A manifestação sem as ruas? Formatos de protesto e a relação com as restrições à circulação na Argentina (2020)RESUMEN
Las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) por la pandemia de COVID-19 instauradas en Argentina plantearon desafíos a la protesta, tradicionalmente vinculada a la ocupación del espacio público. El objetivo del artículo es analizar los formatos de protesta durante el aislamiento atendiendo a los factores que incidieron en la decisión de los actores de respetar o no las restricciones. Nuestra hipótesis es que hubo tres factores que dan cuenta de por qué los actores decidieron respetar o no el ASPO: un factor económico, un factor institucional y un factor político. A medida que avanzaba el ASPO, las protestas que no respetaron las restricciones aumentaron impulsadas por la crisis económica, la capacidad de los actores para canalizar sus demandas institucionalmente y la politización de las protestas como herramienta de oposición al Gobierno. Utilizamos una base cuantitativa de eventos de protesta construida en el marco del Observatorio de Protesta Social (OPS).
Palabras Clave:
protesta social; repertorios; pandemia; aislamiento social preventivo y obligatorio; acción colectiva
RESUMO
As medidas de isolamento social preventivo e obrigatório (ASPO) devido à pandemia de Covid-19 na Argentina apresentaram desafios para os protestos, tradicionalmente vinculados à ocupação do espaço público. O objetivo do artigo é analisar os formatos de protesto durante o isolamento, focando os fatores que influenciaram a decisão dos atores de respeitar ou não as restrições. Nossa hipótese é que três fatores explicam por que os atores decidiram cumprir ou não o ASPO: um fator econômico, um fator institucional e um fator político. À medida que o ASPO avançava, os protestos que desrespeitaram as restrições aumentaram, impulsionados pela crise econômica, pela capacidade dos atores de canalizar suas demandas institucionalmente e pela politização dos protestos como ferramenta de oposição ao governo. Utilizamos uma base de dados quantitativa de eventos de protesto construída no âmbito do Observatório de Protesta Social (OPS).
Palavras-chave:
protesto social; repertórios; pandemia; isolamento social preventivo e obrigatório; ação coletiva
INTRODUCCIÓN
El surgimiento de la pandemia provocada por el virus COVID-19 llevó al gobierno de Alberto Fernández a tomar medidas excepcionales frente a la emergencia sanitaria en toda Argentina. Por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 297/2020, el 20 de marzo del año 2020 se estableció el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), lo que significó reformular gran parte de las actividades que se realizaban cotidianamente en actividades esenciales y no esenciales, junto con la restricción del espacio público a la circulación social. Esto planteó interrogantes en torno al desenvolvimiento de la protesta social, teniendo en cuenta que la misma se encuentra íntimamente asociada a la ocupación del espacio público en tanto espacio eminentemente político donde se manifiestan distintas formas de ejercer derechos, libertades y la propia condición ciudadana (Borja, 2003).
La protesta durante la pandemia fue abordada por distintos autores. Gradín et al. (2022), relevaron hechos de protesta en los dos primeros años del gobierno de Fernández (2019-2023). Si bien partieron de una definición de protesta diferente, sus datos también muestran que la conflictividad fue constante en el ASPO pese a las restricciones. Por su parte, Agustín Nava y Juan Grigera (2022) destacaron que durante abril y mayo de 2020 hubo un aumento en el nivel de protesta sobre todo sindical, datos que concuerdan con los construidos para este artículo. Rebón (2022) analizó a partir de una encuesta nacional la relación entre la estructura social y la concurrencia a la protesta durante la pandemia. Otros trabajos se han enfocado en la conflictividad en sectores, regiones o provincias en particular. Basualdo y Peláez (2020) analizaron los procesos de conflictividad laboral donde dieron cuenta de que el conflicto estuvo vinculado a la excepcionalidad de la presencialidad en la actividad, la falta de condiciones de higiene y protocolos y despidos, suspensiones y retrasos y/o recortes salariales por parte de las empresas.
Del breve estado del arte se desprende una vacancia con relación a una pregunta que consideramos central relativa a la relación entre la protesta y las restricciones ¿qué factores incidieron y/o motivaron a los actores a no respetar las restricciones en el espacio público a la hora de protestar? El objetivo de este artículo es analizar los formatos de protesta durante el ASPO en Argentina, atendiendo a los factores que incidieron en la decisión de los actores de respetar o no las restricciones a la ocupación en el espacio público. Nuestra hipótesis es que hubo principalmente tres factores que dan cuenta de por qué los actores decidieron respetar o no el ASPO al momento de protestar: a) un factor económico que se puede visibilizar en el incremento de la crisis económica producto del aislamiento; b) un factor institucional, de acuerdo a la mayor o menor capacidad de canalizar sus demandas por vías institucionales; c) y un factor político, teniendo en cuenta el rol de los partidos políticos opositores y las formas de expresión de demandas que ponen en cuestión el rumbo general del Gobierno.
Tomaremos la base de datos cuantitativos de protesta social construida en el marco del Observatorio de Protesta Social (OPS). Ambos autores de este artículo formamos parte del Observatorio y de la construcción de la base de datos junto a otros/as miembros del equipo. Uno de los resultados de este trabajo fue la elaboración del informe “La protesta en cuarentena” (Natalucci et al., 2020), en el que analizamos la protesta en general durante el ASPO. En este artículo nos enfocamos en analizar la protesta del periodo con base en una distinción entre aquellos eventos de protesta que respetaron y no respetaron el ASPO y los factores que influyeron en esta decisión. De esta forma, buscamos aportar a la discusión de la acción colectiva con relación a cómo se desenvuelve la protesta en momentos de obturación del espacio público.
Las dimensiones de la protesta
El período analizado será el ASPO, el cual abarcó desde el 20 de marzo de 2020 hasta el 7 de junio de 2020, cuando el Gobierno estableció que en 18 provincias pasaban de un régimen de aislamiento a otro de “distanciamiento” con protocolos sanitarios. El recorte temporal está fundamentado en que se trató del período más restrictivo de la política sanitaria, dado que implicó el confinamiento de la población en los lugares donde se encontrara al momento de establecido el aislamiento. ¿Por qué analizar repertorios o formatos de protesta en este momento tan excepcional?
Offerlé (2011) dice que el repertorio es una coconstrucción a partir de la interacción entre quienes se movilizan y los productores del mantenimiento del orden. En este sentido, analizar repertorios de acción colectiva implica hacer foco en la ‘elección’ de los medios de visibilización pública de demandas por parte de los actores en interacción con los condicionamientos situacionales en el que se desenvuelven, como el grado de apertura de la sociedad y el espacio público, la situación socioeconómica y la capacidad del Estado de ordenar y canalizar los conflictos. La manifestación en el espacio público permite la “interacción, concreta y simbólica a la vez, entre distintos tipos de actores, ya sea directamente presentes, ya implicados a distancia” (Fillieule & Tartakowsky, 2015, p. 29). Por medio de la ocupación del espacio público los actores apelan a distintos públicos para “darse a conocer y, por otra, convencer” (p. 32). El mismo funciona como espacio de apelación, en el que distintos agentes confluyen para hacer visibles distintas problemáticas sociales y reivindicaciones políticas. En este sentido, la restricción del espacio público como arena conflictual implicó una disyuntiva novedosa para las organizaciones y los distintos grupos sociales, ¿qué factores motivaron y/o permitieron a los actores realizar formas de protesta en las calles cuando estas no estaban permitidas, en el marco del aislamiento?
Como decíamos arriba, ubicamos tres factores: un factor económico, uno institucional y otro político. Desde estas tres dimensiones buscamos dar cuenta de los factores que motivaron a los actores al momento de respetar o no el ASPO en sus acciones contenciosas. La construcción de estas dimensiones tiene su fundamentación en varios sentidos. Por un lado, desde una mirada inductivista partimos de los datos que nos arrojaba el procesamiento de la base de protesta social que utilizamos en este artículo. Esta construcción se realizó además en virtud del seguimiento respecto de la trayectoria de los actores y sus formas de protesta que los autores venimos realizando en otros trabajos de períodos previos, lo que nos permitió abordar en perspectiva la protesta durante este momento tan crucial en torno a las restricciones y al peligro en el uso del espacio público en el marco de la pandemia Covid-19, aunque el enfoque esté situado específicamente en el momento más estricto de las restricciones.
Por otro lado, si bien los motivos por los cuales los actores se movilizan no pueden ser reductibles a una sola causa ya que responden a múltiples razones, la construcción de las dimensiones tuvo un sentido más bien esquemático que facilita la identificación de los factores por los cuales los actores respetaron o no las restricciones en las protestas. Este es un recurso muy utilizado en los análisis de la acción colectiva, como la diferenciación en esferas de acción colectiva que siempre funcionan de modo relacional y yuxtapuesto (Garretón, 2002). Con relación a la dimensión económica, autores como Kriesi et al. (2020) y Bremer et al. (2020) analizaron la relación entre agravios económicos y protesta en el marco de la crisis de 2008 en Europa. Estos autores destacaron que en el marco de las democracias liberales la protesta puede funcionar como un mecanismo de señalización de los problemas económicos hacia las élites por parte de los actores para asignar responsabilidades, exigir una respuesta e incluso influir en las elecciones. En el caso del ASPO, donde la cuestión sanitaria fue el principal eje de la política frente a la pandemia, la protesta sirvió como mecanismo de visibilización de la problemática económica producto del cierre de actividades.
Ahora bien, la relación entre la cuestión económica y la protesta no es directa, sino que es menester enmarcarla en el contexto político y social en que se desenvuelve (Kriesi et al., 2020). Los actores deciden movilizarse o no también dependiendo de los lazos institucionales con los que cuentan para poder canalizar sus demandas. McAdam et al. (2005), diferenciaron la contienda contenida de la transgresiva. La primera se refiere a conflictos en los que los actores involucrados están reconocidos por el sistema político y utilizan medios aceptados en el régimen para expresar sus demandas, mientras que la transgresiva comprende aquellos conflictos en los que, o bien algunos de los participantes se ha constituido recientemente en actor político, o bien utiliza formas de acción innovadoras o que están prohibidas por el régimen vigente. En el ASPO, toda protesta que se realizó en las calles tendió a transgredir las restricciones, por lo que la dimensión institucional estuvo puesta en el grado de institucionalización del actor, tanto en su nivel de formalidad organizativa y jurídica como en el acceso a canales institucionales de negociación con el Estado para resolver sus demandas.
Siguiendo esta línea, el factor político se conjugó con estos dos factores como incentivo a movilizarse o no en contra del Gobierno. De acuerdo a Tarrow (1997), la movilización de los actores responde a los cambios en lo que llama la “estructura de oportunidades políticas”, en tanto elementos del sistema político exteriores a los actores que pueden fomentar o desincentivar a la protesta y que pueden ser explotados por los mismos actores para incentivar a la movilización. Así, un grupo político que enfrenta un entorno hostil con un acceso limitado a la toma de decisiones en el marco de un gobierno opositor, puede tender a usar el recurso de la movilización como estrategia de visibilización de su oposición al Gobierno, de rechazo a las políticas y/o como estrategia para influir en las mismas, mientras que los aliados del Gobierno pueden tener menos incentivos para protestar, sea por su capacidad de influencia o por su alineamiento político con el Gobierno. En el marco de la prohibición de circular en las calles durante el ASPO, esta situación configuró una oportunidad para la movilización de los grupos en la visibilización de su oposición al Gobierno a medida que el consenso en torno al aislamiento se iba deteriorando.
En términos metodológicos, se utilizó una base de datos de protesta construida entre 2020 y 2021 en el marco del Observatorio de Protesta Social (OPS), dirigido por la Dra. Ana Natalucci y del cual los autores de este artículo formamos parte. Para la construcción de la base, utilizamos la noción de protesta de Charles Tilly (1998), en tanto presencia en el espacio público de un colectivo u organización que plantea una demanda o reivindicación, directa o indirectamente al Estado y que moviliza recursos en ese sentido. Así, entendemos la acción de protesta como un evento de carácter contencioso producido por uno o más actores sociales que implica movilización de recursos (Schuster et al., 2006). Para el armado de la base utilizamos el método de “contar protestas” o modelo PEA –Protest Event Analysis– (Hutter, 2014) como estrategia de reconstrucción de las formas en que los actores intervienen contenciosamente en el espacio público. Como fuentes, utilizamos la edición impresa del periódico La Nación y el portal de noticias Vía País –ambas de cobertura nacional–, y los portales Todo Provincial –centrado en la Provincia de Buenos Aires– e InfoGremiales –centrado en las noticias sindicales–. Nuestro criterio no fue el de representatividad, sino reducir sesgos inherentes a las fuentes. En ellas rastreamos los eventos de protesta y las codificamos en un Excel de acuerdo a las distintas variables. Cada evento está compuesto por cuatro variables –organización, demanda, formato y lugar, aunque esta última no la abordamos aquí– las cuales son múltiples, por lo que en cada evento puede haber más de un tipo de organización, demanda, formato y lugar. El procesamiento se realizó mediante SPSS y Rstudio.
Para este artículo, se construyó una nueva variable en la base de datos del OPS que distingue las protestas que respetan y las que no respetan el ASPO. Para construirla, se analizó caso por caso teniendo en cuenta que las protestas pueden presentar múltiples formatos. Se siguió el criterio de que si la protesta presentaba un formato que por definición implica la ocupación del espacio público se consideraba que no respetaba el ASPO, la descripción de los formatos puede consultarse en Natalucci et al. (2020). En algunos casos se repuso por información contextual si la protesta respetaba o no el ASPO, y sólo en el 2,5% de las protestas no se pudo determinar. En ese caso se construyó la categoría residual “no aclara” y quedó excluida del análisis.
La protesta en el ASPO
Alberto Fernández triunfó con el 48.24% de los votos en la primera vuelta de las elecciones de 2019 contra Mauricio Macri por la alianza Cambiemos, quien buscaba su reelección. El nuevo Gobierno asumió el 10 de diciembre en un contexto complejo en tres sentidos: una región desfavorable con países vecinos gobernados por líderes de derecha–Chile, Uruguay, Brasil y un gobierno de facto en Bolivia–,; heredaba una economía en recesión, con mayor pobreza, alta inflación y elevado endeudamiento; la fuerza política que acompañó al nuevo presidente fue una coalición amplia de centroizquierda y poco articulada –el Frente de Todos–, constituida en acuerdo con la expresidenta Cristina Kirchner –quien encabezaba la vicepresidencia– con el objetivo de generar unidad entre distintos sectores políticos (Natanson, 2021). Además, el gobierno de Cambiemos (2015-2019), pese a haber perdido en primera vuelta, obtuvo el 40.28% de los votos pese a las dificultades de su gobierno, lo que planteaba al nuevo gobierno una oposición consolidada y una fuerte polarización.
Así, a solo tres meses de gobierno, surgió la pandemia por COVID-19 que trastocó los planes iniciales y obligó al Gobierno a tomar medidas excepcionales que agudizaron los problemas iniciales, lo que dificultó, además, el control de las calles.
Dimensión económica: A mayor crisis económica más calle
La tabla 1 muestra la cantidad de eventos de protesta para el período abarcado de acuerdo a los distintos decretos que prorrogaron el ASPO. A medida que avanza el tiempo se observa un aumento escalonado pero continuo de los eventos. Si al inicio del ASPO hubo 58 eventos y luego descendió a 47, aumentó paulatinamente hasta 103 eventos entre el 11 y el 24 de mayo de 2020, para luego descender a 83 eventos entre el 25 de mayo y el 7 de junio, cuando se dispone el fin del ASPO para todo el territorio de Argentina a excepción de zonas con contagios como el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que continuó en aislamiento.
Ahora bien, si analizamos en el tiempo las protestas según respetaron o no el ASPO, esto es, si implicaron un incumplimiento o no del aislamiento, observamos que, además de un aumento en la cantidad de protestas, hubo un aumento en particular de eventos que no respetaron el ASPO por sobre aquellos que sí lo respetaron. En la tabla 2 se observa que fue en el Decreto 5, cuando comenzó a incrementarse el número de eventos que no respetaron el ASPO.
De acuerdo a nuestra hipótesis, uno de los principales factores por los cuales aumentó la protesta en el espacio público que no respetó el ASPO fue el factor socioeconómico. El mismo hace referencia al agravamiento y profundización de la crisis socioeconómica a medida que pasaban los meses del ASPO. Este factor incidió principalmente en tres actores de la protesta: los sindicatos, los empresarios y las organizaciones de base territorial (OBT).
Resulta particularmente importante resaltar la cuestión socioeconómica por dos motivos. Por un lado, como comentábamos más arriba, al optar por un enfoque inductivo pudimos dar cuenta de la relevancia estadística que tuvieron las demandas asociadas a cuestiones socioeconómicas en las protestas que no respetaron el ASPO: por asistencia social directa, por política económica y las demandas asociadas al aumento o los reclamos salariales –junto a otras de carácter político como el régimen político, que analizaremos más adelante–.
Por otro lado, la pregunta por la sostenibilidad del aislamiento en el tiempo atravesó la discusión pública principalmente por sus efectos económicos en un contexto en el que la sociedad enfrentaba una crisis heredada del anterior gobierno. Así, algunos autores hablan de “doble crisis”. Esta alude a las consecuencias sociales de una situación crítica iniciada en 2018, agravada por la pandemia (Dalle, 2022). Según Benza et al. (2022), el aumento de la desigualdad fue uno de los efectos de la política económica del gobierno de Cambiemos. La protesta durante dicho gobierno estuvo centrada en la degradación de las condiciones económicas además de la represión (Natalucci et al., 2023). Los efectos fueron una caída del PBI en 2018 y 2019 por encima del 2% cada año, el aumento de la inflación al 50% interanual, de la pobreza al 35,4% y de la indigencia al 7,7%, en el primer semestre de 2019.
A esta crisis se sumó la crisis propia de la pandemia. El ASPO provocó una fuerte caída interanual de la tasa de actividad de casi 10 puntos porcentuales (pp) y un aumento del desempleo de 2,5 pp interanual. Otro tanto pasó con la tasa de pobreza: para el primer semestre de 2020 había aumentado a 40,9% y la tasa de indigencia, a 10,5%. En este marco, el Gobierno lanzó distintas políticas que buscaron morigerar los efectos negativos del ASPO, como la creación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) –una prestación monetaria no contributiva de $10.000, de carácter excepcional, destinada a compensar la pérdida de ingresos por la pandemia que alcanzó a cerca de 9 millones de personas– y la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) –un programa de asistencia económica para empresas que implicaba el pago de un monto equivalente al 50% del salario neto del trabajador–, junto al reforzamiento de otras existentes. Asimismo, a través del DNU 329/2020 se establecía la prohibición de despidos injustificados mientras durara la emergencia sanitaria. Ahora bien, estas medidas no fueron suficientes debido a la magnitud de la crisis y a la desarticulación del Estado en su intervención (Natalucci et al., 2022).
La profundización de la crisis se observó en la protesta; nuestros datos dan cuenta de que, a medida que se sostuvo en el tiempo el aislamiento, la protesta tendió a aumentar, incluso aquella que desafiaba las restricciones. En la tabla 3, observamos que hubo un aumento en la proporción de protestas de sindicatos, empresarios y OBT que no respetaron el ASPO por sobre las protestas que sí lo respetaron.
Total de Protestas por Subperiodos de Organizaciones Sindicales, Empresariales y de Base Territorial y Porcentaje de sus Protestas que no Respetaron el ASPO
Los sindicatos en los dos primeros decretos del ASPO protestaron en 60 eventos con un alto acatamiento –solo el 18,3% de las protestas no lo respetó–, y luego fueron aumentando tanto en la cantidad –85 eventos en los decretos 3 y 4 y 122 durante los decretos 5 y 6– como en el porcentaje de no respeta el ASPO –23,5% y 54,9%, respectivamente–. En el caso de los empresarios, la protesta no tendió a aumentar –a excepción de los decretos 3 y 4 donde protagonizaron 25 eventos–, pero el dato más importante estuvo en el porcentaje de los eventos que no respetaron el ASPO durante los decretos 5 y 6 –52,6%–. Los reclamos de los nucleamientos empresariales se centraron en el pedido de planes de emergencia sectoriales, créditos accesibles y ayuda “directa” vía pago de salarios por parte del Estado. La protesta de estos nucleamientos se concentró en el decreto 3 y 4 para luego descender en mayo, en parte porque lograron influir en la política de asistencia económica del Gobierno –el 20 de abril lograron la ampliación del ATP a grandes empresas de hasta más de 800 trabajadores/as– y por el Pacto CGT-UIA, el cual logró “desinflar” la protesta empresarial pero no la sindical. No obstante, los empresarios vinculados a los pequeños comercios y dueños de establecimientos de servicios –por ejemplo, gimnasios– continuaron protestando y de hecho lo hicieron mayoritariamente sin respetar el ASPO, principalmente en demanda por la apertura de sus comercios. Estos se manifestaron en la calle o bien abrieron sus comercios en señal de protesta contra el aislamiento aduciendo que no podían sostener económicamente la clausura del local. Así, en el caso de la protesta empresarial primó la situación económica aunque, como veremos, el factor institucional también afectó. Por último, las OBT protestaron poco en perspectiva, aunque desafiando al ASPO en 9 de 10 eventos, principalmente por demandas por asistencia social directa: tanto asistencia alimentaria como acceso al IFE y otros programas sociales -por ejemplo, el Polo Obrero, una OBT de izquierda, hizo extensiva la consigna “con hambre no hay cuarentena”-.
Puntualmente, la protesta sindical reveló características específicas de la puja distributiva en torno a la pregunta ¿quién paga la crisis? El 28 de abril de 2020, la Unión Industrial Argentina (UIA) –principal nucleamiento nacional de los empresarios industriales– y la Confederación General del Trabajo (CGT) –confederación sindical en Argentina con mayor representación– sellaron un acuerdo homologado por el Ministerio de Trabajo donde se estableció que los trabajadores suspendidos por la imposibilidad de trabajar no podían cobrar menos del 75% de su salario neto en abril y mayo. El llamado “pacto CGT-UIA” generó polémicas al interior del movimiento obrero, debido a que en la práctica implicó un recorte de los salarios como forma de sostener el empleo junto con una fuerte intervención del Estado haciéndose cargo de parte de los salarios de los empleados registrados mediante la ATP.
La tabla 4 muestra las demandas sindicales. Hubo un aumento generalizado de las mismas como también del no respeto del ASPO, especialmente a partir del decreto 5. Los reclamos salariales –reclamos por falta de pago de salarios o recortes no consensuados– y por continuidad laboral –contra despidos y/o suspensiones– se intensificaron posteriormente al pacto CGT-UIA. De esta forma, ni el decreto antidespidos ni el pacto parecieron frenar los despidos, suspensiones y recortes salariales. Los reclamos salariales aumentaron marcadamente a partir del tercer decreto, de 14 casos durante los decretos 1 y 2, a 52 y 61 casos en los siguientes y en el caso de las demandas por continuidad laboral aumentaron de 15 a 17 y 32 casos, respectivamente. Por su parte, las demandas por condiciones de trabajo se mantuvieron constantes aunque aumentó el porcentaje de no respeto al ASPO. Estas demandas se asociaron principalmente al pedido por parte de los sindicatos de materiales e insumos de trabajo para el cuidado sanitario frente al virus. La demanda por aumento de salarios tuvo un crecimiento de 5 casos durante los primeros dos decretos a 10 y 14 casos en las siguientes, respectivamente. Por último, el cumplimiento y ampliación de convenios colectivos de trabajo y regularización laboral aumentaron de 1 a 7 y 10 casos en el primero, y de 2 a 4 y 11 en la segunda.
En resumen, la protesta sindical se caracterizó por tener demandas de tipo resistentes: no perder salario y no perder el trabajo, mientras que en el caso de los empresarios esta se dividió en dos: asistencia y presiones para suspensión con recorte salarial por parte de los nucleamientos y apertura con protocolos sanitarios por parte de los pequeños establecimientos. De este modo, la pregunta por el sostenimiento económico de las condiciones de aislamiento en el caso de la puja capital/trabajo se sintetizó en la disputa por quién pagaba los efectos negativos del contexto pandémico y en el caso de los dueños de los pequeños en un desafío abierto a las restricciones. En el caso de las OBT, la demanda fue principalmente por asistencia.
Dimensión institucional: A mayor institucionalidad, menos calle
Un segundo factor que incidió en la decisión de respetar o no las restricciones impuestas por el ASPO fue el institucional. Entendemos al factor institucional en dos aspectos: según el nivel de formalidad organizativa –si posee personería jurídica, autoridades definidas por estatutos, reglas establecidas sobre su ámbito de acción y funcionamiento– y el grado de acceso a canales institucionales de negociación con el Estado y/o su capacidad de lobby. Desde este punto de vista, se analizará en esta sección el nivel de respeto de la protesta a las restricciones en el espacio público, según el tipo de organización para todo el periodo, para luego describir el nivel de institucionalidad de las mismas.
En la tabla 5 pueden distinguirse dos grupos de organizaciones que protestan, aquellas que lo hicieron más de la mitad de las veces respetando las restricciones –empresarios, profesionales, sindicatos y profesionales de la salud– y aquellas que en la mayoría de los casos no lo hicieron –partidos políticos, vecinos y OBT–. Dentro del primero, quienes más respetaron las restricciones fueron los empresarios; solo en un 25,9% de las protestas no lo hicieron. Como vimos, la gran mayoría de las protestas fueron realizadas por cámaras empresariales, con un alto nivel de institucionalidad. Sólo hubo protestas ocupando el espacio público en casos de pequeños comerciantes y dueños de gimnasios –con nula capacidad de lobby– principalmente en mayo y junio. En este sentido, además de la cuestión económica se conjugó en este actor el factor institucional.
Cantidad de Protestas por Tipo de Organización de todo el Periodo Según Respeta ASPO y Porcentaje de Casos en que no Respeta
Un segundo grupo lo integraron los profesionales, los sindicatos y los profesionales de la salud, que tuvieron un nivel similar de acatamiento de las restricciones. En el caso de los profesionales –36,4% de no respeto–, la gran mayoría de las protestas las realizaron distintas asociaciones de abogados reclamando por el fin de la feria judicial. En este caso, también correspondieron a organizaciones fuertemente institucionalizadas. Los sindicatos –36,7% de no acatamiento– también son organizaciones formalmente institucionalizadas y con capacidad de lobby, aunque como señalábamos, con el desarrollo de la crisis se manifestaron incumpliendo el ASPO. En el caso de los profesionales de la salud –40% de no acatamiento– las protestas se dividieron entre aquellas que fueron realizadas por entidades formalmente constituidas como la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires o el Consejo de Médicos de Córdoba que sí respetaron las medidas de aislamiento, y colectivos de médicos autoconvocados que no lo respetaron.
En el otro extremo de la tabla se observan tres grupos bien distintos. Las OBT fueron quienes tuvieron el porcentaje más alto de protestas sin respetar las medidas de aislamiento –90%–. En este caso se trata de organizaciones opositoras al Gobierno como el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha y Libres del Sur, entre otras. Son organizaciones con representación definida, pero con poca capacidad de lobby y de acceso a los organismos decisorios del Estado. Estas representan a los sectores más pobres y su reclamo principal, como vimos, fue por asistencia. Por su parte, otras organizaciones territoriales articuladas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) no protestaron en las calles sino que se abocaron a contener desde el Estado, asistiendo alimentaria y sanitariamente y expresaron sus demandas virtualmente (Mate & Stefanetti, 2020).
En el caso de los vecinos, se trata de un tipo de agrupamiento urbano por lo general sin organizaciones formalmente constituidas, muchas veces convocados por redes sociales y/o relaciones de cercanía. Si bien tiene un porcentaje de no acatamiento menor a las OBT –77,8%– protestaron más veces sin acatar las medidas de aislamiento –14 veces contra 9–. Este tipo de agrupamientos es el menor en la escala de institucionalidad, ya que no suele tener representantes y, sobre todo, nula capacidad de lobby. Por esto, los únicos casos en los que este tipo de agrupamiento respetó el ASPO fueron aquellos en los que se organizaron virtualmente cacerolazos desde los hogares a comienzos de la pandemia. Las principales demandas se caracterizaron por ser contradictorias: mientras en algunos lugares protestaban contra la llegada de personas ajenas al barrio mediante barricadas, en otros realizaron manifestaciones exigiendo por la libre circulación o la apertura de las actividades económicas.
Hasta aquí, la gran mayoría de los casos concuerda con la hipótesis presentada. Las organizaciones con mayor nivel de institucionalidad y con capacidad de tramitar sus demandas presentaron un mayor respeto a las medidas restrictivas en sus acciones contenciosas, principalmente mediante comunicados–empresarios, profesionales, sindicatos y profesionales de la salud–. Por su parte, los actores con menor institucionalidad y acceso al Estado, como los vecinos y las OBT, recurrieron a métodos que durante el ASPO eran considerados ilegales. El caso distintivo, que contradice a la hipótesis, es el caso de los partidos políticos. Pese a que son organizaciones institucionalmente constituidas y con canales formales de acceso al Estado, realizaron un 62,5% de sus protestas sin respetar el ASPO. Como se observará en el apartado siguiente, la decisión de la metodología de protesta en este tipo de organizaciones respondió a otro factor, el político.
Dimensión política: A mayor oposición política más calle
La dimensión política hace referencia al posicionamiento político de los manifestantes respecto al Gobierno. La hipótesis de trabajo es que ser oposición política u oponerse al rumbo general del Gobierno incidió en el incremento de protestas que no respetaban las medidas de aislamiento. Para esto, observaremos en primer lugar el comportamiento de los partidos políticos opositores y en segundo lugar las demandas que se dirigían directamente a cuestionar la dirección gubernamental tanto en lo político –demanda de régimen político– como en lo económico –política económica–.
Tal como señalamos en el apartado anterior, si bien los partidos políticos son organizaciones fuertemente institucionalizadas y con acceso al Estado, de 16 protestas, el 62.5% fueron sin respetar el ASPO. En la tabla 6 se observa el comportamiento a lo largo de los decretos que definían la modalidad de aislamiento.
Evolución de la Protesta de los Partidos Políticos Según Subperiodos del ASPO – En Cantidad de Protestas y en Porcentaje de no Respeto al ASPO
La pandemia comenzó con un fuerte acompañamiento social y político a las medidas de aislamiento, reflejado en la elección de todos los medios de comunicación impresa de una misma tapa, el día 19 de marzo, con el texto “Al virus lo enfrentamos entre todos. Viralicemos la responsabilidad. #SomosResponsables”. Este consenso fue perdiendo apoyo, algo que también se observa en las protestas de los partidos políticos opositores. En el primer subperíodo solo realizaron dos protestas, un comunicado del bloque de legisladores nacionales opositor, Juntos por el Cambio, reclamando test masivos y rápidos y un cacerolazo desde los balcones exigiendo que la dirigencia política se reduzca los sueldos ante la crisis. En los periodos posteriores se observa tanto un incremento de la protesta como un viraje hacia el no respeto del ASPO, llegando a los decretos 5 y 6 con el pico de protestas y un 80% en las que no se respetaron las medidas de aislamiento. Las protestas que se destacaron fueron dos convocatorias callejeras de Juntos por el Cambio, el 7 de mayo, con poca concurrencia, y el 25 de mayo. con mayor convocatoria, y el acompañamiento de partidos políticos de izquierda a reclamos de OBT por asistencia.
Cabe destacar que durante todo el periodo no hubo protestas de agrupamientos políticos cercanos al Gobierno, tampoco de la UTEP, como ya señalamos, y los pocos reclamos que realizaron las centrales sindicales alineadas al Gobierno lo hicieron mediante comunicados.
Desde el punto de vista de las demandas, el interés de esta sección está en analizar el comportamiento de aquellas que estuvieron dirigidas a cuestionar el rumbo general del Gobierno en materia política y económica. En la tabla 7 se presentan todas las demandas del periodo y el peso de las protestas en que no se respetó el ASPO para identificar las características distintivas de las demandas en que haremos foco.
Total Demandas Presentes en ASPO y el Peso de las que Fueron Presentadas en Protestas sin Respetar el ASPO
La tabla muestra que solo tres demandas fueron expresadas en mayor medida sin respetar las restricciones: asistencia social directa (73,9%), régimen político (57,1%) y política económica (52,6%). Si bien son tres de las demandas menos presentes en el período, tienen la particularidad de ser las que menos respetaron el ASPO. Sobre la primera ya se hicieron varias menciones asociadas al incremento de la crisis y la baja institucionalidad de las organizaciones demandantes, pero también se destacó que en estas protestas participaron partidos de izquierda. Lo relevante para señalar en esta sección es lo sucedido con las demandas de régimen político y contra la política económica. La del régimen político está asociada a reclamos relativos al funcionamiento institucional y democrático. En este periodo se destacan dos tipos de protesta, una contra la represión y el abuso policial asociadas a “excesos” en la custodia de la situación excepcional, realizadas por un lado por organismos de derechos humanos –que lo hicieron respetando el ASPO–, y, por el otro, por parte de partidos políticos de izquierda, en la calle. Y, en segundo lugar, estuvieron los reclamos contra la cuarentena y por la libertad de circulación. Estas fueron sin respetar el ASPO por vecinos, comerciantes y partidos políticos nucleados en Juntos por el Cambio.
En cuanto a las demandas contra la política económica, de las 19 protestas, la división entre aquellas que se hicieron respetando o no el ASPO estuvo vinculada al actor que lo realizó. Las cámaras empresariales protestaron respetándolo, y sus reclamos estuvieron vinculados a diferentes políticas que no estaban asociadas a las medidas de aislamiento, sino a la restricción al comercio con divisas extranjeras –instaurado en el final del Gobierno anterior–, y contra un impuesto a las grandes fortunas que, por entonces, sólo era una propuesta de sectores oficialistas –que se discutió en el Congreso Nacional recién al año siguiente–. Las protestas que se realizaron sin respetar el ASPO ya fueron señaladas en el primer apartado y fueron realizadas por vecinos y comerciantes, reclamando por la apertura económica.
Podría señalarse como un contraejemplo el caso de las demandas de “gobierno”, aquellas dirigidas contra políticos y funcionarios en particular. Si bien son demandas políticas, tuvieron una baja proporción de no respeto del ASPO (33,3%). Sin embargo, de la observación del detalle de estas demandas, se identifica una gran diversidad de protestas contra funcionarios de distintos niveles de gobierno, sobre todo municipal, pero también provincial, pidiendo renuncias mediante comunicados.
En síntesis, el análisis da cuenta de la incidencia del factor político en los eventos que no respetaron el ASPO. El foco en los partidos políticos opositores mostró un incremento de la protesta y de formatos contenciosos a medida que se fue perdiendo el consenso en torno al aislamiento y el foco en las demandas hizo visible una mayoría de selección de formatos que no respetaron el ASPO para reclamar contra la dirección política y económica del Gobierno.
CONCLUSIONES
La protesta social es un mecanismo legítimo de la sociedad para peticionar, manifestar descontento, elaborar reclamos y/o defender intereses. Su fundamento está en intervenir en la arena pública, alterar el orden social y exigir una intervención directa o indirecta de un interlocutor estatal. Pero ¿qué sucede cuando el espacio público está vedado y se prohíbe salir a la calle? Esta pregunta se vuelve evidente ante el fenómeno extraordinario de la pandemia por COVID 19. En este trabajo nos propusimos analizar esta situación desde la óptica de los formatos de protesta, poniendo el foco en los factores que motivaron la elección de repertorios de protesta que en este contexto se volvieron ilegales o en sostener repertorios adaptados al nuevo escenario.
Del análisis de la base de protesta del periodo que comprendió el ASPO –20 de marzo al 7 de junio de 2020– podemos concluir que hubo tres factores destacados que influenciaron en la protesta frente a las restricciones. En primer lugar, identificamos que a medida que se acentuaba la crisis socioeconómica, los sindicatos y los empresarios viraron de protestas que respetaban el ASPO hacia repertorios que no lo hicieron. Asimismo, otros actores que si bien protestaron menos en comparación, lo hicieron sin respetar las medidas de aislamiento por asistencia social como las OBT. Así, la pregunta por “quién paga la crisis” ocupó un rol central en la protesta; mientras los empresarios reclamaban mayor asistencia del Estado y pactaban recortes salariales con la central obrera, los sindicatos protestaban defensivamente denunciando el empeoramiento de las condiciones salariales y de trabajo.
En segundo lugar, encontramos que el nivel de institucionalidad y capacidad de lobby de los actores también afectó la metodología de protesta. Hubo dos tipos de agrupamiento claramente diferenciados, por un lado, aquellos con mayor institucionalidad y llegada al Estado –como empresarios, profesionales y sindicatos– que optaron en mayor medida por formas de reclamo legales y, por otro, aquellos con menor institucionalidad –como los vecinos y OBT–, quienes protestaron en general sin respetar el ASPO. Esto nos permitió sostener que hubo una incidencia relativa a la capacidad o no de los actores para vehiculizar reclamos por otras vías menos contenciosas.
El caso disonante de la segunda conclusión fueron los partidos políticos. Si bien son instituciones formalmente constituidas y con acceso al Estado, eligieron en mayor medida protestar sin respetar el ASPO. Esto nos remite al factor político, que también lo identificamos en las demandas expresadas. Aquellas demandas que cuestionaban el rumbo general del Gobierno, como las de régimen político o de política económica, tuvieron la particularidad de ser de las pocas que fueron expresadas sin respetar el ASPO.
En definitiva, el análisis de este periodo excepcional constituye un aporte más para desterrar cualquier tipo de explicación lineal de la protesta social. Sin pretender agotar las razones que llevaron a los colectivos a manifestarse, creemos que trabajos como éste pueden aportar a la comprensión de por qué protestan determinados actores y qué reclamos requieren mayor o menor contenciosidad en determinados contextos. En este sentido, el análisis de la coyuntura económica, de la institucionalidad de los actores y del posicionamiento político-ideológico es relevante.
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Evaluado por el sistema double-anonymized peer review.
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Editado por
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Editores invitados:
Lizandra Serafim, Leonardo Barros Soares e Matheus Mazzilli Pereira
Fechas de Publicación
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Publicación en esta colección
25 Ago 2025 -
Fecha del número
2025
Histórico
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Recibido
30 Set 2024 -
Acepto
06 Feb 2025
