Crisis en la financiación de la investigación y posgrado en Brasil

De 2007 a 2014, Río de Janeiro y casi todos los estados brasileños vivieron un ciclo poco común de financiación continua a la investigación y posgrado. Fue un período en el que la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (Capes), el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq), la Financiadora de Estudios y Proyectos (Finep) y las fundaciones estatales de apoyo a la investigación (FAPs) contaban con recursos generosos invertidos en el restablecimiento de la infraestructura de investigación y en la creación y consolidación de cursos de posgrado.

En la Capes, Jorge Guimarães consiguió recursos para la implementación de nuevos tipos de financiación, tales como recursos para equipos en posgrado y becas de posdoctorado. En Río de Janeiro, Ruy Garcia Marques, en la Presidencia de la Fundación Carlos Chagas Filho de Amparo a la Investigación de Río de Janeiro (Faperj), consiguió niveles nunca vistos de financiación para la investigación en el estado, con el cumplimiento del precepto constitucional de la inversión de un 2% de los impuestos líquidos del estado para configurar el presupuesto de la Faperj.

En 2015, la crisis económica, seguida de una crisis política sin precedentes, que resultó en el impeachment de la Presidenta Dilma Rousseff, irrumpió de forma drástica ese ciclo virtuoso. Lo que le siguió fue el corte de la financiación de subvenciones a la investigación y becas en prácticamente todas las agencias federales y estatales de fomento a la investigación.

En el estado do Río de Janeiro, esta crisis fue más dramática, visto que el estado había tenido un desarrollo envidiable en su parque científico y tecnológico. Las universidades estatales (Universidad Estatal de Río de Janeiro -UERJ, Universidad Estatal del Norte de Río de Janeiro -UENF y Universidad Estatal del Oeste de la Ciudad de Río de Janeiro -UEZO) recibieron un impacto más fuerte, puesto que además de ver sus recursos para la investigación menguados por los cortes presupuestarios en la Capes, CNPq, Finep y Faperj, también vieron su presupuesto propio recortado por el estado de Río de Janeiro.

En la UERJ, todo el servicio tercerizado (limpieza, mantenimiento seguridad y restaurante universitario) dejó de ser pagado por el gobierno del estado, provocando que los contratos fuesen denunciados y las nuevas licitaciones tuvieran que producirse sucesivamente, sin que estas empresas hasta la actualidad hayan recibido regularmente los pagos. Programas de éxito para la inclusión alumnos de baja renta que entraron por el sistema de acceso preferente, con la ayuda de las becas de permanencia, sufrieron atrasos considerables, así como el programa de incentivo a la producción académica de los docentes de la UERJ (Prociencia), los programas para investigadores y profesores visitantes, así como para técnicos (Proatec y Qualitec). Estas suspensiones y atrasos en los pagos llevaron a la UERJ a paralizar sus actividades en el segmento de enseñanza de alumnos de grado, intentándose mantener a todo coste las actividades de posgrado para no perjudicar a los alumnos de maestría y doctorandos, con el fin de que recibieran sus becas de estudio, mucho más restringidas en el tiempo que las de grado, y en pro de que pudieran completar sus cursos.

Solamente la Faperj acumuló una deuda con la UERJ, en proyectos ya aprobados y con un resultado divulgado, de aproximadamente BRL 70.000.000,00 en dos años (2015 y 2016). Esos recursos son muy superiores a los que CNPq y Finep juntos concedieron para la financiación a la investigación. No es muy diferente a otras instituciones de investigación del estado, habiéndose convertido Faperj en la principal agencia en volumen de recursos para financiar la investigación en el estado de Río de Janeiro. CNPq y Capes continúan siendo agencias fundamentales para el pago de becas de maestría, doctorado y posdoctorado, pero sus recursos para el apoyo a la investigación son de una magnitud inferior a los que a Faperj venía ofreciendo de 2007 a 2014.

De esta forma, la crisis económica del estado do Río de Janeiro, así como la de la Federación, ha estado comprometiendo el parque científico y tecnológico en nuestro estado. Las consecuencias de este proceso son la exclusión de estudiantes de baja renta de la enseñanza superior, la desmotivación de nuevos talentos para la investigación, la evasión de cerebros hacia otros estados y, principalmente, hacia el extranjero. En vez de aumentar la inversión en investigación e innovación para superar la crisis, nuestros gobernantes han adoptado una postura económica meramente de contracción presupuestaria pública, que va a profundizar la crisis. Economistas de diversos matices, hasta incluso de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), han afirmado, en base a datos empíricos, que la adopción de medidas de austeridad en una recesión como la que enfrentamos sólo tiende a profundizar la retracción económica y sus efectos dañinos ^1,2,3 (desempleo, comprometimiento de los servicios públicos, deterioro de las relaciones sociales, enfermedades) y retrasar la recuperación, lo que ha llevado críticos de esa estrategia a referirse a ella como “austericidio”. Más aún, la generación de conocimiento, tecnología e innovación es cada vez más importante como motor de la economía, produciendo riqueza e incluso reduciendo gastos. El estrangulamiento de la investigación equivale a matar la proverbial gallina de los huevos de oro.

Añádase a todo esto, el hecho de que ciertas investigaciones, a pesar de su relevancia social, difícilmente serán financiadas por el sector privado. El área de salud colectiva, por ejemplo, por su propia naturaleza sólo subsiste con la financiación pública, y está es un área que históricamente ha prestado servicios relevantes a la población brasileña. La creación del Sistema Único de Salud (SUS), la Estrategia Salud de la Familia, programas de humanización del parto son algunos ejemplos de tecnologías que mejoraron la calidad del servicio público, y que fueron desarrolladas con la colaboración de las universidades públicas brasileñas.

Entre las soluciones propuestas equivocadas están la financiación de la universidad por parte alumnos, donaciones, además de la prestación de servicios. Datos de la Asociación Nacional de los Responsables de las Instituciones Federales de Enseñanza Superior (ANDIFES por sus siglas en portugués) ⁴ muestran que un 66,2% de los estudiantes de las instituciones federales tiene una renta familiar de hasta 1,5 el salario mínimo per cápita, mientras que sólo un 10,6% presentan una renta familiar igual o mayor a 10 salarios mínimos. En la UERJ, esta distribución está incluso más concentrada en la baja renta, visto que un 37% de sus estudiantes posee una renta familiar (total, y no per cápita) de a lo sumo 1,5 del salario mínimo. La ilusoriamente seductora idea de instituir el cobro de mensualidades para los estudiantes más adinerados, además de chocarse con la realidad de la renta relativamente baja de la mayoría de los universitarios brasileños, conlleva el riesgo de la peligrosa tentación de aumentar la proporción de estudiantes pagadores, como forma de conseguir un mayor ingreso de recursos para una universidad con una financiación cada vez más restringida. Además, es una tentativa de corregir un problema en el lugar equivocado; si la cuestión es la dificultad de acceso de la población más pobre a la enseñanza superior, instituir el cobro empeora el problema, la solución vendrá de la mejora de la enseñanza básica y media pública, con la adopción de acciones firmes en este sentido como paliativo.

Las donaciones serán siempre bienvenidas, y no existen impedimentos legales para que se produzcan, pero no ha sido un hábito cultural de la población muy adinerada en Brasil. La prestación de servicios a empresas públicas y privadas ya se produce, pero es insuficiente para el sostenimiento de una universidad de calidad. La universidad está abierta a discutir y realizar una autocrítica, teniendo como meta la mejora de su calidad, pero la financiación de la enseñanza superior pública y gratuita debería ser misión del Estado, como es en la mayoría de los países más desarrollados (Alemania, Canadá, Suecia, Noruega, Dinamarca, por citar algunos).

Todavía hay tiempo de revertir la destrucción de la investigación, posgrado y del sistema de universidades públicas y gratuitas. Para ello, toda la sociedad tiene que dar un paso adelante con la meta de preservar un patrimonio existente a costa de mucha inversión, y que viene produciendo resultados importantes para el desarrollo de nuestro país y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.

• ¹
  Ostry JD, Loungani P, Furceri D. Neoliberalism: oversold. Finance Dev 2016; 53:38-41.
• ²
  Mastromatteo G, Rossi S. The economics of deflation in the euro area: a critique of fiscal austerity. Review of Keynesian Economics 2015; 3:336-50.
• ³
  Herndon T, Ash M, Pollin R. Does high public debt consistently stifle economic growth? A critique of Reinhart and Rogoff. Cambridge J Econ 2014; 38:257-79.
• ⁴
  Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Relatório do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação das universidades federais brasileiras. http://www.andifes.org.br/wp-content/files_flutter/1377182836Relatorio_do_perfi_dos_estudantes_nas_universidades_federais.pdf (acessado em 30/Mar/2017).
  » http://www.andifes.org.br/wp-content/files_flutter/1377182836Relatorio_do_perfi_dos_estudantes_nas_universidades_federais.pdf

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  2017