El surgimiento del antiambientalismo en Estados Unidos a la luz de la crisis democrática contemporánea

Resumen

Es posible atribuir numerosos significados a las oposiciones al ambientalismo en su trayectoria histórica. Salvaguardando las particularidades de los casos específicos, en el texto se argumenta que, por regla general, este antagonismo en el siglo XXI no constituiría un cambio en el estilo de gobierno, sino un vector de ruptura. Para desarrollar esta hipótesis, se analiza el caso de Estados Unidos, tomando como eje analítico el desempeño del ejecutivo federal a nivel nacional e internacional entre 1970-2021, centrándose en las administraciones republicanas, lo cual hace a partir del análisis documental. A través de las reflexiones realizadas a lo largo del estudio, se percibe el tema del antiambientalismo como un aspecto de la crisis contemporánea de las democracias liberales occidentales. Se concluye que lo que estaría en juego en este intento disruptivo no sería el ecologismo en sí, sino las condiciones que permiten su existencia como tal.

Palavras clave:
Ambientalismo; antiambientalismo; Estados Unidos; crisis democrática; cconservadorismo

Abstract

It is possible to attribute several meanings to anti-environmentalism throughout its historical trajectory. Although protecting the particularities of specific cases, the present text argues that this antagonism observed in the 21st century would not appear as a change in public administration styles, but as a rupture vector. The Study analyzed the United States case to develop the aforementioned hypothesis. The analysis took the federal administration’s performance at domestic and international level, between 1970 and 2021, as an analytical axis, which was focused on republican administrations, based on documentary analysis. Reflections carried out over the study enabled perceiving the anti-environmentalism issue as an aspect of the contemporary crisis of Western liberal democracies. Therefore, in conclusion, the conditions allowing environmentalism to exist as such, rather than environmentalism itself, are the factors at stake in this disruptive attempt.

Keywords:
Environmentalism; anti-environmentalism; United States; democratic crisis; conservatism

Resumo

É possível atribuir inúmeros sentidos às oposições ao ambientalismo em sua trajetória histórica. Resguardadas as particularidades de casos específicos, o texto defende que, em regra, esse antagonismo no século XXI configuraria não uma mudança de estilo de governo, mas um vetor de ruptura. Para desenvolver essa hipótese, analisa o caso dos Estados Unidos, tomando como eixo analítico a atuação do executivo federal no plano doméstico e internacional entre 1970-2021, dando enfoque às administrações republicanas, o que o faz a partir de análise documental. Mediante reflexões conduzidas ao longo do estudo, percebe a questão do anti-ambientalismo como um aspecto da crise contemporânea das democracias liberais ocidentais. Conclui-se que o que estaria em jogo nessa tentativa disruptiva não seria o ambientalismo em si, mas as condições que permitem a sua existência enquanto tal.

Palavras-Chave:
Ambientalismo; anti-ambientalismo; Estados Unidos; crise democrática; conservadorismo

Introducción

Con su surgimiento en la segunda mitad del siglo XX, el ambientalismo se convirtió en uno de los elementos centrales de la legitimación de las democracias liberales occidentales como naciones soberanas y de la organización de las relaciones internacionales entre estos países. La aparente unanimidad sobre la importancia de la cuestión ambiental no impidió la formación de oposiciones. Salvaguardando las particularidades de los innumerables momentos y territorios, se plantea la hipótesis de que, en el siglo XXI, los ajustes en las formas de oposición indicarían no un cambio de estilo, sino un vector de ruptura, aunque gran parte de sus discursos y prácticas sigan conectados con lo observado en décadas anteriores. Para desarrollar esta cuestión, el texto adopta un enfoque teórico-analítico elaborado en un trabajo anterior (VASQUES, 2018) con el fin de observar un país central para la constitución y difusión internacional del ambientalismo, Estados Unidos. Toma como eje de su investigación el desempeño del ejecutivo federal en el ámbito doméstico y externo desde el surgimiento de la regulación ambiental federal hasta nuestros días (1970-2021). Tal temporalidad se justifica, ya que las principales oposiciones al ambientalismo se articularon a través de este proceso de institucionalización. Además, observa a los demás poderes, entidades subnacionales y representantes de la sociedad civil a partir de las superposiciones entre sus discursos y acciones, limitándose al análisis de la literatura y el material documental producido por dichos actores políticos (por ejemplo, panfletos virtuales, materiales de campaña, declaraciones oficiales).

El trabajo consta de cuatro secciones, además de esta introducción y consideraciones finales. La primera trata de la emergencia de oposiciones al ambientalismo a partir de la formación de sus bases en el campo conservador durante la administración de Ronald Reagan (1981-89). A continuación, se desarrolla el desempeño de estos antagonistas en la década de 1990, con énfasis en su influencia en la formulación de la política exterior ambiental estadounidense, y su movilización en la administración de George W. Bush (2001-09), animada por el discurso de la lucha contra el terrorismo. En el tercer apartado se aborda la incorporación del tema de la seguridad nacional por parte del Partido Demócrata, la tensión con el Congreso en el segundo mandato de Obama y el ensayo de ruptura promovido por Trump. En la cuarta, el antiambientalismo se aborda como un aspecto central de la crisis de las democracias liberales occidentales. Se concluye que, a pesar de la importancia de combatir el negacionismo, lo que estaría en juego en este intento disruptivo no sería el ambientalismo en sí, sino las condiciones que permiten su existencia como tal.

El surgimiento de la oposición al ambientalismo en la administración Reagan

Si bien se considera que la política ambiental de Reagan se contuvo en reformas económicas e institucionales, esto solo fue posible ante el surgimiento de lo que -también debido a las oposiciones- vendría a consolidarse como ambientalismo (VASQUES, 2018). La comprensión de que un nuevo objeto y las políticas públicas tenían sus contornos dibujados era principalmente a través de sus efectos. Una mejor comprensión del desarrollo de la acción bipartidista en la década de 1970 se consolida, sobre todo, como el principal vector para deshacer este alineamiento. Esto es evidente ya que los impactos de la regulación se consideran en los primeros años de su aplicación, llevando a Jimmy Carter (1977-81) a la desregulación del transporte y la energía. Al mismo tiempo, el Congreso estaba prestando atención a la nueva política ambiental y sus efectos anticompetitivos, apoyando análisis de costo-beneficio para las nuevas regulaciones.

Al limitar los efectos institucionales del creciente ambientalismo, Carter contribuyó para que Reagan profundice las intervenciones en los procesos regulatorios. A mediados de la década de 1970, se afianzó un debate sobre la falta de responsabilidad política en las agencias federales, inclusive en la Environmental Protection Agency (EPA). Se propusieron mecanismos que permitieran intervenciones más frecuentes de los encargados de adoptar decisiones, a los que se pudiera responsabilizar políticamente, en lugar de indicaciones y análisis técnicos. Esta disputa puso a los ambientalistas a la defensiva, porque, si bien estaban en contra de la flexibilización de la regulación, también desconfiaban de las decisiones basadas en análisis de costo-beneficio. Esto ha llevado a grupos como el Sierra Club, una importante organización civil, a cuestionar el papel del presidente en la regulación. En respuesta, el poder judicial comprendió la posibilidad de una amplia intervención del ejecutivo, lo que ayudó a legitimar las acciones de Reagan en sus primeros años (KRAFT; VIG, 1984).

La aplastante victoria de Reagan sobre Carter fue interpretada como un respaldo popular a un profundo cambio conservador y a la revitalización económica. Aunque había obtenido el apoyo de la mayoría del Congreso al comienzo de su mandato, lo que le permitió aprobar su plan económico, Reagan luego se enfrentaría a la oposición del legislativo y de la opinión pública, que exigían una agenda ambiental positiva (DUNLAP, 1987). Su empeño en imponer victorias inmediatas y la coyuntura institucional favorable a una acción intensiva del Ejecutivo contribuyeron a la organización de sus acciones a través de la presidencia administrativa. Es por este modo de acción que Reagan se diferenció de sus predecesores en el control de la regulación ambiental. Además del debate sobre la perennidad de sus efectos, su presidencia fue fundamental en la constitución de un repertorio de discursos y prácticas, y de un campo intelectual conservador en oposición al ambientalismo. Esto es evidente con el análisis de la regulación administrativa, y los documentos y declaraciones oficiales producidos en el período, especialmente, en los planes de campaña del Partido Republicano.

A principios de la década de 1980, hubo una amplia demanda de los sectores regulados, que querían revisar las regulaciones ambientales editadas en la década anterior. Este tema estuvo presente incluso en la agenda republicana, explicitada en sus programas electorales, que defendían la indispensabilidad de un medio ambiente sano y, al mismo tiempo, argumentaban la garantía de que los beneficios de la regulación justificaban los costos impuestos. Pero Reagan se asoció con partidarios de la sagebrush rebellion¹, rechazó propuestas moderadas del grupo de transición ligado a H.W. Bush y adoptó una visión radical, poniendo a James G. Watt al frente de la política ambiental. Es decir, un abogado recomendado por la organización conservadora Heritage Foundation, el senador Adam Laxalt (republicano de Nevada) y el empresario Joseph Coors (KRAFT, 2000).

La radicalidad de las intervenciones en política ambiental se hizo explícita en los efectos de la presidencia administrativa y de la implementación de una agenda negativa, de descomposición institucional. Su planificación no se limitó a defender la reducción del Estado, sino que partió de una estrategia elaborada junto a los conservadores, que articularon sus acciones a través de su anclaje en la figura de Reagan, lo que se evidencia en sus discursos y apariciones mediáticas relacionadas con temas ambientales. Aunque se revirtieron parcialmente en el segundo mandato (WENNER, 1990) y en las administraciones posteriores, las principales medidas adoptadas en los tres primeros años de gobierno incluyeron (KRAFT; VIG, 1984): selección de una burocracia alineada con los ideales conservadores; reorganización institucional para centralizar el control del cambio; recortes presupuestarios justificados por un llamado económico y la reforma del gobierno; y la centralización del proceso de supervisión regulatoria (es decir, análisis de costo-beneficio) para la implementación de la agenda presidencial.

Como se puede ver en los nombramientos, la elección de nuevos cuadros favoreció a profesionales sin experiencia en el sector público, o en los temas con los que tenían que lidiar. Por regla general, la selección dependía de su alineación con los ideales propugnados por el ala republicana conservadora cercana a Reagan. Para la EPA, la contratación se llevó a cabo en la iniciativa del sector privado, en sectores que estaban bajo su regulación. Al mismo tiempo, la reorganización institucional condujo a una disminución en el número de cargos, reduciendo las disputas legales y la aplicación de mecanismos de fiscalización. Esta restricción fue acompañada de medidas de centralización, como la creación de organismos vinculados a la Casa Blanca para coordinar cambios en las políticas públicas. Los recortes presupuestarios, justificados por la propuesta de contención fiscal, fueron bien recibidos por los jefes de las agencias, de una manera sin precedentes. (KRAFT; VIG, 2019) Finalmente, destacamos la emisión de una orden ejecutiva que tuvo como objetivo someter todas las propuestas regulatorias con un impacto significativo a los análisis de costo-beneficio, inhibiendo nuevas normas y evitando posibles cargas adicionales para el sector privado.

Reagan recurrió al discurso mítico del ingenio estadounidense para contrarrestar la lógica de escasez de Carter, valiéndose también del nuevo federalismo de Nixon para repartir responsabilidades con las autoridades locales. Reorganizó la política ambiental con grupos conservadores, lo que contribuyó a consolidar un campo intelectual de oposición al ambientalismo, que se hizo explícito en el surgimiento del wise use movement², una de las ramificaciones de la sagebrush rebellion (MCCARTHY, 2002). La década de 1980 estuvo marcada por enfrentamientos económicos y científicos, que apoyaron los avances y oposiciones a la agenda ambiental. Para Short (2004), Reagan habría asociado su estrategia política a dos ejes narrativos vinculados a la formación cultural de Estados Unidos: el mito del errante puritano y la tesis de la frontera de Turner³. Tales narrativas serían útiles no por su análisis de la constitución de un sujeto nacional, sino por su estructura retórica y potencialidad discursiva para construir mensajes y visiones culturales colectivas.

Reagan evocó la riqueza de la naturaleza asociada con la responsabilidad de usarla para la prosperidad económica, legándola a las próximas generaciones. Al wilderness se le atribuyó la función de atender a la razón divina, proporcionando medios para el mejoramiento de los seres humanos. Esa interpretación contrapondría la disociación entre cultura y naturaleza puestas en las políticas de conservación de los recursos naturales del final del siglo XIX. La administración de las tierras públicas sería una de las claves de la prosperidad, y correspondería al gobierno permitir que todos tengan acceso a ellas y no solo unos pocos, aludiendo a las características elitistas y urbanas del ambientalismo. James Watt articuló la conexión entre la tierra, la libertad y la prosperidad, argumentando que la institucionalidad alentaría a los hombres a hacer el mejor uso de estos recursos. En el segundo mandato, Reagan profundizó en este discurso, abandonando el radicalismo de su primer mandato, y ratificó, con el apoyo del Congreso y junto a Margaret Thatcher, el Protocolo de Montreal, en 1987, para la protección de la capa de ozono (SHORT, 2004).

La oposición conservadora en la década de 1990 y su manifestación en W. Bush

El declive de la ofensiva contra el ambientalismo continuó con George H. W. Bush (1989-93), quien buscó asociar su imagen con la de Theodore Roosevelt (1901-09), responsable de la adopción de numerosas políticas de conservación de la naturaleza a principios del siglo XX. Obligado a lidiar con la fuga de petróleo de Exxon Valdez (1989) y con su bajo apoyo en el congreso, se acercó a los ambientalistas y aprobó enmiendas al Clean Air Act. Por otro lado, retomó los análisis costo-beneficio, manteniendo la centralidad del discurso económico. A diferencia de Reagan, socavó el papel de liderazgo del país en la diplomacia ambiental en Río-92 al no firmar el Convenio sobre la Diversidad Biológica. La elección de Bill Clinton (1993-2001) reposicionó las expectativas de los ambientalistas, pero debido a errores estratégicos al inicio del gobierno, las reformas legislativas fueron inviables incluso con mayoría en el Congreso. Una ventaja que se perdió en las primeras elecciones de mitad de mandato, contribuyendo al ascenso de los conservadores bajo el liderazgo del republicano Newt Gingrich (R-Georgia) y su Contract with América. Es decir, una ofensiva dirigida a revertir la legislación ambiental, bloqueada por Clinton, obligado a gobernar mediante vetos y órdenes ejecutivas (DAYNES; SUSSMAN, 2010; TURNER; ISENBERG, 2018).

A través de un análisis de sus discursos y prácticas, se evidencia cómo Clinton se desvió de la lógica de escasez de Carter, y comenzó a disputar el argumento económico, rescatando a Franklin D. Roosevelt (1933-45). Esta relación, también explícita en el Green New Deal con Joe Biden (2021-), pretendía, en la década de 1990, reinterpretar la trayectoria demócrata, utilizando la memoria de una alternativa exitosa para proponer un plan que combinara la economía y el medio ambiente. Con el estudio de los documentos producidos en el período, se observó la construcción de una narrativa basada en un enfoque sistémico, integrado y preocupado por los impactos socioambientales en las minorías. Así, si la década de 1980 contribuyó a la profesionalización de los grupos ambientalistas, los siguientes se caracterizaron por la complejización de las estrategias de sus oponentes. Frente a los nuevos contornos del debate económico, que alineaban el desarrollo y el medio ambiente, el costo político de justificar la contaminación como condición para la prosperidad se volvió insostenible. Alternativamente, los republicanos comenzaron a emplear la defensa de valores caros a los conservadores, sustentada por Reagan, y la oposición a la agenda climática, inaugurada por H. W. Bush.

En este contexto, los grupos conservadores buscaron caracterizar las políticas ambientales demócratas como productoras de resentimiento. Apoyados por sectores de la economía nacional, levantaron un campo intelectual de oposición que cuestionaba la legitimidad del gobierno federal para restringir las libertades individuales, ya que esto limitaría el derecho divino a las riquezas naturales del país, impidiendo la prosperidad. En sus manifestaciones, el New Deal se convirtió en un objetivo principal, contrarrestando la narrativa demócrata con el resurgimiento de las insatisfacciones de los habitantes del campo y del Oeste. Esta narrativa moral conservadora ha sido incorporada a la agenda del Partido Republicano. La orientación a sus representantes en los debates ambientales fue evitar argumentos económicos, poner en duda la ciencia y centrar la discusión en los valores morales (TURNER; ISENBERG, 2018). Con ello, buscó desviar el foco de los debates, defendiendo los intereses de sus simpatizantes sin atacar directamente al medio ambiente. Aunque la economía siguió siendo importante, los discursos económicos y científicos perdieron centralidad en la orientación del pensamiento y la acción antiambiental en la década de 1990 (VASQUES, 2021).

La victoria de W. Bush después de unas elecciones problemáticas lo encaminaba a una presidencia débil. El 11 de setiembre, los ataques con ántrax y, más tarde, las guerras de Irak y Afganistán revirtieron esta situación, influyendo en la política medioambiental. Incluso disputando con Al Gore, los republicanos fueron capaces de articular con éxito un discurso electoral en el que proyectaron a W. Bush como un ambientalista (JALONICK, 2004; DAYNES; SUSSMAN, 2008). Tales promesas de campaña, sin embargo, se desvanecieron al comienzo del gobierno. Con el apoyo de grupos como wise use movement y el American Enterprise Institute, y cercano al conservadurismo de Reagan, Bush emprendió importantes reveses en la agenda ambiental, aunque dio algunas medidas positivas.

Con W. Bush se recuperó el repertorio de Reagan, adaptado a su contexto. Para los nombramientos políticos se recurrió a personas experimentadas del sector privado, organizaciones no gubernamentales y bufetes de abogados. Las vacantes en los puestos se utilizaron estratégicamente para vaciar las rutinas burocráticas (HULT, 2003; SAMET; BURKE, 2001). Propuso recortes presupuestarios, a pesar de que fueron parcialmente revertidos en el Congreso. Además, se observó un uso generalizado de órdenes ejecutivas para revocar las acciones de Clinton y reorientar el proceso regulatorio. W. Bush actuó reduciendo los mecanismos de mando y control, favoreciendo soluciones voluntarias y basadas en el mercado (BRECHIN; FREEMAN, 2004). Internamente, adoptó un lenguaje y prácticas subrepticios para promover la agenda conservadora, como se explica en los nombres de las propuestas para revertir la regulación (por ejemplo, Clear Skies, Healthy Forest Initiative), reducir la exposición a los medios de comunicación, obstaculizar el acceso a la información, amenazar a los científicos y alterar los estudios técnicos (RECHTSCHAFFEN, 2003; DEVINE, 2004).

La resistencia de H. W. Bush y el fracaso de Clinton en la ratificación del Protocolo de Kioto, marcado por la aprobación de la Resolución Byrd-Hagel en el Congreso (1997), caracterizaron un escenario favorable para el rechazo del acuerdo por parte de W. Bush. A través del análisis de la justificación enviada al Senado, es posible afirmar que el documento sintetizó el enfoque conservador y explicitó la política exterior ambiental del país. En ella, buscaba salvaguardar los intereses nacionales, apuntando principalmente a proteger o promover su economía, articulando un marco competitivo favorable o, al menos, equilibrado entre sus competidores. Consistentemente, la diplomacia estadounidense ha rechazado o evitado transferir recursos financieros o intelectuales a naciones periféricas (HARRIS, 2009). Y, sobre todo, defendió su soberanía y autonomía, que ha sido evidente desde H. W. Bush, cuando el presidente renunció al protagonismo del país, prefiriendo negociar acuerdos individuales o de pequeños grupos. Esto es lo que hizo W. Bush en 2007, cuando invitó a los países que emitían más gases de efecto invernadero a trabajar en soluciones climáticas. Biden adoptó una estrategia similar en 2021 cuando convocó su Cumbre del Clima y, meses después, limitó los resultados de la COP-26⁴.

El intento de concertación de W. Bush junto a los grandes emisores no impidió la continuidad de su oposición al cambio climático. Sin embargo, desde H. W. Bush, los costos políticos de esta conducta se ampliaban y, según los estrategas republicanos, ya no era posible evitar proponer alternativas, so pena de poner en riesgo las elecciones (COHEN, 2004). Así, la diplomacia estadounidense buscó articular el debate internacional a la luz de sus directrices, lo que se mostró inviable. Sobre todo, teniendo en cuenta que sus acciones a nivel interno iban en contra de los debates multilaterales. Esto se evidenció en la resistencia en el Poder Legislativo, el Poder Judicial y en las articulaciones de la sociedad civil. Este escenario también contribuyó a la consolidación del papel de las entidades subnacionales en la lucha contra la agenda de retrocesos ambientales del gobierno federal (CRAIG, 2003). Por ejemplo, Massachusetts v. EPA, que falló a favor de la afirmación del pleito estadual para utilizar el Clean Air Act como base legal para que la EPA regule las emisiones de dióxido de carbono.

W. Bush puso en práctica el manual antiambientalista elaborado en la década de 1990. Su convergencia con la política exterior adoptada por Estados Unidos para los años siguientes, incluso en los gobiernos demócratas, es notoria. El debate moral se movilizó para justificar la reorientación de la acción estatal sobre los agentes regulados, marginando las medidas de mando y control, y favoreciendo las soluciones de mercado. En general, Bush contribuyó al desgaste de las prácticas republicanas mediante el uso de medios engañosos para comunicar y justificar sus decisiones. Aunque al final de su gobierno apoyó ciertas medidas progresistas, estas tuvieron un impacto limitado ante los retrocesos promovidos. Así, si las disputas por la propiedad y las tierras públicas sirvieron para acercar a los núcleos conservadores en las décadas de 1980 y 1990, el debate climático pasó a ejercer este papel en el siglo XXI. Su antagonismo deja de ser una defensa de los principios de la política exterior y une a la oposición contra la agenda ambiental.

Ambiente como seguridad nacional y la inversión liderada por Trump

La disputa entre John McCain y Barack Obama en 2008, al igual que en elecciones anteriores, produjo una inflexión en el discurso de oposición a la agenda ambiental de los republicanos (GERRARD, 2008). En ese momento, Estados Unidos estaba lidiando con las consecuencias de la crisis financiera, dando centralidad al debate económico. Eso no impidió que, con la victoria de Obama, este se identificara a sí mismo como un ambientalista. Sin embargo, su alejamiento de esta agenda en su primer mandato fue visto por sus partidarios como una decisión estratégica para priorizar otras políticas (por ejemplo, la salud pública) y para lidiar con los conservadores en las elecciones de 2010 (HILL, 2020). Los enfoques críticos recuerdan que la ruptura de las expectativas de los ambientalistas también estuvo ligada al apoyo a la industria fósil, véanse los estímulos dados a la exploración de gas esquisto, vía fracking (GONZÁLEZ, 2018).

Como se ha mencionado, a finales de la década de 1970, los sectores regulados pleiteaban la flexibilización de las normas ambientales. Bajo Reagan, esta demanda adquirió contornos económicos. En la década de 1990, las soluciones de mando y control perdieron espacio para las basadas en mecanismos de mercado (por ejemplo, cap-and-trade). En línea con el discurso internacional dominante, estos últimos instrumentos ganaron protagonismo, siendo adoptados por ambas partes. Algo similar ocurrió en la administración Obama, que asoció discursos relacionados con el medio ambiente con la agenda de securitización (BRICKER, 2012). A diferencia de la lógica de escasez de Carter, que proponía un cambio en la forma de vida, contrastando la prosperidad con el uso racional de los recursos, H.W. Bush, en 1991, incluyó el medio ambiente en su estrategia de seguridad nacional. Clinton se adhirió a esta narrativa, articulando sectores de la burocracia en esta dirección (O’GORMAN, 2014). Bajo W. Bush, el debate sobre la seguridad tomó la faz de la lucha contra el terrorismo, y, en ese momento, la amenaza terrorista interna declarada por el gobierno como el número uno era un movimiento ambientalista, el Earth Liberation Front (LOADENTHAL, 2013).

La aglutinación entre el medio ambiente y la seguridad nacional se guía, por regla general, por los riesgos de dependencia de los recursos naturales y por la inestabilidad geopolítica resultante de la escasez resultante de la degradación del medio ambiente. En la campaña de 2008, Obama incorporó a este discurso la idea de que el cambio climático sería una amenaza aún mayor (O’GORMAN, 2014). El fracaso de la lógica de la escasez, el lugar común de los argumentos económicos, el predominio de un debate público basado en fundamentos morales y la disminución del apoyo popular a la guerra, fueron decisivos para esta estrategia. Los demócratas se habrían dado cuenta de que el tema de la seguridad nacional podría movilizarse para debatir sobre el clima con los conservadores en el plano de los valores caros a los estadounidenses. En este contexto, la justificación de la acción climática tendría su altruismo planetario marginado en favor de la necesidad de salvaguardar la soberanía nacional. Esta defensa sería una condición para el mantenimiento de la hegemonía internacional del país, y una forma de asegurar la prosperidad de sus ciudadanos. Esta narrativa se evidenció con la asociación de este discurso con el manejo de los daños causados por el huracán Sandy en 2012 (HILL, 2020).

Si bien Obama tuvo poco éxito en esta estrategia, eso no impidió que su segundo mandato hiciera hincapié en los problemas ambientales. Ante la imposibilidad de avanzar en lo legislativo, los demócratas adoptaron, nuevamente, una presidencia administrativa (TZOUMIS et al., 2015). Este modelo de acción produjo tensiones entre varios congresistas, que lo vieron como un intento de usurpar sus poderes. Esto se notó especialmente en el Clear Power Plan, en los acuerdos climáticos bilaterales y en la firma del Acuerdo de París (KRAFT; VIG, 2019). La intensificación del conflicto con el Congreso en un ambiente polarizado (DUNLAP et al., 2016), contribuyó a acercar a los republicanos, quienes convergieron para defender una agenda contraria a la gestión climática. La unidad fortalecida por este choque fue fundamental para sostener la política antiambientalista de la administración de Donald Trump (2017-21), aunque esto apoyo ocurrió con numerosos conflictos dentro del partido.

Trump fue percibido como un candidato viable en la medida en que ganó un amplio apoyo social, desplazando a sus rivales internos. La elección de Michael Pence como vicepresidente lo conectó con las bases tradicionales del partido, especialmente con sus principales líderes y donantes (CLEMENTI, 2021). Las tensiones partidistas internas se hicieron explícitas en el tema ambiental cuando Trump optó por subvertir un elemento central del libro de jugadas republicano. En lugar de tratar el tema como un lastre, radicalizó su enfoque al reconciliar el discurso moralista con la inversión de dicha percepción. Es decir, argumentar que la acción republicana debe ser vista como un activo a ser explotado por el electorado (TURNER; ISENBERG, 2018). La sinuosidad adoptada en los discursos de los gobiernos conservadores anteriores se revistió de contornos adicionales, siendo caracterizada por sus promotores como franca y directamente comunicable a las fracciones resentidas de la población.

Una mirada a la comunicación política de Trump y sus cambios nos ofrece elementos para percibir rupturas y continuidades. Lo mismo puede decirse del uso de acciones administrativas para revertir las políticas de Obama, la selección de funcionarios gubernamentales de alto rango de corporaciones, cabilderos, organizaciones no gubernamentales y bufetes de abogados, el recorte de los presupuestos de las agencias federales y de las políticas públicas, y la intensa presión para la desregulación en lo legislativo. La selección de Scott Pruitt como administrador de la EPA, un abogado que ha representado a varios gobiernos estatales contra el Clean Power Plan de Obama, haría explícito el compromiso de Trump de promover una agenda antiambiental. Pruitt argumentó que la EPA debía volver a sus funciones originales, vinculadas a la gestión del agua y el aire, y que varios de los poderes federales debían ser transferidos a los gobiernos estatales, retomando el federalismo de Nixon, defendido por Reagan (KRAFT; VIG, 2019). Una novedad importante son los constantes enfrentamientos federativos en temas ambientales, migratorios y de pandemia de Covid-19 (CLEMENTI, 2021).

A partir del análisis de sus declaraciones, es posible sostener que Trump defendió que la regulación ambiental sería una de las razones que impediría el crecimiento económico del país. Para defender su posición, se puede ver en sus discursos que mantiene la estrategia de poner a la ciencia bajo constante duda, y de definir las acciones contra el cambio climático como una costosa farsa para la nación. La retirada del Acuerdo de París podría compararse con la decisión de W. Bush respecto al Protocolo de Kioto, reforzando la idea de que no habría habido rupturas significativas en Trump, sino solo un cambio en el estilo de gobierno (HERBERT et al., 2019). Sin embargo, a través de una lectura más amplia de este panorama, sería posible entender esta decisión de una manera diferente. A pesar de que sus antecesores favorecieron las negociaciones bilaterales, actuando para limitar las posibilidades de acuerdos en espacios multilaterales, no cuestionaron su existencia. Cuando abandona las negociaciones internacionales, Trump afirma que lo hace en nombre de la soberanía nacional, criticando el contenido del acuerdo y, sobre todo, la legitimidad de los foros multilaterales -véase la posición adoptada por él en relación con la Organización Mundial de la Salud durante la pandemia de Covid-19.

Incluso con la implementación de la agenda antiambiental, los sectores regulados se beneficiaron poco (NERGER et al., 2021). Y a pesar de que gran parte de tales medidas estaban siendo deshechas por Biden, esta dinámica refuerza los dilemas asociados con la capacidad de Estados Unidos para cumplir con los acuerdos internacionales. Esto se debe a que el impase del Congreso y las presidencias administrativas han contribuido a un contexto institucional volátil, ya que tales medidas pueden ser deshechas por los gobiernos posteriores. Por lo tanto, es posible que el legado de Trump sea menos institucional y más ideacional, debilitando la confianza en las instituciones democráticas y el conocimiento científico. Al mismo tiempo, también ha fortalecido la idea de incompatibilidad entre la gestión ambiental y la prosperidad económica, los sentimientos nacionalistas y las visiones patriarcales blancas, en detrimento de un entorno diverso y plural (BOMBERG, 2021). A esta lista se suma el debilitamiento de los espacios multilaterales de negociación. Ese legado, que ayudó a impulsar el asalto al Capitolio en enero de 2021, no parece haberse debilitado con la derrota electoral de Trump.

El antiambientalismo como aspecto de la crisis de las democracias liberales

Al percibir el ambientalismo como una razón de gobierno de las conductas humanas en su relación con el entorno del siglo XX (VASQUES, 2018), se hace posible someterlo a la crítica a la luz de su contingencia. Se pueden explicitar sus singularidades y explorar las implicaciones dentro y fuera de sus espacios disciplinares. Teniendo en cuenta su paradójica relación de superposición y oposición con las políticas de conservación de la naturaleza del siglo XIX, se argumenta que el surgimiento y la consolidación del ambientalismo están directamente relacionados con el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Además de la insuficiencia de las ciencias naturales para responder adecuadamente a las demandas sociales emergentes, se adicionan cambios en las relaciones entre naciones que, entre otras, comienzan a oponerse a nuevas expropiaciones. El predominio del ambientalismo dominante en la actualidad se haría explícito por su capacidad para hacer frente a esta coyuntura. En general, esto ha ocurrido a través de la incorporación de las ciencias humanas a temas entonces monopolizados por las ciencias naturales, y a través de su articulación con mecanismos económicos y competitivos, que contribuyen a caracterizar la buena gobernanza y los modos de acceso a los recursos fuera de sus territorios (VASQUES, 2018).

El surgimiento de la oposición al ambientalismo a finales de la década de 1970 y su consolidación bajo Reagan tienen implicaciones directas para quienes se oponen al Estado de bienestar social, como se desprende de las evocaciones del New Deal. Sin embargo, se distinguen los contornos de estos antagonismos, y se explicitan sus particularidades a partir del entendimiento de que, cuando se trata del medio ambiente, nos estamos refiriendo a una nueva razón de gobierno de los sujetos y del entorno, propia de la segunda mitad del siglo XX. Esa escisión es percibida, por ejemplo, en la evocación de las políticas de conservación de la naturaleza de Theodore Roosevelt por republicanos y conservadores, al mismo tiempo que se oponen a las políticas climáticas-ambientales. Este recuerdo puede relacionarse con diferentes significados. Es decir, si en las décadas de 1980 y 1990 podría interpretarse como parte de los choques vinculados a la conformación del ambientalismo emergente, en el siglo XXI, parece exponer un deseo de retorno al pasado, que niega y busca romper con los acuerdos vigentes en el presente.

En el contexto de la Guerra Fría, la superposición entre el ambientalismo y el mercado había sido evidente a nivel internacional, al menos desde las reuniones celebradas en Founex, Suiza, a finales de la década de 1960 (LAGO, 2007). Esta convergencia fue promovida como una de las ventajas del capitalismo en el mundo bipolar, asociando la gobernanza del medio ambiente⁵ con el reconocimiento de un avance moral colectivo, el respeto a la soberanía, un camino hacia la prosperidad y un instrumento de cooperación entre los pueblos. El apoyo de Reagan a esta narrativa, explicitada con la firma del Protocolo de Montreal, lo contradecía en relación con su discurso interno, dirigido a restringir los efectos de la regulación ambiental. Esta incompatibilidad duró hasta el final de la Guerra Fría, cuando se rearticuló su política exterior ambiental (HARRIS, 2009). El discurso de la cooperación global ha sido marginado frente a la disputa por la regulación bajo un sesgo competitivo, aprovechando su dominio internacional para llevar a cabo negociaciones en entornos bilaterales o en pequeños grupos.

La renuncia a su protagonismo en los foros multilaterales sobre el medio ambiente en el decenio de 1990 contribuyó al debilitamiento de las iniciativas de cooperación internacional. Ese escenario se mantuvo bajo Clinton, donde las preocupaciones económicas nacionales fueron salvaguardadas por una legislatura conservadora. El discurso de la guerra contra el terrorismo ha dado nuevos contornos a la tendencia de no cooperación de Estados Unidos. Esto se debe a que, si en el plano interno la protección de la seguridad nacional legitimaría la cautela adicional en la asunción de metas y plazos, en el plano externo se puso en jaque el respeto a la soberanía nacional con la posibilidad de pensar en la aplicación de doctrinas como el right to protect a cuestiones ambientales (EVANS, 2009). La disminución del apoyo popular a la guerra y el estallido de la crisis financiera de 2008 limitaron los efectos de tales discursos, que no impidieron el mantenimiento de la acción republicana conservadora, manifestada en el rechazo al Protocolo de Kioto.

Aun con resistencias en el Poder Judicial, en las articulaciones sociales o con entidades subnacionales, el mantenimiento del impase legislativo ha sido determinante para el fortalecimiento de la agenda antiambientalista. Ante la imposibilidad de una acción bipartidista, la decisión de Obama de confrontar al Congreso sobre el tema climático en su segundo mandato es una prueba de ello. La convergencia de los intereses de los sectores regulados con los grupos conservadores contribuyó significativamente a delinear los contornos de las políticas ambientales federales internas y externas (TURNER; ISENBERG, 2018). Al definir el interés nacional a la luz de las prácticas de competencia y concurrencia, y colocándolo como una prioridad en las negociaciones multilaterales, éstas fueron prácticamente inviables. Bajo esta estrategia política, si en el apogeo de su protagonismo en el período posterior a la Guerra Fría, actuar en cooperación internacional implicaba relativizar su dominio, con los signos de su declive, recurrir al multilateralismo llegó a caracterizar su debilitamiento. La firma del Acuerdo de París con China en 2016 durante el proceso electoral y ante la certeza de su no ratificación por parte del Congreso hizo explícito el desplazamiento de Estados Unidos en el orden político-económico que el propio país contribuyó a establecer en el siglo XX.

La política de distanciamiento cooperativo ha adquirido los contornos de una ruptura con Trump, y las opciones de los republicanos conservadores han adquirido nuevos significados. El discurso negacionista hizo que converjan miradas sobre su desarrollo, exigiendo que se abordaran sus consecuencias. Sin embargo, si la creciente polarización en temas ambientales y climáticos (DUNLAP et al., 2016) pareciera demostrar la efectividad de esta acción, se cree que la condición de posibilidad para su éxito no estaría en el fomento de la radicalización por parte de Trump y sus correligionarios. Esto residiría en las fisuras abiertas por el deshilachamiento de la convergencia social en torno a la democracia como apuesta colectiva. Lo que estaría asociado, en gran medida, al incumplimiento de las expectativas de ciudadanía prometidas en el marco de las posibilidades que ofrecía el orden de posguerra, y explicitadas por la profundización de la desigualdad social. Esta insatisfacción no se experimentaría exclusivamente en Estados Unidos, sino que se extendería en diferentes grados a otras democracias liberales occidentales, alcanzando niveles inéditos en el siglo XXI (FOA et al., 2020).

La constitución de la racionalidad ambiental como uno de los aspectos fundamentales en las relaciones establecidas en la posguerra permitiría observar las implicaciones de las estrategias de oposición sobre la democracia. La convergencia de este supuesto con la premisa de que la radicalización de los conservadores haría explícito un deseo de ruptura reforzaría las razones por las que la agenda climática se ha convertido en un objetivo prioritario. Abandonar el Acuerdo de París significaría a nivel internacional -donde tal dinámica es más fácilmente perceptible- negar el modelo actual de relaciones entre Estados soberanos. En el contexto de este conservadurismo disruptivo, la razón de sus discursos y prácticas sería el entendimiento de que sería inviable para Estados Unidos garantizar la prevalencia de sus intereses nacionales en el entorno de competencia internacional establecido entre democracias liberales, en el que las normas ambientales son un componente relevante. Lo que estaría en juego no sería el contenido del acuerdo climático, sino las normas que permitan redactarlo. En este contexto, la victoria de los demócratas en 2020 representaría, aparentemente, un intento de distanciarse de los ensayos de ruptura, volviendo a la postura de defender el interés nacional estadounidense a partir de los arreglos internacionales vigentes.

Ese movimiento de los Estados Unidos representaría el regreso de la postura poco cooperativa del país en los espacios multilaterales. El mantenimiento del impase en el Congreso es casi un reflejo de la idea de que, aunque los estadounidenses apoyan en gran medida las cuestiones ambientales, existen grandes desacuerdos sobre las acciones a tomar. Esta situación, que no es casual, los mantiene en un anacronismo en relación con la agenda internacional, sugiriendo que, a pesar de eventuales derrotas electorales de los conservadores, los efectos de este deshilachamiento permanecen. Si bien la oposición al discurso negacionista constituye una dimensión relevante, el mantenimiento de este conflicto, por ejemplo, en términos del antagonismo entre lo técnico y lo político, contribuye en ciertos aspectos a distanciar el debate de una de sus dimensiones estructurantes, es decir, el deseo de ruptura democrática. No se trata de ignorar el antiambientalismo y sus consecuencias, sino de entender que su irrupción en el siglo XXI constituiría un efecto -que también refuerza esta dinámica- de las tensiones provocadas por los crecientes juicios a proyectos políticos autoritarios.

Conclusiones

La historia del medio ambiente como razón de gobierno del entorno está directamente implicada en la reconfiguración de las relaciones entre las naciones en el período de posguerra, especialmente en las democracias liberales occidentales. El caso de Estados Unidos explicita cómo la oposición liderada por grupos conservadores, a pesar de las continuidades, también se revistió de diferentes significados en su trayectoria, extrapolando las dinámicas nacionales. Si bien en la década de 1970 el acercamiento a la economía era inevitable, el mantenimiento del amplio papel internacional de Estados Unidos era una condición indispensable en el mundo bipolar. Al final de la Guerra Fría, el discurso conservador se había consolidado en convergencia con los intereses y valores nacionales, influyendo en la política exterior ambiental de Estados Unidos durante las décadas siguientes. Era evidente que, a partir de ese momento, independientemente de la afiliación partidista, cualquier acuerdo internacional exigiría una alineación prioritaria con las cuestiones de orden nacional definidas en el ámbito de esta dimensión conservadora. La administración Trump se caracteriza por ser un ensayo de ruptura en relación con lo esbozado en la década de 1990.

El diagnóstico de ciertos grupos económicos de que sería inviable garantizar la prevalencia de sus intereses compitiendo en las reglas vigentes y, por tanto, exigiendo acciones a su favor, converge con una fuerte racionalidad conservadora, que se oponía al marco de valores establecido en la posguerra. Su radicalización y reorientación de la acción para impulsar un proyecto político alternativo implicaría la percepción de que se habría vuelto viable frente a la comprensión del deshilachamiento de las bases sociales de apoyo a la democracia. La difusión de su proyecto político autoritario encuentra espacio y adhesión, presentándose como una opción para hacer frente a las expectativas de ciudadanía no entendidas a lo largo de las últimas décadas. Así, se argumenta que esta dinámica no explica exactamente una crisis del capitalismo, sino de los supuestos que hacen posible la conciliación de la democracia con una racionalidad de gobierno neoliberal, en la que la trayectoria del ambientalismo, en particular el debate climático, ofrece un punto de vista privilegiado de observación. El eventual predominio de esta dimensión autoritaria podría, en última instancia, implicar una reconfiguración del entorno y de su razón de gobierno, que culminaría en la transformación o incluso el fin del ambientalismo.

Agradecimientos

Este estudio fue financiado en parte por la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Finanzas 001. La financiación se produjo en el ámbito de las actividades del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Estudios de los Estados Unidos (INCT-INEU) coordinado por el prof. Sebastián Carlos Velasco y Cruz.

Referencias bibliográficas

• Bomberg, Elizabeth (2021). The environmental legacy of President Trump. Policy Studies. 42(5-6). pp. 628-645.
• Bricker, Brett (2012) Salience Over Sustainability: Environmental Rhetoric of President Barack Obama. Argumentation and Advocacy. 48(3). pp. 159-173.
• Brechin, Steven R., Freeman, Daniel A. (2004). Public Support for Both the Environment and an Anti-Environmental President: Possible Explanations for the George W. Bush Anomaly. The Forum. 2(1). pp.1-20.
• Clementi, Francesco (2021). Four years of conflicts: State Governors and President Trump. DPCE Online. 46(1).
• Cohen, Maurie J. (2004). George W. Bush and the Environmental Protection Agency: A Midterm Appraisal. Society & Natural Resources: An International Journal, 17:1, 69-88.
• Craig, Robin K. (2003). The Bush administration and the environment: an overview and introduction. Western New England Law Review. 25(1). pp. 1-27.
• Daynes, Byron W., Sussman, Glen. (2010). White House Politics and the Environment. College Station: Texas A&M University Press.
• Daynes, Byron W., Sussman, Glen. (2008). President George W. Bush: “Pale Green” Responses to the Environment? The American Review of Politics. 29. pp. 371-385.
• Devine, Robert S. (2004). Bush Versus the Environment. New York. Anchor Books.
• Dunlap, Riley E. (1987). Polls, Pollution, and Politics Revisited Public Opinion on the Environment in the Reagan Era. Environment: Science and Policy for Sustainable Development. 29 (6).
• Dunlap, Riley E., McCright, Aaron M., Yarosh, Jerrod H. (2016). The Political Divide on Climate Change: Partisan Polarization Widens in the U.S. Environment: Science and Policy for Sustainable Development. 58(5). pp.4-23.
• Evans, Gareth. (2009). The Responsibility to Protect in Environmental Emergencies. Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law). v. 103. pp. 27-32.
• Foa, R.S., Klassen, A., Slade, M., Rand, A. and R. Collins. (2020). The Global Satisfaction with Democracy Report 2020. Cambridge, United Kingdom: Centre for the Future of Democracy.
• Gerrard, Michael B. (2008). McCain vs. Obama on Environment, Energy, and Resources. Natural Resources & Environment. 23(2). pp. 3-7.
• Gonzalez, George A. (2018). The Obama Administration’s Global Warming Legacy: Going with the Flow and the Politics of Failure. In Rich, Wilbur C. (ed.) Looking back on president Barack Obama’s legacy. Palgrave Macmillan, Cham. pp. 191-210.
• Harris, Paul G. (2009). Beyond Bush: Environmental politics and prospects for US climate policy. Energy Policy. 37. pp. 966-971.
• Herbert, Jon, McCrisken, Trevor, Wroe, Andrew (2019). The Ordinary Presidency of Donald J. Trump. London: Palgrave MacMillan.
• Hill, Alice C. (2020). Lessons from the Obama White House: how climate policy really gets done. In Henry, Claude, Rockström, Stern, Nicholas (ed.) Standing up for a Sustainable World. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
• Hult, Karen. (2003). The Bush White House in Comparative Perspective. In The George W. Bush Presidency: an early assessment. Baltimore: John Hopkins University Press. pp. 68-69.
• Jalonick, Mary C. (2004). The George W. Bush Administration: A New Environment? The French Center on the United States.
• Kraft, Michael E., Vig, Norman J. (1984). Environmental Policy in the Reagan Presidency. Political Science Quarterly. 99(3), pp. 415-439.
• Kraft, Michael E. (2000). U.S. Environmental Policy and Politics: From the 1960s to the 1990s. Journal of Policy History. 12(1), pp. 17-42.
• Kraft, Michael E., Vig, Norman J. (2019). Environmental Policy: new directions for the twenty-first century. Los Angeles: CQ Press.
• Lago, André A. C. (2007). Estocolmo, Rio, Joanesburgo. O Brasil e as três conferências ambientais das Nações Unidas. Brasília: Instituto Rio Branco.
• Loadenthal, Michael. (2013) The Earth Liberation Front: A Social Movement Analysis. Radical Criminology: an insurgent journal. 2. pp. 15-45.
• McCarthy, James. (2002). First World political ecology: lessons from the Wise Use movement. Environment and Planning A: Economy and Space. 34(7), pp: 1281-1302.
• Nerger, Gian-Luca, Huynh, Toan Luu Duc, Wang, Mei (2021). Which industries benefited from Trump environmental policy news? Evidence from industrial stock market reactions. Research in International Business and Finance. 57.
• O’Gorman, Mark (2014). Natural Uncertainty: Reconciling the Contrasting Environmental Goals of America’s First Natural Security President-Barack Obama. In Holder, Ward R., Josephson, Peter B. (ed). The American Election 2012: Contexts and Consequences. New York: Palgrave MacMillan. pp.171-185.
• Rechtschaffen, Clifford. (2003). The Bush Record on the Environment: What a Difference Two Years Make. Class Action. Spring/Summer. Class Action.4. pp. 2-10.
• Samet, Jonathan M., Burke, Thomas A. (2001). The Bush administration, the environment and public health - warnings from the first 100 days. International Journal of Epidemiology. 30, pp. 658-660.
• Sánchez, Luis E. (2008) Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. São Paulo: Oficina de textos.
• Short, C. Brant. (2004). Conservation Reconsidered: Environmental politics, Rhetoric and the Reagan Revolution. Peterson, Rai T. Green Talk in the White House: the rhetorical presidency encounters ecology. College Station: Texas A&M University Press. pp. 134-153.
• Turner, James M., Isenberg, Andrew C. (2018). The republican reversal. Conservatives and the Environment from Nixon to Trump. Harvard University Press. Cambridge, MA.
• Tzoumis, Kelly, Bennett, Susan, Stoffe, Elizabeth (2015). The executive order in the United States: a policy tool used that has shaped environmental policy and decisions from Presidents Franklin D. Roosevelt to Barack Obama. Environment Systems and Decisions. 35(3). pp. 401-409.
• Vasques, Pedro Henrique Ramos Prado. (2018). O governo ambiental no Brasil: uma análise a partir dos processos de avaliação de impacto ambiental. (325p.). Tese (doutorado). Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP. Disponível em: https://doi.org/10.47749/T/UNICAMP.2018.1045717
  » https://doi.org/10.47749/T/UNICAMP.2018.1045717
• Vasques, Pedro Henrique Ramos Prado. Anti-ambientalismos nos Estados Unidos e no Brasil: uma avaliação sobre os elementos que contribuíram para sua emergência. Sul Global, v. 2, p. 173-198, 2021.
• Wenner, Lettie M. (1990). The Reagan Era in Environmental Regulation. Mills, Miriam K. Conflict Resolution and Public Policy. New York: Greenwood Press. pp. 41-60.

• 1
  - Un movimiento articulado en el Oeste, entre 1970-80, que proponía cambios en la administración de las tierras públicas federales, ampliando el control de las autoridades locales sobre dichos espacios.
• 2
  - Era un movimiento de base, apoyado por las grandes empresas, que tenía como objetivo ampliar los derechos de propiedad y reducir la intervención del gobierno en las tierras públicas.
• 3
  - El wilderness iría más allá de la naturaleza salvaje. Sería un elemento identitario esencial de la cosmología puritana, con una función moral. Su avance representaría el cumplimiento de una profecía y el proceso por el cual los europeos se convertirían en estadounidenses.
• 4
  - https://www.actionaidusa.org/news/fossil-fuels-in-the-cop-decision-text-why-the-u-s-not-indiais-the-problem/ (último acceso en 13.01.2022).
• 5
  - Esto no significa que la preocupación por el tema ambiental estaría ausente en los países del otro lado de la Cortina de Hierro (SÁNCHEZ, 2008).

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  29 Nov 2024
• Fecha del número
  2024

Histórico

• Recibido
  10 Jul 2023
• Acepto
  16 Abr 2024