DEFINIR, ORGANIZAR Y REPRESENTAR EL TERRITORIO DE LA NACIÓN: JOSÉ MARÍA REYES (1803-1864), TOPÓGRAFO Y GEÓGRAFO DEL ESTADO ORIENTAL DEL URUGUAY ¹

DEFINING, ORGANIZING AND REPRESENTING THE TERRITORY OF THE NATION. JOSÉ MARÍA REYES (1803-1864), TOPOGRAPHER AND GEOGRAPHER OF THE ORIENTAL STATE OF URUGUAY

Resumen

El ingeniero militar José María Reyes cumplió una función central en el conocimiento topográfico y geográfico del territorio del Estado Oriental del Uruguay; contribuyó en el proceso de departamentalización interior y participó como comisario en la delimitación de las fronteras políticas, en especial en los límites con Brasil. Asimismo, elaboró cartas geográficas, se dedicó a la recopilación documental y la escritura de descripciones del territorio. Esta tarea no fue individual sino que se insertó en un camino en el que el Estado Oriental comenzó un ascendente proceso de recopilación de información a través de la creación de entidades públicas dedicadas al mantenimiento del orden interno, los relevamientos topográficos o la asistencia sanitaria, que buscaron conocer las características y la cantidad de los habitantes, inventariar los inmuebles públicos y privados, delimitar los territorios y establecer las características principales del desarrollo productivo. Los conflictos bélicos de carácter regional y la vida política interna limitaron varias de esas tareas. Reyes no fue ajeno al contexto, por el contrario, se involucró activamente en la vida política y varios de sus puntos de vista se reflejaron en su concepción geográfica. Sobre esa base, el artículo explora la actuación de Reyes y el modo a través del cual su trabajo topográfico y cartográfico contribuyó a formar una representación del territorio nacional, vinculada a una concepción sobre el pasado que fue reproducida en forma posterior por los continuadores de su obra, que fijaron un imaginario geográfico que perdura hasta el presente.

PALABRAS CLAVE:
Uruguay; geografía; topografía; límites; imaginario geográfico

Abstract

Military engineer José María Reyes played a central role in the topographical and geographical knowledge of the territory of the Oriental State of Uruguay; he contributed to the process of internal departmentalization and participated as a commissioner in the delimitation of political borders, especially those with Brazil. He also prepared geographical maps, and dedicated himself to documentary compilation and writing descriptions of the territory. This task was not individual, but part of a path in which the Oriental State began an upward process of information collection through the creation of public entities dedicated to the maintenance of internal order, topographical surveys or health care, which sought to know characteristics and quantity of inhabitants, inventory public and private real estate, delimit the territories, and establish the main characteristics of productive development. Regional war conflicts and internal political life limited several of these tasks. Reyes was no stranger to the context; on the contrary, he was actively involved in political life, and several of his views were reflected in his geographical conception.

On this basis, the article explores Reyes’ performance and the way in which his topographic and cartographic work contributed to forming a representation of the national territory, linked to a conception of the past that was subsequently reproduced by those who continued his work, establishing a geographical imaginary that lasts until the present.

Keywords:
Uruguay; geography; topography; limits; geographical imaginary

Las dinámicas de guerra casi permanente iniciadas en 1810 y la construcción de una geografía política del naciente Estado Oriental del Uruguay avanzaron juntas hasta, al menos, el fin de la Guerra Grande en 1852. En paralelo, el desarrollo de saberes topográficos y geográficos por parte del Estado implicó una enorme recopilación y concentración de información para aproximarse a la cantidad de población, inventariar los inmuebles públicos y privados, además de delimitar el territorio. Todo ello a partir de una idea específica sobre la administración y el gobierno de las ciudades y los territorios. En ese proceso de acumulación de información y representación del espacio territorial, cumplió una labor central José María Reyes (1803-1864). Este ingeniero militar estuvo al frente de la Comisión Topográfica a partir de 1831 y también se encargó de la elaboración de una carta geográfica, que puede considerarse la primera “oficial” en la historia del Estado Oriental del Uruguay. Desde la década de 1830 participó de las discusiones sobre los límites territoriales y, luego del Tratado de 1851, de las comisiones que fijaron las fronteras políticas con Brasil.

Reyes nació en 1803 en la jurisdicción de Córdoba, hijo del funcionario real Rafael de los Reyes⁶. A los 14 años se convirtió en alférez del cuerpo de ingenieros, por lo que tuvo un contacto temprano con los relevamientos y trabajos topográficos realizados mayoritariamente en la campaña sur de Buenos Aires bajo las órdenes de Pedro Andrés García. En el contexto de la guerra contra el Brasil se radicó en la Provincia Oriental e inició una larga carrera funcional en cuerpos de ingeniería militar y civil y en distintas misiones diplomáticas, además de su rol en el desarrollo de la práctica de la agrimensura en Uruguay.

A partir del estudio de fuentes históricas primarias, este artículo analiza la trayectoria funcionarial de Reyes, su actuación en algunas de las actividades mencionadas y el modo a través del cual su trabajo cartográfico y topográfico contribuyó a formar una representación del territorio nacional, vinculada a una concepción sobre el pasado que fue reproducida en forma posterior por los continuadores de su obra. Esa visión geográfica estuvo marcada por los conflictos regionales que pautaron la zona durante la primera mitad del siglo XIX. Por eso, podríamos sostener que la actuación de Reyes contribuyó a un mayor conocimiento del territorio del nuevo Estado y fijó un imaginario geográfico que, no sin cuestionamientos, perdura hasta el presente.

En el Estado Oriental no hubo una Comisión Corográfica como la que, comandada por el militar piamontés Agustín Codazzi entre 1850 y 1859, recorrió, cartografió y dibujó Colombia, creada para promover el crecimiento económico y fortalecer el Estado⁷. Tampoco una misión como la encomendada al naturalista francés Claude Gay por el gobierno chileno, cuyos resultados se volcaron en la monumental Historia física y política de Chile y contribuyeron a la afirmación del proyecto político, social y económico de la élite chilena decimonónica⁸. En el caso del Estado Oriental, la actuación de Reyes, que atravesó coyunturas de guerra y gobiernos de distinto signo, fue parte de ese “descubrimiento geográfico” de territorios soberanos, aun cuando las apoyaturas estatales no fueron suficientes y las élites económicas contrarias a la realización de un catastro limitaron el trabajo de la Comisión Topográfica.

El trabajo se inserta en un conjunto de estudios históricos, que en los últimos años han revalorizado el rol de lo espacial y geográfico en los procesos de construcción estatal. De esta forma, se ha resignificado el espacio como problema histórico, recostado en el análisis cartográfico y la historia de la geografía, así como se ha renovado el interés por la agrimensura y el estudio de algunas trayectorias funcionales que permiten entender los contextos sociales y políticos en los que surgieron determinados imaginarios geográficos⁹. En este artículo sostenemos que el conocimiento geográfico sobre el Estado Oriental se basó en la iniciativa privada (por ejemplo, para dilucidar pleitos por tierras, suscripciones para editar un catecismo geográfico para las escuelas, impresión de cartas geográficas), en los precarios instrumentos topográficos desarrollados por el Estado y en las disputas y demarcaciones de límites, que permitieron obtener información histórica, geográfica y social sobre las fronteras que se intentaba fijar y controlar. José María Reyes no fue el único protagonista de estas acciones, sin duda, pero el repasar su trayectoria es posible observar los conflictivos entramados sociales, políticos e institucionales que impidieron llevar adelante una política gubernamental de información geográfica y de apropiación simbólica del territorio hasta avanzado el siglo XIX.

Figura 1
Retrato de José María Reyes (1803-1864) en El Indiscreto, n. 47, Montevideo, 19 de abril de 1885. “Su mapa de la República, verdadero documento histórico- geográfico, es muy superior a la época en que fue realizado”, versaba el artículo biográfico que acompañaba la imagen. Y calificaba a Reyes como “el decano de la Ingeniería oriental”.

1. Un contexto regional turbulento

Reyes concentró su actuación funcionarial en el período que empieza en la contienda entre las Provincias Unidas y el Imperio de Brasil iniciada a fines de 1825, atraviesa la Guerra Grande (1838-1852) y culmina con las gestiones para la demarcación de los límites con Brasil en los años siguientes. El tramo cronológico entre 1830 y 1852 se caracterizó por dos elementos sobresalientes. En primer lugar, el problema no resuelto sobre la fijación de límites territoriales, que se arrastraba desde el período colonial. El 27 de agosto de 1828 el acuerdo conocido como Convención Preliminar de Paz, ratificado el 4 de octubre del mismo año, estableció la creación de un estado independiente en la Banda Oriental y la libre navegación del Río de la Plata y los ríos Paraná y Uruguay por quince años para las Provincias Unidas y el Imperio de Brasil. La Convención puso fin a la guerra, pero no fue precisa con relación a los límites territoriales. Los intentos por establecer un arreglo de las fronteras políticas chocaron con la debilidad relativa del nuevo Estado en la región. El tratado de límites con el Imperio firmado en octubre de 1851, como se verá más adelante, formó parte de los compromisos contraídos para obtener el apoyo brasileño en la guerra contra la Confederación Argentina. Sin perjuicio de la fijación de una línea divisoria, los vínculos en la parte meridional del Imperio daban cuenta de una zona de frontera “manejada”, al decir de Cesar Guazzelli, por agentes sociales locales que desarrollaron formas de acción y modalidades de poder que les permitían circular a ambos lados de la línea, aún no fijada, entre el Estado Oriental y Brasil¹⁰.

Un segundo problema, contenido en el contexto regional más general pero igual de importante, fue el conflictivo proceso interior que atravesó el Estado Oriental desde la década de 1830 hasta 1876. Las guerras internas, los levantamientos armados, los golpes de Estado, los localismos y regionalismos jalonaron la historia política y social y evitaron la consecución de un orden político que abarcara el conjunto del territorio. La recurrencia a las armas se combinó con intentos por alcanzar formas de representación republicanas (aunque censitarias).

La provincia de Río Grande del Sur también atravesó un período conflictivo en las décadas de 1830 y 1840, expresión de la compleja relación con las autoridades centrales del Imperio, a las que acusaban de no proteger su producción, y de la existencia de vínculos sociales, económicos y políticos con el espacio platense. La Revolução Farroupilha, iniciada en 1835, levantó ideas de república y confederación, así como procuró alianzas y ligas interprovinciales por fuera del Imperio. Las distintas fuerzas de guerra en el Río de la Plata y sur de Brasil delinearon a través de sus jefes una “diplomacia informal”, al decir de Mario Etchechury, que supuso proyectos confederales o configuraciones territoriales a veces a contrapelo de los lineamientos de sus respectivos gobiernos¹¹. En 1845 el Imperio brasileño recuperó el control de los territorios sublevados; sin embargo, había quedado claro el papel de Rio Grande do Sul ante los conflictos platense, el poder de los “senhores da fronteira” y la necesidad de conceder medidas proteccionistas a los productos pecuarios riograndenses¹².

Los antecedentes de la Guerra Grande en territorio oriental se ubican en 1836 cuando Fructuoso Rivera (presidente entre 1830 y 1834) inició un levantamiento armado contra el gobierno constitucional encabezado por Manuel Oribe. Tras su derrota en la batalla de Carpintería, donde se enfrentaron por primera vez las divisas blanca (gubernamental) y colorada (riverista), Rivera se internó en territorio brasileño. Reagrupadas sus fuerzas y con nuevos apoyos (antirrosistas, la armada francesa y militares riograndenses), Rivera derrotó a las fuerzas gubernamentales el 15 de junio de 1838 y continuó su avance sobre Montevideo. En octubre de 1838, Oribe renunció a la presidencia y se trasladó a Buenos Aires, donde encontró el apoyo de Juan Manuel de Rosas, gobernador de la Provincia de Buenos Aires y responsable de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Rivera asumió el control del Estado y gobernó en uso de facultades extraordinarias hasta que el 1° de marzo de 1839 asumió nuevamente como presidente electo. El gobierno oriental en febrero de 1839 oficializó la situación de guerra contra el gobierno de Buenos Aires.

El conflicto tuvo distintos frentes y las alineaciones de fuerzas dieron cuenta de los avances y retrocesos en el escenario bélico. En diciembre de 1842 el Ejército Unido de Vanguardia de la Confederación Argentina, comandado por Oribe, triunfó sobre las tropas riveristas en la batalla de Arroyo Grande (provincia de Entre Ríos). La victoria militar permitió que el ejército pasara a territorio oriental y pusiera sitio a Montevideo entre febrero de 1843 y octubre de 1851, en un episodio que la historiografía denominó “Sitio Grande”.

Durante este período en territorio oriental convivieron dos gobiernos. Uno restringido a la ciudad de Montevideo y su línea defensiva, conocido como “gobierno de La Defensa”. Otro, conformado por los sitiadores que establecieron su cuartel general en el Cerrito de la Victoria (a unos ocho kilómetros de la Ciudad Vieja), que controló los extramuros de la ciudad y también la mayor parte del territorio oriental. Cada uno de estos gobiernos contó con una estructura administrativa propia, que incluyó actividad legislativa, ejecutiva, policial y judicial, así como las carteras ministeriales definidas en la Constitución de 1830.

El gobierno de La Defensa contó con el respaldo de Francia y Gran Bretaña hasta 1849-1850 cuando los dos imperios celebraron acuerdos con Rosas. En 1851 Brasil, la provincia de Entre Ríos -separada de la Confederación- y el gobierno de La Defensa sellaron un acuerdo para finalizar la guerra en territorio oriental y terminar con la gobernación de Rosas. La derrota de las fuerzas rosistas en febrero de 1852 puso fin a la contienda.

2. Reyes topógrafo

En el período posterior a las guerras de independencia, la construcción cartográfica de la territorialidad apareció como un inventario gráfico de información: límites, vecinos, accidentes geográficos, caminos, edificaciones para vivienda y producción, división administrativa, localización de tolderías indígenas, entre otros. La recaudación impositiva, el conocimiento de la geografía que se administraba, la ocupación efectiva del territorio se pudo hacer gracias a la pericia técnica de recursos humanos formados y organizados a partir de estructuras que, sin lograrlo, pretendieron ser centrales. Por eso, la estadística, la topografía, el desarrollo de la economía política y de la administración como disciplina para el gobierno de los territorios cumplieron un papel relevante. Los agrimensores contribuyeron, en esa administración del espacio, con un “equipamiento político del territorio” según Darío Barriera¹³. En ese desarrollo José María Reyes cumplió un papel central, aunque en esas tareas estuvo acompañado por un conjunto de agrimensores y peritos, varios de ellos formados en Europa, que circulaban por el espacio rioplatense trabajando en distintas provincias¹⁴.

Figura 2
Plano del Rincón del Yacaré Cururú, elaborado por el agrimensor Manuel Eguía, 1835. Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Dirección Nacional de Topografía, Archivo Nacional de Planos de Mensura, número 97.803. El plano muestra el campo entregado por el Estado al militar Servando Gómez, en el rincón de Yacaré Cururú, en el actual departamento de Artigas en la frontera con Brasil. Se aprecian las formas de medir a través de las varas y los puntos de referencia, además de las líneas de coordenadas utilizadas. En la parte superior del plano se registra la presencia de una toldería de indios charrúa.

La actuación pública de Reyes en territorio oriental empezó en 1827 al integrar el grupo de trabajo que comenzó a realizar distintas razones estadísticas y que originaron en marzo de 1829 la comisión de estadística¹⁵. Desde el 24 de setiembre de ese año Reyes quedó al frente de la comisión encargada de realizar un relevamiento catastral de las tierras públicas y fijar los cánones de arrendamiento. También tuvo por encargo las tareas de trazado del nuevo plan de ordenamiento urbano de Montevideo.

En 1830 Reyes elevó al ministerio de Gobierno un memorándum proponiendo la formación de una repartición encargada de la topografía: “El establecimiento de la Comisión Topográfica no solo la demandan los intereses de la sociedad en general sino los más próximos e importantes de la hacienda pública”, para “saber a punto cierto la situación numérica de la población, sus alteraciones, su distribución; la cantidad, extensión, situación y naturaleza de las posesiones y productos o el movimiento de la riqueza pública, la acción de un gobierno se pierde en esfuerzos infructuosos”¹⁶. La propuesta contemplaba la creación de una comisión topográfica, la elaboración de una carta geográfica, la delimitación de las propiedades públicas y privadas, un registro escrito y otro geométrico, así como la instalación de un organismo rector del ejercicio de la agrimensura.

En la concepción de Reyes, una comisión encargada del relevamiento topográfico era fundamental para los planes económicos de la naciente república y para el inventario de los bienes inmuebles que formaban parte del territorio. El catastro, acompañado de recopilación estadística, permitiría la reorganización de la hacienda pública y se convertiría en la base para el desarrollo económico del Estado. En 1831 comenzó a funcionar una “comisión oficial consultiva para la percepción racional de los impuestos, en especial, la Contribución Directa”¹⁷. Esta comisión fue el primer antecedente para la formación de un catastro sobre la situación de la propiedad de la tierra, que permitiría realizar un registro individualizado de los inmuebles para saber con la mayor exactitud posible su valor. Según sus defensores, esto propiciaría una base fija para la política tributaria. El impacto de esta comisión -como de otras con similares objetivos que actuaron en el período- fue limitado. Sin embargo, jalonaron el proceso que permitió formar una Comisión Topográfica.

El 17 marzo de 1831 una ley autorizó al Poder Ejecutivo a vender las tierras de propios del extinguido cabildo de Montevideo, las pertenecientes al ejido de la ciudad, así como los terrenos e inmuebles considerados excedentes¹⁸. A través del Decreto del 30 de setiembre de 1831 el gobierno fijó los criterios para la actuación de los agrimensores en los deslindes de las tierras de propios de la ciudad de Montevideo. Entre los primeros compradores de terrenos de propios estuvo José María Reyes, quien se presentó en 1831 reclamando un predio de treinta y dos hectáreas ubicado donde actualmente se encuentra el barrio Pocitos¹⁹.

Según el decreto, todos los agrimensores “que practiquen la demarcación de terrenos dentro de los marcos de propios” quedaban obligados a presentar al “Ingeniero de la Comisión de propiedades públicas una copia gráfica del plano que otorguen a cada interesado con todos los detalles y observaciones que deben acompañarlos”²⁰. Este requerimiento es interesante porque el plano adquiría carácter de prueba judicial, ya que una copia debía quedar en manos del juez que presidía las operaciones. Y, además, plantea el decreto que el ingeniero integrante de la Comisión Topográfica se quedaría con una copia que pasaría a engrosar el registro “gráfico” en el cual debían insertarse los documentos de este carácter para uniformarlos progresivamente por secciones bajo una misma proyección y medida hasta obtener por este sistema un croquis de la medida de aquellas propiedades” y un segundo registro que permitiera “formar el protocolo de todos los documentos escritos de que habla el artículo anterior.” La disposición que a priori parecía meramente reglamentaria incorporaba una serie de modificaciones para trazar un plan urbanístico de Montevideo, encomendando la labor a la futura comisión topográfica y al ingeniero que estaba a su frente. Se buscaba que el proyecto alcanzara un mejor “establecimiento de los corrales de abasto, plazas o mercados” y “un plan general de reformas de los caminos existentes teniendo presente el sistema menos gravoso y capaz de proporcionar las comunicaciones”. Los agrimensores comenzaban a cobrar relevancia en el trazado urbano y en la concepción edilicia de la capital del flamante Estado. La disposición también permite pensar la construcción de saberes geográficos a partir de una idea específica sobre la administración y el gobierno de las ciudades y los territorios. La posibilidad de relevar información, elaborar planos topográficos y planificar el desarrollo urbano o las características que podría llegar a tener un territorio pasó a ser competencia de la naciente comisión topográfica, que estuvo acompañada de funcionarios representantes de las nuevas institucionalidades: policías, médicos, alcaldes o jueces inferiores, entre otros.

Un primer momento del proceso de creación de la comisión fue el Decreto del 23 de noviembre de 1831, que formó cuatro comisiones encargadas de la realización de un catastro nacional que serían supervisadas por la futura Comisión Topográfica²¹. La tarea de las comisiones sería acompañada por distintas “razones estadísticas” encomendadas a los jefes políticos y de policía²². Cada sección contaría con un comisionado ante quien deberían presentarse “todos los poseedores de terrenos de propiedad particular, o pública”, “con los títulos respectivos” para aportar la información requerida en relación a la tierra. Los comisionados debían registrar “los documentos de propiedad, o posesión, el área y situación del terreno”, “según las declaraciones del poseedor”, un relevamiento “gráfico”, en el cual “se copiarán los planos correspondientes a ellos, que se presenten por los interesados”, y un relevamiento de “todos los bienes industriales, con expresión de su calidad, número y propiedad, según la declaración del propietario o administrador”²³.

La Comisión Topográfica fue creada y su accionar cobró fuerza gracias a sucesivas leyes aprobadas y promulgadas en diciembre de 1831, sobre todo las del 2 y 3 de diciembre, que formaron la nueva institución. El presidente de la comisión sería José María Reyes, quien se encargaba de proponer “el reglamento que metodice los trabajos de la agrimensura y establezca las responsabilidades de los facultativos operarios” y un relevamiento sobre los títulos de posesión de tierras. Las cuatro comisiones vigentes desde noviembre pasaron a “tomar razón de todas las propiedades territoriales, formar los protocolos estadísticos de cada departamento, comprendiendo toda clase de capitales empleados en las faenas rurales”²⁴. Las comisiones dividían su actuación por zonas del territorio. La primera comisión quedó a cargo de Anselmo Dupont y cubría la zona de San José, Colonia y Soriano; la segunda, responsabilidad de Adrian Mynnsen, se encargó de Canelones y Maldonado y la región sureste; la tercera, encomendada a Ventura Orta, trabajó con base en Entre Ríos Yi y Negro (Durazno) y Cerro Largo. La cuarta, que respondía a José María Pirán, se ocupó de la jurisdicción de Paysandú, es decir, todo el norte del río Negro²⁵.

La resistencia que despertó la actuación de la Comisión y los pleitos que desbordaban a los tribunales de justicia provocaron la suspensión de la actividad catastral el 11 de octubre de 1833²⁶. El relevamiento y posibilidad de alcanzar deslindes precisos gracias a las mensuras generó preocupación entre las autoridades, pero también en los vecinos. El proceso no gozaba de consenso, y en un clima de inestabilidad política la disputa por la tierra podía ser un elemento problemático, como advierten varios documentos²⁷.

La creación de este tipo de institucionalidad apuntaba a garantizar la presencia del Estado en el medio rural “hasta entonces acostumbrado a resolver sus conflictos de manera local”²⁸. Y este último punto era parte del problema: la resolución de la conflictividad a nivel local alejaba a los vecinos de la intervención estatal, así como de cualquier protocolo como un título de propiedad o la realización de un plano de mensura. A su vez, estrechaba vínculos con referentes locales que pudieran ejercer presión sobre los tribunales de justicia o las disposiciones legales. El rechazo al Estado no era solo privativo de la reacción a los tributos. Por eso, estas comisiones y los agrimensores en concreto debieron ganar legitimidad ante los vecinos. El respaldo fue legal (una disposición que obligó a registrar un plano o contratar un agrimensor), pero debió vencer la resistencia social. No obstante, la aparición de esa nueva institucionalidad permitió que los trabajos de mensura y deslinde, y su consiguiente representación gráfica, cobraran cada vez mayor notoriedad y relevancia en los múltiples y sucesivos juicios por propiedad o posesión de la tierra que caracterizaron sobre todo a la década de 1830. Si nos restringimos a las tareas estrictamente técnicas, los planos de mensura fueron un elemento central para el conocimiento en primer lugar de los departamentos (que eran las unidades territoriales en que se organizaba el Estado), inicialmente nueve por la Constitución de 1830, y que permitieron a Reyes iniciar los trabajos para la elaboración de una carta geográfica del territorio, fundamental para demostrar qué se entendía por el espacio soberano del Estado.

Desde una perspectiva económica, la actuación de la Comisión permitió un conocimiento más aproximado de la situación de la propiedad pública o privada. Los trabajos emprendidos por Reyes inauguraron la estadística sistemática en el Estado Oriental, se insertaron en una línea muy común a varios geógrafos o agrimensores del continente que en sus escritos y mapas buscaron concebir el proyecto elitista de nación y sus partes componentes, así como imponer distintas jerarquías raciales y por sexos²⁹.

Figura 3
Plano de los terrenos de la testamentaría de Dn. Manuel Gallego, conocidos por el Rincón de Arazatí [departamento de San José] por el agrimensor Zoilo Juanicó, sin fecha, repartición de terrenos realizada en 1854. Museo Histórico Nacional, Colección iconográfica, 3224. El plano marca los accidentes geográficos, los tipos de suelo y especialmente la rinconada que era la zona más valiosa, por ser rica en pasturas y estar cerca de los pasos fluviales.

A partir de febrero de 1843, el inicio del sitio de Montevideo por parte de las tropas comandadas por Oribe limitó el accionar de las actividades topográficas. En el caso del gobierno montevideano, las actividades de los agrimensores se restringieron a tareas de tipo bélico, a permisos de construcción y a algunos relevamientos parciales. José María Reyes, por su parte, asumió funciones en el gobierno del Cerrito para la planificación militar y elaboración de cartas geográficas. La figura de Reyes en los primeros años de la Comisión Topográfica había sido de gran ascendencia sobre sus colegas y su pasaje al bando oribista -al que siempre había pertenecido- provocó cierto grado de orfandad en las actividades de los topógrafos³⁰.

3. Reyes y la departamentalización del Estado Oriental

El ordenamiento del territorio formó parte del proceso de construcción del Estado Oriental; encerró tensiones entre los poderes locales, con sus demarcaciones y jerarquías, y el poder central, que procuraba avanzar en el control político y administrativo del espacio interior, así como en la defensa de las fronteras. A su vez, era la base del régimen republicano representativo, en tanto la integración del Poder Legislativo estaba asociada a la división departamental.

En el siglo XVIII, tanto en las monarquías como en la Revolución Francesa, se apreció la voluntad de organizar el territorio y, con ello, a la sociedad, proponiendo -y en algunos casos ejecutando- planes reformistas que proyectaban el espacio “ideal” que debía ser realizado³¹. A fines del período colonial, los planes de la Corona española para el Río de la Plata incluyeron la reorganización territorial entre sus metas. La creación del virreinato en 1776 y el sistema de intendencias en 1783 fueron las manifestaciones más evidentes, pero también hubo varios planes y proyectos para los territorios al este del río Uruguay y al norte del Río de la Plata que no llegaron a concretarse. Las propuestas seguían principios aceptados en la época como, por ejemplo, que las circunscripciones territoriales debían planificarse en función de límites “naturales” o teniendo en cuenta la capacidad de establecer y conservar el orden, facilitar la administración de justicia y garantizar la seguridad exterior.

En el proceso revolucionario tuvieron lugar las primeras divisiones en departamentos: una proyectada por las Provincias Unidas en 1814, que por el resultado de la guerra no llegó a aplicarse, y otra durante el control artiguista del territorio en 1816. Es interesante señalar que ambas divisiones recurrieron a criterios diferentes para la delimitación. En el primer caso, un decreto del director de las Provincias Unidas en noviembre de 1814 dispuso la formación de “departamentos militares” divididos siguiendo cursos de agua y elevaciones³². En el segundo, en enero de 1816, el cabildo gobernador de la Provincia Oriental propuso la formación de seis “Cantones o Departamentos” tomando como base los cabildos existentes: Montevideo, Canelones, San José, Soriano, Colonia y Maldonado. En lugar de límites geográficos, la jurisdicción se describió indicando los pueblos “cabecera” y “menores” que comprendían cada departamento³³. La división estaba vinculada al proceso de elección de los cabildos³⁴. La villa de Melo y las poblaciones al norte del río Negro quedaban bajo la dependencia directa de José Artigas, cuyo cuartel general estaba ubicado en la villa de Purificación, sobre la costa del río Uruguay.

En el período de ocupación luso-brasileña se sumaron otros tres departamentos: Paysandú (abarcando la zona norte del río Negro hasta la Capitanía de Rio Grande do Sul), Melo (hoy Cerro Largo) y Entre Ríos Yí y Negro (hoy Durazno). Esta estructura departamental era la que tenía el Estado Oriental al momento de la aprobación de la primera Constitución en 1830, y que servía para definir el territorio ante la inexistencia de tratados de límites³⁵. En 1837 se dividió Paysandú, formándose los departamentos de Salto y Tacuarembó, y al sur del río Negro se agregó Minas (actual Lavalleja), con parte de los departamentos de Maldonado y Cerro Largo. La discusión se centró en el momento en que debían elegirse los senadores y representantes de los nuevos departamentos, en tanto había acuerdo en que la división buscaba solucionar “la distancia en que están colocadas las autoridades civiles” que no alcanzaban a proteger a habitantes y propiedades en el caso de los primeros, agregándose en el caso de la creación de Minas el objetivo de nivelar la cantidad de población respecto a otros departamentos³⁶.

En este proceso se buscaba dotar al gobierno central de mayor capacidad de control sobre la población y el territorio, así como afirmar la frontera con Brasil. El aumento de los departamentos se reflejaba en la representación en el Poder Legislativo, compuesto de una cámara de senadores integrada con uno por departamento y una de diputados, cuyo número se fijaba de acuerdo a la cantidad de habitantes de cada departamento. La división también habilitaba la “independencia” de los centros poblados convertidos en cabecera de los nuevos departamentos y generó conflictos locales, cuyo análisis sería objeto de otro artículo.

Durante la Guerra Grande, José María Reyes propuso un ordenamiento territorial que introducía criterios de racionalidad geográfica. En 1846 presentó un proyecto que dividía el Estado Oriental en quince departamentos organizados teniendo en cuenta la “homogeneidad de las divisiones territoriales”, las “condiciones de la localidad”, el “carácter peculiar de los pueblos” y los “compartimientos inmutables que ha fijado la misma naturaleza”³⁷. En los considerandos, Reyes cuestionaba que se hubieran conservado “los mismos repartimientos que existieron bajo el régimen colonial”, que neutralizaban la “unidad de acción de los poderes públicos”. A su vez, resaltaba los cambios operados en “la existencia material de muchos territorios”, como “la acumulación de población en los litorales de los ríos y costas, en los puertos y ciudades marítimas”, así como la necesidad de una nueva división departamental que los dotara de una representación más adecuada en el Poder Legislativo. La frontera con Brasil se aseguraba sumando a los departamentos existentes la creación del de Santa Teresa (a partir de la división de Maldonado) y el de Aceguá (con terrenos de Tacuarembó y Cerro Largo), así como con el establecimiento de comandancias militares en los bordes de todos los departamentos limítrofes. Aunque la iniciativa no prosperó, expresaba los principios de racionalidad, equilibrio, representatividad y seguridad interior y exterior. En 1848 Reyes elaboró el señalamiento preciso de los límites de los doce departamentos que en ese momento tenía el Estado Oriental, lo que fue comunicado a las autoridades locales en el correr del año siguiente³⁸. Terminada la guerra, en 1856 se creó el departamento de Florida, en el centro sur del país, propuesta que figuraba en el diseño de Reyes.

En la Descripción geográfica del territorio de la República Oriental del Uruguay (1859), Reyes agrupó los entonces trece departamentos en cuatro zonas: costas del río Uruguay (Salto, Paysandú y Soriano), litoral de Río de la Plata (Colonia, San José Montevideo, Canelones y Maldonado), límites continentales con Brasil (Tacuarembó y Cerro Largo) e interior del territorio (Florida, Minas y Entre Ríos Yi y Negro)³⁹. Aunque la finalidad del agrupamiento pudo ser didáctica, parece responder, como ha indicado Zubillaga, a “factores determinantes, de índole geográfica o política: vías naturales de comunicación, carácter fronterizo, especificidad mediterránea”⁴⁰. Un esbozo de regionalización que, a su vez, mostraba el foco de preocupación en la frontera con Brasil o el peso que tenían los puertos o las ciudades marítimas, como había indicado en 1846.

4. Los límites con Brasil

En diciembre de 1828, al cumplir las cláusulas de la Convención Preliminar de Paz, las fuerzas militares al mando del oriental Fructuoso Rivera, por un lado, y el brasileño Sebastián Barreto Pereira Pinto, por otro, establecieron de hecho el río Cuareim como límite norte del nuevo estado. Coincidía con la posición de las fuerzas lusitanas al inicio de la revolución y había sido reivindicado en el congreso extraordinario que en 1821 había resuelto la incorporación a Portugal. Sin embargo, seguían pendientes reclamaciones territoriales de uno y otro lado⁴¹. La fijación de los límites se constituyó en un tema central de las relaciones exteriores en los años inmediatos a la jura de la Constitución.

El tratado definitivo de paz debía acordar los límites en el espacio platense; sin embargo, en la Convención de 1828 no se había establecido la participación del Estado Oriental. Durante la primera presidencia de Rivera se procuró una “confederación de los estados fronterizos al Brasil al solo efecto de fijar sus límites”, lo que fracasó⁴². En el mandato de Oribe los caminos diplomáticos se orientaron en dos direcciones: lograr el favor de Gran Bretaña para tener un lugar en la negociación del tratado definitivo de paz, por un lado, y negociar directamente con el Imperio brasileño, por otro. La primera vía no prosperó. En cuanto a la segunda, se confiaba en que la situación conflictiva generada por la Revolução Farroupilha, iniciada en Rio Grande do Sul en 1835, pudiera favorecer el acuerdo con el Imperio, necesitado de quitar posibles apoyos a los revolucionarios. En 1837 la cancillería brasileña remitió una minuta al gobierno de Oribe proponiendo una alianza ofensiva y defensiva, no solamente contra enemigos exteriores, sino también para las guerras internas⁴³. El gobierno uruguayo tenía otras prioridades. Ese año lo nombró al doctor Carlos Villademoros como Encargado de Negocios en Río de Janeiro, con poderes para intervenir en la firma del tratado definitivo de paz. Los límites que eran reclamados llegaban hasta el río Ibicuy al norte; también se pretendía la navegación de la laguna Merín y los canales que conducían a los puertos de San Pedro y Porto Alegre⁴⁴.

En 1838 se envió una nueva misión diplomática encabezada por José María Reyes. El avance de las fuerzas al mando de Rivera y sus aliados tornó crítica la situación del gobierno oriental y apremiaba entonces la firma de un tratado de alianza con Brasil. En Río de Janeiro estaban los delegados encargados argentinos de la firma del tratado definitivo de paz. Las instrucciones de Reyes indicaban que debía participar (o exigir el derecho a participar) en el referido tratado entre la Confederación Argentina y el Imperio brasileño y protestar enérgicamente contra cualquier disposición que se quisiera incluir sobre las fronteras permanentes del Estado Oriental. En forma paralela, debía negociar con la Regencia una alianza ofensiva y defensiva, un tratado de límites y uno de extradición recíproca de criminales por determinados delitos, que incluía también la devolución de personas esclavizadas. Al designarlo, el gobierno destacaba que Reyes contaba con “los documentos históricos, cartas geográficas de la primitiva demarcación y los demás conocimientos científicos” para la misión⁴⁵. La derrota de las fuerzas gubernistas y la posterior renuncia y traslado a Buenos Aires del presidente Oribe dejaron trunca esta gestión.

Las negociaciones en torno a un tratado de límites se reabrieron en 1850 por parte del gobierno de La Defensa, que buscaba lograr una “alianza liberal con el Brasil”⁴⁶. El Dr. Andrés Lamas, enviado plenipotenciario ante el Imperio, recibió instrucciones que lo facultaban, en caso de que Brasil pusiera como condición para la alianza la firma de un tratado de límites, a renunciar en todo o en parte a los derechos territoriales que podía tener en la disputa entre España y Portugal hacia 1810, exigiendo el “respeto y conservación de los límites que tiene la República y están demarcados” en las bases de la incorporación a Portugal de 1821: el límite norte era el río Cuareim y al este la laguna Merim, el puntal de San Miguel y el arroyo Chuy hasta el océano Atlántico. Se temía, sin embargo, que Brasil reiterara la vigencia de lo acordado en 1819, cuando el límite norte de la provincia se había fijado en el río Arapey⁴⁷.

El 12 de octubre de 1851 se firmó en Río de Janeiro el tratado de límites, junto a uno de alianza, uno de comercio y libre navegación, uno de extradición de criminales y esclavos y un convenio de prestación de socorros. En la negociación, el Imperio de Brasil obtuvo, además de la renuncia a reclamos referidos al tratado de 1777, ajustes en la línea de 1821, la navegación exclusiva del río Yaguarón y la laguna Merim y la cesión de medias leguas de terreno en las desembocaduras de los ríos Cebollatí y Tacuarí en la referida laguna, donde Brasil podría realizar “las obras y fortificaciones que juzgare convenientes”⁴⁸.

La invocación al uti possidetis por el Imperio brasileño fue justificada por Lamas. “En cuestión de territorio el título verdadero es fuerza para adquirir, fuerza para conservar: todas las convenciones de límites son el mero reconocimiento de ese título”, indicaba en nota al ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores al día siguiente de la firma de los tratados. Agregaba: “Que siendo el Brasil el fuerte y el organizado, nosotros los débiles y desorganizados, la disputa de límites solo podía prolongarse en provecho del fuerte”, por lo que el tratado, para el Estado Oriental, suponía para Lamas “tener, al menos, por barrera, un derecho claro y reconocido”⁴⁹. Lamas resaltaba que se había frenado la exigencia brasileña de aplicar el “contrato bilateral de 1819” que fijaba el límite en el río Arapey, procurando atenuar las posibles resistencias a las concesiones realizadas⁵⁰.

Terminada la guerra e instalado el nuevo gobierno, en el parlamento y en la prensa se debatió en torno a la legitimidad de los tratados (según el artículo 81 de la Constitución correspondía a la Asamblea General la ratificación) y su contenido. La discusión en el Poder Legislativo retomó las interpretaciones sobre la guerra pasada y la necesidad de fortalecer la soberanía nacional. A raíz de una petición del vecindario del departamento de Salto, suscrita por trescientos sesenta y tres individuos, solicitando que no se sancionaran los tratados con Brasil sin introducirles reformas, en la cámara de Senadores se dio un debate acerca del papel de la opinión pública en temas de esta naturaleza. El senador Francisco Araúcho cuestionó la representatividad de los firmantes -“la opinión pública no puede conocerse, porque se presenten dos o tres pliegos llenos de firmas”-, así como su capacidad para opinar “en materia de tanta delicadeza.” Otros senadores, como Francisco Solano de Antuña, defendieron el derecho de petición consagrado en la Constitución -“medio pacifico de manifestar el pueblo sus opiniones y sus deseos”- y la competencia para opinar: “ellos han de tener más conocimientos locales por su proximidad a nuestras fronteras”⁵¹.

Las presiones del Imperio brasileño alcanzaron el punto culminante cuando el 9 de mayo Honório Carneiro Leão, enviado plenipotenciario brasileño en Montevideo, comunicó al gobierno que el Imperio otorgaba un plazo de tres días para ratificar los tratados. El día 15, con mediación del encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, José Luis de la Peña, se aprobaron modificaciones al tratado, eliminando la concesión de medias leguas en las desembocaduras de los ríos Cebollatí y Tacuarí y restituyendo el fuerte de San Miguel al dominio nacional⁵².

Finalmente, el 5 de julio de 1852 se promulgó la ley por la cual, “con la esperanza de ulteriores modificaciones” que contemplen “los verdaderos intereses de la República”, se aprobó el “tratado de modificaciones celebrado por el poder ejecutivo el día 15 de mayo de este año con el Plenipotenciario del Brasil y garantido por la Confederación Argentina”⁵³. Respecto a los tratados de octubre de 1851 no hubo pronunciamiento expreso. Como indicó el diputado Pedro Bustamante en nota a Carneiro Leão fechada el 13 de marzo de 1852, “el Gobierno declaró que daba a los tratados la calidad de hechos consumados”⁵⁴.

Abierto el camino para iniciar la demarcación, se nombró a José María Reyes como comisario de límites. El proceso se prolongó hasta 1857. Excede los objetivos de este artículo el análisis de las controversias y decisiones acerca de la fijación de los puntos de la línea divisoria, que actualmente sigue siendo objeto de reclamos por parte de la cancillería uruguaya⁵⁵. Interesa consignar, sin embargo, que la demarcación no dependió tanto de las más o menos acertadas observaciones geográficas de cada parte, sino de la relación de fuerzas de las entidades políticas involucradas y de la compleja trama de alianzas políticas y sociales en la región platense. En una apretada síntesis realizada a partir de Anales históricos del Uruguay, de Eduardo Acevedo, se menciona que en esos años se produjeron varios motines y levantamientos armados en el Estado Oriental, que en 1853 el presidente Juan Francisco Giró se vio obligado a renunciar y se sucedieron gobiernos provisorios de distinta naturaleza, que entre mayo de 1854 y fines de 1855 ingresaron fuerzas brasileñas en el marco de tratado de alianza y que si bien en 1856, con la asunción de Gabriel A. Pereira como presidente de la república, la situación pareció estabilizarse, poco después reiniciaron los alzamientos armados. A ello se suma que en el período circularon rumores sobre gestiones de la diplomacia brasileña en Europa para reintegrar la “Provincia Cisplatina” al territorio imperial⁵⁶.

Además de los contingentes militares apostados en la frontera o en el territorio oriental, el Imperio brasileño presionaba al gobierno oriental a través del retraso de las partidas acordadas en la convención de prestación de socorros. Una carta del ministro de negocios extranjeros, Paulino José Soares de Souza, al enviado brasileño en Montevideo, José da Silva Paranhos, fechada el 12 de mayo de 1853, indicaba:

“Não devemos deixar que o governo oriental caia no precipício, mas convém conservá-lo nas suas bordas pelo tempo indispensável para que aterrado pela sua profundidade, ponha as coisas em bom caminho. Ele que obrigue a maioria legislativa a despopularizar-se, criando rendas, ele que a obrigue a entrar claramente no sistema dos tratados”⁵⁷.

La participación de Reyes como comisario de límites se inscribió en este contexto de falta de recursos y presión brasileña. El historiador brasileño Tau Golin documenta cómo la comisión imperial encabezada por el mariscal D’Andrea, barón de Caçapava, se hizo cargo de los costos de su par uruguaya (salarios y gastos) como medio para lograr resultados más favorables⁵⁸. En noviembre de 1856 el Poder Ejecutivo elevó a la comisión permanente del Poder Legislativo una minuta para promover a coronel mayor a José María Reyes en atención a “los servicios que ha prestado y que nuevamente presta en la última demarcación de límites”⁵⁹. Además de los méritos, la argumentación a favor agregó una comparación con la comisión demarcadora brasileña, que tenía “todo el carácter de respetabilidad y esplendor posible”, aventajando en “categoría” a la comisión uruguaya. Entre los argumentos en contra se resaltó que no había que recompensar los servicios de Reyes hasta la finalización de los trabajos: “hoy pagar esos servicios sería casi reconocer que la demarcación estuviese concluida y esto quizá traería complicaciones futuras con gran perjuicio nacional.” La moción no fue aprobada y la promoción a general se realizó recién en 1859.

Figura 4
Carta geográfica de la República Oriental del Uruguay por José Maria Reyes. Imprenta de Thierry, París, 1860. Tomado de Gallica, Biblioteca Nacional de Francia: Presenta los límites ajustados a la demarcación realizada según el tratado con Brasil, así como la delimitación de los trece departamentos de la república.

En una Memoria atribuida a José María Reyes, fechada en 1863, se hizo un balance del proceso para la fijación de los límites entre el Estado Oriental y el Imperio de Brasil⁶⁰. Sin bien las nuevas repúblicas habían heredado los derechos de la madre patria, se afirmaba:

“El largo abandono que hizo la España de esos territorios, y la necesidad que en los sacudimientos de la revolución americana argüía siempre el Imperio para garantirse del incendio de sus vecinos, le dieron pretexto para extender y radicar esas ocupaciones, inaugurando después el principio indeclinable del uti possidetis, al ventilar con ellas sus asuntos territoriales”⁶¹.

La Memoria menciona la posición brasileña sobre el río Arapey, indicando que también era aceptada por la Confederación argentina, con planos topográficos y mapas que mostraban la ocupación de estancias por súbditos brasileños; algunos de los cuales “habían contribuido a la pacificación de Rio Grande”, para concluir que en la situación excepcional en que se realizó el tratado “no deben ni pueden reputarse como concesiones las alteraciones que se hicieron a los límites que poseía desde que fue independiente” y que durante la demarcación se obtuvieron “algunas ventajas” al resolver las dudas planteadas⁶².

En diciembre de 1864 los tratados de 1851 fueron quemados en la plaza Independencia de Montevideo por disposición del Poder Ejecutivo. El acto simbólico condenaba el bombardeo de la ciudad de Paysandú por parte de las fuerzas brasileñas que apoyaban al general Venancio Flores, alzado contra el gobierno constitucional el año anterior. El decreto declaraba “Rotos, nulos y cancelados los tratados del 12 de octubre de 1851 y sus modificaciones del 15 de mayo de 1852 arrancadas violentamente a la República, por el Imperio del Brasil”⁶³. De esa forma, continuaba el decreto, se reivindicaban “todos sus derechos sobre los límites territoriales que siempre le correspondieron”. En febrero de 1865 se produjo el triunfo de Flores y, con ello, se restableció la vigencia de los tratados.

5. Reyes y la construcción de un imaginario geográfico

Los saberes geográficos, con la confección de mapas, y la enseñanza de la geografía han sido utilizados para extender y consolidar la soberanía tanto en el interior como en el exterior del Estado, además de cimentar la identidad entre el territorio y la nación.

Los mapas disponibles en cada época y los “intentos por organizar mecanismos permanentes de producción de mapas y planos” acordes a las necesidades, como señala el historiador español Juan Pro Ruiz, son un indicador de “las vicisitudes de la construcción de Estado”⁶⁴. Ello se aplica a la formación del Estado Oriental del Uruguay. Las nuevas “soberanías independientes” no contaron con recursos materiales y humanos suficientes como para la construcción de sus propios instrumentos de apropiación simbólica del territorio. Por ello apelaron, como se vio, a los planos topográficos confeccionados por agrimensores -registros de la propiedad privada de los campos- para acumular información y adquirir control de espacios geográficos disputados por varios centros de poder; pero también a las comisiones demarcadoras para la fijación de los puntos de las líneas divisorias entre los estados emergentes. A continuación se presentan algunas líneas sobre la elaboración de un mapa geográfico de Uruguay y su incorporación a la enseñanza de la geografía.

La Comisión Topográfica creada en 1831 debía colaborar para la formación de una carta topográfica del país. Reunir información, formar un depósito gráfico, “determinar las posiciones geográficas”, “trazar provisoriamente en una proyección convencional y acomodada a la formación de esta misma carta el extracto y comparación de los planos de mensura” y trazar un meridiano de Montevideo que sirviera “de norma para la corrección de los rumbos de la aguja” eran algunas de las operaciones para la confección de la “gran Carta”⁶⁵. Como presidente de la Comisión, Reyes emprendió la tarea que tuvo un primer resultado en 1834, en la “Carta Geográfica del Estado Oriental del Uruguay y posesiones adyacentes trazada por D. José María Reyes Teniente Coronel de Ingenieros, Jefe de la comisión Topográfica del Estado”, manuscrita, que sumaba al material consultado -demarcación de límites, documentos topográficos y reconocimientos militares durante la guerra entre las Provincias Unidas y Brasil- “muchos trabajos particulares y privados del Autor con el objeto de mejorar la carta del País”⁶⁶.

Aun con las interrupciones derivadas del contexto político conflictivo, en enero de 1846 Reyes ofreció al gobierno del Cerrito una versión ampliada y corregida de su carta topográfica de Uruguay. Entre las fuentes utilizadas menciona los registros gráficos de la Comisión Topográfica, los informes de las comisiones demarcadoras del tratado de 1777, el catálogo de observaciones astronómicas de geógrafos españoles y del Río de la Plata en las costas, el interior y el territorio limítrofe de Brasil, sus operaciones en el terreno y trabajos inéditos y publicados por el Depósito Hidrográfico de Madrid⁶⁷. La carta indicaba los “límites actuales” después de la paz de 1828 y los estipulados en el tratado de 1777. El gobierno la aceptó y se hizo cargo de los gastos de publicación; ese mismo año se imprimió en Buenos Aires en la Litografía de las Artes, sobre las planchas trabajadas por Albérico Isola. Esta carta fue utilizada en la demarcación de límites iniciada en 1852. Ahora bien, como señaló Reyes a Eduardo Acevedo Maturana el 23 de noviembre de ese año, se constató que la litografía había omitido algunos cursos de agua presentes en el original, como “dos Arroyuelos de no escasas dimensiones, entre Sepulturas y puntas del Quareim”, en una de las zonas de controversia con los comisarios brasileños. En esa misma nota, Reyes informó que Brasil había hecho una edición de su carta topográfica^68,69.

Terminados los trabajos de demarcación, Reyes emprendió la publicación de una nueva versión de su carta topográfica, con las correcciones y ajustes derivados de la fijación de límites con Brasil. En 1860, grabada por Erhard Schieble e impresa en la imprenta de Thierry y hermanos, se publicó en París la “Carta Geográfica de la República Oriental del Uruguay”⁷⁰. En forma paralela se publicó la Descripción geográfica del territorio de la República Oriental del Uruguay acompañada de observaciones geológicas y cuadros estadísticos con un atlas topográfico de los Departamentos del Estado⁷¹. Se trataba de un aporte sustentado en trabajos de campo y utilización de los diversos registros oficiales cuya presentación procuraba “atraer hacia nosotros las miradas de los pueblos que pueden auxiliarnos con sus brazos, con sus capitales y su industria para regenerar, poco a poco la exigüidad de nuestras condiciones”, como había escrito a Andrés Lamas en octubre de 1860⁷². Además de proporcionar información, la descripción del paisaje, la población, las villas y pueblos, los establecimientos productivos, los recursos naturales, el clima, con una mirada que incorporaba matices de historia, economía o ciencias físicas y naturales, iba cimentando elementos de comunidad y, en cierta forma, contribuía a la configuración de identidades.

La imagen del territorio se sumaba a las tempranas representaciones de la nación. Como ha señalado Benedict Anderson, la transformación “del mapa como logotipo”, “al instante reconocido y visible por doquier”, lo convirtió en un “emblema” de los nacionalismos nacientes⁷³. Un ejemplo singular de los comienzos de la incorporación de la imagen del contorno del país en la vida cotidiana es el dibujo elaborado por el artista Juan Manuel Besnes e Irigoyen, quien había trabajado en la Comisión Topográfica, para el álbum personal de María Antonia Agell de Hocquart, esposa de un importante hombre de negocios de origen británico, fundadora de la Sociedad Filantrópica de Damas Orientales en el Montevideo sitiado y, luego del fin de la Guerra Grande en 1853, integrante de la Sociedad de Caridad y Beneficencia de Señoras creada por decreto gubernamental.

Figura 5
Dibujo caligráfico de Juan Manuel Besnes e Irigoyen (1788-1865) en el Álbum de María Antonia Agell de Hocquart. Montevideo, 22/10/1852. Dibujo a tinta/papel, 21 × 26 cm. Colección particular.

La enseñanza de la geografía a nivel escolar y su incorporación al ciclo secundario, que en ese entonces dependía de la universidad, fueron otros pilares de la construcción de un imaginario geográfico. Como ha estudiado Irma Hernández Bolaños para el caso mexicano, los libros de enseñanza debían proporcionar elementos para situar e identificar el “espacio vivido y habitado”, proyectar una realidad habitable presente y futura, del territorio, la población y la organización jurídica, articulada con el Estado y la nación⁷⁴. En prosa, en verso o bajo el sistema de preguntas y respuestas (catecismos) se elaboraron textos de geografía universal y regionales que, de acuerdo a las condiciones técnicas, podían incluir mapas e ilustraciones.

A continuación se presentan consideraciones preliminares sobre la incorporación de la geografía como parte de los saberes a impartir en las instituciones de enseñanza en Montevideo en las décadas de 1830 a 1850. Más que un análisis, se trata del registro de la circulación de textos y de cómo abordan la definición territorial del Estado Oriental. En ellos se aprecian reclamos nacionalistas, el progreso de los saberes geográficos y las posibilidades de crecimiento económico en el marco regional. El acervo inicial de la biblioteca pública fundada en Montevideo en 1816 contaba con obras como el Compendio de la historia geográfica, natural y civil del Reyno de Chile, de Ignacio de Molina, crónicas de viajes de Antonio Pigafetta, Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland, Félix de Azara, Georg Forster, el conde de La Pérouse, Antoine d’Entrecasteaux, entre otras⁷⁵. El catálogo de la librería Hernández en 1838 incluye obras como Elementos de Geografía Universal, de José Ulanga y Algocin, y Geografía Universal, de Guillermo Guthrie⁷⁶. En algunos casos se editaban obras extranjeras aumentadas con contenidos regionales como, por ejemplo, Elementos de geografía universal antigua y moderna para el uso de las escuelas del Río de la Plata, en la cual se incluyeron “noticias de las Repúblicas Oriental del Uruguay y del Paraguay por un Oriental” y “las que ha publicado el Sr. Wilde sobre las provincias argentinas”. Además, se contaba que los límites “de derecho” con Brasil eran los del tratado de San Ildefonso (1777) entre España y Portugal y que los ríos Cuareim y Yaguarón eran límites “de hecho”, señalamiento que fue una constante hasta la firma del tratado de 1851⁷⁷.

En 1848 se publicó Elementos de Lectura, del doctor Luis José de la Peña, sacerdote argentino emigrado en Montevideo, miembro del Instituto de Instrucción Pública y fundador del Gimnasio Nacional, que incluyó una lección en verso sobre la República Oriental del Uruguay⁷⁸. El autor de esta lección era Andrés Lamas, jefe político de Montevideo, fundador del efímero Instituto Histórico y Geográfico Nacional en 1843, y futuro representante del gobierno de La Defensa ante el Imperio de Brasil. Refería al pleito de límites con Brasil, indicando, respecto a los territorios de las Misiones:

“En las horas tribuladas De nuestra débil infancia En que con fiera arrogancia Nuestra Patria mutiló”.

En la conclusión deploraba la “hoguera de guerra civil” y proclamaba: “la unión es la gloria de un pueblo feliz”⁷⁹.

Juan Manuel de la Sota, de origen santafesino y radicado en el territorio oriental en 1829, trabajó como preceptor en una escuela y entre 1832 y 1839 fue director de la Escuela Normal. En 1841 comenzó a editar una Historia del territorio oriental del Uruguay, cuyo propósito era servir “a la necesidad con que el país reclama ventilar sus derechos con los limítrofes” y mostrar “el modo cómo gradualmente se preparaba para ser Nación libre e independiente”⁸⁰. En 1850 publicó un Catecismo geográfico-político e histórico de la República Oriental del Uruguay. En la respuesta a la pregunta sobre los límites territoriales recogía la distinción entre los “de hecho”, donde en el norte y noreste indicaba los ríos Cuareim y Yaguarón, y “los de derecho”, “más extensos”, según el tratado de 1777⁸¹. En 1855, De la Sota publicó una segunda edición del Catecismo, que actualizaba los límites con Brasil. Esta versión incluía la localización de los marcos fijados hasta 1854, incorporaba la fundación de nuevos centros poblados, la mayoría en la zona fronteriza, y ajustaba las coordenadas geográficas. En la introducción señalaba que la labor realizada por Reyes había permitido corregir las deficiencias de las cartas anteriores. En su opinión, para la geografía del Estado, ese trabajo representaba “un verdadero monumento nacional”⁸². En cuanto a la interpretación general del proceso territorial del Uruguay, el libro mantenía las referencias a los territorios “perdidos” ante Brasil al igual que otras obras de los años siguientes.

En 1859, la imprenta de La República publicó una Geografía de la República Oriental del Uruguay que habría contado con la colaboración de Reyes. El texto de doce páginas, en formato de catecismo, se presentaba como “última edición”, “corregida y rectificada según los datos oficiales más recientes y revisada por el autor de la carta geográfica del Estado” ⁸³.

En 1862 se incorporó un aula de Geografía en el ciclo de estudios secundarios. El naturalista y comerciante francés Arsène Isabelle, en nota a Pedro Saenz de Zumarán en 1873, cuenta que había integrado, junto con José María Reyes, el tribunal que intervino en la designación del primer catedrático⁸⁴. Los estudios universitarios comenzaron en la década de 1880, con la creación de la Facultad de Matemáticas y ramas anexas. En 1887 se aprobó el plan de estudios de la carrera de ingeniero geógrafo, de tres años de duración, con el objetivo de formar técnicos para avanzar en los planos catastrales y perfeccionar el mapa del país⁸⁵.

6. A modo de cierre

El repaso de la actuación y la obra de José María Reyes permite constatar sus aportes significativos al conocimiento del territorio uruguayo, a su delimitación y a la fijación de un imaginario geográfico en el país. Esto no implica una mirada encomiástica sobre la labor de Reyes y varios de sus subalternos, sino contribuye a entender cómo la apropiación del territorio tuvo un nivel material que se hizo tangible en las salidas de campo y los relevamientos, y también simbólico, vinculado a la construcción de cartas geográficas de cada departamento y de todo el territorio estatal.

En una dimensión más reducida, la actuación de Reyes comenzó con relevamientos estadísticos y topográficos que contribuyeron a un conocimiento más acabado del territorio y un avance en el control administrativo, fiscal y militar. La organización social y económica del naciente Estado se estableció en torno a información sobre el número de la población, los emprendimientos productivos en cada zona o los bienes pertenecientes al Estado o los privados. Desde la Comisión Topográfica, Reyes coordinó la labor de numerosos agrimensores gracias a los cuales se comenzó a contar con una cartografía inicialmente de parcelas (predios rurales de distinto tamaño), villas y pueblos.

Ese recorrido cartográfico inicial permitió comenzar a definir una nueva territorialidad total, esbozada por Reyes en la carta de 1834, la cual surgió en contraste con las unidades estatales vecinas, procurando una delimitación de las fronteras exteriores que distinguiera al Estado Oriental de sus dos grandes y amenazantes vecinos. No fue casual que la imagen geográfica del Uruguay independiente se fijara sobre todo entre 1830 y 1850, dos décadas marcadas por las guerras regionales y locales. Reyes encabezó varias de las misiones demarcatorias en ese mismo período e insistió en la necesidad de establecer nuevos límites interiores que favorecieran la producción y el poblamiento. Mensuras de tierras, propuestas de departamentalización y descripciones de todo el territorio fueron capitales para comenzar a formar una imagen del Uruguay.

Asimismo, Reyes entendió que la construcción de saberes geográficos y la enseñanza de la geografía servirían para extender y consolidar la soberanía, además de construir una imagen sobre la nación y su pasado. A mediados del siglo XIX el avance en esta materia fue significativo y se editaron numerosos catecismos geográficos que tomaban como referencia el mapa de Reyes, pero también los documentos de las partidas demarcadoras y la legislación vigente. En ese proceso, que no estuvo exento de polémicas y dificultades, nuevamente se dio la conjunción de trabajos topográficos, la elaboración de cartas geográficas y su enseñanza, así como los distintos momentos que permitieron fijar los límites fronterizos, en especial con Brasil, considerado una fuerza que recurría a la “geofagia” -expresión de Orestes Araújo en su Diccionario geográfico del Uruguay⁸⁶- y amenazaba al Uruguay.

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• NUNES FERREIRA, Gabriela. Paulino José Soares de Souza (Visconde do Uruguai): a construção dos instrumentos da diplomacia brasileira. In: PIMENTEL, José Vicente de Sá (org.). Pensamento diplomático brasileiro. Formuladores e Agentes da Política Externa (1750-1964). Brasília: FUNAG, 2013, vol. 1, p. 123-156.
• OZOUF-MARIGNIER, Marie-Vic. La formation des départements La represéntation du territoire français à la fin du XVIIIe siècle. Paris: École des hautes études en sciences sociales, 1989.
• PIVEL DEVOTO, Juan. Prólogo. In: REYES, José María. Descripción geográfica del territorio de la República Oriental del Uruguay Montevideo: Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social, 1953, tomo I, p. VII-XXXVI. (Colección Clásicos Uruguayos, vol. VIII).
• PRO RUIZ, Juan. Estado, geometría y propiedad Los orígenes del catastro en España (1715-1941). Madrid: Ministerio de Economía y Hacienda, 1992.
• PRO RUIZ, Juan. La construcción del estado en España Una historia del siglo XIX. Madrid: Alianza Editorial, 2019.
• QUESADA, Vicente. Historia diplomática latinoamericana Tomo II. La política del Brasil con las Repúblicas del Rio de la Plata. Buenos Aires: La Cultura Argentina, 1919.
• RECALDE, José Martín. Los que marcaron el rumbo Recopilación de semblanzas biográficas de agrimensores. Buenos Aires: Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires, 2013.
• REYES, José María. Descripción geográfica del territorio de la República Oriental del Uruguay Montevideo: Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social, 1953, dos tomos.
• REYES THÉVENET, Alberto. Misiones diplomáticas sobre límites II (1829-1852) Montevideo, 1959.
• ROS, Francisco. Pleito-Pocitos su historia El dictamen profesional que a pedido de los propietarios demandados produjo el agrimensor Francisco J. Ros. Montevideo: Máximo García, 1923.
• VICO, Horacio J. Soberanía territorial. Montevideo: Boletín Histórico del Ejército, 1978, n. 255-258, p. 89-132.
• VILA SERÉ, Carlos. Recopilación de actos para el estudio de nuestros límites internacionales Montevideo: Centro Militar, 1958, tomo II.
• VILLEGAS SUÁREZ, Ernesto. La contribución inmobiliaria. Bosquejo histórico. Legislación. Disposiciones. Montevideo: Imprenta Moderna, 1941.
• ZUBILLAGA, Carlos. Algunos antecedentes sobre acondicionamiento territorial en Uruguay (1611-1911). Montevideo: Cuadernos del CLAEH, 1977, n. 4, p. 37-61.

• 1
  Agradecemos al director del Museo Histórico Nacional Andrés Azpiroz y a María Inés García del Archivo Gráfico de la Dirección Nacional de Topografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas el habernos facilitado algunas de las imágenes utilizadas y a Carolina Luongo por haber colaborado en el relevamiento de fuentes sobre los límites con Brasil.
• 6
  Los datos biográficos de Reyes fueron tomados de FERNÁNDEZ SALDAÑA, José María. Diccionario uruguayo de biografías. 1810-1940. Montevideo: Librería Anticuaria Americana, 1945, p. 1070-1075, y PIVEL DEVOTO, Juan. Prólogo. In: REYES, José María. Descripción geográfica del territorio de la República Oriental del Uruguay. Montevideo: Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social, 1953, tomo I, p. VII-XXXVI.
• 7
  APPELBAUM, Nancy. Dibujar la nación. La Comisión Corográfica en la Colombia del siglo XIX. Bogotá: Universidad de Los Andes-Fondo de Cultura Económica, 2017, p. XX-XXII.
• 8
  SAGREDO BAEZA, Rafael. Ciencia, historia y arte como política. El Estado y la Historia física y política de Chile de Claudio Gay. In: SAGREDO BAEZA, Rafael (ed.). Ciencia-Mundo. Orden republicano, arte y nación en América. Santiago de Chile: Centro de Investigaciones Barros Arana/ Editorial Universitaria, 2010, p. 165-233.
• 9
  A los trabajos ya citados se agregan, entre otros: AKERMAN, James. Decolonizing the map. Cartography from colony to nation. Chicago-London: The Univerity of Chicago Press, 2017; GARAVAGLIA, Juan Carlos y GAUTREAU, Pierre (eds.). Mensurar la tierra, controlar el territorio. América Latina, siglos XVIII-XIX. Rosario: Prohistoria/State Building Latin America, 2011; PRO RUIZ, Juan. Estado, geometría y propiedad. Los orígenes del catastro en España (1715-1941). Madrid: Ministerio de Economía y Hacienda, 1992; y CACCIAVILLIANI, Pamela. Celebrar lo imposible. El Código Civil en el régimen jurídico de la propiedad: Córdoba entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Frankfurt am Main: Max Planck Institute for Legal Theory, 2021.
• 10
  GUAZZELLI, Cesar Augusto Barcellos. O horizonte da província. A República Rio-Grandense e os caudilhos do Rio da Prata. Porto Alegre: Linus Editores, 2013, p. 19-20.
• 11
  ETCHECHURY, Mario. Una guerra en busca de sus autores. Algunas notas metodológicas sobre la conflictividad regional en el Río de la Plata (1835-1845). Illes i Imperis. Barcelona, 2013, n. 15, p. 75-100; GUAZZELLI, Cesar, Op. Cit. p. 175-188.
• 12
  GUAZZELLI, Cesar, Op. Cit., p. 235-238. Las medidas proteccionistas fueron contempladas también en los tratados firmados entre el Imperio y el Estado Oriental en octubre de 1851, por ejemplo, respecto al comercio de ganado y charque.
• 13
  Véase BARRIERA, Darío. Conjura de mancebos. Justicia, equipamiento político del territorio e identidades. Santa Fe del Río de la Plata, 1580. In: BARRIERA, Darío (org.). Justicias y fronteras. Estudios sobre historia de la justicia en el Río de la Plata. Siglos XVI-XIX. Murcia: Editum, 2009, p. 11-50.
• 14
  MARTÍNEZ ROVIRA, Eduardo. Entre el olvido y la memoria, segunda edición ampliada [edición original 1982]. Montevideo-Buenos Aires: A.M.D.G. ediciones, 2005; RECALDE, José Martín. Los que marcaron el rumbo. Recopilación de semblanzas biográficas de agrimensores. Buenos Aires: Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires, 2013; GARAVAGLIA, Juan Carlos, ¿Cómo se mide la tierra? Las mensuras en el Río de la Plata, siglos XVII-XIX. In: GARAVAGLIA, GAUTREAU, ob., cit., p. 27-42.
• 15
  El Universal, Montevideo, 28 de marzo de 1829.
• 16
  Tomado de FRANCO, Jorge. El rol del Agrimensor en los Orígenes del Ordenamiento Territorial en Uruguay, 2015, p. 1-116. Tesis (Maestría en Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente), Facultad de Arquitectura, Universidad de la República, 2015, p. 7.
• 17
  VILLEGAS SUÁREZ, Ernesto. La contribución inmobiliaria. Bosquejo histórico. Legislación. Disposiciones. Montevideo: Imprenta Moderna, 1941, p. 21.
• 18
  Los cabildos contaban con los terrenos llamados de propios que, de acuerdo a las leyes de Indias, pertenecían a las ciudades y en el que se ubicaban chacras, hornos y otros emprendimientos productivos que pagaban un arrendamiento anual. Esa era una fuente de recursos muy importante. Al mismo tiempo, los cabildos tenían la necesidad de poblar los terrenos desocupados o deshabitados como parte de un plan de ordenamiento territorial productivo y para generar una línea defensiva de las ciudades.
• 19
  Sobre la escritura de la compra de los terrenos véase ROS, Francisco. Pleito-Pocitos su historia. El dictamen profesional que a pedido de los propietarios demandados produjo el agrimensor Francisco J. Ros. Montevideo: Máximo García, 1923, p. 32-33.
• 20
  Uruguay. Archivo General de la Nación (en adelante AGN). Historia de la Administración, Libros, Ministerio de Gobierno, Libro 1401, Acuerdos y decretos del Ministerio de Gobierno, 1830 a 1852, f. 22.
• 21
  La realización de un catastro total, pese a numerosos proyectos fracasados a lo largo del siglo XIX, no se concretó hasta la segunda década del siglo XX. En 1912, en pleno debate sobre la tributación de los inmuebles, la oficina de catastro, creada en 1907, comenzó el empadronamiento de los predios rurales que permitió la individualización de cada espacio territorial -público o privado- y avanzar en el proceso de conocimiento. Hasta entonces, los propietarios o poseedores rurales, así como sus gremiales, habían resistido la posibilidad de acceder a un relevamiento jurídico y parcelario como base de la tributación.
• 22
  AGN. Documentos de la Administración Central, Fondo Ex Ministerio de Gobierno y Ministerio del Interior, caja 821, carpeta 6.
• 23
  Catastro. Creación de la Comisión Topográfica. In: ARCOS FERRAND, Luis; ARMAND UGON, Enrique; CERDEIRAS ALONSO, Julio César; GOLDARACENA, César. Compilación de leyes y decretos. 1825-1930. Montevideo: s.d., 1930, tomo I, p. 334-336; también AGN, Historia de la Administración, Libros, Ministerio de Gobierno, Libro 1401, Acuerdos y decretos del Ministerio de Gobierno, 1830 a 1852, f. 34.
• 24
  En el caso de Montevideo esa estadística se llegó a realizar. AGN, Archivos Administrativos, caja 16.
• 25
  AGN. Documentos de la Administración Central, Fondo Ex Ministerio de Gobierno y Ministerio del Interior, caja 821, carpeta 4, documento 152, José María Reyes al ministro de Gobierno, Montevideo, 30 de diciembre de 1831.
• 26
  Catastro. Suspensión de los trabajos. Montevideo, octubre 11 de 1833. ARCOS FERRAND, Luis; ARMAND UGON, Enrique; CERDEIRAS ALONSO, Julio César; GOLDARACENA, César. Op. Cit., p. 379.
• 27
  DE LA TORRE, Nelson; RODRÍGUEZ, Julio; SALA DE TOURON, Lucía. Después de Artigas (1820-1836). Montevideo: Ediciones Pueblos Unidos, 1972.
• 28
  GELMAN, Jorge. Derechos de propiedad, crecimiento económico y desigualdad en la región pampeana en los siglos XVIII y XIX. Historia Agraria, n. 37, diciembre de 2005, p. 476.
• 29
  Véase, entre otros BUSTAMANTE, Jesús; GIRAUDO, Laura; MAYER, Leticia. La novedad estadística, cuantificar, cualificar y transformar las poblaciones en Europa y América Latina, siglos XIX y XX. Madrid: Ediciones Polifemo, 2014.
• 30
  Recién en la segunda mitad de la década de 1840 la aparición de Pedro Pico -catedrático de matemáticas- como referente de la agrimensura y la topografía contribuyó a superar el vacío que la ausencia de Reyes había provocado.
• 31
  Para la Revolución Francesa véase OZOUF-MARIGNIER, Marie-Vic. La formation des départements. La represéntation du territoire français à la fin du XVIIIe siècle. París: École des hautes études en sciences sociales, 1989.
• 32
  QUESADA, Vicente. Historia diplomática latinoamericana. Tomo II. La política del Brasil con las Repúblicas del Río de la Plata. Buenos Aires: La Cultura Argentina, 1919, p. 68-69. Si bien en la nota de Francisco Xavier de Viana, ministro de guerra, citada por Quesada se dice que se trata de seis departamentos militares, al describir los límites se mencionan siete: Montevideo, Maldonado, Cerro Largo, Porongos, Colonia, al sur del rio Negro, y villa de Belén y Paysandú al norte.
• 33
  Oficio del cabildo gobernador a José Artigas, Montevideo, 27/01/1816, en COMISIÓN NACIONAL ARCHIVO ARTIGAS (en adelante CNAA). Archivo Artigas. Montevideo: Monteverde, 1987, tomo XXI, p. 190-191.
• 34
  Esta división no sustituía, sino que englobaba la organización de la justicia existente y sus jurisdicciones, modificando solamente la forma de acceso a los cargos: elección directa del alcalde o juez de los pueblos menores; elección indirecta de los cabildos, participando dos electores del pueblo cabeza de departamento y los alcaldes electos de los pueblos menores.
• 35
  En la asamblea constituyente se había argumentado que los departamentos estaban demarcados por decretos anteriores y existían de hecho.
• 36
  Actas de la H. Cámara de Representantes, tomo III, años 1837-1841. Montevideo: El Siglo Ilustrado, 1906, p. 242-243, 257, 260, 263, 289-291; Actas de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, tomo III. Montevideo: El Siglo Ilustrado, 1892, p. 123-125. Disponible en: https://bit.ly/3IwuJzB. Acceso en: 8 jul. 2022. Véase también, ZUBILLAGA, Carlos. Algunos antecedentes sobre acondicionamiento territorial en Uruguay (1611-1911). Cuadernos del CLAEH, Montevideo, n. 4, 1977, p. 37-61, p. 48, 52.
• 37
  “Proyecto de Decreto para una nueva división y arreglo de los Límites de los Departamentos de la República” que comprende la creación de varios nuevos. Cerrito de la Victoria, 1846, tomado de MAGARIÑOS DE MELLO, Mateo. El gobierno del Cerrito. Colección de documentos oficiales emanados de los poderes del gobierno presidido por el brigadier general D. Manuel Oribe. 1843-1851. Montevideo: s.d., 1948, tomo I, Primera parte, Poder Ejecutivo. Leyes, Decretos, Resoluciones y Circulares, p. 396-401.
• 38
  MAGARIÑOS DE MELLO, Mateo. Op. Cit., p. 435-438. La circular a Tacuarembó en ibidem, p. 220.
• 39
  REYES, José María. Descripción geográfica del territorio de la República Oriental del Uruguay. Montevideo: Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social, 1953, dos tomos.
• 40
  ZUBILLAGA, Carlos. Op. Cit., p. 52.
• 41
  Entre otros trabajos, véase ISLAS, Ariadna. Límites para un estado. Notas controversiales sobre las lecturas nacionalistas de la Convención Preliminar de Paz de 1828. In: FREGA, Ana. Historia regional e independencia del Uruguay. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 2009, p. 169-216; VILA SERÉ, Carlos. Recopilación de actos para el estudio de nuestros límites internacionales. Montevideo: Centro Militar, 1958, tomo II, p. 11-109; REYES THÉVENET, Alberto. Misiones diplomáticas sobre límites II (1829-1852). Montevideo, 1959 y GOLIN, Tau. A fronteira. Porto Alegre: L&PM, 2002.
• 42
  VILA SERÉ, Carlos. Op. Cit., p. 72-74, “Nota del doctor Lucas Obes al ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia”, 11 de julio de 1834.
• 43
  NUNES FERREIRA, Gabriela. O Rio da Prata e a consolidação do estado imperial. San Pablo: Editora Hucitec, 2006, p. 81.
• 44
  Ibidem, p. 79-95, “Misión - Dr. Carlos G. Villademoros a Río de Janeiro (1837)”.
• 45
  Ibidem, p. 95-106. “Misión - Coronel de Ingenieros D. José María Reyes a Rio de Janeiro (1838)” y MAGARIÑOS DE MELLO, Mateo. Op. Cit., p. 109-12.
• 46
  VILA SERÉ, Carlos. Op. Cit., p. 147-49, “Instrucciones al Doctor Lamas (1850)”.
• 47
  Conocido como el “tratado de la farola” fue suscrito por el Capitán General Carlos Federico Lecor y el Cabildo de Montevideo, fijando los límites entre las capitanías de San Pedro de Rio Grande y la de Montevideo, por el cual se concedían los terrenos entre los ríos Ibicuy y Arapey al norte y las fortalezas de Santa Teresa y San Miguel al sureste, a cambio de fondos para construir un faro en la isla de Flores en el Río de la Plata. Los comisarios de ambas capitanías habían fijado los límites sobre el terreno y las autoridades riograndenses habían procedido al reparto de estancias en la zona. Véase GOLIN, Tau. Op. Cit., p. 311-19.
• 48
  VILA SERÉ, Carlos. Op. Cit., p. 149-152, “1851. Uruguay -Brasil. Tratado de Límites”.
• 49
  Ibidem, p. 153-161, “Nota confidencial del Doctor Lamas (1851)”.
• 50
  Es interesante anotar que el Instituto Histórico e Geographico do Brazil se discutió una “Memoria histórica sobre a questão de limites entre o Brazil e Montevidéo”, de J. J. Machado de Oliveira, que consideraba el tratado como “de maior gravame ao Brazil”, así como “é especialmente infenso e oppresivo à provincia de S. Pedro”, mencionando entre otros puntos, la renuncia a los límites de 1819. Revista do Instituto Historico e Geographico do Brazil, Rio de Janeiro, t. XVI, 1853, p. 385-425. Algunas respuestas negaban validez a lo acordado en 1819 por no tener fuerza de tratado internacional (Parecer do Sr. Conselheiro Duarte da Ponte Ribeiro, sobre a referida Memoria, lido na sessão do Instituto Historico de 17 de junho de 1853, idem, p. 426-51) o bien, que había sido sustituida por la línea de 1821 (Parecer sobre a Memoria histórica do Sr. J. J. Machado de Oliverira acerca da questão de limites entre o Brazil e Montevidéo, do Sr. Conselheiro Candido Baptista de Oliveira, idem, p. 464-8).
• 51
  Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, sesión del 26/04/1852, p. 462-466. Disponible en: https://bit.ly/3Pe8XTr. Acceso en: 8 jul. 2022. Se resolvió pasar la petición a la Cámara de Representantes, la que, al recibirla, ordenó su archivo.
• 52
  VILA SERÉ, Carlos. Op. Cit., p. 165-167.
• 53
  Ibidem, p. 168.
• 54
  Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, sesión del 7/6/1852, p. 108-113. Disponible en: https://bit.ly/3bZZ7pI. Acceso en: 8 jul. 2022.
• 55
  Se ha señalado, entre otros puntos, que se cometió un error geográfico en la identificación del arroyo de la Invernada, tomándose el Maneco en perjuicio de la soberanía territorial de Uruguay. Además del trabajo de VILA SERÉ ya citado (p. 171-219), véase VICO, Horacio J. Soberanía territorial. Boletín Histórico del Ejército, Montevideo, n. 255-258, 1978, p. 89-132. Ambos fueron militares y alcanzaron los grados de teniente coronel y coronel, respectivamente: el primero participó desde 1910 en comisiones mixtas de límites y caracterización de la frontera Uruguay-Brasil y a partir de 1943 como consejero de límites internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay; y el segundo, desde 1923 integró el Servicio Geográfico Militar y, en 1937, comenzó a participar en las comisiones de límites, ocupando también la jefatura de la Oficina de límites en la ciudad fronteriza de Rivera (1941) e integrando una comisión especial sobre los problemas de límites pendientes (1946).
• 56
  ACEVEDO, Eduardo. Anales históricos del Uruguay. Montevideo: Barreiro y Ramos, 1933, tomo II, p. 409-21, 498-547.
• 57
  Citado en NUNES FERREIRA, Gabriela. Paulino José Soares de Souza (Visconde do Uruguai): a construção dos instrumentos da diplomacia brasileira. In: PIMENTEL, José Vicente de Sá (org.). Pensamento diplomático brasileiro. Formuladores e Agentes da Política Externa (1750-1964). Brasília: FUNAG, 2013, vol. 1, p. 123-156, p. 146.
• 58
  GOLIN, Tau. Op. Cit., p. 85-120.
• 59
  Diario de Sesiones de la Comisión Permanente, Sesión del 26/11/1856, p. 267-271. Disponible en: https://bit.ly/3bW8RBw. Acceso en: 8 jul. 2022.
• 60
  Memoria histórica sobre los límites de la República Oriental del Uruguay, por el General de Ingenieros don José María Reyes, comisario en la demarcación de los límites con el Brasil por parte de la misma República. Revista del Río de la Plata. Periódico mensual de Historia y Literatura de América. Buenos Aires, t. II, n. 6, 1871, p. 313-332. Disponible en: https://bit.ly/3AxVNfN. Acceso en: 8 jul. 2022. Los directores de la revista eran Andrés Lamas, Vicente Fidel López y Juan María Gutiérrez. En 1909 el documento fue publicado como Memorandum sobre límites de la República Oriental del Uruguay, por el Doctor Andrés Lamas, 1863. Revista Histórica, Montevideo, año II, tomo IV, n. 10, 1911, p. 161-178. Fue Juan E. Pivel Devoto quien en 1933 restituyó la autoría a Reyes, al publicarlo en el Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores.
• 61
  Memoria histórica sobre los límites… Op. Cit., p. 319.
• 62
  Ibidem, p. 330-332.
• 63
  ACEVEDO, Eduardo. Op. Cit., tomo III, p. 273-274.
• 64
  PRO RUIZ, Juan. La construcción del Estado en España. Madrid: Alianza Editorial, 2019 [Epub], p. 487.
• 65
  ARCOS FERRAND, Luis; ARMAND UGON, Enrique; CERDEIRAS ALONSO, Julio César; GOLDARACENA, César. Op. Cit., p. 338-340. Catastro. Atribuciones de la Comisión Topográfica, Decreto, 19/12/1831.
• 66
  PIVEL DEVOTO, Juan E. Prólogo. Op. Cit., p. xiii-xiv.
• 67
  MAGARIÑOS DE MELLO, Mateo. Op. Cit., p. 346-348. El detalle más preciso de las fuentes utilizadas fue incluido en la carta topográfica, que fue dedicada a Manuel Oribe, como presidente de la república.
• 68
  Nota de Reyes a Eduardo Acevedo Maturana, 23/11/1852 citada por PIVEL DEVOTO, Juan E. Prólogo. Op. Cit., nota 9, p. xx.
• 69
  “Copia da carta topográfica do Estado do Uruguay que para serviço do mesmo Estado levantou o Coronel de Engenheiros José María Reyes em 1846”, publicada en la Lithographia do Archivo Militar. Disponible en: https://bit.ly/3ADC0fe. Acceso en: 8 jul. 2022.
• 70
  “Carta Geográfica de la República Oriental del Uruguay por el General de Ingenieros Dn. José María Reyes, Comisario de la misma Rpca. para la demarcación de sus límites con el Imperio del Brazil, Antiguo Presidente del Departamento Topográfico, Miembro del Instituto Histórico del Estado de Buenos Ayres”. Disponible en: https://bit.ly/3yrrODH. Acceso en: 8 jul. 2022.
• 71
  Montevideo: Establecimiento Tipográfico y Litográfico de Luciano Mége, 1859. Cabe señalar que la obra fue apareciendo por partes, no contó con apoyo económico del Estado y el atlas anunciado en el título no llegó a publicarse (PIVEL DEVOTO, Juan E. Op. Cit., p. xxxiii-xxxv).
• 72
  Citado en ibidem, p. xxxiv.
• 73
  ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Ciudad de México: FCE, 1993, p. 244-245.
• 74
  HERNÁNDEZ BOLAÑOS, Irma. La construcción del conocimiento sobre el territorio nacional y estatal y su enseñanza: una visión a través de los catecismos geográficos. Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F., 2018, p. 144, 172.
• 75
  Véase RAMÍREZ, Arbelio. Reconstrucción bibliográfica. In: Descripción de las fiestas cívicas celebradas en Montevideo; Oración inaugural pronunciada por Larrañaga en la apertura de la biblioteca pública de Montevideo, mayo de 1816. Montevideo: Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República, 1951, p. 39-52.
• 76
  Catálogo de los libros ecsistentes en la librería de Jaime Hernández. Montevideo: Imprenta de la Caridad, 1838. Figuraban también otros libros sin autor: Compendio de Geografía, Geografía Universal con mapas y láminas y Lecciones de Geografía. Pivel Devoto, en Prólogo, Op. Cit., p. xxi-xxviii, realiza un repaso de publicaciones sobre las características geográficas de lo que luego fue el territorio del Estado Oriental anteriores a la Descripción geográfica de Reyes.
• 77
  Elementos de geografía universal antigua y moderna para el uso de las escuelas del Río de la Plata. Montevideo: Imprenta Hispano Americana, 1844, p. 65. Destaca el carácter singular de la geografía del Estado Oriental -“Pocas partes de la América Meridional tienen un suelo más hermoso ni más fértil que el de esta República”, las ciudades de Montevideo y Maldonado están destinadas a ser “el emporio del comercio y de la opulencia”-, aunque lamenta “la escasez de población y su dedicación, absoluta, al pastoreo” (p. 65-66).
• 78
  DE LA PEÑA, Luis J. Elementos de lectura. Primer libro de los niños en las escuelas primarias de la República Oriental. Montevideo: Litografía de Mege y Lebas, 1848. En 1849 participó de la fundación de la Universidad. En 1852 pasó a desempeñarse como ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina, siendo encargado de negociar el tratado definitivo de paz con Brasil. En esa ocasión, Juan Manuel de la Sota le entregó una “Memoria sucinta y abreviada sobre la cuestión de límites”, impreso de 22 carillas fechado en Montevideo en junio de 1852. Agradecemos a la Biblioteca Jorge Luis Borges de la Academia Argentina de Letras el habernos facilitado una copia digital.
• 79
  Lección 27. La República Oriental del Uruguay, por el Dr. Andrés Lamas. In: DE LA PEÑA, Luis. Op. Cit., p. 75-84.
• 80
  DE LA SOTA, Juan M. Historia del territorio oriental del Uruguay. Montevideo: Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social, 1965, tomo 1, p. 5. (Colección Clásicos Uruguayos, vol. 72). Cursiva en el original.
• 81
  DE LA SOTA, Juan M. Catecismo geográfico-político e histórico de la República Oriental del Uruguay. Montevideo: Imprenta Uruguayana, 1850, p. 22-23. Para editar el libro apeló a suscriptores. En carta a Gabriel A. Pereira, fechada en diciembre de 1849, fundamentó la necesidad de hacer conocer las producciones y riquezas del territorio, ignoradas en las “Geografías que se han escrito en Europa” y solicitó apoyo económico. Correspondencia confidencial y política del Sr. D. Gabriel A. Pereira desde el año 1821 hasta 1860, tomo III. Montevideo: Imprenta Rolleri, 1898, p. 59-62.
• 82
  Idem. Catecismo geográfico-político e histórico de la República Oriental del Uruguay. Montevideo: Imprenta Liberal, 1855, 2. ed. corregida y aumentada, p. v.
• 83
  Geografía de la República Oriental del Uruguay. Montevideo: La República, 1859. No hay referencia de autor.
• 84
  Contribuciones documentales. Documentos para la historia de la Biblioteca y del Museo Nacional de Montevideo. Revista Histórica, Montevideo, tomo XXVIII, n. 82-84, julio 1958, p. 318-379, p. 362. Isabelle publicó Voyage à Buenos Aires et à Porto Alegre, par la bande orientale, les missions d’Uruguay et la province de Rio Grande do Sul de 1830 à 1834, suivi de considérations sur l’état du commerce français (1835), que incluye un mapa de Uruguay, regresó a Uruguay en 1837, se desempeñó como canciller del consulado general de Francia, fue colaborador del periódico Le Patriote Français y después de la Guerra Grande impulsó la implementación del sistema métrico decimal, entre otros proyectos.
• 85
  MARTÍNEZ, María Laura. Los primeros 75 años de la Facultad de Ingeniería de Uruguay (1885-1960). Llull. Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, v. 24, 2001, p. 149-181, p. 152.
• 86
  ARAÚJO, Orestes. Diccionario geográfico del Uruguay. Montevideo: Imprenta artística de Dornaleche y Reyes, 1900, p. 78.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  09 Set 2022
• Fecha del número
  2022

Histórico

• Recibido
  11 Mar 2022
• Acepto
  20 Jun 2022