El trabajo sexual durante la pandemia. Sobrevivir sin derechos en España

Resumen

Con entrevistas en profundidad y trabajo de campo digital aportamos base empírica a la comprensión de la situación de las trabajadoras sexuales en la pandemia por COVD-19 en España. Exploramos sus dificultades, la respuesta gubernamental y las maniobras desplegadas por el colectivo. Desvelamos la vulnerabilidad que vivieron, la inacción del poder político y estrategias de mujeres que asumieron riesgos y pérdida de poder. En fin, proponemos políticas de garantía en derechos que amplíen márgenes de decisión y neutralicen el estigma.

Palabras clave
Trabajo sexual; COVID-19; Políticas públicas; Estigma

Abstract

With ethnographic conversations and digital fieldwork, we provide an empirical basis for understanding the situation of sex workers during the COVD-19 pandemic in Spain. We explore their difficulties, the government response and the maneuvers deployed by the collective. We reveal the vulnerability they experienced, the inaction of political power and strategies from women who assumed risks and lack of power. In summary, we propose policies guaranteeing rights that expand decision margins and neutralize stigma.

Keywords
Sex work; COVID-19; Public policies; Stigma

El acceso al poder por parte de unos sectores incluye determinar cuál es el discurso legítimo y cuál no lo es; quién tiene derecho a exponer su punto de vista y quién se tiene que callar.

Dolores Juliano

Introducción

El confinamiento domiciliario decretado por el Gobierno de España en marzo de 2020 contra el avance del COVID-19¹ afectó económica, social y psicológicamente a millones de personas y generó un impacto social difícil de dimensionar aún.

Este trabajo pretende compensar el escaso conocimiento social sobre cómo transitaron esta situación quienes ejercían la prostitución² en España mientras su realidad permanecía ajena a la mayoría social. Desde marzo de 2020 y hasta mayo de 2021³ perduraron las medidas de limitación de la movilidad y las relaciones sociales y nos expusimos a un nivel de sobreinformación digital dificultosa de gestionar. Los datos sobre cómo estaba afectando la crisis sanitaria y las medidas preventivas de salud pública a los diferentes colectivos ocuparon un espacio importante, pero, a nuestro juicio, los sectores más estigmatizados y precarios no recibieron suficiente atención.

Comenzaremos exponiendo el marco que naturaliza la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encontraron las trabajadoras sexuales durante la crisis sanitaria y nos detendremos en las dificultades para el reconocimiento simbólico, político y jurídico de los trabajos feminizados, el lugar que ocupa la prostitución entre ellos y cómo su negación supone el bloqueo al acceso de derechos ciudadanos. Veremos también cómo el estigma puta impregna las normas atacando a las trabajadoras sexuales, arrinconándolas y desplazándolas a la exclusión social, desde donde debieron sobrevivir a esta crisis sin acceso a protección institucional alguna. Después de explicar brevemente cómo acometimos la búsqueda de datos en prensa, redes sociales, páginas webs y entrevistas en profundidad a informantes clave, expondremos nuestros resultados y compondremos un relato sobre cómo atravesaron esta situación. Finalmente, presentaremos conclusiones y haremos propuestas sobre el papel del Estado en la solución de los problemas que se plantean, centrándonos en la necesidad de reconocer la legitimidad del ejercicio del trabajo sexual para: que de su ejercicio se desprendan derechos y protección social, sacar del confinamiento político a las organizaciones de trabajadoras sexuales ‒aceptando la capacidad de interlocución de sus organizaciones en la negociación de políticas públicas que les afectan‒ y, por último, avanzar como sociedad en la neutralización del estigma puta que tanto determina sus vidas y limita la libertad sexual de las mujeres a través de la educación sexual.

Estado de la cuestión. estigma, violencia, clandestinidad y confinamiento

Para existir y ser sujeto de derechos es esencial que la actividad con la que se logra sustento esté reconocida como trabajo. El objetivo de que el movimiento feminista reivindique el valor simbólico y económico de los cuidados y de que el sector académico movilice el concepto de trabajo reproductivo⁴ es superar la desvalorización histórica de las actividades consideradas femeninas equiparando su estatus a las tradicionalmente ejercidas por hombres. Así, como señala Mestre (2021), el orden capitalista burgués ha despojado de reconocimiento jurídico, político y económico a las tareas asignadas a las mujeres y desempeñadas en el ámbito de lo privado, aquellas que proporcionan cuidados, bienestar, placer y sostenimiento de la vida.

No en vano, las trabajadoras activistas de estos sectores dedican considerables esfuerzos para lograr, por ejemplo, vinculaciones contractuales y derechos reconocidos en el trabajo del hogar⁵ o mejora de las condiciones de las camareras de pisos, auto organizadas en España como las Kellys⁶.

La prostitución es una de esas ocupaciones tradicionalmente femeninas que encuentra resistencias a ser considerada trabajo. El origen del problema puede estar en la estratificación tradicional de las conductas sexuales y la regulación, control y criminalización del sexo comercial⁷ (Rubin, 1989) o en una concepción esencialista de la sexualidad femenina, que la vincula necesariamente al placer altruista, en pareja y con fines de intercambio afectivo-reproductivo y castiga a quienes trasgreden con el estigma y la negación (Sánchez, 2022; Garaizábal; Habas, 2012; Petherson, 2000). Pero, lo que está claro es que, como demuestra la investigación empírica en otros contextos sociales y culturales como Brasil o India (Blanchette; Da Silva; Batliwala, 2011; Piscitelli, 2011), las mujeres sacan provecho económico de lo que deberían hacer por instinto, amor y abnegación acosta de sufrir estigma, rechazo y privación de respeto.

Los valores y creencias encuentran correlato en las costumbres, modelos de conducta aceptados y normas de comportamiento que justifican y naturalizan el premio ‒la posición de privilegio‒- o castigo ‒marginación‒ hacia quienes las siguen o incumplen. Así es que defendemos la utilidad de la teoría galtuniana sobre el triángulo de la violencia y cómo la violencia cultural sostiene y posibilita la violencia estructural que, además, perpetúa y justifica la violencia directa (Galtung, 2003). El estigma y el menosprecio consecuente serían manifestaciones de violencia cultural ejercida contra las prostitutas, mientras que las políticas y estructuras socioeconómicas destinadas al control o erradicación de la prostitución expresarían una violencia estructural evidenciada en violencia directa en forma de persecución legal a ellas mismas y sus entornos socioafectivos, inacceso a recursos públicos, represión policial y todo tipo de ataques y abusos por parte de terceros como empresarios del sexo o clientes. La exclusión de las trabajadoras sexuales de los derechos sociales, económicos y laborales sería, así, una consecuencia de la institucionalización del estigma (Acién; Checa, 2020).

Por un lado, entendemos que el estigma puta y su correlato en la falta de respeto hacia quienes ejercen la prostitución, complementa parte del cuerpo de valores sociales sobre cómo debe ser una mujer, disuadiendo a todas de infringir el modelo de la decencia (Juliano, 2005). Estos valores impregnan nuestras creencias sociales y alimentan las ideologías políticas hegemónicas sobre qué hacer con la prostitución.

De esta manera y considerando que quienes diseñan las políticas públicas en una democracia son representantes que han votado las mayorías sociales de ciudadanía reconocida (lejos demográfica, social, económica y participativamente de los sectores de población inmersos en procesos de exclusión), se explica cómo permea el estigma en aquellas políticas que intervienen en el fenómeno de la prostitución. Y lo hacen buscando su ocultación o desaparición y el control de sus protagonistas, que no deben compartir y participar de los espacios públicos normalizados. En palabras de Maqueda (2017:71): la “prohibición del uso del espacio público, permanente identificación y acoso policial o sanciones reiteradas y amenazantes [que] han calado en los lenguajes mediáticos y han hecho mella en el imaginario colectivo que las considera aceptables porque promueven la separación social de quienes son mayoritariamente concebidos como chusma”.

Las trabajadoras sexuales activistas denominan a este proceso violencia institucional⁸, denunciando el acoso del aparato socio-político. En España, en concreto, se refieren a los efectos de normas de inspiración prohibicionista como las ordenanzas municipales que multan a trabajadoras y clientes (Bodelón, 2018), las políticas anti trata que instrumentalizan a las víctimas migrantes identificadas y presionan sobre los contextos de trabajo sexual, generando temor hacia los cuerpos policiales; la hipervigilancia sobre su salud, sus vidas familiares, sus maternidades y la exclusión de los derechos laborales, sociales y económicos, etc. (Acién; Resina, 2023; Acién, 2015).

En España, el ordenamiento jurídico no interviene para garantizar derecho alguno en materia de prostitución, sino solo para señalar lo ilícito. En palabras de Clua (2015:143): “las formas mayoritarias de su ejercicio (…) se encuentran asociadas con actividades delictivas” y los textos legales identifican la actividad con proxenetismo (art. 188 del Código Penal), tráfico y trata (art. 177 bis), inmigración ilegal, abuso, maltrato, desigualdades de género, etc. Los movimientos pro derechos de trabajadoras sexuales reclaman el reconocimiento de la prostitución como trabajo con el argumento de que, en sociedades capitalistas, la desregulación provoca desprotección, pérdida de poder y negociación para las trabajadoras frente al Estado, empresarios o clientes. Así, se pretende superar un marco de relación con las instituciones basado en la hipervigilancia y el temor a la sanción, avanzando a escenarios de mayor autonomía, auto organización y derechos frente a cualquier abuso. Esto es particularmente importante en el caso de las mujeres migrantes, privadas de ciudadanía y derechos básicos en su condición de extranjeras, muchas veces en situación administrativa irregular.

En un mercado de trabajo segmentado donde los sectores menos favorecidos, como mujeres pobres y migrantes, acceden a trabajos precarizados, inestables, desprestigiados e incluso sumergidos o ilegales, las personas toman decisiones en escenarios fuertemente condicionados (Portes, 1978). El contexto impuesto por la pandemia incorporó elementos que complicaban aún más trabajar clandestinamente: riesgos sanitarios, confinamiento obligatorio, dificultades para contactar con clientes, cierre de espacios de trabajo, incremento de la vigilancia policial, etc. A nosotras nos interesó ver cómo afectaba a las trabajadoras sexuales todo esto y qué estrategias desarrollaron para sortear las dificultades.

Algunos analistas resaltaron el componente sexista de los efectos de la pandemia (Fita, 2020:6). En primer lugar, los trabajos considerados esenciales no cesaron, sus ejercientes no pudieron confinarse (protegerse) y muchas de esas ocupaciones tienen un carácter feminizado. En segundo lugar, las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas en sectores que sufrieron especialmente el impacto de la caída de la actividad económica, como la hostelería y el ocio comercial en general. Y, una tercera circunstancia que afectó especialmente a quienes trabajaban de forma desregulada, fue la imposibilidad de acceder a medidas públicas de protección laboral⁹ y social. Un ejemplo clarificador es la situación vivida en muchos lugares de trabajo sexual, donde personas contratadas para labores de limpieza, seguridad, camareros o camareras pudieron acogerse a estas medidas, mientras que las trabajadoras del sexo (principal reclamo del negocio) quedaron desprotegidas e incluso desahuciadas de su lugar de residencia.

En este artículo mostramos los duros efectos de la exclusión de las prostitutas de los derechos laborales y sociales durante la pandemia (García; Meneses, 2021). Además, veremos cómo el Estado, lejos de proteger, contribuyó a recrudecer sus dificultades al tiempo que ellas desplegaban estrategias de supervivencia arriesgando su salud y, en ocasiones, poniendo en marcha interesantes y valiosas iniciativas colectivas de auto organización. Todo ello sin olvidar que, en estas circunstancias, el colectivo limita sus opciones de recurso externo a la sociedad civil organizada, que encuentra elevadas resistencias al desarrollo de un trabajo de intervención (Meneses; Rúa; García, 2022) que muestra los niveles de externalización ‒u oenegización‒ de la responsabilidad del Estado al respecto.

Material y métodos

Dada nuestra trayectoria de casi dos décadas de investigación y acción social en el terreno de la prostitución y las migraciones, mantenemos contacto sostenido y directo con redes académicas y activistas especializadas en ambos campos. Este escenario nos permitió observar cómo el contexto impuesto por el decreto de confinamiento domiciliario presionaba a las trabajadoras sexuales, su trabajo clandestinizado y, en ese momento, absolutamente prohibido.

Así, llegaban hasta nosotras informaciones alarmantes sobre mujeres sin ingresos por no poder salir a trabajar o por falta de clientes, cierre de lugares de trabajo, desahucios, incremento de la presión policial, pérdida de poder de negociación de las condiciones de los servicios, etc. Por ello, nos planteamos la necesidad de realizar una descripción con base empírica que ilustrara su estado de vulnerabilidad, poniendo de relieve nuestra reacción al respecto como sociedad.

Diseñamos, así, un trabajo de campo eficiente desde el análisis cualitativo de relatos procedentes de fuentes primarias y secundarias que fue desarrollado entre los meses de marzo a diciembre de 2020, durante el decreto gubernamental de confinamiento estricto y posteriores restricciones a la movilidad en el marco del Estado de Alarma.

En primer lugar, se realizaron entrevistas en profundidad a cuatro informantes clave. Dos de ellas fueron trabajadoras sexuales activistas migradas (portavoces de CPS¹⁰ y AFEMTRAS¹¹) con permisos de residencia de larga duración y una trayectoria de más de una década en el compromiso social, seleccionadas de manera intencional por su implicación y contacto con mujeres que ejercen la prostitución en gran variedad de entornos y en una parte importante del territorio español (Galicia, Cataluña, Madrid y Andalucía). Posteriormente, y tras el efecto bola de nieve, se seleccionaron otras dos informantes procedentes de entidades de la sociedad civil organizada (APDHA¹² y NÓMADAS¹³) en estrecho contacto con el colectivo y una intenta implicación en su atención durante los peores meses de la pandemia.

En segundo lugar, los datos procedentes de fuentes secundarias responden, por un lado, a un rastreo de publicaciones periodísticas digitales de tirada provincial, regional y nacional en España en fechas comprendidas entre marzo y diciembre de 2020 (siendo seleccionadas para este texto las noticias titulares directamente relacionados con los datos emitidos por las fuentes primarias procedentes de La Opinión de Málaga, El Confidencial, La Vanguardia, El País y La Opinión de Murcia). Estas informaciones sirven de contraste y sustento de los relatos emitidos por las fuentes primarias. Por otro lado, se ha recopilado discurso emitido por entidades de autoorganización de trabajadoras sexuales y activistas reconocidas en ese ámbito y en la sociedad civil organizada en redes sociales desde perfiles corporativos y personales Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Por último, se ha realizado una búsqueda intencional en páginas webs gubernamentales y de entidades organizadas de la sociedad civil. Todas las fuentes seleccionadas para la descripción de resultados se encuentran claramente referenciadas en el texto. Los criterios de indagación en estas fuentes responden a contraste, enriquecimiento, aclaración y complemento de la información recopilada en las entrevistas.

El tratamiento analítico de los datos ha priorizado el análisis de contenido, dado el carácter exploratorio y descriptivo de la investigación. Se configuraron categorías coherentes con nuestros tres objetivos: uno, explorar las principales dificultades que encontraron las trabajadoras sexuales durante el confinamiento domiciliario decretado por el Gobierno Español en el contexto de la pandemia por COVID-19, dos, exponer la respuesta del Estado al respecto y su grado de adecuación a las necesidades de estas personas y tres, describir estrategias de afrontamiento de la situación por parte del colectivo.

Análisis y resultados. Ser trabajadora sexual durante la pandemia

La información en prensa acerca del impacto de la pandemia sobre las trabajadoras del sexo en España ha sido escasa. En mayo de 2020, la sección internacional de la Sociedad Suiza de Radiotelevisión (SWI swissinfo.ch) publicó un artículo en el que tres prostitutas activistas ofrecían breves testimonios¹⁴. Por un lado, Evelyn Rochel¹⁵, trabajadora en clubes de alterne, mostraba que los dueños “pueden hacer legalmente un ERTE a las camareras, a las limpiadoras, a todas las que tienen un contrato y echan a la calle a las prostitutas [que] no pueden acogerse a ningún tipo de ayuda por no estar reconocidas como trabajadoras", por lo que no pudieron dejar de trabajar durante el confinamiento. Algunas pudieron publicar anuncios en páginas web, ejercer de forma clandestina en su habitación o acudir a domicilios asumiendo el riesgo sanitario. Otras optaban por usar sus web cams y redes sociales como Onlyfans¹⁶, asumiendo otros trances como la sobrexposición pública. Por otro lado, Beyonce, activista de AFEMTRAS y trabajadora de calle, relataba cómo muchas decidieron quedarse en la calle a pesar de la vigilancia policial, aunque la abandonaran finalmente por falta de clientela.

Más adelante, el diario La Opinión de Málaga publicaba que la ONG Médicos del Mundo¹⁷ había incrementado sus intervenciones de emergencia sobre trabajadoras sexuales que habían “caído en la extrema pobreza” y manifestaba que la precariedad económica les imposibilitaba cumplir con el confinamiento: “han salido a la calle cuando estaba prohibido, y se han enfrentado a las sanciones pertinentes” o “al cambiarse su horario de prestaciones de servicios, se han visto abocadas a llevar su actividad a casas, o clubes que lo han hecho por la puerta de atrás"¹⁸.

Lo que recogen ambas notas periodísticas confirma la información ofrecida por nuestras informantes clave. Las dos trabajadoras sexuales entrevistadas trabajaron ante la falta de alternativas y coinciden en haber sentido miedo, culpa y ansiedad ante la desprotección.

Yo no dejé de trabajar, incluso durante el confinamiento, yo trabajé con muchísimo remordimiento, con ese miedo, no solamente por mí, sino por las personas que me venían a ver. Entonces, yo no podía dejar de trabajar, porque, a pesar del confinamiento, la persona que me alquila el estudio tuvo un poco la humanidad de rebajarme el alquiler. Pero, yo tenía que pagar al alquiler sí o sí y tenía que seguir comiendo. Entonces, no tenía los suficientes ahorros como para soportar todos esos meses de confinamiento sin trabajar (Trabajadora Sexual activista CPS).

Yo trabajé. En mi casa [habitualmente trabaja en la calle en un polígono industrial]. Me escribían clientes que tenían salvoconducto y me decían: ‘¿Oye, estás?’ Pero fue… No sé [se echa las manos a la cara] había… tenía tanto miedo que, yo no me quitaba, por ejemplo, la mascarilla, les decía ‘Mira, mamadas, no hay’ (Trabajadora Sexual activista AFEMTRAS).

De hecho, una de ellas subrayaba que la sociedad debía saber que habían continuado con el trabajo a pesar de los riesgos, ya que negarlo para desestigmatizar al colectivo sesgaría la realidad y minimizaría su necesidad de apoyo institucional.

Llegué a escuchar a una trabajadora sexual por ahí que lo negó y eso dije que me parece una auténtica locura decir eso, porque es irreal y es lanzarle un mensaje a la sociedad de que ‘¡Ay! Las putas tenemos la suficiente pasta como para no trabajar tres meses’. Pues ¿Para qué pedimos derechos, entonces? ¿Para qué pedimos ayudas? Por muy cruda que sea, la sociedad tiene que saber lo que hay detrás de la prostitución, las consecuencias y de dónde salen (Trabajadora Sexual Activista CPS).

Las agentes de la sociedad civil organizada entrevistadas confirman esta cuestión y hacen especial referencia a la presión policial percibida, cómo dificultaba los encuentros con clientes (empobreciendo la capacidad de negociación de condiciones del servicio) y empeorando la sensación de aislamiento, especialmente para las migrantes que, además, sufrieron pérdida de redes sociales de apoyo.

Se han quedado sin recursos en algún momento y se han tenido que reinventar… con los pisos, el teléfono, por ejemplo. Pero no han podido dejar de trabajar. O quedando, a lo mejor, en los coches o buscándose otras alternativas. Entonces, se ha bajado su nivel económico, porque tenían dificultades para encontrarse con los clientes (Informante APDHA).

Ellas mismas también decían, muchas no, como que no querían trabajar, les gustaría no haber trabajado y algunas sufrían acoso policial. O sea, la policía se ponía en los sitios donde sabían que había trabajadoras sexuales trabajando. Y las que son migrantes, que están en situación irregular, pues claro, la paranoia máxima, se han recluido muchísimo, han cortado mucho sus redes, muchas están muy enclaustradas (Informante NOMADAS).

El temor a perder la vivienda y la ansiedad por la carencia económica fueron los principales problemas aludidos. Recopilamos referencias insistentes de mujeres bajo riesgo de desalojo, correlato de la precarización de sus redes sociales de apoyo, especialmente en el caso de migrantes y trans, que tuvieron que recurrir a albergues públicos, entidades de la sociedad civil organizada y entre compañeras por haber quedado en situación de calle.

No me alcanzaba casi el dinero, se me estaban acabando los ahorros que tenía, me veía en la calle, me veía en un albergue. En un albergue no puedo trabajar. No me van a dar ingresos, me van a dar de comer y un techo y nada más. Entonces, cómo iba a arrancar después al acabar eso. Y me comía la cabeza. Fue una etapa de muchísima depresión, de muchísima ansiedad, de muchísima necesidad económica y lo pasé, así, justito. Empecé a tomarme otra vez el Trankimazín. Estuve bastante mal mentalmente. La incertidumbre de no tener una estabilidad, al final, lo que te hace sentir es eso, que estás ahí al borde del precipicio y tienes que resistir. Porque, si caes, a ver cómo te levantas (Trabajadora Sexual Activista CPS).

Con respecto a las condiciones de trabajo, aunque lograran mantener cierto control sobre el servicio, las mujeres vieron disminuir la calidad en la relación con los clientes, perdiendo poder de negociación con ellos. Esto se tradujo en la bajada de tarifas, menor capacidad de decisión sobre el lugar donde trabajar y erosión de autoridad para exigir medidas de protección sanitaria como la mascarilla o el preservativo.

Los clientes no querían usar la mascarilla. Hecho que a mí ya me parecía incluso estúpido. Porque exigen guardar una distancia de un metro y medio incluso con la mascarilla. Entonces, yo lo que no daba, por ejemplo, eran besos. Los clientes tampoco daban besos. Lo que yo tuve que hacer fue bajar el tiempo de servicios que habitualmente hago. Yo, habitualmente, solo cogía servicios de una hora, durante el confinamiento, no toqué mi tarifa, pero rebajé el tiempo, entonces, empecé a coger servicios de 30 minutos a 50€. Pero, en el caso de XXXX, ella llegó a aceptar servicios de 30€ por lo desesperada que estaba. Siempre poniendo ella sus condiciones, pero los chicos se aprovechaban. Ella iba a casa de los clientes, cosa que ella no solía hacer. No podía tener el piso donde vivía con su hija y al mismo tiempo seguir alquilando las habitaciones donde solía trabajar. A mí nunca me ha regateado tanto como en la etapa del confinamiento” (Trabajadora Sexual Activista CPS).

“Hay coches dando vueltas y tal, mirando. Pero, algunos no se atreven, ¿no? Y el que se atreve es el típico rancio, el oportunista. El uso del preservativo es una cosa que antes no se negociaba y ahora se puede negociar. Otro tipo de prácticas… o el irte, te dicen: ‘no es que mira, si la policía viene por aquí y tal… o mejor estemos al aire libre’ y te llevan por allá a sitios, a otros polígonos. Y, pues nada, te vas. Y, aun así, te vienes con 30€, con 20€, con 10€, sin nada… tres, cuatro días sin nada (Trabajadora Sexual Activista AFEMTRAS).

En agosto de 2020, la petición por parte del Ministerio de Igualdad de cerrar los prostíbulos para atajar los contagios¹⁹ agravó la situación y encontramos referencias en prensa que permiten ilustrarlo. Muchos clubes ya habían cerrado durante el confinamiento de primavera y ya en abril, el diario El País alertaba de que decenas de mujeres habían quedado desamparadas tras el cierre del macroburdel Paradise, en el Polígono La Junquera (provincia de Gerona)²⁰. En mayo, El Confidencial también: “Abandonadas en un burdel sin comida ni agua potable por el estado de alarma”, haciendo referencia al Olimpo en Guadalajara, donde estas personas se habían “alimentado de unos pocos vegetales, de carne en mal estado y de agua turbia procedente de un pozo agrícola que abastece el local” hasta que intervinieron algunas entidades de la sociedad civil organizada²¹.

Nuestras informantes instruyeron situaciones similares en otros puntos geográficos del país en relatos que permiten apreciar la vulnerabilidad bajo la que subsistieron quienes trabajaban en régimen de alojamiento en este tipo de establecimientos. Además, ilustran el fenómeno del endeudamiento progresivo. Estas mujeres, sin obtener ingresos, veían incrementarse la deuda de alquiler de la habitación, mientras las migradas recientes la sumaban a la deuda de sus viajes.

Tuvimos el caso de un club en Conil, pues las chicas estaban ahí encerradas, acumulando la deuda de sus alquileres. Luego está el caso de un club de Madrid, que el propietario les cobraba 60€ por día y acabaron negociando en 30€. O sea que no es que dejaron de pagar, acumulaban 30€ por día, eso al final del mes es muchísimo dinero. No trabajas, no produces, la mayoría de las mujeres, la mayoría, o tiene deuda… Porque, el primer sitio donde van a parar las mujeres cuando migran es en un club, porque es donde más rápido pagan la deuda, entonces la gran mayoría están endeudadas o la gran mayoría no tiene ahorros. Si ingresan 1400 o 1300€ durante el mes, lo mandan todo a la familia y viven con lo del día a día. Entonces, estuvieron acumulando deudas (Trabajadora Sexual Activista CPS).

A nosotras nos llegaron gente que lo estaba pasando mal de un club. Gente que se había quedado encerrada en un club, que se habían ido los dueños, que estaban sin medicación, que estaban sin alimentos… Entonces dijimos, ¿Cómo lo hacemos? Como aquí se creó una bolsa económica para ayudar a los senegaleses que estaban aquí en Puerto Real y en el Puerto [de Sta. María] porque no tenían nada al perder la venta ambulante, esa bolsa económica dijimos: ‘vamos a compartirla también con la gente de trabajo sexual que sepamos’. Entonces, desde ahí, acudimos (Informante APDHA).

Sobre estrategias de salida a la situación, como decíamos, las mujeres emprendieron algunas estrategias que implicaron la aceptación de peores condiciones de trabajo, la rebaja de tarifas, ofrecer servicios en lugares antes rechazados o perder poder de negociación.

Lo que han hecho ha sido bajar los precios. He estado en varios encuentros para trabajadoras sexuales y aliadas y se intentaba hacer un llamamiento a las compañeras de decir: `no, no, no, es que de hecho tenemos que cobrar más´, porque ahora es un trabajo de más riesgo todavía. Esta debería ser la lógica, que, si vas a contratar servicios sexuales, entiendas que esta persona se está jugando más que antes, entonces deberías de pagar un poco más. Pero ha ocurrido todo lo contrario (Informante NOMADAS).

Pero, además, nuestras informantes coincidieron en señalar que fue una época especialmente fructífera para la unión activista entre trabajadoras sexuales. Surgieron nuevas organizaciones, mientras las existentes veían incrementarse el nivel de trabajo en apoyo a sus compañeras.

Creo que la situación ha reforzado el movimiento reivindicativo. En toda situación límite, tú sabes… El CPS, por ejemplo, se está moviendo mucho más para reivindicar sus derechos y están saliendo otros colectivos en otras provincias que también están reivindicando y se están uniendo. Que yo sepa, han surgido dos, la de Murcia²² y Putas en Lucha²³ (Informante APDHA).

Una cosa que han hecho, es que han querido buscar apoyo en organizaciones de trabajadoras sexuales. Por más que quieran politizarse o no, quieren ver que existe una red de apoyo (Informante NOMADAS).

Las entidades de trabajadoras sexuales activistas trabajaron en diversos sentidos. Por un lado, invirtieron grandes esfuerzos en coordinarse para la recaudación y distribución de recursos económicos entre las compañeras en peor situación. El primer “fondo de emergencia” se lanzó en las primeras semanas de confinamiento, divulgándose a través de redes sociales junto a un comunicado firmado por casi la totalidad de entidades de trabajadoras sexuales activistas en España y que denunciaba el abandono institucional y la falta de derechos laborales y sociales²⁴:

La falta de voluntad política tras sucesivas legislaturas nos ha arrojado a la clandestinidad que, ante la situación actual, se agudiza poniendo en riesgo nuestra vida. Las trabajadoras sexuales no tenemos derecho al salario, ni a la prestación por desempleo, ni a baja laboral, lo que significa que tanto nosotras como los menores que muchas tenemos a nuestro cargo vivimos al día. Tampoco disponemos de nómina de trabajo, por lo que no tenemos garantizado el derecho a la vivienda y, muchas veces, acabamos residiendo en nuestra habitación de trabajo, que pagamos diaria o semanalmente. Si no trabajamos, nos quedamos en la calle. (…) Responsabilizamos a la clase política de la situación que atravesamos y de la ausencia de medios, recursos y alternativas para reducir nuestra vulnerabilidad económica y vital. Un Estado que nos hostiga y multa en las calles, no reconoce nuestros derechos, cercena el acceso a la vivienda y al sistema sanitario (Comunicado de los colectivos de trabajadoras sexuales del Estado Español frente al #COVID19, 17 de marzo de 2020).

Figura 1
Infografía llamando a la colaboración para el “fondo de emergencia” lanzado el 17 de marzo de 2020 por la coalición estatal de trabajadoras sexuales.

Con este proceso, recaudaron unos 18.000 euros y un mes más tarde, dos de las entidades implicadas en esta iniciativa, AFEMTRAS y OTRAS, promovieron una segunda campaña que benefició a 100 personas. Para esta segunda iniciativa, la implicación fue menor porque las entidades se veían desbordadas por el trabajo de intervención directa.

Nos desvinculamos de eso. Porque ya no podíamos abarcar (…) Era inabarcable todo, porque no tenemos recursos, no… somos cuatro gatas que trabajábamos hasta las tantas para intentar buscar una cosa aquí, otra cosa allá. Nos dedicamos a trabajar con redes de apoyo (Trabajadora Sexual Activista CPS).

Otras iniciativas interesantes fueron los talleres informativos²⁵ orientados a la incidencia entre iguales, la derivación de compañeras a otras entidades de la sociedad civil organizada en función de sus demandas o pequeñas campañas de recogida y distribución de alimentos. Todo ello sin infraestructuras, improvisando los medios y adentrándose en la intervención directa, yendo más allá de las tareas de denuncia a las que habitualmente se dedican.

Figura 2
: Cartel para la difusión de los talleres para trabajadoras sexuales organizados por AFEMTRAS en diciembre de 2020.

Y así, las compañeras fueron viniendo, se llevaron su dinero e incluso sus alimentos. Como no tenemos ningún sitio donde ir como AFEMTRAS, lo tuvimos que hacer aquí, en mi casa. Algo que no estábamos haciendo, porque nuestra labor como AFEMTRAS no es asistir a compañeras. Nosotras es más denunciar cómo vivimos y cómo nos afecta trabajar sin ninguna ayuda (Trabajadora Sexual Activista AFEMTRAS).

Este tipo de intervención entre iguales implicó coordinarse con entidades de la sociedad civil para el acompañamiento, asesoramiento jurídico para migrantes en situación irregular, gestión de prestaciones sociales, etc., además de un esfuerzo de comunicación para divulgar el impacto de la pandemia y la denuncia de su desamparo institucional.

Entrevistas, muchísimas en medios denunciando la situación en la que estábamos, contando la situación en la que estábamos. Declarando que las mujeres estaban trabajando y que seguían trabajando a costa de su salud, porque tenían que elegir entre morir de COVD o morir de hambre. Todo esto lo de anunciamos en la prensa (Trabajadora Sexual Activista CPS).

La pandemia colocó a la sociedad civil organizada frente a enormes retos. Tuvieron que minimizar la actividad ambulatoria y atender exclusivamente en oficina y con cita previa y algunas entidades lanzaron duras críticas al Gobierno por constatar dificultades de acceso a las prestaciones de emergencia para sus beneficiarias y sentirse poco informadas en un contexto tan complejo y donde debían jugar un papel central.

En concreto, nuestras informantes aludían a la búsqueda de recursos económicos para distribuir a mujeres en riesgo extremo, como las que quedaron encerradas en un club gaditano y a cómo colaboraron en la amplificación de la divulgación de demandas de organizaciones de trabajadoras sexuales²⁶ o fortaleciendo sus iniciativas.

Hemos participado en los dos fondos de emergencia para trabajadoras sexuales que se han organizado a nivel estatal. Este año ha sido gente que, con la que a lo mejor no hemos tenido un contacto concreto, de gente que ha tenido problemas de alimentación. Pues hemos hecho campañas para conseguir cajas de comida y llevarles, o sencillamente les hemos hecho llegar la parte que nos tocaba territorial de estas, de estos fondos de emergencia, ¿no? Este año se ha intensificado mucho nuestro trabajo con trabajadoras sexuales específicamente, trabajadoras sexuales migrantes y solicitantes de asilo (Informante NOMADAS).

Lo que resulta especialmente preocupante es que las organizaciones de la sociedad civil denunciaran también haber sufrido abandono institucional. Lo que nos sugiere nuestra observación es que el Estado les impuso límites de movilidad, dificultades logísticas, económicas y burocráticas en un contexto de incremento de demandas de atención.

Conclusiones

Es un hecho que el escenario planteado por las limitaciones a la movilidad y medidas de distanciamiento social para prevenir la COVID-19 impuso un crudo desafío para las personas en situaciones económicas más precarias. La mayoría de las prostitutas, como todas las personas con escasa capacidad de ahorro, no pudo permitirse confinarse. Seguir trabajando significó aceptar o autoimponerse peores condiciones laborales y de vida, no solo como consecuencia de la explotación por parte de terceros, sino por dedicarse a una actividad rechazada, estigmatizada, clandestina, ni siquiera reconocida socialmente. En este contexto, solo las estrategias desplegadas desde el propio colectivo, similar a la economía puta del cuidado encontrada por Varela y Daich en Argentina (2022), han resultado útiles para sobrellevar la situación.

La mayoría de las trabajadoras del sexo que ofrecen servicios presenciales, independientemente de la modalidad, han compartido dificultades similares. Quienes alquilan un inmueble para ejercer de forma autónoma quizá debieron tomar la decisión de trabajar en su propia casa y ahorrar una renta; quienes lo hacen en la calle, hubieron de abandonarla frente al incremento de la presión policial y escasez de clientes y atender en sus domicilios o de manera ambulatoria, mientras muchas de las que trabajan y viven en clubes quedaron en la calle, sin vivienda ni apoyo.

Esta situación, denunciada por las organizaciones de trabajadoras sexuales y la sociedad civil organizada, ha sido desatendida por el poder político. Cuando el Ministerio de Igualdad habló sobre prostitución lo hizo para proclamar que las víctimas de explotación sexual y trata accederían a ayudas, mientras, en la práctica, quedaban excluidas de los formularios definitivos a no ser que se autoidentificaran como víctimas de explotación (Acién; Arjona, 2022; García; Sánchez, 2020) para las que se diseñaba un plan contra la trata que nada tenía que ver con el reconocimiento de sus derechos y sí con la persecución abolicionista de la prostitución²⁷.

Todas y cada una de las propuestas del ejecutivo español han sido recibidas por las organizaciones de trabajadoras sexuales con congoja e indignación. Y es que las medidas propuestas las invisibilizan, las relegan a una mayor clandestinidad, al desalojo o al incremento de la presión policial por la criminalización de sus entornos (Maqueda, 2020 y Medina, 2020). Sin embargo, su voz es reiteradamente cuestionada o ninguneada, como ocurrió con el fallido intento de ilegalizar el sindicato OTRAS²⁸ o la indiferencia mostrada cuando solicitaron reunirse y exponer sus preocupaciones al Ministerio de Igualdad durante la peor etapa de la pandemia²⁹. Además, de manera habitual, estas organizaciones se quejan de no poder aportar enmiendas ni propuestas a los documentos de anteproyectos de ley sobre cuestiones que les afectan porque no se los hacen llegar y, si acceden a ellos, es porque entidades de la sociedad civil reconocida se los hacen llegar extraoficialmente.

El trabajo sexual, en concreto la prostitución, es entendida desde el abolicionismo como una institución del patriarcado. El problema es que detrás de esa abstracción hay personas que solo son vistas como víctimas. Cuando se hacen escuchar y reivindican su condición de trabajadoras merecedoras de derechos se convierten, en el mejor de los casos, en pobres mujeres manipuladas por la industria proxeneta y, en el peor, en desviadas peligrosas para el progreso. Tal es el poder del estigma, su sedimentación ideológica y su institucionalización. Las resistencias a reconocer la prostitución como un trabajo son coherentes con este proceso.

Lo que hemos constatado es la forma en que el estigma puta ha naturalizado su invisibilidad para el Estado, que solo debate sobre cómo hacerlas desaparecer. No parece intranquilizar a nadie que una trabajadora sexual quede sin fuente de ingresos para pagar renta, sustentar a sus hijos o sobrevivir. No vemos más allá que la representación simbólica de la puta. Y una puta no es nadie.

Llegados a este punto, señalamos los frentes abiertos en los que la batalla de la ciudadanía debe ser librada, aunque su enunciación no suponga novedad alguna. En el terreno de los derechos sociales y laborales, es ineludible el reconocimiento de la actividad como trabajo, dirigiendo los esfuerzos a asumir en sociedad que estas personas son miembros de la comunidad y titulares de derechos ciudadanos, incluyendo a las migrantes. Esto significa, además, no perder de vista que la mayoría de estas personas parten de una situación económica de desventaja, fruto de desigualdades estructurales que deben ser abordadas estratégicamente y con conciencia interseccional. Para prevenir la precariedad, debemos ampliar los márgenes de libertad y decisión y para eso tan importante es su protección jurídica como trabajadoras, como repensar el régimen de extranjería que mantiene a miles de migrantes fuera de la ciudadanía, especialmente las que se ven en situación irregular y, por tanto, ajenas a los derechos más básicos. Además, necesitamos intervenir en el mercado laboral y sistema de trabajo, corrigiendo sus sesgos de sexistas y la etnodiscriminación.

Por otro lado, es imprescindible validar la capacidad de interlocución de las organizaciones de trabajadoras sexuales para estudiar las medidas institucionales que les afecten. Hasta el momento, la organización de comisiones de investigación o foros de debate ad hoc cuentan con organizaciones de la sociedad civil, profesionales de los servicios públicos, de la academia, la política o cuerpos policiales mientras ellas son sistemáticamente excluidas³⁰.

Por último, es básico avanzar en la neutralización del estigma puta tan arraigado en nuestra cultura y que separa a las mujeres de comportamiento sexual aceptable de las que trasgreden el mandato. La educación sexual y en igualdad debe continuar su avance sin menoscabo hasta que llegue el momento en que nuestra sociedad respete las libertades y derechos sexuales de todas las personas. Es necesario desmontar estereotipos de género en pro de reconocer la diversidad de comportamientos sexuales humanos, basando los límites de la libertad sexual en derechos y el respeto a los valores que deben cimentar el resto de las relaciones humanas: libertad, autonomía, respeto, empatía, cuidado y buen trato (Garaizábal; Habas, 2010). Así, podría llegar el momento en que nuestras sociedades respeten a las prostitutas y, por tanto, a todas las mujeres.

El desafío es, por tanto, global, colectivo, debe implicar a toda la sociedad y es el poder político el que debe articular desde el Estado la conformación del escenario adecuado para afrontarlo. Se hacen indispensables políticas que atajen las violencias culturales, estructurales y directas, en el sentido galtuniano, que afectan a las prostitutas. Esto implicaría, en primer lugar, un refuerzo en la apuesta por neutralizar el estigma puta a través de la educación sexual, en segundo lugar, una revisión del debate político sobre qué hacer con la prostitución que valide (y cuente con) todas las voces en debate, especialmente las de quienes ejercen la actividad y, en tercer lugar, una implicación comprometida con el apoyo y protección de aquellas personas en situación particularmente vulnerable por riesgo de exclusión social, ya sea por motivos de género, identidad sexual, otredad por racialización, dificultades de acceso al mercado laboral, situación de irregularidad administrativa en caso de personas migrantes o realidades sobrevenidas por sufrir cualquier tipo de violencia. Un Estado democrático, sobre todo en contextos críticos como el de una pandemia mundial, tiene la responsabilidad de erradicar o, al menos, minimizar el daño provocado por estas circunstancias y proteger a quienes las sufren. Perseguir y reprimir las estrategias que despliegan para salir adelante sin atender a sus necesidades supone costes económicos, sociales y humanos que no revierten en solución alguna. Lo que el Estado debe abolir no es la prostitución, sino la injusticia social.

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  » https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/186845

• 1
  Disponible en https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/14032020_alarma.aspx - acceso el 20 de enero de 2025.
• 2
  En este trabajo utilizaremos indistintamente los términos trabajo sexual y prostitución, trabajadora sexual y prostituta para referirnos a personas adultas que ofrecen servicios sexuales presenciales a cambio de remuneración económica puesto que consideramos válidos ambos vocablos para designar la actividad y a quienes la ejercen. El término trabajo sexual fue acuñado por Carol Leigh (Leigh; Harlot, 1997) en la década de los 70’s del siglo XX para subrayar la reivindicación de la actividad de la prostitución como un trabajo en el marco del debate entre abolicionistas y proderechos durante las sex wars en EEUU (Duggan; Hunter, 1995). Por otra parte, prostitución y prostituta, son términos de común uso social para designar a quienes desarrollan esta actividad y junto a Solana (2003) defendemos un uso académico de ambos que supere el estigma que recae sobre la actividad y quienes se alude.
• 3
  Ver publicación oficial en: https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/05/04/8 - acceso el 20 de enero de 2025.
• 4
  Con este término se designaron “las actividades destinadas a atender el cuidado del hogar y de la familia [y que abarcan] las relacionadas con la gestión y el mantenimiento de la infraestructura del hogar y las derivadas de la atención y cuidado (en su más amplia acepción) de los miembros de la familia, en la convicción de que todas esas actividades toman únicamente ese significado y esa concreción en las sociedades urbanas e industriales del mundo occidental” (Carrasquer et al., 1998:96).
• 5
  De hecho, las trabajadoras del hogar, de los cuidados y de la dependencia aún no han logrado que su actividad entre en el régimen general de la seguridad social (Otxoa, 2021).
• 6
  Con este nombre, proveniente del juego de palabras la Kelly, la que limpia, firma un colectivo organizado de mujeres empleadas en la limpieza de habitaciones de hotel para reivindicar reconocimiento de derechos, ver: https://laskellys.wordpress.com/quienes-somos - acceso el 22 de enero de 2025.
• 7
  Rubin (1989) describe cómo la moral sexual se ve trasferida a nuestras normas jurídicas y cómo eso explica que se proteja jurídicamente la sexualidad en parejas heterosexuales y se regulen, controlen y criminalicen las conductas sexuales divergentes con ese modelo.
• 8
  Un ejemplo del discurso de las activistas en este sentido se puede ver en este video del Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) publicado el 24 de diciembre de 2017 [https://www.youtube.com/watch?v=vcf1xRzSpFw&ab_channel=esguevilla - acceso el 23 de enero de 2025]. Bodelón (2014:132-133) define violencia institucional como “vulneraciones de derechos de las que el Estado puede ser directamente el autor, por acción u omisión, o en las que puede tener una responsabilidad [y] aquellos actos que muestran una pauta de discriminación o de obstáculo en el ejercicio y goce de los derechos”.
• 9
  Nos referimos, por ejemplo, a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) facilitados en España, especialmente durante la pandemia. Obtener más información en: https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/FAQS/expedientes-regulacion-empleo.html - acceso el 23 de enero de 2025.
• 10
  Siglas para Colectivo de Prostitutas de Sevilla [https://www.facebook.com/putasandaluzas/; https://twitter.com/prostitutassev?lang=es - acceso el 26 de enero de 2025].
• 11
  Siglas para Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo [https://www.facebook.com/Afemtras-1073000382756369; http://www.lacasademitia.es/articulo/convocatorias-y-comunicados1/nace-afemtras-agrupacion-feminista-trabajadoras-sexo-apoyo-crecimiento-y-fortalecimiento-mutuo/20151008042956047205.html - acceso el 26 de enero de 2025].
• 12
  Siglas para Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía [https://www.apdha.org - acceso el 26 de enero de 2025].
• 13
  Siglas para Oficina de Migración y Atención a la Diversidad Afectivo Sexual [https://www.facebook.com/oficinanomadasvlc/; https://www.instagram.com/nomadas.vlc/?igshid=72nznkxxwxu3&hl=es - acceso el 26 de enero de 2025].
• 14
  Disponible en: https://www.swissinfo.ch/spa/la-pandemia-deja-abandonadas-a-su-suerte-a-las-prostitutas-en-espa%C3%B1a/45748740 - acceso el 26 de enero de 2025.
• 15
  Una conocida activista que, en abril de 2021 y tras un extenso periplo legal, logró que el Tribunal Supremo reconociera su vinculación laboral con el dueño de un club de alterne (y, por tanto, acceso a determinados derechos laborales) [https://sermujerytrabajo.es/2021/04/16/se-reconoce-por-el-tribunal-supremo-relacion-laboral-entre-prostituta-y-club-de-alterne-de-madrid - acceso el 26 de enero de 2025].
• 16
  Disponible en: https://onlyfans.com - acceso el 26 de enero de 2025.
• 17
  Disponible en: https://www.medicosdelmundo.org - acceso el 26 de enero de 2025.
• 18
  Disponible en: https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2021/06/09/500-personas-prostituidas-han-sido-52792477.html - acceso el 26 de enero de 2025.
• 19
  Disponible en: https://www.lavanguardia.com/politica/20200821/482920352659/irene-montero-cierre-prostibulos-frenar-coronavirus.html - acceso el 28 de enero de 2025.
• 20
  Disponible en: https://elpais.com/espana/catalunya/2020-04-01/trabajadoras-de-un-macroburdel-nos-quedamos-literal-con-la-maleta-en-la-calle.html - acceso el 28 de enero de 2025.
• 21
  Disponible en: https://www.elconfidencial.com/espana/2020-05-23/estado-alarma-club-alterne-mujeres-atrapadas_2607392 - acceso el 28 de enero de 2025.
• 22
  Disponible en: https://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2021/02/22/prostitutas-murcia-unen-luchar-acoso-35269605.html#:~:text=Prostitutas%20que%20ejercen%20en%20la,en%20un%20comunicado%20de%20prensa - acceso el 30 de enero de 2025.
• 23
  Disponible en: https://www.facebook.com/Putxsenlucha - acceso el 30 de enero de 2025.
• 24
  Las entidades comprometidas para este fondo de emergencia fueron AFEMTRAS, CPS, Putxs Indignadas, Putas Libertarias del Raval, NOMADAS, Sección Sindical de Trabajadoras Sexuales de la IAC, OTRAS y Aprosex. El comunicado completo puede leerse en: https://www.facebook.com/putasandaluzas/posts/676900346449922 - acceso el 30 de enero de 2025.
• 25
  Divulgación a través de redes sociales [https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3716781511711563&id=1073000382756369 - acceso el 2 febrero 2025].
• 26
  En este documento APDHA colaboraba con el CPS ante el “retroceso definitivo en las medidas de protección ante el COVID-19 para las trabajadoras sexuales” [https://www.apdha.org/cps-y-apdha-temen-un-retroceso-definitivo-en-las-medidas-de-proteccion-ante-el-covid-19-para-las-trabajadoras-sexuales - acceso el 3 de febrero de 2025].
• 27
  Disponible en: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/igualdad/Paginas/2021/190421-plan-trata.aspx - acceso el 3 de febrero de 2025.
• 28
  Siglas para Organización de Trabajadoras Sexuales [https://www.sindicatootras.org - acceso el 3 de febrero de 2025].
• 29
  Así lo denunciaron públicamente el CPS y APDHA en el documento conjunto que puede leerse en: https://www.apdha.org/cps-y-apdha-temen-un-retroceso-definitivo-en-las-medidas-de-proteccion-ante-el-covid-19-para-las-trabajadoras-sexuales - acceso el 3 de febrero de 2025.
• 30
  Ver: https://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CORT/BOCG/A/CG_A379.PDF y https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-622.PDF - acceso el 3 de febrero de 2025.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  19 Set 2025
• Fecha del número
  Jul 2025

Histórico

• Recibido
  06 Mayo 2024
• Acepto
  23 Ene 2025