De lo hardcore a lo light

From the hardcore to the light

Resumen:

Este artículo tiene por objetivo analizar la producción de discursos conservadores sobre homosexualidad en El Salvador que se han emitido al interior del proceso de reforma constitucional para prohibir los matrimonios de personas del mismo sexo. Para este fin se recopilaron 60 posicionamientos públicos registrados en periódicos y medios digitales entre los años 2003 hasta 2017. Como metodología se utilizó el análisis del discurso. Los discursos conservadores son los emitidos por representantes de los grupos de poder al interior del país que son contrarios al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. La producción de discursos se puede temporalizar en dos momentos: 1) Hardcore, reconociendo al silencio-tabú y la injuria pública como dispositivos discursivos culturales para legitimar procesos de discriminación y 2) Light, representado en la homofobia cordial como estrategia discursiva y arma política que acciona categorías como afecto, cariño, tolerancia, caridad y acogimiento para negar y rechazar cualquier tipo de reconocimiento de derechos para personas salvadoreñas lesbianas, gay, bisexuales, personas trans e intersexuales (LGBTI).

Palabras clave:
Sexualidad; Derechos humanos; Discursos de odio; Homofobia; Matrimonio igualitario

Abstract:

This paper aims to analyze the production of conservative homosexual discourses in El Salvador that have been issued within the constitutional reform process in order to prohibit same sex marriages. For this purpose, we analyzed sixty public positions registered in newspapers and digital media from 2003 to 2017, using the discourse analysis as methodology. Conservative speeches are those issued by representatives of power groups in the country that are contrary to the recognition of Sexual and Reproductive Rights as Human Rights. The production of speeches can be analyzed in two moments. The first one is the hardcore, recognizing the silence-taboo and public insult as cultural discursive devices to legitimize processes of discrimination. The second one is the light, represented in cordial homophobia as a discursive strategy and political weapon that encourages categories such as affection, tolerance, charity and fostering to deny and reject any type of recognition of rights for Salvadoran lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex people (LGBTI).

Keywords:
Sexuality; Human rights; Hate speeches; Homophobia; Equal marriage

Hardcore: entre silencios e injurias

Por más de 500 años se ha constituido un grupo de poder económico que ha controlado las estructuras y medios de producción en El Salvador (Browning, 1975 [2006]). Para este fin, se han realizado acciones políticas, económicas, militares, educativas y discursos que tratan de mantener la estructura social constituida por ellos mismos. Categorías como indígena, campesino, comunista, democratacristiano, estudiante, profesor, sindicalista y guerrillero-terrorista han sido utilizadas por las élites conservadoras salvadoreñas para designar a ese enemigo interno que atentó contra sus intereses de clase en diferentes épocas a lo largo del siglo 20, cuando el acento de los movimientos sociales estaba colocado en demandas de “redistribución económica” (Fraser, 2000). En la época contemporánea, las identidades sexuales políticas como lesbianas, gay, personas trans, bisexuales o intersexuales (LGBTI), nombrados, por la élites conservadoras, como homosexualistas se vislumbran como un nuevo enemigo interno al cual los discursos conservadores dirigen su economía política de discriminación y odio.

En este caso, por discursos conservadores salvadoreños ligados a temáticas de orientación sexual, identidad y expresión de género (DCS), los entendemos como aquellos que son emitidos por un grupo de poder económico tradicional y sus aliados para mantener el régimen político de la heterosexualidad obligatoria, para oponer una resistencia activa, rechazar y descalificar el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Como consecuencia tangible, se limita el acceso en igualdad de condiciones a las instituciones civiles que ofrece el estado a las personas salvadoreñas LGBTI.

En el ámbito cultural y social salvadoreño, históricamente se ha marginado a la orientación sexual, identidad y expresión de género de los ámbitos públicos (Lara-Martínez, 2012). Esta acción promueve, que la heterosexualidad sea considerara como la única forma para organizar los cuerpos, los placeres y las instituciones del estado. Constituyendo un modelo asimétrico de la sexualidad. Retomando lo que en la década de 1980 apuntaba la antropóloga Gayle Rubin (1989), al analizar la sociedad estadounidense, afirmaba la existencia de un sistema jerárquico de valor sexual; en el cual la pareja heterosexual-reproductora-monógama-casada sería el punto más alto y personas transexuales, fetichistas, sadomasoquistas, trabajadores sexuales y sobre todo aquellos cuyo erotismo transgrede las fronteras generacionales, estaría en el punto más bajo. Este sistema se encaja perfectamente al interior de El Salvador.

Hasta hace pocos años únicamente por medio del silencio-tabú y la injuria-insulto se podían utilizar para dar cuenta de la existencia de personas no heterosexuales. Por una parte el silencio-tabú es un mecanismo político para restringir y ocultar la orientación sexual, expresión e identidad de género en espacios íntimos, privados y marginales; ya que la heterosexualidad ocuparía los espacios públicos y oficiales de forma hegemónica. El silencio ha sido interaccionado como guion y discurso de vida para personas LGBTI. Baños (2003) argumentaba que la homosexualidad, aún en la década pasada, se vivía adentro de un armario. El vivir en un armario, lo podemos relacionar a la marginalidad a la cual eran condenadas las personas salvadoreñas LGBTI si se atrevían a mostrar públicamente su orientación sexual, expresión e identidad de género, las que inexorablemente se concretizan en placeres, deseos y cuerpos que confrontar el régimen político opresor de la heterosexualidad. Para mantener este sistema jerárquico de la “nación heterosexual” (Curiel, 2013), a las personas LGBTI se les niega el acceso a las instituciones civiles del estado.

A la par del silencio, se encuentran las injurias e insultos contra aquellos que escapan del modelo binario de la heterosexualidad. Tanto las injurias e insultos son estrategias políticas que se transforma en una pedagogía del odio contra personas no heterosexuales. La pedagogía del odio ha sido un dispositivo de control, para mantener la estructura social del armario-silencio-tabú y el temor de asumirse públicamente como un disidente sexual y de género. Esta pedagogía es utilizada para agredir a cualquier persona salvadoreña LGBTI cuando ha manifestado su orientación sexual, expresión e identidad de género en público. Así la injuria, como pedagogía del odio, es un acto de habla que promueve, al mismo tiempo, una violencia y la constitución de un sujeto, ya que “son agresiones verbales que marcan la consciencia” (Eribon, 2008, p. 27). Ser insultado como marimacha, machorra, pipián, transvestido, maricón o culero coloca a quien recibe la injuria en un espacio de subordinación y en contraposición – al que la emite – en un espacio de dominio y poder.

Tanto el silencio-tabú y la injuria-insulto han promovido diferentes formas de violencia sobre personas salvadoreñas LGBTI. Ha sido una violencia “dura”, en este caso hardcore, que transita desde los insultos que dañan moral y psicológicamente, pasando por golpes y heridas; hasta culminar en suicidios y asesinatos motivados por orientación sexual, identidad y expresión de género. En la sociedad salvadoreña ser LGBTI remite a la construcción de una identidad estigmatizada y menospreciada. Todo lo anterior se puede clasificar como homofobia.

La homofobia contemporánea conjunta tres elementos: prejuicio, discriminación y violencia hacia personas que no se ajustan al patrón heterosexual (Nascimento, 2014). Si bien es cierto, el prejuicio es una condición psicológica individual, la discriminación es una materialización de esa condición y su resultado final son diferentes formas de violencia. Relacionado a lo anterior, la homofobia en los últimos años se ha llegado a constituir como un temor político a la conducta social de las personas LGBTI – más que sus prácticas sexuales – perturbe el orden hegemónico social, legal, político, ético y moral de la sociedad (Fone, 2008, p. 20). La homofobia, como temor político en los sectores conservadores se transforma en un guardián, tanto de las fronteras sexuales (hetero/homo), como las de género (femenino/masculino) (Borrillo, 2010, p. 16).

Cuando grupos de poder económico se conjuntan con la homofobia, construyen actos de habla homofóbicos desde los ámbitos públicos utilizando un discurso racional para autoconstituirse en agentes de control social, productores de una ideología sexual conservadora que intentan defender por todos los medio el régimen político heterosexual obligatorio en el estado-nación; y para llevar acabo su objetivo, repudian y niegan derechos a las personas salvadoreñas LGBTI en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos del país.

Este tipo de discurso, se presenta como “natural” y en muy pocas veces es cuestionado, incluso se llega a establecer que la homofobia, como discurso y práctica discriminatoria, es el último prejuicio aceptado por las sociedades contemporáneas (Fone, 2008, p. 561). No obstante, surgen las preguntas ¿Qué estrategias discursivas utilizan? ¿Qué nuevas fronteras sexuales construyen? ¿Cuál es su contenido? ¿A quiénes perjudican? Estas son algunas de las preguntas que orientan el análisis de los DCS sobre orientación sexual, identidad y expresión de género en El Salvador que se han registrado en medios de comunicación en el proceso de reforma constitucional para impedir el acceso a las instituciones civiles del matrimonio y la adopción a parejas del mismo sexo. Para este fin se recopilaron 60 posicionamientos públicos registrados en periódicos y medios digitales entre los años 2003 hasta 2017, emitidos por Regina de Cardenal, Evangelina de Sol, Teresa Guevara, Federico Hernández y Luis Cuervo^†; algunas fomentan la ideología “pro-nacimiento”, la mayoría son parte de la élite económica tradicional del país y tienen algunos una afinidad orgánica con partidos políticos ultraconservadores.

Negar el acceso al matrimonio y la adopción: ¿tolerancia o discriminación?

Desde finales de la década de 1990 por medio de notas periodísticas sobre los procesos de acceso al matrimonio para personas del mismo sexo en Estados Unidos, se comenzó a establecer una agenda sinuosa de discusión sobre orientación sexual, derechos humanos y matrimonio igualitario en El Salvador. Principalmente se reproducían noticias sobre las demandas al acceso al matrimonio por personas del mismo sexo en Estados Unidos. El acceso al matrimonio civil, como parte de las demandas de un régimen secular de la sexualidad (Carrara, 2015) o en otras palabras, liberación de los fundamentos moralistas y heterosexuales que marginaban a aquellos que no se apegaran a esas normas; promueven un proceso de ciudanización de los sujetos otrora excluidos por su orientación sexual, identidad y expresión de género a través de la incidencia política por medio de organizaciones, colectivos o asociaciones, que en conjunto los llamamos como Movimiento de Disidencia Sexual y de Género.

Para el año 2003 y 2004, se emitieron una serie de posicionamientos públicos sobre la restricción a la institución civil del matrimonio para parejas del mismo sexo (Cardenal, 2003a, 2003b; Guevara, 2003, 2004a). A primera vista, estos posicionamientos parecen estar fuera de contexto, ya que en el país no se estaba promoviendo ninguna acción para modificar el Código de Familia o la Constitución a favor de las personas LGBTI. Pero cuando se realiza una mira más amplia, estos posicionamientos estaban creando una agenda para contrarrestar los efectos en El Salvador del proceso de reconocimiento emprendido en Massachusetts por la abogada Mary Bonuato. En marzo de 2003 Bonuato presenta sus alegatos ante el Tribunal Supremo de Massachusetts y en noviembre del mismo año se hace público el resultado a favor de los demandantes representados por Bonuato (Martel, 2014). Ante este resultado se presentó una onda expansiva en diversos estados de Estados Unidos para limitar el acceso al matrimonio explícitamente entre un hombre y una mujer. Esa onda expansiva llega hasta El Salvador, y es la que promoverá en 2005 una reforma constitucional discriminatoria para prohibir el acceso al matrimonio y la adopción por parte de personas del mismo sexo.

La propuesta de reforma constitucional discriminatoria es impulsada por el diputado Rodolfo Parker en el año 2005, de alguna forma esta acción recuerda a la prohibición de matrimonio entre “arios” y judíos de 1933 o la prohibición interracial que manchó la historia de los Estados Unidos. ¿Pero qué es esto de reformas constitucionales y cómo se logran? En el artículo 248 de la Constitución (El Salvador, 1983), se regula la esencia de cómo llevar a cabo un proceso de reforma constitucional. Así vemos que se define a la Asamblea Legislativa, uno de los tres órganos fundamentales del estado, como el ente encargado para efectuar reformas constitucionales. Para ello, estableció que se tendría que efectuar la reforma en dos períodos legislativos sucesivos, a fin que la primera Asamblea aprueba y la configuración de la Asamblea posterior sea la que tenga el poder de ratificar o rechazar el decreto de reforma.

Ante este proceso discriminatorio iniciado en 2005, se han presentado diferentes solicitudes de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La Sala de lo Constitucional en los primeros meses del año 2018, ha dado la resolución de varias demandas presentadas en años anteriores. La Sala no ha considerado improcedentes las demandas en cuanto su contenido, pero reconoce la existencia de vicios de forma para tomar los acuerdos de aprobación de las reformas, por ello inhibe a la Asamblea Legislativa ratificar dichos acuerdos (Corte Suprema de Justicia, 2018).

El 19 de febrero de 2018, las fuerzas conservadoras entran a la 10ª arremetida para aprobar la reforma. En esta ocasión hacen alusión directa a la resolución de la Sala de lo Constitucional; manifestando que en vista que dicho organismo declaró improcedente por vicios de proceso y no se pronunció sobre su carácter discriminatorio al interior de su contenido; se presenta una “nueva” propuesta de reforma constitucional para denegar el acceso a las parejas del mismo sexo a la institución civil del matrimonio y la adopción.

Light: discursos públicos que discriminan

Lo que nos interesa de este proceso legislativo, es que por medio de él se han dado a conocer nuevas articulaciones discursivas sobre orientación sexual, identidad y expresión de género al interior de los grupos de poder y sus aliados en el país. Estos grupos de intereses, a nivel local, replican la agenda política transnacional de la iglesia católica como una forma de confrontar al proceso de sexualización de la ciudadanía, a través de un activismo de resistencia a los derechos sexuales y reproductivos (Vaggione, 2017). Los derechos sexuales y reproductivos serían una estructura discursiva y política, utilizando las palabras de Corrêa (2009) de legitimación de la sexualidad como una cuestión de derechos humanos, que se nutre de las demandas articuladas por actrices y actores organizados de la política sexual, que apuntan al respeto y protección de la pluralidad sexual.

Para contener esta lucha por derechos civiles y de protección social (Carrara, 2015) que grupos organizados de personas LGBTI estaban realizando en diferentes partes del hemisferio occidental, antes que llegaran al país, grupos ligados a la agenda política de la iglesia católica, iniciaron un proceso de articulación organizativa y discursiva para poner en práctica lo que denomina Vaggione (2017) como “secularismo estratégico”. Esta categoría se puede comprender como el activismo organizado de diferentes grupos y colectivos que promueven la ideología pro-nacimiento, que se caracteriza por desarrollar acciones sociales, políticas, culturales e iniciativas legislativas para restringir, erradicar y/o disminuir la práctica de los derechos sexuales y reproductivos y promover la moral sexual católica como universal, encubiertos como un movimiento ciudadano y popular. En tal sentido, promueven mantener a la familia heterosexual como núcleo de la sociedad y colocar en su órbita a la institución civil del matrimonio, demarcando así una frontera institucional – como medio preventivo – para restringir el proceso de ciudadanía plena de las personas LGBTI.

Uno de los primeros puntos para defender a la familia heterosexual y el matrimonio civil, ha sido la recuperación y promoción de la visión patológica de la orientación sexual. En este caso, utilizando el concepto “homosexualidad” sería una categoría-paraguas que conjuntaría en si misma tanto los marcadores de la diferencia de orientación sexual, identidad y expresión de género, ya que estos discursos no tienen el interés de realizar una adecuada diferenciación de cada una de ellas. La visión patológica de la orientación sexual también es utilizada para depreciar todas las acciones políticas de reivindicación de derechos que realizan las personas LGBTI organizadas. Por ejemplo, se hace mención que la “homosexualidad” sería una “conducta sexual desordenada”, que siendo un desorden del desarrollo, se estaría ante la posibilidad de “prevenirlo y tratarlo” (Cardenal, 2003a, p. 28; Cuervo, 2012, p. 27). En primer lugar, se observa como entre líneas se sustenta la “heterosexualidad obligatoria” (Butler, 2007) como categoría política para organizar las instituciones estatales, los cuerpos, los afectos y los placeres al interior de la sociedad salvadoreña. Por consecuencia, toda acción que pretenda “desmoralizar” la ciudadanía e incrementar el pluralismo sexual (Vaggione, 2017), sería calificado, por dichos grupos, como actos fuera de orden al interior del régimen político heterosexual.

Para poder enfocar directamente esa economía política de discriminación y odio que censura, elimina y desaparece cuerpos e identidades en la historia salvadoreña, se debe de definir el enemigo interno de turno que incomoda al régimen. En este caso se hace por medio de la diferenciación entre “homosexual” y “homosexualista” (Sol, 2016d, p. 10). “El homosexual”, serían individuos integrantes de la sociedad que mantienen en privado su orientación sexual (Sol, 2015a, p. 20; 2015c, p. 20; Araujo, 2015; Hernández, 2015, p. 28). Este “homosexual” se caracteriza por “[…] vivir castamente igual que un heterosexual, entendiendo la castidad como el uso ordenado de la sexualidad” (Cardenal, 2009, p. 18) y además, serían una comunidad apolítica que estarían en contra de la promoción del matrimonio igualitario porque los “estigmatizaría” (Hernández, 2015, p. 28).

En contraposición a ese homosexual “casto” y “apolítico”, se encontraría el “homosexualista” y en plural “los homosexualistas”. A estos sujetos, se les designa que promueven la “ideología homosexualista” y esta incentiva a “[…] la homosexualidad [como] una condición natural de la persona, y todo lo que sea manifestar oposición y/o desagrado hacia ella constituye ‘odio' y ‘racismo'” (Cardenal, 2005, p. 28). Desde un discurso más secularizado a la “ideología homosexualista” se la puede designar como “activismo homosexual”; este estaría promoviendo, desde una visión discriminativa, “[…] nuevas injusticias, en lugar de combatir las segregaciones” (Hernández, 2015, p. 28); ya que en este caso a la reivindicación del acceso al matrimonio civil por parte de las personas LGBTI, históricamente marginalizadas, se le denomina como “injusticia”, al parecer, contra las personas heterosexuales.

La diferenciación discursiva entre “homosexual” y “homosexualista”, aunque no se presenta de forma clara en primera instancia, existe una condición de clase social en ellos. Cuando se habla del “homosexual” tanto Sol, Cardenal y Hernández lo hacen desde sus referencias de sus círculos de amistades, en donde por indicación de los anteriores existen personas LGBTI, que por su condición de clase social y estatus, no tienen la necesidad de promover el reconocimiento del derecho civil al matrimonio.

Profundizando en la dicotomía “homosexual-homosexualista”, esta colateralmente coadyuva a resguardar y marcar los límites entre las clases sociales. Ser “homosexual”, desde los DCS, no existe ningún problema al interior de las élites salvadoreñas – siempre y cuando – viva en el silencio una “sexualidad ordenada” y no reclame “derechos”. Por su parte, el “homosexualista” sería un sujeto de clase baja que reclama derechos como forma de autoafirmación de su ciudadanía, tanto política como sexual. En este caso, si un “homosexual” de clase alta inicia a exigir derechos, automáticamente se le puede reconocer bajo el adjetivo despectivo de “homosexualista”. Este “paria sexual” no tiene cabida al interior de las élites, ya que la distribución de los beneficios sociales, políticos y económicos deben de concederse únicamente a heterosexuales, o según el caso, a “homosexuales en el closet”.

Cuando se transgrede esa frontera de clase social y sexual, se obtienen violentas reacciones y censuras. Tal como aconteció ante las palabras del diputado Johnny Wright, del partido ultraconservador Alianza Republicana Nacionalista (Arena), al manifestar en un periódico virtual: “La comunidad LGBTI tiene igual derecho al matrimonio que la población heterosexual” (Guzmán, 2015). Esta postura desata una serie de ataques al interior de Arena como también por parte de otros representantes de la derecha conservadora (Araujo, 2015). Estamos ante una “homofobia liberal”, que tácitamente tolera a los homosexuales de clase alta que viven su sexualidad en silencio, pero considera a la heterosexualidad obligatoria como la única que merece reconocimiento político en la sociedad, y por consiguiente el único comportamiento sexual susceptible de ser institucionalizado en el estado.

Ante los “homosexualistas”, independientemente de su clase social, que exigen reconocimientos y derechos al estado, los DCS han estructurado como respuesta un clásico “pánico sexual”. Rubin (1989), describe cómo el pánico sexual es organizado y estructurado para resguardar las fronteras de la moral sexual hegemónica y atacar a aquellos que promueven su cuestionamiento. Retomando la propuesta analítica de Rubin, los discursos que crean pánicos sexual no son accidentales, sino que son producidos en momentos de encrucijadas, en contra de personas/grupos que promuevan posibles cambios estructurales y axiológicos de inclusión dentro de una sociedad. En este momento histórico de conectividad transnacional, los pánicos sexuales no están más confinados a territorios locales o nacionales (Corrêa, 2009, p. 19).

Para poder implementar un pánico sexual, la homofobia “dura” del silencio-tabú y de las injurias-insultos de antaño; hoy han encontrado formas light que tanto son públicas, sutiles, implícitas y encubiertas para defender y reconfigurar el statu quo de la heterosexualidad obligatoria, por medio de una reforma discriminativa donde establezca explícitamente que el matrimonio únicamente se puede realizar cuando se es hombre y mujer “así nacidos”.

Si bien es cierto el proceso de reconocimiento del acceso al matrimonio por parte de personas del mismo sexo inició en Estados Unidos, las alertas en el país se encendieron cuando España legalizó estas uniones. Se comienza a interaccionar un supuesto discurso secular que desvaloriza esa acción, como: “Es triste querer copiar lo que está de moda en países supuestamente más desarrollados [Estados Unidos, España], con valores morales en completo deterioro, con sociedades infelices, con miembros dominados por los vicios, la droga y el alcohol” (Guevara, 2009, p. 18). Se trata de colocar que el acceso al matrimonio por parte de personas LGBTI es parte de un proceso de “degradación moral” que viven los países donde este se está implementando.

Esta visión establece una clara distinción entre los otros y un nosotros restrictivo a cúpulas conservadoras: “Señores, defender y promover el matrimonio natural como lo manda nuestra Constitución es un bien para la sociedad y para [la] conservación de la especie, no es ‘homofobia' como dicen los grupos LGBTI” (Cardenal, 2013, p. 28). En este punto se puede apreciar como el discurso que pretende ser secular está muy próximo de la esfera doctrinaria de la iglesia católica por medio de su concepto “derecho natural”. Para la doctrina católica el “derecho natural” estaría vinculado a una concepción de la sexualidad binaria, reproductiva y consagrada en el acto de matrimonio por la iglesia. Esta concepción, instrumentalizada para negar derechos a las personas LGBTI, es discriminatoria. Ante esta acusación los DCS consideran a la homofobia como una “palabrita” utilizada por el movimiento de disidencia sexual y de género para provocar “lástima” (Sol, 2015c, p. 20).

Los posicionamientos sobre la urgente defensa de la soberanía sexual nacional –de la influencia de grupos de personas LGBTI – son parte de la estrategia política de pánico sexual, por la supuesta afrenta que el acceso al matrimonio de personas del mismo sexo legalizado y promovido en otros países estaría amenazando a la “familia salvadoreña”. Para conseguir su cometido interaccionan diversas estructuras discursivas en favor de aumentar el pánico y la indignación moral, por medio de un “horror a la diferencia” (Fone, 2008, p. 574).

Este horror a la diferencia resalta una producción discursiva que articula orientación sexual y pedofilia. Los sectores conservadores y los fundamentalismos religiosos movilizan subjetividades sobre la protección a la infancia, promoviendo una “histeria erótica” para proteger a la niñez (Rubin, 1989). Esta inició en 2003 con posicionamientos que relacionan el “sexo libre, la homosexualidad y la pedofilia” (Guevara, 2003, p. 13) y también colocan como sinónimos a “la homosexualidad, la bisexualidad o la pederastia” (Cardenal, 2003b, p. 24). Esta asociación ubica como posible víctima de agresiones sexuales a los niños y niñas de manera general y se asocia a toda persona no heterosexual como un “potencial” agresor sexual o criminal. Como apunta Carrara (2015), el interrelacionar la homosexualidad con la pedofilia es una forma de “[…] mantener vivo el viejo criterio de la reproducción y de la heterosexualidad como valores fundamentales de la estratificación sexual” [traducción propia] (Carrara, 2015, p. 334). En este caso la “pedofilia” sería una estrategia discursiva que se usa para reforzar el perverso imaginario de depravación sexual que los discursos de odio quieren naturalizar sobre las personas LGBTI.

Teniendo en consideración lo anterior, se estaría ante la estrategia discursiva de una víctima abstracta: “la niñez”. Siendo esta una supuesta víctima “directa” de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Lo anterior se asume, por la errática idea de que al interior de un matrimonio entre dos hombres o dos mujeres promoverían “la promiscuidad en los jóvenes para pervertirlos” (Sol, 2015b, p. 18). Para reforzar lo anterior, el discurso utiliza recursos cognitivos del campo de la psicología, para argumentar sesgadamente que los niños, al interior de las familias homoparentales, padecerían de una inestabilidad mental, y/o como mínimo sufrirán de burla por parte de otros niños por tener dos padres o dos madres (Sol, 2015a, p. 20).

En este mismo orden de cosas, se generalizan casos particulares negativos del extranjero de personas que fueron criadas por homosexuales (Cardenal, 2006, p. 26); afirmando que los hijos de “familias homosexuales generalmente son más pobres, menos saludables, más propensos a vicios y a la criminalidad” (Cardenal, 2013, p. 28). Su resultado directo es una estigmatización para los hijos actuales de parejas del mismo sexo o para futuros hijos que se integraran a familias homoparentales ya existentes, para ser rechazado por la sociedad en el mejor de los casos, ya que en el peor de ellos, podrían experimentar crímenes de odio. Las palabras crean escenarios, en donde los actores y actrices al tener únicamente guiones de miedo y de odio contra personas LGBTI, no es extraño que los golpes, asesinatos y muertes sean recurrentes.

Para camuflar esta situación, más real que hipotética, se interacciona el discurso jurídico del “interés superior del niño” (Cardenal, 2009, p. 18) relacionándolo a un “derecho de tener un papá y una mamá” de sexo biológico distinto (Cuervo, 2013, p. 24). Las familias homoparentales son una realidad en El Salvador; por lo que si existiera un verdadero interés de protección a la infancia, pues se reconocería a este tipo de familias ya que a largo plazo, la regulación distinta de la relación homoparental, o aún peor, la falta de regulación alguna – como sucede en El Salvador – viene a ser un elemento degradador al interés superior de las niñas y niños.

Para rebatir cualquier posicionamiento positivo sobre las familias homoparentales, se crea el discurso performativo del “homosexual peligroso”. A parte de ser pedófilo y pederasta, una persona no heterosexual, o mejor dicho “homosexualista”, Regina de Cardenal los coloca al nivel de ladrones, criminales y asesinos (Martínez; Grégori, 2004). En tal sentido, desde esta perspectiva criminalizadora, se afirma: “No está bien aceptar cualquier tipo de desorden sexual y mucho menos promoverlo como un derecho humano” (Cardenal, 2014, p. 30). Observamos cómo se constituye a las personas LGBTI como delincuentes funcionales al orden hegemónico sexual establecido (Efreim Filho, 2014); que al igual que el otrora Comunismo Internacional intenta implantar estructuras dictatoriales en los estados –según la visión de las élites –, creando así supuestas “dictaduras LGBTI”.

“Dictadura LGBTI” (Cardenal, 2015, p. 26) o el “imperio homosexual” (Sol, 2016d, p. 10) como su sinónimo más inmediato; sería una supuesta estructura política que amancillaría al sistema democrático heterosexual y promovería un laicismo antireligioso que se dirige a eliminar el matrimonio como institución natural entre un hombre y una mujer así nacidos, y por ende se “implantaría” una dictadura que reemplazaría el régimen político opresor de la heterosexualidad obligatoria ¿Se puede acreditar en eso? Tanto desde un punto de vista crítico hasta uno del sensu común, estas palabras no tendrían mayor sentido que una broma de mal gusto dicha al interior un funeral. No obstante, los grupos conservadores y sus aliados creen fervientemente que se está implantando esa “dictadura”. Incluso establecen una supuesta genealogía de ella.

Desde esa visión limitada de la realidad, la implantación de la supuesta “dictadura” inició en los medios de comunicación cuando estos comenzaron a hablar de la homosexualidad como un comportamiento normal y a presentar personajes gay como víctimas de odio (Guevara, 2003, p. 13). Además, colocan a las lesbianas feministas como agentes políticos internacionales que tienen una supuesta incidencia hegemónica para promover los derechos sexuales y reproductivos en organismos supranacionales (Guevara, 2004b, p. 19). Por último, lo que más promueve esta “dictadura” es la reivindicación de “derechos especiales para los homosexuales” (Cardenal, 2003a, p. 28):

Actualmente grupos minoritarios piden “derechos” especiales, argumentando una supuesta discriminación. Claramente, nunca se pueden justificar actos violentos o discriminación contra nadie, por esto los derechos humanos incluyen a toda la raza humana, sin necesidad de inventar “nuevos derechos” para ciertos grupos. Los derechos fundamentales no son absolutos, pueden ser limitados legítimamente por comportamientos externos desordenados, física o moralmente, que atenten contra la sociedad, el bien común o los más débiles (Cardenal, 2009).

En relación con tal argumentación, estamos de acuerdo que no debe crearse derechos especiales, puesto que esto sería discriminatorio hacia los demás. Lo que nos interesa resaltar del discurso anterior es el hecho de cómo se (re)estructura el prejuicio por orientación sexual, por medio de la estrategia discursiva de: “comportamientos desordenados”. En este sentido, “comportamientos desordenados”, sería un concepto-copulativo entre la política sexual cristina y el secularismo estratégico propuesto por Vaggione (2017). Mostrando explícitamente como los discursos institucionales de la iglesia son multiplicados por movimientos que se disfrazan de “populares” para mantener una jerarquización de los seres humanos al interior de un estado. la reivindicación de derechos sexuales y, al interior del secularismo estratégico, se le denomina despectivamente como “nuevos derechos”.

Por aclaración, no se crean nuevos derechos, se incluye a grupos históricamente marginalizados, teniendo pleno conocimiento de esta situación por parte de los grupos ultraconservadores que promueven la ideología pro-nacimiento, la dignidad humana es el concepto que está siendo lacerado por los discursos conservadores cuando se refieren a las personas LGBTI. Muestra de ello es como se transforman en objetos a las anteriores cuando son relacionadas con el matrimonio civil: “[…] es obvio que pareja son dos elementos diferentes, ya que dos cosas iguales son “un par”, ya sea de aritos, de zapatos o de homosexuales (Guevara, 2004a, p. 15). En este caso, cuando se iguala a los anteriores con objetos como aritos y zapatos, la dignidad que debe ser un componente inherente a todo ser humano, y un componente central en el que descansa todo el ordenamiento jurídico salvadoreño; ésta está siendo disminuida por razones de orientación sexual, identidad y expresión de género. Mostrando como la dignidad humana, siendo una concepción jurídica es susceptible a estrategias discursivas que en este momento histórico se transforman en actos discriminativos que se intentan galvanizar en prácticas legislativas excluyentes.

Estas estrategias discursivas se encubren fácilmente, por ejemplo, cuando Cardenal indica que los derechos humanos de la población LGBTI se trata de una “[…] ‘tolerancia' malentendida o de caridad con los grupos LGBTI (lésbico-homosexual-bisexual-transexual-indefinidos)” (Cardenal, 2014, p. 30). Estratégicamente a la reivindicación de derechos se le denomina como tole-rancia y caridad, conceptos que tienen significados de fácil comprensión para el sensu común, pero que al ser accionados en dichos discursos, vacían su signi-ficado y los recubren con un entramado político de negación de la propia vida y existencias de las personas LGBTI. En este sentido, estos discurso en esencia desean que el estado vele únicamente por una parte de sus habitantes, quienes tengan la posibilidad de gozar los derechos que la Constitución reconoce; limitando de facto y supeditando el reconocimiento de derechos de las personas LGBTI, a la “tolerancia “ y “caridad” de los grupos de poder. A todo lo anterior, desde la visión de Evangelina de Sol, no se le puede llamar de discriminación, ya que es una “cosa que aquí no es cierto que exista” (Sol, 2016b, p. 18).

Observamos como una de las características principales del embate conservador internacional se concretiza en el país: instrumentalización del lenguaje de derechos (Fachinni; Sívori, 2017). ¿Por qué el discurso conservador se enfrasca en el área del derecho? Desde que en las Conferencias Internacionales del Cairo y Pekín se logró ampliar las fronteras de la sexualidad que incluye ahora al placer, la realización personal, la felicidad, la salud y el bienestar (Carrara, 2015, p. 330). Por tal motivo, se encuentra en plena disputa concepciones de la sexualidad que establecen como campo de batalla la prohibición de los matrimonios de personas del mismo sexo. Por una parte, las visiones conservadoras desean mantener a la sexualidad desde un punto de vista reproductivo ligada a regulaciones por parte de los estados. Y por otra, se quiere que además de la función reproductora de la sexualidad se incluya la autodeterminación del placer y el disfrute sexual como condición inherente al ser humano, y como tal, derecho a ser respetado y fomentado por los estados.

El no reconocimiento de las violencias que las personas LGBTI viven en la cotidianeidad en sus cuerpos e identidades, por medio de estrategias discursivas que invocan a “desordenadas inclinaciones”, ubican a este colectivo en una posición fronteriza de la condición “humana”, por poseer deseos, obtener placeres y autorealizarse fuera de la norma heterosexual. A todo intento de ampliar su proceso de reconocimiento de derechos se establecen barreras, que son reforzadas por conceptos articulados estratégicamente en discursos que reprueban y censuran las vivencias sexuales diversas que el ser humano puede realizar. En este sentido, la prohibición constitucional discriminatoria para impedir el reconocimiento del matrimonio igualitario es al mismo tiempo un ataque y un medio de protección del régimen político heterosexual, utilizando el estribillo de “amenazas al matrimonio”, como medio de promoción de la homofobia.

Las verdaderas amenazas al matrimonio no se encuentran en el reconocimiento justo de derechos a grupos marginalizados y no representados políticamente en la estructura estatal, ni tampoco impedir que personas heterosexuales cuenten con una ceremonia digna con reconocimiento legal. La amenaza se encuentra en mantener una jerarquía entre las personas, permitiendo el acceso irrestricto a las instituciones del estado únicamente a personas que se asumen públicamente como heterosexuales y negando discriminatoriamente este acceso a personas salvadoreñas LGBTI.

Las reivindicaciones por la inclusión de la disidencia sexual y de género son vista como “imposición de conceptos ideológicos” (Hernández, 2017, p. 18). No obstante, la heterosexualidad obligatoria en ningún momento este tipo de discursos la discuten cómo modelo ideológico impuesto que organiza los cuerpos, los placeres y las instituciones de la sociedad que tiende a discriminar a personas LGBTI por medio del “heterosexismo”. El heterosexismo, en este caso “se refiere a la ideología cultural manifiesta en las instituciones de la sociedad que perpetúa el estigma sexual negando y denigrando cualquier forma no-heterosexual de comportamiento, identidad, relaciones o comunidad” (Barrientos, 2015, p. 40).

Las personas LGBTI, intertextualmente, al igual que en otros contextos latinoamericanos, el conservadurismos está realizando – progresivamente – una resurrección de las políticas eugenésicas (Fry; Carrara, 2016). Antes este tipo de políticas permitían que las personas LGBTI fueran tratadas como enfermos mentales que se les debía de “resguardar” en un hospital y en el peor de los casos llevarlos a campos de concentración para su exterminio. Negar el acceso al matrimonio discriminatoriamente no es simplemente un acto legislativo, tampoco es una acción para proteger a la familia; es un posicionamiento político negativo de la diferencia, la pluralidad y de la diversidad humana; lo cual implica que en el “nosotros” nacional existe una división: “nos-otros”. En donde el “nos” reafirmaría a la nación heterosexual y los “otros” serían condenados a la exclusión.

Estas estrategias discursivas, por medio de su repetición constante, pretenden que las categorías discriminatorias que elucubran desde su agenda de política sexual conservadora; sean transformadas en categorías naturales y por medio de las prácticas legislativas procuran su legitimidad social. Ante este punto, es que el movimiento de disidencia sexual y de género lucha en cada momento que se promueve una pieza para aprobar o ratificar esa reforma discriminatoria. En ella está en juego además de la dignidad humana, los principios de igualdad, laicidad del estado y los derechos fundamentales de las personas LGBTI.

Cuando los argumentos culturales y legislativos se agotan se recurre a ver el matrimonio estrictamente del punto de vista religioso; imbricando a la religión como eje ordenador del estado. Se acciona el literalismo evangélico-cristiano y el discurso del pecado para disminuir y desacreditar los derechos fundamentales de las personas LGBTI: “la homosexualidad, el lesbianismo, y cualquier otra distorsión de la sexualidad sea un tema tan serio, tan grave, que los que lo hacen no podrán entrar en el Reino de Dios, porque es un acto de rebelión contra Dios” (Sol, 2016a, p. 22). Además se califica a los “homosexualistas” que demanda inclusión e igualdad como “[…] diabólicos sujetos, los adoradores de Satanás (666)” (Sol, 2007, p. 30).

A pesar de lo anterior, la actitud que este grupo de interés debe de mostrar en público “[…] debe ser de caridad, comprensión y tolerancia para las personas” (Guevara, 2003, p. 13). Retomando los conceptos de “homosexual-homosexualista”, las palabras de Guevara se pueden comprender como “tolerancia” para el homosexual que no exige derechos y “caridad” para el homosexualista (Cardenal, 2014, p. 30). Esta dinámica, no implica ser – para ellos – intolerante, sino que sería “tener principios claros” (Hernández, 2015, p. 28; Martínez; Grégori, 2004). Las estrategias discursivas de tolerar-caridad disfrazan procesos discriminatorios que de forma sutil e implícita reafirman la superioridad jurídico-moral de la heterosexualidad obligatoria. Estamos ante la homofobia cordial.

Homofobia cordial: discurso conservador emergente

La homofobia cordial es una categoría que describe procesos discursivos y prácticas religiosas, que se distancian de discriminaciones homofóbicas directas, pero que mantiene la asimetría de posición moral superior de la heterosexualidad y favorece la recreación de formas más sutiles de dominación y violencia contra personas no heterosexuales utilizando discursos que incluyen conceptos como afecto, cuidado, acogida (Natividade; Oliveira, 2013, p. 79). Para nuestro caso de estudio, la homofobia cordial la entendemos como la reconversión de las antiguas injurias e insultos, que ahora se vehiculizan en discursos públicos que utiliza una retórica cristiana contemporánea sobre homosexualidad para defender la estructura política heterosexual obligatoria en todas la instituciones del estado. Es un mecanismo discriminativo conservador emergente en la arena política.

A partir de 1975 la homosexualidad al interior de la iglesia católica tuvo un giro, del rechazo pasó al acogimiento (Sagrada congregación para la doctrina de la fe, 1975). Así tenemos que la iglesia ya no promueve públicamente la condenación del homosexual, sino todo lo contrario, lo llama, lo acoge adentro de la institución. No obstante, estando adentro le colocan dos posturas para permanecer en la estructura: 1) transformarse en heterosexual o 2) ser casto; ya que lo que no permite la doctrina es la práctica homosexual y no ser homosexual, stricto sensu. En otras palabras, se disminuyó la violencia directa de las injurias y se acentuó la violencia simbólica. Lo anterior es manifestado y accionado constantemente como una estrategia discursiva que utiliza conceptos como “cariño”, “respeto”, “tolerancia”, pero que en poco o nada modifican su concepción homofóbica, como lo muestra el siguiente texto:

Nuevamente afirmo a todos mis queridos amigos, sean heterosexuales, o bien, homosexuales o lesbianas, (que son montones y que no son pocos los que conocen cómo están en mi corazón), que yo no les juzgo, ni me importa, ni me toca, porque cada cual nace con libertad, conciencia, y discernimiento y con estos pueden decidir acatar o descalificar las enseñanzas morales cristianas que sé que les fueron inculcadas. Pero así también, no puedo dejar de recordarles que Dios nos traza un camino a seguir, y que el que yo los quiera profundamente, ese cariño, – y cualquier amor de cualesquiera hacia ustedes –, no puede convertir en bueno, lo que está garrafalmente malo (Sol, 2016c, p. 22).

Se retoma al psicoanálisis en su forma más fundamentalista sobre cuestiones de homosexualidad. En todo momento se acciona un discurso patológico que considera a la homosexualidad como una enfermedad que es supuestamente tratable y curable. Esto no es fortuito, sino que es parte de un entramado ideológico homofóbico que interacciona el discurso freudiano fundamentalista de la homosexualidad como un “incidente” en el transcurso de la crianza con los padres, para desdeñar y menospreciar las reivindicaciones políticas de reconocimiento por parte del movimiento de disidencia sexual y de género.

La homofobia cordial es tanto un mecanismo de control social y arma política para sustentar propuestas que perjudican el reconocimiento pleno de ciudadanía de las personas salvadoreñas LGBTI. La utilización de discursos públicos que manifiestan tolerancia hacia el estilo de vida y la “opción sexual” de las personas LGBTI, trata de encubrir las acciones discriminativas que tácitamente promueven sus acciones políticas. La homofobia cordial es un discurso que es utilizado por diferentes emisores, pero que responde a un fuerte clasismo, esencialismo sexual y al heterosexismo; siendo una forma de discurso de odio que se puede utilizar en ámbitos públicos y sobretodo políticos partidarios para ganar electores de ideología funda-mentalista.

La homofobia cordial es una forma pública que utiliza conceptos del sensu común para reconstruir y defender el esencialismo sexual y al mismo tiempo atacar a todo aquel o aquellos que se planten firme contra este tipo de retórica. La homofobia cordial, como modelo de subjetivación política, fortalece el antagonismo y en cada proceso coyuntural electoral llama a gritos y alaridos a defender la naturaleza sexual humana binaria y al régimen político heterosexual. Lo hardcore de antaño es sustituido por discursos light, que en última instancia procuran la misma finalidad que los anteriores: excluir a las personas LGBTI de los ámbitos públicos.

Llama poderosamente la atención que cuando se emite una posición escrita o verbal sobre la importancia de restringir discriminatoriamente el matrimonio únicamente entre hombre y mujer “así nacidos”, existe una obsesión por reiterar “esta reforma no discrimina a nadie”. Si la pretendida reforma no discriminara a nadie, no habría la necesidad de repetirlo hasta el cansancio, como lo hace Cardenal en estas palabras: “¿Por qué negarse a definir el matrimonio en la Constitución? ¿Discriminación contra algunos grupos? Nadie se está metiendo en la vida privada de otras personas” (Cardenal, 2015, p. 26). Observamos aquí como la homofobia cordial, una versión refinada y adaptada de la homofobia tradicional, ya que se presenta como “[…] defensiva, y a la vez, está a la ofensiva, es histérica y cautelosa; se moviliza y es poderosa, protegida por algunas personas influyentes y privilegiadas cuya defensa de la discriminación legitima el odio y le confiere autoridad moral y legal al fanatismo” (Fone, 2008, p. 573).

La homofobia cordial provoca efectos diferentes de acuerdo al estatus social de la personas LGBTI. Por el extremo más vulnerable y marginal, encontramos las muertes violentas de las mujeres salvadoreñas trans, y por otro extremo, la homofobia cordial es un dispositivo que ejerce control sobre las personas salvadoreñas LGBTI de un estatus social equiparable o superior a los que emiten los discursos, para que no hagan pública su orientación sexual y mantenga intacto ese “secreto a voces”. Cuando este acuerdo tácito no es respetado se obtienen diversas formas de violencia homofóbica.

En concordancia con otros ámbitos geográficos, la homofobia cordial ha iniciado a repetir la estrategia discursiva de “ideología de género” para limitar la visibilidad política y la consecución de derechos civiles de las personas salvadoreñas LGBTI. La ideología de género es una estrategia discursiva que ataca a todo aquello que no se apegue a los ideales esencialistas hegemónicos de familia, sexualidad y sociedad. La llamada “ideología de género” es una nueva forma que adquieren los discursos de odio: racista, clasista y sexista, siendo ahora políticamente maquillados para generar adeptos y organizar políticamente acciones de discriminación social e institucional de forma “democrática”; que demanda a los “creyentes-laicos” (Vaggione, 2017) a unirse en esta “nueva cruzada” que coloca a las personas LGBTI como enemigo interno que supuestamente está amenazando a la nación hete-rosexual, y por ende debe de ser derrotado – simbólica y prácticamente – por medio de la reforma constitucional discriminatoria.

¿Cuál es el fin de toda esta trama? Ante el avance y posicionamiento político de personajes ligados o que promueven visiblemente concepciones religiosas al interior de los estados, podemos perfilar que su objetivo es el de “incluir las creencias religiosas como una dimensión legítima en el debate de la ciudadanía” (Vaggione, 2017). El secularismo estratégico promueve la conjunción de los conceptos “ciudadano” y “creyente” en un sentido político para que estos apoyen la (re)implantación de un modelo de sociedad que se aleja de lo laico y se aproxima a lo confesional, ¿una nueva Edad Media? En este caso, las personas LGBTI y los derechos sexuales y reproductivos se han transformado en chivo expiatorio para la reinstauración de dicho modelo. La disputa actual por prohibir el matrimonio igualitario es únicamente la punta de un iceberg del proceso de limitación de derechos y el acceso a las instituciones del estado para que aquellos y aquellos disidentes a ese régimen confesional que “democráticamente” se intenta (re)implantar.

Para finalizar, la homofobia cordial además de ser un prejuicio aceptado, este está en constante transformación y adaptación, mostrando como las palabras de Albert Einstein aún tienen vigencia en pleno siglo 21: “Triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”.

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Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  Jan-Apr 2018

Histórico

• Recibido
  25 Ago 2017
• Acepto
  02 Feb 2018