007).

En segundo lugar, como los resultados que se presentan en este artículo son parte de una investigación más amplia sobre la vida callejera en Tijuana, aquí no se asume que los factores estructurales han determinado completamente las acciones de estas personas. Los factores contextuales y estructurales presentados en este artículo, se entrecruzan y se ven contrastados, reforzados o resistidos por una serie de procesos personales en donde lo que está en juego son las posibilidades de agencia de estas personas.²

Procesos de precarización en la frontera norte de México

El conjunto de factores que tienen como resultado la vida en la calle en Tijuana se pueden entender, en pocas palabras, como procesos transfronterizos, acumulativos y progresivos de precarización. Para las personas que actualmente habitan en espacios urbanos residuales de Tijuana la precarización fue un proceso paulatino donde el cierre fronterizo influyó en el desgaste de sus condiciones sociales para el sostenimiento vital. Como dispositivo de gestión y control de movilidades poblacionales, la frontera ha tenido efectos progresivamente precarizantes en la vida de estas personas según se fue reforzando con el paso del tiempo, los intentos de cruce se fueron volviendo cada vez más complicados y la política migratoria se fue endureciendo.³

A pesar de la diversidad de contextos de procedencia, los actuales indigentes pasaron por situaciones de carestía y desventaja social desde pequeños. Las condiciones estructurales de carencia económica que golpeó a los deciles más bajos de la sociedad mexicana durante las décadas de los setenta y ochenta, aunado a la oportunidad que significaba trabajar en Estados Unidos o, por lo menos, asentarse en las franjas fronterizas del norte de México cuyas ciudades pasaban por una época de auge económico, fueron factores fundamentales que configuraron estrategias migratorias en la edad temprana de quienes ahora habitan las calles de Tijuana (Zenteno, 1995).

Los actuales habitantes de calle, entrevistados para esta investigación, mentaron haber migrado entre los años setenta y los años noventa del siglo XX y haber logrado cruzar una o varias veces hacia Estados Unidos. A lo largo de este periodo, hubo un paulatino cambio en las políticas migratorias y de reforzamiento fronterizo, pasando de una época de fronteras laxas o “sin obstáculos” (pre-1986) hacia una época de fronteras reforzadas “con obstáculos” (post-1986). El año de 1986 marco un giro de tuerca en el reforzamiento de la frontera México-Estados Unidos debido a la aplicación de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (Irca, por sus siglas en inglés) (Chavez, 2016), que si bien formalizaba el estatus de una serie de personas que ya habitaban en Estados Unidos, restringía el acceso de otras que ya estaban movilizándose hacia el país del norte (Massey et al., 2002).

El siguiente gran cambio de paradigma migratorio sucedió a consecuencia de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. A partir de este momento la política migratoria en los Estados Unidos se redefinió y endureció al colocarse el combate a la migración en el mismo nivel de prioridad que el combate al narcotráfico y al terrorismo (Nevins y Dunn, 2008; Nevins, 2002); pero en algunos casos aplicando con mayor rigidez algunas leyes o programas que venían operando de manera blanda desde los años noventa (Alarcón y Becerra, 2012).⁴ Esto marcó un punto de quiebre en el estatus de estas personas, pues son este tipo de leyes las que impulsaron a los migrantes entrevistados a quedarse a vivir en Estados Unidos de manera informal y clandestina, lo que tendría efectos de precarización en tanto se criminalizó su presencia en dicho país con consecuencias de encarcelamiento.

Pasar de una situación de indocumentado a la de criminal de orden federal a partir de un cambio legislativo y de la implementación de nuevas operaciones, leyes y programas antimigratorios –como el programa Comunidades Seguras (Holland, 2014) que daba facultades a policías locales para detener a migrantes indocumentados– orilló a estas personas a quedarse en Estados Unidos desarrollando estrategias furtivas de sostenimiento, quedando fuera de un marco de legalidad en el cual sostener su presencia en el país del norte. El enroque de esta situación con las carencias económicas, el tipo de redes sociales y el conocimiento esquivo del cruce fronterizo colocaron las condiciones para que estas personas se involucraran en actividades ilícitas (Slack y Whiteford, 2011).

Una de las consecuencias de la inmersión en mundos criminales fue el encarcelamiento de algunas de las personas entrevistadas. Otro de los corolarios fue la ruptura del proceso de regularización de su estatus migratorio y la posterior expulsión. Junto con ello, también se observa una ruptura de vínculos familiares y socioafectivos que serán determinantes en el posterior proceso de inmersión en la vida callejera. En pocas palabras, lo que el encarcelamiento significó para el proceso de precarización de las personas entrevistadas fue una paulatina perdida de medios legales, de redes sociales y de recursos materiales y afectivos para subsistir. En última instancia, esto implicó un bloqueo a las posibilidades de moverse transfronterizamente.

Esta etapa, signada por la imposibilidad de trasladarse a través de la frontera, implicó un grado extremo en el desgaste de condiciones sociales, legales, contextuales e individuales para el sostenimiento digno de la vida de estas personas. Pasar un largo proceso carcelario puede evaluarse como uno de los factores que precarizaron la vida de los actuales habitantes de calle, ya que activó un proceso de desgaste de los vínculos socioafectivos y de las redes de cuidado que pudieran tener una vez retornados a México – además que, aunado a ello, vino una perdida de medios legales para formalizar su situación migratoria y una consecuente expulsión del país.

En el ir y venir por la frontera geopolítica a lo largo de los años en que las políticas estadunidenses fueron reforzándola cada vez más, el proceso de precarización fue acumulándose progresivamente pasando por una diversidad de estatus: de migrante regional a migrante transfronterizo, a migrante indocumentado, a migrante ilegal, a criminal y a migrante deportado. La ecuación quedó entonces de la siguiente manera: mientras que estas personas iban y venían por la frontera a través de los años en que ésta se iba reforzando, la precarización vital se iba acumulando progresivamente en tanto se mermaban las condiciones individuales, sociales, legales y políticas para sostener dignamente su vida.

Factores para quedarse en las calles de la frontera: deportación, consumo de drogas y violencias

A lo largo de las experiencias narradas de los indigentes que ahora viven en las calles de la ciudad se pudo observar cómo es que muchos de ellos lograron cruzar la frontera México-Estados Unidos una multiplicidad de veces después de haber sido devueltos otras tantas. Es perceptible igualmente cómo es que en tanto se iba reforzando el aparato fronterizo y las políticas migratorias, las técnicas y espacios de cruce se iban diversificando y colocando el componente clandestino en el centro de sus prácticas.

Una de las principales consecuencias que ha tenido el levantamiento de muros en la frontera de Tijuana ha sido la diversificación de lugares de cruce (Slack y Whiteford, 2010). Ello ha colaborado a reducir los intentos de cruce por la ciudad de Tijuana (EMIF, 2014) y a intentar traspasar por otros lados menos vigilados pero más riesgosos, como el desierto de Sonora.

Sin embargo, hubo un momento alrededor del comienzo del milenio en que estas personas decidieron no volver a intentar un cruce clandestino. Esta situación ha sido observada como una dinámica de “atrapamiento” desde la literatura especializada (Odgers y Campos, 2014; Velasco y Albicker, 2013; Nuñez y Heyman, 2007) y, en el caso de los entrevistados en esta investigación, implica consecuencias en la reorientación de sus expectativas y capacidades de acción hacia la vida en esta ciudad fronteriza. De esta manera, en este apartado se analizan cuáles fueron los factores que los actores en cuestión sopesaron para la decisión de dejar de intentar cruzar hacia Estados Unidos.

En el análisis de las entrevistas se encontraron tres tipos de factores que estructuraron la disposición de los informantes de no volver a cruzar: en primer lugar, el “atrapamiento” fronterizo, aparejado con el temor de volver a ser encarcelado ante el endurecimiento de la legislación migratoria; en segundo lugar, el consumo de estupefacientes vinculado a la fácil accesibilidad debido a una reconfiguración del mercado local de las drogas y; en tercer lugar, la exacerbación de la violencia en los últimos años de Tijuana, lo que va de la mano con el riesgo que implicó la consolidación del control de los cruces clandestino por parte de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

“Atrapamiento” fronterizo: el muro y los miedos a ser encarcelado

El “atrapamiento” en la frontera México-Estados Unidos ha venido acompañado de un cambio de perfil en el migrante deportado (Velasco y Coubes, 2013; Odgers y Campos, 2014), en donde

un grupo poblacional ya asentado en Estados Unidos, con relaciones sociales y que incluso posee una calidad de residencia legal, está siendo expulsado con órdenes de deportación que les imponen restricciones para el retorno, habiendo dejado a sus familiares en Estados Unidos, con pocos recursos y a ciudades fronterizas como Tijuana que no necesariamente conocen y desde la cual deben desarrollar estrategias para hacer frente al evento de expulsión (Pérez Duperou, 2014, p. 77-78).

Una de estas estrategias ha sido la búsqueda de subsistencia a través de la apropiación de espacios residuales en la ciudad. Estos estudios constataron que en poco tiempo el porcentaje de expulsados que tenían al menos un año de residencia en Estados Unidos aumento casi al 50% en el año de 2011, en donde un 87% de deportados eran hombres y casi el 70% cónyuges o jefes de familia. Esto quería decir que la tendencia en el incremento de deportaciones de migrantes hombres con mayor estadía en Estados Unidos implicaba la ruptura de proyectos de vida en Estados Unidos, es decir,

las deportaciones de Estados Unidos a México están provocando separaciones familiares y, específicamente, la separación de los padres del ámbito doméstico, lo cual provoca la ruptura de proyectos individuales y familiares, y termina con la posibilidad de integración al país de residencia de los demás miembros de la familia (Velasco y Albicker, 2013, p. 6).

La experiencia narrada del Ñero⁵ encarna y le otorga consistencia a la frialdad de las estadísticas presentadas,

ellos (los norteamericanos) piensan que ya pagué mi deuda con la sociedad ¿verdad?, pero no, porque me deportaron, porque me separaron de mi familia, y no soy el único, sabes cuántas familias separan estos ojetes, en una separación a veces pierde el hombre y a veces pierde la mujer, pero siempre pierden los hijos, siempre, siempre (Ñero, entrevista, 2016).⁶

Las políticas migratorias se endurecieron de tal manera en los últimos años que la reincidencia en el cruce clandestino después de un juicio de deportación involucraba varios años de condena carcelaria. En la experiencia de los interlocutores en campo, la detención, el encarcelamiento y la deportación impusieron restricciones ante un eventual retorno no autorizado. En tanto se incrementaban las sanciones, según la experiencia de cruce y de detención, también se generaron procesos reflexivos en estas personas que evaluaban las consecuencias de arriesgarse a cruzar la frontera en estas condiciones.

A partir del 2005, Don Pedro fue procesado tres veces a prisión por haber sido detenido guiando y cruzando migrantes de manera no autorizada, la primera vez con una sanción de veinticuatro meses, la segunda con una condena de dieciocho y la tercera vez fue recluido durante cincuenta meses. Don Pedro comenta que su experiencia de vida en la cárcel fue muy dura pues había muchos conflictos entre pandillas y no había manera de que ningún prisionero se coloque fuera de ese círculo. Don Pedro salió de la cárcel en 2012 y enseguida lo deportaron para Tijuana. Desde ese momento no ha vuelto a cruzar. Conversando sobre posibles nuevos intentos de cruce, comentó que prefiere desistir de dichas tentativas por temor a que le otorguen una sanción tan ejemplar y que ahí dentro se prolongue por más tiempo del otorgado por el juez.

La bronca está al cruzar el cerco (muro fronterizo) p' allá, en una que nos agarren, lo pasan a uno a tocar piano (identificación dactilar) y pues va pa' adentro (a la prisión) y pues si fueran unos cuantos meses, sí, no hay bronca (problema), 6 o 7 meses, pero ya cuando ya tiene uno número (cuando tiene antecedentes penales), ya no se puede dar ese lujo de estar yendo y viniendo, ya no, por eso es que no conviene. En mi caso, no puedo aventarme nomás así a lo loco, tengo que pensar primero lo que voy a hacer, porque está muy cabrón estar torcido (prisionero); mucha bronca allá adentro (en la prisión) (Don Pedro, entrevista, 2016).

Así, ante la reincidencia en el cruce y la detención, los ahora habitantes de calle fueron incorporando afectivamente estas penalizaciones y sus narrativas se expresan en la forma de determinadas sensaciones y emociones vinculadas al miedo que les produce volver a cruzar, ser detenido e incrementar el tiempo que puedan pasar en prisión.

Ya no (ha intentado cruzar), tengo miedo, es mucho tiempo el que me dan, si me agarran otra vez me condenan 10 años, y todavía tengo que cumplir el probation (condicionamiento) y llevo apenas dos […] (Pelón, entrevista, 2016).

[…] llega uno y ve el cerco (valla fronteriza) y mientras estás de este lado pues no se siente nada pero cuando cae uno de aquél lado del cerco se siente una sensación bien fea en las piernas, como que se le quieren flaquear a uno, como el miedo, […] yo pienso que es por las broncas que uno trae, en una que lo aperinguen (detengan) ya no vuelve uno hasta dentro de tiempo para volver a pisar las calles y entonces por eso pienso yo que siento el miedillo. Antes cuando yo empecé a entrar, no sentía miedo yo, cuando todavía no había cerco, nos metíamos así nomás, a veces por aquí, a veces por la Mesa de Otay, muy a gusto, como que el cerco sí te paniquea y más que no se puede uno echar pa' atrás (Don Pedro, entrevista, 2016).

El muro fronterizo, entonces, se convierte para estas personas en un indicador del peso que tiene el aparato estatal para detener sus intentos de movilidad transfronteriza. “El cerco” es un recordatorio constante de que hay una estructura estatal que está desplegando grandes sumas de recursos y de fuerzas para detener y repeler la presencia de personas como ellos en Estados Unidos. Los esfuerzos de más de veinticinco años de levantar barricadas en la frontera (Nevins y Dunn, 2008) y de extenderlas al interior –como el caso del programa Comunidades Seguras– ha logrado infundir temor en estas personas. Todo lo cual ha tenido como corolario la sensación de acorralamiento y la posterior apropiación de las calles de los linderos tijuanenses.

La reconfiguración del mercado tijuanense de drogas y el reforzamiento fronterizo

Los esfuerzos para reforzar la frontera no solo se hicieron en el ámbito migratorio sino que se conjuntaron con el combate antinarcóticos lo que reconfiguró el mercado local de distribución de drogas, de manera que las dosis se hicieron más accesibles para su consumo por parte de estas poblaciones.

El reforzamiento de la frontera también ha estado en función de la larga lucha contra el trasiego de drogas ilegales a Estados Unidos. Fue Nixon quien comenzó a hacer públicamente declaraciones sobre “luchar contra las drogas”, creando la DEA y diversas operaciones antidrogas que impactaron en México, como la Operación Cóndor. Sin embargo, fue el presidente Reagan quien firmó la Decisión Directiva de Seguridad Nacional que designaba el tráfico de drogas desde México como una amenaza para la seguridad del país, declarando en 1989 oficialmente una “guerra contra las drogas” (Dunn, 1996). Como mencionamos, aquí se comenzaron a vincular los esfuerzos por controlar tanto el flujo de drogas como el de migrantes a través de la frontera México-Estados Unidos. De igual manera, esto abrió la puerta a la participación militar en las operaciones de reforzamiento fronterizo que se incrementarían después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (Akers, 2010).

Los esfuerzos binacionales para el combate contra las drogas se resintieron de manera particular en la región fronteriza, pues mientras los Estados Unidos integraban funciones de seguridad en los límites sur de su territorio –como el levantamiento de muros, la vigilancia por parte de la patrulla fronteriza y sus tareas integradas que combatían lo mismo migración indocumentada, como narcotráfico y terrorismo– en México se declaró una guerra frontal que generó luchas intestinas en los grupos del narcotráfico al ser descabezados por el gobierno federal. Las disputas internas por el control de la distribución de las drogas, cuya producción al interior del país aumentó en estas mismas décadas (INCB, 2009), se liaron con la enorme dificultad que ahora implicaba cruzarlas hacia Estados Unidos.

A la par, en tanto los consumidores estadunidenses han mantenido vivo el mercado de las drogas ilegales proveídas por el narco mexicano, estas organizaciones pasaron de ser de distribuidores en los años noventa a ser productores de las mismas en las últimas décadas (Cuamea, 2017). Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (INCB por sus siglas en inglés),

el abuso de drogas, que solía limitarse a determinadas zonas de México, se está extendiendo por todo el país, fenómeno que se puede atribuir en parte al efecto indirecto del narcotráfico y a los intentos de las organizaciones de narcotraficantes de crear mercados locales (INCB, 2009, p. 73).

Ahora bien, según varias investigaciones (Gonzáles Reyes, 2011; Brouwer et al., 2006; Velasco y Contreras, 2011) en las décadas alrededor del cambio de siglo se definió un patrón espacial en el consumo de drogas donde el norte del país presentaba las tasas de consumo más altas. Dentro de dicha región, las zonas de tráfico, es decir, las diversas ciudades en la franja fronteriza, eran las de mayor consumo. Tijuana y Ciudad Juárez se colocaron como la primera y segunda ciudad con mayores tasas de consumo en el país, triplicando (alrededor de 15%) y duplicando (alrededor del 10%) respectivamente la tasa promedio nacional (5,7%).

Así, aunado a la dificultad de cruzar la droga, investigaciones han elaborado sobre cómo en la primera década del siglo XXI los cargamentos de cocaína y metanfetaminas descendieron radicalmente en Estados Unidos (Velasco y Contreras, 2011), de lo que se deduce que dicha droga tenía que ser recolocada en un mercado local en las áreas de cruce como Tijuana y Ciudad Juárez. De manera que en tanto el uso de drogas aumentó en las fronteras y los conflictos internos entre bandas de narcos aumentaron, la distribución minorista en las fronteras dejó de ser una empresa de pequeña escala para ser absorbida por los grandes cárteles de las drogas,

las ventas al menudeo en Tijuana ahora están también bajo el control de los grandes carteles, con vendedores de droga pagándoles “protección”. Estas redes basan sus operaciones en la fábrica social de la ciudad – en barrios pobres, bajo la protección de bandas locales, y con la complicidad frecuente de la policía (Velasco y Contreras, 2011, p. 68).

A pesar de los esfuerzos por combatir el consumo y distribución de drogas y de haber militarizado las calles de la ciudad, en plena “guerra contra el narco” del presidente Calderón, se evaluó la existencia de “más de 4 mil narcotienditas” (Garduño, 2009, p. 8) coludidas con la policía. El negocio de las drogas, reconfigurado hacia el mercado local, facilitó económicamente el acceso a micro dosis, sobre todo de metanfetaminas, en las regiones fronterizas.

Ahora bien, varios de los actuales indigentes en Tijuana comenzaron a consumir drogas mucho tiempo antes de llegar a vivir a las calles. Una mirada a través de las biografías de algunos entrevistados, manifiesta que muchos de ellos comenzaron el consumo de drogas en Estados Unidos. Esta situación denota que iniciar o atravesar por una etapa de consumo de sustancias –alcohol o drogas– del lado americano de la frontera es uno de los factores que operan en el proceso de precarización transfronterizo que viven estas personas.

Así, hubo quienes comentaron que las redes en las que se insertaban en Estados Unidos estaban en contacto directo con el mundo de las drogas. Quienes conocieron las drogas del lado americano de la frontera –a diferencia de los que lo hicieron del lado mexicano– relataron haber atravesado por un proceso paulatino de drogas “blandas” hacia drogas “fuertes”: empecé como todos, con la mariguana, y luego la cocaína, y luego conocí el cristal (Ñero, entrevista, 2016).

Los interlocutores que comenzaron a usar drogas del lado mexicano de la frontera lo hicieron directamente con anfetaminas y “drogas duras”, en lugar de comenzar con mariguana o cocaína

Cristal, directito al cristal […] lo conocí porque los concuños que tenía en ese momento que ahorita ya todos fallecieron, pues unos traficaban otros andaban en esto y me regalaron droga […] y ahí empezamos (Pelón, entrevista, 2016).⁷

Esto tiene sentido en tanto, como se mencionó, el acceso a las micro dosis de anfetaminas se hizo muy accesible en las primeras décadas del siglo XXI, a partir de las políticas de reforzamiento estructural de la frontera que multiplicaron el combate contra las drogas y reconfiguraron un mercado local de narcóticos.

Algunos de los ahora indigentes manifestaron que una de las razones por las que están “atrapados” o “estancados” en las calles de Tijuana tiene que ver con el fácil acceso al consumo de drogas, lo que puede aligerarles el hambre o algún dolor,

es más fácil conseguir cincuenta pesos, comprarte un globo (dosis de metanfetaminas) y se te quita el hambre, se te quita el frío, se te quitan los sentimientos, bueno, no se te quitan, se te adormecen un rato y es más fácil. Con 50 pesos, no voy a comer, no voy a encontrar un lugar donde dormir (Ñero, entrevista, 2016).

Podemos observar con este ejemplo, que las poblaciones callejeras usuarias de drogas se mantienen atrapadas en la calle por un sentido de urgencia que los permea, una matriz de prácticas y significados limitada a sus urgencias y necesidades cotidianas. Es, de alguna manera, una forma en la que ellos se mantienen luchando para sobrevivir en las calles, una forma de orientar hacia el presente los resultados de sus acciones. Pero también un indicativo de que son procesos corporales, más que reflexivos, los que orientan el curso de acción cuando se internan con drogas en el proceso de precarización en las calles de la ciudad; es decir, este consumo se resiente antes que nada en el deterioro del cuerpo. Por lo tanto, la capacidad de acción no sólo depende de la orientación reflexiva e individualista sino de procesos afectivos preconscientes, “encuerpados” y no dependientes de la conciencia humana –observados en la desnutrición, el maltrato corporal, la debilidad de sus funciones orgánicas, las emociones negativas de vergüenza y soledad– que también participan en el debilitamiento de la capacidad transformadora de su situación callejera.⁸

Por lo anterior, el mantenimiento de la vida en la calle por el consumo de drogas se relaciona con un proceso transfronterizo de uso, consumo y reordenamiento de la distribución de drogas a partir del reforzamiento de la frontera. Sin embargo, como puede observarse, el uso de drogas está permeado por un sentido de urgencia que los ayuda a resolver necesidades cotidianas. Esta situación, cruzada con la carencia de redes socioafectivas, ayuda a entender que un factor del “atrapamiento” en Tijuana también tiene que ver con este proceso de reestructuración en torno al consumo de drogas en la frontera.

Narcotráfico y escenarios violentos fronterizos

Diversos investigadores han señalado que el incremento de la violencia en México finca sus raíces en un entramado complejo que involucra las políticas de la lucha contra las drogas alentadas por EUA (Dunn, 1996), un régimen gubernamental autoritario y corrupto –instanciado en el Partido Revolucionario Institucional– que solapó por mucho tiempo el crimen organizado (Donnely y Shirk, 2009; Astorga, 2009), la fragmentación en el control político de los diferentes estados del país impulsada por la transición democrática de los últimos 30 años (Astorga, 2015), la guerra frontal al narcotráfico durante gobiernos de la alternancia −2000/2012– (Astorga, 2015; Shirk y Wallman, 2015) y la división consecutiva e intermitente de los cárteles –muchas veces promovida por el abatimiento de sus líderes por parte del gobierno– que llevaban a cabo luchas intestinas para tener el control de la distribución de la droga (Shirk, 2014; Heinle et al., 2017; Shirk y Wallman, 2015).

En este escenario, ya bien entrado el siglo XXI, los líderes del contrabando de migrantes se han aliado con los narcotraficantes mexicanos y controlan tanto los flujos humanos como los flujos de narcóticos en las zonas fronterizas,

Existe evidencia que sugiere que la guerra contra las drogas ha tenido un serio impacto en la rentabilidad del tráfico de esta mercancía y esto ha provocado que los cárteles diversifiquen sus actividades para reponer los ingresos perdidos, incursionando en asaltos y secuestros (Slack y Whiteford, 2011, p. 93).

La violencia desatada por la lucha contra el narcotráfico en México a partir de 2008 también llegó hacia los nuevos espacios de cruces clandestinos, lo que hacía más peligrosos los intentos de ir al otro lado. Miembros de grupos del narcotráfico tenían presencia en zonas de cruce de migrantes. Esta situación tuvo repercusiones en las decisiones para actuar de estas personas. Es decir, elementos provocados por procesos estructurales fueron sopesadas por los actuales habitantes de calle, y se manifiestan, como veremos, en una serie de temores y emociones.

La vulnerabilidad de estas personas no se extinguió cuando fueron deportados a territorio mexicano, donde, hipotéticamente, debieron dejar de sentirse vulnerables. Al contrario, no tener identificación e involucrarse en el fuego cruzado de la guerra contra las drogas entre policías y narcos, aumentó su sensación de vulnerabilidad. Esta sensación, incrementada gracias al cruce de la violencia contra el narcotráfico y la vigilancia extrema por parte de la patrulla fronteriza, generó dos situaciones en los relatos recabados en campo: por un lado, impulsó a estas personas a involucrarse en el trasiego de drogas como “burrero” (cargador de droga) como una opción para subsistir, y por otro lado, creó un “miedo” de ser secuestrado y lastimado por parte de estas organizaciones, lo que en última instancia colaboró en la decisión de quedarse en la ciudad de Tijuana.

Slack y Whiteford (2011) observaron que los migrantes que se involucraron en el sistema de violencia en la frontera argumentaron que tomaron dicha decisión para contrarrestar los efectos estructurales (cerramiento de las fronteras y guerra contra el narco) y mitigar la vulnerabilidad y marginación en que esta situación los colocaba. Algunos de los entrevistados testimoniaron que se introdujeron al negocio de “burrear” (cruzar droga en sus espaldas) para tener solvencia económica ya que los habían deportado a México y eran las únicas redes que conocían.

Por otro lado, el temor a ser secuestrado o “levantado” por las bandas criminales que ahora controlaban el paso de la frontera se hizo evidente en el testimonio del Solín,

pero ya no me gustó por los peligros que empecé a pasar, […] cuando empecé a escuchar rumores de secuestros y compañeros míos y conocidos que bajaban o llegaban asustados de allá del cerro, que los habían secuestrado, entonces ya no quise arriesgar […] y mejor dejé de intentarle, desde entonces, desde que empecé a escuchar rumores de secuestro ahí mismo, porque eran las áreas donde yo me iba, Tecate, Valle Redondo, todo eso (Solín, entrevista, 2016).

Por lo anterior, otra de los factores de quedarse “atrapados” en la frontera tiene que ver con la emergencia de la violencia estructural provocada por el cerramiento de las fronteras, el exacerbamiento de la guerra contra las drogas, las luchas intestinas de las bandas del narcotráfico y la ampliación de sus actividades criminales hacia el control de todo tipo de cruces ilícitos a través de la frontera. La presencia de grupos criminales en los puntos de cruce clandestinos provocó reacciones tan disímiles como la incorporación a sus filas o como el temor a ser secuestrado por estas bandas criminales. En todo caso, ambas situaciones revelan que el impacto de la presencia de la violencia criminal en la frontera ha sido de tal magnitud que ha puesto contra el muro, literalmente, a estas personas que fueron deportadas.

Conclusiones: atrapados en la incertidumbre de la frontera

Si durante las últimas tres décadas del siglo pasado los actuales habitantes de calle utilizaban los conocimientos que tenían de rutas clandestinas para cruzar a Estados Unidos o vivían en dicho país de manera furtiva, entrado el siglo XXI estas estrategias se fueron mostrando cada vez más ineficientes ante la nueva instrumentación del reforzamiento del dispositivo fronterizo por parte del gobierno norteamericano y de la emergencia de un escenario violento en las ciudades fronterizas. Los factores por los que estas personas se enfrentaron a una sensación y dinámica de “atrapamiento” en Tijuana a partir de los últimos dos lustros –deportación, consumo de drogas y violencia– se agregaron al proceso de precarización que venían arrastrando.

Además de carecer de cualquier tipo de herramienta legal para cruzar hacia Estados Unidos y de perder contacto con vínculos socioafectivos con los cuales establecer una red de cuidado al estar deportados en Tijuana, estas personas manifestaron una sensación de vulnerabilidad al regresar solitarios a una ciudad y con el temor de volver a ser encarcelados ante el endurecimiento de la política migratoria estadunidense. Aún más, las condiciones sociales de incertidumbre para su sostenibilidad se volvieron más frágiles ante el involucramiento en el consumo de drogas y ante la exacerbada violencia debido a la presencia de grupos del narcotráfico en la frontera de Tijuana. El “atrapamiento” en la frontera condensa una serie de despojos, vulnerabilidades e indefensiones sociopolíticas acumuladas, a partir de las cuales estas personas tuvieron que reajustar las orientaciones de su acción y buscar sobrevivir en las calles de la ciudad de Tijuana.

Como las posibilidades individuales de acción estaban tan deterioradas por el proceso transfronterizo de precarización, la única forma de no llegar a habitar las calles tenía que ver con la existencia de fuerzas sociopolíticas externas que los ayudasen a vincularse socialmente en la ciudad. Sin embargo, la conjunción de los procesos históricos y los factores contextuales relatados, colocaron el marco estructural que facilitó el internamiento hacia las calles de personas que llegaron a Tijuana carentes de algún tipo de redes sociales de apoyo y sin resguardo de los inexistentes programas gubernamentales de reinserción social integral para el migrante deportado. Es por ello que, sería necesario la intervención estatal para implementar este tipo de programas de atención a repatriados provenientes de Estados Unidos –para no dejarle el trabajo a la sociedad civil que ha hecho un trabajo encomiable al respecto –, donde el enfoque sea de largo plazo respecto a la integración social y laboral y no sólo reactivo ante la emergencia humanitaria.

• 1
  Todas las traducciones de textos originales en inglés en este documento son de autoría propia.
• 2
  La investigación mas amplia es una colaboración en torno a los debates agencia-estructura cuando las condiciones de precarización son extremas y están localizadas en geografías violentas como la frontera México-Estados Unidos. Sin embargo, por cuestión de espacio estas reflexiones no se colocarán aquí.
• 3
  En este contexto, los procesos de precarización se configuran en relación al efecto limítrofe nacional de la frontera, la cual juega un papel desencadenante en el devenir de este proceso pues opera desigualmente como contenedor o como posibilitador de movilidades poblacionales. En la ciudad de Tijuana, esta problemática social adquiere una tónica particular debido a la inherente condición de desigualdad entre dos espacios nacionales, al aseguramiento de la frontera, al apuntalamiento de un estado de seguridad y al hecho de ser un nodo importante en el complejo movimiento de las dinámicas globales en la región.
• 4
  Tal es el caso de las leyes firmadas por Clinton que facilitaban la deportación de migrantes indocumentados tales como la Aedpa (Antiterrorism and Effective Death Penalty Act) y la Iirira (Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsability Act). Impulsadas por un lobby restriccionista que ha tenido una fuerte influencia en la Casa Blanca durante los últimos 30 años (Holland, 2014), estas leyes en conjunto estipulaban una lista de delitos que, a partir de ese momento, se considerarían graves y facilitaban la ruta para la deportación.
• 5
  Se utilizan seudónimos para denominar a los entrevistados.
• 6
  Si bien el retorno forzado impactó en la ruptura de proyectos de vida familiares que se estaban llevando a cabo del lado norte de la frontera –como en el testimonio mostrado–, el análisis de las narrativas revela que hubo otros factores involucrados en la disolución de vínculos familiares (y que tienen que ver con la comisión de delitos mayores), como el encarcelamiento debido al involucramiento en actividades ilícitas o el consumo de drogas.
• 7
  Aunque no se abunde en ello, aquí se asume que la ingesta de alcohol también fue parte, en casi todos los casos, de la iniciación al consumo de otras sustancias más agresivas. Aunque estas personas no coloquen al alcohol en el mismo nivel de alteración que las drogas, el alcohol ha incidido en sus vidas ampliamente y ha operado a la par que el consumo de otras sustancias.
• 8
  En Del Monte (2018) documento y desarrollo ampliamente cómo sus cuerpos procesan la precarización, no sólo instanciada en el consumo de drogas sino en todo tipo de prácticas que llevan a cabo en la ciudad viviendo en espacios residuales.

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Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  08 Abr 2019
• Fecha del número
  Jan-Apr 2019

Histórico

• Recibido
  15 Mayo 2018
• Acepto
  20 Nov 2018
• Publicado
  01 Mar 2019