Periferia y sostenibilidad: “Campo La Cruz” entre la tradición indígena y la urbanización

Periferia e sustentabilidade: “Campo La Cruz” entre tradição indígena e urbanização

Peri-urban and sustainability: “Campo La Cruz” between indigenous tradition and urbanization

Resumen

Ubicado en una zona periférica de la ciudad de Junín (Buenos Aires, Argentina), el “Campo La Cruz” nuclea a la comunidad conformada por descendientes de una tribu mapuche asentada allí desde finales del siglo XIX. Constituye un asentamiento con problemas habitacionales, déficits de servicios y de equipamiento, tensiones por las tierras y conflictos en torno a las prácticas productivas. En este trabajo se presentan resultados parciales de la experiencia de un proyecto de Extensión Universitaria que involucra a la comunidad indígena Ñuque Mapu del “Campo La Cruz” y diversos actores -instituciones estatales, empresas, ONG-, cooperando y haciendo converger intereses comunes. A partir de espacios de diálogo y desde las inquietudes y demandas comunitarias, se elaboran propuestas de acción tendientes a reducir desigualdades, generar oportunidades de inclusión social y sostenibilidad.

Palabras clave:
Periferia urbana; Desigualdades; Inclusión; Sostenibilidad; Comunidad indígena

Resumo

Localizada na periferia da cidade de Junín (Buenos Aires, Argentina), “Campo La Cruz” reúne a comunidade formada por descendentes de uma tribo Mapuche ali instalada desde o final do século XIX. É um assentamento com problemas habitacionais, déficits de serviços e equipamentos, tensões fundiárias e conflitos por práticas produtivas. Este artigo apresenta resultados parciais da experiência de um projeto de Extensão Universitária que envolve a comunidade indígena Ñuque Mapu de “Campo La Cruz” e diversos atores -instituições estatais, empresas, ONGs-, cooperando e fazendo convergir interesses comuns. A partir de espaços de diálogo e de preocupações e demandas da comunidade, são traçadas propostas de ações para reduzir as desigualdades, gerar oportunidades de inclusão social e sustentabilidade.

Palavras-chave:
Periferia urbana; Desigualdades; Inclusão; Sustentabilidade; Comunidade Indígena

Abstract

Located on the peri-urban area of Junín (Buenos Aires, Argentina), “Campo La Cruz” gathers the community of descendants of a Mapuche tribe settled there since the end of the 19th century. It is a settlement with housing problems, deficits in services and equipment, tensions over land and conflicts over productive practices. This paper presents partial results of a University Extension project that involves the Ñuque Mapu indigenous community of “Campo La Cruz” and various actors -state institutions, companies, NGOs-, cooperating and making common interests converge. From spaces for dialogue and from community demands, action proposals are elaborated to reduce inequalities, generate opportunities for social inclusion and sustainability.

Keywords:
Peri-urban areas; Inequalities; Inclusion; Sustainability; Indigenous Community

Introducción

La ola de urbanización rápida, caracterizada por el crecimiento de la ciudad informal y segregada, pone a la ciudad en el foco de atención de la discusión global sobre el desarrollo (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2017). La gestión urbana tiende a regularizar la urbanización no formal de las periferias conformadas por asentamientos irregulares o espontáneos. La intervención de ese denominado hábitat o urbanización popular consiste en el ordenamiento del suelo residencial, la regularización del acceso a servicios básicos y a viviendas que garanticen mínimos estándares de habitabilidad. En este sentido, la ciudad es reconocida como un espacio que aborda diversos elementos interconectados de la sostenibilidad (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2016), además de temas vinculados directamente con la vivienda y los servicios básicos (ONU, 1996).

La urbanización es aquí entendida como el “proceso global de transformación de la sociedad basado en componentes materiales que sostienen la aglomeración de la población y sus actividades” Pírez (2016, p. 133). Es decir, además del suelo y su uso, los servicios urbanos “sustentan” el asentamiento de las personas a través de redes de infraestructura -conductos de provisión de agua, cloacas o gas; cableado de electricidad, etc- y del mantenimiento que permite que funcione cotidianamente ese conjunto de soportes físicos como la recolección de residuos, el alumbrado público, o las vías de accesibilidad Pírez (2013, p. 175).

En ese punto nos preguntamos cuál es el camino posible para la regularización del hábitat en una periferia caracterizada por la heterogeneidad. Si bien la forma de vida urbana se extiende con fuerza global, ¿las soluciones que aporta la urbanización se ajustan a problemáticas de determinadas periferias, que fluctúan entre el mundo urbano y el rural? ¿y qué sucede con aquellas que además suman componentes identitarios culturales? Este es el caso del “Campo La Cruz”, un asentamiento ubicado en la periferia de Junín (Buenos Aires, Argentina) que nuclea, desde finales del siglo XIX, a la comunidad conformada por descendientes indígenas mapuche. El asentamiento presenta problemas habitacionales, déficits de servicios y de equipamiento, tensiones por el uso de las tierras y conflictos en torno a las prácticas productivas. Las formas de habitar de esta comunidad se pueden encuadrar a partir de dos ejes de análisis: 1) la posesión comunitaria de las tierras, que fue cedida por un documento de donación del Estado Nacional en 1881; y 2) a partir de su uso relacionado con la forma de distribución y usufructo de los recursos¹. Por sobre la identidad cultural indígena, en cuya cosmovisión las personas son consideradas parte de la tierra, se suman carencias e irregularidades habitacionales que pueden asociarse a las irregularidades de la periferia urbana, en términos de servicios e instalaciones públicas, movilidad, espacios públicos y problemas socioeconómicos. Es decir que aquí se superponen las particularidades de la comunidad indígena con las generalidades de la informalidad periférica, permitiendo analizar el caso desde diferentes perspectivas y ensayando nuevas categorías de análisis.

La desigualdad social en el contexto urbano

El desarrollo social inclusivo asigna un papel protagónico a las personas en cuanto sujetos de derechos y contempla mejores formas de participación en la sociedad. Particularmente esta noción de desarrollo hace foco en personas desfavorecidas por razones de edad, sexo, discapacidad, raza, etnicidad, origen, religión o condición socioeconómica. Con la aspiración de otorgarles mayores oportunidades, acceso a recursos, expresión de su voz y respeto de sus derechos (ONU, 2016). Bajo este enfoque, la inclusión busca fomentar la participación plena de todas las personas y eliminar las barreras que afectan a determinadas poblaciones o grupos en el ejercicio de sus derechos. De esta forma, se contribuye a la erradicación de la pobreza y a la reducción de las desigualdades. Esta desigualdad se manifiesta en disparidades y brechas en los ingresos, el trabajo o empleo, la seguridad social, la educación, la salud, los servicios básicos -agua, saneamiento, electricidad, vivienda, transporte, tecnología de la información y las comunicaciones-, la seguridad, la participación y acceso a la justicia y la toma de decisiones CEPAL (2018, p. 26; 2019).

La visión integral de la Agenda 2030 de Naciones Unidas (2015) pone de relieve que los avances en los indicadores sociales no dependen solamente de las políticas sociales. La transformación productiva y su sostenibilidad también son condiciones necesarias para reducir la pobreza y promover la igualdad. Así se reafirma que las políticas económicas y ambientales son parte crucial de la solución a los problemas sociales. La articulación de estas dimensiones -social, económica y ambiental- permite avanzar en la mejora de la huella social (ONU, 2018).

Estas aspiraciones globales promueven la sostenibilidad en el desarrollo y priorizan la igualdad, la dignidad y los derechos de las personas. La sostenibilidad responde a la definición clásica de lo sostenible del Informe Brundtland² y se encuentra definida en un contexto donde se vincula el crecimiento económico con el uso de los recursos naturales (ONU, 1987), sin transferir perjuicios en el espacio geográfico, ni en el tiempo, ni entre individuos o grupos sociales (Kozak & Romanello, 2012).

Más de la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas y la tendencia indica que esa proporción crecerá. En Argentina las urbanizaciones superan el 90% (World Urbanization Prospects [WUP], 2018), confirmando ese rumbo global. La urbanización rápida, no planificada, ha implicado un incremento de habitantes en barrios marginales y un consecuente déficits en los servicios. Entre los problemas resultan recurrentes la falta de capacidades institucionales y recursos económicos, servicios inadecuados, déficit habitacional, degradación infraestructural y contaminación (CEPAL, 2017).

La irregularidad de la periferia urbana no es un fenómeno que atañe solamente a las metrópolis, sino que también está presente en las ciudades intermedias. La ciudad intermedia o mediana es así considerada por su mediación entre los espacios rurales y urbanos de su área de influencia y otros centros más o menos alejados. Es decir, son el nexo entre el campo y la ciudad, desarrollando funciones de interacción entre el flujo de bienes, información, innovación, administración, etc. que entre ellos generan. En la organización de los sistemas urbanos las ciudades medias son el primer lugar de encuentro entre un ambiente rural y lo urbano. Tienen relevancia a nivel regional, proveyendo bienes y servicios especializados a otros asentamientos de su área de influencia, ejerciendo así funciones de carácter económico, social y político. Si bien las dimensiones demográficas, con relación a su contexto geográfico, no son el principal parámetro de definición de la ciudad intermedia, su escala les otorga mayores posibilidades de sostenibilidad y calidad ambiental respecto a las grandes ciudades (Bellet & Llop, 2004(a); 2004(b); Maturana et al, 2017).

En este sentido, mientras Naciones Unidas sostiene que la tendencia actual se orienta hacia ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, con acceso a vivienda, servicios adecuados y oportunidades favorables (ONU, 2018; 2019), ¿en qué medida esta tendencia favorece el hábitat de comunidades como Campo La Cruz? ¿Qué mecanismos deberían funcionar para resolver sus problemas emergentes?

El Campo La Cruz se ubica a unos 8 km del centro de la ciudad de Junín, aunque mantiene lazos fluidos con el área urbana. Constituye un espacio de transición, donde se realizan actividades tanto del mundo rural como del urbano, generando tensiones en el uso del suelo. Por la distancia que guarda con el área consolidada de la ciudad, y con el fin de preservar su identidad y características de constitución, se puede considerar como un enclave³, que se apropia de la mixtura de usos del suelo mencionada anteriormente y, además, se diferencia del periurbano homogéneo que rodea el ejido urbano de Junín.

En este trabajo se presentan resultados parciales de un Proyecto de Extensión Universitaria que aspira a reducir desigualdades, generar oportunidades de inclusión social y sostenibilidad. En un proceso de colaboración y co-construcción, que involucra a la comunidad del Campo La Cruz y diversos actores -instituciones estatales, empresas, ONG- cooperando y haciendo converger intereses comunes, se desarrolla esta experiencia extensionista, cuya metodología de trabajo se basa en la generación de espacios de diálogo con la comunidad, con la finalidad de elaborar propuestas de acción a partir de las inquietudes y/o demandas comunitarias. De este modo se propuso trabajar una agenda de prioridades para la comunidad y habilitar espacios de participación y construcción colectiva a nivel intracomunitario y de acción-intervención desde la perspectiva multidisciplinar y de extensión universitaria (De Santos et al, 2017; Medina, 2018). A la vez, la co-participación incorpora la demanda de los sujetos en el corpus a ser sistematizado y analizado desde criterios científicos. De esta manera, las propuestas surgidas desde las inquietudes comunitarias y el trabajo conjunto obligan al replanteo de las premisas iniciales y a la reformulación de los objetivos. Esto hace que la colaboración con la comunidad en base a sus demandas y el trabajo compartido sea incorporada como instancia de reflexión e indagación (Achilli, 2017).

El artículo se estructura en dos partes 1) antecedentes y resultados obtenidos a partir del Proyecto de Extensión, que permiten elaborar un diagnóstico de los conflictos por la tierra y de las condiciones de hábitat y servicios del asentamiento; y 2) los vínculos de la comunidad con organismos estatales y empresas, en particular la experiencia con la empresa distribuidora de energía (EDEN) para la regularización del servicio.

Antecedentes del Proyecto de Extensión

La comunidad mapuche “Ñuque Mapu” del Campo La Cruz se localiza en un predio de 106 hectáreas, a 8 km del centro de la ciudad de Junín (Buenos Aires, Argentina). Esta comunidad reúne a los descendientes de la tribu del cacique Nahuel Payún, quien recibió estas tierras del gobierno nacional argentino en 1881⁴. En ella residen unas cuarenta familias de manera permanente, aunque su número fluctúa por el ingreso de parientes o amigos que se instalan en el lugar.

El vínculo con esta comunidad se inicia en el año 2008 a partir del acercamiento de un miembro del equipo, como comunicador social de una radio comunitaria. Este acercamiento se dio en el marco de un conflicto por la sanción de una ordenanza municipal⁵, que declaraba a las tierras del lugar como “Zona protegida de reserva y patrimonio histórico, cultural, ecológica y de interés público”. Esta declaratoria inhabilita la práctica productiva que realizan algunas de las familias del lugar, desde hace varias décadas: el horno de ladrillos. La resistencia a dicha ordenanza significaba, en principio, la defensa de su fuente de ingresos y lo que muchos habitantes consideraban una tradición, “un trabajo de toda la vida”. En el fulgor de dicha disputa, algunos miembros de la comunidad acuden al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) buscando resguardar sus derechos y gestionando ante dicho organismo su personería jurídica: “Ñuque Mapu del Campo la Cruz”.

Luego de este acercamiento inicial, el vínculo se mantuvo a través de un proyecto de investigación socio-antropológica cuya finalidad era reconstruir la historia de asentamiento de la comunidad mapuche (Laius, 2017). A través de visitas periódicas a dos familias de la comunidad, se fueron afianzando los lazos de confianza. En 2016 y como parte de un proyecto colectivo de investigación-colaboración, se iniciaron una serie de indagaciones y gestiones con la comunidad desde el Observatorio Interdisciplinario en Problemáticas Sociales (Universidad de Buenos Aires). Se realizaron entrevistas con los pobladores del lugar en formato audio visual, se llevó a cabo una estadía colectiva durante una semana y finalmente un compromiso de colaboración y cogestión de la personería jurídica comunitaria. Esto permitió acompañar una serie de demandas por la ocupación y usufructo -de un tercero privado- a una parte de las tierras comunitarias. A la vez, posibilitó observar una serie de incumplimientos en relación con los derechos de los Pueblos Originarios (Laius et al. 2018a; Laius et al. 2018b; Laius, 2018).

En 2019 se aprobó el Proyecto de Extensión, “Campo La Cruz desde la extensión universitaria: una experiencia de colaboración y de co-construcción de conocimientos” que fue readecuado en función de la irrupción de la pandemia por Covid 19. Una vez retomadas las actividades preparatorias, que fueron interrumpidas al comienzo de la cuarentena 2020, se realizaron reuniones de equipo para resolver el modo de generar ámbitos de diálogo y construcción colectiva -tal es el objetivo general del proyecto- ya fuera desde la virtualidad o a partir de las modalidades impuestas por la pandemia.

El equipo de trabajo, compuesto por docentes universitarios, graduados y colaboradores, combina capacidades en ciencias sociales, hábitat y urbanismo sustentable, gestión ambiental, etc. Los integrantes del equipo realizaron aportes con el fin de lograr una experiencia conjunta y participativa. Sus integrantes provienen de diversas disciplinas -antropología, arquitectura, geografía- e instituciones, además de la participación de una estudiante universitaria representante de la comunidad Ñuque Mapu. El trabajo se proyectó colaborativo y de formación colectiva, es decir, una co-construcción en donde los espacios de comunicación y de socialización permitieron incorporar las demandas y objetivos de los pobladores en sus propios términos. Pensar desde sus inquietudes significó incorporar al Proyecto de Extensión las aspiraciones de los habitantes. Mientras que la perspectiva multidisciplinaria, permitió incorporar estas inquietudes al proceso de indagación y sistematización de los datos generados y así retribuir a la comunidad desde un abordaje interdisciplinario, colaborando en la resolución de alguna de sus problemáticas.

Las actividades consistieron en la comunicación con la comunidad Ñuque Mapu mediante intercambios y encuentros virtuales o a partir de las modalidades presenciales habilitadas en el contexto de pandemia.

Resultados

El relevamiento del estado de situación permitió elaborar un diagnóstico sobre temáticas diversas que atañen al hábitat y las actividades desarrolladas en el Campo La Cruz. A su vez, la comunicación con diversos integrantes de la comunidad, a través de lo que denominamos “voces del Campo”, arrojaron un material que fue volcado en el formato de nubes de palabras, para identificar las problemáticas o planteos más recurrentes. Se formularon algunas preguntas-guía (“¿cómo es la vida en el Campo?; ¿qué anécdota o recuerdo podés contar?; ¿cuáles son los lugares que más disfrutan?; ¿qué te gustaría mejorar en el barrio?”) y a partir de estos intercambios se entrevió el rol de las mujeres y los niños en la comunidad, así como la manifestación de sus preocupaciones y carencias cotidianas.

A modo de ejemplo, se transcriben a continuación algunos comentarios compartidos por una mujer de mediana edad (información verbal, 30 de septiembre de 2020):

“Hay muchas cosas que tienen que hacer para mejorar el barrio: mejorar la placita, que cada uno tenga su luz y el agua, acomodar las calles.”

“Los chicos terminaron la escuela primaria, querían terminar la secundaria, pero cerró Casa Huerta y no pudieron ir más (…) Y para las mujeres también hacer algo. Con mi cuñada estamos terminando la primaria, a mí me queda el último año (…) Mi mamá y mi papá se separaron, tenían muchos problemas ellos. Yo me junté de chica nomás, desde los trece años.” (…) Los chicos me ayudan con la mercadería. Uno va a una escuela especial y otros dos van a la primaria del Campo.”

“El nene más chico tiene quince años, trabaja en el horno también (…) El más grande, que tiene veinte años, también trabaja en el horno. Hace un rato salió a caballo (…) Como no se puede sacar la tierra (del Campo) hay que comprarla y sale muy cara. Estaría bueno que cada uno pudiera tener su horno porque es de lo que vivimos (…) Ahora nosotros vivimos como podemos. Por ahí tenemos para comer y por ahí, no. Si o sí tienen que trabajar en el horno. Y si llueve, en el horno no podés trabajar.”

“Para tener para comer, apenas cobramos vamos a comprar todo lo necesario. Y no te alcanza tampoco la plata. Porque si queres comprar zapatillas a los chicos, no te alcanza para comer y hacemos todo lo posible para seguir viviendo.”

Un análisis de las posibilidades de acción-intervención dio paso a la elaboración conjunta de propuestas. Se identificaron y agruparon problemáticas de interés de la comunidad, usando esto para diseñar una agenda con núcleos temáticos. Los resultados permitieron definir ejes de trabajo que guiaron las acciones a desarrollar.

Comunidad y Tierra

Una de las aspiraciones centrales de esta comunidad mapuche es obtener a la titulación comunitaria indígena de la tierra, hecho que no ha ocurrido a la fecha de este trabajo, así como tampoco el relevamiento territorial que emana de una ley nacional que garantizaría el acceso y la titulación de tierras a las comunidades indígenas, consideradas preexistentes al Estado nacional argentino.

En el Campo La Cruz el número de residentes es fluctuante, ya que el parentesco o la amistad permiten que nuevas familias se asienten de manera temporaria. La distribución de las tierras se realiza según lógicas internas de la comunidad, que ha repartido -no sin conflictos- el terreno actual. La tenencia y usufructo genera algunas tensiones intracomunitarias, ya que quien acapara la tierra, justifica su tenencia y uso en la herencia de algún antepasado. El predio tiene calles internas y está subdividido de manera “informal”, con diversos trazados de calles que han gestionado sus residentes o han quedad establecidos por el circular cotidiano de vehículos (Figura 1). Sin embargo, se carece de la formalización a nivel catastral de dicho trazado de calles. También se pueden apreciar ciertas subdivisiones para el resguardo básico de animales y zonas de cultivo.

Figura 1
- Nubes de palabras que recogen los resultados de comunicaciones y/o entrevistas. Fuente: Melina Yuln (2020).

El tema de la tierra presenta aristas complejas, tanto al interior del proyecto extensionista como al interior de la comunidad. Para la resolución de cuestiones que atañen a los derechos de propiedad será necesario hacer un abordaje jurídico, que requerirá de un tiempo prolongado de recolección de datos, debates, elaboración de diagnósticos y acceso a recursos. Esto se plantea como un objetivo de largo aliento que necesitará de la participación conjunta de distintos actores (Universidad, Estado, Comunidad). Desde la perspectiva de los habitantes del Campo, se debe mencionar la heterogeneidad de posturas, opiniones, incluso parcialidades internas entre los descendientes de la comunidad original. Asimismo, debe sumarse la intrusión de un tercero en un sector considerable de las tierras, que genera y ha generado conflictos violentos y altercados. En este sentido, la resolución del tema de propiedad de la tierra dentro del proyecto de co-construcción y colaboración, se plantea como un desafío a largo plazo.

Hábitat y servicios

Unas 46 familias viven en el Campo, con un número aproximado de entre 3 y 4 integrantes. Las viviendas son precarias, varían según los residentes y sus posibilidades de mejorar la construcción. En su mayoría cuentan con dos habitaciones (comedor y una pieza) y un baño. No tienen acceso a cloaca ni agua potable. Se realizan perforaciones de napa subterránea, que abastecen hasta 4 o 5 viviendas.

La comunidad cuenta con una escuela de educación inicial y de educación primaria, a las que asisten los niños/as del lugar y de las chacras o campos linderos. A la vez, tienen una sala sanitaria, que comparte edificio con la Sociedad de Fomento, en la que atiende una médica pediatra, un médico generalista y una asistente social, dos veces a la semana. Estos edificios tienen conexión a la red eléctrica mientras que, para las viviendas, el acceso a la red consiste en conexiones precarias que corren por cuenta de los residentes. Esto genera conexiones inseguras y expuestas a permanentes cortes. En cuanto a la actividad productiva, algunos mantienen -desde hace varias décadas- el horno de ladrillos como fuente principal de ingresos. Otros, la combinan con trabajos estacionales o permanentes y el horno se transforma en un ingreso extra para los tiempos de escasez (Figura 2). Algunos incorporan la cría de animales de granja o la siembra.

Figura 2
- Imagen satelital de implantación y sector ampliado del Campo La Cruz en la periferia de Junín (Buenos Aires, Argentina) Fuente: Google Earth (2021).

Durante 2021 algunos miembros de la comunidad manifestaron la necesidad de regularizar el servicio eléctrico, ante los continuos cortes de energía y la mala calidad que generan las conexiones precarias. Desde el Proyecto de Extensión se iniciaron gestiones para aportar soluciones al problema que representa el acceso a la energía eléctrica en este contexto.

Se organizaron reuniones con directivos de la Empresa Distribuidora de Energía Norte (EDEN) para iniciar este proceso de regularización -que se replica en otros asentamientos precarios y/o barrios populares de Junín. Luego se realizaron reuniones colectivas, que contaron con la presencia de las familias del Campo, representantes de la Defensoría del pueblo y EDEN, miembros de una ONG que colabora con apoyo escolar y la organización de un merendero infantil; y representantes de este Proyecto. A partir de allí se delinearon acciones para iniciar las gestiones y obras correspondientes a la regularización del servicio. Este avance se desarrollará en la segunda parte del artículo.

Vínculos de la comunidad con Organismos del Estado y empresas

Diversos Organismos estatales convergen en el abordaje de las problemáticas -sociales, ambientales, económicas- en Campo La Cruz. Aquí se mencionan algunos entes oficiales con los cuales la comunidad del Campo tiene vínculos (directos e indirectos) y aquellos que han sido convocados a través del proyecto de extensión.

a. Defensoría del Pueblo de Junín

El primer acercamiento con la defensoría del Pueblo de Junín se realizó a través de la solicitud de asistencia legal y jurídica debido a la ocupación de una parte de las tierras de la comunidad por parte de un tercero privado. Recientemente se realizó otro encuentro por esta cuestión que todavía no tiene resolución.

Mediante esta institución se tramitan documentos de identidad, beneficios sociales y/o certificados de domicilio para gestionar la conexión a la red eléctrica. A nivel municipal, la Defensoría acompaña a los vecinos de la comunidad local durante el proceso de gestión para la regularización del servicio eléctrico, y la tramitación del Certificado de Vivienda Familiar ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Este certificado es un documento que permite a los habitantes de barrios populares que han sido previamente encuestados, acreditar su domicilio ante cualquier autoridad (Nacional, Provincial o Municipal) para solicitar servicios como la conexión a la red de agua corriente, cloacas, energía eléctrica, gas natural o transporte.

b. Instituciones de Asuntos Indígenas

A nivel nacional el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es un organismo descentralizado que implementa las políticas sociales destinadas a los pueblos originarios. Su principal propósito es asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía a los integrantes de pueblos indígenas, garantizando el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución Nacional (Art.75, Inc.17). Implementa programas que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes⁶.

La Ley nacional 26.160, de relevamiento territorial de comunidades indígenas, declaró la emergencia territorial de las comunidades indígenas de Argentina. Esta ley suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas. Ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública. El relevamiento cuenta con la participación de la comunidad sobre la cual se realiza, mediante la participación de las autoridades y miembros comunitarios. El resultado de ese relevamiento es la confección de una carpeta técnica (con datos socio-comunitarios; acreditación de ocupación tradicional de la tierra; informe histórico-antropológico; y dictamen jurídico) que, en conjunto con otros elementos y con la Ley de Propiedad Comunitaria, posibilitaría encaminar la regularización de las tierras⁷.

A nivel provincial el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI) es un órgano de co-decisión perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Su objetivo es cumplir, fomentar y gestionar políticas públicas destinadas a la población indígena radicada en el actual territorio bonaerense, para proteger, respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en las normas provinciales, nacionales e internacionales. El CPAI está integrado por cuatro funcionarios del Estado provincial y por el Consejo Indígena de la Provincia de Buenos Aires (CIBA), conformado por representantes de pueblos que habitan la provincia. De esta forma, se materializa de manera directa el derecho a la participación y consulta en la elaboración y gestión de las políticas públicas a través de asambleas periódicas. Participan en el CIBA los pueblos Mapuche-Tehuelche, Kolla, Qom y Guaraní. Cada uno cuenta con dos representantes elegidos en asamblea de las máximas autoridades comunitarias, de acuerdo con su propia cosmovisión, sin la intervención del Estado. Este organismo cuenta con un Mapa de Comunidades Indígenas de la Provincia. Incluye aquellas con personería jurídica otorgada o en trámite y realidades comunitarias identificadas sin personería jurídica (Figura 3).

Figura 3
- Hornos de ladrillo en Campo la Cruz. Fuente: Laius, M. (2020).

c. Municipio

Diversas áreas del Municipio de Junín fueron contactadas desde el Proyecto. Por consultas de Catastro, concernientes a la regularización del tendido eléctrico, se tuvo conocimiento de las calles existentes, sobre el perímetro del predio y sin apertura de calles interiores. Asimismo, se manifestó desde la oficina de Planeamiento la posibilidad de una urbanización del Campo La Cruz, dada la existencia de un relevamiento altimétrico del área, aunque hasta el momento dicha urbanización no ha sido consensuada ni proyectada. Por otra parte, se establecieron vínculos iniciales con la Dirección de Obras Sanitarias para buscar soluciones al acceso a agua potable en el Campo. Este no es un tema ajeno al municipio, ya que, en otros barrios periféricos, se implementan camiones cisterna para proveer agua potable a los vecinos.

Respecto de la accesibilidad al Campo, desde mediados de 2021 se realizan trabajos en el camino rural que conecta con la ciudad de Junín, para la ejecución de un suelo estabilizado con cemento (suelo-cemento). Históricamente ha sido un camino anegado en épocas de lluvia, lo que impide el acceso de vehículos y limita la conectividad y las actividades cotidianas. Con un fondo proveniente del Estado provincial, se iniciaron tareas de desmonte lateral del camino, para la apertura de cunetas (canales de desagüe), y la nivelación de la calzada de tierra para la posterior aplicación de un mejorado cementicio.

d. Experiencia con la empresa de distribución eléctrica

La compañía EDEN abastece y comercializa la energía eléctrica en el Norte y Centro de la Provincia de Buenos Aires; y en diferentes ciudades lanzó los proyectos denominados “Energía que Incluye” y “Plan de recupero”. Estas intervenciones constituyen antecedentes de regularización en otros barrios periféricos de Junín, como Los Totoreros, Ricardo Rojas, San Jorge Etapas II y III, La Celeste, Las Marías. La provisión eléctrica bajo los programas de regularización para barrios tiene un límite de consumo (kw/hora) y una tarifa social fija. Superado ese límite de consumo, el gasto energético se encuadra como una tarifa domiciliaria sin beneficios adicionales. Por esta razón es fundamental la capacitación de los vecinos y el seguimiento de referentes energéticos en los barrios que ayudan a las familias a controlar los consumos, no sobrepasar el límite establecido y así no perder el beneficio de la tarifa social.

Desde el Proyecto de Extensión se contactó al Gerente del área de EDEN (Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A.) para que, en el marco de los proyectos que la empresa lleva adelante en materia de regularización del servicio, se pudiera incluir al Campo La Cruz como uno de los sectores en los cuales intervenir. En oportunidades anteriores, la empresa había entablado diálogos con la comunidad para regularizar la situación, aunque los intentos no resultaron fructíferos. Dentro de los requisitos para poder obtener la línea eléctrica, medidores y tarifas sociales, se encontraba la acreditación de domicilio con un título de propiedad y esto representaba un impedimento para las familias del Campo, ya que no cuentan con la titulación de las tierras que ocupan.

Si bien esta comunidad debiera estar incorporada al relevamiento territorial del INAI, antes mencionado, se encuentra inscripta en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Este Registro reúne información sobre las villas y asentamientos de Argentina. Establece un régimen de regularización dominial para la integración socio urbana, en el cual define a los barrios populares como:

aquellos barrios comúnmente denominados villas, asentamientos y urbanizaciones informales que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo, con un mínimo de OCHO (8) familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a al menos DOS (2) de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal)⁸.

Aquí es necesario señalar algunas diferencias entre estos barrios populares y Campo La Cruz. Además de las particularidades culturales mapuches, se presentaba el impedimento para gestionar certificados de domicilio de las familias involucradas. Al ser un terreno sin subdivisiones internas, no hay calles sobre las cuales asignar un domicilio, por eso se realizó un relevamiento georreferenciado. Estos datos permiten establecer las distancias de los medidores domiciliarios hasta los transformadores.

Con el objetivo de reunir a representantes de la empresa prestadora del servicio eléctrico (tanto directivos como técnicos) con miembros de la comunidad del Campo, se realizó una primera reunión. También asistieron miembros del proyecto extensionista, la representante de la Defensoría del Pueblo de la provincia, delegada en Junín y otros actores de organizaciones sociales juninenses. El objetivo de este encuentro fue plantear la forma en que se avanzaría con las obras para llevar las líneas de alta y media tensión eléctrica a las distintas viviendas de la comunidad. Además, se recogieron las geolocalizaciones de las viviendas de cada familia mediante las herramientas que aportan los equipos de telefonía móvil, así como otras documentaciones. Se explicaron las características del proyecto de obra, qué implica la misma, y la modalidad del servicio (Figura 4). Luego de esta explicación, se solicitó a los futuros usuarios la presentación de la documentación requerida. En otros barrios, un referente vecinal es el encargado de recolectar esta información, junto con títulos de propiedad, contratos de alquiler, etc. y remitirla a la Empresa. Si bien este trámite se realiza en ANSES, en esta oportunidad la Defensoría del Pueblo tuvo el rol de intermediario para agilizar la gestión.

Figura 4
- Mapa de Comunidades Indígenas de la Provincia de Buenos Aires. Fuente: CPAI (2021).

Con esa información se confeccionó una tabla con datos personales, número telefónico, localización, y se construyó un mapa georreferenciado (Figura 5). Esa información fue remitida a la empresa contratista y se definieron los sectores de obra y alcance de cada estación transformadora. Hasta Campo La Cruz llega una línea de media tensión que dota de electricidad a la escuela y la sala sanitaria, por lo cual, el acceso al servicio domiciliario no requeriría de inversiones colosales. A partir de allí se delinearon las etapas de la obra y la ubicación de los pilares. En el marco de los proyectos de regularización del servicio en barrios periféricos, la empresa instala un poste con una caja plástica y la acometida y por ello no se cobra tasa de conexión. En un domicilio ordinario, este cargo corre por cuenta del usuario particular.

Figura 5
- Reunión en la plaza de Campo La Cruz. Fuente: Khon, M. (2021).

Actualmente está electrificada la primera etapa y se está realizando la segunda etapa de conexiones domiciliarias. Se prevé una tercera y una cuarta etapa de obra en el sector del Campo donde ya hay red eléctrica de alta y media tensión y desde donde se realizarán las conexiones necesarias. Una línea de media tensión se halla sobre el perímetro del campo (106 ha de superficie). Desde allí se deriva a un transformador, mediante el cual se encauza una línea de baja tensión. Desde una bornera sale un cable por cada domicilio para que no se generen “enganches” (conexiones clandestinas). Si así fuera, ese “enganche” tomaría electricidad de otro vecino y no de la red eléctrica urbana.

Figura 6
- Mapa georreferenciado con las líneas eléctricas existentes y la localización de viviendas. Fuente: elaborado por Cuesta, C. en base a Google Maps (2021).

En la reunión surgieron algunas tensiones respecto a cómo producir el trazado de las líneas eléctricas. Es decir, si ese trazado debía adecuarse al territorio construido por la comunidad (la reproducción de la espacialidad y la producción del espacio social comunitario) o si debía hacerse desde las requisitorias legales de la empresa prestadora. Al existir pocas calles abiertas por el municipio en el área en cuestión, los trazados habilitados estarían traccionando finalmente la obra de la prestadora, sin continuar con los trazados existentes en Campo La Cruz. A la vez, la solicitud del título de propiedad a los miembros de la comunidad (cuestión largamente reclamada y todavía sin resolución) hizo resurgir derechos vulnerados, incumplimientos estatales y atropellos privados al Pueblo Mapuche.

Conclusiones

En Argentina más del 90% de la población vive en entornos urbanos, ajustándose así a una tendencia global. La urbanización no planificada o informal ha implicado un incremento de habitantes en barrios marginales, con carencias o insuficiencia en los servicios. Si bien los organismos internacionales promueven una urbanización inclusiva, segura, resiliente y sostenible, con acceso a vivienda, servicios adecuados y oportunidades favorables, en este trabajo nos interrogamos sobre cómo esta tendencia podría favorecer el hábitat de la comunidad del Campo La Cruz y qué mecanismos debieran funcionar para resolver problemas emergentes.

Mediante un proyecto de Extensión Universitaria que vincula a la comunidad mapuche con distintos actores, se busca hacer converger intereses comunes y cooperar en la búsqueda de soluciones a problemas comunitarios. De este modo, se abrieron canales de diálogo entre la comunidad Ñuque Mapu y el equipo extensionista para identificar necesidades de la población. Se identificaron acciones tendientes a satisfacer algunas de esas necesidades, sobre todo en cuanto a la regularización del servicio eléctrico, la provisión de otros servicios básicos; la regularización de las tierras o el acceso a beneficios sociales. En este sentido, se propiciaron espacios de co-construcción con instituciones públicas (Defensoría del Pueblo, Municipio, otros Organismos); empresas privadas (de Servicio Eléctrico); y organizaciones de la sociedad civil (Fundaciones, ONG).

Ante la necesidad urgente de un servicio eléctrico de calidad, se realizó un relevamiento colaborativo, en conjunto con la empresa prestadora del servicio. Mediante aplicaciones informáticas que permitieron elaborar un mapa con la localización georreferenciada de cada familia en el territorio en relación con la disponibilidad técnica de la infraestructura eléctrica existente, a la que se adjuntó de manera digital la documentación necesaria para poder coordinar acciones con la empresa de energía que condujeran a las obras necesarias para la provisión del servicio.

Este proceso para la regularización de la electrificación domiciliaria dejó en evidencia una superposición de lógicas de apropiación espacial. Una de ellas viene de la mano de la urbanización formal, regular y reglamentada, es decir, aquella lógica relacionada con la cuadrícula, las calles en damero, los lotes reglados. La otra lógica, no-formal e irregular, viene atada a la tradición mapuche y se refleja en el modo de distribución y ocupación de las tierras comunitarias: con formas orgánicas, no atadas a grillas regulares ni cuadrículas ordenadoras. Esta competencia de lógicas en la apropiación del espacio ha generado tensiones al momento de producir el trazado de las conexiones eléctricas. Así, serán necesarias nuevas negociaciones que permitan avanzar con las obras y con futuras acciones, de manera de satisfacer las demandas de la comunidad mapuche, respetando su historia en el lugar.

• 1
  En un plano similar y en línea con diversos convenios internacionales que el Estado argentino ha suscripto (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT) y garantías constitucionales que el mismo Estado les reconoce en tanto Pueblos Originarios, (art. 75 inc.17 Constitución Nacional Argentina) en donde afirma la preexistencia étnica de dichos pueblos, las gestiones y esfuerzos que se hagan para subsanar los considerados déficit habitacionales y de servicios que ya mencionamos, requieren el consentimiento y consulta previa de la comunidad allí asentada. En este sentido, pensamos que los esfuerzos que se realicen para subsanar dichas demandas deben realizarse con la aprobación de la comunidad, para que ese consentimiento previo e informado tome cuerpo material y deje de ser una mera proclamación jurídica.
• 2
  En el Informe Bruntland (ONU, 1987) se definió formalmente el término en inglés “sustainable development” como “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.
• 3
  Aquí también lo asociamos al concepto de “enclave de pobreza”: un lugar de relegación social, ubicado en los márgenes del espacio urbano, caracterizado por la precarización y segregado social y económicamente de las dinámicas de la ciudad (Serrano Santos, 2019: 160).
• 4
  La comunidad de “Campo La Cruz” fue parte de la tribu del cacique Nahuel Payún, segundo del cacique Pincén, que hasta 1880 circulaban por diversos espacios geográficos en un territorio bajo gestión indígena. Luego de las campañas militares encabezadas por Roca, la tribu fue forzada a dispersarse. El cacique y sus capitanejos, luego de entregarse a las autoridades, se instalaron en la periferia de Junín. En 1881 el gobierno nacional donó las tierras –con la prohibición de enajenarlas- al cacique Payún y los capitanejos Chenquelén, Farías, Neculpán y Juan Negrete.
• 5
  Ordenanza municipal 5277/2007.
• 6
  Ley 23.302 sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes.
• 7
  Ley 26.160 de relevamiento territorial de comunidades indígenas.
• 8
  Ley 27.453 de Integración socio urbana.
• Cómo citar: Yuln, M., Laius, M. E. J., Cuesta, C., & Kohn, M. (2022). Periferia y sostenibilidad: “Campo La Cruz” entre la tradición indígena y la urbanización. urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana, v. 14, e20210412. https://doi.org/10.1590/2175-3369.014.e20210412

• Declaración de disponibilidad de datos

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Editado por

Editor responsável: Luis Alberto Salinas Arreortua

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  14 Nov 2022
• Fecha del número
  2022

Histórico

• Recibido
  20 Nov 2021
• Acepto
  11 Jun 2022