‘Una tumba a donde llorar’: Cuerpo, rituales y justicia en torno a la desaparición en México

RESUMEN:

Actualmente México experimenta un problema generalizado de desaparición de personas en un contexto de violencia criminal e institucional. Al mes de diciembre de 2021 el total de personas en calidad de desaparecidas asciende a 95.000, cifra que desencadenó una crisis forense en torno al tratamiento de cuerpos y de fosas clandestinas y comunes. Miles de estas desapariciones han sido atribuidas al crimen organizado. En este artículo argumento que la crisis humanitaria por desaparición ha replanteado el significado tradicional de la muerte en México y en particular el papel del cuerpo, en tanto signo y símbolo del duelo y la justicia.

Palavras-chave:
desaparición; violencia; muerte; Estado; justicia

Atualmente, o México vive um problema generalizado de desaparecimento de pessoas em um contexto de violência criminal e institucional. Em dezembro de 2021, o número total de pessoas desaparecidas era de 95.000, cujo número desencadeou uma crise forense em torno do tratamento de corpos e valas clandestinas e comuns. Milhares desses desaparecimentos foram atribuídos ao crime organizado. Em ‘Uma tumba para chorar’: Corpo, representações morais/religiosas e justiça em torno do desaparecimento no México, argumento que a crise humanitária devido ao desaparecimento reconsiderou o significado tradicional da morte no México e, em particular, o papel do corpo, como um sinal e símbolo de luto e justiça.

Palavras-chave:
desaparecimento; violência; morte; Estado; justiça

Currently, Mexico experiences a generalized problem of the disappearance of people in the context of criminal and institutional violence. As of December 2021, the total number of people who disappeared amounts to 95.000, whose number triggered a forensic crisis around the treatment of bodies and clandestine and common graves. Thousands of these disappearances were attributed to organized crime. ‘A Grave to Mourn’: Body, Moral/Religious Representations and Justice Around Disappearance in Mexico, I argue that the humanitarian crisis due to disappearance has reconsidered the traditional meaning of death in Mexico and in particular the role of the body as a sign and symbol of mourning and justice.

Keywords:
disappearance; violence; death; state; justice

Introducción

México está experimentando actualmente una profunda crisis de desaparición y/o muerte de personas, predominantemente jóvenes, varones y mujeres, como consecuencia de la violencia de tipo criminal, política y social. A pesar de los avances realizados en torno a la búsqueda e identificación de personas, la violencia es un fenómeno imparable y la justicia prácticamente inexistente. Es una crisis que se distingue por múltiples causas y tiene dimensiones muy complejas, con significados diferenciados por regiones y territorios en donde el crimen organizado ha impuesto sus reglas. De 32 estados que integran administrativamente el país, en un número reducido de ellos se concentra la mayoría de las desapariciones con niveles muy altos de homicidio (LADO B, 19/09/2021). Sin embargo, pese a las diferencias regionales, los colectivos de víctimas que se han organizado alrededor de la desaparición de algún familiar exigen acceso a la justicia y esclarecimiento de la verdad.

Con base en nuestro trabajo de campo de larga data en una región del México rural inserta en grandes problemáticas de crimen organizado y de modo especial con la coordinación de un proyecto académico interinstitucional sobre el papel del activismo en defensa de los derechos humanos bajo contextos de violencia,¹ nos acercamos a varios colectivos de víctimas de desaparición, referidos más adelante, mediante estrategias de acompañamiento a sus manifestaciones, entrevistas, charlas informales y acciones de búsqueda (MALDONADO ARANDA, 05/10/2020). Varios colectivos están integrados por madres de familia, hermanas y, en menor medida, padres y hermanos, que han sido desplazados de las periferias rurales y urbanas a la ciudad de Morelia, a donde se movilizan para investigar el paradero de sus familiares y en cierta forma como resguardo de su seguridad.² La iglesia fue un agente central para acercarnos a varios colectivos, así como los programas de apoyo eclesial hacia las víctimas de violencia. Fue en esta ciudad donde nos acercamos a ellas con el fin de comprender sus historias familiares para recuperar sus testimonios. Varias personas de las regiones a donde he realizado trabajo de campo se desplazaron a dicha ciudad y eso permitió un proceso de acompañamiento más cercano, con cierta seguridad, mediante técnicas de anonimización de sus narraciones, protocolos de manejo de datos y ante todo confianza, debido a las redes criminales que rodean la lucha de los colectivos de víctimas.

Utilizando una perspectiva crítica y descentrada del Estado hacia sus áreas liminales o zonas clandestinas, en este artículo queremos discutir la problemática de la desaparición, sumergiéndonos hacia las tenebrosas regiones que escapan a la opinión pública de lo que sucede cotidianamente. En primer lugar, pretendemos analizar desde lo local/regional cómo la desaparición de personas comenzó a ser incrementarse y posteriormente convertirse en una categoría politizada, a través del significado de la ausencia del cuerpo, hasta convertirse en un tema de debate público nacional e internacional por parte de los colectivos de víctimas. En un segundo momento, quiero comprender los campos de poder en que se produce desaparición y/o muerte con sus connotaciones regionales para, a partir de ahí, reflexionar sobre la importancia del cuerpo y sus rituales en los procesos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

Postulamos que el cuerpo, no sólo es una materialidad corpórea, sino una biografía recreada por rituales que le dan sentido y significado, los cuales son fundamentales para la justicia y la verdad a las que aspiran los colectivos. A este respecto, Panizo sugiere que:

En una relación dialéctica entre la ausencia del cuerpo, el destino del muerto y el sentido que se le da a la muerte, en el ámbito doméstico, los desaparecidos se transforman en seres extraordinarios que tienen una participación en la vida cotidiana de sus familiares (PANIZO, 2011, p. 46).

El resultado de estas reflexiones nos permitirá llamar la atención sobre la necesidad de ampliar los marcos institucionales, jurídicos y sociales para construir políticas que contribuyan a reconocer las dimensiones culturales, morales y religiosas que fundamentan y orientan los propósitos de muchos colectivos de víctimas. Tenemos que reconocer estas dimensiones, ya que son imprescindibles en los procesos de esclarecimiento sobre el destino y trato ético de las personas en desaparición. Mi argumento principal, por tanto, es que en México la desaparición y/o muerte de miles de personas está provocando un profundo resignificado de la idea de la muerte, tal y como fue asimilada y representada por la comunidad mexicana postrevolucionaria durante el siglo XX (LOMNITZ, 2006).³ La resignificación de la idea de la muerte se debate en medio de un silencio público acerca de: ¿Qué es la muerte digna e indigna en tiempos de “guerra contra el narcotráfico”? ¿Quién desaparece y por qué? ¿Cuáles son las relaciones entre el cuerpo, duelo y rituales religiosos en contextos de desaparición?

Breve interludio crítico

Gran parte de la literatura sobre la antropología de la muerte, los nuevos estudios sobre rituales mortuorios y la gobernanza de los muertos, enfatizan la importancia del cuerpo y su materialidad en la vida y más allá de ella (STEPPUTAT, 2018), independientemente de las distintas culturas y creencias religiosas. Ya que el cuerpo no se puede separar de nuestras creencias, prácticas y representaciones del mundo, su estatus ontológico en la vida social vuelve imposible pensar en su ausencia sin haber llevado a cabo liturgias o ceremonias que domestiquen la muerte, así como procesos de reconciliación sin la corporeidad física. Tal como han observado varios antropólogos y otros estudiosos de la muerte:

Los cadáveres contienen eficacia simbólica y política en los rituales, un efecto transformador que los estudiosos describen en términos como “alquimia” (Bloch 1982), “sacralización” (Kaufman y Morgan 2005), “transgresión” (Taussig 2006), “catarsis” (Kristeva 1982) y “animación” (Verdery 1999). Varios enfoques aceptan que los cadáveres se asocian con un exceso de significado y afecto, como algo que no se puede controlar por completo (STEPPUTAT, 2018, p. 8).

Latinoamérica ha sido un espacio importante donde las discusiones en torno a violencia y muerte, sentido del cuerpo y administración estatal de la muerte han sido muy relevantes, tomando en consideración la historia de los regímenes autoritarios y militares. De acuerdo con Robben (2007), los familiares de personas desaparecidas se apropian el deber moral de cuidar a los muertos o el destino que depara a un familiar. La idea de un “destino” hacia el cual transitamos entre la vida y la muerte es fundamental entre las culturas, puesto que el cuerpo también es la materialidad de tales creencias y dogmas. Asimilamos la idea de la muerte por la materialidad corpórea, pero sobre todo por el tratamiento que damos al cuerpo en términos religiosos, morales y éticos.

Da Silva Catela (1998) propone el concepto de muertes inconclusas para referirse a la ausencia del cuerpo y sus consecuencias litúrgicas y morales en la relación espacio/tiempo que distingue la vida de la muerte. Así, por ejemplo, señala:

En el ritual fúnebre, el locus del culto es el cuerpo. Sobre él se habla. Sobre él se llora. Se colocan flores, se pronuncian discursos. Se da el “el último adiós”. El cuerpo condensa y domestica la muerte. La torna presente, individual, identificada (DA SILVA CATELA, 1998, p. 99).

El debate sobre el cuerpo y su relación con la violencia, sobre todo hacia las mujeres, se discute de manera brillante en el trabajo de Segato (2013), quien problematiza la relación estrecha entre profanación del cuerpo femenino y sentido de soberanía masculina para comprender la desaparición, violación y tortura hacia mujeres jóvenes en un corredor industrial de la ciudad de Ciudad Juárez, México. En este sentido, es muy interesante cómo en Latinoamérica la violencia asociada a la guerra civil, la militarización y más tarde a la violencia criminal ha puesto de relieve el tema del cuerpo como un lugar o espacio en el que se refractan las violencias. Un caso muy singular a este respecto es cuando personas de Colombia que han perdido un familiar acuden a los márgenes de los ríos Magdalena o Cauca para “adoptar” a los muertos que fluyen en el río, en clara alegoría con la desaparición de sus seres queridos: los muertos anónimos NN (sin ningún nombre o nombre desconocido) (FLORES MARTOS, 2014, p. 132).

En este documento, sostenemos que la desaparición humana, tal como se está viviendo en México (un drama, un trauma y un signo de terror), constituye un problema apremiante, que no puede soslayarse de la agenda de las ciencias sociales ni mucho menos de las agendas políticas latinoamericanas En primero lugar, porque se ha constituido un entramado institucional y criminal muy complejo que ha entorpecido el esclarecimiento de la desaparición. En segundo lugar, porque el énfasis en la (in)justicia penal ha contribuido a olvidar otras dimensiones culturales y morales en torno a la desaparición, tales como el destino del cuerpo y su tratamiento físico y ritual. De hecho, estas dimensiones motivan o constituyen fuerzas emocionales poderosas en los familiares de las víctimas que alientan la búsqueda de sus seres queridos, precisamente por las preocupaciones sobre el destino del cuerpo, su tratamiento mortuorio y su significado en la reconciliación existencial y pública de las familias. Para varios colectivos de familiares de desaparecidos, no sólo basta con esclarecer la verdad y/o hacer justicia, también es muy importante conocer y asimilar la manipulación del cuerpo y las violencias infringidas en él, en forma de dolor y sufrimiento, como formas de superación del duelo por más dolorosas que puedan ser. En síntesis, el cuerpo y su materialidad simbólica, su ritualidad y su carácter mágico o sagrado, movilizan fuerzas emocionales poderosas que es imposible soslayar en los esfuerzos de búsqueda e identificación y eventual acceso a la justicia o verdad. Debido a la importancia y el reconocimiento del cuerpo, tanto como el significado mágico y sagrado atribuido por la comunidad nacional mexicana, la justicia debería ser impostergable y la reconciliación una necesidad.

Complejidades en torno de la desaparición y sus diferencias territoriales

Esclarecer los procesos y experiencias en torno de la desaparición en contextos de violencia crónica (PEARCE, 1998) conlleva todo un reto analítico y ético. Con frecuencia varios acercamientos inician con la historia mexicana de las desapariciones por parte del Estado, desde la llamada guerra sucia de los años 1960 al presente, con el fin de situar la problemática actual de la violencia criminal y sus costos humanos (ROBLEDO, 2016). Otros acercamientos debaten el daño psicológico y social que está causando la desaparición en torno al núcleo familiar del ausente (DELACROIX, 2020), lo que he llamado una etnografía de la aflicción. Miradas desde lo regional o periférico están observando procesos más específicos de la desaparición y su contexto, cómo actúan las autoridades, cómo tratan a quienes fuera de los reflectores se enfrentan cotidianamente a los grupos criminales e instituciones del Estado, incluyendo los debates y tensiones entre los propios colectivos (ROBLEDO, 2021; SANJURJO, 2017; VARGAS, 2020).

Tal como hemos mencionado anteriormente, comenzamos a pensar la problemática regional de la desaparición a partir de un seguimiento específico de los efectos de la violencia en el estado de Michoacán, México. La región se distingue por ser un extenso espacio cuyos territorios han sido sometidos a estrategias de erradicación de drogas, desarticulación de la delincuencia y combate frontal de los llamados cárteles de la droga. Desde el año 2006, se trazó una nueva intervención federal contra el narcotráfico y paradójicamente unos meses después dio a conocerse una de las organizaciones criminales más letales de que se tuviera memoria, conocida como La Familia Michoacana. Su aparición pública se dio a conocer arrojando cinco cabezas humanas en un centro nocturno en el municipio de Uruapan, a donde se habían trasladado a vivir las familias de los principales narcotraficantes. Este hecho fue el inicio de un proceso de transformación de la violencia criminal entre varios grupos delictivos, con métodos cada vez más crueles de agresión contra el cuerpo humano, incluida la desaparición. El cártel de los Zetas ya había experimentado este tipo de prácticas tanto como otros grupos delictivos, en donde la figura de El Pozolero ha resultado emblemática del proceso de desaparición/disolución de cuerpos humanos en ácido para no dejar rastro alguno del paradero de las víctimas (NÁJAR, 22/08/2014).

Desde que los cárteles mexicanos iniciaron una lucha frontal contra otros grupos delictivos e instituciones del Estado, la práctica de la desaparición comenzó a ser una técnica de terror extendida en el espacio nacional. Un punto significativo de esta lucha armada es el hecho de que a nivel muy local grupos delictivos e instituciones estatales tenían negociaciones clandestinas debajo de la mesa. De esta manera, gran parte de las desapariciones de personas ocurrían con la intervención de las fuerzas policiales locales y, en menor medida, federales o del ejército.

Es decir, bajo el dominio criminal de extensas regiones, la desaparición se llevaba a cabo en medio de una diversidad de grupos armados que difícilmente podían ser identificados sus orígenes y sus fines. Por ejemplo, la policía local solía privar de la libertad a alguna persona, regularmente de forma ilegal, entregándola al grupo delictivo para el que trabajaba. En múltiples casos, como los que reconstruimos más adelante, se evidenció una profunda corrupción entre diversas instituciones y actores armados de origen legal o ilegal. Este tipo de órdenes informales o de soberanías anidadas (HANSEN y STEPPUTAT, 2001), en los que el orden deseado del Estado y la supuesta violencia perpetrada por el crimen se traslapaban de muchas formas, es lo que ha producido contextos más letales de la desaparición (ROBLEDO, 2021), tal como lo veremos a continuación.

En mis primeras temporadas de trabajo de campo entre los años 2002 al 2006, en algunas regiones michoacanas a donde la violencia criminal era y es muy grave, obtuve testimonios informales y confesiones íntimas de personas cuyos familiares o amigos habían sido secuestrados y nunca retornaban con sus familiares. No ponían denuncias por temor a represalias del gobierno y el crimen organizado. Las personas desaparecidas generalmente eran jóvenes varones señalados por cometer faltas graves en su organización delictiva, pasar por alto los códigos criminales o “voltearse” y trabajar para otra organización delictiva. Similarmente, se generaban rumores sobre personas secuestradas por problemas familiares irresolubles de herencia, robos, etc., en los que la intervención de los llamados jefes de plaza de los grupos delictivos era solicitada.

El párroco de una localidad rural de Michoacán escribió en un folleto lo siguiente:

El sábado 27 [de 2011] me detuvo un retén del nuevo cártel (...) me dijeron: “No se preocupe, padre, aquí estamos para cuidarlos de los malos”. “Somos los defensores del pueblo, somos la guardia michoacana”. Se dieron a la tarea de convencer a las personas de su bondad con reuniones en las plazas, comidas gratis en las plazas (...) Aplicaban justicia a su modo, cobraban deudas, repartían herencias, solucionaban conflictos conyugales, etc. Llegó el tiempo de pagar la factura y empezaron las cuotas (...). Desgraciadamente, han ocurrido muchas muertes de los dos bandos, muertes que han quedado en el silencio, muertos que no se han llorado, luto que se lleva en el interior y sin verter lágrimas (...) (Folleto: Situación de nuestras comunidades, repartido en algunas localidades por un párroco de una iglesia ubicada en la Tierra Caliente. Sin autor/sin fecha).

Desde que la violencia criminal se expandió como una forma de protección territorial, la desaparición comenzó a generalizarse entre los métodos más comunes de infundir temor entre los actores en juego. La desaparición, entendida como una estrategia de comunicación pública informal y como una técnica de guerra, llegó a crear una forma de terror que penetró el espacio más íntimo de las personas; un terror que: “no era producto del extrañamiento sino de la familiaridad, no una fuerza sino un estado de ser, uno profundamente inmerso en el orden cotidiano de las cosas” (ARETXAGA, 2003, p. 53). Para esta autora,

[l]a intimidad misma fue atravesada por el peligro y la violencia. Los (...) años (...) se caracterizaron por un tiempo atemporal lleno del silencio de la violencia masiva, un silencio que estructuraba el terror del régimen como una presencia permanente ausente. El silencio fue una parte crucial en la normalización de un terror estatal (ARETXAGA, 2003, p. 56).

Tras pausar mis viajes de campo a la región debido al incremento de la violencia desde el año 2007 en adelante, mismos que fueron más selectivos y mediante arreglos previos con mis interlocutores, notamos varios cambios en las prácticas y signos de la desaparición. Si bien previo a un secuestro y desaparición de una persona solía encontrarse el cuerpo en algún camino rural o en el servicio médico forense, conforme la violencia se agudizaba de y entre los grupos delictivos y fuerzas estatales, el cuerpo fue produciéndose como un “problema” para los mismos actores armados que habían tomado la vida de alguien como objeto de venganza. Los grupos criminales cada vez más se enfrentaban al dilema de qué hacer con el cuerpo para evitar investigaciones judiciales, aunque también estaban más o manos conscientes de que infringir más daño a familiares era mediante la desaparición de la persona. Si bien antes de la guerra contra el narcotráfico el asesinato o desaparición podía atribuirse socialmente a “ajustes de cuentas” entre grupos delictivos, vendettas o enfrentamientos directos (“En algo andaba metido”), la muerte parecía ser representada como una consecuencia “natural” de un orden criminal coludido: “Es un asunto entre ellos, pues que se maten entre ellos”.

No obstante, conforme el recrudecimiento de la guerra contra el narcotráfico aumentó, la desaparición comenzó a ser finalmente enunciada como una categoría politizada entre familiares y amigos de las víctimas. La frase “Lo desaparecieron” encierra el paso de una muerte social a una ausencia incierta, semánticamente más politizada, llegando a involucrar al Servicio Médico Forense y, en general, al Estado como coludido o cooptado. Por varios años mi convivencia con los lugareños me permitió captar estos cambios que he releído para este artículo de mis notas de campo. Por ejemplo, cuando alguna persona había sido secuestrada, cuyo rumor regularmente provenía de los jefes del pueblo, la gente comenzó a visitar la oficina forense para preguntar si esa institución podía ayudarlos a encontrar a su familiar o si estaba en dicho lugar.

Las instalaciones del servicio médico forense, una dependencia de los aparatos de procuración de justicia encargada de levantar el cuerpo y practicar autopsias sólo por orden judicial para identificar la persona en cuestión, comenzaron a ser cada vez más frecuentadas por muchas personas que buscaban algún familiar, aun cuando casi nunca proporcionaban información, ya fuera por presiones del crimen que había colonizado estos espacios o por las dificultades inherentes a la propia desaparición y/o muerte. Cuando se incrementaron las presiones militares contra la violencia homicida, jóvenes considerados halcones (vigilantes) cuidaban la oficina forense y observaban a quienes acudían al lugar. Se instalaron puntos de vigilancia policial/criminales para evitar filtración de datos sobre el paradero de alguna persona.

Como consecuencia de las presiones constantes de familiares de desaparecidos en los servicios forenses para conocer algún avance de investigación, pero sobre todo por la cantidad de desaparecidos/muertes que provocaba la guerra contra el narcotráfico, el servicio médico forense fue cambiando sus métodos de registro y gestión de la crisis humanitaria, convirtiéndose en un nuevo dispositivo de control de la violencia homicida. La tipificación forense por tipos y formas de muerte pasó a convertirse en un campo de tensión constante entre autoridades, familiares de víctimas y grupos criminales. El registro de un asesinato en forma de homicidio doloso o culposo que usaba el servicio forense para clasificar el tipo de muerte podía dar paso a presiones para realizar investigaciones judiciales. A su vez, el Ministerio Público, encargado de dichas investigaciones judiciales, actuaba por presiones políticas o mediante sobornos, en medio de un constante aumento descontrolado de averiguaciones judiciales que rebasaban sus capacidades de investigación, lo que provocaba un mayor aumento de corrupción y desapariciones sin esclarecer. De esta manera, varias oficinas gubernamentales de Registro Civil (nacimiento y muerte), presionadas por múltiples intereses, registraban algún homicidio como “muerte natural” en sus estadísticas, que varias autoridades utilizaban para justificar una disminución de homicidios o desapariciones. En otros casos, los cuerpos que no eran reclamados o sin identificar terminaban, finalmente, en fosas comunes sin registro de identidad, reconocimiento legal ni clasificación censal.

Cuando el número de asesinatos y desapariciones llegaron a rebasar el servicio forense y la procuración de justicia, dando a paso a una crisis sanitaria de grandes proporciones por las condiciones inhumanas en que se encontraban los cuerpos, los colectivos de familiares de víctimas iniciaron acciones más coordinadas, presionando a oficinas de investigación judicial para dar con el paradero de sus familiares. En consecuencia, la desaparición de personas comenzó a cuestionar públicamente la guerra contra el crimen como una de las facetas más dolorosas y crueles de la violencia.

Según las últimas cifras al mes de mayo de 2021, 214.163 personas han sido desaparecidas; de ellas, 87.718 personas están desaparecidas y no localizadas; entre estas, cifras, 79.676 personas están desaparecidas, 8.042 no localizadas y 8.259 personas en calidad de localizadas sin vida. De acuerdo con la identificación de cuerpos, hasta el 30 de agosto de 2019, se contabilizaban 3.024 fosas clandestinas en las que muchos de cuerpos de víctimas de desaparición pudiesen estar. Del número de fosas clandestinas, se ha contabilizado un total de 4.970 cuerpos que se suman a los más de 37 mil personas fallecidas, no identificadas y en posesión de servicio forense.⁴

La visibilización pública de la desaparición ha expuesto el dolor humano causado a miles de mexicanos y cientos de extranjeros, a la vez que problematiza el significado de la muerte en la cultura popular mexicana, los dilemas familiares en torno a la seguridad personal, las herencias o los bienes familiares, la pérdida del sustento cotidiano de familiares y sobre todo el tormento psicológico que genera una desaparición. Estos efectos psicológicos y sociales pasaron a convertirse en el signo del terror de la guerra contra el crimen. De forma paralela al aumento de desapariciones también se constituyó una narrativa estigmatizante hacia las personas en calidad de desaparecidas, funcionando como un dispositivo despolitizador de la violencia que transforma la muerte en un ritual privado y asocial. Varias personas integrantes de los colectivos con quienes se realizó trabajo de campo sufrieron una cierta vergüenza social y estigma, lo que las orilló a refugiarse en la ciudad de Morelia, para desde ahí presionar a las instituciones de justicia y construir redes de solidaridad.

Historias de búsqueda de familiares desaparecidos

Para comprender más vívidamente la importancia del nacimiento de colectivos de víctimas, en este apartado sintetizaremos algunos casos ejemplares con el fin de concentrarnos, más adelante, en sus avatares de búsqueda y justicia.⁵

El primer testimonio es de una mujer, a quien identificaremos como Amaal, cuyo primer marido escondía secretos de su vida personal como el haber estado casado anteriormente e incluso su nombre real, con que fue bautizado. Ellos procrearon una hija, pero tiempo después se separaron por maltratos y engaños. Doña Amaal, como me gusta decirle, se “juntó” con otro hombre que con los años cometía los mismos excesos al grado de abusar sexualmente de la hija del primer matrimonio de Amaal, amenazándolas con mandarlas a desaparecer a ella y su padre, por parte de sicarios, si la hija revelaba tales hechos. En la vida tormentosa que llevaba Amaal en el poblado infestado de grupos delictivos donde vivía, y que conozco bien, había llegado al extremo de tolerar nuevas amenazas del segundo marido, quien tenía unas relaciones extrañas con integrantes del crimen local, al que frecuentemente invocaba, con el fin de amenazar a la familia. Al final, después de innumerables discusiones de Amaal con su segundo esposo, él tomó la decisión de contratar un grupo de sicarios para secuestrar a su hijastra y desaparecerla, además del padre ella. Esta situación ha dejado marcada la vida de Amaal, atormentándose constantemente por no haber tenido las fuerzas necesarias para salvar a su hija de las garras del crimen.

Esta situación dio lugar a que la madre se convirtiera en una férrea activista en búsqueda de su hija y de familiares desaparecidos. Según relata Amaal:

— Un día dije: Algo malo está pasando. Le empecé a preguntar [a su hija] y no me quería decir, hasta que (...) me dice lo que sucedía. Entonces ya empecé a hablar con ella [su hija] y me dice: Mamá, si tú dices algo te va a meter a un manicomio, que dice que estás loca, te mete al manicomio y va a matar a mis hermanos. (...) Y ella quería mucho a [uno de ellos] que es el más chiquito, pero cuando él [su esposo] sabe que ya me dice, pues ya era tiempo que había sicarios, llevó a los sicarios a la casa, las amenazas fueron fuertes. Pensé pedirle el apoyo al DIF [Desarrollo Integral de las Familia] (...) El DIF me lo negó por completo, que ellos en esos problemas no se metían. ¡Entonces a dónde te vas a ir! Y seguían las amenazas de desaparición, hasta llegarse el día de desaparecer a mi hija y al papá de mi hija.⁶ (Entrevista con Amaal).

Como consecuencia de ello, su familia estaba destrozada emocionalmente, su otra hija retraída emocionalmente. Amaal no hablaba con nadie, ni con sus tres hijos varones, hijos e hija de su segunda pareja. Decía que el dolor de saber del secuestro de su hija los paralizó. Ella sabía que sus hijos e hija tenían un profundo dolor, pero no podía consolarlos. Así, la señora Amaal no ha parado de buscar a su hija y tocar puertas para obtener información, tanto de burócratas como algún sicario, e incluso de personajes del mundo esotérico.

— Pusimos la denuncia. (...) No la hice luego luego, por la vigilancia que tenía de esta misma persona. (...) Tuvo que salir a Uruapan a un mandado [y] aproveché yo y me fui a poner la denuncia, una denuncia que nunca procedió. (...) No nada más la mía, la de varias personas, las desapareció el Ministerio Público. En esto fue la entrada de las autodefensas, y fue cuando empezó a tener más temor [de su segundo exesposo, a quien señala como responsable], por denunciar (la desaparición de su hija), porque se empezó a buscar a los desaparecidos, y hasta empecé a formar un comité de los que tenían familia desaparecida.⁷ (Entrevista con Amaal)

Actualmente sigue en búsqueda de su hija, cuyo activismo la ha transformado en una líder natural, inteligente y conocedora de la problemática de la desaparición.

En el caso de otra familia que acompañamos, víctima de desaparición de sus familiares, el clima del crimen organizado llegó a permear dinámicas cotidianas en la región y localidad que también conozco por el trabajo de campo. La señora Aanisa sufrió la desaparición del esposo y un hijo y el asesinato de otro en un poblado rural productor de aguacate, atribuidos a fuerzas del ejército mexicano.

Las desapariciones comenzaron con la aprehensión, por parte de una patrulla militar, de uno de los hijos, acusado de poseer droga y armamento en su casa, según Aanisa y Adila (madre e hija), con el fin de trasladarlo al Ministerio Público (MP). De acuerdo con los familiares, después de la privación de libertad, se realizó una diligencia de inspección ocular en el lugar de los hechos, ya que el padre de familia interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ante el MP por detención arbitraria y sin orden de aprehensión. Se hizo una audiencia entre los militares y el padre de familia ante el juez. El grupo de militares no era el que se llevó al hijo.

A pesar de que en la audiencia arrojó que el detenido no tenía relación con los hechos por los cuales se le acusó, de que fue absuelto por el juez evidenciando que el ejército lo había llevado premeditadamente a una casa abandonada, de que previamente los militares le tomaron fotografías para incriminarlo y que su papá interpuso una queja ante la CNDH, el 20 de diciembre de 2007, los militares irrumpen la casa a donde se encontraba el hijo, ya absuelto, y se lo llevaron sin brindar información. Le dijeron los militares al padre de familia que eso le pasó por andarse quejando ante DH. Mientras el hijo permanecía preso, días después, un comando armado de civiles “parecidos a soldados” se llevaron al padre de familia, hasta ahora desaparecido. Tras estos hechos, el hijo mayor emprendió su búsqueda durante varios meses, pero también fue desaparecido presuntamente por el crimen organizado.⁸

Los familiares afirman que la intención de las desapariciones era quitarles sus propiedades de tierra, cultivadas de aguacate y enormemente codiciadas por el valor económico. Dicen que dieron dinero a policía antisecuestros para que negociaran con los criminales que se llevaron a su papá, pero no hubo éxito. Se quedaron con el dinero y no lo soltaron. Tras el encarcelamiento del hijo, la desaparición del padre de familia y el hijo mayor, la familia (madre e hija) fue desplazada forzadamente a otra ciudad para esconderse.

Decidieron interponer una denuncia penal, pero la Procuraduría de Justicia no le dio curso legal. Relatan que las trajeron de aquí para allá. Tuvieron que aprender muchas cosas, estudiar un poco de leyes, fungir como detectives, forenses, tomando talleres, etc. Debido a la búsqueda de sus familiares, se quedaron sin dinero, por lo que pretendieron disponer de algunas propiedades para seguir solventando la búsqueda. Buscaron apoyo en el Centro de Atención a Víctimas, pero les sugirieron que debían realizar un trámite judicial de declaración de ausencia, no de desaparición. Les decían que debían hacer un trámite de presunción de muerte con el fin de instalar un juicio sucesorio para gozar de alguna propiedad.

Estas expresiones las tomaron como ofensas, burlas o negligencias de no emprender investigaciones sobre los hechos denunciados hacía tiempo. Ellas exclaman: “¡Cómo declarar la muerte de un hijo o un esposo!”. También les sugerían: “Haga una misa de difunto”; “Haga un duelo para superar la ‘ausencia’ de su familiar”; “Celebre una misa sin cuerpo presente”.⁹ Pero, aunque quisieran hacerlo, algunos sacerdotes de la iglesia católica se negaban a realizar misas sin cuerpo presente, brindando en su lugar consuelo espiritual.¹⁰

Aanisa y Adila tuvieron contacto con un sacerdote quien les platicó sobre el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prodh, para solicitar ayuda. Lograron tener contacto con la Oficina del Alto Comisionado de Desapariciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). También se integraron a un colectivo de personas desaparecidas del pasado, llamado Cofaddem. Ante estas acciones y peticiones a diversas instancias nacionales e internacionales, Amnistía Internacional les respondió y decidió tomar el caso. Así, Amnistía Internacional emitió una recomendación al gabinete estatal en el año 2012 en pleno dominio criminal, pero no recibieron ninguna respuesta. Volvieron a emitir la misma recomendación y tampoco respondió el gobierno mexicano. La falta de respuesta institucional, la colusión y corrupción han sido una constante que ha expandido el surgimiento de liderazgos civiles, en un momento en que la desaparición ocupa un lugar importante en la agenda pública de la sociedad civil.

Otra mujer a quien le desaparecieron su esposo, narra: “Me piden realizar una declaración de ausencia; no la he hecho. Me acerco a Provictima, me piden tramitar presunción de muerte, la cual se puede realizar a los seis meses de la desaparición. Les dije que no la quería hacer: ¿Cómo una institución que defiende a las víctimas te sugiere eso?”.¹¹

La importancia del cuerpo desaparecido

Enfrentarse con la posibilidad de una “muerte en suspenso” coloca a los familiares de las víctimas de desaparición ante uno de los aspectos más crudos de la violencia. El hecho mismo de la desaparición provoca un torrente de angustia, ansiedad y dolor indescifrable, que notamos y sentimos en la convivencia con madres de desaparecidos. Este torrente de angustia no deja de estar presente hasta el esclarecimiento del paradero y reconocimiento del cuerpo, vivo o muerto. Hemos comprendido que, para todas y todos con quienes hemos conversado, el cuerpo físico es fundamental para el acceso a la justicia y/o la verdad. La búsqueda e identificación de un familiar, tal como comenta una de nuestras entrevistadas, significa un descanso: “Al menos tendremos una tumba a donde ir a llorar”.

A partir de nuestra convivencia con colectivos de víctimas, el cuerpo ocupa un lugar central en las estrategias de búsqueda de familiares de víctimas. Nadie acepta la muerte de un familiar y su expectativa será siempre encontrar vivos a sus familiares. Debido a la ausencia de investigaciones policiales, pérdida de evidencias y desinterés del gobierno, los familiares de víctimas luchan por recuperar o saber del destino del cuerpo físico y, por tanto, su tratamiento físico lo consideran primordiales para la justicia y verdad. El cuerpo se constituye en un medio a través del cual los familiares definen sus expectativas y plegarias, ya sea en forma de reivindicar la vida o bien resignarse a la muerte, mediante el duelo y sus ritos funerarios (DA SILVA CATELA, 1998). Es la centralidad del cuerpo y sus diversos significados, como algo más que simplemente un objeto del ritual de paso de la vida a la muerte, lo que sigue alentando a familiares de víctimas a arrojarse a las más tenebrosas tinieblas de la violencia que llevó a la desaparición.

Varios familiares de víctimas mantienen una tensión emocional fuerte en el día de muertos, que se celebra en México en forma de fiesta. Pocos ponen una veladora; otros más asisten a la iglesia para rezar alguna plegaria; pero invariablemente todos sienten la necesidad de un espacio simbólico (un altar, una tumba, una cruz donde falleció) desde el cual “hablarle” a su familiar.

El cuerpo y la materialidad

Thomas (1975) propuso el concepto de muerte social para referirse a el fin de una vida humana, una muerte que para el Estado y la sociedad resulta legible y socialmente aceptada. En consecuencia, las técnicas de reconocimiento de la muerte social permiten reincorporar a la persona a la comunidad política y rituales religiosos a través del duelo. Por el contrario, una muerte asocial es una muerte atípica que no trascurre bajo las normas y rituales sagrados establecidos en la sociedad (THOMAS, 1975). En el caso de una desaparición en un contexto de violencia social, estas normas y rituales quedan interrumpidos, así como los procesos de asimilación de la forma tradicional en que se llevan a cabo el duelo y los ritos mortuorios.

Ya que el cuerpo es fundamental en los procesos de búsqueda, identificación y reconciliación social, gran parte de los colectivos de víctimas han hecho esfuerzos indescriptibles para lograr tener alguna certidumbre de su paradero, ya sea vivo o muerto. Por tanto, la materialidad del cuerpo es uno de los puntos más significativos que ha vuelto a ingresar al debate sobre la muerte y su destino social y ritual en un mundo de terror.

Para Ariès, sin el cuerpo tenemos una muerte prohibida, negada. Sin el cuerpo, el duelo no es concebido como un tiempo necesario para aceptar la muerte, convirtiéndose en un estado mórbido que se intenta controlar o abreviar (citado en PANIZO, 2011, p. 49). El cuerpo es fundamental para definir la muerte, pues, según Goody, la ceremonia funeraria es una manera de domesticar la muerte (citado en PANIZO, 2011, p. 48). De acuerdo con esta misma autora, “la persistencia de la práctica del velatorio acentúa la necesitad de este único espacio social que permite la percepción de la muerte y la preparación para la separación definitiva entre el muerto y los vivos” (PANIZO, 2011, p. 49).

En este sentido, la práctica del rito mortuorio a través del velatorio reinscribe el cuerpo como una necesidad tanto material como ritual en la comunidad social. Panizo (2011) propone ver la figura del cuerpo no sólo en sentido literal, como el paso del mundo de los vivos a los muertos, sino como un medio simbólico que da lugar a la construcción de un espacio definido como “habitar la muerte”. Por el contrario, la ausencia corporal de una persona se torna un estado de naturaleza en la medida en que el ritual de paso queda indefinido. No hay forma de cerrar el círculo de la vida/muerte sin el cuerpo, ya que éste constituye y genera un espacio simbólico y una materialidad específica que son necesarios para asimilar la muerte, domesticarla. Él da lugar a un espacio físico/simbólico a través de la tumba o lugar de descanso; a un espacio afectivo/privado entre familiares y víctima; así como a un espacio político entre la persona y el Estado. Estas dimensiones ponen en juego la ritualidad religiosa, los derechos políticos, la justicia y la intimidad personal en una forma tan estrecha que es difícil separarlos de las demandas de colectivos de familiares.

El concepto de “habitar la muerte” propuesto por Panizo (2011) es muy importante, porque la idea de muerte llega a considerarse como un proceso social que toma en cuenta el espacio físico y el momento social. “La referencia que hacen los familiares a cierto componente vital del muerto, energía o presencia espiritual, ausente en las relaciones habituales con los muertos en general, tiene una íntima relación también, con el estado y tratamiento del cuerpo” (PANIZO, 2011, p. 97). Para esta autora, “[l]a ubicación espacial del cuerpo, en un lugar único de descanso, luego de tantas manipulaciones sufridas, cumpliría entonces una función primordial como último estadio del ritual de paso, de separación, de una manera definitiva” (PANIZO, 2011, p. 104).

Al respecto, una de nuestras entrevistadas sigue reivindicando la posibilidad de encontrar a su esposo y así contar, al menos, con “un pedazo de tierra donde sepamos que ya descansan, llevarle flores”. Y cuando otra madre de un familiar en calidad de desaparecido finalmente supo de su muerte y del lugar donde sucedió el hecho, clavó una cruz hecha de metal con el siguiente suspiro: “Es para que su alma no ande en pena y pueda ya descansar”.¹²

La ausencia como posibilidad de vida

Dentro de la gran narrativa sobre la desaparición en México un matiz muy importante es el discurso alrededor de la figura de “La ausencia” o “El ausente”. Varios colectivos de familiares enfatizan la figura de la ausencia como un discurso político que interpela al Estado en la forma de acceso a la justicia y la verdad, sin que necesariamente renuncien a la materialidad corporal de su familiar o amigo(a).

La ausencia de la muerte como proceso social, que hemos llamado muerte desatendida, forma parte del marco simbólico de interpretación, a través del cual se habilita el uso de la figura del desaparecido como forma de resistencia política que, legitimada por distintos actores sociales, permitiría la conformación de rituales que no enfatizan sobre la muerte sino sobre la ausencia y la desaparición. A la vez, esta resistencia política por parte de los familiares implica una forma de desplazamiento o sacrificio de la muerte, a cambio no sólo de un logro político que los identifica como grupo, sino también de una dependencia continua entre vivos y muertos que inhabilita la separación de los sujetos rituales y la agregación definitiva del muerto en su mundo (PANIZO, 2011, p. 116).

Este tipo de orientación del movimiento de víctimas ha hecho más énfasis en demandas de justicia, esclarecimiento y derechos negados como una forma de presión política ante autoridades consideradas coludidas, negligentes y evasivas de la situación vivida por la violencia. Las presiones por integrar carpetas de investigación juegan un papel fundamental, ya que por muchos años los aparatos de justicia se han negado a integrar expedientes judiciales por desaparición o integrado carpetas de una manera deforme, con la intención de desgastar a los familiares en el mundo burocrático del Estado. Sin embargo, las carpetas de investigación también parecen funcionar como vehículos de materialidad del cuerpo y tienen como finalidad la judicialización del Estado como principal responsable. Es decir, los colectivos de víctimas han pretendido integrar averiguaciones previas como una forma de responsabilizar al Estado de la situación de violencia, además de sus colusiones probables con la desaparición. Este tipo de estrategias emprendidas por numerosos colectivos de familiares también tiene como meta el que la información recabada por autoridades y/o por los mismos familiares no llegue a perderse o extraviarse en el mundo de la inoperancia estatal.

Todo ello puede comprenderse como un esfuerzo por llegar a una cierta “verdad jurídica” de lo que pasó, según algunos colectivos, en la cual la responsabilidad estatal es un elemento importante. Una persona entrevistada señalaba con palabras frías esta situación: “A mí no me importa tanto dónde está mi familiar, sino ¿qué pasó? ¿quiénes se lo llevaron, por qué? ¿qué ha hecho el Estado? Yo quiero justicia, saber la verdad”.¹³ Contrariamente, una mujer, integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora declaró ante la ubicación y excavación de una fosa: “No nos interesa encontrar a los responsables; lo que nos interesa es saber dónde están nuestros hijos. Queremos recuperar lo que nos quitaron” (DE MAULEÓN, 28/10/2019).

La búsqueda de justicia implica un proceso de resistencia/contestación frente a la desmaterialización de las consecuencias de la violencia, a través de lo que Feldman llama el testimonio crítico de la guerra (EVANS, 26/02/2018). Para este antropólogo,

[a]l eliminar a los desaparecidos de la superficie terrestre, el poder ejecutivo se virtualiza expansivamente a través de la inmaterialidad programada de una ausencia: la eliminación de la materialidad somática y la gravedad biográfica de los desaparecidos. Aquí el poder ejecutivo delimita su dominio, no sobre la corporeidad acumulada de un cuerpo político, ni siquiera sobre las espaldas desfiguradas de los subyugados, sino sobre el polvo histórico efímero y la huella desvanecida de los ausentes” (Feldman citado em EVANS, 26/02/2018, s/p).

Colectivos de familiares de desaparecidos

Quiero regresar a las breves historias de familiares que integran los colectivos de búsqueda con quienes hemos trabajado. De manera particular, nos interesó el Colectivo Familiares Caminando por Justicia, el cual se constituyó formalmente en el año 2017, aunque llevan años trabajando en la búsqueda de sus familiares. Estaba integrado en ese año por cerca de diez familias, pero sus redes de parentesco y de solidaridad generan una red muy extendida de apoyo.

Varias de sus integrantes fueron conocidas por una artista visual, quien les propuso un proyecto denominado “Caminando con el desaparecido”, en donde por medio de entrevistas se reconstruyó el camino que rutinariamente recorrían sus familiares desaparecidos y, mediante el programa Mapping, se trazaron las rutas del familiar desaparecido que luego los propios familiares recorrían físicamente, como una forma de rememoración. Posteriormente se les propuso el proyecto de tejer los rostros de sus familiares, reuniéndose en lugares públicos como el jardín de la ciudad de Morelia, con el fin de adquirir notoriedad pública. Obviamente, tejer el rostro de familiares no fue nada normal, al enfrentarse al propio dolor de revivir momentos entrañables. Sin embargo, la práctica del tejido se retomó de experiencias de familiares de desaparecidos de países latinoamericanos.

En el año 2018, se integraron formalmente varios expedientes judiciales de sus familiares, tras varios años de presiones y visitas a la autoridad judicial. Relatan que agentes ministeriales las amenazaban o les recomendaban: “Haga una ceremonia sin cuerpo presente para que ya deje eso”. Según el colectivo, la Comisión de Atención a Víctimas, instancia federal encargada de acompañar a familiares de desaparecidos, no brindaba apoyo ni asesoría, y enfrentaban un ambiente adverso a sus demandas. En el colectivo Familiares Caminando por Justicia, no había una dirección centralizada, más bien son personas que coinciden en intereses comunes, intercambiando información entre ellas y reuniéndose mensualmente para bordar en el jardín principal de Morelia en señal de protesta. Es un colectivo sin duda muy activo, en manifestaciones públicas, celebración de fechas de desaparecidos, etc. Se coordinan entre ellas para asistir a eventos o solicitar información y están muy relacionadas con colectivos nacionales y estatales.

Por el año 2019, el colectivo se dividió en varios grupos y lideresas independientes por diferencias internas, integrándose al menos dos colectivos más: Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán (Decofem), así como Búsqueda Humanitaria Morelia.

Entre sus iniciativas más importantes, resaltan la integración de los expedientes judiciales de sus familiares, búsquedas en vida, identificación de fosas clandestinas, prevención de feminicidios y colaboración en protocolos y programas que lleven al esclarecimiento de personas en calidad de desaparición. Otra iniciativa es la de trabajar en red para apoyar familiares de víctimas de violencia y ayudarlas a encontrar apoyo psicológico, material, etc., tanto en algunas instancias de gobierno como fuera de ellas.

Estos proyectos les han dado visibilidad pública que han podido capitalizar para seguir presionando políticamente. Por ejemplo, antes de la aprobación de la Ley Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas, decretada por el gobierno federal en enero de 2018, el colectivo Familiares Caminando por Justicia estaba trabajando en una iniciativa de ley con énfasis en el estatus de la persona desaparecida en el Código Civil Estatal. En dicha iniciativa los familiares proponían que, ante la desaparición de un familiar, pudieran obtener derechos de usufructo de bienes materiales e inmateriales sin que se declarase por muerto a un familiar. Esta iniciativa, ya aprobada en otros estados, ha ayudado a familiares para seguir en la búsqueda de sus seres queridos.

También han impulsado la búsqueda de fosas clandestinas en Michoacán y organizado cinco caravanas de búsqueda en varios municipios. Otra iniciativa importante ha sido la de extender sus redes de búsqueda en el territorio estatal y nacional, mediante la creación de plataformas de búsqueda e intercambio de información con el fin de localizar fosas clandestinas y reclutar más víctimas de violencia por desaparición.

Pero su trabajo depende mucho de las limitaciones financieras, tiempo y condiciones de seguridad, pues se han presentado varios casos de acoso criminal e incluso de secuestro de trabajadores de las comisiones de búsqueda. Sin duda, la actividad política de los colectivos y lideresas ha posibilitado visibilizar públicamente la problemática de la desaparición forzada, aunque no con la efectividad deseada como para que los gobiernos afronten los problemas reales.

El activismo practicado por los colectivos de familiares ha tenido que moverse constantemente entre la clandestinidad y la movilización pública. Sólo la líder del ahora colectivo Decofem contaba en el año 2017 con un botón de alarma, un programa diseñado por el gobierno federal para prevenir el riesgo de activistas en caso de inseguridad. Pero, según ella, no servía de mucho para su protección.

Podría decirse que estos activismos han logrado cambiar ciertas reglas institucionales de búsqueda, como el haber integrado expedientes judiciales de sus familiares que las instancias judiciales ni siquiera les había dado un estatus legal. Sin duda, han contribuido a replantear la discusión sobre el estatus del cuerpo como repositorio de derechos, las prácticas forenses de tratamiento y destino de este, así como los derechos de los desaparecidos y los muertos en la esfera pública nacional y regional. También coadyuvan visibilizar públicamente los costos humanitarios de la violencia y la ineficiente respuesta gubernamental.

A pesar de todo ello, parece poco probable que cambien modelos de justicia y obliguen al Estado a realizar investigaciones serias.¹⁴ Incluso, desde hace algunos años se ha desatado una tensión al interior de varios colectivos por rencillas, descalificaciones, pleitos y recriminaciones que han puesto en evidencia una agenda clara a nivel nacional. No obstante, como algunas de ellas dicen, aunque tienen miedo de morirse sin saber por el paradero de sus familiares, ellas seguirán luchando toda la vida. La búsqueda de familiares implica mucho desgaste físico y psicológico, y ello influye para que muchos familiares se desanimen, hagan negociaciones que otros colectivos o lideresas no aprueban, etc. Están conscientes de los riesgos que implica su actividad política, pero siguen presionando a las autoridades.

Experiencias similares las comparten otros colectivos, como la Fundación María Herrera, una organización creada por la familia Herrera, a la le desaparecieron cuatro hermanos, además de sobrinos y tíos, con un total de 12 miembros de la familia. Originarios del municipio de Pajacuarán, Michoacán, comerciantes de compra/venta de oro, viajaban continuamente para realizar sus actividades comerciales, siendo desaparecidos en Iguala, Guerrero, dos de ellos y posteriormente otros dos en el municipio de Poza Rica, Veracruz, junto con varios familiares más que los acompañaban con motivo de sus actividades comerciales.

La madre y dos más de sus hijos, comenzaron la búsqueda por su cuenta, siendo protegidos en un principio por el gobierno federal para salir de su lugar de origen y refugiándose en la Ciudad de México. Desde el año 2009, siguen intentando esclarecer el paradero de sus familiares, mediante sus propias investigaciones en alianza con el Movimiento Nacional por los Desaparecidos. Lograron crear una red denominada Enlaces Nacionales, por medio de la cual tienen comunicación con otros colectivos y organizaciones civiles en búsqueda de desaparecidos. Uno de los hijos sobrevivientes se ha especializado en búsqueda de fosas, actividad que le ha valido amenazadas y atentados. En tanto, su madre ha seguido tocando puertas para abrir investigaciones. Lograron visibilidad pública nacional e internacional cuando doña María Herrera increpó al expresidente Felipe Calderón en un evento público sobre desaparecidos, reclamando su responsabilidad sobre la violencia. Al constituir la Fundación Herrera como una asociación civil, lograron mayor apoyo público, redes de solidaridad y capacidad de ser escuchados, aunque las investigaciones sobre sus familiares desaparecidos no avanzan judicialmente.

Las tramas jurídicas de la desaparición

Desde que se promulgó la ley contra la desaparición forzada y de particulares, en noviembre de 2018, como consecuencia de una paulatina movilización nacional por la justicia y la dignidad, los avances respecto de búsqueda, responsabilidad y justicia siguen siendo limitados. Aunque hay diferencias fundamentales por estados y municipios, gran parte de las organizaciones civiles y colectivos de familiares siguen presionando a las autoridades por implementar diversas obligaciones judiciales que mandata la ley de desaparición. También siguen presionando al gobierno federal para reformular algunos artículos de la ley que quedaron incompletos o que no alcanzan a reflejar la situación de emergencia respecto de la desaparición cotidiana.

A pesar de la aprobación de la ley de víctimas de desaparición, uno de los mayores problemas es la insuficiente armonización jurídica entre el nivel federal y estatal, ya que varios estados continúan posponiendo cambiar sus constituciones estatales para incorporar los cambios legislativos. Ello ha retrasado conscientemente la designación de funcionarios en las fiscalías especializadas en delitos de desaparición, así como los trabajos de instalación de las comisiones estatales de búsqueda e instalación del protocolo homologado de búsqueda. Mas aún, en muchos casos los funcionarios no están comprometidos con el trabajo en torno a la desaparición, generando obstáculos, como por ejemplo no convocar a miembros de colectivos de familiares a reunión de comisiones, de manera que muchas veces son relegados de las decisiones públicas. El punto meridiano para que pudieran avanzar los procesos de búsqueda y esclarecimiento pasa por las fiscalías federal y estatales, pero dichas instituciones no dan espacio para su reestructuración, a pesar de esfuerzos y presiones civiles.

Pese a todo, dos cosas parecen alentadoras: a) Se aprobaron varias iniciativas, como el Mecanismo Extraordinario Forense, el Centro Regional de Identificación Humana y Adicional para la Búsqueda de Niños, Niñas y Adolescentes y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, entre otras normatividades; b) México ha aceptado la competencia del Comité Internacional contra la Desaparición Forzada de la ONU, cuyas recomendaciones implican obligatoriedad de búsqueda para el Estado mexicano, so pena de incurrir en responsabilidad internacional. Es la primera vez que este Comité está en un país, y México fue seleccionado de acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra Desapariciones Forzadas. Durante 15 días del mes de noviembre de 2021, el Comité visitó México, se entrevistó con varios funcionarios y colectivos de víctimas, y acompañó exhumaciones y jornadas de búsqueda, entre otras actividades. El 12 de abril de 2022 se dio a conocer el informe en Ginebra, el cual ha señalado que la desaparición forzada en México es un problema generalizado, cometido por funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno y el crimen organizado. A su vez, señaló que “la impunidad es un rasgo estructural que favorece la reproducción y encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven los derechos humanos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos”¹⁵. Paralelamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una sentencia en el sentido de que, tras las resoluciones del Comité Internacional de la ONU y de sus recomendaciones, estas resoluciones en materia de desaparición forzada serán obligatorias para todas las autoridades, incluyendo el Ministerio Público.

A modo de conclusión

En este trabajo, he querido plantear la problemática de la desaparición en México, a través de mi experiencia de larga data de trabajo de campo en el estado de Michoacán y después de un involucramiento cercano con varios colectivos de víctimas de desaparición para conocer sus historias y narrativas de lucha por esclarecer la verdad y acceso a la justicia. Para ello, he tratado de dar un breve recorrido histórico sobre cómo la desaparición comenzó a ser nombrada y, finalmente, politizada, particularmente mediante el papel del servicio forense y las acciones de búsqueda de víctimas de desaparición. Así, llegamos al momento en que las organizaciones civiles y colectivos de víctimas de desaparición irrumpen el espacio público, colocando la figura de la desaparición como un problema político de emergencia.

Al mes de julio de 2021, las cifras siguen acumulándose: desde el año 1964 al último corte, 220.330 personas han sido denunciadas como desaparecidas, de las cuales 49.581 han desaparecido en el gobierno del presidente Obrador (VARELA, 08/07/2021). Sólo en el año 2021 se han encontrado 174 fosas clandestinas, con 393 cuerpos. Los tres estados de la República con mayor número de desapariciones son Jalisco, Ciudad de México y, precisamente, Michoacán. Sin embargo, a pesar de la centralidad del cuerpo o precisamente por ello, los procesos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas se encuentran en una situación crítica. Los más de 95 mil desaparecidos reconocidos oficialmente al mes de diciembre de 2021 se debaten en medio de una serie de procesos tortuosos y ambivalentes de búsqueda en vida, procuración de justicia, identificación forense o entierros dignos.

La politización de la desaparición por parte de los colectivos de familiares de víctimas y sociedad en general volvió a resituar el papel del cuerpo en torno a la desaparición y, con ello, el significado de la idea de la muerte y el totemismo que encierra en la cultura nacional mexicana. La importancia del cuerpo como materialidad y testimonio crítico de la guerra es más que una forma literal de aferrarse a la vida/muerte. A través del examen de la importancia del cuerpo en los rituales litúrgicos y públicos, se puede comprender la importancia y multiplicidad de significados que guarda como materialidad simbólica, física y ritual.

Sin el cuerpo, no se puede presuponer muerte, por tanto, hay que aferrarse a la vida; sin cuerpo no puede haber duelo; sin cuerpo no hay rituales funerarios para superar el dolor; sin cuerpo las familias no pueden experimentar el ritual de paso de la vida a la muerte; sin cuerpo, el Estado difícilmente puede sancionar -judicialmente- la muerte ni hacer justicia, usando esta retórica para desobligarse de la tarea del cuidado de sus ciudadanos. Por ello, es necesario detener los procesos de incineración de cuerpos sin identificación que autoridades estatales y federales siguen practicando. Sin cuerpo, los colectivos de víctimas no pueden dejar de llorar, no pueden aspirar a una tumba digna o un espacio sagrado en el cual recordar algún familiar; sin cuerpo, ellos siguen luchando por esclarecer la verdad y la justicia.

El cuerpo crea espacio y tiempo; es materialidad y biografía. Con el cuerpo, los desaparecidos retornan a la sociedad al haber sido expulsados de la comunidad política, estigmatizados y no reconocidos social y jurídicamente. Su retorno a la comunidad política nacional es un retorno de sus derechos, en la muerte y en la desaparición. Su retorno a la sociedad, mediante la identificación del cuerpo, hace legible su muerte por medio de ritos mortuorios y re-instituye sus derechos de persona y ciudadanía.

Notas

• ERRATA

  No artigo “‘Una tumba a donde llorar’: Cuerpo, rituales y justicia en torno a la desaparición en México”, com número de DOI: 10.4322/dilemas.v15n2.45758, publicado no periódico Dilemas, Rev. Estud. Conflito Controle Soc., 15(2):431-454, na página 431:
  Onde se lia:
  “predominantemente jóvenes, varones y mujeres, como consecuencia”
  Leia-se:
  “predominantemente jóvenes, varones y mujeres, además de personas LGTBI, como consecuencia”
  No artigo “‘Una tumba a donde llorar’: Cuerpo, rituales y justicia en torno a la desaparición en México”, com número de DOI: 10.4322/dilemas.v15n2.45758, publicado no periódico Dilemas, Rev. Estud. Conflito Controle Soc., 15(2):431-454, na página 432:
  Onde se lia:
  “la desaparición de personas comenzó a ser incrementarse”
  Leia-se:
  “la desaparición de personas comenzó a incrementarse”
• 1
  Ver (on-line): https://cisrul.blog/2017/03/24/espanol/
• 2
  Quiero dar un agradecimiento especial a la Dra. Berenice Guevara, quien colaboró conmigo con gran profesionalismo en la documentación de varios colectivos de víctimas. También agradezco mucho a las/los revisores de este artículo, cuyas observaciones han enriquecido el texto, así como al Dr. Iran Andrade quien comentó una versión previa e hizo sugerencias muy valiosas.
• 3
  De acuerdo con Lomnitz (2006), durante el siglo XX México forjó parte de su identidad nacional a partir de su “alegre familiaridad con la muerte […] siendo la pieza angular de la identidad nacional” (p. 20). La nacionalización de la muerte como símbolo nacional se reprodujo en medio de un régimen político mexicano autoritario en la que la idea de los muertos y su recreación nacional (el día de Muertos como Día Nacional) pasó a formar parte de la construcción de la nación, al asimilar la muerte como una muerte juguetona y pícara, pero al mismo tiempo portadora de miedos, propios de las prácticas del régimen político mexicano. Así, a la vez que la muerte puede ser juguetona, también representa miedo y violencias. Estas representaciones populares son propias de las tensiones estructurales del México postrevolucionario, que actualmente están agudizándose.
• 4
  Ver (on-line): https://www.gob.mx/cnb
• 5
  Los testimonios que a continuación se expondrán fueron producidos en el marco de un proyecto sobre activismo del que hablamos al inicio de este artículo. Varias personas que integran los colectivos que mencionaremos más adelante pertenecen a las regiones donde he realizado trabajo de campo por varios años, pero, por motivos de protección, no se mencionarán y a pesar de que varias mujeres propusieron conservar sus nombres de pila. Los nombres que usamos aquí en forma de seudónimos fueron seleccionados a partir de una cierta identificación que construimos sobre sus liderazgos, sin pretender clasificar sus prácticas.
• 6
  Entrevista con Amaal, pseudónimo que en árabe significa “esperanza”: 16 de agosto de 2017, centro de Morelia. DIF: Dirección de Integración Familiar.
• 7
  Entrevista con Amaal, 7 de octubre de 2017. Morelia.
• 8
  Entrevista colectiva con Aanisa que significa “corazón piadoso”, y su hija Adila, de significación árabe “aquella que es justa”, 16 de agosto de 2017.
• 9
  Entrevista a madre e hija, 22 de marzo de 2017, centro de Morelia.
• 10
  Pocas familias recurren a la misa exequial (del latín, exsequi: seguir, acompañar), la cual es un tipo de celebración religiosa que, a diferencia de la misa de difunto, la misa exequial es una pequeña homilía que excluye los elogios fúnebres, omitiendo todo rito conclusivo, pero sustituyéndolo por un rezo de despedida, el cual se hace sólo cuando no está presente el cadáver.
• 11
  Entrevista a Alaïa, nombre de origen asiático que significa “mujer que trae la alegría”. Entrevista el 19 de mayo de 2017. Morelia.
• 12
  Entrevista a madre de desaparecido, 25 de noviembre de 2018, Morelia.
• 13
  Entrevista con Aanisa y Adila.
• 14
  Una de las reformas más importantes que se ha aprobado en el 2021 es la resolución de la ONU para obligar al Estado mexicano a investigar y darle seguimiento a la desaparición de una persona. Similarmente, la Suprema Corte de Justicia ha emitido una resolución ante la interposición de un amparo de un familiar de una víctima de que el Estado mexicano tiene la obligación de localización y búsqueda de personas desaparecidas a riesgo de ser demandado por negligencia.
• 15
  Ver (on-line): https://news.un.org/es/story/2022/04/1507152

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• MALDONADO ARANDA, Salvador. “Los desafíos de la sociedad civil en contextos de violenica”. Animal Político, Seguridad, 5 out. 2020. Disponível em: www.animalpolitico.com/seguridad-180/los-desafios-de-la-sociedad-civil-en-contextos-de-violencia-lecciones-desde-michoacan-parte-i/
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  » https://elpais.com/mexico/2021-07-08/la-administracion-de-lopez-obrador-acumula-mas-de-21500-personas-desaparecidas.html

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  13 Mayo 2022
• Fecha del número
  May-Aug 2022

Histórico

• Recibido
  13 Ago 2021
• Acepto
  29 Oct 2021