“Ninguna mujer...” El abolicionismo de la prostitución en la Argentina

“No woman...” Prostitution abolitionism in Argentina

“Nenhuma mulher...” O abolicionismo da prostituição na Argentina

Resumen

Los debates feministas sobre la prostitución han sufrido una creciente polarización en la última década. El presente artículo constituye una exploración en torno a ciertas expresiones del abolicionismo en Argentina. Partimos del análisis de dos escenas que retratan experiencias que hemos tenido al investigar sobre el mercado sexual en ese contexto de polarización. En primer lugar, buscamos describir y analizar los elementos presentes en estas escenas que pueden remitir a concepciones esencialistas y prácticas políticas que contribuyen a la segregación de las mujeres que se definen políticamente como “trabajadoras sexuales”, como “otras” de ese movimiento. En segundo lugar, nos interrogamos sobre las condiciones de posibilidad de esta deriva de algunas vertientes del movimiento abolicionista local.

Palabras clave:
prostitución; abolicionismo; Argentina; trata de personas; esencialismo

Abstract

Feminist debates on prostitution have been increasingly polarized over the past decade. This article is an exploration around certain expressions of abolitionism in Argentina, based on the analysis of two scenes that depict experiences we have had as researchers on the sexual market. First, we describe and analyze the elements present in these scenes that can refer to essentialist conceptions and political practices that contribute to the segregation of women who define themselves as sex workers as the “other” of that movement. Then we inquire about the conditions of possibility of this drift by the local abolitionist movement.

Keywords:
prostitution; abolitionism; Argentina; trafficking in persons; essentialism

Resumo

Os debates feministas sobre a prostituição têm sido cada vez mais polarizados na última década. Este artigo é uma exploração em torno de certas expressões do abolicionismo na Argentina, com base na análise de duas cenas que retratam experiências que tivemos como pesquisadores no mercado sexual. Primeiro, descrevemos e analisamos os elementos presentes nessas cenas que podem se referir a concepções essencialistas e práticas políticas que contribuem para a segregação das mulheres que se definem a si mesmas como profissionais do sexo como as “outras” do movimento. Em seguida, perguntamos sobre as condições de possibilidade dessa deriva do movimento abolicionista local.

Palavras-chave:
prostituição; abolicionismo; Argentina; tráfico de pessoas; essencialismo

Introducción

La experiencia de investigar en el mercado sexual implica hallarse frecuentemente envuelto en discusiones que van de intensas a violentas, incluso puede acarrear ser acusado/a e injuriado/a. Si bien en cada terreno de las ciencias sociales se plantean debates, un/a investigador/a avezado/a en otros temas pero que recién ingrese a esta área puede llegar a sorprenderse de las formas extremas que adoptan los intercambios cuando lo que se discute es el comercio sexual.

Varias/os autoras/es han relatado las múltiples dificultades que puede suponer estudiar sobre un tema que desata pasiones como es la prostitución (Dewey, Zheng, 2013; Hammond, Kingston, 2014; Piscitelli, 2016). Escenas violentas en congresos, denuncias judiciales, acoso en terrenos académicos y estigmatización en la vida social son moneda corriente en este campo. En el contexto argentino, se ha advertido cómo el polarizado debate en torno al trabajo sexual puede convertirse en un obstáculo para la libertad académica (Pecheny, 2013).

El debate feminista ha consolidado una dicotomía en torno a la cuestión de la prostitución, de un lado quienes la conciben como trabajo sexual y del otro quienes aseveran que la prostitución es una forma de violencia de género. Este proceso de polarización comenzó en la década de 1980, originado en el ámbito norteamericano y luego se ha extendido a nivel internacional tanto en el campo académico como en el activismo (Chapkis, 1997; Ferguson, 1984; Rubin, 2012). El debate se ha organizado dicotómicamente en torno a cómo se concibe a la prostitución: ¿es un trabajo o es violencia/esclavitud? Uno aspecto relevante de este debate es que, tal como se lo lee habitualmente, parece que de la respuesta a esa pregunta se derivan linealmente posiciones políticas. De un lado se busca legitimar la prostitución, concibiéndola como trabajo sexual, y por el otro se la condena como una forma de violencia de género y se pretende la abolición de la prostitución/esclavitud sexual.

En el contexto local el debate sobre la prostitución se ha acelerado en los últimos años, aumentando la polarización. Esto ha incidido en nuestras investigaciones desarrolladas en este período, donde hemos podido observar el in crescendo de este proceso. En este contexto, nuestro posicionamiento en el marco político del “trabajo sexual” surge como efecto de la polarización y su distribución de “jugadores” en el campo (Vianna, 2013). Pero al mismo tiempo se liga al interés por desarrollar investigaciones comprometidas con la construcción de espacios que hagan audibles las voces y demandas de las trabajadoras sexuales organizadas. Por ejemplo, hemos colaborado con AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina)¹ en la elaboración de un informe sobre vulneraciones de derechos a mujeres que ofrecen sexo comercial a partir del despliegue de las políticas anti-trata (Varela y Daich, 2013). Varios aspectos de nuestra investigación han contribuido a una crítica de la estigmatización buscando visibilizar sus efectos en la vida cotidiana de quienes hacen sexo comercial (Morcillo, 2014; 2017). También desde el frente FUERTSA², que integramos, hemos impulsado la participación de las trabajadoras sexuales organizadas en distintas instancias de discusión y debate en nuestras instituciones de trabajo.

Dentro este campo complejo y desde donde nos hemos posicionado, nos interesa contribuir a reflexionar sobre las dinámicas del abolicionismo de la prostitución en Argentina por dos motivos³. Por un lado, porque en nuestro país esta perspectiva ha atravesado un proceso de creciente institucionalización a través de un cúmulo de legislaciones, políticas públicas e inserción en las burocracias estatales (Morcillo, Justo, 2012; Varela, 2015). El derrotero seguido por algunas vertientes del abolicionismo local a lo largo de los últimos 20 años muestra una serie de transformaciones. Este proceso brindará las condiciones de posibilidad para un posicionamiento que adquiere rasgos propios de concepciones esencialistas y que favorece la exclusión de quienes no adhieren al principio de que la prostitución no puede en ningún caso ser considerada un trabajo.

Al interior de los feminismos las críticas a los esencialismos tienen una nutrida historia. Los cuestionamientos a la postulación de la categoría mujer como un sujeto homogéneo pueden ser rastreados en varios frentes, desde los feminismos negros, lesbianos, las feministas chicanas o mestizas y las poscoloniales, pasando por los estudios queer (Bulter, 2001; hooks, 2004; Mohanty, 2003; Wittig, 2006). Los debates sobre pornografía y prostitución también han delineado algunas de estas críticas (Chapkis, 1997; Leigh, 2016 [1997]). La operación de universalización invisibiliza las demandas de aquellas “otras” mujeres cuyas experiencias se distancian de aquellas blancas, cis-heterosexuales y de clases medias (y que no venden servicios sexuales). Tal como ha señalado Butler, “insistir en la coherencia y la unidad de la categoría de las mujeres ha negado, en efecto, la multitud de intersecciones culturales, sociales y políticas en que se construye el conjunto concreto de «mujeres».” (2001: 67). Frente a esta crítica, algunas feministas han planteado que la multiplicación del sujeto mujer amenaza con minar las bases del desarrollo del movimiento. En este sentido emerge la alternativa de un “esencialismo estratégico” como un primer paso para construir un movimiento feminista, si bien esta posición debería luego ser superada⁴. Chantal Mouffe ha señalado que los esencialismos no necesariamente deben ser vistos como conservadores, no obstante:

[El esencialismo] presenta algunas deficiencias ineludibles que interfieren con la construcción de una alternativa democrática cuyo objetivo sea la articulación de distintas luchas ligadas a diferentes formas de opresión. Considero que el esencialismo conduce a una visión de la identidad que no concuerda con una concepción de democracia plural y radical y que no nos permite construir la nueva visión de la ciudadanía que hace falta para aplicar tal política. (Mouffe, 1993: 3)

El análisis del esencialismo y las formas de movilización política que de este se derivan también ha sido planteado en términos de fundamentalismo (Agustín, 2009; Wilson, 2001). A propósito de las políticas llevadas a cabo por el feminismo anti-pornografía Elizabeth Wilson sugiere:

Las campañas anti-pornografía constituyeron una forma de fundamentalismo secular. Por fundamentalismo entiendo una visión de mundo, una filosofía y una forma de vivir que insiste en que los individuos vivan siguiendo normas y rituales rígidamente prescriptos, y que insiste en que únicamente esta visión de mundo es la correcta. Aquellos que no sigan esta verdad y su iluminación son rechazados y demonizados -‘y esto fue, ciertamente, lo que sucedió con las feministas que no acordaban con la campaña anti-pornografía. El fundamentalismo ofrece certidumbre. El cambio y la incertidumbre, por contraste, pueden llevar a la ansiedad e incluso al colapso; aún así el precio pagado por la certidumbre es la rigidez y la intolerancia, y la creencia de que aquellos que no siguen “el verdadero camino” deben ser o bien destruidos o bien salvados. (2001: 47 énfasis en el original)

Tomando en cuenta estas perspectivas, en el presente artículo emprendemos una exploración en torno a ciertas expresiones del abolicionismo en Argentina. Partimos del análisis de dos escenas que retratan experiencias que hemos tenido en distintos espacios universitarios y político institucionales como investigadores en temas de mercado sexual⁵. En primer lugar, buscaremos describir y analizar los elementos presentes en estas escenas que pueden remitir a concepciones esencialistas y prácticas políticas que contribuyen a la segregación de las mujeres que se definen políticamente como “trabajadoras sexuales”, como “otras” de ese movimiento. En segundo lugar, nos interrogamos sobre las condiciones de posibilidad de esta deriva de algunas vertientes del movimiento abolicionista local.

Si bien este movimiento no constituye el foco de nuestras investigaciones (centradas sobre los distintos agentes del mercado sexual y sobre las burocracias judiciales y anti-trata), nuestra implicación en el complejo campo de debates sobre la prostitución nos llevó a ser partícipes de estas escenas. Así, el involucramiento en distintas instancias de debate habilitó un punto de vista singular desde el cual buscamos ensayar una estrategia exploratoria. Pensadas como “situaciones sociales” (Gluckman, 2003 [1940])⁶ que muestran los tipos de interacción y vínculos que se ponen en juego en los debates en torno la oferta de servicios sexuales y la trata de personas, las escenas que reconstruimos a continuación permiten abrir una ventana de indagación sobre la configuración del campo de las políticas de la prostitución.

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En septiembre de 2015 fui invitado para dar un seminario sobre trabajo sexual y trata de personas. La actividad era organizada por el programa de género en el marco de una universidad pública. Había preparado una exposición donde recuperaba algunos puntos críticos de mi investigación sobre la estigmatización en las experiencias de las mujeres que se dedican al sexo comercial. Otras presentaciones proponían reflexionar sobre los efectos de las políticas anti-trata. Salí temprano hacia el lugar y compartí el viaje de varias horas con otra de las expositoras que me iba adelantando su preocupación por el público abolicionista y sus posibles reacciones pues ella ya había tenido experiencias de maltrato en otro país.

Al llegar, quienes organizaban la actividad estaban preocupados/as. Un grupo de unas 15 mujeres se había apostado en el patio interior de la universidad justo al lado del salón donde debía darse el seminario. Congregadas por una activista que se posiciona como ex-víctima de explotación sexual, las mujeres portaban pancartas con las consignas abolicionistas “Prostitución no es trabajo”, “Prostitución es violencia contra las mujeres”. Cuando llegamos comenzaron a batir tambores y otros objetos para generar ruido, sin que hubiera mediado ninguna demanda previa de su parte. Su intención parecía ser tanto llamar la atención como impedir el desarrollo de la actividad pues el sonido de los tambores, los gritos y cánticos hacían difícil comenzar con el seminario.

El clima era muy tenso y los/as asistentes se miraban entre sí confundidos/as y preocupados/as. Entonces, una de las organizadoras se acerca a hablar con las manifestantes para saber qué intenciones tenían este grupo de mujeres. Le plantean que el seminario no puede dictarse, que es una universidad pública y que “Argentina es abolicionista” por ende piden que se cancele la actividad. Además, la activista/víctima afirma que ella debería haber sido invitada, sin embargo tampoco quiere participar como asistente al seminario. La organizadora le recuerda que hace apenas unos meses llevaron a cabo una actividad para presentar su libro donde la principal oradora era ella misma. Ella se queja de que no asistió tanta gente y exige nuevamente que se suspenda la actividad.

La escena se prolongó durante casi una media hora en la cual el seminario está virtualmente detenido y concluye cuando las manifestantes se retiran dejando una carta dirigida a las/os organizadoras/os y amenazas de elevar una nota a las autoridades de la universidad para “denunciar” lo ocurrido.

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En el marco de la nueva gestión de uno de los organismos estatales de lucha contra la trata, AMMAR fue invitada a una primera reunión en enero de 2016. Cuarenta y seis organizaciones y activistas conformaban un amplio listado de invitadas/os que fue dado a conocer públicamente. El evento simbolizaba un gesto de apertura hacia las organizaciones de la sociedad civil, quienes resultaban reconocidas como interlocutoras para el desarrollo de la política pública.

Asistí a la reunión -como parte del Observatorio de violencia institucional hacia el trabajo sexual- junto con Laura, una trabajadora sexual organizada en AMMAR ⁷ . Nuestra intención en este encuentro era discutir los códigos contravencionales que aún penalizan la prostitución callejera en 19 provincias argentinas. Pensábamos que la derogación de estas normas podía constituir un punto de acuerdo con organizaciones abolicionistas.

Feministas abolicionistas, integrantes de organizaciones católicas y organizaciones abocadas a temas de género y ex prostitutas abolicionistas, conformaban una platea predominantemente compuesta por mujeres. El moderador de la reunión explicó la dinámica: primero cada una/o se presentaría brevemente, y en un segundo momento, la coordinadora del comité pasaría a contar las líneas de trabajo de la nueva gestión.

Laura y yo nos presentamos como parte de AMMAR y el Observatorio respectivamente. A partir de ese momento, el tono de las siguientes presentaciones y de la reunión en general cambiaría drásticamente. Una activista abolicionista planteó con fervor su indignación por la presencia de “los fiolos y las fiolas” (proxenetas) que promueven la explotación sexual de las mujeres. El público asentía entre murmullos y varias alzaban su voz para compartir su indignación, mientras el moderador hacía esfuerzos (infructuosos) por mantener el orden en la distribución de la palabra. Algunas plantearon su incomodidad por la presencia de AMMAR diciendo que no se podía “mezclar” a las organizaciones. “Mezclar las aguas”, “meter a todos en la misma bolsa”, “pensar que somos iguales”, “juntarnos como si fuéramos parte de lo mismo” fueron algunas de las expresiones que circularon para definir el malestar con las formas en que se había realizado la convocatoria.

La presencia de AMMAR era objetada. Algunas argumentaban su complicidad (o identificación) con “el proxenetismo”, otras planteaban que la ley que había creado al organismo convocante era abolicionista y añadían que el estado argentino había adoptado esa posición desde la ratificación del Convenio de 1949. La coordinadora pidió disculpas por si alguien se había sentido “lastimado” por la presencia de AMMAR, pero explicaba que “como Estado” se veía en la obligación de abrirles las puertas a todas.

Una activista objetó que tomara notas sobre su vida. Le respondí que no había asistido a la reunión con el objeto de “investigarla”, sino que estaba allí como parte de un observatorio de violencia institucional hacia el trabajo sexual y tomaba nota de quienes se iban presentando tal como lo estaban haciendo otras personas allí. La explicación no calmó los ánimos, sino que brindó material para la construcción de una sospecha adicional que fue expresándose en las siguientes intervenciones: la antropóloga estaba obteniendo allí “información” que terminaría en las manos del “proxenetismo organizado”.

La clave criminal para describir nuestra presencia en la reunión permeaba cada vez más las intervenciones de los participantes. AMMAR era presentado como una “organización mafiosa” y yo como una espía infiltrada del proxenetismo. El tono de voz de las intervenciones que objetaban nuestra presencia se hacía cada vez más elevado y desataban aplausos. En un momento, algunas asistentes comienzan a corear “¡¡que se vayan, que se vayan!!”. Frente al desorden imperante el moderador decide someter a votación nuestra presencia en la reunión. La mayoría de las manos se alzan para que nos retiremos. Sostengo frente a los organizadores que no pueden echarnos de una reunión a la cual ellos mismos nos han invitado. No nos movemos de nuestros asientos y el moderador evita dar el paso lógico siguiente (solicitar que nos retiremos) y el asunto se disipa.

El moderador logró por un tiempo orientar la reunión y las participantes discutieron sobre las líneas de trabajo propuestas. Pero sobre el final volvieron a irrumpir las preocupaciones en torno a la presencia de AMMAR -en clave de “mafias” o “proxenetismo organizado”- y a los peligros que la “información” obtenida por nosotras podrían suponer para los/as activistas. Una joven abogada concedió a la coordinadora que como “estado” tenía que escuchar a todas las organizaciones, pero cuestionó que en nombre de esta pluralidad tuvieran que estar todas en la misma reunión. “Que vengan cualquier otro día a tu oficina!” pidió visiblemente enojada, mientras Laura gritaba desde su asiento “yo también soy mujer... no soy el enemigo público número uno!”

Fuera de escena

¿Quiénes pueden tener una voz en estas escenas y quienes pueden constituirse como sujetos de saber? ¿De qué formas se ponen en juego las relaciones entre distintos actores en cada una de ellas? ¿Qué estrategias discursivas aparecen reflejadas en cada escena? ¿Podemos identificar elementos que remitan a concepciones esencialistas en los discursos y estrategias desplegadas?

En la primera escena, las militantes abolicionistas demandan tener una voz, pero esta demanda aparecerá casi en simultáneo con el pedido de suspender la actividad del seminario que estaba siendo repudiado. Un tiempo atrás se habían desarrollado dos actividades donde se abordaba la cuestión de la prostitución desde una perspectiva abolicionista. Aún así, en la carta presentada las manifestantes plantean que la universidad, por el hecho de haber dado lugar a este seminario, ha tomado una posición en el debate, y ha dejado de lado la mirada abolicionista. Además afirman:

Creemos que una universidad pública sostenida con recursos de todos los habitantes debe ser pluralista en el sentido de tener en cuenta todas las posiciones relacionadas con un tema tan actual y candente como son la prostitución y la trata, informar también que nuestro país es abolicionista y firmó tratados internacionales que prohíben la explotación de la prostitución ajena y la instalación de prostíbulos [...] Desde este punto de vista la prostitución no puede ser considerada un trabajo ⁸

Primero vemos una invocación a la pluralidad que aparece como una característica necesaria de la universidad pública y del “conocimiento crítico”. Sin embargo, esta apelación al pluralismo entra en tensión a continuación, al postular como enunciado de clausura la interpretación de que “nuestro país es abolicionista” (por referencia a la ratificación del Convenio de 1949⁹) de lo cual se deriva que “la prostitución no puede ser considerada un trabajo”. La demanda por tener una voz se transforma entonces en demanda por ser la única voz. Si consideramos el texto de la carta en el contexto la acción política montada, un escrache¹⁰, la demanda de pluralidad -en tensión, en la misma carta, con enunciados que obturan el pluralismo- puede ser interpretada como un gesto que intenta salvar las formas que requieren las intervenciones en el espacio público en tanto arena democrática. Estos gestos desaparecen en la segunda escena -donde la correlación de fuerzas favorece a las activistas abolicionistas. Allí también se presenta el argumento de que “Argentina es abolicionista” para excluir el discurso del trabajo sexual, pero se impone una exigencia de segregación.

Las manifestantes sugieren en su carta que las formas de analizar la legislación propuestas en el seminario por los/as investigadores/as son un modo de “defender a proxenetas y tratantes”. Allí proponen que sean invitados, en cambio, funcionarias/os en el área de las políticas anti-trata que han producido “estudios serios” sobre la cuestión. Esta apelación a las/os funcionarias/os como la palabra autorizada expresa una transformación. En el inicio de la campaña anti-trata (2007-2011) las organizaciones criticaban duramente a las/os funcionarias/os estatales por su falta de conocimiento para lidiar con la cuestión. No obstante, a partir del año 2012, las burocracias estatales se alinearon más estrechamente con la posición abolicionista (Varela y Gonzalez, 2015). Emergió así, en el seno del campo estatal y sus burocracias, la experticia anti-trata que resulta invocada en la escena como sujeto legítimo de saber.

La perspectiva de análisis propuesta por Claudia Aradau (2013) para pensar cómo se construyen saberes y conocimientos en el marco de las campañas anti-trata puede resultar fructífera aquí, pues no se trata de reparar en el valor de verdad sino de observar qué sujetos surgen legitimados como portadores de conocimiento en estos procesos y qué otras voces y perspectivas resultan desplazadas.

En la primera escena, acontecida en un espacio universitario, las activistas proclaman en la carta enviada a las autoridades que los informes de los/as investigadores son “falsos”, en contraste con aquellos de las/os funcionarias/os anti-trata caracterizados como “serios”. La posición de enunciación de las/os expositores hace necesario apelar a criterios propios del campo científico (verdadero/falso) para excluir del debate a quienes no parten del supuesto de que la prostitución es siempre y en todos los casos violencia contra las mujeres.

Las estrategias desplegadas en la segunda escena -donde la correlación de fuerzas es diferente- para producir sujetos legítimos de saber presentan otras características. Las/os activistas se posicionan como portadores de “informaciones” valiosas y sensibles, amenazados por la presencia de AMMAR, quien pone en riesgo y vulnera la eventual potencia de esos conocimientos para combatir a las “mafias”. Esta insistencia en la posesión de conocimientos sensibles cuya circulación debe protegerse muestra una función productiva del conocimiento, al margen de su confiabilidad o precisión para describir al mercado sexual. Los conocimientos y el secreto que en este caso debería protegerlos al tiempo que legitiman a algunos sujetos como expertos excluyen a otros. De allí, la pregunta es ¿cuál conocimiento es presentado en estos discursos como ilegitimo o bien carente de valor? Aquí los saberes de quienes se identifican como trabajadoras sexuales o adhieren a su perspectiva en esta disputa resultan marginados y carecen de capacidad para constituirse como agentes epistémicos en la producción de políticas anti-trata.

El borramiento de los conocimientos y perspectivas de las trabajadoras sexuales organizadas se enlaza también con la supuesta peligrosidad de sus organizaciones. En la segunda escena, la aversión que se expresó a lo largo de la reunión frente a las “mezclas” que había producido la convocatoria puede ser leída en los términos de Mary Douglas cuando señala que “algunas contaminaciones son analogías para expresar una visión del orden social” (1973: 16). El lenguaje de la contaminación es puesto en marcha para reconstruir el orden moral y sus fronteras, vulneradas por la presencia de “proxenetas” o “prostituyentes”, tal como se concibe a quienes defienden los derechos de las trabajadoras sexuales organizadas. Las poluciones indican que el orden moral se encontraba amenazado. Una organización que demanda derechos en torno al reconocimiento de la prostitución en tanto trabajo sexual no puede alojarse en esa visión de mundo y resulta recodificada para ingresar en uno los dos polos. La operación que convierte a AMMAR en una “mafia” permite eliminar la ambigüedad y restaurar un orden dicotómico: de un lado quienes luchan para rescatar a las víctimas indefensas y del otro lado los perversos criminales que lucran con la explotación sexual de las mujeres. En este caso AMMAR es una cómplice de las “mafias” (o directamente la “mafia”). Las mujeres que hacen sexo comercial, resisten a su identificación como víctimas y se organizan como trabajadoras sexuales sólo pueden ser ubicadas como una parte más de las mafias que los activistas denuncian.

En ambas escenas se puede observar cómo, en distintos campos de fuerza y apelando a diversos registros discursivos y estrategias políticas de impugnación, se bloquean las posibilidades de discusión, o bien se demanda la expulsión de quienes tienen perspectivas diferentes de la abolicionista. En dichas estrategias subyace una concepción homogénea de mujer que informa a estas vertientes abolicionistas, una mujer que no puede nunca identificarse como trabajadora sexual. Puntos de posible articulación como los problemas que produce el estigma de “puta”, los riesgos de la criminalización de mujeres por las políticas anti-trata o la derogación de las normativas que sancionan a las mujeres en prostitución desaparecen cuando no se adhiere al principio de que “la prostitución no puede ser considerada un trabajo”.

Vaivenes abolicionistas. De la trata de blancas a las sex wars.

¿Cómo ha sido posible esta polarización dentro del movimiento feminista? ¿Qué procesos políticos permiten comprender los contornos del abolicionismo y qué concepciones han ido modelando sus transformaciones? Para intentar comenzar a responder estas preguntas resulta clave tomar en consideración el derrotero histórico del abolicionismo y sus influencias transnacionales.

El abolicionismo de la prostitución -cuya denominación es tomada del abolicionismo de la esclavitud- surge en la Inglaterra victoriana de fines del siglo XIX, ligado a la movilización contra medidas que sometían a las mujeres sospechadas de prostitutas a controles de enfermedades venéreas. Este movimiento feminista, liderado por Josephine Butler, tempranamente se alió con los movimientos religiosos de “pureza social” en una campaña contra la “trata de blancas”. Esta alianza abolicionista suponía que las mujeres europeas eran traficadas (por ello se la denominaba trata de blancas) para ser explotadas sexualmente, entre otros países a Argentina y particularmente a la ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con Guy (1994), la campaña contra la “trata de blancas” sobredimensionaba el fenómeno. Este discurso evocaba un mito paternalista -las prostitutas siempre víctimas pasivas de oscuros rufianes- y racista -todas las mujeres blancas en los prostíbulos extranjeros habrían sido llevadas allí contra su voluntad-. La campaña, que se extendió rápidamente hacia Argentina, expresaba a ambos lados del atlántico el rechazo hacia ciertas formas de conducta sexual femenina que desestabilizaban el rol asignado a la familia, la identidad nacional, y el honor religioso. En la Argentina, el caso paradigmático de este relato es el de la sociedad de rufianes judíos Zwi Migdal, denunciada por Raquel Liberman una de las mujeres que habría sido engañada por esta red.

Sin embargo, las preocupaciones que desataba la “trata de blancas” comienzan a disiparse con el tiempo. Años más tarde, cuando la primera y segunda guerra mundial habían puesto de relieve otros problemas, la migración hacia América había decrecido y la trata de mujeres ya no constituía un tema central de la agenda internacional, se aprueba en 1949 el Convenio para la represión de la trata de personas y explotación de la prostitución ajena. A partir de entonces, el interés por la trata y la prostitución decae por al menos tres décadas.

Posteriormente, durante la década de 1980, se da un fuerte debate sobre la sexualidad en el feminismo euro-anglosajón, las llamadas sex wars, que marcará una divisoria de aguas dentro del movimiento. Allí se opondrán las concepciones del feminismo radical, que conceptualiza al sexo en contexto patriarcal como un peligro y el feminismo libertario, o pro-sexo, que lo enfocará como una posibilidad de exploración y de placer (Ferguson, 1984). En estas discusiones las prostitutas ocuparon tanto el lugar de esclavas sexuales como el de paradigma de la subversión sexual (Chapkis, 1997).

El feminismo radical¹¹ sostiene una posición absoluta sobre la prostitución: solo puede ser violencia. En este sentido, MacKinnon interpreta al pago en la prostitución como una forma de coerción que la iguala a una violación: “el dinero sirve para coaccionar el sexo, no garantiza el consentimiento. Esto convierte a la prostitución en una forma de violación en serie” (2011: 17). Las distintas modalidades en las que se comercializa sexo se homogeneizan, subsumidas todas bajo el signo de la dominación. Se desestiman las diferencias entre los distintos estratos socioeconómicos, entre adultas y niñas, cuando hay o no proxenetas y/o coacción física y/o psíquica. Así, Dworkin señala que ninguna de las circunstancias en que ocurra la prostitución importa “porque estamos hablando de la utilización de la boca, la vagina y el recto. Las circunstancias no mitigan o modifican lo que es la prostitución.” (1993: 2). También Barry, expresa esta mirada al afirmar que “virtualmente la única distinción que se puede hacer entre el tráfico de mujeres y la prostitución callejera es que el primero involucra cruzar fronteras” (1988: 20).

Por aquella década, los temas y problemas del feminismo local eran distintos en nuestras latitudes. En el contexto postdictatorial, las feministas argentinas demandaban por el divorcio vincular, la patria potestad conjunta, la igualdad en derechos laborales y el aborto legal. Incluso, cuando la prostitución entra en la agenda feminista en la década de 1990, no lo hace ligada al debate explotación/trabajo, sino a las asignaturas pendientes de la transición democrática. En 1998, en el contexto de los debates sobre el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires¹², se dará una discusión en torno a los alcances de la regulación policial del espacio público. Un punto central allí será la derogación de los edictos policiales que sancionaban la prostitución callejera. ¹³

En este proceso, grupos de feministas abolicionistas, como la Asamblea Raquel Liberman (formada en 1996) construirán una articulación con las primeras trabajadoras sexuales organizadas de Argentina, nucleadas en AMMAR desde 1995. A pesar de sus diferencias en la perspectiva de la prostitución, compartían el objetivo de hacer desaparecer el control policial sobre las mujeres que vendían sexo en las calles. Una muestra de esta articulación por encima de las diferencias es la experiencia del colectivo de “Vecinos y vecinas por la convivencia”, donde además de feministas y prostitutas participan también otros colectivos como organizaciones de Derechos Humanos, estudiantiles, de homosexuales, de Travestis (CLADEM, 2003).

Dentro de este amplio arco de organizaciones nucleadas por valores ligados al progresismo y contrapuesto a las fuerzas que defendían valores sexuales tradicionales, las feministas abolicionistas se oponían a la penalización del “ejercicio independiente de la prostitución”, al sostener que esta normativa violaba los derechos de las mujeres en prostitución y a la vez favorecía a los proxenetas¹⁴. En este marco el Convenio de 1949 será invocado para cuestionar la legalidad del art. 71 Código contravencional que penalizaba la prostitución callejera (Fontenla, 1999).

El abolicionismo en esos momentos aparecía definido por estas feministas como un movimiento que “se opone a todo control legal y estatal de la prostitución, pero prohíbe su explotación organizada, reprimiendo el proxenetismo” (Vasallo, 1999: 40, énfasis añadido). El conflicto que atravesaba y dividía al feminismo anglosajón era observado a la distancia, mientras entre las abolicionistas locales se construía una mirada más matizada sobre las contiendas de las sex wars e incluso se deslizaban sospechas sobre las derivas prohibicionistas del feminismo radical en norteamérica (Vasallo, 1999).

Born in America, hecho en Argentina.

Con el cambio de milenio la campaña anti-trata de principios de siglo re-emerge en Estados Unidos a través de una nueva alianza entre grupos de feministas radicales provenientes del movimiento anti-pornografía y organizaciones cristianas. Para Doezema (2010), la nueva campaña reactivaba el mito de la “esclavitud blanca”, ahora bajo la etiqueta de “trata de mujeres” o “trata de personas”. La institucionalización de la campaña durante la era Bush (2001-2009) redundó en la creación de un conjunto de mecanismos de presión de alcance extraterritorial que rápidamente lograron globalizarla con un fuerte contenido anti-prostitución¹⁵ (Soderlund 2005, Weitzer, 2007)

En nuestro país los primeros casos visibilizados como delito de “trata” se vinculan a la migración de mujeres dominicanas hacia la Argentina en 1990, cuyas trayectorias migratorias ofrecían elementos que permitían una lectura en clave “trata” e incluso despertaron algún revuelo mediático e institucional. Sin embargo, la alta visibilidad que adquirió el problema de la trata giró principalmente en torno a un caso singular: la desaparición de Marita Verón¹⁶ y la lucha de su madre, Susana Trimarco, por encontrarla. ¿Qué llevó a que este caso sea el que mayor repercusión ha alcanzado y a que se torne paradigmático, al crear una imagen, en primer lugar, de la “trata” y, por extensión, del funcionamiento del mercado sexual?

En momentos en que el caso parecía encaminarse hacia el olvido, los ojos del departamento de Estado de Estados Unidos se posaron sobre la historia de Susana Trimarco. El 8 de marzo de 2007 ella recibe de manos de Condoleezza Rice el premio “Mujeres de Coraje”. Su nominación había sido elevada por la Embajada Argentina en razón de que la cuestión “trata” era prioridad para el gobierno de los Estados Unidos (Vallejos, 2013). Este reconocimiento despertó inmediatamente una enorme atención local. Al año siguiente el caso se transformó en una referencia ineludible a partir de la emisión en horario central de la telenovela “Vidas Robadas”.¹⁷ La telenovela estuvo plagada de referencias implícitas al caso Verón, lo cual la abrió a una dimensión testimonial que aspiraba a reconstruir la verdad sobre los sucesos que rodearon la desaparición de Marita (Justo von Lurzer, 2011).

El reconocimiento obtenido por Trimarco produce resonancias inmediatas en el campo local, de manera tal que una organización feminista, la Casa del Encuentro pone en marcha, en el quinto aniversario de la desaparición de Marita Verón, la primera manifestación pública en el Congreso de la Nación bajo la consigna “aparición con vida de las mujeres desaparecidas en democracia y castigo a los responsables”. La consigna elegida fundía la retórica del movimiento de derechos humanos en Argentina, cuyo lenguaje remite a la demanda de justicia por los crímenes de estado del último período dictatorial, con la militancia feminista. Buscaba modelar así un marco de interpretación afín a un público no-feminista. Este paradigma trata-desaparición se extendió, evocando asociaciones automáticas entre “desaparición” y “prostitución” y subrayando así el carácter forzoso de cualquier forma de sexo comercial (Varela, 2015).

Finalmente, Marita y su madre logran movilizar un conjunto de símbolos que remiten tanto a las retóricas de “memoria verdad y justicia” del pasado reciente, así como evocan el mito de la “esclava blanca” que había animado las campañas de principios de siglo. En primer lugar, Trimarco como madre se inscribe en un linaje de madres luchadoras caro a la historia de las luchas sociales en Argentina, que en el pasaje de lo privado a lo público imbrican política, parentesco y valores familiares. En segundo lugar, Marita simboliza fundamentalmente la víctima inocente: una joven blanca, madre, argentina, cisexual, en un hogar conyugal heteronormado, de clase media, es arrancada abrupta y violentamente del seno familiar. El misterio que rodea su desaparición y la ausencia de su cuerpo fortalecen una narrativa que apunta a la responsabilidad de las “mafias” que sumergen a esta mujer en un submundo criminal y perverso. La potencia de la víctima inocente reside también en su capacidad de producir una interpelación amplia, capaz de alcanzar a todas las familias argentinas.¹⁸

Mientras se potenciaba la visibilidad mediática del caso Verón, se activaban las discusiones a partir de los estándares fijados por el Protocolo de Palermo¹⁹. Surge entonces un conjunto heterogéneo de organizaciones anti-trata. Sólo una parte minoritaria de estas organizaciones provenían del feminismo abolicionista de los noventa y se posiciona discursivamente como un movimiento “histórico”, siendo además su usina ideológica²⁰. Estas organizaciones construyen, a través de sus publicaciones, una tradición abolicionista nacional (Fontenla-Belloti, 2007; Campaña ni una mujer más víctima de las redes de prostitución, 2008; Fontenla, 2012) donde se inscriben las figuras de Julieta Lanteri como la madre fundadora del abolicionismo y de Raquel Liberman como la heroína que desafía a las mafias. En pocas o ninguna oportunidad se menciona la raigambre anglosajona del movimiento ni la reactualización de la campaña anti-trata durante la era Bush. De este modo, se eclipsan las conexiones transnacionales del abolicionismo y de la campaña anti-trata. Esta construcción de una tradición abolicionista nacional permite, junto con una interpretación de los alcances del Convenio de 1949, consolidar la idea de que Argentina “es abolicionista”, que suele surgir en los debates postulada como un hecho indiscutible.

Este feminismo abolicionista hegemonizó el emergente movimiento anti-trata, pasando a ser identificado como la única posición feminista en los debates públicos sobre prostitución y trata de personas. Su hegemonía le permite instalar el planteo de que el consentimiento de las víctimas debe ser irrelevante en la legislación sobre trata de personas. A partir de esta discusión, se modifica la ley de trata en diciembre de 2012 y se logra inscribir simbólicamente la idea de que ninguna inserción en el mercado sexual puede ser consentida (ver Varela, 2013). Dicha transformación legal es sólo un vértice de un proceso más amplio y complejo de institucionalización de la política anti-trata abolicionista que se aceleró a partir del 2011²¹. Este proceso muestra la adopción de una perspectiva abolicionista en el diseño de políticas públicas, lográndose imponer finalmente la idea de que “trata y prostitución son las dos caras de una misma moneda”.²²

El proceso que aquí delineamos muestra que, para comprender los derroteros y actuales posicionamientos del abolicionismo argentino, resulta indispensable pensar sus vinculaciones con la cuestión de la “trata” y con el movimiento abolicionista anglosajón. Tanto al momento de su surgimiento en Argentina a principios del siglo XIX como en la última década, la “trata” ha sido una herramienta de movilización política del abolicionismo local en sintonía con el movimiento anglosajón. Esto no supone una simple traducción de un lenguaje foráneo, sino que implica una recreación a partir de símbolos que resuenan tanto en las coyunturas locales como en las capas de la memoria histórica. Estos complejos procesos de ensamblaje, reapropiación e institucionalización de las campañas anti-trata potencian la homogeneización de concepciones acerca del mercado sexual y habilitan asimismo la adopción de concepciones esencializadas sobre la mujer que cierran las puertas del feminismo a “otras” mujeres.

Reflexiones finales

¿Quién reconoce a la puta como suya?, ¿acaso la puta tiene un padre que diga esta es mi hija?, ¿acaso la puta tiene una madre que diga esta es mi hija? ¿Qué mujer dice esta puta es mi amiga? ¿Hay un hermano que la nombre hermana? ¿Hay un hijo que diga esta puta es mi madre? ¿Hay una cultura que la nombre como perteneciente o una comunidad que la nombre como parte suya? La respuesta es un único y rotundo no. Todos quieren expulsarla, al mismo tiempo que la utilizan (Ninguna mujer nace para puta, Galindo, Sanchez, 2007)

“Ninguna mujer nace para puta” fue, en primer lugar, el nombre de una muestra organizada por ex prostitutas, más tarde el título de un libro y finalmente, se extendió como un slogan que conformó rápidamente un sentido común en torno al comercio sexual. En la frase resuenan los cuestionamientos a “la biología como un destino”, tan cara al feminismo. Al mismo tiempo, la postulación en términos negativos y en singular (“ninguna mujer”) presupone una idea universal de mujer, frente a la cual la “puta”, expulsada, funciona como exterior constitutivo (y mantiene intacto el poder del estigma). La puta aparece en esta concepción como un ser abyecto que está por fuera de las estructuras que se asocian a la imagen de la “mujer” -especialmente la familia- y despojada de la posibilidad de ser parte de una cultura o de resignificarse.

En este sentido, las vertientes hegemónicas del abolicionismo en Argentina parecen haber acabado sosteniendo una concepción esencializada de la mujer y operar políticamente sin preocuparse por las exclusiones que pueden generar frente a otras feministas y otras experiencias de mujeres en el mercado sexual. Como hemos visto en las escenas descriptas en el comienzo de este artículo, esa exclusión se produce bajo distintos mecanismos. Aunque en ocasiones se invoca el principio democrático de pluralidad de voces, esta demanda se tensa cuando se plantea que “Argentina es abolicionista”. Entonces se apela a la ley como un discurso monolítico que no puede ser sometido a discusión -una suerte de naturalización y por ende despolitización de la ley- y también como el cierre definitivo de la posibilidad de debatir el estatuto del sexo comercial. Esta concepción finalmente se transforma en un modo de negar la existencia misma de las trabajadoras sexuales organizadas y borrar a las trabajadoras sexuales de un campo de debate político.

La exclusión de quienes asumen una identificación como trabajadoras sexuales también se produce bajo el argumento de que estas organizaciones constituyen, en el mejor de los casos, “pantallas para las mafias”, cuando no son ellas mismas “mafias”. Esto es, la exclusión de las trabajadoras sexuales organizadas se produce a partir de imputarles un carácter criminal. Esta operación de segregación se ensambla con una visión que divide el mundo de forma dicotómica entre víctimas y victimarios.

Esta línea divisoria amenaza con cancelar la posibilidad de articular las luchas de otras mujeres y por ende socavar su potencial transformador. Durante los años 90 fueron posibles articulaciones y alianzas coyunturales entre abolicionistas y trabajadoras sexuales -tal como vimos en el contexto de la lucha contra los edictos policiales-. Sin embargo, en los últimos diez años esas posibilidades fueron minadas por la polarización del debate feminista ligada en buena medida a la emergencia de la campaña anti trata y la creciente identificación entre prostitución y trata de personas.

La construcción de una imagen estereotipada del mercado sexual a partir de los relatos de víctimas inocentes secuestradas por mafias -la amalgama trata-prostitución- es una pieza fundamental, aunque no es la única. Hemos visto que estas transformaciones se ligan con un conjunto de fenómenos: la influencia de la campaña anti-trata norteamericana y los marcos interpretativos del abolicionismo anglosajón -especialmente del feminismo radical-; la reapropiación de esta campaña en el contexto local a través de las retóricas de “memoria, verdad y justicia” y la asociación que genera entre trata y desaparición forzada; los usos de la campaña anti-trata de principios de siglo para forjar una tradición abolicionista argentina; y la proliferación de narrativas estereotipadas sobre el mercado sexual en los medios de comunicación.

Otras cuestiones en juego ciertamente abren interrogantes. Enumeramos dos: ¿Qué papel jugó en este proceso la institucionalización de una perspectiva de género que puso el acento en la necesidad de proteger a las mujeres, muchas veces a través del sistema de justicia criminal? ¿Qué tensiones produjo la creciente politización de las organizaciones de trabajadoras sexuales y la construcción de una serie de demandas en torno a una ley de reconocimiento del trabajo sexual? Con esto queremos dejar planteado que las transformaciones que han permitido que el debate se polarice y amenace las posibilidades de articulación entre feministas no dependen de un único factor, sino que resultan de un entramado complejo.

Para finalizar, nos interesa mencionar otras dos cuestiones que surgen de este trabajo. Por un lado, los rasgos esencialistas en la concepción de mujer y las políticas que se articulan desde esta perspectiva llaman la atención sobre ciertos riesgos que emergen en el contexto actual, de institucionalización de una perspectiva con estas características. ¿De qué formas se utilizarán los recursos del estado, especialmente en términos de su monopolio de la violencia legítima, en el abordaje de la cuestión del comercio sexual? Por otro lado, hasta hace poco tiempo las posiciones abolicionistas no presentaban estos rasgos. Entonces, ¿sobre qué bases y en qué puntos pueden reconstruirse articulaciones que suspendan las dicotomías en torno del comercio sexual y potencien las luchas feministas?

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• 1
  AMMAR nuclea a las trabajadoras sexuales en el seno de la CTA (Central de Trabajadores Argentinos).

• 2
  Frente de Unidad Emancipatorio por el Reconocimiento de derechos a la Trabajadoras Sexuales

• 3
  En otros trabajos hemos analizado las tensiones entorno a la posición del trabajo sexual (Morcillo, 2013; 2014).

• 4
  Para un análisis más profundo de los problemas de la categoría de “esencialismo estratégico” ver Mattio (2009)

• 5
  Las escenas han sido reconstruidas para resguardar el anonimato de las/os participantes.

• 6
  Gluckman sostiene que las “situaciones sociales” constituyen una materia prima fundamental para el antropólogo ya que su análisis permite abstraer la estructura social, las relaciones sociales, las instituciones, etc. de la sociedad estudiada. Son relaciones sociales en acción, elegidas por su tipicidad, que permiten iluminar la trama de relaciones sociales más amplia.

• 7
  El observatorio fue creado en 2015 por AMMAR e investigadores/as que estudian en las áreas de trabajo sexual y trata de personas.

• 8
  Disponible en http://kasandrxs.radioteca.net/article/nota-a-la-universidad-nacional-del-litoral/

• 9
  Este convenio de Naciones Unidas considera que la prostitución es incompatible con “la dignidad y el valor de la persona humana” y condena a quien facilite o explote la prostitución ajena, aun con el consentimiento de la persona.

• 10
  El “escrache” es una forma de protesta política creada por la agrupación de Derechos Humanos HIJOS para denunciar a los represores de la última dictadura militar que habían sido indultados. El escrache constituía una acción directa de un grupo de militantes que realizaba performances en el domicilio de un represor para visibilizarlo frente a la población. Sin embargo, en los últimos años esta forma de protesta se ha extendido a otras militancias y sus usos se han transformado, funcionando a veces como una suerte de shaming espectacularizado.

• 11
  Resulta difícil sintetizar aquí las posiciones de feminismo radical, pero un rasgo clave es la concepción del patriarcado como un sistema donde varones dominan a las mujeres y donde los roles de género y especialmente la sexualidad (heterosexual) juegan un papel definitorio para sostener dicha dominación –más que otras variables como la clase o raza– (Morcillo, 2016).

• 12
  La Ciudad de Buenos Aires tuvo carácter de territorio federal hasta que la reforma constitucional de 1994 estableció su autonomía y un régimen republicano de gobierno. Dentro de la “ilusión fundacional” que dominó la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muchos sectores del derecho y la política colocaron sus esperanzas de construir un poder judicial y policial fundado en valores democráticos. (Tiscornia, Sarrabayrouse y Eilbaum, 2000)

• 13
  Sabsay (2011) explora en detalle las dimensiones sexuales y de género que se jugaron en los debates del nuevo Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Véase sobre este proceso también Tiscornia, Sarrabayrouse y Eilbaum (2000).

• 14
  Volante 8 de Marzo, “Día de duelo en la Ciudad ¿Autónoma? de Buenos Aires” firmado por la Asamblea Raquel Liberman, ATEM, Feministas independientes-Lesbianas a la vista, Revista “Brujas” N°26 1999.

• 15
  Fundamentalmente los Trafficking in persons Reports, que califican a los países de acuerdo con estándares norteamericanos; la eventual sanción económica sobre los países que incumplan con las recomendaciones del Departamento de Estado; y la Anti Prostitucion Pledge, que impidió el financiamiento de organizaciones afines a la concepción del trabajo sexual.

• 16
  Marita Verón es una joven tucumana desaparecida en abril del 2002. Su madre, Susana Trimarco, emprendió su búsqueda y los primeros indicios apuntaron a una red de prostíbulos riojanos.

• 17
  Emitida con gran repercusión en 2008, “Vidas robadas” narra la historia de una joven secuestrada por una red de explotación sexual y los esfuerzos de su madre por rescatarla.

• 18
  Aquí nos interesa, más que los hechos concretos del caso, cómo este contribuye a la construcción de una la narrativa sobre la “trata”. En este sentido, el relieve que el caso adquirió contrasta con el rápido olvido en que cayeron los casos de las mujeres dominicanas, a pesar de resultar cuantitativamente más importantes.

• 19
  Protocolo de Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, año 2000.

• 20
  Nos referimos a las organizaciones que lideran la “Campaña Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución y trata”.

• 21
  Forman parte de este proceso, entre otros: la prohibición de publicar oferta de servicios sexuales a través del decreto 936/2011, la prohibición de cabarets en varias provincias y municipios a lo largo del país, proyectos para penalizar a los clientes de prostitución y la formación de burocracias estatales de rescate (para una descripción de los puntos salientes de este proceso véase Morcillo y Justo, 2012; Varela y Daich 2014).

• 22
  Se trata de una expresión recurrente tanto entre activistas como funcionarios/as de burocracias estatales (ver por ejemplo https://www.lmneuquen.com/prostitucion-y-trata-se-complementan-n189916/amp o http://www.telam.com.ar/notas/201304/15220-aseguran-que-la-trata-y-la-prostitucion-son-dos-formas-de-explotacion-sexual.html )

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  Ago 2017

Histórico

• Recibido
  12 Mar 2016
• Acepto
  29 Mayo 2017