Resumen
El Plan de Acción Brasil PAB (2014-2024), se impulsó a partir de la evaluación del Plan de Acción México (2004-2014) que en sus programas planteó respuestas a la crisis desatada por la migración forzada transfronteriza colombiana en la primera década del siglo XXI, una de las épocas más cruentas del conflicto armado interno. Un fenómeno que persistió, aunque con niveles decrecientes, durante el proceso de los diálogos de paz (2012-2016) y tras la firma del Acuerdo Final entre el Estado colombiano y las antiguas FARC-EP (2016). Entre el 2000 y 2016, cerca del 80% de la migración forzada colombiana se enmarcó en flujos sur-sur. Colombia se ubicó durante los primeros quince años del nuevo siglo, como el principal país de origen de personas con necesidades de protección internacional de la región. En el marco de la segunda evaluación trienal del PAB, se realizaron grupos focales y entrevistas a profundidad a 166 personas de distintas nacionalidades, con necesidades de protección internacional en cinco países de América Latina. El objetivo fue contrastar las respuestas recibidas por las poblaciones afectadas con la formulación y aplicación de los marcos de respuesta regional. Los hallazgos evidenciaron que, los estándares de protección son aún frágiles frente a la inestabilidad política de la región; sin compromisos políticos de largo plazo los marcos de respuesta resultan temporales e inciertos.
Palabras clave:
Plan de Acción Brasil; protección internacional; asilo y refugio; Colombia
Abstract
The Brazil PAB Action Plan (2014-2024), was promoted based on the evaluation of the Mexico Action Plan (2004-2014), which proposed responses to the crisis unleashed by Colombian cross-border forced migration in the first decade of the XXI century, when the internal armed conflict intensified. A phenomenon that persisted, although with decreasing levels, during the peace talks (2012-2016) and after the signing of the Final Agreement between the Colombian State and the former FARC-EP (2016). Between 2000 and 2016, close to 80% of Colombian forced migration took place in the South. During the first fifteen years of the new century, Colombia was the main country of origin of people in need of international protection in the region. Within the framework of the second triennial evaluation of the PAB, focus groups and in-depth interviews were carried out with 166 people of different nationalities, with needs for international protection in five Latin American countries. The objective was to contrast the responses received by the affected populations with the formulation and application of the regional response. The findings showed that protection standards are still fragile in the face of political instability in the region. Without long-term political commitments, responses are temporary and uncertain.
Keywords:
Brazil Action Plan; international protection; asylum and refugee; Colombia
Introducción
Las transiciones políticas que se dieron en la región de América Latina en la década del ochenta con el fin de cruentas dictaduras militares y en la década del noventa con la firma de acuerdos de paz, instalaron para inicios del nuevo siglo un discurso de la región como territorio de paz. Sin embargo, las conflictividades sociales estallaban en muchos lugares ante el empobrecimiento que supuso la imposición de un modelo económico que favoreció la concentración de la riqueza. En Colombia, el conflicto armado originado a mediados de la década del sesenta permaneció y se extendió en un complejo contexto de crisis social e institucional.
Hacia 1998 se instaló proceso de diálogos de paz entre el gobierno de la época y las FARC-EP1 1 Desde el surgimiento del conflicto armado en 1964, el Estado colombiano ha instalado diálogos de paz, con las organizaciones insurgentes, que han llevado a acuerdos de paz parcialmente cumplidos: Diálogos de La Uribe-Meta gobierno de Belisario Betancurt (1982-1986), Diálogos de cese al fuego en el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), Diálogos de Caracas y Tlaxcala con Cesar Gaviria (1992-1996), Diálogos del Caguán gobierno de Andrés Pastrana (1998-2022) y Diálogos de la Habana con Juan Manuel Santos (2012-2016). . El proceso se desarrolló en medio de una ofensiva de grupos paramilitares en zonas urbanas y rurales con graves impactos humanitarios: homicidios, desapariciones forzadas y desplazamientos. Al mismo tiempo se diseñó el Plan Colombia, una estrategia de participación militar de los Estados Unidos en el conflicto interno.
Para 2002 el gobierno de la época puso fin al proceso de diálogo y se inició una escalada del conflicto armado, sostenida y profundizada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), periodo que se constituyó en uno de los más cruentos en materia de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (CNMH, 2013Centro Nacional de Memoria Histórica. Informe general, Grupo de Memoria Histórica. ¡Basta Ya!: Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad. Bogotá: CNMH, 2013.). La ruptura de los diálogos y su periodo siguiente, generaron grandes desplazamientos forzados internos y transfronterizos o internacionales que configuraron situaciones de crisis humanitaria en las fronteras con Ecuador, Panamá y Venezuela (CNMH, 2018______. Exilio colombiano. Huellas del conflicto armado más allá de las fronteras. Bogotá: CNMH, 2018.).
Este desplazamiento forzado internacional se encontró con la convivencia de normativas referidas a la protección internacional promulgadas en democracia, desde una perspectiva de derechos humanos como las de Argentina, Brasil y Uruguay; y con otras proclamadas en dictadura desde una perspectiva autoritaria, como la de Chile. Mientras que la primera visión pretendió dar respuestas con un enfoque humanista, la segunda lo hizo como un asunto de seguridad nacional (Novick, 2012NOVICK, Susana. Migraciones en el Cono Sur: políticas, actores y procesos de integración. Los casos de Uruguay, Paraguay y Chile. Rev. Perspectivas, v. 42, p. 79-114, 2012.).
Durante la primera década del siglo XXI, los gobiernos suramericanos2 2 A mediados de la década de los ochenta del siglo pasado, los países del Cono Sur recuperaban la democracia y veinte años después, dirigentes políticos que habían sido perseguidos por las dictaduras, se imponían en las urnas en las elecciones presidenciales, Tabaré Vásquez (2005-2010) en Uruguay, Néstor Kischner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en Argentina, Michell Bachelet (2006-2010) en Chile e Ignacio Lula Da Silva (2003-2011) en Brasil. Mientras que, en Colombia se mantenían prácticas autoritarias bajo el gobierno de Álvaro Uribe (2001-2010). a la vez que impulsaban la construcción de un bloque regional adelantaban acciones y pronunciamientos en favor de la salida política y negociada del conflicto armado (Pérez, 2016PÉREZ, María Cristina. El involucramiento de actores externos en el conflicto armado colombiano 1998-2010. Tesis para optar al título de: Magíster en Relaciones Internacionales, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina, 2016.), en medio de situaciones de tensión diplomática con Colombia entre las que sobresalieron: i) la declaración de emergencia humanitaria en Ecuador y Venezuela por el desplazamiento forzado transfronterizo de población colombiana, ii) la ruptura de relaciones diplomáticas del gobierno colombiano con Ecuador y Venezuela, iii) la constitución de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR, iv) la firma del Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR y del Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile y v) el Acuerdo e implementación del Programa de Reasentamiento Solidario en el marco del Plan de Acción México.
La migración forzada colombiana, en los primeros 15 años del nuevo siglo previos a la firma del último acuerdo de paz, puso en evidencia la debilidad del sistema de protección internacional en la región suramericana; cientos de miles de personas desplazadas por la violencia sociopolítica procedentes de Colombia lideraron las estadísticas de solicitudes de protección internacional, que hasta hoy tienen una importante incidencia en los sistemas de asilo; el aumento significativo de solicitudes de refugio y su complejidad “evidenciaron falencias de sistemas de asilo poco desarrollados y carentes de recursos humanos, financieros y materiales” (Marcogliese, 2019MARCOGLIESE, María José. Los sistemas de asilo frente a las crisis de refugiados: el panorama en el Sur de América. Périplos, Revista de Investigación sobre Migraciones, v. 3, n. 2, p. 22-51, 2019., p. 24).
El presente artículo transita rápidamente las dinámicas del conflicto colombiano entre los años 2000 y 2016, desde su mayor escalamiento hasta la firma del acuerdo de paz, visibiliza la migración forzada transfronteriza causada en ese marco de violaciones a los derechos humanos y propone un diálogo inicial entre los marcos de respuesta regional y la experiencia relatada por personas con necesidades de protección. Las entrevistas fueron tomadas en 2021 aún en el contexto de la crisis sanitaria por COVID 19 y se realizaron de cara a la publicación del segundo informe de evaluación trienal del Plan de Acción Brasil.
El artículo se desarrolla en cuatro apartados. El primero, presenta una breve introducción sobre el desplazamiento forzado internacional de la población colombiana durante las dos primeras décadas del siglo. El segundo, ofrece una síntesis de los dos planes regionales que orientan las políticas de integración y acogida de personas con necesidades de protección internacional; en el tercero, se contrastan experiencias de personas refugiadas y solicitantes de asilo con lo propuesto en los programas Asilo de Calidad y Fronteras Solidarias y Seguras del Plan de Acción Brasil; finalmente, el cuarto apartado expone a modo de conclusión, algunas reflexiones finales.
Aproximaciones al desplazamiento forzado transfronterizo desde Colombia
Colombia es uno de los países del mundo, y el único en el continente, en el que se ha sostenido un conflicto interno armado por más de medio siglo y con raíces históricas heredadas de las guerras de independencia. Durante el siglo XIX, el país estuvo atravesado por nueve guerras civiles; el siglo XX inició con la guerra de Los Mil Días y en su segunda mitad, tras el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, estalló la época conocida como La Violencia, antesala del conflicto interno armado que se extendió desde 1964 hasta nuestros días (Sánchez, 1990SÁNCHEZ Gonzalo. Guerra y Política, En La Sociedad Colombiana. Rev. Análisis Político, n. 11, p. 7-27, septiembre/diciembre 1990.; González, 2004GONZÁLEZ, Fernan. A propósito de “Las palabras de la guerra”: los comienzos conflictivos de la construcción del Estado nación y las guerras civiles de la primera mitad del siglo XIX. Rev. Estudios Políticos, n. 25, p. 37-70, julio-diciembre 2004.; Ortiz, 2021ORTIZ, Diana. Una aproximación a las dinámicas del exilio colombiano en el Cono Sur de América Latina durante las dos primeras décadas del siglo XXI. Revista de la Red Intercátedras de Historia de América Latina Contemporánea, v. 8, n. 14, p. 220-244, 2021.). En los últimos 40 años, además de la intensificación del conflicto, el país da cuenta de varias mesas de diálogos de paz y acuerdos parciales entre el Estado y las insurgencias, el último de ellos firmado con la en otrora guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
A lo largo de su historia republicana, Colombia registra desplazamientos forzados internos y transfronterizos de grandes magnitudes. El periodo de La Violencia desató el primer desplazamiento masivo sin precedentes demográficos en el país, pasando -en menos de una década- de tener el 70% de su población rural a un 30%, acelerando el proceso de urbanización nacional. La segunda oleada de migración forzada masiva se registró hacia mediados de los años noventa hasta entrado el nuevo siglo, a raíz de la incursión paramilitar a lo largo de la geografía nacional, incrementándose la proporción poblacional urbana en detrimento de la ruralidad.
El inicio del nuevo siglo se caracterizó por el aumento significativo del desplazamiento forzado internacional o transfronterizo, particularmente hacia países del sur del continente; Celis y Aierdi (2015CELIS, Raquel; AIRDEI, Xavier. ¿Migración o desplazamiento forzado? Las causas de los movimientos de población a debate. Cuadernos Deusto de Derechos Humanos Núm. 81, Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Universidad de Deusto, 2015.) proponen esta categoría para hacer referencia al universo de personas que decide migrar porque su vida, integridad o seguridad se vieron deterioradas a causa de conflictos sociales, armados, políticos, étnicos, ambientales, implementación de megaproyectos o cuando el retorno implica riesgos de sufrir tortura, tratos crueles, inhumados o degradantes. En esta categoría se encuentran quienes demandan o requieren protección internacional. Y como plantea Castles, el desplazamiento forzado transfronterizo se determina por los hechos violentos que lo generan, independientemente que el Estado de destino haya decidido o no el reconocimiento como refugiados, o que no haya sido solicitado por sus víctimas (Castles, 2003CASTLES, Stephen. The age of migration. New York: Palgrave Macmillan, 2003., p. 132).
La magnitud del desplazamiento forzado internacional de origen colombiano ubicó al país, en los primeros 15 años del siglo XXI, como el lugar de origen en la región con el mayor número de población con necesidades de protección internacional o de interés para la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas y, como el único con población en situación de refugio de larga duración (ACNUR, 2015______. Evaluación de Programas de Reasentamiento en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Consultor Ruiz Hiram, 2015.).
A finales de la primera década del siglo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugios señaló que cerca de 120 mil personas colombianas necesitadas de protección internacional se encontraban en zonas fronterizas con Venezuela (Zulia, Táchira y Arauca), entre 130 mil y 140 mil en la frontera con Ecuador y advirtió el riesgo que corría la población tras la invisibilidad a la que era sometido el fenómeno (ACNUR, 2010______. El Plan de Acción de México para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina Principales avances y desafíos durante el período 2005-2010. Octubre 2010.). Durante la primera década del actual siglo, el 60% de las solicitudes de refugio en los países del Cono Sur correspondían a población colombiana, con un incremento anual sostenido y mayor al 10% (Ortiz, Kaminker, 2014ORTIZ, Diana; KAMINKER, Sergio. Suramérica y los refugiados colombianos. REMHU, Revista Interdisciplinar da Mobilidades Humana, Brasília, Ano XXII, n. 43, p. 35-51, jul./dez. 2014.).
Del Plan de Acción México al Plan de Acción Brasil
Los países de América Latina cuentan con un robusto marco normativo en materia de refugio, derivado de los instrumentos internacionales como la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados; y de instrumentos regionales como la Declaración de Cartagena de 1984, acuerdos en materia de Derechos Humanos como la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos.
La Declaración de Cartagena sobre Refugiados amplió la definición de refugiado de la Convención de 1951 al incorporar como criterios de elegibilidad la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.
Transcurridos 20 años de la promulgación de la Declaración de Cartagena, veinte países latinoamericanos y la oficina del Alto Comisionados de las Naciones Unidas para los Refugiados desarrollaron consultas subregionales que permitieron adoptar la Declaración y el Plan de Acción México (2004-2014). En el contexto de la época avanzaban dinámicas de integración regional sur - sur y se reposicionaban los enfoques de Derechos Humanos como componentes de política pública.
Para ese momento, el balance de situación de los refugiados en la región incluido en el Plan de Acción México (PAM) destacaba dos dinámicas diferenciadas: la de flujos de personas con necesidades de protección que atravesaban el continente y la crisis humanitaria de la región andina generada por los desplazamientos forzados en Colombia y su impacto en los países de frontera. Sobre la dimensión de esta crisis humanitaria el Plan consideró que:
En la región andina la magnitud del desplazamiento forzado se ve opacada por un contexto en el que muchas personas que requieren protección optan por el anonimato, la dispersión y, por ende, no solicitan formalmente protección internacional. (ACNUR, 2004Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Declaración y Plan de Acción de México Para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina. 16 de noviembre del 2004, Ciudad de México, 2004., p. 6)
Más adelante el mismo plan cita que, en la Reunión Subregional Preparatoria realizada en septiembre de 2004 en Cartagena, los representantes de Ecuador, Panamá y Venezuela manifestaron desconocer la magnitud real de la problemática de los refugiados.
Dada la situación imperante en el país de origen, y las dificultades económicas de los países de recepción, se presume que un número considerable de los colombianos indocumentados o en situación migratoria “irregular” requieren protección y asistencia humanitaria. Sin embargo, en su mayoría, permanecen “invisibles” y, por tanto, vulnerables y marginados. Los países de recepción manifiestan voluntad para cumplir con sus obligaciones internacionales de protección, pero asimismo preocupación por la magnitud del problema humanitario cuya dimensión real aún se desconoce. (ACNUR, 2004Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Declaración y Plan de Acción de México Para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina. 16 de noviembre del 2004, Ciudad de México, 2004., p. 11)
Sin embargo, el balance regional evidencia que, pese al alto nivel de adhesión a la Convención del 51 y al Protocolo del 67, no todos los países habían desarrollado marcos normativos internos de aplicación o había debilidades en su capacidad de respuesta. Estas debilidades se manifestaban en: demoras excesivas en la resolución de las solicitudes, en la baja capacitación de los funcionarios responsables de los procedimientos y en el desconocimiento de normas y protocolos en zonas sensibles de frontera. Esta situación, sin duda, tuvo un impacto negativo en el acceso a la protección y favoreció la invisibilización de poblaciones con necesidades de protección, entre ellas, la de origen colombiano.
En relación con el acceso a la Protección Internacional para los refugiados, el Plan de Acción México, trazó dos líneas de acción: Investigación y desarrollo doctrinal y Formación y fortalecimiento institucional. Sobre Investigación y desarrollo doctrinal, se propuso fortalecer la relación entre los Estados con ACNUR, con los órganos de Derechos humanos del Sistema Interamericano y desarrollar procesos de investigación sobre los marcos de protección y criterios de aplicación.
En lo referido al fortalecimiento institucional, consideró componentes de formación y capacitación a funcionarios de distintas instituciones y ramas relacionados con la población con necesidades de protección, desde integrantes de las Comisiones Nacionales de Refugiados (CONARE) hasta personal judicial y de fronteras.
El Fortalecimiento de las CONARE, pretendió desarrollar sus capacidades técnicas de respuesta, garantizar el respeto por las normas del debido proceso y simplificar y agilizar trámites. Así como, fortalecer la relación con las organizaciones de la sociedad civil y organismos de Derechos Humanos.
El PAM formuló un capítulo sobre soluciones duraderas, en el que se reconoció el retorno voluntario, seguro y digno como la mejor respuesta posible, pero no se definió ni propuso acciones que lo hicieran conducente. La integración local de las personas refugiadas continuó siendo el principal desafío; sobre este aspecto se propusieron tres programas: Ciudades Solidarias, Fronteras solidarias y Reasentamientos solidarios.
La implementación del PAM impulsó el fortalecimiento de los marcos normativos que se reflejaron en la adopción de nuevas legislaciones sobre refugio en Argentina (2006), Uruguay (2006) y Chile (2010), la puesta en marcha de mecanismos nacionales para determinar la condición de refugiados en varios países y la mejora, al menos transitoria en la capacidad de respuesta institucional.
El ajuste de los marcos normativos abrió nuevos desafíos para su reglamentación e implementación y para fortalecer otros mecanismos de protección complementarios para poblaciones en situación de vulnerabilidad que no necesariamente encuadran en los criterios de protección internacional.
El programa de “fronteras solidarias” evidenció la necesidad de precisar la dimensión de la crisis humanitaria desatada por la migración forzada transfronteriza colombiana, en las zonas de frontera con Ecuador, Chile y Venezuela. Esto conllevó a la formulación y desarrollo de programas para estimar el número de personas de origen colombiano con necesidades de protección internacional y sus necesidades básicas insatisfechas. Por ejemplo, Ecuador calculó que en el año 2009 “unas 130,000 a 140,000 personas colombianas necesitadas de protección habitaban en el país, de las cuales, un 40% residían en las provincias de la frontera norte” y 9 de 10 hogares de refugiados colombianos vivían bajo la línea de pobreza, niveles similares a los de la población desplazada forzadamente en Colombia (ACNUR, 2010______. El Plan de Acción de México para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina Principales avances y desafíos durante el período 2005-2010. Octubre 2010., p. 16). La población asentada en zonas de fronteras sufrió aún más limitaciones para el acceso a derechos dadas las condiciones estructurales y su propia condición de vulnerabilidad.
En materia de soluciones duraderas, se determinó que entre el 40%-60% de la población refugiada sobrevive en las economías informales, sin acceso a viviendas adecuadas y en muchos casos en condiciones de hacinamiento.
El programa de “Reasentamiento Solidario”, permitió que más de 5.500 colombianos fuesen reasentados en países de la región y tuvo inicialmente una buena respuesta de los Estados receptores e incluso de los gobiernos locales que favorecieron medidas tendientes a la inclusión de las poblaciones reasentadas. El 70% de las personas reasentadas provenían de Ecuador y el 23% de Costa Rica. Los países del Cono Sur se constituyeron en el lugar de destino para aproximadamente el 20% de ellas.
Sin embargo, el programa no contó con apoyo suficiente y sostenido de la comunidad internacional, requiriendo mayores esfuerzos de los países receptores y fue progresivamente desmontado.
En diciembre de 2014, tras cuatro consultas subregionales que reunieron a más de 30 Estados de la región, se promulgó la Declaración y el Plan de Acción Brasil (2014-2024), que se cimentó sobre los alcances y limitaciones del PAM y definió siete programas de alcance regional: Asilo de Calidad, Fronteras Solidarias y seguras, Repatriación voluntaria, Integración local, Reasentamiento solidario, Movilidad laboral y Erradicación de la apatridia; y cuatro programas de alcance subregional para el Triángulo Norte y el Caribe, Colombia y los países fronterizos no estuvieron contemplados.
Entre junio y diciembre de 2021 los autores del presente artículo realizaron dos estudios4 4 La información obtenida en los dos estudios que tuvieron como finalidad ofrecer insumos para la formulación de política pública, a la fecha sigue permitiendo la elaboración de nuevos productos para la reflexión y el análisis, siendo este artículo uno de ellos. La primera investigación corresponde al proyecto Contrastes que tuvo como objetivo obtener información para la incidencia regional de la población con necesidades de protección internacional en la segunda evaluación trienal del Plan de Acción Brasil, este proyecto contó con el apoyo del Colectivo Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz y la Organización de Colombianos Refugiados en Chile (OCORCH) y el auspicio The Diplomatic Advisory Group Independent Diplomat. El segundo estudio, es un análisis sobre la situación de colombianos víctimas en el exterior relacionados con procesos migratorios y acceso a derechos en Chile, el objetivo general fue aportar insumos para la formulación de política pública para la atención a víctimas del conflicto colombiano radicadas en Chile, para ello se realizaron entrevistas a profundidad a 35 personas de origen colombiano con necesidades de protección internacional en Chile y a actores claves; el estudio contó con el apoyo de la Organización de Colombianos Refugiados en Chile (OCORCH) y la financiación por el convenio de cooperación entre la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (Colombia) y el Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli. que buscaron hacer un contraste entre la experiencia de personas refugiadas y peticionantes de asilo en la región y los programas acordados por los Estados en el marco del Plan de Acción Brasil; se realizaron entrevistas a profundidad a 166 personas de distintas nacionalidades con necesidades de protección internacional en cinco países de la región (México, Costa Rica, Chile, Argentina y Colombia), estructuradas alrededor de tres programas del PAB: Asilo de Calidad, Fronteras solidarias y seguras y Programas de inclusión. Se priorizaron estos ejes por su impacto directo en la vida de las personas en lo referido a ingreso al territorio, acceso a la protección y posibilidades efectivas para la inclusión; a continuación, se presentan algunos de los hallazgos.
Contrastes. Entre el Plan de Acción Brasil y las experiencias de personas con necesidades de protección internacional en la región latinoamericana
El programa Asilo de Calidad del Plan de Acción Brasil se propuso mejorar procedimientos de elegibilidad, fortalecer la capacidad de gestión y respuesta a partir de acciones como: generar mecanismos de auditoría interna sobre el funcionamiento del sistema y revisar la normativa interna para incorporar altos estándares, incluyendo disposiciones sobre necesidades específicas de protección.
Por otro lado, recomendó avanzar en la aplicación del concepto ampliado de la Declaración de Cartagena, fortalecer los sistemas de registro y los sistemas de determinación de la condición, respetando los principios de no devolución, debido proceso y confidencialidad; así como, diferenciar la condición jurídica de refugiados de la calidad o categoría migratoria que se les otorga y proveer documentación que prevenga la discriminación de solicitantes y refugiados.
El programa Fronteras Solidarias y Seguras contempla un conjunto de acciones posibles tendientes a desarrollar lineamientos para la pronta identificación y atención de personas con necesidades de protección, reforzar la presencia de las CONARE´s en zonas de frontera, proponer medidas alternativas a la detención administrativa migratoria, continuar la capacitación a funcionarios en fronteras, desarrollar campañas de información en las rutas y fronteras sobre los riesgos a los que se exponen los flujos mixtos y mejorar la infraestructura en zonas de frontera.
El fortalecimiento institucional fue constantemente desafiado por el incremento permanente de los flujos de personas con necesidades de protección, así lo dejo ver en 2018 el informe alternativo del Grupo Articulador del Plan Acción Brasil:
[…] según cifras del ACNUR, a finales de 2014 se registró la existencia de 237,052 solicitantes de asilo en espera de una decisión en la región, pero a finales de 2016 esa cifra creció en un 276%. El aumento resulta aún más dramático si se considera que en los últimos cinco años el número de solicitantes en las Américas ha aumentado casi 800%, y además sólo uno de cada diez solicitantes ha obtenido protección. (GAR-PAB, 2018GRUPO ARTICULADOR REGIONAL DEL PLAN DE ACCIÓN DE BRASIL, GAR-PAB. Plan de Acción Brasil: Evaluación del Grupo Articulador Regional del Plan de Acción de Brasil 2014-2017. Ciudad de México, 2018., p. 13)
La firma del acuerdo de paz en Colombia (2016) no implicó una disminución sustancial del fenómeno del desplazamiento forzado interno. Según el informe de tendencias globales de ACNUR, a fines de 2016 se registró casi medio millón de nuevos desplazamientos forzados internos y estos continuaron empujando movimientos transnacionales de personas de origen colombiano con necesidades de protección, incluidas las retornadas desde Venezuela que se encontraban refugiadas en ese país desde los primeros años del siglo (ACNUR, 2017______. Tendencias Globales Desplazamiento Forzado en 2016. Junio, 2017.).
Esta situación se vio agravada por el contexto de pandemia y no se limitó a las personas con necesidades de protección internacional de origen colombiano, los migrantes forzados encontraron fronteras cerradas, institucionalidades de protección ausentes o con presencia limitada y poca o nula información sobre cómo acceder a la protección internacional; pasando a ser escenas comunes las de personas varadas en las fronteras en condiciones de precariedad y desprotección.
Me tocó venir por camino lodoso, con miedo. El ejército en su momento me detuvo, el ejército de mi país y, pues fue muy duro porque verdaderamente ellos tenían una lista de las personas que estaban buscando… A esa hora corrimos, corrimos, no sé sinceramente, yo digo que un lapso como de 3 horas, porque eran las 4 de la mañana cuando eso sucedió… En ese momento ni los retenes costarricenses me detuvieron entrando a Costa Rica. El mayor problema que enfrenté fue cuando llegué a San José, no sabía para donde ir. (Mujer Nicaragüense en Costa Rica, 2021)
Nosotros entramos a México pues casi a la fuerza, pero la verdad que yo me entregué a migración. Nosotros nos entregamos a Migraciones aquí en Chiapas, porque la verdad ya no quería seguir, ya me sentía derrotada, ya no podía y mis hijos estaban bien débiles, ya cruzamos la frontera porque dios es muy bueno… mucha gente no quería, porque decían, -no, nos van a regresar y a qué vamos a regresar, nos van a matar-, porque nosotros salimos por el problema de maras. Pues sí, yo sí tenía mucho miedo, tenía mis tres niños chicos y decía, y si me voy, me regreso, y dije yo, pues que sea lo que dios quiera. Si me regresan, pues ni modos, me iré a morir, pero igual me voy a morir en esta frontera porque ahí nos quedábamos durmiendo. (Mujer hondureña en México, 2021)
La llegada fue por vía terrestre, venia en camiones de carga o en lo que tocará. Por el cierre de fronteras tuve que pasar muchas trochas, espantosa, fea la pasada. Venía con un grupo de venezolanos que conocí en el camino, porque salí sola, así venían todos…Tuvimos que pasar por ríos, donde el agua llegaba hasta la cintura, esconderse cuando llegaba la policía, meterse al monte y esperar. (Mujer colombiana refugiada en Chile, 2021)
La adopción de protocolos y prácticas que favorezcan la pronta identificación de personas con necesidades especiales de protección (niños, niñas, adolescente, víctimas de violencia basada en género, víctimas de tortura, etc.) que garanticen respuestas diferenciales adecuadas sigue siendo en general, un tema pendiente en la región, así lo manifestaron las personas entrevistadas en distintos países y con años distintos de ingreso.
En la parte fronteriza o por lo menos en los aeropuertos, hay que darles un trato digno a las personas, porque en el caso por lo menos de nosotros los venezolanos y, puedo decir que, colombianos, cubanos, hondureños o todos los que pasamos por frontera es muy fuerte, muchos entran con niños. Tengo casos de amigos que han intentado ingresar y los devuelven, aviones completos hacia atrás sin ningún tipo de justificación. (Hombre venezolano peticionante de refugio en Chile, 2021)
Una experiencia muy dura y ahora pienso en las personas cuando llegan irregulares y todo, me da ese sentimiento de miedo porque me pasó, y me afecta que otros estén pasando por eso; y con los niños, al menos yo llego sola. (Mujer colombiana refugiada en Chile, 2021)
Las recomendaciones para capacitar a las personas responsables de los procesos de elegibilidad y el resto de personal de las comisiones de refugio y garantizar información actualizada y oportuna para el análisis de la situación por países, se evidencian en las entrevistas como algo que debe seguir trabajándose de manera urgente a nivel regional; donde las limitaciones para el acceso oportuno a información sobre el estado de los trámites y el acceso insuficiente al acompañamiento técnico para la defensa, están a la orden del día.
En un principio yo creí que pudo haber sido por falta de evidencias, pero no fue así. En una segunda instancia me dijo una persona de las oficiales de la COMAR que más bien negaban mi solicitud de refugio o asilo y protección complementaria, por los acuerdos de paz que se llevaron entre las FARC y el gobierno de Santos en ese momento. Entonces, a raíz de eso, según ellos por la firma de ese acuerdo de paz, ya yo podía entrar libremente a mi país, andar, como cualquier colombiano, como cualquier ciudadano, no correr el riesgo de que me vayan a matar… yo salí de mi pueblo huyendo por los grupos paramilitares…yo no tuve alternativas ni oportunidades en mi pueblo. (Hombre colombiano retornado forzadamente desde México, 2021)
Entre los hallazgos se identifica también la tendencia a desestimar o desestimular las solicitudes de refugio formuladas por personas que, aunque pueden aplicar a criterios migratorios, han manifestado necesidades de protección internacional.
Tenía entendido que me iban a llamar [los de CONARE] y que tendría una entrevista. No sucedió así. Cuando voy nuevamente a la cita por la precaria5 5 La precaria es un documento provisorio de regularidad migratoria otorgado a migrantes y peticionantes de refugio (subrayado propio). me dicen -no, esto no te sirve, no te sirve para nada-. Tenés que hacer lo del DNI (documento nacional de identidad por vía migratoria). Este año me llegó el DNI, pero fue muy confuso, porque, de hecho, digamos como solicitante y como víctima en todo este proceso se me desinformó y dilató todo mi proceso, tanto que llegué a la negación misma de mi situación. (Hombre venezolano en Argentina, 2021)
El 2 de mayo fui a la oficina de extranjería, donde nos dieron una citación para 5 meses después…En esa reunión que tuvimos automáticamente nos negaron la posibilidad, ni siquiera nos dieron la notificación de los formularios, nada, simplemente quién nos aceptó la documentación; o más bien, no nos aceptó la documentación, nunca se presentó, a mi esposa le dijo que esto no ameritaba una solicitud de refugio, sino que podíamos buscar visas por otro lado, otro tipo de visa. Esa fue la información que nos dieron el día de la reunión o de la cita. (Hombre colombiano en Chile, 2021)
El contexto de pandemia extendió los plazos para el otorgamiento de documentación a los solicitantes. Si bien en algunos países se eliminó la mención de solicitante de refugio en los documentos provisorios, el reconocimiento de su validez sigue siendo limitada en los ámbitos públicos y privados y su validez sigue siendo reducida, limitando el acceso a derechos económicos y sociales.
Como te digo, un poquito complicado porque no hay quien te explique si hay un documento para que vos puedas estar dentro del país, no hay quien te explique… Verdaderamente que si la policía te detiene es: -tus documentos legales porque si no vas deportada-… Durante esos 3 meses tuve que andar sin documentos, no salir muy seguido para evitar pues que la policía me detuviera, porque no había ningún comprobante de la cita, solamente ellos llamaban y te hacían el favor de hacerte la cita, pero no te daban ningún comprobante. (Mujer nicaragüense en Costa Rica)
Respecto a las políticas públicas y programas de asistencia humanitaria e inclusión social, sigue existiendo una brecha importante entre la legislación y su aplicación y los compromisos acordados por los Estados, tanto en los tránsitos, como en la acogida de las personas con necesidades de protección internacional.
En el año 2020 la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas de Colombia junto con el Consejo Noruego para los Refugiados publicaron los resultados de una encuesta aplicada a 2.612 personas refugiados y solicitantes de asilo de origen colombiano residentes en 8 países. Entre los hallazgos registrados en los informes se encuentra que el 83,7% de las personas entrevistadas manifestaron tener dificultades en su integración en el país en el que se encuentran y nueve de cada diez viven con recursos insuficientes y hay brechas importantes en el acceso a la salud, educación y empleo en el país en el que se encuentran (CRN, UARIV, 2020Consejo Noruego Para Refugiados y Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - CRN, UARIV. Las víctimas del conflicto colombiano en el exterior: una caracterización. Bogotá, Colombia, 2020.)6 6 La Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas es una entidad colombiana a cargo de la atención y reparación de las víctimas del conflicto interno armado creada por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley1448/2011) “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. Entre 2017 y 2018 junto con el Consejo Noruego aplicaron 2.612 encuestas a personas refugiados y solicitantes de asilo de origen colombiano que se consideran víctimas del conflicto armado y que se encuentran en Ecuador, Venezuela, Canadá, Estados Unidos, España, Panamá, Costa Rica y Chile. .
De acuerdo con las respuestas más relevantes sobre integración cultural, el 83% de las personas entrevistadas en México, el 92% en Chile y el 81% en Argentina desconocen la existencia de programas estatales para tales fines.
La asistencia habitacional, continúa siendo cubierta en gran medida por ACNUR y sus socios, así como por las organizaciones de la sociedad civil, a través de programas temporales que se otorgan principalmente a las personas recién llegadas. En Argentina y otros países, hay programas de emergencia habitacional de gobiernos municipales que pueden incluir a personas refugiadas o solicitantes que puedan acreditar dos o más años de permanencia en la localidad.
Realmente conocí muchas personas que por desesperación tuvieron que saltarse el muro, conocí a un migrante que desesperado en México sin trabajo, sin poder tener papeles, sin poder tener donde vivir, expulsados de los refugios; porque hay veces que después de 3 meses a los hombres que están solos pues los sacan de los refugios, porque la prioridad es para los niños y las mujeres, entonces él creo que tomo malas decisiones, después supimos que se había ahogado pasando el rio (Mujer colombiana que en México solicitante de refugio en EEUU-MPP, 2021)
Tuvimos que conseguir un arriendo, nos costó. Estuvimos [su madre y dos hermanos también menores de edad] como 3 días en la calle consiguiendo donde quedarnos… no recibimos ayuda de ninguna organización, de ninguna (Joven cubana en Chile, 2021)
La sistematización de los datos relevados en las encuestas dio cuenta que las respuestas de asistencia alimentaria también recaen en gran medida sobre las organizaciones de la sociedad civil (Argentina y Chile 45% - México 45%), y en un porcentaje menor es cubierto por los gobiernos municipales o nacionales (México 3%, Chile 5% y Argentina 20%).
Los programas de promoción de empleo y autoempleo son poco conocidos por la población y tienen baja cobertura. En México, por ejemplo, el gobierno nacional ofreció este acompañamiento, a través de programas, que alcanzaron un (3%) de los entrevistados y el 26% de las personas afirmaron no conocer la existencia de programas de autoempleo. Sobre este tema, las organizaciones de la sociedad civil ofrecen algunas líneas de acción, pero su alcance financiero y territorial es limitado.
El trabajo para el refugiado no está garantizado en Argentina, porque hay gente que desconoce y como todos tienen la concepción de que el único documento válido sea el documento nacional de identidad (DNI) y si no lo posees no te dan trabajo, no te dan trabajo. Entonces tienes que buscar trabajar en 'negro'7 7 El trabajo informal o no registrado en Argentina se connota coloquialmente como trabajo en “negro”. me entiendes, que te exploten 16 horas al día (Hombre venezolano refugiado en Argentina, 2021)
Me vine por la situación en que quede por la desaparición del padre de mis hijos, me quede sola … me daba como temor pedir un refugio porque me decían que las personas que entran refugiadas, de repente uno no puede trabajar. (Mujer colombiana refugiada en Chile, 2021)
Lo primero es que si se tiene un trabajo siempre te están chantajeando por los documentos: si no se trabaja las doce (12) horas, están sacando en cara que hay que pensar en sus papeles, porque no se los darán, hay abuso de parte de los empleadores- (Mujer colombiana refugiada en Chile, 2021)
Con relación al sistema de salud y educación pública y, aun sobre avances y reformas que deberían garantizar el acceso a estos derechos fundamentales, la población con necesidades de protección internacional continúa enfrentándose a barreras de acceso pleno. En México, Chile, Perú y otros países hay barreras de acceso por temas relacionados con la vigencia de sus documentos o al propio reconocimiento de su condición de refugiado. Falta información y acompañamiento para la exigencia de estos derechos.
En cuanto a salud, yo llegué en el 2018 y pude acceder a salud en noviembre del 2020, porque decían que uno podía ir con el pasaporte a registrarse al CESFAM y yo iba con mi pasaporte cuando todavía estaba vigente, y me dijeron que no porque yo era extranjera y necesitaba tener RUT8 8 Rol Único Tributario (RUT), es un número único implantado en Chile como identificación tributaria ante el Servicio de Impuestos Internos y ante todo otro organismo del Estado. . (Mujer venezolana peticionante de refugio en Chile, 2021)
Cuando fui a pedir la inscripción para mi hijo me la negaron, porque me dijeron que no se podía, que debía tener documento. Luego de que lo pude inscribir, me enteré de que sí tenían que haberlo recibido con el pasaporte. Lo supe cuando tuve el carné, pero cuando recién fui me lo negaron, me dijeron que no, que eso no era posible y que no podían ingresar a mi hijo al jardín. Así que estuve bastante tiempo así, buscando trabajo y pues cuando uno tiene un bebé y está sola en esta ciudad [Santiago de Chile] es super complicado. (Mujer colombiana refugiada en Chile, 2021)
El enfoque diferencial y la promoción gubernamental de derechos de personas con necesidades especiales de protección acumulan un gran porcentaje de respuestas negativas, donde expresan no saber de la existencia de políticas diferenciadas e inclusivas; no haber sido incluidas en programas existentes, o desconocen su existencia.
La integración para mí ha sido totalmente desastrosa. O sea, de hecho, yo tengo…estoy traumada por todo lo que me pasó aquí y estoy recibiendo ayuda psicológica, tardía. (Mujer venezolana peticionante de refugio en Chile, 2021)
Siguen siendo muy limitadas las respuestas desde los Estados receptores en materia de asistencia humanitaria e inclusión social. Faltan decisiones en materia de políticas públicas que garanticen el acceso a derechos fundamentales a las personas con necesidades de protección de tal manera que se garanticen por lo menos sus mínimos vitales. El carácter transitorio de la asistencia humanitaria que brindan las agencias y organizaciones de la sociedad civil no se articula con esfuerzos estatales que favorezcan la inclusión, en tal circunstancia las poblaciones más vulneradas, difícilmente superan esa condición.
Nos tocó hacer de todo…Yo tuve que vender mis cosas personales porque pasamos una situación muy difícil de hambre, yo tengo dos niños muy pequeños. (Mujer venezolana en México, 2021)
Promover la integración intercultural continúa siendo un reto para los países de acogida en la región. La xenofobia, y discriminación, incrementan la estigmatización y etiquetamiento en todos los ámbitos de vida de las personas que buscan refugio y, a su vez, dificulta su inserción local.
Yo recuerdo haber trabajado formalmente en México, pero por problemas de discriminación tuve que abandonar el trabajo. (Hombre colombiano refugiado en México, 2021)
[…] mi hija que es morena ha sufrido mucho. Mi hijo es rubio y blanco, en cambio la hija ha sufrido demasiado desde que llegamos, siempre con ese trato déspota y vulgar del chileno hacia la persona de color. (Mujer colombiana refugiada en Chile, 2021)
La población colombiana a diferencia de otras nacionalidades de migrantes, refugiados y peticionantes de asilo, se caracteriza por la heterogeneidad socioeconómica y étnica, lo que hace que la discriminación y exclusión se viva de manera diferenciada, esto es, a mayores recursos socioeconómicos y según el color de piel, mayores posibilidades de inclusión y de regularización migratoria.
Lamentablemente el pueblo colombiano es afectado por una particular carga de prejuicios negativos, asociados a la historia de violencia y narcotráfico que han aquejado a este país en las últimas décadas, historia que ha sido profusamente mostrada a la población no sólo a través de hechos noticiosos sino también por medio de series y películas en las que se vinculan estos hechos con Colombia y personajes colombianos. De esta manera, Colombia y los colombianos son asociados, en los medios de comunicación y en el imaginario de parte de la población nacional -chilena-, con el narcotráfico y los delitos vinculados a él. (Gissi, Ghio, 2017GISSI, Nicolas; GHIO, Gonzalo. Integración y exclusión de inmigrantes colombianos recientes en Santiago de Chile: estrato socioeconómico y “raza” en la geocultura del sistema-mundo. Papeles de Población, v. 23, n. 93, Universidad Autónoma del Estado de México, México, 2017., p. 6)
Seis años después de sancionado el Plan de Acción Brasil, el contexto regional se transformó sensiblemente, los cambios de gobierno en Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela imprimieron una dinámica regional distinta. En los tres primeros países, el retorno de gobiernos de derecha debilitó los procesos de integración regional desarrollados en la primera década e impulsaron otras alianzas más acordes a sus agendas políticas, mientras que, Venezuela tuvo que afrontar el bloqueo económico que deterioro rápidamente las condiciones de vida de su población, generando un flujo migratorio sin precedentes, pasando de receptor a expulsor.
Las respuestas de alcance regional aminoraron y primó el tratamiento excepcional y temporal. La migración venezolana se vio afectada positiva y negativamente por esta tendencia y otras poblaciones con necesidades de protección tendieron a ser invisibilizadas, por ejemplo, poblaciones de origen colombiano y haitiano.
En el año 2016 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe “Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos: Normas y Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”; el informe resalta, entre otras cosas que, si bien en el subcontinente se han producido desarrollos y avances en sus marcos normativos, preocupa que:
[…] las políticas migratorias de algunos Estados de la región abordan la migración más desde un enfoque de seguridad nacional y contención de los movimientos migratorios que desde un enfoque de derechos humanos. Durante los últimos años, la Comisión ha observado con preocupación cómo algunos Estados han endurecido sus políticas migratorias a partir de una mayor utilización de medidas tendientes a: a) la externalización del control migratorio; b) la securitización de las fronteras; c) la criminalización de los migrantes, en particular de migrantes en situación irregular a través del uso generalizado de la detención migratoria y de deportaciones sumarias; d) limitar el acceso a procedimientos de protección internacional, en particular al procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiados (CIDH, 2016: 17).
Si bien, el programa Asilo de Calidad posibilitó que varios países de la región implementaran en las defensorías públicas servicios de representación jurídica gratuita y permitió fortalecer la capacidad técnica de algunos funcionarios, el crecimiento de los flujos de personas con necesidades de protección en la región volvió a rebasar la capacidad de respuesta y los recursos asignados en su mayoría insuficientes se vieron aún más exigidos. El pronto acceso a una documentación de mayor vigencia y que no exponga la condición de los solicitantes, sigue siendo un tema pendiente en la mayoría de los países (GAR-PAB, 2018GRUPO ARTICULADOR REGIONAL DEL PLAN DE ACCIÓN DE BRASIL, GAR-PAB. Plan de Acción Brasil: Evaluación del Grupo Articulador Regional del Plan de Acción de Brasil 2014-2017. Ciudad de México, 2018.).
El programa de Fronteras Solidarias y Seguras tuvo un alcance limitado justamente por los enfoques securitistas que tomaron nuevamente fuerza en la región y que se reflejó en el incremento de controles fronterizos, normativas temporales que modificaron requisitos de ingreso, la limitada infraestructura en fronteras para atender las necesidades de las poblaciones en tránsito; escasos avances significativos en la capacitación a funcionarios de frontera, ausencia de campañas con información dirigidas a las poblaciones que ingresan y a las comunidades receptoras.
Reflexiones finales
La migración forzada colombiana en los primeros 15 años del nuevo siglo, puso en evidencia la debilidad del sistema de protección internacional en la región; el Plan de Acción México (2004-2014) logró impulsar una respuesta regional, en varios sentidos: i) como acción solidaria frente a la crisis de refugiados colombianos en Ecuador y Costa Rica generada por la migración forzada, ii) Actualizar y sancionar marcos legales de protección ajustados al Derecho Internacional y mayor reconocimiento de los criterios regionales, y iii) favorecer respuestas locales comunes en temas de inclusión. La implementación del Programa de reasentamiento, pese a sus limitaciones, concretó una acción solidaria y las respuestas locales conllevaron avances en cuanto a la actualización normativa y posibilitaron la apertura de nuevas discusiones frente a su reglamentación y aplicación.
El aumento significativo de solicitudes de refugio y su complejidad con el ingreso a los sistemas de asilo de la población con necesidades de protección internacional del Triángulo Norte o el flujo desde Venezuela, pueden explicar por su magnitud la prioridad otorgada, pero no pueden justificar, de ninguna manera, la exclusión de los programas de poblaciones de distinto origen nacional con iguales necesidades de protección.
El Plan de Acción Brasil en su segunda evaluación trienal (2021), no presentó muchos avances en su implementación; en un contexto de mayores desafíos en materia de protección, sigue siendo un referente de discusión y un llamado a los Estados a fortalecer los compromisos y respuestas en materia de protección, inclusión y búsqueda de soluciones duraderas. A partir de la crisis migratoria venezolana la excepcionalidad, la temporalidad y la segmentación poblacional fueron los enfoques predominantes en las respuestas regional durante los últimos años, en deprecio de los altos estándares alcanzados en la década anterior, un modelo de respuesta promovido desde las agencias multilaterales y de cooperación internacional que cimentó un tratamiento desigual a personas con iguales necesidades de protección.
En los informes trienales que analizan información obtenida a través de sesiones consultivas nacionales y regionales, cuestionarios a Estados y otras herramientas, ofrecen un balance de los avances, desafíos y prioridades de enfoque para el próximo trienio y continúa ausente la voz y la experiencia de las personas refugiadas y solicitantes. Esa ausencia deja por fuera una voz fundamental en el diagnóstico, en la formulación de recomendaciones y marginaliza sus procesos en la construcción de respuestas y alternativas.
Una proporción significativa de la población desplazada forzadamente en flujo sur-sur que en su país de origen habitaba territorios con alta vulnerabilidad social, se asienta en territorios similares en los países de acogida; característica que puede explicar el temor generalizado a la extensión del riesgo, donde la percepción de inseguridad constante suele estar vinculada a conflictividades sociales presentes en los contextos de llegada, marginales y de pobreza extrema, con dinámicas de violencia social que dificultan la integración y la reconstrucción de los proyectos de vida.
El carácter temporal de las políticas de asistencia y los contextos difíciles económicos y sociales en la región, dificultan la inclusión de las poblaciones, la ausencia de soluciones de fondo genera condiciones de vulnerabilidad prolongada y de incertidumbre hacia el futuro.
La experiencia colombiana debe llamar la atención sobre los necesarios compromisos regionales para la búsqueda de soluciones duraderas. Los pocos avances en la implementación del acuerdo de paz pueden dar continuidad a fenómenos de violencias diversas que vulneren los derechos humanos y sigan alimentando flujos de migración forzada dentro y fuera del territorio, tal como lo han demostrado las experiencias centroamericanas.
En el 2024 se conmemoran los 40 años de la Declaración de Cartagena y culmina el Plan de Acción Brasil; pese a que el panorama político sigue mostrándose muy inestable, la región está nuevamente en procesos de renovación que pueden reimpulsar dinámicas de integración y reposicionar los enfoques de derechos humanos, siendo deseable que de cara a Cartagena +40, garanticen el derecho a la participación de las poblaciones directamente afectadas.
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Desde el surgimiento del conflicto armado en 1964, el Estado colombiano ha instalado diálogos de paz, con las organizaciones insurgentes, que han llevado a acuerdos de paz parcialmente cumplidos: Diálogos de La Uribe-Meta gobierno de Belisario Betancurt (1982-1986), Diálogos de cese al fuego en el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), Diálogos de Caracas y Tlaxcala con Cesar Gaviria (1992-1996), Diálogos del Caguán gobierno de Andrés Pastrana (1998-2022) y Diálogos de la Habana con Juan Manuel Santos (2012-2016).
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A mediados de la década de los ochenta del siglo pasado, los países del Cono Sur recuperaban la democracia y veinte años después, dirigentes políticos que habían sido perseguidos por las dictaduras, se imponían en las urnas en las elecciones presidenciales, Tabaré Vásquez (2005-2010) en Uruguay, Néstor Kischner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en Argentina, Michell Bachelet (2006-2010) en Chile e Ignacio Lula Da Silva (2003-2011) en Brasil. Mientras que, en Colombia se mantenían prácticas autoritarias bajo el gobierno de Álvaro Uribe (2001-2010).
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Estadísticas ACNUR, disponible en: https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/.
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La información obtenida en los dos estudios que tuvieron como finalidad ofrecer insumos para la formulación de política pública, a la fecha sigue permitiendo la elaboración de nuevos productos para la reflexión y el análisis, siendo este artículo uno de ellos. La primera investigación corresponde al proyecto Contrastes que tuvo como objetivo obtener información para la incidencia regional de la población con necesidades de protección internacional en la segunda evaluación trienal del Plan de Acción Brasil, este proyecto contó con el apoyo del Colectivo Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz y la Organización de Colombianos Refugiados en Chile (OCORCH) y el auspicio The Diplomatic Advisory Group Independent Diplomat. El segundo estudio, es un análisis sobre la situación de colombianos víctimas en el exterior relacionados con procesos migratorios y acceso a derechos en Chile, el objetivo general fue aportar insumos para la formulación de política pública para la atención a víctimas del conflicto colombiano radicadas en Chile, para ello se realizaron entrevistas a profundidad a 35 personas de origen colombiano con necesidades de protección internacional en Chile y a actores claves; el estudio contó con el apoyo de la Organización de Colombianos Refugiados en Chile (OCORCH) y la financiación por el convenio de cooperación entre la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (Colombia) y el Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli.
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La precaria es un documento provisorio de regularidad migratoria otorgado a migrantes y peticionantes de refugio (subrayado propio).
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La Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas es una entidad colombiana a cargo de la atención y reparación de las víctimas del conflicto interno armado creada por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley1448/2011) “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. Entre 2017 y 2018 junto con el Consejo Noruego aplicaron 2.612 encuestas a personas refugiados y solicitantes de asilo de origen colombiano que se consideran víctimas del conflicto armado y que se encuentran en Ecuador, Venezuela, Canadá, Estados Unidos, España, Panamá, Costa Rica y Chile.
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El trabajo informal o no registrado en Argentina se connota coloquialmente como trabajo en “negro”.
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Rol Único Tributario (RUT), es un número único implantado en Chile como identificación tributaria ante el Servicio de Impuestos Internos y ante todo otro organismo del Estado.
Editores del dossier
Fechas de Publicación
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Publicación en esta colección
04 Set 2023 -
Fecha del número
May-Aug 2023
Histórico
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Recibido
20 Abr 2023 -
Acepto
21 Jul 2023
