Tecnologías de intervención en adolescentes infractores de ley en Chile: siguiendo un portafolio

Intervention Technologies in juvenile delinquency in Chile: following a portfolio

Resumen

En el presente artículo se abordan los procesos de intervención en jóvenes vinculados a la ley de responsabilidad penal adolescente, promulgada en Chile en 2007. Se utilizan elementos de los Estudios de Gubernamentalidad para proponer el análisis de las tecnologías de intervención. Se propone una metodología cualitativa que incorpora elementos de la Teoría del Actor Red y se analizan distintos documentos y materiales con el propósito de hacer seguimiento a un instrumento de intervención diseñado entre los años 2009 y 2011 para el tratamiento de personas con consumo problemático de sustancias y posteriormente adaptado a jóvenes infractores de ley. Como principales resultados se describen procesos de traducción de intereses del organismo de gobierno encargado de diseñar las políticas para el tratamiento y rehabilitación del consumo problemático de sustancias y distintos momentos del proceso de elaboración y adaptación del instrumento de intervención. Esto es analizado utilizando conceptos propios de la teoría del Actor-Red. Se concluye que el instrumento funciona como mediador entre una lógica de gobierno y las estrategias de intervención orientadas a jóvenes infractores de ley, que de forma paradójica in visibiliza los elementos que participan de su red, propios de la infracción de ley.

Palabras-clave:
adolescentes; infracción de ley; tecnologías; subjetividad

Abstract

This article deals with intervention processes in young people linked to the adolescent criminal responsibility law, promulgated in Chile in 2007. Elements of Governmentality Studies are used to propose the analysis of intervention technologies. A qualitative methodology is proposed, which incorporates elements of the Actor Network Theory. Different documents and materials are analysed with the purpose of following up on an intervention instrument designed between 2009 and 2011 for the treatment of people with problematic substance use and subsequently adapted to young law offenders. The main results describe processes of translation of interests of the government agency in charge of designing the policies for the treatment and rehabilitation of the problematic use of substances and different moments of the process of development and adaptation of the intervention instrument. This is analyzed using concepts from the Actor-Network theory. It is concluded that the instrument functions as a mediator between a logic of government and the intervention strategies aimed at young law offenders, which paradoxically makes invisible the elements that participate in its network, typical of law infringement.

Keywords:
adolescents; infraction of the law; technologies; subjectivity

Introducción

En Chile, a partir de la década de 1990 la delincuencia aparece como una de las principales preocupaciones en la agenda política, con lo cual los sucesivosBACCHI, C. L. Women gobiernos post dictadura tomarán acciones contra el delito, que se traducirán en la implementación de múltiples planes y programas (PINCHEIRA, 2014; EMILIA TIJOUX, 2006). En paralelo, organismos internacionales relacionados con los derechos humanos y de la infancia, pondrán en cuestión el sistema legal chileno de protección de menores por no ajustarse a los estándares que establece la convención sobre los derechos del niño, ratificada por el estado Chileno¹¹ (BELOFF, 2012).

En respuesta a la preocupación por la delincuencia por un lado, y por los sistemas de protección de la infancia por otro, el discurso político dará paso a la discusión respecto del fenómeno de la delincuencia juvenil. En esta discusión se entrelazan variados aspecto, tales como la impunidad ante la ley de los menores de edad, las causas del problema, la necesidad de intervención psiquiátrica y social, la inoperancia de los centros de acogida del Servicio Nacional de Menores (en adelante SENAME), entre otros. Finalmente, se pondrá en tela de juicio el sistema legal de los menores de edad que infringen la ley.

El nuevo paradigma inaugurado por la Convención sobre Derechos de Niño haría necesario terminar con las antiguas instituciones que conjugaron sin distinción, la acción del estado sobre menores en peligro y peligrosos y haría necesaria una re estructuración completa del sistema (COUSO SALAS, 2009; TSUKAME SÁEZ, 2008).

Así se dará forma a un proyecto de ley sobre Responsabilidad Penal de menores de edad, que luego de varias discusiones en el congreso resultará en la promulgación de la ley 20.084² de Responsabilidad Penal Adolescente (en adelante LRPA)

En términos generales, la normativa aprobada por el congreso chileno establece la regulación de “la responsabilidad penal de los adolescentes por los delitos que cometan, el procedimiento para la averiguación y establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de las sanciones procedentes y la forma de ejecución de éstas” (Ley 20.084, art. 1°). De este modo, las penas consideradas en el Código Penal para la población adulta, son sustituidas por otros tipos de medidas dependiendo de la falta y de los antecedentes previos. Además, independiente del tipo de sanción dispuesta por el juez, se añade una sanción accesoria si la situación del o la joven lo amerita, que consiste en tratamiento obligatorio de rehabilitación por consumo de alcohol y drogas. Esta última medida es la que da origen al presente trabajo.

Luego de varios años de vigencia de la ley proponemos preguntarnos qué ha ocurrido. Desde la preocupación por la delincuencia las cifras no permiten decir que se ha resuelto el problema: la reincidencia juvenil a los dos años del egreso de la sanción durante el año 2010 fue de 50,9%, y la población penal general se ha incrementado exponencialmente desde inicios de la década de 2000 (SALINERO ECHEVERRÍA, 2012). Las mediciones de reincidencia de los jóvenes procesados por la LRPA hechas por órganos de gobierno muestran que esta no ha disminuido significativamente en los últimos años (SENAME Unidad de Estudios, 2015). Por otra parte, desde la preocupación por los derechos de la infancia el panorama es aún más desalentador. Investigaciones en el campo de la sociología y el derecho dan cuenta de que la incorporación de la Convención sobre Derechos del Niño en América Latina, ha resultado casi exclusivamente en la implementación de sistemas penales para menores de edad, dejando en segundo plano la protección de los menores en situación de riesgo. Además, los sistemas penales para menores de edad no han logrado terminar con la discriminación de los jóvenes, ni han tenido mayores efectos en cuanto a la protección de sus derechos (BERRÍOS DÍAZ, 2011; CANO MENONI, 2014; DINECHIN, 2015; MALDONADO FUENTES, 2014). Pese a ello, en Chile se continúan implementando una serie de medidas que buscan intervenir las formas de vida de ciertos sujetos, con base en la supuesta nueva concepción de los derechos del niño. Entre estas medidas están los programas de tratamiento y rehabilitación por consumo problemático de sustancias (en adelante PTyRCPS) dirigidos a jóvenes que han cometido algún delito.

Cabe aclarar, que no es el objetivo de este trabajo hacer una evaluación de la política que se establece a partir de la promulgación de la ley 20.084 en los términos tradicionales. Por el contrario, se pretende tomar distanciarnos de concepciones denominadas racionales-instrumentales de la política (IVERSON, 2012), para en su reemplazo proponer una comprensión de los procesos que se han dado a partir de la promulgación de la ley 20.084 más allá de evaluar su efectividad en la resolución del problema que la misma política ha definido.

Para dar respuesta a la pregunta antes formulada sobre qué ha sucedido luego de la promulgación de la ley 20.084, se propone comprender la política como un proceso que, al establecer el fin que desea alcanzar, va construyendo un ideal de sociedad y de sujeto, al mismo tiempo que va implementando una serie de estrategias para alcanzar dichos ideales (BACCHI, 1999). Por consecuencia, se asume que la política debe ser analizada poniendo atención a los efectos que ha tenido y a las lógicas que soportan los razonamientos, los supuestos y las premisas que le dan forma, es decir, al entramado de prácticas y discursos que configuran el problema a solucionar y el ideal que se quiere alcanzar (MONTENEGRO; PUJOL; VARGAS-MONROY, 2015; ROSE, 1998).

Más específicamente, el propósito que se persigue es conocer y analizar los efectos que se pueden desprender de la serie de medidas que se han tomado para intervenir las formas de vida de los jóvenes, en especial en los programas que hacen parte de la sanción accesoria que establece la ley 20.084.

Para contextualizar el ámbito de estudio es necesario aclarar que las medidas y sanciones antes señaladas, son ejecutadas por distintos actores públicos y privados, cada uno con distinta dependencia.

El Ministerio de Justicia, por medio de SENAME es responsable de llevar a cabo las sanciones, para lo cual cuenta con distintas modalidades: las medidas privativas de libertad son administradas de forma directa, mientras que las medidas que no implican privación de libertad son licitadas y luego ejecutadas por organizaciones no gubernamentales (en adelante ONGs) bajo la supervisión técnica y financiera de SENAME. Por otra parte, para las sanciones privativas de libertad el Ministerio de Justicia a través de Gendarmería de Chile (en adelante GENCHI) es el responsable del resguardo de los recintos.

Para el cumplimiento de la sanción accesoria (PTyRCPS), el Ministerio del Interior y Seguridad Pública por medio del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (en adelante SENDA), es el encargado de entregar recursos financieros y supervisión técnica a entidades públicas y privadas. Por último, el Ministerio de Salud (en adelante MINSAL) entrega las directrices técnicas respecto de planes y conformación de equipos profesionales.³ De acuerdo a estas directrices técnicas se han definidos protocolos para distintos tipos de PTyRCPS, diferenciados según la gravedad del problema, en Programas Ambulatorios Básicos e Intensivos y Programas Residenciales. Los PTyRCPS financiados por SENDA y ejecutados por organismos públicos y privados, se insertan en las distintas modalidades de Sanción que establece la ley 20.084.

En medio de este entramado que involucra técnicas, programas de gobierno, normas institucionales, saberes profesionales, entre otras, comienza a configurarse un nuevo sujeto de intervención. Este corresponde a un menor de edad (14 a 18 años) que ha cometido actos delictuales, que además requieren de medidas para la rehabilitación y reinserción social, dentro de las cuales cobra relevancia el tratamiento de adicciones. Este sujeto es objeto de acciones definidas por las directrices que entregan los distintos actores (Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud y ONG`s) en relación a lo normal o deseable, las cuales a su vez, responden a diferentes lógicas de gobierno (ROSE, 1997), relacionadas con diferentes ámbitos de gobierno, dentro de los cuales cabe mencionar el castigo y la privación de libertad, el cuidado de los menores de edad y el control del consumo de drogas (CARRASCO, 2015a).

Para la comprensión de este nuevo ámbito de intervención y de gobierno, se propone el marco de Gubernamentalidad por considerar que éste entrega herramientas conceptuales y analíticas que han sido fructíferas para la comprensión crítica de ámbitos afines, tales como los actuales sistemas de prevención del delito (O’MALLEY, 2004), los sistemas de protección de la infancia (DONZELOT, 1990), las políticas orientadas a la juventud (BRENDÁN ZEHNDER, 2014), el control de consumo de sustancias (SEPÚLVEDA GALEAS; ROMANÍ, 2013), las reformas a los sistemas de salud mental y psiquiatría en Chile (CARRASCO, 2015b), entre otras.

El marco de los estudios de gubernamentalidad se deriva de la teoría de Michel Foucault, por lo que asume el poder como una microfísica o como una capilaridad y sus dispositivos como ensamblajes o conglomerado de las mismas. Esto significa una ruptura con otras concepciones del poder, en especial con aquellas que lo entienden como algo que se ejerce desde un centro único. En este sentido la investigación social e histórica debería “colocar de manera diferente algunas de las cuestiones que habían sido previamente puestas en términos de Estado y de Ideología” (ROSE, 2015, p. 650, tradução nossa). Tales categorías son abandonadas y en su lugar se propone analizar mentalidades y tecnologías de gobierno, entendiendo estas como resultado de la microfísica del poder.

Los Estudios de Gubernamentalidad propuestos inicialmente por Barry, Osborne e Rose (1996) otorgan un marco conceptual para el análisis de la razón política o la mentalidad que, a través de diversos mecanismos, ha configurado nuestro presente; nuestras normas, nuestros imperativos éticos y nuestra subjetividad. Este marco no pretende ser una teoría política o una propuesta ideológica, sino un enfoque para dar cuenta del conjunto de técnicas que se utilizan para gobernar en el presente, analizando cómo se ejerce el poder, y desde qué medios se expresa.

Desde esta perspectiva, las acciones de intervención sobre determinados sujetos no son algo separado de las formas de gobierno político y el Estado. La intervención social se entiende como resultado de la articulación entre tecnologías de gobierno y tecnologías del yo, es decir, como procesos en los que las tecnologías de gobierno, entendidas como mecanismos, estrategias y procedimientos, conectan las aspiraciones de las autoridades con las subjetividades y producen efectos en la conducta de personas y grupos. En estos procesos juega un importante papel el conocimiento experto (FOUCAULT, 1979), en la medida en que genera parámetros sociales respecto de lo normal y lo patológico, que luego guían la toma de decisiones respecto de las formas de conducción de las conductas de personas y grupos.

Todo lo anterior nos lleva a preguntarnos cómo se están dando los procesos de re configuración de las lógicas de gobierno en los programas de intervención orientados a Jóvenes Infractores de Ley con consumo problemático de sustancias, entendiendo que este es un ámbito nuevo donde convergen distintas lógicas y técnicas de gobierno, que a su vez se nutren de diferentes conocimientos científicos, tales como la sociologías de la juventud, la criminología, el derecho, la psicología evolutiva, la psiquiatría, la pedagogía, entre otros.

Estrategia Metodológica

La estrategia de investigación se basa en la propuesta de Michelle Brady (2014) respecto de una compresión de las actuales formas de gobierno como ensamblajes que articulan lógicas heterogéneas, que se van transformando en el tiempo y el espacio por medio de las prácticas que intentan alinear los fines de gobierno con las subjetividades. Dicha propuesta pretende evadir la tendencia de la actual investigación social, caracterizada por una comprensión monolítica, determinista, lineal y estática de las actuales formas de gobierno denominadas neoliberales.

De este modo, el foco es puesto en cómo se ejerce el gobierno en el micro-campo de la intervención de las subjetividades, en este caso, en el ámbito de los PTyRCPS orientados a jóvenes infractores de ley en Chile, Región de Los Ríos. Además, se incorpora la propuesta de Rose (2007) respecto a cómo mirar las prácticas terapéuticas. El autor propone poner atención a los conocimientos y las técnicas de los expertos que intervienen la subjetividad, observando cómo éstos se generan en el momento en que se generan, tal como se ha hecho en los últimos años en el campo de los Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología, más específicamente a partir de los aportes de la Teoría del Actor Red (CALLON, 1986; LATOUR; WOOLGAR, 1986; LATOUR, 1987).

Cabe mencionar que los Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología aportan una perspectiva alternativa a los saberes expertos en la definición de materias de interés público (JARABA BARRIOS, 2015). Dicho aporte se basa en incorporar una perspectiva materialista y pragmática a la comprensión de los fenómenos, que reemplaza los supuestos epistémicos del positivismo moderno, privilegiando una descripción de los elementos que conforman y mantienen la realidad. En esta descripción se asigna agencia tanto a sujetos como a objetos, de manera de romper con la distinción dicotómica de la ciencia moderna y en consecuencia, con la atribución de subjetividad a los primeros y de objetividad y neutralidad a los segundos (LATOUR, 2001). Así, los objetos dejan de ser vistos como algo neutral y sin agencia y pasan a ser comprendidos como ensamblajes sociotécnicos⁴ que pueden ser analizados en términos de su construcción y de los efectos que producen.

Se asimilan entonces, las prácticas terapéuticas a los procesos de generación de verdades científicas, entendiendo estas últimas como objetos híbridos, que son siempre políticos, culturales y naturales, resultado de entramados relacionales de entidades humanas y no humanas.

Lo anterior implica abandonar los abordajes tradicionales de la Sociología de la Ciencia y su dicotomía entre el mundo social/humano y el mundo natural/no humano. A cambio, se propone poner atención a los heterogéneos modos en que los agentes humanos y no humanos se conectan, definiéndose mutuamente, estableciendo posiciones y generando acciones. En el caso de los PTyRCPS, se propone poner atención a las prácticas de profesionales y técnicos cuando están en medio de los procesos de intervención, entendidos estos como el punto donde se conectan los discursos, las subjetividades y las materialidades para hacer realidad ciertas verdades.

De este modo, el énfasis en la investigación está puesto en los ensambles que alinean a sujetos, artefactos y otros dispositivos, y en cómo estos se entrelazan y despliegan. En esta misma línea (SISTO; ZELAYA, 2013) desarrollan lo que han denominado Etnografía de Dispositivos como una propuesta concreta y empírica de acercamiento a las tecnologías de gestión y su análisis como prácticas de gobierno. La estrategia que presentan los autores es identificar un instrumento de gestión que tenga acción sobre los modos como se organiza el trabajo y luego, seguir su devenir como mecanismos estratégicos para disponer de las cosas de manera de alcanzar determinados fines de gobierno.

En el presente trabajo, se aborda un instrumento de intervención elaborado por SENDA para los PTyRCPS en el año 2011 y posteriormente adaptado a Jóvenes con Infracción de Ley. Este instrumento se entiende como una tecnología terapéutica, lo cual implica 1) desde las perspectivas de los Estudios de Gubernamentalidad la unidad de análisis se entiende como un ensamblaje que articula lógicas de gobierno heterogéneas, que se van transformando a través de las prácticas terapéuticas; 2) desde la perspectiva de la Teoría del Actor-Red, la unidad de análisis se entiende como un sistema sociotécnico, donde no es posible hacer distinciones entre qué corresponde a lo tecnológico y qué corresponde a lo social y que adquiere capacidad de acción (o agencia) cuando actúa como mediador.⁵

Luego, tomando elementos de la etnografía del dispositivo, el propósito es seguir el devenir de dicha herramienta de intervención, con especial atención a los procesos de traducción involucrados, entendiendo por traducción el proceso continuo y nunca acabado de negociación de intereses, por medio del cual se consigue la adhesión de distintos actores, al mismo tiempo que se reorganizan las entidades y por lo tanto, el entramado de relaciones (CALLON, 1986; LATOUR, 1987).

Para el logro de los propósitos antes mencionados se analizan los distintos momentos de estabilización del instrumento de intervención. Se analizan informes elaborados por organismos que participaron como consultores de SENDA, en la elaboración del instrumento de intervención que se utilizó como base para el proceso de adaptación a Adolescentes Infractores de Ley con Consumo Problemático de Sustancias. Luego, se analizan los procedimientos seguidos para la adaptación de la versión original, dentro de los cuales cabe destacar: 1) sistematización de las intervenciones de profesionales; 2) Grupos Focales con profesionales y 3) asesoría de expertos.

Además, se analizaron documentos que establecen procedimientos y normas para los programas orientados a jóvenes infractores de ley. Estos fueron: 1) Ley 20.084; 2) Norma técnica Nº 85 y Orientaciones Técnicas del Tratamiento del consumo problemático de alcohol y drogas y otros trastornos de salud mental en adolescentes infractores de ley.

Descripción de resultados

1. La red del Modelo de Competencias

En Chile a partir de la década de los 90’s el tema del consumo de sustancias ilícitas deja de ser un asunto eminentemente de salud para constituirse en un tema de seguridad. Los discursos de las campañas electorales post dictadura, van a articular la idea de la lucha contra la delincuencia con la problemática del consumo de sustancias (EMILIA TIJOUX, 2006): Durante el primer gobierno post dictadura se crean el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE)⁶ dependiente del Ministerio del Interior. Luego, en los sucesivos gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia se crean políticas públicas específicas para el tema de la seguridad ciudadana, dentro de los cuales están el tratamiento y rehabilitación de los problemas de abuso y/o dependencia a las drogas. Finalmente, en 2011 se crea el SENDA,⁷ que tendrá como función continuar la labor iniciada por el CONACE, siendo “responsable de elaborar las políticas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como de tratamiento, rehabilitación e integración social de las personas afectadas por estas sustancias” (SENDA, sf). El nuevo organismo mantiene la dependencia del Ministerio del Interior.

Entre los años 2009 y 2011 SENDA encomienda a un organismo privado desarrollar un protocolo de intervención con base en el “Modelo de Competencias para la Empleabilidad para las Transiciones Laborales”. De este modo vemos cómo se va articulando la lógica de gobierno, de manera que un asunto de seguridad ciudadana da paso a una estrategia de gobierno - los PTyRCPS - los que a su vez se comienzan a relacionar directamente a la inclusión laboral. De esta forma, se asume la inserción laboral como el ideal a alcanzar y por tanto, las estrategias deberán tender al logro de la misma.

Luego, en 2011, SENDA licitó la evaluación de las “Competencias para la Integración Social de las personas” usuarias de los centros de tratamiento que componen su red, la cual fue adjudicada a una consultora especializada en formación para el trabajo. El objetivo de este proyecto era proporcionar un modelo conceptual y una metodología probada para que las personas en tratamiento lograsen desarrollar habilidades que les permitieran una integración social efectiva. Para esto se realizaron entrevistas y grupos focales con profesionales y usuarios de 11 PTyRCPS en cuatro regiones (Tarapacá, Metropolitana, Valparaíso y Bio Bio).

Se asume que el modelo utilizado para la empleabilidad también es útil para el logro de algo más amplio - la inclusión social - con lo cual se amplía el espectro de ámbitos de la vida que deben ser abordados en la intervención.

Es más, en sociedades como la chilena, donde los sistemas de integración social se constituyen principalmente a partir de las posibilidades que tengan las personas de acceder o no un trabajo (es decir basadas en el poder inclusivo del trabajo), y a partir de esto puedan aproximarse a los beneficios sociales que de él se derivan, estar desocupado puede ser representado y vivenciado como una situación radical de exclusión y precarización de la calidad de vida (SENDA; ACENTO CONSULTORES, 2013 p. 11).

Como resultado de dicho proyecto se confeccionó el Portafolio Metodológico. Competencias para la Integración Social (en adelante PMCIS) el cual buscó complementar el Modelo de Competencias de Empleabilidad para las Transiciones Laborales, incorporando otros aspectos, considerados importantes para el logro de una Integración Social efectiva:

Con el objeto de construir y habilitar puentes reales para una integración social, desarrollar competencias en el ámbito laboral es insuficiente. Por tanto, se diseña y prueba una “Estrategia de evaluación y fortalecimiento de las competencias personales, familiares y comunitarias, para favorecer la Integración Social de las Personas Usuarias” (SENDA; ACENTO CONSULTORES, 2013 p. 2).

Para explicar qué es el PMCIS me referiré a los objetos que resultaron de la consultoría y que lograron mayor circulación entre los profesionales de intervención. Estos corresponden a ejemplares en papel y en CD de un manual para llevar a cabo 56 actividades de aprendizaje, agrupadas según categorías y parámetros bien definidos.

El PMCIS presentado por SENDA es un archivador. Su portada tiene un diseño que evoca un software computacional y en el interior hay varios cuadernillos, cada uno con distinta simbología. El primer cuadernillo se titula Cuaderno del Facilitador y en él se explica la organización del resto del Portafolio. Por un lado se definen dimensiones de la vida (persona, familia, comunidad y empleo) y por otro ámbitos de competencia (conocer, comunicar, resolver y aprender), de manera que se configura un cuadro de 16 competencia a desarrollar:

Figura 1
Cuadro resumen PMCIS. Fuente: SENDA (2013)

Además, cada una de las 16 competencias se desglosa en 4 Elementos Claves a lograr con las actividades. Luego, cada cuadernillo corresponde a una de las 16 competencias a desarrollar y posee una gráfica que designa claramente a qué dimensión y a qué ámbito corresponde. En el interior de cada cuadernillo hay instrucciones y materiales para realizar las actividades de acuerdo al elemento clave al que apunta la actividad.

Utilizando la idea de simplificación (CALLON, 1986), podemos decir que el conjunto de asociaciones realizadas por los profesionales, usuarios, equipo de asesores de SENDA, entre otros, respecto de los procesos que deben seguir los usuarios de los PTyRCPS para el logro de la Integración Social - Empleo, se estabiliza por medio del PMCIS. En este se logra reducir a un cuadro esquemático la complejidad de los procesos en cuestión y se establecen parámetros claros, respecto de qué y cómo hacer.

Aquí cabe aplicar la idea de traducción de intereses (LATOUR, 1987), en el sentido de que el propósito de SENDA, esto es, elaborar políticas para el tratamiento, rehabilitación e integración social de las personas afectadas por el consumo problemático de sustancias, encuentra en el modelo de Competencias para la Empleabilidad un medio apropiado. Podemos decir también que dicho modelo logró un proceso exitoso de traducción ya que se volvió indispensable. De este modo vemos una progresiva movilización de los objetivos de SENDA de manera que se asimila (o traduce) el logro de la “Integración Social” con el logro de un empleo. En ambos casos se siguen la misma estrategia; se define claramente qué es lo que debe ser logrado en términos de competencias.

Luego la pregunta que surge es ¿Qué son las competencias? Aquí cabe un breve paréntesis para traer algunos elementos que nos ayuden a abrir esta caja negra.

Lo primero es mencionar que el discurso de las competencias surge en el ámbito de la formación técnica, de la mano de teorías conductistas del aprendizaje. Sus premisas se pueden rastrear en las ideas de Taylor (ESPINOZA, 2012) sobre la necesidad de separar la planificación del trabajo y su ejecución. Se propone que el desempeño esperable de un determinado trabajador debe ser definido por un grupo de expertos que manejen todo el proceso de producción.

Luego, en el ámbito de la educación superior surge el llamado Modelo de Formación por Competencias, el cual cobra relevancia como marco para la Comunidad Económica Europea a objeto de hacer comparables los grados y títulos de todos los países miembros, y facilitar la circulación de los estudiantes y profesionales por el espacio europeo. El principal argumento utilizado para defender este modelo fue que permitiría establecer claramente los resultados de los procesos de enseñanza en términos de desempeños, es decir, de lo que serán capaces de hacer los profesionales. Además estos desempeños serían fácilmente transferibles y acumulables (Espacio Europeo de Educación Superior, 1999).

Al mismo tiempo, desde organismos internacionales se planteó la necesidad de que los países desarrollasen su Capital Humano (OCDE; Banco Mundial, 2009), entendido este como talentos, características y capacidades de los sujetos que deben ser valorizados, gestionados e invertidos como todo capital (RODRIGUEZ, 2013).

Es decir, el discurso de las competencias toma enunciados que tienen su origen en los análisis económicos y de procesos, los que luego transitan al ámbito educativo (CASCANTE FERNÁNDEZ, 2009).

Volviendo al tema que nos interesa, la idea del Capital Humano es tomada por SENDA al definir la Integración Social, adoptando el concepto de Capital de Recuperación (CLOUD; GRANFIELD, 2008), entendido este como el conjunto de recursos que aumentan la capacidad del individuo de lograr la abstinencia o una variación en el patrón de consumo, mejora su salud, su bienestar y su calidad de vida. El proceso de recuperación consistiría por tanto en “evaluar y planificar los tipos de capitales necesarios para su recuperación” (SENDA; ACENTO CONSULTORES, 2013 p. 10). De este modo, el desarrollo de competencias permitiría a los sujetos “responder exitosamente a una demanda problema o tarea compleja, movilizando y combinando recursos personales (cognitivos y no cognitivos) y del entorno”. (OECD/WorldBank, 2003 en SENDA; ACENTO CONSULTORES 2013 p. 12)

Podemos decir que el Modelo de Competencias, en sus múltiples versiones logró enrolar importantes actores, tales como el Espacio Europeo de Educación Superior y el Banco Mundial, y que actualmente amplía su red, re definiendo sus conceptos hacia la intervención de personas con consumo problemático de sustancias. Al mismo tiempo el discurso del Capital Humano logra capturar intereses de las ciencias de la conducta, en específico el tratamiento de personas con consumo problemático de sustancias por medio de la noción de Capitales de Recuperación.

2. Modelar, modificar y ampliar la red

En 2013 y 2014 SENDA encomendó a una Universidad tradicional realizar un proceso de adecuación del PMCIS con el objetivo de acercar la herramienta al contexto de la intervención con adolescentes con infracción de ley. La razón era que, luego de la entrada en vigencia de las ley 20.084, los usuarios de los PTyRCPS había experimentado un cambio: cada vez un porcentaje mayor correspondía a jóvenes que habían cometido algún delito. Al mismo tiempo, los profesionales que trabajaban en intervención directa demandaban a SENDA ajustar sus instrumentos de intervención a este nuevo tipo de usuario, debido a las grandes diferencias que existían entre estos y la población para la cual se habían diseñado las políticas.

Para la adaptación del PMCIS a Jóvenes Infractores de Ley, se conformó un equipo de trabajo compuesto por académicos de la Universidad y 8 profesionales de atención directa de siete PTyRCPS de la región de los Ríos, orientados a Jóvenes con infracción a la ley 20.084. A continuación, se presenta un cuadro explicativo del funcionamiento de las sanciones que establece la ley 20.084. En él se muestran los distintos tipos de dispositivos de acuerdo a 1) el tipo de sanción y 2) el tipo de PTyRCPS. Luego se presenta una tabla donde se detallan los PTyRCPS que participaron del proceso de adaptación del PMCIS. Cada programa será identificado con un número.

Figura 2
Estructura de aplicación de Sanción Accesoria Ley 20.084 (elaboración propia)

Tabla 1
Descripción de dispositivos que participaron del proceso de adaptación del PMCIS a Jóvenes con Infracción a la ley 20.084, según tipo de sanción y tipo de programa de tratamiento.

PT y RCPS	Clasificación del programa según SENDA	Tipo de sanción según Ley 20.084
1	PAI	CRC y CSC
2	PAI	CRC
3	PR	PLE y PLA
4	PR	PLE y PLA
5	PR	PLE y PLA
6	PR	PLE y PLA
7	PAI	PLE y PLA
8	PAI	PLE y PLA

Los dispositivos 1 y 2 corresponden PTyRCPS en régimen cerrado o semi cerrado, dependientes del SENAME. Funcionan en un establecimiento creado a partir de LRPA en 2007, en el mismo lugar donde antes funcionaba un Centros de Readaptación Conductual, organizado de acuerdo a la antigua Ley de menores. El complejo alberga un Centro de Internación Provisoria (CIP) donde están los menores cuyos procesamientos están aún en curso, y el Centro de Cumplimiento de Régimen cerrado (CRC), donde están los menores con sentencia definitiva para régimen cerrado. El complejo cuenta con dos secciones, una destinada al CIP y la otra al CRC, una torre de vigilancia central que cubre ambas secciones, además de torres de vigilancia en cada esquina de su perímetro y cámaras de televigilancia en pasillos y patios.

Los dispositivos 3, 4, 5 y 6 corresponden a comunidades terapéuticas dependientes de ONG’s que ejecutan PTyRCPS según establece la Ley 20.084 para las sanciones PLA y PLE.⁸ Funcionan en inmuebles con fines habitacionales, es decir, casas que cuentan con varios dormitorios, comedor, cocina, baños y sala de estar, ubicadas en barrios residenciales. Todos cuentan además con box de atención y espacios específicos destinados a talleres grupales.

Por último, los dispositivos 7 y 8 corresponden a programas PTyRCPS ambulatorios ejecutados por ONG’s. Funcionan también en inmuebles con fines habitacionales ubicados en barrios residenciales pero con una distribución modificada de los espacios: Los dormitorios son utilizados como oficinas y box de atención, mientras que cocinas y salas de estar son utilizadas como talleres para actividades grupales.

Una de las primeras etapas del proyecto fue definir con los profesionales cuáles eran las características específicas de la población a la que se debía adaptar el PMCIS. Según consta en el informe final del proyecto, estas eran: 1) la etapa evolutiva en la que se encuentran los sujetos (adolescencia) no permite trabajar la dimensión Persona tal como está propuesta en el PMCIS, ya que no hay una personalidad acabada ni claramente definida; 2) el grupo familiar del cual provienen los sujetos no permite trabajar la dimensión Familia, ya que en la mayoría de los casos este en más bien un factor de riesgo que de protección; 3) en el caso de los sujetos con privación de libertad es imposible trabajar la dimensión Comunidad, ya que están apartados de la misma; y 4) la etapa de vida en la que se encuentran los sujetos no se corresponde con la dimensión Laboral, ya que por ser menores de edad no deberían trabajar.

Para la adaptación del PMCIS los profesionales debían aplicar las actividades propuestas por dicho instrumento a Jóvenes con Infracción de Ley y anotar todas las adecuaciones que realizaban en una ficha de registro previamente diseñada. Las fichas de registro luego fueron analizadas y discutidas en grupos focales. En estas instancias se compartían ideas respecto de cómo modificar las actividades para hacerlas más adecuadas a los adolescentes. Todas estas discusiones fueron grabadas y posteriormente analizadas por el equipo de la Universidad.

Acá se hace evidente el poder de enrolamiento del modelo: a pesar de que todo el sistema de simplificación, es decir, todas las dimensiones, tenían problemas para el trabajo con jóvenes infractores de ley, en ningún momento SENDA, ni los profesionales pusieron en cuestión que este era adecuado. Pese a que la misma idea de adaptar el instrumento respondía a las dificultades para su aplicación, esto es atribuido a las características específicas del tipo de población. De esto se sigue que la solución propuesta fuera adaptar el instrumento a dichas características.

El Portafolio Metodológico, resulto ser una herramienta útil para abordar los procesos de aprendizajes esperados. Uno de los aportes más significativos se relaciona con establecer una metodología participativa, lúdica y no invasiva, que favorece el reconocimiento y problematización […]. El portafolio de evidencia permite visualizar el desarrollo continuo de los aprendizajes esperados en el contexto cotidiano de las participantes (UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, 2014, p. 8).

De este modo el proceso de adaptación fue guiado por el modelo: Se realizaron las actividades propuestas en el PMCIS y luego estas fueron modificadas teniendo como guía la dimensión y el ámbito de competencia al que correspondía cada una. Podemos decir que el cuadro con 16 competencias funcionó como un tablero de comando, pero un aspecto relevante para efectos del análisis, es que éste también sufrió modificaciones. En la medida en que se iban modificando las actividades, los profesionales también fueron modificando los aspectos claves y con ello, se debió modificar algunas competencias.

Una vez que todas las actividades fueron modificadas, un experto en el Modelo de Competencias participó como asesor. La asesoría consistió en una evaluación del producto final (Portafolio con actividades adaptadas) en términos de coherencia.

El objetivo de la revisión metodológica es evaluar de acuerdo a criterios definidos, la pertinencia y adecuación de las actividades de aprendizaje con el modelo de competencias, la población objetivo a la cual estarán dirigidas y otras variables de interés. Cada actividad fue revisada en profundidad de acuerdo a estas categorías (UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, 2014 p. 3).

Finalmente, cuatro de las 16 competencias cambiaron de nombre (dos de la dimensión Persona y dos de la dimensión Familia) y la dimensión Empleo fue reemplazada por la dimensión Ocupacional. En esta última fue donde se dieron las mayores modificaciones, ya que, además del cambio de nombre de la dimensión se modificaron las cuatro competencias y con ello todos los elementos clave y la mayoría de las actividades.

Esta dimensión fue problematizada por los profesionales. Se cuestionaban las reales posibilidades de los jóvenes de conseguir un trabajo u oficio a futuro. Los obstáculos que refieren los profesionales se relacionan con no tener educación media completa, tener antecedentes penales y las condiciones del mercado laboral:

Los Chicos, la mayoría no tiene cuarto medio, entonces por más que los capacites en un oficio, por ejemplo, albañil, carpintería, panadero, como son los cursos que ofrece el SENSE, no van a conseguir trabajo en eso, aún que hayan dejado de delinquir, porque hoy hasta para basurero te piden cuarto medio (extracto grabación grupo focal con profesionales de intervención 27 de sep. de 2014)

En otro grupo focal, otro profesional comenta: Cómo van a querer trabajar 12 horas al día cargando sacos y ganado menos del sueldo mínimo si ya saben que en un rato se lo pueden hacer la misma plata robando (extracto grabación grupo focal con profesionales de intervención 18 de oct. de 2014). En respuesta a estos cuestionamientos, se proponía vincular las actividades con las historias de vida y con las personas significativas de los usuarios, dentro de las cueles aparecían los mismos profesionales. Esto se ve reflejado en las modificaciones.

De este modo vemos que el Portafolio actúa como mediador: si bien modifica las formas de actuar de los profesionales, al mismo tiempo va experimentando modificaciones en el contenido de lo que expresa con cada nuevo uso.

Finalmente, como resultado de todo el proceso se generó un PMCIS “Adaptado a Población Adolescente en Situación de Vulnerabilidad Social” (en adelante PMCIS-APASVS). Este es también un archivador, con un nuevo diseño que podríamos catalogar como más juvenil. Este se entiende como una red que conecta las acciones de profesionales en el momento en que intervienen las subjetividades, con una tecnología de intervención (PMCIS) previamente elaborada. En esta red participan mesas, sillas, lápices, cámaras y torres de vigilancia, sentencias judiciales, documentos de registro, financiamiento de programas, entre otros. Además, en esta red participan expertos y la Universidad, con lo cual se generan nuevas conexiones que darán mayor estabilidad al resultado.

A modo de conclusión

Volviendo a la pregunta sobre cómo se ven expresadas las formas de gobierno en el ámbito que se propone estudiar, vemos que el tema de la empleabilidad es un importante objetivo de gobierno. Al igual como ocurre en otros países de América Latina, el enfoque de las transiciones laborales se ha articulado con la cuestión de la inclusión social de los jóvenes (BRENDÁN ZEHNDER, 2014) de manera que los problemas y las formas de solución en el ámbito de la juventud se han definido en términos de inserción laboral juvenil. Luego, las políticas orientadas a la integración laboral, han enrolado otros intereses, como son las políticas orientadas al tratamiento del consumo problemático de sustancias y la integración social. En el caso de este estudio, la caja negra de las competencias ha jugado un rol central, al lograr hacer transitar una lógica propia de la formación para el trabajo hacia muchos otros ámbitos de la intervención de la subjetividad de personas y grupos.

Esto puede haber sido facilitado por otros procesos de traducción ocurridos en los sistemas de educación, donde el Modelo de Formación por Competencias adquiere mayor estabilidad al articular la noción del Capital Humano con los procesos de enseñanza. De este modo, la educación se va transformando en un entrenamiento en habilidades para un mercado laboral donde cada sujeto debe convertirse en un empresario de sí mismo, invirtiendo y gestionando sus propias capacidades.

Luego, la noción de Capitales de Recuperación se articula de una forma similar con los procesos de tratamiento por consumo problemático de sustancias. Estos deben orientarse al desarrollo del potencial de cada sujeto como estrategia para superar su condición.

Finalmente, en el ámbito específico que nos interesa, el sujeto de intervención se configura al interior de los dispositivos, en primer lugar, por haber cometido algún delito. En este sentido, cobran relevancia algunos de los principios de la prisión planteados por Foucault (1979) ya que la tecnología de intervención estudiada opera bajo una suspensión de derechos, o bajo una amenaza de sufrirla, con el fin de neutralizar a quienes son considerados sujetos peligrosos. Sólo una vez neutralizado el sujeto se convierte en objeto de acciones que buscarán modificar sus conductas, y cobran relevancia saberes expertos extrajurídicos, en este caso asociados a temas de adolescencia y de consumo problemático de sustancias.

Relacionándolo con lo anterior, podemos decir que el objetivo de gobierno de lograr mayor empleabilidad en los jóvenes, llega a enrolar incluso a intereses de seguridad ciudadana por medio del modelo de competencias. En este proceso, los profesionales que intervienen son un actor clave, en la medida en que van introduciendo pequeñas modificaciones para conectan la lógica del modelo con las características de los sujetos de intervención y con las distintas políticas de gobierno que participan del asunto. Al mismo tiempo el instrumento logra re configurar su sistema de simplificación y yuxtaposición (CALLON, 1986) para adecuarse a nuevas conexiones.

Sin embargo, del análisis realizado se puede desprender que el instrumento diseñado para trabajar con jóvenes con infracción de ley no considera el elemento central antes mencionado (suspensión de derechos, o amenaza de sufrirla). Incluso, pese a que se trabajó con jóvenes con infracción de ley, el instrumento final se designa como Adaptado a Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad Social. De esta forma el instrumento borra las conexiones con los elementos de la prisión que participan de la red, como por ejemplo las torres y cámaras de vigilancia o las sentencias judiciales. Pero además para borrar estas conexiones, debe conectarse con la noción de Vulnerabilidad Social con lo cual queda implícita una conexión de esta con la idea de Infracción de Ley.

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• 1
  La Convención sobre Derechos del Niño fue aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas en Noviembre de 1989 y promulgada en Chile con el rango de ley en Septiembre de 1990.
• 2
  Publicada en el Diario Oficial 7 Diciembre 2005.
• 3
  La Norma técnica 85, “Para el tratamiento integral de adolescentes infractores de ley con consumo problemático de alcohol - drogas y otros trastornos de salud mental” es del año 2009.
• 4
  Se refiere a las asociaciones entre humanos y no humanos que dan vida y mantienen lo social. Se definen como inestables ya que pueden variar generando cambios en lo social.
• 5
  Latour utiliza el término mediador para referirse a dos cosas: por un lado la propiedad de las tecnologías de modificar el contenido de lo que se expresa, y por otro, las modificaciones que experimentan las tecnologías en cada nueva asociación o uso.
• 6
  Decreto Supremo N° 683 de 1990 del Ministerio del Interior.
• 7
  Creado el 21 de febrero de 2011 por la ley N° 20.502.
• 8
  Cabe señalar que esta consiste en la sujeción del adolescente al control de un delegado, de acuerdo a un plan de desarrollo personal aprobado por el tribunal. El artículo 14 de la LRPA establece que estos programas deben orientarse a que el adolescente logre 1) participar del proceso de educación formal, 2) obtener capacitación laboral, 3) acceder a programas de tratamiento o rehabilitación de drogas y 4) fortalecer el vínculo familiar o con adulto responsable.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  Sep-Dec 2018
• Fecha del número
  Dic 2018

Histórico

• Recibido
  20 Oct 2017
• Acepto
  30 Jul 2018